Se van destapando los gallos y gallinas otrora tapados, que participarán en la contienda electoral del 2019. Thelma Aldana se perfila como candidata a la Presidencia por Encuentro por Guatemala, con Óscar Clemente Marroquín a la Vicepresidencia. A inicios de semana circuló la noticia de una reunión en un hotel en San Salvador, con la presencia de Aldana, Marroquín y personalidades del Grupo Semilla, para explorar la posibilidad de unir esfuerzos. Esta posible unión tendría sentido para ambos grupos, especialmente para Semilla, que aún no ha cumplido los requisitos para ser autorizado como partido político y sufrió una decapitación con la tarjeta roja que le sacó la propia Aldana a Fuentes Knight.

Todavía está en categoría de rumor, las candidaturas de Solórzano Foppa para la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala y de Carlos Mencos para Diputado al Congreso. Al ver en un mismo tablero las candidaturas de Aldana, Solórzano Foppa y Mencos, surgen preguntas sobre la idoneidad de que figuras de alto perfil en el gobierno puedan postularse tan rápidamente a cargos de elección popular. Aldana alcanzó gran notoriedad como fiscal general, gozando de amplia cobertura y presencia mediática, incluso provocando ella misma numerosas oportunidades para protagonizar. Algo parecido puede decirse de Solórzano Foppa. ¿Puede asegurarse que durante su gestión pública, en algún rincón de su cabeza, algunas de sus iniciativas y actos no guardaban relación con su expectativa de participar en la política? Aldana se moviliza en carros blindados y un fuerte aparato de seguridad, al igual que Solórzano Foppa, aunque en su caso es solo un blindado —ambos a expensas de los tributarios—. ¿Cómo encaja esto con sus aspiraciones políticas? Mencos aún está al frente de la CGC; no es imposible pensar que podría usar su posición para pavimentar su camino a la elección popular. No afirmo nada, solo planteo preguntas sobre si detentar cargos públicos de alta visibilidad previo a un proceso electoral, no confiere ventajas indebidas sobre otros contendientes. En categoría similar está Edwin Escobar, quien como alcalde de Villa Nueva por dos períodos y presidente de la Anam, ha estado en posición de protagonizar y dispensar muchos favores, no precisamente de su bolsillo.

Ya más que destapada está Sandra Torres de la UNE, que debiera ser apodada “la intocable”; en todos estos años no ha habido jueves de Cicig que la toque. Extraño. Circulan videos de Torres donde es evidente que está en abierta campaña anticipada, que viene realizando desde sus tiempos de primera dama y presidenta de facto, practicando el regalo clientelar a diestra y siniestra, sin consecuencias.

Atrás viene el pelotón con Giammattei, Zury Ríos y quizás, una vez más, Juan Gutiérrez, ocupando espacios políticos similares. Le siguen figuras como Adela de Torrebiarte, Julio Rivera, Edmond Mulet y Luis Velásquez, que tendrían que gastar mucha, pero mucha plata, para alcanzar el reconocimiento de nombre que tienen Aldana, Torres y Zury. Hay partidos sin candidato, como el PLG, y candidatos sin partido, situación que se aclarará en breve. El partido Unionista probablemente tendrá que buscar alianzas; Álvaro Arzú Escobar está muy patojo y no se puede postular. Más marcados a la izquierda, los partidos URNG, WINAQ, Convergencia de Pablo Monsanto y el todavía comité, MLP de Codeca, aún no han destapado a sus candidatos, pero se habla de Yuri Melini y Mario Roberto Morales.

El proceso estará poblado, fragmentado y confuso, una batalla feroz, con dientes, uñas, jalones de pelo y patadas en las partes íntimas.

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Entérese

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Dichos señalamientos deberán presentarse de manera electrónica en la página web de la SAT, o al correo electrónico tachassuper2018@sat.gob.gt. Las tachas serán válidas toda vez la persona que la presente consigne sus datos de identificación, es decir que no se recibirán señalamientos provenientes de anónimos.

Deben exponer el argumento del señalamiento o la tacha “de forma clara y concisa, fundamentando sus aseveraciones”, según cita el comunicado.

candidatos aceptados

1. Luis Fernando Cordón Morales
2. Jorge Enrique Dávila Martínez
3. Óscar Rolando Montenegro Molina
4. Esbin Mardoqueo Mérida Mérida
5. Carlos Humberto Estrada Salinas
6. Adrián Zapata Alamilla
7. Lilian Patricia del Rosario Nájera Castañeda
8. Eckaterinne Nohemí Anayansi Morales Ortíz
9. Abimelec Édgar Gustavo Bracamonte Castillo
10. Nora Liseth Torres Ramírez
11. José Édgar Roberto Sánchez Romero
12. Leonel Augusto Villamar Quiroa
13. Abel Francisco Cruz Calderón
14. Sergio Roberto Santizo Girón

Los postulantes contra quienes se presenten tachas o señalamientos serán notificados y también tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar descargos o aclaraciones por escrito en el edificio de la SAT.

Jornada

El viernes el Directorio realizó el acta de cierre de recepción de expedientes de los candidatos, y este sábado hizo la revisión de los documentos de cada postulante.

Entre los candidatos figuran trabajadores y extrabajadores de la SAT, además de abogados y otros interesados. En total fueron 21 expedientes presentados.

Los interesados

Entre los aspirantes se encuentra Abel Francisco Cruz, quien es superintendente interino, y el intendente de Fiscalización, Leonel Augusto Villamar Quiroa.

Otro candidato es Adrián Zapata Alamilla, quien fue intendente de Asuntos Jurídicos. También figura José Enrique Dávila Martínez, exintegrante del Directorio.

Además está Luis Fernando Cordón Morales, exasesor del Directorio y Óscar Rolando Montenegro Molina, exintendente de Asuntos Jurídicos.

Quien sea electo sustituirá a Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue destituido del cargo por no cumplir con las metas de recaudación del 2017.

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Si el Gobierno desea presumir con sus esfuerzos por combatir la corrupción y las mafias enquistadas en el Estado, Juan Francisco Solórzano Foppa era una buena carta de presentación, porque sus méritos habían trascendido el ámbito de una burocracia con demasiados ejemplos de ser venal y cómplice de uno de los mayores mecanismos de defraudación tributaria, que le representa millonarias pérdidas en recursos al erario.

Sin embargo, esa no parece haber sido la motivación de las autoridades de turno y más bien suena lógico que hayan sido los intereses ilegítimos y las presiones de sectores oscuros los que más han influido en llevar a los extremos la aplicación de la ley. Esto, en sí, no es malo, pero constituye quizá el mayor reto para esta administración, porque difícilmente volverán a utilizar el mismo criterio en casos similares.

Suena más lógico lo que se expresa en el imaginario colectivo, de que este gobierno está desbaratando los avances en la lucha contra la corrupción y que seguramente el siguiente paso será que las mafias, que no se han ido, ahora puedan volver a controlar las aduanas.

Por eso, la destitución de Solórzano Foppa solamente puede interpretarse como la mejor muestra de un retorno al pasado, porque la misma sustitución suena inverosímil. Nadie podrá superar esos registros o continuar exitosamente con los embates contra las mafias y los grandes evasores, cuando es el mismo gobierno el que envía un mensaje opuesto a esos esfuerzos, cuando se sanciona a uno de los mayores contribuyentes en esa tarea.

Ahora corresponde a las autoridades respectivas un relevo ejemplar para todos los sectores, porque la recaudación tributaria y el desmantelamiento de las mafias en las aduanas no están ya solo en manos de Guatemala, se deben cumplir estándares internacionales y convenios para, por lo menos, aparentar que no es una descarada vuelta al pasado.

No solo debe prevalecer el criterio de desvirtuar un retroceso, sino establecer un genuino compromiso por rescatar al país de los grandes evasores fiscales, entre quienes se encuentran algunos de los que manifestaron rechazo al exsuperintendente. Esto compromete la ahora afectada imagen del Gobierno y lo obliga a impulsar a la mayor brevedad posible un relevo que despeje esas dudas.

El reiterado clamor por no dar pasos hacia un pasado de oprobio es consecuencia de que se percibe como muy rigurosa la aplicación de la ley por parte del Gobierno en el caso de la SAT. Para hacer realidad sus promesas de sanear el aparato público debe proceder con muchas más destituciones en entidades marcadas por la mediocridad, y no como lo ha venido haciendo en los primeros días del año, en que los cambios arrojan más sospechas sobre las reales intenciones de las máximas autoridades gubernamentales.

Los últimos cambios en el Gabinete arrastran ese tufo a vieja política, a un escarceo por atrincherarse en el poder de manera sospechosa y buscar por todos los medios copar entidades importantes con gente cuestionada, desprestigiada o en conflicto con la ley, por lo que algunos de esos relevos huelen a protección, a apuntalar la impunidad y a cubrir a colaboradores estratégicos.

Desde finales del año se rumoró sobre la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que ayer dio a conocer este funcionario, al asegurar que era una decisión que le había comunicado el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, titular del Directorio, quien trasluce con ello una deplorable anticipación a los acontecimientos y a cualquier discusión sobre la viabilidad de esa medida.

Esto, de hecho, desvirtúa sus declaraciones de que el presidente no tiene nada que ver en esa destitución, pues debió esperar a la reunión del Directorio y escuchar las opiniones de quienes impulsan el cambio, pero también los argumentos de descargo, pues este ha sido uno de los superintendentes que más han luchado contra estructuras mafiosas.

Ningún argumento leguleyo puede tener validez en este caso, porque es la primera vez que la meta de recaudación fiscal llega a niveles cercanos al objetivo, pero en todo caso también es la primera ocasión en que se conocen las justificaciones que explican ese incumplimiento, entre las cuales está la caída del crecimiento económico, situación de la cual sí se puede responsabilizar al presidente Jimmy Morales.

De hecho, una de las calificadoras de riesgo fue bastante enfática en uno de sus informes de finales del año anterior, en el cual se establecía que los esfuerzos gubernamentales por desbaratar la lucha contra la corrupción contribuyeron a la inestabilidad y a la pérdida de credibilidad en el funcionamiento económico del país. Además se advertía que eso podría empeorar si no se enderezaba el rumbo.

Hay otras decisiones igualmente lamentables, como la destitución del intelectual Max Araujo del Viceministerio de Cultura, una clara muestra de estulticia y quebrantamiento de los más altos valores de la intelectualidad guatemalteca, y en un claro vuelco hacia una conducta que recuerda a los regímenes militares, caracterizados por su escaso respeto al humanismo.

Queda claro que este gobierno cava cada vez más hondo el agujero en el que enterrará cualquier posibilidad de avance o de mejora, lo que a la vez debe traducirse como una profundización en un modelo dominado por la corrupción, inmoralidad e irrespeto a elementales principios de gobernanza y convivencia en democracia y como un franco y casi increíble retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo cual puede ser el inicio de un mayor deterioro de la institucionalidad.

Ni por asomo se logran observar hechos, acciones o iniciativas que busquen reducirle espacios a la corrupción y más bien siguen aflorando denuncias de abusos, de otorgación de contratos a empresas de diputados, de amigos de las autoridades o de quienes con sus recursos ayudaron a financiar campañas electorales.

Ha crecido el rumor de que el Gobierno estaría haciendo preparativos para separar de su cargo al actual jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, lo cual sería contraproducente, porque se estaría llevando a límites intolerables la interpretación de la ley, pero sobre todo porque sería un golpe a favor de la corruptela.

El actual superintendente ha sido figura clave desde el inicio de esta administración, cuando se observaron muestras plausibles de que las cosas podrían cambiar, pero transcurrido el tiempo y más los señalamientos de ilícitos contra el presidente y contra dos de sus familiares más cercanos se ciernen como una amenaza en el combate de la criminalidad de cuello blanco.

El mandatario tiene buena parte de responsabilidad en esa percepción, pues cuando fungió como secretario general del partido FCN-Nación incurrió en graves anomalías, que llevaron al MP y a la Cicig a plantear una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para despojarlo de su inmunidad y poder investigarlo como a una persona común, pero un grupo de congresistas lo salvó de esa posibilidad, aunque los señalamientos todavía no están descartados.

Muy envalentonado, presa de su inmadurez y bajo el influjo de un perverso grupo de asesores, emprendió la penosa tarea de tratar de expulsar al comisionado Iván Velásquez, empresa en la que también fracasó por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, aunque esa animadversión solo ha ido en aumento.

En ese reparto de odios también alcanzó su cuota la fiscal general, Thelma Aldana, quien en más de una ocasión insistió en que ha intentado reunirse con el presidente, pero este ha ignorado esa comunicación y de manera festinada se ha comportado con la inmadurez de un político bisoño y no como el representante de la unidad nacional, como está estipulado en la Constitución.

De acuerdo con las más recientes denuncias, todo parece indicar que el actual superintendente estaría engrosando la lista de personas que no encajan en el pacto de corruptos, lo cual solo será cuestión de tiempo para confirmarse, pero de ser así sería una nueva acción vergonzosa del gobernante y su rosca de asesores, porque se le estaría asestando un duro revés al impulso que en los últimos meses ha logrado la SAT en la recaudación fiscal, y ponerle un freno podría repercutir en la defraudación fiscal. Ojalá esto se quede en rumores y que el presidente Morales actúe de manera serena para evitar el descalabro en otra institución.

Las medidas no paran, y ahora fiscalizará a tres sectores que por años han sido cuestionados por estar exentos: colegios, centros privados que brinden servicios académicos, y trabajadores guatemaltecos en relación de dependencia que trabajan en embajadas o entidades que por ley no pagan impuestos.

“Han sido sectores con pocos controles, pero que ahora vamos a retomar con mayor intensidad”, afirmó Leonel Villamar, intendente de Fiscalización.

La medida no esperará, y se aplicará 10 días después de que entre en vigor la exención fiscal que perdona multas, intereses y recargos de impuestos.

Aunque el gran objetivo son esos sectores, los controles se extenderán a las mercancías de importación —temporal y definitiva— que traen aeronaves que aterrizan en el país y el control del pago de impuestos sobre circulación de vehículos (ISCV).

¿Qué detectaron?

Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT y Villamar, explicaron las acciones durante la presentación de los datos de recaudación fiscal de abril pasado.

Dijeron que detectaron una serie de irregularidades contables que hacen necesaria la fiscalización.

En el Cuerpo Diplomático, afirmaron se detectó que el personal guatemalteco incumple con el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de los ingresos que perciben.

“Hay un mito, y se cree que los trabajadores no pagan impuestos, cuando el Convenio de Viena solo establece quienes son los exentos”, dijo Solórzano.

En los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 220 dependencias que gozan de actividades exentas. En ese grupo se encuentran 80 embajadas, 73 consulados y 67 misiones internacionales.

En el caso de los colegios, dijo Solórzano Foppa, se encontró una serie de cobros de actividades que no están exentas y no emiten facturas, como servicio de bus y parqueos, seguro, bono de ingreso, alquiler de togas y otros.

El funcionario recordó que los establecimientos privados educativos, solo están exentos en el pago de matricula, colegiatura y pago de exámenes, por lo que todos los demás cobros deben de ser facturados.

Elmer Palencia, directivo de la Cámara Guatemalteca de la Educación, afirmó que los programas de fiscalización no son nuevos y que los establecimientos conocen sobre las normativas, por lo que están tranquilos.

“La Constitución nos respalda sobre los derechos. En algunos casos los padres de familia hacen denuncias infundadas de los centros educativos”, afirmó.

Carlos González Arévalo, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que el plan suena bien, sobre todo, porque se entrará a fiscalizar a aquellas personas que no gozan la exención constitucional en el Cuerpo Diplomático y por lógica deberán tributar.

Sin embargo, dijo que hubiera esperado que se incluyera con mayor profundidad la fiscalización en el servicio aduanero, donde, a su criterio, se encuentra un “importante agujero fiscal”, que no es tratado.

“Hay cuatro aduanas donde está el mayor problema, pero no se observan programas de fiscalización con intensidad”, afirmó.

La brecha —impuestos programados pero no recaudados— durante el primer cuatrimestre se situó en los Q642.8 millones. La cobranza de impuestos, alcanzó los Q19 mil 334 millones, y la meta era de Q19 mil 976 millones.

Ese ente agregó que el Taller Nacional de Grabados prevé entregar 50 mil hojas semanales durante septiembre, y que espera que la entrega se regularice durante ese mes.

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Luego de que el Colegio de Abogados amenazó, a mediados de agosto, con presentar una solicitud de antejuicio contra el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, por falta de ese papel dicho ministerio indicó que se dotaría de 50 mil hojas para finalizar agosto y 200 mil para septiembre, pero las quejas continúan. 

El Colegio de Abogados de Guatemala presentó una acción de amparo en contra de la SAT por este tema, y el viernes 26 de agosto la Corte de Constitucionalidad fijó un plazo de cinco días a este organismo para abastecer el insumo.

La escasez de papel protocolo comenzó el año pasado, pero en los últimos meses el problema se ha agudizado.

La demanda actual de ese papel es de tres mil hojas diarias, aspecto que la SAT menciona como una demanda atípica.