La Justicia de EE.UU. acusó este lunes de asesinato y otros delitos violentos a nueve reos del penal de Brooklyn (Nueva York) que alberga a presos de alto perfil como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna.

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, que tiene más de un millar de presos, es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto a Rikers y ha sido objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

Precisamente García Luna describió este mes su experiencia en el penal, donde lleva encarcelado 58 meses a la espera de sentencia por narcotráfico, en una carta hecha pública por su abogado, en la que decía: “He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas constantes a mi integridad“.

Una antigua presa, la heredera británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice de Jeffrey Epstein, que fue trasladada a otro penal, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda a la del psicópata Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs”.

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El anuncio del Departamento de Justicia de hoy se relaciona principalmente con los asesinatos de los reos Uriel Whyte y Edwin Cordero en el MDC en junio y julio de este año, respectivamente, de los que se acusó hoy a cinco presos que usaron armas de fabricación propia y se ensañaron con las víctimas.

“Los cargos de hoy demuestran el compromiso del Departamento de Justicia para eliminar la violencia y el comportamiento criminal en las instalaciones de detención federales“, dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Lisa Monaco al anunciar acusaciones en cinco casos violentos ocurridos en el penal.

También hay un imputado miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), por intento de asesinato de otro reo, agresión y contrabando; dos imputados por agresión violenta a otros reos, y otro imputado por asaltar a un funcionario del penal, todos ellos acusados o condenados previamente por delitos graves.

La cárcel alberga a hombres y mujeres de todos los niveles de seguridad a la espera de juicio o de ser sentenciados, ahora mismo por, ejemplo, aloja al fundador de la plataforma de criptomonedas Sam Bankman-Fried, condenado por fraude, y al rapero P. Diddy, acusado de abusos sexuales.

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Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países, pero ahora el Gobierno da “por terminado” dicho tratado.

ACAN-EFE

28 de agosto de 2024 | 19:21h

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Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Gobierno de Honduras notificó este miércoles 28 de agosto a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países, informó el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina.

En una conferencia de prensa, Reina indicó que ha remitido una nota verbal a la Embajada de Estados Unidos en Honduras en la que notifica “oficialmente la denuncia al Gobierno de los EE. UU. del tratado de extradición” entre las dos naciones.

“Comunica a esa Honorable Embajada, la decisión del Gobierno de la República de Honduras, de dar por terminado el Tratado de Extradición”, señala la nota verbal, compartida por el canciller en sus redes sociales.

El anuncio se produce horas después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenara a Reina “denunciar” el tratado de extradición con Estados Unidos luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

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Dogu dijo este miércoles a periodistas que fue “sorprendente y un poco decepcionante ver oficiales del Gobierno (hondureño) sentados con miembros de un cartel basado en Venezuela”, cuando la presidenta Castro “está en una lucha constante contra los narcotraficantes”.

Las declaraciones de la diplomática estadounidense “son peligrosas”, “irresponsables” e “incorrectas”, aseguró Reina, quien recordó que no es la primera vez que Dogu se pronuncia sobre problemas internos del país centroamericano.

“Al manifestar de manera pública posiciones irrespetan nuestra dignidad como Estado y no permiten que se maneje una relación buena y de cooperación como la hemos venido llevando, hemos hecho todos los esfuerzos para mantener el más alto nivel de cooperación en muchas áreas”, subrayó el canciller hondureño.

Agregó que Honduras “respeta enormemente la relación con Estados Unidos, nosotros podemos también tener un montón de preocupaciones sobre la política interna y externa de EE.UU. y lo respetamos, hay cosas que no compartimos, se las hemos dicho en privado”.

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Extradición solo se eliminará con EE. UU.

“No estamos eliminando ni denunciando otros tratados que tiene Honduras con otros países, solo nos referimos al de Estados Unidos”, enfatizó el canciller hondureño, quien dijo que las relaciones internacionales deben “basarse en el respeto mutuo, en el diálogo, la no injerencia y en no tratar de imponer políticas”.

Afirmó que la decisión de la presidenta hondureña es una “posición digna, de soberanía, y es un mensaje claro de que si queremos cooperar (debemos) trabajar realmente, respetándonos mutuamente”.

Reina anunció que el Gobierno hondureño presentará de “manera formal una queja” ante Estados Unidos por la posición de su embajadora en Tegucigalpa y decidirá “qué sucede con la relación” con EE. UU.

“Hemos sido muy abiertos, muy positivos, muy francos para tratar de llevar la relación (con EE.UU.) al mejor nivel, pero sí creemos que las expresiones de la embajadora no han abonado o no abonan a un buen estado de relaciones”, insistió el canciller de Honduras.

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Medio centenar de hondureños solicitados en extradición, principalmente por Estados Unidos, en su mayoría por narcotráfico, han sido extraditados por Honduras entre 2014 y 2024, según cifras oficiales.

Entre ellos el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), que el pasado junio fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países.

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Jerarcas policiales, militares, diputados, jueces, empresarios, alcaldes y políticos de distintos colores, hasta llegar al presidente, fueron vinculados en Honduras con redes del narcotráfico.

Redacción AFP

28 de junio de 2024 | 08:00h

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Vista general de carteles de manifestantes frente a la corte de Nueva York mientras se dictaba la sentencia contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde el ascenso a la cima del poder de Juan Orlando Hernández, Honduras se convirtió, según la justicia estadounidense, en santuario de capos y zona de tránsito segura para la droga: un “narco-Estado” que, advierten expertos, llevará mucho tiempo desmantelar.

Hernández fue condenado el miércoles a 45 años de prisión por una Corte de Nueva York que lo halló culpable de participar entre 2004 y 2022 -cuando fue diputado, jefe del Congreso y luego presidente del país- en una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según la fiscalía federal, el exmandatario (2014-2022) de 55 años recibió millones de dólares de los cárteles, entre ellos el de Sinaloa, del mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

Poco después de dejar el poder en enero de 2022 fue detenido y entregado a Estados Unidos. El gobierno izquierdista de Xiomara Castro lo sustituyó con la promesa de combatir el narcotráfico y la corrupción. Pero ¿cuánto se ha avanzado en ese desafío?

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Dos grupos de narcotráfico

“El mundo narco había colocado piezas dentro del engranaje estatal, pero en la administración de Castro no se puede hablar de las ‘cabezas'”, comentó a AFP la abogada defensora de derechos humanos, Reina Rivera.

El sociólogo Pablo Carías coincidió en que “nadie puede acusar” a Castro “de involucramiento”, pero matizó señalando que “se habla”, hasta ahora “sin pruebas”, de que podría haber algunos funcionarios “relacionados con la narcoactividad”.

“Es imposible eliminar el narco-Estado que construyó Juan Orlando en dos años”, dijo a AFP vía telefónica Mike Vigil, exfuncionario de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Vigil señaló que el tráfico de cocaína desde Colombia es aún fuerte por Honduras y los cultivos de coca que empezaron a ser hallados en 2017 en las montañas hondureñas ya “no son experimentos” y hay narcolaboratorios que “están produciendo” droga allí.

“Son de grupos de narcotráfico hondureños” con “colaboración del cártel de Sinaloa” y “el Jalisco Nueva Generación”, afirmó.

Hace poco, al anunciar la captura de Mario José Cálix, socio de Hernández, el propio ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció que “la estructura criminal fue descabezada”, pero “el cuerpo sigue operando”.

Sin secretos oficiales

Entre sus primeras medidas de gobierno, Castro derogó la ley de secretos oficiales, que permitía clasificar información sobre defensa y seguridad. “El mundo narco se sirve de ese tipo de legislaciones, de la opacidad”, dijo Rivera.

El 15 de junio, la gobernante anunció un plan de 14 medidas contra el crimen, que incluyen acciones contra narcotraficantes y pandillas como la Mara Salvatrucha, que fue vinculada con Hernández en la Corte de Nueva York.

Otra medida contempla “intervenir” los municipios “identificados con mayor incidencia” en “sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestros, tráfico de armas” y otros delitos.

El gobierno de Castro ordenó también la captura “inmediata” de “extraditables” a Estados Unidos y dio un listado de 16. Uno de ellos, Cálix, fue capturado tras ofrecer una recompensa de 40.000 dólares.

Según el ministro Sánchez, 17 capos han sido extraditados en los dos años y medio de gobierno de Castro.

“Ella ha tratado de reconstruir el aparato estatal” con colaboradores cercanos, de los que no se puede decir “que fueron puestos por un cartel de la droga”, comentó Rivera.

Terrorismo e impunidad

Pese a los anuncios de medidas y “avances”, Vigil, igual que otros analistas, considera que desmontar el “narco-Estado” será “una lucha de muchos años”.

A Castro “le toca gobernar con las estructuras con las que gobernó” Hernández y que están “institucionalizadas”, recordó Carías. Y las instituciones “no están protegidas contra el flagelo de la narcoactividad”, agregó.

Para Rivera, en el fortalecimiento institucional es urgente una depuración policial: “Muchos jefes policiales siguen estando allí” al servicio de los carteles.

El exagente antidrogas precisó que Honduras necesita “mejorar el sistema jurídico” porque “muchas leyes no son adecuadas para poder juzgar a los narcopolíticos”.

Además, según Vigil, Castro debe continuar con las extradiciones de capos a Estados Unidos” porque de lo contrario “seguirán operando con impunidad” en Honduras.

El gobierno anunció que pedirá al Congreso reformar el Código Penal para que narcos y pandilleros sean calificados como “terroristas”, a fin de imponerles penas más severas.

Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es condenado a 45 años de cárcel

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue condenado este miércoles 26 de junio a a 45 años de cárcel por un tribunal de Nueva York, EE. UU.

Redacción EFE

26 de junio de 2024 | 11:21h

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El expresidente hondureño Hernández es condenado a 45 años de cárcel en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) (2014-2022) fue condenado este miércoles 26 de junio a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, con lo que se libra de la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía.

Hernández llegó a la sala donde escuchó su sentencia vestido con una camisa de color beige y sujetándose con un bastón, un gesto que generó exclamaciones de sorpresa entre el público hondureño, que veía el juicio a través de una televisión en una de las salas del tribunal.

Al comenzar su discurso -que dedicó a Estados Unidos y Honduras- JOH aceptó su destino y reconoció que “lo más seguro es que estaré preso de por vida”, aunque se reafirmó en su inocencia y repitió que se le ha juzgado “de manera injusta e indebida”.

El exmandatario de Honduras, de 55 años, se centró en defenderse de las acusaciones de la Fiscalía -que pide para él la cadena perpetua-, pese a que el juez Kevin Castel le había advertido anteriormente de que esta no era una oportunidad para argumentar su inocencia.

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Además, subrayó ante el juez que hay documentos o actuaciones que ni él ni el jurado conocen, como varias reuniones que mantuvo con el gobierno de Estados Unidos durante su ejercicio como presidente de Honduras para luchar contra el narcotráfico.

El expresidente hondureño volvió a asegurar además que no conocía al narcotraficante Giovanni Fuentes, a pesar de que minutos antes el juez lo había acusado de dar falso testimonio al decir durante el proceso judicial que no sabía quién era Fuentes.

Hernández también destacó, en referencia al decomiso de US$15 millones en bienes y el pago de una multa de US$10 millones que pide el juez, que el patrimonio de toda su familia “nunca superó los 3 millones de dólares”, y aseguró que ahora no tienen nada porque el Gobierno de Honduras “nos lo quitó todo”.

Y resaltó que “si no es hoy, la verdad saldrá a la luz mañana, y hará mucho daño a este país y la alianza de países que luchan contra el narcotráfico”.

Hernández, último de una larga lista de latinoamericanos condenados en tribunales de EE. UU.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado este miércoles 26 de junio a 45 años de cárcel y 5 de libertad vigilada por el delito principal de narcotráfico, es el último de una larga serie de dirigentes políticos latinoamericanos que acaban sus días en un tribunal o una cárcel de EE. UU. -o juzgados en su país tras ser extraditados por Estados Unidos- por delitos relacionados con las drogas o la corrupción.

El primer latinoamericano de alto nivel juzgado en EE. UU. fue Manuel Antonio Noriega -dictador de Panamá entre 1983 y 1989-, que en 1992 fue condenado a 40 años de cárcel, y tras él vinieron exgobernantes de México, Guatemala, Honduras o Venezuela.

En esta lista no figuran los numerosos ‘capos’ civiles, sin responsabilidades políticas, que también terminaron juzgados en ese país norteamericano, como el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán o el colombiano Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, por citar a los más conocidos.

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Panamá

• Manuel Antonio Noriega, militar y “hombre fuerte” de Panamá entre 1983 y 1989. Fue juzgado en Miami y condenado a 40 años, de los que pasó 17 en una prisión de Florida, y posteriormente completó su condena en Francia y en su país.
• Ricardo Martinelli, expresidente de la República (2009-2014) fue detenido en EE. UU. y extraditado a Panamá en 2017 donde ingresó en prisión. Enjuiciado y declarado “no culpable” en 2019 por el caso ‘Escuchas’, la sentencia se anuló al año siguiente y se ordenó repetir el juicio en 2021 tras el cual resultó absuelto.

En 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y una multa de 19,2 millones de dólares por el caso ‘New Business’. Al año siguiente, tras ser declarada en firme la condena, se refugió en la Embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo, si bien un tribunal panameño ordenó su detención preventiva.

• Los hijos del anterior, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en mayo de 2022 en EE. UU. a tres años de prisión y dos de libertad vigilada, así como a una multa de US$250 mil después de que en diciembre anterior se declararan culpables ante un tribunal de Nueva York por el blanqueo de 28 millones de dólares en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Ambos alcanzaron un pacto con el Gobierno estadounidense para el pago de US$19 millones. Quedaron en libertad por buena conducta el 25 de enero de 2023 y ese mismo día fueron deportados a Panamá.

Honduras

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-22), fue extraditado a EE. UU. el 21 de abril de 2022, días después de su relevo presidencial. Se le acusó por usar dinero del narco mexicano ‘El Chapo’ Guzmán para cometer fraude electoral en dos elecciones a cambio de formar parte de una conspiración para transportar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ingresó en la cárcel federal de Brooklyn.

El juicio con jurado se celebró desde el 20 de febrero de 2024, que lo declaró culpable el 8 de marzo de tres cargos de narcotráfico y armas, y terminó este miércoles con su condena a 45 años de prisión en firme y cinco en libertad vigilada.

Guatemala

El mandatario Alfonso Portillo (2000-2004) estuvo encarcelado en Estados Unidos, donde cumplió condena de 70 meses por lavado de dinero tras ser extraditado en 2013.

El 18 de marzo de ese año se declaró culpable de conspiración para lavar dineros procedentes de sobornos por 2,5 millones de dólares del Gobierno de Taiwán y el 22 de mayo se le impuso una condena de cinco años y diez meses de prisión, así como la devolución del dinero recibido.

Fue excarcelado el 25 de febrero de 2015 y regresó a su país.

México

• Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México (2006-2012) y acusado en 2018 de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, fue arrestado en Dallas en diciembre de 2019, cuando se le acusó de tres cargos de conspirar para traficar con cocaína a EE. UU. y por falsos testimonios.

El juicio en su contra se celebró entre enero y febrero de 2023. El jurado lo declaró culpable de narcotráfico y corrupción el 21 de ese último mes. La sentencia se ha pospuesto en cuatro ocasiones y ahora se espera para el 9 de octubre de 2024.

Venezuela

• Cliver Alcalá Cordones, exgeneral del Ejército de Venezuela, se entregó a agentes de la DEA en Colombia el 27 de marzo de 2020, un día después de que el Gobierno estadounidense presentara cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros responsables, él entre ellos. EE. UU. ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares.

Se declaró ′no culpable′ de los cargos que le imputaba un juez de Nueva York. A mitad de 2023 negoció un acuerdo con la Fiscalía a cambio de un trato favorable.

El 27 de febrero de 2024 se inició una vista previa a la sentencia en Nueva York, acusado de seis cargos de narcoterrorismo, apoyo al terrorismo, contrabando de cocaína y posesión de armas. El 8 de abril fue condenado a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con propósitos de narcotráfico.

Perú

• El caso del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) es distinto a los anteriores porque él no ha sido juzgado en EE. UU., pero fue Estados Unidos el que lo extraditó a su país, donde allí fue juzgado por recibir sobornos por más de US$30 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

Fue en febrero de 2023 cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió su extradición y en abril de ese año fue juzgado en Perú e ingresó en el penal de Barbadillo (Lima) para cumplir prisión preventiva por un periodo de 18 meses.

Un juez federal de Nueva York rechazó este jueves la moción presentada por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) para que se celebrase un nuevo juicio, después de haber sido declarado culpable en marzo de conspiración y narcotráfico mientras se mantuvo en el cargo.

Hernández trató de utilizar la supuesta baza de que la analista de la DEA Jennifer Taul mintió en el juicio penal en que fue culpado de trabajar con narcotraficantes respaldados por cárteles para transportar cocaína a través de Honduras con destino principalmente a Estados Unidos.

Taul defendió en el juicio que el tráfico de cocaína a través de Honduras aumentó durante los dos mandatos de Hernández, mientras que el expresidente argumentó que en realidad disminuyó utilizando como fuente a un profesor del Trinity College que aseguraba que la cantidad de esta droga desde Honduras a EE.UU. había caído un 82 % durante su gobierno.

El juez federal de distrito P. Kevin Castel puso en duda esa afirmación y aclaró que Hernández fue condenado por conspirar con narcotraficantes “independientemente de si el tráfico total de cocaína en Honduras aumentó o disminuyó” mientras él era presidente.

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“La evidencia de que el tráfico de cocaína a través de Honduras en conjunto disminuyó durante la administración de Hernández sólo sería relevante para demostrar que Hernández promulgó políticas antinarcóticos“, esgrimió.

En su moción, Hernández también se escudó en que Manhattan (Nueva York) no era el lugar adecuado para juzgar su caso, sino el distrito Sur de Florida al haber aterrizado por primera vez en Fort Lauderdale tras haber sido enviado desde Tegucigalpa (Honduras).

Un juez federal de Nueva York rechazó la moción presentada por el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández para hacer un nuevo juicio, después de encontrarlo culpable de conspiración y narcotráfico.https://t.co/WeDZmnsCGT

— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 10, 2024

Castel también desestimó este argumento, señalando que el tiempo que Hernández pasó en el sur de Florida equivalía a una escala de media hora en ruta a un aeropuerto de Nueva York, que conocía la parada y que nunca antes se opuso al lugar elegido.

Durante lo que duró el juicio contra Hernández, la Fiscalía presentó como principales testigos a narcotraficantes hondureños que cumplen sentencia en EE.UU. después de llegar a un acuerdo con las autoridades para la reducción de su condena, así como a la agente de la DEA.

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“El acusado aceptó millones de dólares en sobornos de sus socios del narcotráfico y, a cambio, protegió sus drogas con todo el poder del Estado, incluida la policía hondureña, sistema militar y judicial”, detalló la Fiscalía durante el proceso.

Narco Drama: Juan Orlando Hernandez' motion for a new trial has just been denied by Judge Castel. Story later, book below / Narco Drama: La moción de JOH para un nuevo juicio acaba de ser denegada por el juez Castel. Historia más tarde, libro a continuación https://t.co/pE8K48d2Us pic.twitter.com/wLp1vA36kr

— Inner City Press (@innercitypress) May 9, 2024

Su sentencia está prevista para el 26 de junio y enfrenta cadena perpetua.

El juez federal Kevin Castel, que presidió el juicio en Nueva York por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) rechazó aplazar la fecha para la sentencia del exmandatario, como solicitó su defensa, prevista para el 26 de junio.

La abogada Sabrina Shroff, parte del equipo de defensa del expresidente, envió una moción al juez Castel el pasado 29 de abril pidiendo una extensión de 45 días para la lectura de la condena a Hernández, que enfrentó juicio en el tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en que fue hallado culpable de tres cargos por drogas y armas el pasado 8 de marzo.

“Necesitamos tiempo para prepararnos para la sentencia, lo cual es complicado y requiere mucho tiempo”, señala la moción de su defensa.

De acuerdo con el documento de la defensa, la Fiscalía no se opone al pedido de cambio de fecha para la condena de Hernández, de 55 años y detenido en la cárcel federal en el condado de Brooklyn, desde que fue extraditado a EE.UU. el 21 de abril del 2022.

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Sin embargo, el juez Castel, que también presidió el juicio de Juan Antonio Hernández, hermano del exmandatario, que cumple cadena perpetua por narcotráfico en EE.UU., negó el pedido.

El juez federal Kevin Castel, que presidió el juicio en Nueva York por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) rechazó aplazar la fecha para la sentencia del exmandatario, como solicitó su defensa, prevista para el 26 de junio. pic.twitter.com/GMQ8MAiKff

— EFE Centroamérica (@EFE_ACENTRAL) May 2, 2024

“Solicitud denegada. La corte no tiene previsto aplazar la sentencia programada desde hace tiempo“, indicó escuetamente el juez en un documento colocado este jueves en el expediente de Hernández.

El cargo de “conspirar para importar cocaína” conlleva una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua; el de “usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos” para introducir droga se castiga con entre 30 años y la perpetuidad; y el de “conspirar para usar y portar ametralladoras” para la importación de droga también le enfrenta a la pena máxima.

No obstante, el juez Castel aún no se ha pronunciado sobre la solicitud del también abogado de defensa Renato Stabile para que se realice un nuevo juicio y para ello ha alegado, entre otras cosas, que la Fiscalía violó lo que se conoce como Regla 33 al no entregarles toda la evidencia del caso, incluso la que entienden es exculpatoria.

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La Fiscalía se opuso al nuevo juicio en un documento enviado a Castel, que evaluará los argumentos de ambas partes para emitir su decisión.

“No esperamos nada bueno”

Por su parte, Ana García, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, dijo este jueves que como familia no esperan “nada bueno” en la sentencia del exmandatario.

“Como familia no esperamos nada bueno” de parte del juez Castel y la Fiscalía estadounidense, señaló García en declaraciones a periodistas.

La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández solicitó en Estados Unidos anular el juicio en el cual fue condenado por narcotráfico, informó este sábado su esposa, Ana García.

El pasado 8 de marzo, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York y arriesga pasar en prisión el resto de su vida. La sentencia será dictada el 26 de junio, según la Fiscalía.

El abogado “Renato Stabile en representación de Juan Orlando Hernández solicitó un nuevo juicio” invocando normas federales estadounidenses, dijo García en un comunicado divulgado en Honduras.

La solicitud fue presentada el viernes por Stabile ante el mismo tribunal que condenó al exmandatario, confirmó en Nueva York la AFP.

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Uno de los argumentos para pedir anular el juicio es que una analista de la agencia antidrogas de estadounidense DEA supuestamente “engañó al jurado al testificar que el tráfico de cocaína a través de Honduras incrementó durante la presidencia” de Hernández.

“La Fiscalía sabía o debería haber tenido conocimiento de este falso testimonio antes de la conclusión del juicio y no lo corrigió, por lo que la condena debe anularse”, aseguró García, quien anunció recientemente que buscará ser candidata presidencial en los comicios hondureños de 2025.

Afirmó que “el volumen de cocaína que pasó por Honduras a Estados Unidos disminuyó el 40% desde 2014” y también el número de aviones sospechosos de transportar droga “disminuyó aproximadamente 30%, a 35 en total” en 2016 con relación al 2015.

Además, argumentó que es el juicio contra JOH -como se conoce a Hernández por sus iniciales-, debió desarrollarse en el “Distrito Sur de Florida, que fue el distrito al que fue llevado por primera vez [al hacer el avión una escala en ruta su hacia Nueva York] al ser extraditado de Honduras”.

Hernández fue extraditado el 21 de abril del 2022, tras ser detenido semanas después de entregar el poder a la actual presidenta, Xiomara Castro.

La Fiscalía sostuvo en el juicio que la red a la que JOH protegió desde la presidencia habría enviado más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos y a cambio Hernández habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga.

El 18 de marzo, la Fiscalía de Honduras pidió a la justicia confiscar 131 bienes “de origen ilícito” de Hernández, su esposa y otros familiares. Son 32 inmuebles, 19 empresas y 80 productos financieros (cuentas bancarias o depósitos) sobre los que existía un embargo precautorio desde 2022.

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El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras impulsa acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández.

Redacción AFP y Redacción EFE

18 de marzo de 2024 | 12:15h

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Juan Orlando Hernández fue declarado culpable por tres cargos de narcotráfico. (Foto Prensa Libre: AFP)

La fiscalía de Honduras pidió este lunes 18 de marzo a la justicia confiscar 131 bienes “de origen ilícito” del expresidente Juan Orlando Hernández, 10 días después de que fuera declarado culpable de narcotráfico en un histórico juicio en Estados Unidos.

Los fiscales “impulsan acciones de privación definitiva de dominio a 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas del círculo cercano”, dijo la fiscalía en un comunicado.

#MP incauta 131 bienes, sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar https://t.co/Kk9EgL04fQ pic.twitter.com/DUJlu8lYm2

— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 18, 2024

Detalló que son 32 inmuebles (terrenos y casas), 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros (cuentas bancarias o depósitos).

La justicia había ordenado un embargo precautorio sobre estos bienes en abril de 2022, cuando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, dos meses después de dejar el poder.

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Culpabilidad de Orlando Hernández es una advertencia para países como Guatemala, dicen analistas

La fiscalía mencionó entre las otras personas cercanas a la madre del exmandatario, María Elvira Alvarado, y sus hermanos Aixa Marlene, Amílcar, Juan Antonio (condenado por narcotráfico en EE. UU. en 2021) e Hilda (quien murió en 2021 en un accidente de helicóptero).

El 8 de marzo, Hernández fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York, al término de un juicio que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel.

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Su condena será anunciada el 26 de junio, según la fiscalía estadounidense.

La red a la que protegió desde la presidencia (2014-2022) habría enviado más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la fiscalía.

A cambio, Hernández habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos el de Sinaloa, del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La semana pasada, un juzgado militar hondureño ordenó el arresto de dos generales que testificaron en su defensa en el juicio, quienes viajaron a Nueva York sin pedir permiso al ejército de Honduras.

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Tras el juicio, la esposa de Hernández anunció su intención de buscar la presidencia de Honduras en 2025 como candidata del opositor Partido Nacional, la formación derechista que llevó al poder a su marido.

El 13 de marzo la fiscalía hondureña solicitó confiscar también los bienes del exjefe de la Policía Juan Carlos Bonilla, quien se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York en febrero para evitar ir a juicio con Hernández.

“El Chapo” Guzmán: el motivo por el que no fue testigo en el juicio contra Juan Orlando Hernández

El juicio en contra de Juan Orlando Hernández tenía prevista la participación de Joaquín “El Chapo” Guzmán; sin embargo, el narcotraficante no fue tomado en cuenta como testigo por una curiosa razón.

Juan Carlos Ortega

11 de marzo de 2024 | 10:24h

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El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por varios cargos relacionados al narcotráfico. (Foto Prensa Libre: AFP)

Juan Orlando Hernández, en un juicio finalizado el pasado 8 de marzo, fue declarado culpable de múltiples cargos por narcotráfico por un jurado de un tribunal federal de Nueva York.

Después de tres semanas de juicio, el ex presidente de Honduras fue hallado culpable por los delitos de “conspiración para importar droga a EE.UU., uso y posesión de armas de fuego y conspiración para utilizar dispositivos destructivos”.

A lo largo de este proceso, se esperaba que el juicio contra Juan Orlando Hernández contara con la presencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de quien el político hondureño habría recibido millones de dólares para dejar al Cártel de Sinaloa operar en este país. 

Sin embargo, el peligroso narcotraficante mexicano no fue testigo en este juicio realizado en Nueva York debido a una insólita razón. 

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Juan Orlando Hernández podría pasar el resto de su vida en la cárcel por el narcotráfico

El motivo detrás de la ausencia de Joaquín Guzmán Loera fue revelado por Raymond Colon, líder de la defensa de Juan Orlando Hernández, a través de una entrevista con la cadena CNN.

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Colon aseguró que el fundador del Cártel de Sinaloa estaba dentro de las personas que querían que testificaran a favor del ex presidente de Honduras.

Además, detalló que hubo acercamientos con los abogados de “El Chapo” para llevar a cabo esta estrategia, pero el capo del narcotráfico ”no se encuentra en un estado mental estable”.

“Después de haber hablado con uno de sus abogados, me dijo que no está en un estado mental estable”, mencionó el abogado de Juan Orlando Hernández.

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Finalmente, el jurista mencionó que, junto a su equipo legal, tomó la decisión de no contar con Joaquín Guzmán como testigo debido a la “depresión” que actualmente padece dentro de prisión. 

“Yo no creo que iba a ser buen testigo si ha estado bajo depresión y cosas así”, concluyó Raymond Colon. 

Culpabilidad de Orlando Hernández es una advertencia para países como Guatemala, dicen analistas

Estados Unidos aplicará sanciones a actores corruptos, sin importar el cargo que hayan desempeñado en sus respectivos países, concuerdan expertos.

Leslie Sánchez

10 de marzo de 2024 | 15:00h

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Histórico juicio contra Hernández (primer plano en dibujo artístico) es un fuerte mensaje para políticos corruptos de la región, coinciden expertos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue hallado culpable del delito de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York. Según analistas, esta condena envía un mensaje de los Estados Unidos hacia los países centroamericanos incluido Guatemala.

Desde 1992 no se había registrado una condena similar, que abarcara a un exjefe de estado. En ese año fue el expresidente de Panamá Manuel Antonio Noriega, a quien condenaron a 40 años de prisión por el delito de narcotráfico.

Según el abogado internacionalista Christian González, el mensaje que el gobierno estadounidense envía a los grupos narcotraficantes de los países centroamericanos es simbólico, pues muestra que dicho país está dispuesto a condenar a personas aunque hayan tenido los más altos cargos en la función pública como un presidente.

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Según el experto, algo similar podría ocurrir en Guatemala, debido a que se visualiza la existencia de una fiscalización de los Estados Unidos a los aportes que se hicieron en el pasado a candidatos a elección popular.

“Muchas cosas peculiares que vimos durante el proceso electoral creo que mostraban algún grado de infiltración al menos parcial de crimen organizado en las instituciones públicas, y algo interesante también aquí es que parte de los cargos tienen que ver con aportes del narcotráfico a la campaña electoral del expresidente Hernández”, expresó el abogado.

Medios locales informaron que en los testimonios que se utilizaron para definir la culpabilidad del expresidente hondureño, se expresa que parte de la estrategia del crimen organizado era financiar a los principales partidos políticos.

Entre tanto, para el abogado Roberto Wagner, el mensaje de los Estados Unidos es político hacia la región.

A su criterio a la nación norteamericana le interesa el combate de dos temas torales: lucha contra el narcotráfico y migración, y aunque muchos de los programas enfocados a esos temas no han tenido los resultados esperados, la culpabilidad de Juan Orlando Hernández es como un “premio de consolación” para el país norteamericano al no haber logrado los objetivos que se tenían previstos, pero también da luz que Estados Unidos no olvida y aplicará las acciones que tenga en su poder ante casos de narcotráfico y corrupción.

“Como que los Estados Unidos podemos ser laxos o podemos ser relajados en cómo tratar ciertos temas en su momento pero no olvidamos y los vamos a juzgar en base a lo que ustedes han hecho durante su presidencia y por el otro lado también es una forma en la que se utilizan las listas Engel y los listados Magnitsky”, expresó el analista.

Wagner recalcó que sanciones aplicadas por Estados Unidos son utilizadas como herramientas para mantener una posición de poder en países como Guatemala y Honduras.

Prueba de ello es que el expresidente Alejandro Giammattei recientemente fue sancionado por el gobierno estadounidense con la lista Engel de actores corruptos, bajo el argumento que tuvo implicación en corrupción significativa, pues habría aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, otrora aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, fue declarado el pasado viernes culpable de importar cocaína a este país y el uso de armas, lo que podría llevarle a pasar el resto de su vida en prisión.

El juez Kevin Castel fijó la fecha tentativa del próximo 26 de junio para sentenciar a Hernández (también conocido como JOH), de 55 años y que años atrás se jactaba de su estrecha relación con EE.UU.

Sin embargo, el Gobierno de EE.UU ha señalado con insistencia tanto en documentos como durante el juicio en Nueva York, que el pasado viernes culminó con el veredicto de culpabilidad, que el exmandatario dijo que quería “meter las drogas por las narices de los gringos”, y que “no se iban a dar ni cuenta”.

Un testigo de la Fiscalía, el contador José Sánchez, aseguró haber escuchado ese comentario durante una reunión que Hernández presuntamente sostuvo con un narco.

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Ya había contado ese mismo diálogo durante el juicio por narcotráfico abierto en Nueva York contra Tony Hernández, hermano menor de Juan Orlando y exdiputado por el Partido Nacional, condenado en 2021 a cadena perpetua.

El exmandatario ya parecía estar en el ojo del huracán durante el juicio a su hermano -ante el mismo juez Castel-, pero él siempre negó su relación con los narcos alegando que los testimonios que lo implicaban eran falsos.

Falsos o no, esos mismos narcos volvieron a sentarse en la silla de los testigos en su juicio para acusarlo nuevamente de haber aceptado sobornos a cambio de proteger el tráfico de drogas a través de Honduras.

La larga sombra del hermano Tony

Las acusaciones contra Juan Orlando abarcan de 2004 a 2022, tiempo durante el que EE.UU mantenía sus relaciones con Honduras mientras investigaba la participación del político en el tráfico de drogas, investigación que también incluyó a varios narcos hondureños y a Tony, que estuvo a su manera “presente” durante el juicio a su hermano.

Tony Hernández fue mencionado varias veces por su relación con varios carteles y haber recibido el millón de dólares que, según la acusación, donó el cartel de Sinaloa en 2013 para la campaña presidencial de su hermano.

Por su parte, su defensa presentó al exmandatario como una especie de adalid en la lucha para detener el paso de drogas por Honduras, y destacó las leyes que adoptó desde la presidencia del Congreso nacional (2010-2014) para hacer que los traficantes fueran responsables por su crimen al impulsar una enmienda constitucional para la extradición de hondureños así como la de confiscación de bienes producto de dinero ilícito, entre otras.

Ironías del destino, ambas leyes terminaron perjudicando a Hernández cuando fue extraditado a EE.UU. en 2022, dos meses después de haber dejado la presidencia, y se le confiscaron varias propiedades.

La defensa también destacó su relación con John Kelly, exjefe del Comando Sur y luego jefe del despacho presidencial bajo Donald Trump, quien en 2015 elogió ante el Congreso de EE.UU. al Gobierno de Hernández y sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y proteger a sus ciudadanos de la violencia, pese a que semanas antes Human Rights Watch había señalado la “delincuencia desenfrenada y la impunidad con relación a los derechos humanos” en ese país.

“Yo tenía una política contra toda esa gente porque no los soportaba”, dijo el expresidente refiriéndose a los narcotraficantes, cuando decidió declarar en su propio juicio, en el que dijo además que pidió ayuda a Kelly, entonces al frente del Comando Sur, con el que se reunió varias veces, para detener el flujo de drogas que pasaba por Honduras.

Sin embargo, EE.UU. lo acusó de haber convertido a su país en un “narco-estado” al que transformó en una especie de “autopista” para la entrada de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

“Un veredicto duro, pero él está mentalmente fuerte”: Abogado de Juan Orlando Hernández habla del expresidente de Honduras

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York.

Redacción EFE

8 de marzo de 2024 | 15:09h

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Dibujo donde aparece el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (c) y sus abogados defensores Raymond Colón (i), y Renato stabile (d), durante el juicio en un tribunal federal en Nueva York, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

El abogado Renato Stabile, representante del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue condenado este viernes 8 de marzo en Nueva York por tres delitos de narcotráfico y armas, reconoció que “es (un veredicto) duro”, pero añadió que su cliente “está mentalmente fuerte”.

El jurado retuvo los tres cargos que la Fiscalía había presentado contra Hernández, aparentemente convencido por la contundencia de los testimonios presentados contra él por numerosos testigos, casi todos narcotraficantes confesos, y a falta de otras pruebas incriminatorias.

Hernández escuchó la sentencia con semblante serio y no hizo ningún comentario, ya que el juez Kevin Castel había advertido contra cualquier manifestación verbal o de otro tipo a los asistentes, entre los que había numerosos hondureños presentes.

Solo cuando abandonaba la sala, Hernández se volteó y miró a sus dos cuñadas que habían asistido a la sesión de hoy, a las que les dijo: “Soy inocente. Les quiero, díganselo al mundo”.

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Los tres cargos por los que Hernández ha sido condenado llevan acarreadas penas máximas de cadena perpetua en los tres casos, pero la sentencia definitiva que firmará el juez Castel no se conocerá hasta más adelante, posiblemente meses.

Juan Orlando Hernández es declarado culpable de narcotráfico en EE. UU.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue hallado culpable este viernes 8 de marzo de tráfico de drogas por el jurado de un tribunal federal de Nueva York, tras un juicio histórico que puede acarrearle la prisión perpetua.

Redacción EFE y Redacción AFP

8 de marzo de 2024 | 12:55h

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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, culpable de tres cargos por narcotráfico. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tras un juicio que se demoró poco más de dos semanas, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue declarado culpable este viernes 8 de marzo de los cargos de narcotráfico y armas por un jurado de Nueva York.

Hernández, que espera ahora a que el juez Kevin Castel dicte su sentencia, se convertirá así en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por sus conexiones con el cartel de Medellín colombiano.

Hernández escuchó estoico la sentencia, sin ningún gesto, pero al levantarse de la silla y salir de la sala, se volteó hacia el público, miró a sus dos cuñadas -su esposa no viajó por haberle negado EE. UU. el visado- y les dijo: “Soy inocente. Les quiero mucho, díganselo al mundo”.

Medio centenar de hondureños que se encontraban a las afueras del tribunal comenzaron de inmediato a celebrar el veredicto, que puede costar a Hernández varias cadenas perpetuas.

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El cargo de “conspirar para importar cocaína” conlleva una sentencia de entre 10 años y la perpetuidad; el de “usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos” para introducir droga se castiga entre 30 años y la perpetuidad; y el de “conspirar para usar y portar ametralladoras” para la importación de droga también tiene una pena máxima de perpetuidad.

El juez Kevin Castel ha retenido así los tres cargos que presentó contra él la Fiscalía en nombre del Gobierno de Estados Unidos, que ha dicho en repetidas ocasiones que Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.

La Fiscalía sostenía que la actividad narcotraficante de Hernández no se limita a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política desde al menos 2004, un tiempo en el que utilizó sus cargos públicos, “así como la Policía y el Ejército” para apoyar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros lugares.

Aunque durante el juicio no se han visto pruebas concluyentes -en forma de videos, audios o comunicaciones interceptadas- que incriminen a Hernández, de 55 años, el jurado ha sido convencido por los testimonios aportados por notorios narcotraficantes que han declarado contra él después de haberse declarado culpables ante la Justicia estadounidense, presumiblemente en busca de beneficios carcelarios.

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Un grupo de hondureños se ha manifestado frente a un tribunal en Nueva York donde reclaman acabar con la corrupción y el narcotráfico en su país, y a su vez piden cadena perpetua para el expresidente Juan Orlando Hernández.

Redacción EFE

7 de marzo de 2024 | 16:58h

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Personas protestan contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández frente a un tribual federal en Nueva York, EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los hondureños, que desde el 20 de febrero han asistido al juicio contra el exgobernante, realizan una vigilia donde muestran fotos de quienes alegan haber sido víctimas de lo que llamaron el “narcogobierno” de Hernández (2014-2022).

En las fotos exhibidas pueden verse a fiscales, periodistas, campesinos, estudiantes y líderes ambientalistas como Berta Cáceres.

Las fotos están acompañadas por la bandera de Honduras, velas y flores, mientras uno de los manifestantes pronuncia el nombre de cada uno y los demás responden: ‘¡Justicia!’.

A la pregunta: “¿Qué queremos para JOH?”, responden: “¡Tres cadenas perpetuas!”, y a la de “¿Quién es la próxima?”, contestaban “Ana García”, en referencia a la esposa de Hernández, a la que consideran cómplice de su esposo.

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Lida Perdomo, que reside en Nueva York y se erigió en portavoz del grupo de protesta, señaló a EFE que la vigilia es un homenaje de los hondureños a parte de las víctimas del Gobierno de Hernández.

Mencionó casos “emblemáticos” como el de Cáceres y de la líder campesina Margarita Murillo, “una de las primeras en decir que no queríamos narcotraficantes en los partidos políticos” y que terminó asesinada el 27 de agosto de 2015.

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Perdomo destacó además que la fiscal que investigaba el asesinato de Murillo, Marlene Banegas, que fue mencionada en el juicio, también fue asesinada el 10 de octubre de ese año.

“Honduras es una sociedad en colapso total”, afirmó la centroamericana al señalar que los narcos controlan la Policía y el Ejército, y están presentes en todas las esferas del Gobierno.

Otra de las manifestantes presentes frente a la corte es Nora Rodríguez, cuya hija Keyla, una estudiante de enfermería, fue asesinada en una celda, luego de que fuera detenida por presuntamente violar un toque de queda en el 2021, durante la pandemia del covid.

Según su madre, “en un principio me dijeron que se había suicidado con una camiseta en la celda, lo que no creímos”. La autopsia indicó que murió por asfixia y tenía un golpe, recordó, y lamentó que los responsables estén aún en libertad.

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Sólo cumplió prisión el carcelero, pero nadie más, señaló Rodríguez, que hace varios años reside en Madrid.

Rodríguez, que vestía una camiseta con la foto de su hija, espera que Hernández sea declarado culpable y que de esa forma haya “un poco de justicia” para todas las víctimas. 

¿Narcotraficante o “víctima de una venganza”? La hora de la verdad para Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

Tras dos semanas y media de juicio en Nueva York y una quincena de testigos, el jurado falla a partir de este jueves 7 de marzo, en una decisión que debe ser unánime.

Redacción AFP

7 de marzo de 2024 | 11:03h

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Dibujo donde aparece el fiscal federal adjunto, Jacob Gutwillig, mientras presenta sus alegatos ante el juez federal Kevin Castel , durante el juicio del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, en un tribunal federal en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Narcotraficante como sostiene la fiscalía de Nueva York o azote del narco como se defiende el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? Tras dos semanas y media de juicio y una quincena de testigos, el jurado falla a partir de este jueves 7 de marzo, en una decisión que debe ser unánime.

Hernández, que según la fiscalía neoyorquina creó un narcoestado durante sus ocho años de presidencia (2014-2022), está acusado de conspirar para traficar droga y armas y de poseer armas, delitos por los que, de ser hallado culpable, puede pasar el resto de sus días en la cárcel, como su hermano Tony, condenado a cadena perpetua en 2021.

Después de recibir las instrucciones del juez Kevin Castel a partir de las 10h00 locales (15H00 GMT), los 12 miembros del jurado se retirarán a deliberar para lo que no hay tiempo límite. Su decisión debe ser unánime.

Para el fiscal Jacob H. Gutwillig, no hay duda de que el expresidente “es un narcotraficante” y “es culpable más allá de la duda razonable”.

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Según la fiscalía, recibió millones de dólares de sobornos de los capos de la droga, entre ellos del cartel de Sinaloa de Joaquín ” el Chapo” Guzmán -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- a cambio de protegerlos de la extradición y ofrecer seguridad con ayuda de militares, policía y la justicia a sus valiosas mercancías procedentes de Colombia con destino final al mercado estadounidense.

Durante su presidencia, Honduras se convirtió en una “super autopista” para la cocaína colombiana, según la fiscalía que asegura que entre 2004 y 2022 la red que apoyó Hernández introdujo más de 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense.

San Pedro Sula, la capital económica en el norte del país, que en 2013 era una de las ciudades más violentas del mundo, se convirtió en un centro neurálgico de la droga antes de transitar por Guatemala y México, según agencia contra la droga estadounidense, la DEA.

Dos caras

La estrategia de la defensa, como en la mayoría de los juicios de este tipo, es poner en duda las declaraciones de los testigos -la mayoría narcotraficantes que buscan reducir sus penas con su cooperación- y la falta de pruebas que apuntalen sus acusaciones.

Testigos como los narcos hondureños Devis Leonel Rivera, líder del poderoso cartel Los Cachiros, el exalcalde Alexander Ardón -del mismo partido que el acusado- y Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), aseguraron que habían “aportado” miles de dólares para la primera campaña electoral del acusado a cambio de protección.

Y la prueba, según ellos, de dicha protección es que no fueron extraditados sino que se entregaron voluntariamente a Estados Unidos.

“La única prueba que tenemos es la palabra de un narcotraficante a otro narcotraficante”, dijo el abogado de la defensa Renato Stabile, que recordó al jurado que el exmandatario promulgó leyes contra el lavado de dinero, la incautación de bienes de origen delictivo y autorizó las primeras extradiciones de narcos a Estados Unidos.

“La ley de extradición no era para su gente, para los narcos que protegía”, rebatió la fiscal Elinor L. Tarlow.

El expresidente tenía dos caras: una pública que fingía combatir el tráfico de drogas pero en privado protegía a los suyos, había dicho poco antes su colega Gutwillig.

Narcopolítica

Hernández, que se siente “víctima de una venganza”, tachó a los testigos de “mentirosos profesionales”. “Todos tienen muchos motivos para mentir”, dijo en el estrado, pese a que no estaba obligado a declarar.

“¿El único que dice la verdad es usted?”, le acorraló el fiscal Kyle Wirshba tras un duro interrogatorio en el que le puso contra las cuerdas cuando le preguntó por qué protegió a su hermano Tony acusado de narcotráfico.

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Tony Hernández fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami después de que la seguridad del entonces presidente le dijo que no había problema para que viajara a Estados Unidos, contó uno de los testigos de la defensa.

A lo largo del juicio, la docena de testigos de la fiscalía pusieron de manifiesto los estrechos vínculos entre narcotráfico y política en el país centroamericano.

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Defensa del expresidente trata de desvirtuar señalamientos que varios narcotraficantes convictos hicieron en su contra.

Redacción AFP

5 de marzo de 2024 | 17:35h

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Mañana podría conocerse el veredicto contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. (Foto Prensa Libre: AFP)

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández subió este martes al estrado para defenderse en un tribunal de Nueva York donde es juzgado por conspirar para traficar con drogas y armas, delitos que pueden llevarle a la cárcel con cadena perpetua si es declarado culpable.

Exhibiendo seguridad y tranquilidad, Hernández (de 55 años) trata de desmontar las declaraciones que hicieron en su contra una docena de testigos de la Fiscalía en las dos primeras semanas del juicio, el cual ha generado una enorme expectación en Honduras y en otros países de la región.

Entre quienes le señalaron, figuran connotados narcotraficantes como Devis Leonel Rivera, uno de los líderes del poderoso cartel de Los Cachiros o el exalcalde del municipio de El Paraíso (departamento de Copán), Alexander Ardón, de su propio partido político.

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El suspenso generado por su declaración fue despejado al término del testimonio de los tres testigos presentados por la defensa: tres generales del Ejército. Dos de ellos enfrentan eventuales problemas con la justicia militar en Honduras después de que el Estado Mayor declaró, el lunes, que habían salido “ilegalmente” del país al no pedir autorización a las autoridades pertinentes.

La defensa del expresidente, dirigida por el abogado Raymond Colon, se apoya en el paquete de leyes y medidas que adoptó durante sus dos mandatos (2014-2022) para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado en ese violento país centroamericano, afectado por la corrupción y el poder del narcotráfico.

También, recordó que las primeras extradiciones de acusados de narcotráfico se hicieron a partir de 2014, pese a que el tratado de extradición se reactivó dos años antes durante el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014).

Desde entonces, según Hernández y su defensa, Honduras extraditó a 24 personas. Otras solicitudes seguían pendientes ya que los tres acusados tenían paradero desconocido.

Acotó que los primeros grandes decomisos de droga se realizaron también durante su gobierno.

En ese sentido, señaló que al cartel de Los Cachiros se le confiscaron bienes por “600 millones de dólares”, el mayor “decomiso de Centroamérica”, antes de que el juez Kevin Castel le cortara en su declaración y le instruyera que se limitara a contestar con un “sí”, “no”, o “no recuerdo” a las preguntas que se le efectuaban.

Una vez que la defensa concluya el interrogatorio, será el turno de la Fiscalía.

No es obligatorio que el acusado testifique en un proceso penal. Poco antes de la decisión final de la defensa, el juez recordó que No testificar, “no significa que el acusado esté asumiendo su culpabilidad”.

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El juicio a Juan Orlando Hernández entró este viernes 1 de marzo en una fase decisiva con el testimonio de Fabio Lobo, quien parece dispuesto a hundir al exmandatario, acusado de narcotráfico.

Redacción AFP

1 de marzo de 2024 | 16:17h

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Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. (Foto Prensa Libre: AFP)

El juicio en Nueva York a Juan Orlando Hernández entró este viernes 1 de marzo en una fase decisiva con el testimonio de Fabio Lobo, hijo de su predecesor en la presidencia de Honduras, quien parece dispuesto a hundir al exmandatario, acusado de narcotráfico.

Condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos también por narcotráfico, Fabio Lobo aseguró que había pagado US$450 mil para la campaña presidencial en los comicios de 2013 de Juan Orlando Hernández, acusado de crear un narcoestado en Honduras durante sus dos mandatos (2014-2022) protegiendo el tráfico de drogas y armas.

El primer pago de US$200 mil lo hizo a la hermana del expresidente (2014-2022) Hilda Hernández. El segundo, de US$250 mil, se lo hizo personalmente al candidato en su casa Olancho a cambio de que le ayudara a obtener contratos del gobierno para sus empresas y las de sus amigos, los líderes del cártel de Los Cachiros, e “información logística” para el tráfico de drogas.

Su hijo también acusó al exmandatario Lobo haber recibido “aportes” de los Cachiros, a cambio de “protección” para que no fueran extraditados, pero pese al intento de la defensa de Hernández, no reveló ni el monto de los pagos ni la implicación de su padre, presidente de Honduras de 2010 a 2014, con el narcotráfico.

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A la pregunta de por qué no había contado esta información a la fiscalía cuando fue detenido en 2015 en Haití, Lobo, exjuez de la Corte Suprema y abogado, reconoció que entonces “no le dije al juez” nada sobre que su padre había aceptado sobornos de narcotraficantes.

No lo hizo hasta enero de 2023 en el marco de su cooperación con la fiscalía a cambio de una remisión de condena, admitió ante la insistencia del abogado, aunque dijo “no recordar” lo que le dijo a los fiscales.

“No tengo conocimiento de cuánto pagaron”, zanjó visiblemente molesto, después de asegurar que su padre “no tuvo ninguna implicación en sus asuntos privados”.

“Yo minimicé mi participación para obtener una sentencia menor” a los 24 años a los que fue condenado, justificó.

Decidido a echar tierra encima del acusado, recordó que el hermano de éste, Tony Hernández -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico- había recibido del cartel del Valle otros 4 millones de dólares para su campaña.

La víspera contó que Hernández también le había dicho que había “recibido aportes de unos miembros del cártel de Sinaloa” del poderoso Joaquín “Chapo” Guzmán, el mexicano condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Vestido con su buzo amarillo canario de presidiario y los tobillos con grilletes, el testigo de la fiscalía trabajó con el cartel de Los Cachiros que operaba sobre todo en el norte de Honduras y con el de Sinaloa de Joaquín “Chapo” Guzmán, reconoció.

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Final del juicio

El juez Kevin Castel espera que el lunes pueda concluir el interrogatorio de los testigos antes de que el jurado se reúna para definir la suerte del expresidente, muy activo en el interrogatorio de los testigos.

En caso de ser hallado culpable de los tres cargos que pesan sobre él -conspiración para narcotráfico y tráfico y posesión de armas- Hernández podría ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel.

Según la fiscalía, estos dos hombres fueron clave en una red que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.

“Este caso es importante para el acusado, para la fiscalía y para el propio sistema de Estados Unidos”, dijo al inicio de la audiencia de este viernes al jurado.

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A lo largo de casi dos semanas de juicio, una decena de testigos ha puesto de manifiesto los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política en el país centroamericano.

En su mayoría, son traficantes que cooperan con la justicia, pero también hay agentes de la agencia antidrogas estadounidense y hasta la fugaz novia de un jefe de la peligrosa pandilla MS-13.

Uno de los testimonios más descarnados fue el de Devis Leonel Rivera, líder junto a su hermano Javier de Los Cachiros, -ambos condenados en Estados Unidos- y uno de los narcotraficantes más sanguinarios.

Rivera terminó colaborando y entregándose a la DEA en cuanto empezó a verse perseguido por el gobierno de Hernández, que en 2014 ordenó la primera extradición hacia Estados Unidos. Desde entonces 38 personas han sido extraditadas por narcotráfico.

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Pese a haber sobornado a JOH con “US$250 mil” a cambio de protección, según dijo Rivera, en 2013 las autoridades hondureñas le incautaron 118 propiedades.

La defensa del exmandatario sostiene que no hay ninguna prueba que demuestre que recibió los sobornos, e intenta socavar la credibilidad de la mayoría de los testigos, que han obtenido o esperan obtener beneficios de su cooperación.

Narco hondureño declara en juicio a Juan Orlando Hernández: “No iba a matar a mi socio”

Devis Leonel Rivera, del cartel hondureño Los Cachiros, desgranó los vínculos con la clase política hondureña, entre ellos el exmandatario, a la que ayudó a cambio de protección para el tráfico de cocaína procedente de Colombia.

Redacción AFP

29 de febrero de 2024 | 09:39h

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Aseguran tentáculos del narcotráfico presentes en todas las esferas de gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández. (Foto Prensa Libre: EFE)

“No estaba en mi pensamiento matar a mi socio”, declaró el miércoles 28 de febrero ante la justicia de Estados Unidos un jefe narco hondureño al explicar que no participó en un plan para asesinar al entonces presidente Juan Orlando Hernández, juzgado por narcotráfico en Nueva York.

Devis Leonel Rivera, fundador junto con su hermano Javier del cartel hondureño Los Cachiros, desgranó los vínculos con la clase política hondureña, entre ellos el exmandatario, a la que ayudó con sus contribuciones financieras a auparse a cargos públicos a cambio de protección para el tráfico de cocaína procedente de Colombia.

Autor confeso de 78 asesinatos, el narco empezó a colaborar con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en 2013 antes de entregarse en enero de 2015 a las autoridades de Estados Unidos.

Rivera recordó que los hermanos Arnulfo y Luis Valle, del cártel de los Valle-Valle, querían matar a Juan Orlando Hernández y a su hermano Tony Hernández porque las autoridades les habían “incautado varias propiedades” y habían dejado de responder a sus llamadas telefónicas.

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El entonces diputado del departamento de Cortés, Reynaldo Ekónomo, habló con Rivera, al que conocía desde 2004, y este le dijo que pese a que los hermanos Valle le habían pedido participar en el magnicidio previsto al inicio de su primer mandato (2014-2018), no “aceptó”.

“No estaba en mi pensamiento matar a mi socio, a quien había sobornado (a cambio de protección) y, en segundo lugar, ya estaba trabajando con la DEA”, dijo a la fiscalía Rivera, que cumple cadena perpetua más 30 años por importar más de 5 kg de droga a Estados Unidos, por tráfico de armas, por ser líder de banda de narcotraficantes, por 78 asesinatos y lavado de dinero.

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En otra conversación telefónica con Ekónomo en la que supuestamente estaba el entonces presidente, Rivera habría tranquilizado a Hernández diciéndole: “En ningún momento he querido hacerle daño”.

Después de esa conversación, Ekónomo le dijo que “Juan Orlando” estaba “satisfecho con la explicación”.

A cambio de la intermediación, Ekónomo le habría pedido al narco “US$60 mil, una camioneta y una casa en Tegucigalpa” y éste le dio entre “US$40 mil y US$60 mil y una camioneta blanca”.

“Arrepentido”

A lo largo de su interrogatorio, que se inició en la tarde del martes, Rivera ha puesto en evidencia los vínculos del narco con la política hondureña.

En el contrainterrogatorio de la defensa de Hernández, el abogado Raymond Colon le preguntó si se arrepentía de los asesinatos que perpetró o que pidió perpetrar.

“En su tiempo no, pero ahora me arrepiento de haber matado pero también me arrepiento de haber sobornado a los políticos corruptos del gobierno de mi país, como a (el también expresidente) Pepe (Porfirio) Lobo, Juan Orlando Hernández, a militares (…), policía que en vez de tomar los sobornos tenían que habernos detenido a nosotros”, los narcos, dijo.

“Se convirtieron en narcotraficantes como nosotros”, dijo el capo que busca reducir su condena con su colaboración con la fiscalía.

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En sus 13 años de narcotraficante, contó que había amasado unos “US$55 millones” pese a tener que pagar “US$250 mil para sobornar” a JOH, el acrónimo con el que es conocido el expresidente en Honduras, que se los habría dado a su hermana Hilda Hernández.

Otros “US$50 mil” a su hermano Tony Hernández, “US$800 mil a los aliados de Juan Orlando”, “unos US$600 mil a Pepe Lobo”, entre otros políticos que lo protegieron, detalló.

Ante el jurado que dará su veredicto, la defensa pretende socavar la credibilidad de los testigos que buscan beneficios a cambio de sus declaraciones sobre todo insistiendo en su historial criminal, haciéndoles caer en contradicciones, y la falta de pruebas por el pago de los sobornos que alegan.

“La única prueba que los narcotraficantes tenían era la palabra”, le dijo Rivera al letrado no sin sarcasmo.

Según la DEA, entre el 90% y 95% de la cocaína que se consume en Estados Unidos procede de Colombia y desde 2004 en torno al 92% a 94% pasa por Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala) antes de atravesar México.

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San Pedro Sula, la capital económica de Honduras, es el principal “hub” o centro de operaciones de la ruta, contó Jennifer Taul, especialista en narcotráfico de la DEA, durante el juicio al expresidente de Honduras.

Hernández enfrenta acusaciones de conspirar con el narcotráfico y de tráfico y posesión de armas, que podrían llevarle a pasar el resto de sus días en la cárcel, como su hermano Tony Hernández, otro personaje central en la multinacional del crimen organizado y la droga.

El juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014–2022) continuó este martes en Nueva York con el testimonio del exnarcotraficante y exconvicto colombiano Luis Pérez, quien reiteró haber aportado US$2,4 millones para la campaña del primer cuatrienio de Hernández en 2013.

Pérez se sentó por segundo día consecutivo en la silla de los testigos, donde es interrogado por la defensa, que trata de establecer que el exconvicto coopera con el Gobierno de Estados Unidos por interés personal, pues aspira a obtener un visado para permanecer viviendo en este país, donde ya cumplió 6 años de prisión.

Pérez fue condenado en 2015 a 135 meses de cárcel, de los que cumplió 75 tras un acuerdo con la Fiscalía Federal en Virginia para cooperar en el caso contra Tony Hernández, hermano del exgobernante y que cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.

Tras haber cumplido su sentencia rebajada, ahora Pérez espera lograr el visado que le permitiría residir en Estados Unidos.

En el interrogatorio que le hizo Raymond Colón, abogado de Hernández, Pérez habló con detalle de los US$2,4 millones que dio para la primera campaña presidencial del político hondureño (producto del tráfico de cocaína) de los que US$1,4 millones fueron pagados en tres momentos.

El millón restante fue solicitado en mitad de la campaña por Tony Hernández durante una reunión en el municipio de Copán, a la que acudieron los hermanos Arnulfo y Luis Valle, del cartel de los Valle Valle, así como el narcotraficante Alexander Ardón, alcalde de ese municipio y quien cumple cárcel en EE.UU. por narcotráfico y que también testificó en el juicio de Hernández.

Todas las entregas del dinero de Pérez se hicieron a través de Arnulfo Valle, su amigo y socio en el tráfico de cocaína que traían desde Suramérica a Copán, Guatemala y EE.UU.

De acuerdo con Pérez, el primer millón fue entregado a Arnulfo en una gasolinera cerca del puerto de Cortés, donde llegaba la cocaína que traficaban.

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El testigo dijo además que Arnulfo Valle le informó de la petición de Tony Hernández. Pérez pidió a Valle que entregara ese dinero a cambio de recibir información sobre los movimientos de la DEA en Honduras.

El abogado Colón preguntó al testigo si le constataba, ya fuera por correos, mensajes de texto, llamadas o video que ese dinero fue entregado a la campaña de Juan Orlando Hernández, a lo que en todo momento contestó que Arnulfo le aseguró que se había hecho.

Colón dejó establecido con su interrogatorio (en que la defensa trata de desacreditar a los narcotraficantes que ha presentado la fiscalía como sus testigos estrella, muchos con varios asesinatos cometidos) que Pérez dejó Honduras en el 2014 porque temía ser arrestado por la DEA.

El abogado defensor le preguntó si se refería a “la DEA con la Policía Nacional de Honduras bajo el Gobierno de Hernández (que surgiría tras las elecciones)”, a lo que Pérez contestó con un “sí”.

Durante los argumentos de apertura del juicio, la defensa insistió en que probará que los testigos en contra de Hernández solo buscan vengarse de él por haber sido extraditados bajo su Gobierno y que el acuerdo para testificar reduzca su sentencia y ayude a traer a EE.UU. a sus familiares bajo el programa de protección y poder obtener visado para residir en este país.

El exconvicto aseguró además haber recibido una llamada en 2014 de Arnulfo Valle, quien le pidió conseguir un arma para asesinar al expresidente Hernández, pero Pérez rechazó tener alguna participación en esos planes.

Arnulfo y Luis Valle fueron extraditados y según salió a relucir en el juicio, Hernández dio la autorización por haber fraguado el complot para asesinarlo.

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Las narcolibretas serían la única prueba física en manos de la fiscalía sobre los pagos del narcotráfico a políticos y funcionarios hondureños.

Redacción AFP

27 de febrero de 2024 | 09:59h

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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, si es hallado culpable de los cargos que pesan sobre él, podría ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado viernes 23 de febrero, la fiscalía presentó en el juicio a Juan Orlando Hernández varias libretas pertenecientes a un narcotraficante en las que apuntaba cada pago que hacía, entre otros a políticos, que podrían ser la puntilla para el expresidente hondureño, juzgado por narcotráfico en Nueva York.

Las narcolibretas serían la única prueba física en manos de la fiscalía sobre los pagos del narcotráfico a políticos y funcionarios hondureños.

Fueron decomisadas al traficante Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza, el 6 de junio de 2018 en un operativo de la policía militar en el Departamento de Cortés (norte) tras un chivatazo.

Miguel Reynoso, uno de los detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que participó en el operativo relató que las libretas, junto con otros documentos, así como armas, dinero (US$193 mil 220) y joyas, habían aparecido en uno de los compartimentos ocultos de uno de los tres vehículos interceptados en el operativo policial realizado en una base militar, que pertenecían a López.

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“Revisamos las libretas e hicimos fotocopias”. Buscaban, en respuesta a la fiscalía, “transacciones relacionadas con drogas y otros delitos”, dijo Reynoso.

Entre los varios receptores de dinero estaban los nombres de Tony Hernández, hermano del expresidente y JOH, el acrónimo por el que es conocido el expresidente de Honduras.

“Me llamó la atención el nombre y lo que se encontró”, dijo el exdetective, cuya pericia para el manejo y la seguridad de los documentos fue cuestionada por la defensa del exmandatario, cuya estrategia es poner en duda la fiabilidad de colaboradores con la justicia estadounidense.

Estos mismos libros de contabilidad ya sirvieron para condenar a Tony Hernández el 30 de marzo de 2021 a cadena perpetua, y después a su colaborador Geovanny Fuentes, en el tribunal del distrito sur de Nueva York, donde los testimonios de algunos acusados, entre ellos el narcotraficante Alexander Ardón, que cumple condena en Estados Unidos- han dejado al desnudo los estrechos vínculos del narcotráfico con la política hondureña.

El exmandatario hondureño está acusado de crear un narcoestado durante sus dos periodos en la presidencia (2014-2022) y de aceptar millones de dólares de sobornos del narcotráfico a cambio de dar protección a sus cabecillas para importar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Si es hallado culpable de los tres cargos que pesan sobre él -conspiración de narcotráfico y tráfico y posesión de armas- podría ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel.

En el operativo donde se incautaron las narcolibretas fueron detenidas cinco personas, entre ellas, López y su esposa Erika Bandy.

Muertes violentas

López fue brutalmente asesinado el 26 de octubre de 2019 por miembros de una pandilla en una cárcel de máxima seguridad en Honduras cuando había decidido colaborar con la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.

Su esposa Erika Bandy siguió la misma suerte en junio de 2023 cuando iba a concluir su libertad condicional y pensaba viajar a Estados Unidos.

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En una entrevista que concedió al medio digital InSight Crime, Bandy contó que su esposo le había enviado un mensaje a uno de sus abogados desde la cárcel y le había dicho que estaba dispuesto a ser un colaborador del gobierno estadounidense. “Tengo mucho que ofrecer para ayudar”, dijo según el medio.

Después un abogado de Tony Hernández les habría visitado en la cárcel para sonsacarles información. “Si ustedes matan a Magdaleno, yo tengo toda la información”, le dijo según el medio.

También fueron asesinados el director de la cárcel, Pedro Ildefonso Armas y un abogado que había trabajado para la pareja.