Junta Disciplinaria del OJ recomienda destitución de dos jueces, uno por beber alcohol y otro por tener a una menor de edad en juzgado

Dos jueces podrían ser destituidos y otros dos fueron sancionados administrativamente, luego de que la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial determinara que incurrieron en faltas graves y conductas indebidas en tribunales de Alta Verapaz.

Carlos Gómez

18 de junio de 2025 | 09:24h

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Cuatro jueces de Alta Verapaz durante una audiencia de Junta Disciplinaria por supuestamente organizar reuniones con licor y en hora laboral en un juzgado local. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

La Junta Disciplinaria del Organismo Judicial resolvió las sanciones para cuatro jueces de Alta Verapaz, quienes fueron investigados y llevados ante dicha instancia por la comisión de varias faltas en el ejercicio de sus labores en esa localidad.

Los jueces José Alfredo Quiñónez, presidente del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz; Luis Paniagua y William Arturo Chen, también de dicho tribunal, fueron señalados de cometer faltas en el desempeño de sus funciones, ya que, según la Junta Disciplinaria, se comprobó que consumieron bebidas alcohólicas en horario laboral dentro de las instalaciones judiciales.

En cuanto al juez Walter Fabricio Rosales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fue investigado debido a que se estableció que sostuvo una relación con una menor de edad, quien, según las averiguaciones, fue encontrada en varias ocasiones en su oficina dentro del juzgado.

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Recomiendan destituciones e imponen sanciones

Por los hechos que se les atribuyen, la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial consideró que efectivamente los jueces José Alfredo Quiñónez y Luis Paniagua ingirieron bebidas alcohólicas en la sede judicial durante el horario laboral. En el caso del juez William Chen, la Junta concluyó que no consumió dichas bebidas, pero consintió el uso de su oficina para tal fin.

Por esa razón, la Junta de Disciplina recomendó la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en el Organismo Judicial del juez José Alfredo Quiñónez. En cuanto al juez Luis Alejandro Paniagua, se le impuso una sanción de 20 días sin goce de salario por la falta cometida. Al juez William Chen se le aplicó una amonestación escrita, ya que se consideró que incurrió en una falta leve.

En el caso del juez Walter Fabricio Rosales, la Junta Disciplinaria recomendó su destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo judicial, ya que se comprobó que incurrió en una falta grave al tener, sin justificación alguna, a una menor de edad dentro de las instalaciones del juzgado a su cargo.

La resolución será enviada al Consejo de la Carrera Judicial para que la traslade a la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá decidir si procede o no la destitución de los jueces señalados por faltas graves.

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Niegan acusaciones

Los jueces sancionados negaron en las audiencias realizadas los hechos que se les atribuyen. En su defensa aseguraron que, en ningún momento, han incurrido en faltas ni causado retrasos en los procesos judiciales bajo su cargo en Alta Verapaz, por lo que han solicitaron a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que dictara una resolución justa y apegada a derecho.

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La defensa de tres de los cuatro abogados señalados dijo a periodistas que respetan la resolución de la Junta Disciplinaria del OJ, pero no la comparte. Añadió que esperarán a tener la sentencia íntegra para analizarla para ver si se presenta algún recurso legal.

Los hechos

Los hechos por los cuales se sindica a los jueces datan de octubre de 2023, afirmó la abogada Sindie García, quien comentó que se recibió información de la sociedad civil organizada de Alta Verapaz, en la cual se hizo conocimiento de esta situación.

La abogada calificó como “lamentable” este comportamiento, al indicar que hay jueces y magistrados en ese departamento vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor. Asimismo, señaló que conviven con menores de edad e incluso mantienen relaciones sentimentales con personal auxiliar judicial que labora en la judicatura.

Según la investigación contra el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, hay declaraciones testimoniales en las que se indica que él llevaba a una menor de edad en su vehículo, aprovechando que este no era registrado al ingresar a la sede judicial.

También se menciona que la menor fue vista en reiteradas ocasiones dentro del despacho del juez. Uno de los testigos afirmó que la joven preguntaba en varias ocasiones por “Fabricio”, en referencia al juez Rosales Hernández. Varios testigos también indicaron haber visto a la joven, en múltiples ocasiones, dentro del despacho del juzgador, en horario laboral.

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Inspección General de Tribunales solicita destitución de cuatro jueces de Alta Verapaz a quienes se les vincula con cometer actos deshonestos dentro de los juzgados.

Carlos Gómez

28 de mayo de 2025 | 19:22h

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Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan proceso disciplinario ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por un aparente uso indebido de instalaciones, además, uno de ellos por el aparente hallazgo de una menor de edad en el despacho.

Los jueces que enfrentan el proceso disciplinario son William Arturo Chen, José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y Walter Fabricio Rosales Hernández; todos señalados de consumo de bebidas alcohólicas, protagonizar escándalos en las judicaturas.

Rosales Hernández, también es señalado de mantener en su despacho a una menor de 16 años, quien, según la abogada Sindie García, de la Inspección General de Tribunales, no tiene ninguna relación laboral, familiar o de otra índole con el juzgador, lo que podría constituirse en trata de personas y abuso de menores.

Durante una audiencia el 27 de mayo, la abogada García expuso los hechos que se les señala y con los cuales solicitó a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que los jueces sean destituidos de sus cargos.

La inspección señala que los jueces pudieron estar vinculados en trata de personas menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas en horario laboral, así como incitar a los trabajadores de sus respectivas judicaturas a realizar estas acciones. Además, asistir a reuniones en negocios expendedores de bebidas alcohólicas.

Se señalaba que estas actividades habrían sido hechas a diario por los cuatro jueces de Alta Verapaz, señalados de cometer faltas a la ética y de realizar acciones no acordes con sus funciones.

Debido a esta conducta, se solicitó la destitución de los cuatro jueces señalados, al asegurar que estos no cumplen con las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñar sus funciones en el Tribunal Primero y Tribunal Segundo de Sentencia, ambos en Alta Verapaz.

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Los hechos

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La abogada García calificó como “lamentable” este comportamiento, al indicar que hay jueces y magistrados en ese departamento vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor. Asimismo, señaló que conviven con menores de edad e incluso mantienen relaciones sentimentales con personal auxiliar judicial que labora en la judicatura.

Según la investigación contra el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, hay declaraciones testimoniales en las que se indica que él llevaba a una menor de edad en su vehículo, aprovechando que este no era registrado al ingresar a la sede judicial.

También se menciona que la menor fue vista en reiteradas ocasiones dentro del despacho del juez. Uno de los testigos afirmó que la joven preguntaba en varias ocasiones por “Fabricio”, en referencia al juez Rosales Hernández. Varios testigos también indicaron haber visto a la joven, en múltiples ocasiones, dentro del despacho del juzgador, en horario laboral.

La abogada Sindie García indicó que el personal de la Inspección General de Tribunales abordó a la joven, en el parqueo del edificio en donde funciona el Tribunal Primero de Sentencia, y ella les aseguró que tenía 16 años.

La menor también expresó que no es estudiante de ninguna universidad de Alta Verapaz, ni realiza pasantías en el tribunal, pero que sí era amiga de “Fabricio”, como ella misma llamó al juez Rosales.

Fue de esa cuenta que no se encontró ningún motivo para que la menor estuviera en las instalaciones del juzgado. Además se confirmo que la misma menor fue vista en un negocio en el que se expenden bebidas alcohólicas y que es frecuentado por el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, señala la investigación.

En cuanto a los jueces José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen, se les señala de presentarse en aparente estado de ebriedad a sus labores, además de ingerir bebidas alcohólicas en el juzgado y de incitar al personal a realizar estas acciones. También son acusados de amenazar al personal para evitar que dieran declaraciones en su contra.

Ante estas acciones, la Supervisión General de Tribunales solicitó la destitución del cargo de jueces de primera instancia de Walter Fabricio Rosales Hernández, José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen.

La audiencia en contra de los señalados continuará el 17 de junio.

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Denuncias contra jueces no avanzan

Según datos de la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, hasta mayo se han presentado un total de 736 denuncias contra jueces y magistrados de todo el país. Las faltas más comunes son incumplimiento de deberes, retardo malicioso en los procesos o atrasos en el trámite de expedientes judiciales.

Del total de denuncias presentadas, 16 han derivado en sanciones, mientras que otras 300 no fueron admitidas para su trámite. El resto continúa en proceso o en evaluación.

Faltas y sanciones

La Ley del Servicio Civil del Organismo judicial establece que los jueces y trabajadores judiciales pueden ser sancionados por faltas disciplinarias calificadas como leves, graves o gravísimas.

Faltas leves:

• La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada.
• La falta de respeto debido hacia los funcionarios judiciales, público en general, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y Abogados.
• La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Organismo Judicial.
• La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en esta ley.

Faltas graves:

• Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo.
• Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos.
• No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo.
• La conducta y los tratos manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo.
• La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Presidencia del Organismo Judicial.
• Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública.
• Ausencia injustificada a sus labores por un día.
• Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga.
• La tercera falta leve que se cometa dentro de un período de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

Faltas gravísimas:

• Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas a las partes, a sus abogados o a sus procuradores.
• Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo y ejercer o desempeñar cargos directivos en entidades políticas.
• Interferir en el ejercicio de las funciones de los otros organismos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona en el Organismo Judicial.
• Ocultar información que implique prohibición para el desempeño del cargo
• abstenerse de informar una causal sobreviniente.
• Faltar injustificadamente al trabajo sin permiso de la autoridad correspondiente o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.
• Portar armas durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones salvo los casos especiales autorizados, por la autoridad administrativa del Organismo Judicial.
• Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia de la autoridad correspondiente.
• Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral.
• La tercera falta grave que se cometa dentro del lapso de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

Sanciones:

Las faltas cometidas por los empleados y funcionarios judiciales se sancionarán en la forma siguiente:

• Faltas leves: amonestación verbal o escrita.
• Faltas graves: suspensión hasta por 20 días, sin goce de salario.
• Faltas gravísimas: suspensión hasta por 45 días, sin goce de salario o
• destitución.

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Piden destitución de jueces de Alta Verapaz, señalados de consumo de bebidas alcohólicas y escándalo en instalaciones

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por una denuncia que señala supuestos usos indebidos de instalaciones e irregularidades.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

27 de mayo de 2025 | 19:04h

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Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentaron un proceso disciplinario debido a una denuncia que los acusa de usar instalaciones de manera inadecuada. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Este 27 de mayo cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentaron un proceso disciplinario por un aparente uso indebido de instalaciones, además del aparente hallazgo de una menor en el despacho de uno de los jueces.

En la audiencia, la abogada Sindie García, de la Supervisión General de Tribunales, expuso los hechos que se les señala y con los cuales solicitó a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que sean destituidos de sus cargos.

Según investigación, los jueces William Arturo Chen, José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y Wálter Fabricio Rosales Hernández habrían incurrido en diferentes faltas.

Los jueces presuntamente utilizaron las instalaciones del Organismo Judicial en Alta Verapaz para el consumo de bebidas alcohólicas, protagonizar escándalos y el hallazgo de una menor de 15 años en el despacho del juez Rosales Hernández.

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Durante las conclusiones la abogada García expuso los hechos que se le atribuyen a cada juzgador.

“Los hechos que han sido acreditados en contra de los funcionarios judiciales son declarables y habilitan plenamente la solicitud de su destitución y separación al cargo de jueces de primera instancia que han detentado hasta el día de hoy”, dijo la abogada García.

La abogada citó el artículo 113 de la Constitución, y afirmó que “los empleados y funcionarios públicos deben ser personas honorables en el ejercicio de las funciones“, y asevera que los cuatro jueces “adolecen y carecen de la honorabilidad para continuar en el cargo.

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por uso indebido de instalaciones donde una denuncia señala ingesta de licor con personas ajenas a los tribunales y el hallazgo de una menor en el despacho de uno de los jueces.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/cRhRYXLrSl

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 27, 2025

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Origen de la denuncia

El origen del caso, según García, se remonta a septiembre de 2023, cuando el vocal sexto y presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, dio a conocer que recibió denuncias de la sociedad civil de Alta Verapaz contra personal judicial.

En ellas, se indicaba que jueces y magistrados que prestaban su servicio en ese departamento, estarían vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor, y que tenían como convivientes a personas menores de edad

Además, algunos sostenían relaciones de carácter sentimental con personal auxiliar judicial de sus judicaturas, como secretarias. 

Lo informado causó una inspección e investigación preliminar de la Supervisión General de Tribunales, para dar cumplimiento a la Ley de la Carrera Judicial.

Investigación de autoridades judiciales

García detalló que, durante las diligencias que la Supervisión General de Tribunales efectuó, se detectaron anomalías como la presencia de una adolescente en la oficina del juez Walter Fabricio Rosales Hernández, por quien no se tuvo una explicación, pues no era ni trabajadora, ni estudiante, ni familiar de empleados.

La abogada añadió que también se constató la existencia de un establecimiento comercial en el que se vendía comida y bebidas alcohólicas, en donde fue encontrado personal judicial y la menor hallada en las oficinas del juez al que se hizo referencia.

Continuación del caso

Luego de la participación de la abogada de la Supervisión General de Tribunales, la audiencia continuará el 17 de junio.

Defensa señala deficiencias

Waldemar Figueroa, defensor del juez Walter Fabricio Rosales, indicó que a su criterio no hay indicios racionales suficientes para un fallo de carácter condenatorio, como lo pidió la parte acusadora.

Figueroa aseveró que existieron deficiencias en la identificación de testigos de la persona que estaba en las instalaciones judiciales y que supuestamente era menor de edad.

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Organismo Judicial sancionó a solo dos de cada 100 jueces denunciados durante el 2024

Las estadísticas reflejan que entre las denuncias en el OJ que no fueron tramitadas hay cargos por incumplimiento de deberes y retardo malicioso.

Douglas Cuevas

2 de mayo de 2025 | 00:01h

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La desconfianza social hacia el trabajo de los jueces y magistrados se refleja con la cantidad de operadores de justicia que fueron denunciados en el 2024.

Estadísticas del Organismo Judicial (OJ) detallan que hubo 736 denuncias contra jueces y magistrados en la Supervisión de Tribunales. Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Aunque la cantidad de denuncias fue elevada, los números se reducen de manera significativa cuando se habla de sanciones. Las autoridades judiciales impusieron 16 durante el 2024.

Eso significa que, de cada cien denuncias recibidas, en solo dos casos se llegó a sanciones, cifras que, para analistas en Derecho Penal y justicia, deben ser una alerta para que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto.

De las 736 denuncias contra jueces y magistrados, 339 ni siquiera fueron admitidas para trámite. Tres señalamientos figuran entre los que se desestiman con mayor frecuencia:

• Inconformidades e irregularidades con lo resuelto dentro de los expedientes judiciales.

• Atraso en el trámite de los expedientes judiciales.
• Incumplimiento de deberes o retardo malicioso.

Las autoridades de la Junta de Disciplina Judicial, a cargo del seguimiento de las quejas que presentan los usuarios del sistema, explicaron sobre las denuncias desestimadas que “cada caso tiene sus particularidades, las cuales son objeto de análisis para que esta Junta emita alguna decisión sobre admisibilidad”.

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Entre las 16 sanciones emitidas en el 2024 contra jueces y magistrados, destacan 12 suspensiones sin goce de sueldo y cuatro amonestaciones por escrito.

Las cifras, a criterio de analistas, son reflejo de la desconfianza social contra los jueces del OJ, y algunos de los casos salen a la opinión pública.

En la actualidad, los jueces de Alta Verapaz están envueltos en una investigación administrativa por señalamientos que involucran al juzgado y tribunales de la localidad en prácticas de consumo de licor y convivencia con menores de edad.

El caso Melisa Palacios, en el cual figura como principal acusada Fernanda Bonilla, también ha acaparado la atención pública. Abogados querellantes del caso exponen que, aunque el juez Juan José Regalado ha mostrado aparente simpatía hacia Bonilla, no aceptó la recusación, por lo que dudan de su objetividad.

Otro caso que también estuvo en el ojo del huracán en las últimas semanas es el del médico Kevin Malouf, ya que el juez a cargo, Pedro Laynez, no aceptó las recusaciones en su contra, pese a que emitió opinión sobre la situación, según el Ministerio Público (MP).

Esgrimen independencia

Para el analista independiente Zoel Franco, experto en Derecho Penal, ahora existen muchos jueces que evaden normas éticas y de conducta dentro de sus juzgados, con el argumento de la “independencia judicial”.

“Deben mejorar los controles del OJ sobre sus operadores de justicia. Es cierto que existe el límite de la independencia judicial, pero eso no debe ser un escudo para que los jueces tengan conductas contrarias a la ley”, advirtió.

Las conductas recientes de algunos jueces, junto a otros sobre quienes, incluso, pesan dudas por supuesta corrupción, hacen que muchas personas desconfíen de la administración judicial.

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“Hay falta de confianza en el sistema de justicia y se ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo. Las personas tienen la percepción de que el sistema de justicia no responde por tantos señalamientos de corrupción contra operadores de justicia”, añadió Franco.

Las cifras no son nada alentadoras y asegura necesario que las actuales autoridades judiciales busquen una forma para solucionar el problema.

“Hay casos de jueces que han tomado decisiones dentro de su función que generan desconfianza y que posiblemente no van conforme a derecho. Esto abona a la degradación del sistema de justicia, principalmente el penal, en Guatemala”, indicó.

Nunca al 100%

Alejandro Rodríguez, del Centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que las estadísticas sobre los jueces necesitan soluciones de fondo. Por ello, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe prestar atención.

“La supervisión que existe en tribunales es un órgano bastante dependiente del Organismo Judicial, y por eso no es objetiva al momento de hacer las investigaciones. En el 2016, cuando se hizo la Ley de la Carrera Judicial, la idea era que la Junta de Disciplina fuera electa por la Carrera Judicial, pero luego hubo retrocesos”, indicó.

Considera que el retardo de justicia es un problema sistémico que ameritaría que se tomaran acciones concretas para reducir lo más posible la mora judicial.

Finalmente, Rodríguez ve necesario que la CSJ verifique que se están respetando los plazos para programar audiencias, incluso si se respeta su hora pactada; de lo contrario, estos problemas continuarán.

“El juez tiene mucho control sobre cuándo programar las audiencias, su duración, y son pequeños retrasos que no se dan en todos los juzgados, pero sí en muchos; existe un retraso en cadena”, afirmó.

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Cabecillas y sus operadores recurren a jueces para ser trasladados de cárcel de máxima seguridad a otros penales

Hay 37 criminales condenados por extorsión, secuestro, femicidio, asesinato y narcotráfico que buscan volver a operar desde otras prisiones, afirman investigadores.  

Rubén Lacán

4 de diciembre de 2024 | 05:00h

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37 reos buscan ayuda de jueces para ser trasladados de cárcel Renovación 1 a otros penales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El 10 de noviembre recién pasado fueron trasladados 131  prisioneros a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, antes conocida como El Infiernito; y, durante las últimas tres semanas, 37 privados de libertad han acudido a jueces a fin de que los trasladen a otros penales.

Los documentos del Organismo Judicial (OJ) a los que tuvo acceso Prensa Libre detallan que los prisioneros condenados por delitos de asesinato, asociación ilícita, extorsión, femicidio y narcotráfico alegan que les violentan sus derechos.

Autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron que todos los reclusos en Renovación 1 tienen comida, agua, ropa y artículos de higiene personal.

Agregaron que, para evitar que ingresen objetos ilícitos y que los sentenciados sigan ordenando la comisión de crímenes desde prisión, las medidas de seguridad aumentaron y no se les permite a los reos la entrada de artículos personales.  

Perfiles

El cabecilla de la banda criminal de Los Chegüen, Eduardo Chegüen Sagastume, es uno de los 37 reos que presentó una exhibición personal para buscar ser trasladado de la cárcel de Renovación 1 a la prisión de Zacapa.

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De acuerdo con las investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) e Inteligencia Penitenciaria, Chegüen Sagastume dirigía una estructura desde prisión dedicada al cobro de extorsiones y coordinación de asesinatos y robo de furgones. Ahora él, junto a sus operadores, quiere volver a su antiguo reclusorio.

En el 2016, Chegüen Sagastume fue condenado a 71 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para el asesinato y conspiración para cometer asesinato.

En el 2014, Chegüen estuvo recluido en el Preventivo para Varones de la zona 18 y luego de su condena fue trasladado al Centro de Detención Preventiva para Hombres Los Jocotes, Zacapa.

Jairo Rosendo Cervantes Gregorio es otro de los reclusos que pide ser cambiado de centro.

Cervantes tenía 19 años cuando fue condenado por asesinato en el 2015, luego de haber desmembrado y abandonado los restos de un hombre en el bulevar principal de Ciudad Real, zona 12 capitalina, en marzo del 2014.

Cervantes estuvo recluido en la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango, y operaba junto a Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico, en una banda de extorsionistas, detallan las investigaciones de la Digici.

El 13 de julio del 2019, el Ministerio Público notificó a Cervantes sobre una investigación y nueva orden de captura por  extorsión.

Fue trasladado a la granja penal Pavón, donde continuó sus operaciones al integrar una estructura de imitadores que realizaba llamadas extorsivas desde el centro carcelario.

El 10 de noviembre último fue trasladado a Renovación 1.

Asimismo, Érick Abel Hernández de León, en marzo del 2014, fue sentenciado a 25 años de prisión por femicidio.

Enfrentó un proceso penal por haberse amotinado y participado en riñas dentro de Pavón en el 2015, donde 24 privados de libertad resultaron heridos.

Hernández  fue trasladado al centro de detención de Cantel, Quetzaltenango, y es uno de los operadores de una banda de extorsionistas que llamaba a sus víctimas desde prisión.

También pide dejar Renovación 1 y retornar a Cantel.

“Donde operaban”

Luis Rodolfo Escobar, exdirector del Sistema Penitenciario (SP), comentó que los 37 reos que interpusieron las exhibiciones personales podrían conseguir volver a las prisiones desde donde operaban.

Agregó que los reos pueden alegar que su vida está en peligro o violaciones a sus derechos y un juez, luego de analizar, puede ordenar el traslado a otro penal.

Escobar recalcó que el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación deben trabajar juntos en este tipo de acciones para golpear las estructuras criminales que operan desde las prisiones.

 “Si el juez no está en la misma sintonía en el sector justicia, en trabajar en equipo, definitivamente el plan del Ministerio de Gobernación no va a funcionar. Ellos —los reclusos—  van a ser retornados a sus centros originales y solamente sería una cortina de humo”, enfatizó el exdirector del SP.

 Señaló que, debido a las medidas de seguridad en Renovación 1, los sentenciados no pueden operar o seguir haciendo llamadas extorsivas, porque su estructura perdió fuerza.

 Además, mencionó que este tipo de traslados se pueden realizar sin la autorización de un juez, pero los privados de libertad pueden accionar legalmente.

 “Los traslados se pueden hacer bajo el artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario; lo puede ordenar en forma directa el director del Sistema Penitenciario por diferentes motivos, entre ellos, por una emergencia o por cuestiones de conducta”, recalcó Escobar.

El OJ mantiene a 31 jueces y juezas suspendidos o separados del cargo

Autoridades no explican por qué siguen en el puesto los juzgadores, pese a tener procedimientos legales.

Evelyn Boche Ventura

18 de noviembre de 2024 | 05:00h

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El salario anual de los jueces de Primera Instancia es de Q400 mil. (Foto: Hemeroteca PL)

Algo sucede en las nóminas del Organismo Judicial: 31 jueces y juezas permanecen en funciones, aunque están suspendidos o separados del cargo, según los reportes del Consejo de la Carrera Judicial obtenidos vía acceso a la información pública. De los 31 jueces, 27  separados del cargo y uno suspendido, continúan percibiendo los salarios que les corresponden como jueces de Instancia o de Paz, según  registros oficiales.

La Ley de la Carrera Judicial permite la suspensión con goce de sueldo por procedimientos administrativos, pero llama la atención que esa situación laboral se extienda por períodos prolongados.

Una de las juezas separadas del cargo con goce de sueldo es Audy Yaneli Arana González, quien, desde su despacho en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, otorgó amparos con los que se validaban más de 31 candidaturas de distintos partidos políticos durante las elecciones  del 2019. Entonces, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al sistema disciplinario del Organismo Judicial una investigación, ya que Arana no tenía competencia para conocer  asuntos fuera de su jurisdicción.

Cinco años después, la juzgadora forma parte del grupo de  mil 208 jueces en funciones hasta el 1 de octubre del presente año, según los registros del Consejo de la Carrera Judicial obtenidos mediante la activación del mecanismo de acceso a la información pública.

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Para aclarar por qué los funcionarios judiciales continúan en funciones, se trasladaron preguntas al vocero del Organismo Judicial (OJ), las cuales no tuvieron respuesta inmediata y se pidió tramitar una nueva solicitud de acceso a información pública.  Sin embargo, lo que se buscaba era la postura de alguna autoridad del OJ frente a la situación.

En el cargo

Llama la atención que mientras 31 jueces siguen “en funciones” con goce de sueldo sin realmente  ejercer la función  —no se presentan a su juzgado a celebrar audiencias—, existen quienes siguen en el cargo.

Al juez tercero B de Instancia Penal, Julio César Vásquez Xol, se le retiró el antejuicio y se declaró ha lugar la formación de causa, pero continúa en el cargo, ni suspendido ni separado, según la información obtenida.

Adrián Rodríguez, suspendido en el 2018 por llegar a trabajar en estado de ebriedad cuando se desempeñaba como juez Séptimo de Primera Instancia Penal, conserva el cargo, pero con asignaciones en el Consejo de la Carrera Judicial.

Es un derecho

La permanencia en los cargos con goce de sueldo es un derecho de los jueces que solo pierden cuando un juzgado los liga a proceso   penal o se ordena la prisión preventiva, explicó el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), Luis Martín Sunún. “No se trata de una medida arbitraria; está regulada”, señaló.

Ante la consulta sobre el  tiempo que transcurre entre el inicio de las investigaciones administrativas o penales y la conclusión de cada caso, Sunún refiere   que los tiempos obedecen a “las vicisitudes e incidencias que se presentan en cada expediente”. De acuerdo con el expresidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, es muy posible que los funcionarios hayan presentado impugnaciones.

El único juez separado del cargo que continúa recibiendo sueldo es Jorge Luis Molina Muñoz, juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Salamá, capturado en el 2017, en seguimiento a una denuncia por el presunto cobro de sobornos.

Los cuadros de pagos de septiembre, publicados en el portal del OJ, muestran desembolsos a Molina por Q33 mil 400 de salario, Q1,600 de bono mensual y Q20 mil Q265 correspondiente al bono anual del 5 %. El Ministerio Público ofreció hacer las consultas sobre  el caso, pero al cierre de esta nota no se había recibido   respuesta.

Remuneración

El sueldo anual de los jueces de Primera Instancia, sin bonos ni otras remuneraciones que concede el OJ, es de Q400 mil.

 Un juez de Paz Tercero —plaza de estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales— gana Q12 mil 500; uno de Paz, Q20 mil, y   uno de Primera Instancia, Q33 mil 400.  

Jueces en impase

Los separados

• Gilmar Amarildo Barrios, Juzgado de Santa María Nebaj, Quiché
• Audy Yanelli Arana, Juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
• Mirna Yarakia Ovando, juez de Paz V
• Adrián Rolando Rodríguez, juez de Primera Instancia
• María Belén Reyna,  Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia
• Pablo Xitumul, Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente, Guatemala
• William Giovanni Cano, juez de Paz III, Chiantla, Huehuetenango
• Rosa Elena Flores, Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio, Petén
• José Francisco Romero, Juzgado de Primera Instancia Penal, Delito de Trata de Personas, en Petén
• Karla Dámaris Hernández, Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad, Petén
• Lesly Eunice Santa María Ramírez, Brenda Aracely Salguero y Jorge Mynor Acevedo Tribunal de Sentencia Penal, Petén
• Myron René Corado, Sara Yoc y Ángel Giovanni Sandoval, Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio,   Petén
• Moisés Chavarría Juzgado de Primera Instancia, La Libertad, Petén

• Juan Valerio Castillo Juzgado de Primera Instancia, Poptún, Petén
• Jessie Edith Figueroa Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, Civil y Económico Coactivo, Poptún
• Ericka Esmeralda Euler, Juzgado de Primera Instancia de la Niñez, San Benito, Petén
• Virgilio Antonio Fernández Vásquez,  Juzgado de primera instancia de Familia, Petén
• Benjamín Guidos Chinchilla, Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad, Petén
• Juan Antonio Rodríguez, Zonia Haydée Toledo y Antonia Julieta García, Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad, en San Benito, Petén
• Erick Alberto Coy Juzgado de Paz, La Esperanza, Quetzaltenango
• Nolver Oziel Fuentes Juzgado Segundo Pluripersonal de Ejecución Penal, Quetzaltenango

Los suspendidos

• Jorge Luis Molina Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad, Baja Verapaz
• Xoralia Carmina Contreras —no percibe salario—, Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Guatemala
• Rocío Albany Murillo —no percibe salario—, Juez de Paz, San José Pinula
• Orlando Bardales Paiz —no percibe salario—, Juzgado de Paz, Chiquimula

Presentan amparo contra la CSJ por traslado de jueces de primera instancia

Asociación de Jueces y Magistrados acciona contra el traslado de jueces de primera instancia.

Miguel Barrientos y Douglas Cuevas

12 de abril de 2024 | 09:11h

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El traslado de jueces de primera instancia causa una acción legal contra la CSJ. (Foto Prensa Libre: Byron García)

La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial presentó este 12 de abil una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia, por señalamientos de supuestas irregularidades en el traslado de jueces de primera instancia.

En el amparo, interpuesto por el presidente de la Asociación, Luis Sunun, se expone: “la amenaza cierta y determinada de que la Corte Suprema de Justicia al renovar el nombramiento de los jueces de primera instancia del Organismo Judicial para un nuevo periodo constitucional decida indebidamente trasladarlos a otro órgano jurisdiccional sin que previamente les garantice el derecho de audiencia”.

Según se indica en la acción, es de conocimiento público que la Corte Suprema de Justicia acordó la renovación de los nombramientos de algunos jueces de primera instancia y está disponiendo su traslado a un órgano jurisdiccional distinto, lo cual incurriría en ilegalidades.

El amparo cita que se violarían los artículos 203, 205 y 210 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los 22 y 26, literal a de la Ley de la Carrera Judicial.

Erick Castillo, abogado ponente de la acción, explicó en redes sociales las razones por las que se solicita el amparo.

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“Por ilegales y arbitrarios traslados de jueces que han afectado la inamovilidad que se le confiere a los jueces de instancia del país, lo cual afecta la Presentan amparo contra la CSJ contra traslado de jueces de primera instancia”, indicó

Añadió que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de la Carrera Judicial establecen que ningún juez puede ser trasladado sin que haya participado en una audiencia en la que pueda oponerse y manifestar sus argumentos.

La medida, indicó, afecta la independencia de los jueces porque los deja en un estado de indefensión y afectan el ejercicio de su función, sobre todo por la especialidad que tienen en sus respectivas adjudicaturas.

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“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con Efe.

El investigador de la organización humanitaria añadió que en el país centroamericano “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

Al menos 24 de los funcionarios de justicia (fiscales y jueces) han tenido que salir de Guatemala desde 2018, aunque con mayor frecuencia en los últimos meses, debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021, según denunció la ex fiscal general (2014-2019) Thelma Aldana el 20 de mayo pasado.

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Dichos funcionarios han señalado de la persecución judicial a la actual jefa del Ministerio Público y fiscal general del país, Consuelo Porras, sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en Guatemala.

“Esto no es normal en una democracia del siglo XXI, en una democracia funcional”, expuso el abogado argentino sobre los 24 exfuncionarios guatemaltecos exiliados.

Precisamente el ultimo informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B del mismo por violaciones a los derechos humanos, en un listado donde le acompañan Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Similitudes con Nicaragua

Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, considera que Guatemala podría estar siguiendo los pasos del Gobierno de Nicaragua en cuanto a justicia, cooptación del Estado y derechos humanos, pero con otros matices.

“Hay diferencias por supuesto con Nicaragua, donde estamos hablando de un dictador o una familia de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controlan todo el poder”, recordó.

Por el contrario, en Guatemala “estamos hablando de un modelo oligopólico de poder” en el sentido económico, donde “hay un conjunto de actores que controlan y han cooptado las instituciones”, puntualizó el abogado.

De cualquier manera, Pappier sí considera que “el ejemplo de Nicaragua tiene algunas similitudes con lo que pasa en Guatemala y la primera es este tema de la destrucción del Estado de Derecho, y Nicaragua es un ejemplo claro de lo que pasa cuando se cooptan las instituciones democráticas”.

La segunda similitud donde el investigador de HRW cree que “la comparación es valiosa” es en referencia a la comunidad internacional.

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“Yo creo que la comunidad internacional cometió un error en Nicaragua, porque dejó pasar el tiempo y no reaccionó cuando las instituciones democráticas se estaban destruyendo. Y las reacciones más fuertes recién vinieron cuando habían muertos en las calles de Managua, cuando había sangre en las calles”, subrayó.

Por eso, Pappier piensa que “es un error de la comunidad internacional esperar tanto” y esa “lección” hay que “aplicarla” en Guatemala si se quiere evitar que “termine en una situación como la de Nicaragua o Venezuela”.

De igual forma, el investigador de Human Rights Watch ve como trascendental que “los guatemaltecos entiendan que sin Estado de Derecho no hay” derechos humanos.

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“Y esto es importante que lo entiendan todos los guatemaltecos, incluyendo los empresarios que promueven y apoyan el desmantelamiento de las instituciones del país, porque el día de mañana puede haber un Gobierno distinto y si este Gobierno por ejemplo no respeta la propiedad privada, ¿a quién van a acudir estos empresarios?”, concluyó Pappier.

Guatemala vivió entre 2014 y 2019 una cruzada anticorrupción que dejó más de 200 políticos y empresarios de élite acusados por el Ministerio Público de la exfiscal general Thelma Aldana, exiliada actualmente en Estados Unidos, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, recientemente nombrado ministro de Defensa en su país. EFE

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes por el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a 9 exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

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Operadores de justicia

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala. EFE

La AGJI condena las amenazas en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez

https://t.co/ZSgIzHPJEI pic.twitter.com/NsuUGoxYyG

— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) May 10, 2022

Con dicha resolución bloquea el espacio a todos los juzgadores derivado a que el mismo establece que para postularse deberán contar con 10 años de ejercicio en otro ámbito, ajeno al órgano jurisdiccional.

Esta medida cierra las posibilidades a la participación de los jueces como Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Gámez, Éricka Aifán y Carlos Ruano, quienes en períodos anteriores se han postulado. La convocatoria para aspirantes a fiscal general cerrará el próximo lunes 21 de febrero a las 15.30 horas.

Hasta el momento no se ha pronunciado con respecto a la referida resolución la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, la cual es presidida por Ramiro Stuardo López Galindo, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, quien asumió el 4 de febrero de 2022.

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Vulnera la independencia judicial

Quien si lo hizo fue Éricka Aifán, jueza de Alto Impacto y presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad, quien dijo que se está vulnerando la independencia judicial con la resolución constitucional.

Según Aifán, para poder ejercer la titularidad de un órgano jurisdiccional entre los requisitos indispensables se encuentra el colegio activo, lo que les permite ejercer el cargo y refiere que “es preocupante el establecer que los netcenter y en redes sociales se hizo referencia a que se interpondría un amparo para evitar la participación de jueces” indicó.

La togada considera que con ese fallo provisional refleja que “es una forma más de vulnerar la independencia judicial, los jueces no hemos sido complacientes con algunas resoluciones y procedimientos. Es una negación a nuestro derecho de participar y esto impacta en que personas con perfil elevado para ese cargo puedan participar” al no privilegiar la experiencia judicial.

Aifán hace referencia a la poca participación tras la convocatoria de aspirantes a Fiscal General 2022-2026  y lo atribuye a que dichas acciones despejan el camino para que se postulen determinadas personas y esto desmotiva a las personas a participar no solo a jueces, sino en general”.

Elevarlo al sistema interamericano

Para Ramón Cadena, director de la comisión Internacional de Juristas para Centro América, la interpretación que le da CC a la Constitución Política de la República “es de forma restrictiva para provocar más impunidad y le está vedando el derecho de los jueces de participar y esto es inconstitucional, ilegal” dijo.

Cadena considera que es necesario “llevar estos casos al sistema interamericano y en este caso hay que desafiar está sentencia” derivado a los ataques constantes al sistema de justicia guatemalteca y refiere que “se deben presentar acciones penales contra los magistrados, porque es una resolución mal intencionada de mala fe” indicó.

Advirtió sobre que esta será “la tendencia jurisprudencial y esto va ser un criterio que se seguirá en otras elecciones”, haciendo referencia a la elección del próximo Procurador de los Derechos Humanos.

Mejorar el proceso

En la misma línea opina María José López, de Guatemala Visible, que expuso que los amparos deben de buscar mejorar el proceso en general, “no impedir que personas sean parte del proceso. Este tipo de resoluciones llega a días de que se cierre la convocatoria, pareciera que se está limitando a última hora la oportunidad de que alguien sea parte de este proceso”.

López considera que es importante hacer un llamado a las cortes “a recordarse de la importancia de la imparcialidad, de independencia y de que su trabajo sea por el bien del proceso de fiscal general y ese debe ser su objetivo, no tiene que buscar a personas en especifico”, y agregó que la CC no tiene el trabajo de seleccionarlos, sino acompañar.

“Los amparos pueden llegar a ser una estrategia política en vez de ser un acompañamiento que busque transparencia” expreso López y advirtió que se podría caer en la no renovación de las autoridades y tomó como ejemplo la Corte Suprema de Justicia que no ha cambiado a sus magistrados desde hace más de dos años y cuatro meses.

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Ser abogado y ejercer

De acuerdo con Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Constitución Política de la República establece dos supuestos: “haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años o una magistratura completa”, y considera que haber ejercido como abogado quiere decir “haber ejercido liberalmente”

De esta forma el amparo provisional dictado por la CC está en lo correcto porque “si bien los jueces y magistrados deben de ser abogados, no quiere decir que ejerzan como abogados, porque en ese momento ellos están inhabilitados para ejercer” y agregó que “en la carrera judicial no se ejerce la abogacía porque se tiene que ser imparcial, y el abogado es eminentemente parcial, porque defiende los intereses de su cliente” dijo.

Del amparo

La CC otorgó amparo provisional a favor del abogado Raúl Falla Ovalle, en el que señala que cuando la Comisión de Postulación revise el cumplimiento de los requisitos para los aspirantes, no se pueda contar como años del ejercicio profesional la experiencia de la judicatura.

El máximo ente constitucional da una interpretación a lo plasmado en la carta magna al resolver “tiempo en el que no se comprende el o los períodos en los que se haya ejercido el cargo de Juez, porque conforme a la norma citada, quienes pueden acceder a dicho cargo por razón de haber ejercido la judicatura son únicamente los que hubieran desempeñado como magistrados de Salas y otros Tribunales” se lee.

La CC revalidó los requisitos que dispone la Constitución Política de la República de Guatemala y citó: comprobar ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, mayor de 40 años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Falla Ovalle promovió la acción legal a fin de que los integrantes de la comisión excluyan a los jueces de primera instancia y en el escrito aduce que la acción legal se deriva a que en “procesos anteriores se han incluido a jueces que no han completado el periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o tribunales colegiados que tengan la misma calidad ni tampoco ejercido la profesión de abogado por los 10 años” se lee.

El documento hace referencia a “los últimos acontecimientos en cuanto a la Elección de Fiscal General y otras elecciones ocurridas en los últimos años, existe una clara y eminente amenaza de que la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General omita con su obligación de velar que los candidatos a fiscal cumplan con los requisitos formales y legales correspondientes”.

Entre los jueces, que son los que imparten justicia, están divididas las opiniones y percepciones sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que devolvió, de forma temporal, a la CSJ el poder de hacer traslados, nombramientos o movimientos administrativos sobre los juzgadores y magistrados.

La resolución responde a la acción que presentó Valdés, por la ausencia de los nombramientos de los nuevos magistrados, y en donde fueron suspendidos varios artículos de la Ley de la Carrera Judicial y otras normas que le otorgan al Consejo la potestad de administrar los nombramientos, traslados y vacancias, entre otros movimientos.

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El juez séptimo Penal, Fredy Orellana, que preside la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), opina que la resolución emitida por el máximo tribunal constitucional del país es provisional y al suspender artículos de la Ley de la Carrera Judicial no debería afectar el trabajo de los juzgadores, porque se trata de un proceso administrativo. “Lo que se espera en este caso es que pueda existir a la brevedad posible una resolución definitiva; es decir, una sentencia que indique si los artículos se expulsan del ordenamiento jurídico o continúan vigentes. Se espera que se resuelva a la brevedad posible esta acción de inconstitucionalidad para que exista certeza y seguridad jurídica”, señaló Orellana.

Agregó que, después de esta resolución, los jueces y magistrados trabajan de manera normal y permanente, apegándose a la Ley y la Constitución, y con independencia, porque la justicia es un servicio esencial para la población. La resolución de la CC no afecta el trabajo.

Separación de atribuciones

Para el juez contra el femicidio Mario Alberto Taracena, expresidente de la Ajmoj, la CC resolvió de manera provisional los vacíos legales que existían en la Ley de la Carrera Judicial, que era confusa en cuanto a definir las funciones de los magistrados de la CSJ y los consejeros.

Para Taracena, los estándares internacionales indican que debería existir separación de funciones, porque la CSJ es un ente eminentemente jurista y colegiado y debe tener el tiempo necesario para resolver asuntos legales o judiciales, y se requiere la asistencia de otro organismo, como sucede en otros países, que se encargue de las actividades administrativas como licencias, vacaciones o traslados de jueces, entre otras.

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“Le devuelve —la CC—, porque así estaba anteriormente, las facultades a la Corte Suprema de Justicia. Se concentra el poder de juzgar y el administrativo, en lo relativo a cuestiones laborales”, señaló.

El juez contra el Femicidio reconoce que es necesaria la separación de funciones, pero advirtió de que la Ley de la Carrera Judicial no resolvía el problema y creaba confusiones que afectaban finalmente a los jueces y magistrados, ya que, por ejemplo, había dos nombramientos, uno emitido por los magistrados y otro por los consejeros para laborar en diferentes sedes judiciales.

“Si bien es cierto que le atribuye más poder —a la CSJ—, lo importante para los jueces es que se define, de una vez por todas, quién tendrá la batuta, el control y la decisión en cuanto a la designación, y lo que esperamos es que ya no exista ese tipo de problemas en una pugna que se dio entre la Corte Suprema y el Consejo de la Carrera Judicial. Los jueces lo que quieren es estabilidad y seguridad jurídica laboral”, explicó.

Cercanía con el CCJ

Existe otro grupo de jueces, alejados de la Ajmoj, que no opina igual.

Verónica Galicia, jueza de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, afirmó que hasta ahora se sentían cómodos con la implementación del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), porque es un órgano que se integra de forma imparcial, existe representación para los magistrados, los jueces de Primera Instancia, de Paz, y con expertos en administración pública y otras profesiones, lo cual mejora el desempeño de la carrera judicial.

Galicia también considera que la integración de la Corte Suprema de Justicia tiene debilidades para ejercer labores administrativas, porque solo está formada por abogados.

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“Es una gran frontera que tenemos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque son inaccesibles. Ningún juez de Paz o Instancia Penal tiene relación directa con los magistrados, y estos no se enteran de nuestras necesidades, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial, sí, por cómo está integrado”, expresó Galicia.

La jueza agregó que la implementación de este consejo fue una conquista para todos los jueces del Organismo Judicial y señaló que se debe trabajar en las reformas para la Constitución y así retornar las funciones administrativas a los consejeros.

Galicia, por su parte, habló de la necesidad de que se fortalezca la carrera judicial, de manera que se regule de esta forma la propia elección de los magistrados, tanto de salas de Apelaciones como de la misma CSJ, de manera que se garantice que se elegirá a profesionales sin intereses políticos o de cualquier otra índole, garantizando así órganos independientes para que se ponga como prioridad el mérito y la capacidad.

La Asociación de Jueces por la Integridad, presidida por Carlos Ruano e integrada, entre otros jueces, por Haroldo Vásquez, Miguel Ángel Gálvez y Éricka Aifán, aún analiza los alcances de la resolución constitucional y su posición al respecto.

Sin embargo, Ruano dijo la semana pasada a Prensa Libre que buscaban querellarse en un amparo que presentaría el Consejo de la Carrera Judicial para frenar la intención de la CSJ de recuperar el control de los jueces.

La actividad estuvo organizada por la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) y participaron funcionarios de esa institución, funcionarios en el tema de justicia de Guatemala y representantes del Estado guatemalteco.

La CIDH manifestó que le preocupa el contexto de los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala. También resaltó la estrategia de antejuicios contra jueces como una forma de persecución.

La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que el Estado ha señalado que hay efectividad en las medidas cautelares para jueces y magistrados, pero la otra parte dice lo contrario.

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“51 antejuicios, el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios nos indica una situación de conflicto, de realidad de conflicto en el sistema judicial y en la labor que realizan los jueces”, agregó.

Mostró el interés en buscar el diálogo que construya una situación de confianza en el sistema de justicia para la independencia judicial.

El comisionado Joel Hernández expresó que le preocupa el alto número de antejuicios. También señaló que resulta inusitado que un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa en contra de acusaciones que son en función por su trabajo.

La jueza Erika Aifán en su intervención manifestó su preocupación por los jueces de mayor riesgo Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares de parte de la CIDH.

“Diariamente enfrentamos ataques sistemáticos por parte de grupos que se consideran agraviados por nuestra labor de impartir justicia, recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y la de nuestras familias”, manifestó Aifán.

Añadió que también son víctimas de mensajes de odio y hostigamiento; además, son sujetos de vigilancia y seguimiento “con vehículos sin placas, atacan nuestra condición de juezas y de mujeres”.

A decir de Aifán, también se ven sometidos a procesos de criminalización sin fundamento alguno, como ataques por medio de redes sociales transmitidos desde cuenta de netcenters “a fines al gobierno que usan referencias a épocas del conflicto armado interno en el que las desapariciones forzadas, secuestro, tortura y muerte eran realizadas impunemente”.

Afirmó que en los mensajes se les tilda de guerrilleros y amenazan con venganza por la lucha contra la corrupción.

Señaló que es usual que los netcenters cuenten con información reservada y se anuncien actos que luego son ejecutados por parte del Estado, como la emisión de órdenes de aprehensión, el despojo de inmunidad o condenas al exilio.

Infiltración de personal

Aifán afirmó que otra forma de atacarlos es por medio de la infiltración de personal en los juzgados para que filtren información, espían, graban y sustraen actuaciones y expedientes.

Señaló que también son objeto de denuncias penales y administrativas infundadas.

Más de 40 denuncias penales

Dijo que actualmente hay más de 40 denuncias penales en contra de cuatro jueces de mayor riesgo, algunas datan del 2021. Indicó que junto a otros tres jueces, han acudido a la fiscal general para solicitar la resolución definitiva de estos casos sin fundamento, pero han pasado más de tres meses y siguen sin respuesta.

Estrategias de antejuicios

La juzgadora señaló que la estrategia de presentación de antejuicios “es la más utilizada” para intentar despojarlos de su inmunidad y dictarles prisión preventiva o para obligarlos al exilio.

Afirmó que en este tema de antejuicios se conforma la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin seguir el procedimiento establecido en la ley, “integrándose con magistrados con interés directo en el asunto, quienes dan trámite sin que existan pruebas en contra nuestra”.

Afirmó que el Ministerio Público (MP) y las altas Cortes han sido ineficaces para garantizarles la vida, integridad física y emocional, como el respeto a la independencia judicial.

Dijo que las denuncias interpuestas por violaciones a sus derechos han sido desestimadas y archivadas. Recordó que después de varios años no se ha individualizado a los actores de los delitos cometidos en contra de jueces.

Enfatizó que las denuncias no son investigadas. Indicó que las acciones que promueven ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar sus derechos, están siendo manipuladas para revisar su competencia ordinaria en los casos de alto impacto.

Externó que el patrón de criminalización se ha convertido en un ciclo sin fin con denuncias con apariencia de legalidad. Dijo que estas acciones vulneran el derechos de las personas a una justicia independiente.

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“Manifiesto mi profunda preocupación y les solicito que hagan un llamado contundente al Estado de Guatemala a que cese la criminalización en contra de los jueces y juezas para que podamos cumplir con nuestra labor de impartir justicia”, expresó.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló cooptación del Estado y según él, se quiere seguir igual o peor. Añadió que el sistema de justicia en Guatemala atraviesa una crisis preocupante porque los grupos de poder han coaptado el sistema de justicia y hay ataque sistemático a funcionarios independientes.

Enfatizó que el sistema de justicia está en crisis con el objeto de obstaculizar la investigación y las sanciones en casos de corrupción.

Mencionó la no elección de las Cortes, lo que debilita más el sistema de justicia y se ha desatado una persecución contra funcionarios de este sector.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval señaló que desde la llegada de la actual fiscal Consuelo Porras al MP, se han implementado estrategias para obstaculizar las labores de investigación, sobre todo de los casos a cargo de la Feci.

Añadió que ejemplo de esto es la orden de la fiscal sujetando el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) a una autorización directa de ella.

Indicó que el movimiento y traslado de personal y la incorporación de fiscales con impedimentos legales para liderar investigaciones, “es utilizado por la fiscal general para entorpecer las labores de investigación, una de las acciones más graves es el traslado conveniente de investigaciones de la Feci hacia otras fiscalías cuando el investigado podría ser el presidente de la República o personas allegadas a él”.

Sandoval documentó 24 ocasiones en las que la fiscal general buscaba agilizar alguna investigación para procesar a sus adversarios y detener investigaciones que se vincularan con los organismos del Estado, actos por lo que en su momento hará las acciones correspondientes.

Al menos 10 en el exilio

Señaló que por su trabajo lo forzaron al exilio y suman en esta condición ocho fiscales y dos magistrados.

Afirmó que las denuncias que pone personal de la Feci por acciones en su contra son ignoradas por el MP. Informó que una Fundación tiene acceso a información confidencial del MP lo que evidencia una estrategia articulada.

Añadió que preocupa la desprotección del personal activo de la Feci en casos de alto impacto y la seguridad les ha sido retirada.

Jorge Santos, defensor de los Derechos Humanos, señaló que la situación se agrava en Guatemala y la escalada de agresiones contra personas defensora es más visible.

Dijo que el registro de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala reporta 755 casos de agresiones en 2021, de las cuales 189 fueron contra operadores de justicia, entre las que se incluye hostigamiento y amenazas en redes sociales.

Entre los grupos más agredidos son los funcionarios de justicia, defensores de acceso a la justicia y periodistas.

Peticiones al Estado

Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, solicitó a la CIDH dar seguimiento a la alarmante situación de riesgo en la que están jueces, magistrados y fiscales. Que el Estado cese el hostigamiento y acoso judicial.

“Solicitamos que inste al MP a cesar la criminalización contra funcionarios de justicia, incluyendo quienes están en el exilio, asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados”, manifestó.

Pidió que el Estado reitere a la fiscal general su deber de no usar maliciosamente el sistema penal para limitar la actuación e imparcialidad judicial.

También que la CIDH inste al Estado a dejar de utilizar los procesos de antejuicio como una herramienta de hostigamiento para levantar inmunidad de los funcionarios de justicia, como en los casos de Aifán y Pablo Xitumul.

También pidieron se inste al Congreso a la elección de las altas Cortes.  Solicitaron termine la represión contra las comunidades indígenas y campesinas.

El Estado responde

Por parte del Estado participó una delegación presidida por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. También la Procuraduría General de la Nación, y representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la CSJ.

En respuesta, funcionarios respondieron que el Estado está organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades.

En el tema de la lucha conta la corrupción, recordaron que la Cicig era temporal y luego se generó un traslado de capacidad al MP de Guatemala.

Resaltaron que la Feci fue introducida a la estructura general del MP y la han fortalecido. Afirmaron que el trabajo de esta ha dado como resultado condenas y estructuras criminales desarticuladas.

Aseguraron que posee esquema para mantener la seguridad del personal que integra la Feci.

Añadieron que actualmente Sandoval, aunque no se encuentra en Guatemala, tiene a sus disposición agentes de seguridad y vehículos institucionales y un chaleco de protección balística. También les dan seguridad a los padres del exfiscal.

Indicaron que el Estado realiza las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las medidas cautelares para operadores de justicia.

Resaltaron la creación de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para conocer los delitos contra este sector. También el Ministerio de Gobernación implementa estudios de análisis de riesgo contra magistrados y jueces.

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De enero a octubre 2021, se reportan 54 análisis de riesgo, de estos para 11 se recomendó medidas de seguridad personalizadas y 43 medidas de seguridad perimetral.

Dijeron que algunos funcionarios con medidas cautelares no asisten a las reuniones para el seguimiento de las medidas.

Informaron que entre 2016 y 2021 la CSJ conoció 51 solicitudes de retiro de antejuicio contra magistrados de la CC y 41 fueron rechazados.

Afirmaron que el Estado afirma su compromiso de mantener el diálogo y lo que pueden negociar es trasgredir los procesos que nos rigen.

Dijeron que en materia de antejuicio se constituye como garantía a personas a servicio del Estado y garantizar la función pública.

Señalaron que anteponer o limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda manifestar su inconformidad con acciones judiciales, no es negociable de ninguna forma, pues el Estado se debe al ciudadano.

Vea aquí la audiencia

Después que una persona fue capturada o citada por un juez para solventar su situación legal en alguna investigación que se efectúe en su contra, el juzgador debe decidir si continuará su proceso estando en prisión o gozando de alguna medida sustitutiva.

Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, explicó que el Código Procesal Penal establece que después que la persona sindicada de algún delito haya sido ligada a proceso, el juzgador debe resolver cuál será su situación jurídica, si se queda en libertad o privado de la misma.

“Entra en análisis el delito por el cual la persona ha sido ligada a proceso no tiene una prohibición taxativa en el Código Procesal Penal, porque hay algunos delitos por los cuales el legislador ha previsto que no gozan de medidas sustitutivas por lo que si quedo ligada a proceso por esos delitos debe quedar en prisión preventiva”, indicó Ruano.

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Agregó que esta política criminal aplica en delitos que son de extrema gravedad como secuestro, asesinato, parricidio, entre otros; sin embargo, dijo que en otros casos se debe efectuar un análisis para establecer si existen factores como fuga, desobediencia y asistirá a las audiencias, que tiene trabajo estable, recomendaciones personales, si tiene arraigo, por lo que se le confiere la libertad condicional.

El otro análisis que también realizan es saber si el sindicado no obstruirá la investigación mientras goce de alguna medida, por ejemplo, que pueda acercarse a un testigo e influir en su testimonio o a los peritos y que tengan la capacidad de destruir pruebas. “El Ministerio Público puede con sus argumentos y demostrar la posición de esa persona, se le puede dejar en prisión preventiva en garantía de que se averiguará la verdad”, explicó el juez.

Acusaciones

¿Se abusa del uso de la prisión preventiva? Ruano reiteró que la ciudadanía podría formarse un criterio para saber si se abusa o no al conocer los delitos por los que se le está acusando a una persona y determinar si se trata de extrema gravedad o menos grave, y si existen factores de fuga o de obstruir la investigación.

“El caso en particular determinará que persona permanezca o quede privada de libertad. El hacinamiento en las cárceles no es un fundamento para que el juez conceda medidas sustitutivas, porque mantener las prisiones en buenas condiciones y con suficientes espacios es competencia del Ministerio de Gobernación”, reiteró el juez.

Mientras que Bélgica Deras, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), explicó que, cada juez analiza los casos que está conociendo y toma las decisiones conforme a derecho corresponde.

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Agregó que desde su punto de vista como jueza al resolver si alguien debe ser enviado a prisión o no, efectúa sus análisis con base a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que existen y las normativas vigentes en el país, porque reconoce que la cárcel debe ser la última medida que se utilice contra alguna persona.

Hacinamiento

Los problemas dentro de las cárceles tienen como origen el hacinamiento, ya que, según análisis presentados sobre la situación carcelaria en el país reflejan que sobrepasan el 350 de sobrepoblación. Hasta el pasado 13 de septiembre, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó 12 mil 77 personas en prisión preventiva y 12 mil 865 sentenciado y en total había 24 mil 942 personas privadas de libertad.

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Sin embargo, el volumen de la población privada de libertad ha ido en aumento en todo el mundo, por lo que genera carga financiera para los gobiernos y afecta la cohesión social de las sociedad, según el manual de estrategias para reducir el hacinamiento en las cárceles desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El documento señala que el uso excesivo de la detención preventiva puede ser muy costoso para el Estado, porque incluyen instalaciones carcelarias, la alimentación de los privados de libertad, los costos de investigación y el proceso judicial. Por lo consideran que se debe alentar a los tribunales a aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento, en vez de sentencias cortas de prisión y promover el uso de sanciones no privativas.

El presidente Bukele sancionó una norma que “retirará a los jueces corruptos”.

La oposición calificó la medida de “violación a la independencia judicial”.

Retiro de un tercio de los jueces

La reforma de la Ley de la Carrera Judicial conllevará la jubilación automática de alrededor de un tercio de los jueces del país, según estiman medios locales, así como de un gran numero de funcionarios de la Fiscalía y los tribunales.

La nueva norma obliga a la separación inmediata de sus cargos de jueces y fiscales que hayan cumplido 60 años o lleven más de 30 de servicio.

Pese a que Bukele y su partido celebraron la aprobación de la reforma, no han explicado por qué la remoción de los mayores 60 años contribuye a limpiar de corrupción el poder judicial.

La oposición votó en contra

El legislador René Portillo, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, Arena, lamentó que con la reforma se esté “violando la independencia judicial”.

Entre los jueces que podrían perder su puesto está Jorge Guzmán, que investiga la masacre de El Mozote, una de las peores ocurridas en la guerra civil de El Salvador, en 1981, en la que alrededor de 800-1.000 personas fueron asesinadas por el ejército.

No es la primera decisión polémica respecto al poder judicial aprobada desde que Bukele llegó a la presidencia en 2019.

El mandatario ordenó en mayo pasado la destitución inmediata de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, lo que provocó el rechazo de Estados Unidos y varios organismos internacionales.

Previo a eso, en febrero del año pasado, el mandatario dio orden al ejército de tomar la sede de la Asamblea Nacional, después de que esta se negara a conceder préstamos extraordinarios para su gobierno.

La aprobación de la reforma se da en medio de un descontento generalizado de la sociedad salvadoreña frente a algunos cambios que el gobierno ha adoptado en materia política, económica y social, entre ellos la implementación del bitcoin como moneda de intercambio en el país.

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La semana pasada se incluyó el punto en la agenda, pero se suspendió la sesión y no se descarta que vuelva a figurar en las prioridades de las próximas reuniones para su aprobación en tercera lectura y redacción final.

Las alarmas se encienden en algunos sectores del sector justicia porque la Ley de la Carrera Judicial establece los principios, normas, garantías y procedimientos necesarios para la administración y el funcionamiento de la carrera judicial.

En otras palabras, se regula el ingreso, permanencia, traslado, prestaciones y evaluación del desempeño de   jueces y magistrados para que se garantice su imparcialidad, independencia y excelencia profesional mientras   ejerzan su profesión.

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La iniciativa se presentó con la justificación de que la ley vigente es una “discordancia con la Constitución Política”, lo cual la hace incongruente y se puede incurrir en inconstitucionalidades.

Los cambios a dicha normativa fueron promovidos por el ahora exdiputado Juan Ramón Lau y los legisladores José Arturo Martínez Dell y Álvaro Arzú Escobar, entre otros, con la intención de que la CSJ retome las decisiones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las judicaturas.

El diputado Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que este proyecto de ley pasó la segunda lectura y está a la espera del tercer debate. Considera que la iniciativa le resta independencia al CCJ y le otorga tareas administrativas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Más Poder a la CJS

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) está integrado por un magistrado titular y un suplente, electos por el pleno de la CSJ, que no deben ser integrantes; un magistrado titular y suplente, electos en asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría; un juez titular y un suplente, electos en asamblea de juzgadores de Primera Instancia.

Así   también por un juez titular y un suplente, elegidos en la Asamblea de Jueces de Paz; un titular y un suplente experto en Administración Pública; un titular y un suplente experto en Recursos Humanos, y un titular y un suplente profesionales en Psicología.

Las reformas buscan que este consejo sea integrado y dirigido por el presidente de la CSJ y que ocupe el cargo de manera automática, junto a los demás integrantes mencionados anteriormente.

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Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, opina que esta iniciativa de ley es un retroceso para la carrera judicial, debido a que buscan devolverle las funciones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las sedes judiciales. “Las cortes Supremas de Justicia deben dedicarse fundamentalmente a administrar justicia y a la función jurisdiccional, y no a las funciones administrativas, para que la justicia sea más eficiente y eficaz. Muchos de los artículos que pretenden reformar sustituyen el Consejo de la Carrera Judicial por Corte Suprema de Justicia y es clarísimo”, afirma.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, señala que los cambios pretenden restituir a la CSJ como la figura de mayor poder en la carrera judicial, lo que representa riesgos.

Además, entre las atribuciones que intentan estipular está que los consejeros deben avisar al Congreso, con al menos seis meses de anticipación, sobre el vencimiento del período constitucional de los magistrados de las cortes, para que se convoque a las comisiones de postulación, mientras que la ley actual establece un año.

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Señala también que la CSJ ascenderá a los magistrados y jueces de mejor calificación en la evaluación, pero será el CCJ el que convocará a los concursos de oposición; no obstante, en la actual ley son los consejeros quienes convocan y ascienden a los funcionarios que obtienen el mejor punteo.

Críticas

Hilda Morales, exprocuradora adjunta de Derechos Humanos, afirma que la CSJ debería enfocarse en impartir justicia para eliminar la mora judicial y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

“Se está señalando como que la creación del Consejo es inconstitucional, pero se liga a la Ley de Comisiones de Postulación, y es ahí donde se debe poner atención, porque esta ley necesita una reforma, por todas las complicaciones que hemos visto a lo largo de su existencia”, advierte.

Para el abogado y consultor jurídico Andy Javalois, las reformas propuestas en la iniciativa son cuestionables y debe haber un análisis objetivo y que provengan de personas empapadas del tema.

“Tiene una intencionalidad retroactiva, pero no en el sentido legal, sino en el histórico, de regresar las cosas a un tiempo, más o menos a mediados de los noventa o más atrás”, resaltó.

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Hace un año tanto los tribunales como los juzgados suspendieron los términos y plazos en los procesos, pero fueron retomadas durante el año por medio de turnos y bajo lineamientos establecidos por el OJ. En esta ocasión, la circulación POJ- 04/2021 establece que la incorporación del personal a sus labores deberá cumplirse bajo el Protocolo de Prevención covid-19, el cual fue autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En cuanto a las medidas de protección e higiene a excepción del uso de pediluvio en las entradas de las instalaciones y la práctica de llevar registro de las visitas. Los jefes inmediatos son los responsables de velar por el cumplimiento de dicho protocolo y en caso el mismo no sea observado por el personal a su cargo deberá iniciar las acciones disciplinarias correspondientes”, se lee en el documento.

Además, establecen que serán los secretarios de los órganos jurisdiccionales quienes deben velar por el cumplimiento del aforo en las salas de audiencias. Tampoco recomiendan la autorización del ingreso de los pasantes a las sedes judiciales y dependencias administrativas, salvo que se cumpla con el distanciamiento social.

Hasta ahora el personal administrativo y de los instancias judiciales trabajan algunos por turnos y bajo esta medida todos deberán regresar a la normalidad y hacer sus turnos de forma presencial.

Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, explica que, esta disposición les preocupa a varios jueces y magistrados porque aún no se sabe que consecuencias podría traer.

En el caso de las Torre de Tribunales, dice Ruano, no todos los ascensores funcionan y lo abordan cuatro personas por lo que podría complicarse para hacer cumplir las medidas sanitarias como el distanciamiento social.

Además, el juez señala que esta medida es preocupante para otros colegas porque estarán  bajo su propio riesgo yendo a laborar de forma presencial, pese a que se ha anunciado que el país atraviesa por una tercera ola de contagios covid-19.

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Los contagios entre los trabajadores y la muerte del Juez de Instancia Penal de Turno de Chiquimula, Noé Rivas Chamo, preocuparon aún más a los jueces y magistrados, por lo que la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) por medio de un comunicado pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que velen y garanticen el cuidado y protección por el nuevo coronavirus entre los funcionarios y trabajadores de la institución.

Belgica Deras, presidenta de la AJMOJ, contó que la situación para algunos jueces es grave, tal es el caso del juzgador de Paz de San Marcos que se quedó en su judicatura en cuarentena por decisión propia, luego que se confirmaron contagios en el lugar y por lo mismo no quiso exponer a su familia. “Al inicio de la pandemia, la justicia recaía sobre los jueces de Paz estaban soportando todo el peso de la Ley porque no se podía cerrar por completo”, señaló.

Hasta el pasado 6 de julio, Deras explicó que tenían conocimiento de que 12 funcionarios –entre jueces y magistrados—están infectados; Mario Siekavizza, vocero de la institución, fue consultado al respecto de cuántos casos se registran en la institución, dio a conocer los datos, pero indicó que “por respeto a las personas afectadas y por tratarse de información personal, no se dan a conocer los datos específicos ni referenciales”.

Entre las medidas concretas que han solicitado los jueces a la CSJ también están las económicas. Deras explicó que el pasado 15 de junio pidieron un apoyo económico, no especificó de cuánto porque lo dejan a decisión de los magistrados, para los jueces y magistrados que son diagnosticados clínicamente de covid-19.

Asimismo, señaló que pidieron también la contratación de un seguro médico temporal —mientras dura la pandemia—para los funcionarios porque están en riesgo de contagiarse y los hospitales públicos están saturados.

“Tenemos sentimientos encontrados de dolor (por la muerte del juez), la impotencia de saber que nos pueden dar ese bono y un seguro temporal y lo estamos peleando ahorita”, indicó Deras.

Falta de liderazgo

Carlos Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad, explicó que desde marzo por medio de dos comunicados han solicitado a la CSJ que adopten medidas de seguridad para proteger a su fiscal. “Hay un segundo comunicado donde le reclamamos a la presidencia del Organismo Judicial porque veíamos que las medidas no eran eficaces”, aseveró.

Con respecto a la situación, Ruano afirmó que no han tenido el apoyo esperado de la presidencia de la institución, por lo que cree que durante la pandemia les ha faltado liderazgo. Asimismo, señaló que la mayor preocupación es porque los Jueces de Paz y de Turno están en contacto directo con detenidos como los que infringieron el toque de queda

“Se están exponiendo mucho. Si bien el Organismo Judicial ha dotado de insumos, gel antibacterial, mascarillas o incluso a los jueces que van a los centros de privación de libertad les han dado el equipo completo, pero hemos tenido quejas que solo les llegan en una ocasión no han tenido en una segunda o tercera y como es descartable. Entonces, han tenido que comprar con sus recursos esos insumos. También hemos tenido casos y fallecimientos de jueces y auxiliares judiciales, es grave”, advirtió.

El juez también indicó que la Asociación critica la conformación del Comité de Emergencia de la institución porque no está integrado por expertos que recomienden las medidas adecuadas, ya que, solo está armado por las dependencias administrativas.

“No digamos que no tengan la buena voluntad de tomar medidas, pero en esta situación se requiere de personas expertas, por lo menos nosotros quisiéramos que estuvieran con un enlace con el Ministerio de Salud Pública o con la Coprecovid para que pudieran asesorarlos o darles unas recomendaciones y adaptarlas”, sostuvo.

Ruano indicó que por parte de su asociación no han solicitado ninguna ayuda financiera por la pandemia, porque sabe que los recursos de la institución son limitados.

“La presidenta del Organismo Judicial indicó a medios de comunicación que había riesgo de no pagar salarios a partir de septiembre, considero que no puede ser viable esa solicitud por la situación económica del Estado, atendiendo a la baja recaudación. Pero es parte de los derechos de las asociaciones de hacer estos requerimientos”, explicó.

Suspensión

La Corte Suprema de Justicia decidió el pasado miércoles 8 de julio suspender por seis semanas todas la labores en los órganos jurisdiccionales del país, luego de conocer un informe del equipo médico del Organismo Judicial.

El documento señala que de forma conjunta los médicos solicitaron a la institución considerar la proyección de casos del MSPAS, por lo que recomendaron la suspensión de labores para el mayor número de órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas por seis semanas con excepción de las sedes judiciales que se consideren esenciales.

El pasado 7 de julio, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) solicitó a la CSJ que inmediatamente se suspendan de forma total las actividades de los trabajadores de la institución con goce de salario por seis semanas, debido al ascenso de contagios confirmados entre el personal.

El sindicato además pidió “qué la suspensión total de labores incluya que ya se realicen turnos”, ya que, con respecto a dicha petición el OJ conforme transcurre los días ha reanudado las labores de forma escalonada en los órganos jurisdiccionales de todo el país.

“Que de manera total todos los juzgados, tribunales y salas y todas las dependencias administrativas sean cerrados mientras dura esta muy difícil etapa de contagios, y que se limpien y saniticen todas las instalaciones físicas de todos los edificios de manera periódica sostenible”, solicitó el STOJ.

“Esto irá en aumento. ¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas eficaces? Yo entiendo que el sistema de justicia es un servicio esencial para la población, pero ¿en estas condiciones que tan recomendable es que los jueces y los auxiliares judiciales estén prestando el servicios sino hay garantías para evitar el contagio?”, se cuestionó Ruano.

Con respecto a esta solicitud, la mora judicial en los juzgados y tribunales las agenda llegarían hasta 2024 como la del Tribunal C de Mayor Riesgo a cargo del juez Pablo Xitumul, que conoce expedientes de hasta 208 procesados.

Por lo que Ruano señaló que, como mecanismo para evitar este retardo en los procesos, el OJ podría implementar audiencias virtuales en todo el país. Aunque hasta el finales de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó que se realicen las audiencias de esta forma en ocho órganos del Ramo Penal. “Es un mecanismo que podría generalizarse y aplicarse en todos los procesos”, destacó.

El sistema de justicia público está conformado por 714 órganos jurisdiccionales –salas, juzgados y tribunales—a nivel nacional, pero el protocolo de audiencias virtuales es exclusivo para ocho judicaturas del ramo penal.

Ruano señaló que la pandemia de covid-19 debería ser una oportunidad para actualizar los procedimientos y emitir reglamentaciones adecuadas para continuar el servicio de justicia en el país, porque hoy puede ser este nuevo virus y en el futuro podría ser otra enfermedad o situación.

“Que se cuenten con las herramientas, las disposiciones y los procedimientos para continuar prestando el servicio en otras modalidades y no afectar los procesos, los derechos de garantía. Porque por un lado el Colegio de Abogados ha presionado y exigido que no se cierren los tribunales, pero también están en riesgo los funcionarios y empleados de la administración pública después ellos llegan a sus casas contagian a sus familias, podrían generar mayores contagios y colapsar el sistema de salud”, advirtió.

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El presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, Haroldo Vásquez, indicó que ven inadecuado e inoportuno la decisión que tomó la comisión, contrario a lo que establece el presidente de la Comisión, por lo que está fuera de toda lógica.

“El juez además es abogado y hay jueces que tienen 10, 15, 20 y 30 años ejerciendo su trabajo y dentro de un sistema democrático, y por principios básicos de lo que corresponde a la carrera judicial, las personas que inicialmente deben de estar en la mayor posibilidad, porque están trabajando en lo mismo para llegar a Corte Suprema de Justicia, serían jueces y magistrados”, dijo Vásquez.

El juez indicó que la carrera judicial está más cimentada por los jueces que por cualquier otro funcionario del Poder Judicial.

“Esa interpretación que se hace por parte de la Comisión de Postulación de CSJ la tomamos fuera de toda lógica, fuera de contexto y más pareciera una interpretación antojadiza para eliminar a cualquier juez que pueda tener una carrera judicial basada en méritos que por su trayectoria de independencia judicial y que pudiera llegar a las altas cortes”, refirió.

“Las personas más visibles en este momento para poder ocupar altos cargos son precisamente varios de los jueces que están dentro del sistema de poder judicial. La decisión es desconocer un reconocimiento a los jueces que tiene larga trayectoria como funcionarios del poder judicial. En la actual Corte hay más de alguno de los magistrados que solo ha sido juez”, concluyó.

Por aparte, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Mynor Moto, manifestó que se deben analizar varios aspectos y que no se puede aplicar aisladamente la Constitución y dejar por fuera la Ley de la Carrera Judicial.

“Este proceso ya supero los límites de octubre de 2019, porque no se respetaron los principios de la Ley de la Carrera Judicial y si están disponiendo que solo puede aplicar a magistrados para la CSJ los magistrados de sala y abogados con más de 10 años está mal, no se puede aplicar la Constitución sola, sino que debe de integrase con las demás leyes”, dijo Moto.

El artículo 77 de la Ley de la Carrera Judicial establece que la Corte se integrará por un porcentaje de jueces, otra de magistrados de apelaciones y otra por abogados litigantes. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que todos los profesionales egresados de las universidades del área de Derecho, que terminen su colegiación, son jueces y tienen oficina se les va contando el tiempo como ejercicio profesional a todos por igual.

Ambas asociaciones coinciden en que analizan impugnar la decisión de la comisión de postulación.

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Indicó que el Estado brindó protección a Villaseñor entre 1994 y 2013, cuando se desempeñó como jueza, pero no investigó hechos ocurridos en 1994, cuando enfrentó actos de intimidación ni situaciones de peligro que sufrió en años posteriores.

En el fallo se menciona que la jueza sufrió amenazas directas, como la advertencia del secuestro de su hija, así como daños “intencionales” a sus bienes y actos de vigilancia. Uno de los guardias asignados para su seguridad fue retenido, golpeado, drogado e interrogado para obtener información del actuar de la profesional.

“Distintas fuentes indican que durante la década de 1990 y al menos hasta 2012, existió en Guatemala una situación de inseguridad respecto de operadores de justicia, quienes podían verse expuestos a diversos actos de intimidación o agresión relacionados con su función”, señaló la sentencia de la CIDH.

Agregó que ello comprometió la independencia judicial sin que hubiera una respuesta del Estado para garantizar los derechos de Villaseñor y los de sus familiares.

“Quedó acreditado que el Estado tuvo conocimiento de todos los hechos señalados como intimidatorios por diversos medios, inclusive distintas presentaciones y denuncias efectuadas por la jueza en el ámbito interno”, apuntó la sentencia.

El tribunal interamericano ordenó a Guatemala publicar la sentencia y pagar a la jueza una indemnización por daño inmaterial.

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La solicitud fue entregada el pasado 19 de noviembre.

El presidente de la AJM, Marlon López, recalcó que el bono responde al incremento de los precios de la canasta básica durante el mes de diciembre. Explicó que se está haciendo una petición en base a la disponibilidad financiera del OJ y de no ser viable no se seguirá insistiendo.

“Estamos sujetos a la buena voluntad y la capacidad presupuestaria para que pueda accederse. Quizás no al monto que se ha solicitado, pero sí a un monto que ayude a nuestros trabajadores en esta época” señaló López.

Los trabajadores del OJ han recibido por dos años consecutivos –2016 y 2017– un bono de fin de año por un monto de Q4 mil.

Incremento salarial

El pasado 3 de septiembre las autoridades del OJ firmaron un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el STOJ que tendría vigencia por los próximos dos años.

Se trata de un incremento salarial de Q800 al salario base y uno de Q200 al bono mensual que reciben los trabajadores. Asimismo se incrementa en Q500 la prima vacacional que reciben los trabajadores, quedando en Q1 mil 500 para el 2019 y 2020. El aumento se pagará de forma retroactiva a partir de julio.

Dicho pacto tendría un costo de Q90 millones adicionales este año.

Otros beneficios

Entre los beneficios que se contemplan en el pacto colectivo se pueden enumerar:

1. Los trabajadores reciben un bono de Semana Santa de Q3 mil.
2. Un bono anual del 5% sobre su salario –que se recibe en septiembre–.
3. En bono de Q300 si cursan la universidad y uno de Q2 mil para la impresión de la tesis.
4. Tiene derecho a solicitar una licencia con goce de salario de hasta dos meses por cuestiones médicas.
5. Un bono de un auxilio post mortem, que en el caso de fallecimiento del empleado, el OJ otorga Q100 mil a la familia.

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