Un día después de que el exjuez Miguel Ángel Gálvez anunciara su renuncia desde el exilio, el Organismo Judicial (OJ) comunicó este miércoles 16 de noviembre que su dimisión fue aceptada y que la plaza para dirigir el Juzgado de Mayor Riesgo “B” salió a convocatoria.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinó aceptar la renuncia de Gálvez, quien la noche del pasado martes durante una entrevista con la cadena CNN en Español se declaró oficialmente en el exilio, pues asegura que en Guatemala no hay garantías para regresar.

“En relación a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, se confirma que fue aceptada. También se ha ordenado sacar la plaza a convocatoria”, dice un mensaje de texto enviado por Esquivel.

Gálvez, quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, renunció el martes pasado denunciando falta de independencia judicial en Guatemala.

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“El día de hoy (martes) presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal”, dijo Gálvez en un video difundido en la red social Twitter.

Gálvez salió a inicios de noviembre a Costa Rica a un foro, pero se desconoce su paradero y según ha confirmado el jurista se quedó en el extranjero, aunque el destino exacto se desconoce.

El juez enfrentaba un proceso para despojarlo de su inmunidad a petición de una organización que lo acusa de ordenar “detenciones ilegales” de militares retirados.

“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde”, afirmó Gálvez, quien desde 2016 cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.

Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.

El Ministerio Público (MP) ha negado en varias oportunidades los señalamientos que hacen los exjueces y exfiscales que han salido del país y señala que es obligación constitucional que la Fiscalía investigue todas las denuncias interpuestas.

“El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo recientemente la Fiscalía.

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“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.

El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada y sin su presencia porque fue diagnosticado de demencia y otras enfermedades.

El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.

Gálvez en su mensaje hizo un llamado a la población guatemalteca para que se organice y no le roben “las posibilidades de una justicia que añoramos”.

Con información de AFP

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ha cuestionado la designación del pesquisidor, Roaldo Chávez, para conocer la petición del retiro de su derecho a antejuicio y lo recusó porque justifica que tiene intereses en común con la Fundación contra el Terrorismo y procesados por corrupción en el caso Cooptación del Estado.

Gálvez, en la recusación expone que Chávez fue asesor del Ministerio de Gobernación cuando Mauricio López Bonilla lo dirigía, eso durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

En el documento, el juez señala que él ha conocido procesos de corrupción en contra de Bonilla.

Asimismo, Gálvez advierte que Chávez ya se conocía con el querellante, Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, debido a que estableció que se graduaron en la misma promoción y universidad.

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Las inconsistencias de haber designado a Chávez que señala Gálvez no terminan, pues señala que Roaldo es hermano de Luis Chávez, quien fue diputado al Congreso de la República por el partido Líder y que el exvicepresidenciable de esa organización, Édgar Barquín, fue condenado por corrupción por él en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

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Rechazo

La recusación la conoció Chávez y no la aceptó, por lo que esos alegatos serán conocidos por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su argumento el pesquisidor, Chávez, expuso: “Yo no tengo ningún tipo de interés directo o indirecto en las diligencias y tampoco tengo relaciones de amistad íntimas con el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle como lo quiere hacer ver el interponente, pues, la amistad y el profesionalismo son cuestiones totalmente independientes”.

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En el documento en el que se rechaza la recusación, Chávez no se refiere a la relación de su hermano que mantuvo con el cancelado partido Líder y su relación con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

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El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, participó este lunes 5 de septiembre en una reunión virtual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde se abordó la situación de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en Guatemala.

La exposición de Gálvez se centró sobre el riesgo que corre el estado de Derecho y la independencia judicial, así como el hostigamiento a jueces de tribunales de mayor riesgo, especialmente por procesos relacionados con conflicto armado y crimen organizado.

El 6 de mayo de 2022, el juez Gálvez dictó un fallo judicial que ordenaba enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar, por su presunta participación y responsabilidad de cometer delitos de lesa humanidad entre los años 1983 y 1985, hechos que afectaron a 183 personas.

Luego de la resolución Gálvez Aguilar denunció ser víctima de constante hostigamiento y acusaciones.

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“Estamos siendo perseguidos por grupos que buscan ganar impunidad en el país”, dijo Gálvez ante el Parlamento Europeo, a quien le expuso que el sistema de justicia de Guatemala actúa de forma concertada con esos grupos y que “los jueces independientes estamos desprotegidos”.

También expuso que en Guatemala se perdió la separación de poderes y “prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político”.

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Respecto al retraso en el cambio de cortes en Guatemala, señaló que eso ha provocado un desgaste en la administración de justicia porque no hay garantías para que jueces ejerzan justicia independiente.

“El poder político de turno llegó a tomar todas las instituciones, especialmente el Organismo Judicial (OJ), que va para 4 años sin plazo constitucional, porque los diputados no han podido elegir magistrados”, dijo Gálvez.

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Gálvez concluyó su participación con tres solicitudes al Parlamento Europeo: que se conceda audiencia a operadores de justicia en Guatemala para “escuchar de primera mano la grave crisis de la administración de justicia”, que una delegación del Parlamento visite Guatemala para que “vean los riesgos que enfrentan los operadores de justicia” y que “se exhorte al Estado a que cumpla con obligaciones internacionales en materia de independencia judicial”.

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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

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En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidades Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.

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A la pregunta de que si ¿podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez? Respondió: “claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

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Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, enfrentarse a algún tipo de intimidaciones y transcurridos los días señala pasividad de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para atender el tema, pues ninguno ha hecho algún pronunciamiento oficial al respecto, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez dejó claro que lo que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

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Hay un documento que se ha enviado a la CSJ y este tiene una razón de ser, cuéntenos cómo surge esa petición

“El tema que se está discutiendo es lo que corresponde a la independencia judicial. A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez, si sale una persona de una audiencia y no da la conferencia de prensa y les indica que él se va a encargar del juez, eso significa que es como consecuencia de una resolución, y se supone que las autoridades máximas son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo que se pretendía era que al ponerles en conocimiento -a los magistrado- los problemas que se estaban dando, ellos se tenían que haber pronunciado, pero lamentablemente no lo hicieron, o sea ellos adujeron que lo que yo necesitaba era más seguridad, pero el fondo de lo que se pretendía era un pronunciamiento de ellos con relación a que se estaba restringiendo, se estaba limitando el ejercicio constitucional del Organismo Judicial y de la independencia que le corresponde a un juez”.

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¿Cómo ve la carencia de pronunciamiento o la falta de tomar una postura de parte de la CSJ?

“Eso da la pauta a -ver- cómo están las instituciones y el problema es ese precisamente, el que no haya un pronunciamiento, pero el problema que se da es que lamentablemente se pierde más la confianza y la credibilidad que le tenemos que dar a un organismo que se encarga de administrar justicia, entonces allí es donde se da no solo el irrespeto a la población, sino que a los mismos sujetos procesal, porque se dan cuenta que pueden amenazar, que pueden gritar, que pueden ofender y eso se va replicando y hace perder el fundamento de un estado de derecho”.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”.

Debido a su cargo está expuesto a denuncias y presiones, ¿cree que estas han parado?

“Como jueces estamos conscientes de que no quedamos bien con todas las partes. Amenazas siempre han surgido, es más, hasta la libertad de expresión que se manifieste eso no es problema, el problema es que a esas manifestaciones cuando se les va encontrando sentido que no solo es una institución, sino que son varias eso ya preocupa. Si lo que dijo el personaje ese pues está en su derecho y no hay problema, pero cuando miramos que las instituciones se están acoplando a esos intereses como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entonces ahí es donde ya es preocupante, porque uno se da cuenta que los niveles de reconfiguración son muy altos, el caso, por ejemplo, decir ´ya saqué a Juan Francisco, ya saqué a Thelma, ya saqué a Erika, ahora me queda…´, eso es lo que uno va entendiendo que sí lleva una secuencia”.

¿Podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez?

“Claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

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¿Ante esta situación piensa seguir adelante?

“La profesión de abogado para mí es algo apasionado, los procesos son un libro más, considero que la justicia es sagrada, es una bendición y cómo no quisieras seguir haciendo lo que tengo ya casi 23 años de estarlo haciendo, entonces me quiero quedar, pues soy guatemalteco y quisiera ver un país en condiciones completamente diferentes”.

¿Ha pensado salir de Guatemala?

“De momento no. Considero que este es mi país y aquí es donde tengo que desarrollarme y que desenvolverme”.

¿Va a influir mucho este contexto en su trabajo?

“Por supuesto. Cada día los niveles son muy altos y soy consciente y se asume la responsabilidad, pero considero que no es justo y que no se vale, consideró que las mismas instituciones tiene que reparar en que si no se hace nada nos vamos a meter en problema en el que va a ser difícil que salgamos. Lo que tenemos que hacer con la sociedad civil y con toda la gente es dar pasos para consolidar un estado de derecho”.

“Por qué razón se me está limitando ese ejercicio a la independencia judicial, porque lo que quieren es decirme que es lo que tengo, se puede imaginar cómo se va a impartir justicia atendiendo a esos requerimientos, porque si hubiera dictado una resolución que le hubiera gustado a este personaje hubiera sido diferente. Entonces eso es lo que les perjudica, eso es lo que les daña, esa independencia que no se le puede decir al juez qué es lo que tiene que hacer, como me da la impresión de que hay algunos otros -jueces- que si les dicen que lo que tiene que hacer”.

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¿Cómo ve el surgimiento de grupos en su apoyo?

“Esto es natural con todos los acontecimientos que están pasando y la mayoría de estas manifestaciones, el caso de los 48 cantones, el caso del tema de la canasta básica, la gasolina y toda la cuestión es una forma de expresarse, la inconformidad es algo normal y por supuesto que tienen que existir manifestaciones, ahora el problema delicado, y yo de este tema desconozco qué fue lo que pasó, pero se supone que el día martes atentaron en contra de una persona, independientemente de quién era o qué andaba haciendo consideró que el elemento fuerte es que se haga una investigación y que se establezca qué fue lo que pasó porque no se vale el atentar contra la vida de nadie, mucho menos de una persona que se estaba desenvolviendo en cierto ámbito”.

¿Ese crimen le causa alguna preocupación tomando en cuenta que la personas era parte de un movimiento que lo apoya?

“Por supuesto, sería mentirle y tampoco lo van a creer, pero en las condiciones que está el país es lógico que cualquier persona inmediatamente relacione una cosa con la otra y por eso las autoridades están en la obligación de esclarecer qué fue lo que pasó para evitar esas formulaciones, yo soy ajeno completamente a ese tema, pero tengo entendido que llevaba algunos stickers y que estaba entregando a diversos grupos esa papelería, pero eso a mí no me consta e indistintamente qué haya pasado, el Estado tiene la obligación de esclarecer el asesinato.

“Yo sigo trabajando, un poco preocupado, pero indistintamente quiero seguir y voy a seguir trabajando”.

Posturas

Ante los señalamientos del juez Gálvez sobre la falta de pronunciamiento de las autoridades, la CSJ informó que “en relación al memorial presentado por el Juez Gálvez, fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial se realice un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad. Asimismo, se ofició al ministro de Gobernación que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador tiene medidas otorgadas por la CIDH”.

Al respecto el Ministerio Público Refirió que se “ha actuado siempre con objetividad, imparcialidad y apegado a su mandato legal y constitucional”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, pues nadie es superior a la ley y esta es su función, según lo establece la Constitución Política de la República, y es a través de la investigación que se determina si existe la comisión de un hecho ilícito o no.

Referente al caso de los Jueces, la Fiscalía señala que “ellos gozan del derecho de antejuicio, por lo que se debe agotar todo el procedimiento y si el órgano competente resuelve levantar la inmunidad, el Ministerio Público inicia con la investigación”.

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Agregó que “la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas se apersonó al juzgado, previa coordinación telefónica con el juez para tomar la denuncia; sin embargo, manifestó que él iba a presentar la denuncia en el transcurso de esta semana. Ayer -jueves- se presentó nuevamente personal de la Fiscalía e indicó de nuevo que él la estaría presentando”.

Agrega que “por los hechos que manifiesta, la Fiscalía considera que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, por lo que es necesario contar con la colaboración de la parte denunciante. En ese sentido, el personal de la Fiscalía se ha apersonado varias veces al juzgado para que realice su denuncia; sin embargo, el juez ha manifestado que lo hará posteriormente.

Ciudadanos y activistas que integran un movimiento de apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez brindaron una conferencia de prensa en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y confirmaron que Luciano Colorado, el hombre que fue ultimado el miércoles último en el Anillo Periférico, zona 3; estaba vinculado a la organización.

según los activistas, Luciano estaba en el lugar del ataque porque invitaba a personas del asentamiento El Incienso a participar en la manifestación a favor del juez Gálvez del viernes.

Los miembros del movimiento, entre ellos la exdiputada Sandra Morán, conformaron que Colorado llevaba playeras para regalar a las personas que se integrarían a la manifestación, cuando fue ultimado, asimismo piden una investigación del caso porque no descartan sea una amenaza para el resto de los simpatizantes del juez Gálvez.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó recientemente los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a 9 exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes por el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles “los que vive” y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

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La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a 9 exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

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La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

Con información de EFE

Albio Sires, representante de Nueva Jersey en el Congreso de EE. UU., mostró preocupación por las amenazas que ha sufrido el juez Miguel Ángel Gálvez e instó al Gobierno de Guatemala que garantice su protección para que pueda continuar con su labor.

“El juez Miguel Ángel Gálvez busca justicia para las víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. Pido al gobierno guatemalteco que lo proteja para asegurar que pueda seguir con este trabajo crucial a la luz de las amenazas contra su vida”, escribió el congresista Sires en su cuenta de Twitter.

El mensaje del congresista fue acompañado de una nota de prensa en la que se describe el hostigamiento del cual ha sido víctima el juzgador, quien ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto.

El juez Gálvez fue víctima de amenazas tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a nueve militares y policías en condición de retiro por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes pasado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Además, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por Gálvez. “Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve militares y policías retirados por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

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La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

Judge Miguel Ángel Gálvez is seeking justice for victims who were tortured, disappeared, and extrajudicially killed. I call on the Guatemalan gov to provide increased protection to ensure that he can continue this crucial work. https://t.co/sXr0OmiVtB

— Albio Sires (@RepSires) May 13, 2022

Con información de EFE

En la audiencia de primera declaración de seis militares en situación de retiro se denunció públicamente que vehículos sospechosos han dado seguimiento a quienes intervienen en el caso Diario Militar o Dossier de la Muerte.

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“El Dossier de la Muerte” registra desapariciones forzadas perpetradas en la década de 1980. 37 años después de esos hechos se ha procesado a seis militares retirados, quienes son señalados de 12 de los 175 secuestros que registra el documento; sin embargo, en la audiencia de primera declaración se alertó que vehículos sospechosos vigilan al juez, fiscales, investigadores y querellantes que participan en el caso.

El 1 de junio último, en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, la defensa del militar retirado Jocobo Salán Sánchez, quien se entregó a la Justicia, solicitó libertad simple, pero la Fiscalía de Derechos Humanos se opuso y denunció que el caso es sensible y hay investigadores que están siendo vigilados.

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“Los fiscales hemos sido perseguidos, han llegado a entrevistar a investigadores a la Dicri, se harán las denuncias por el seguimiento y persecución que hemos tenido”, denunció la Fiscalía.

El 1 de junio último, en la audiencia en que se dictó prisión preventiva a los seis militares procesados la Procuraduría de los Derechos Humanos quien participa en el caso como querellante denunció que sus abogados también son vigilados.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ordenó: “Sí considero que es prudente, en virtud de tener conocimiento que este tipo de acontecimientos se está dando, de remitir un oficio a la Policía Nacional Civil para que se dé la protección a la Procuraduría de los Derechos o al menos que haya un control directo para que al momento de establecer una situación de esas -la vigilancia- se llame a la Policía inmediatamente y puedan identificar a las personas -que persiguen-”.

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Las persecuciones no se quedan ahí, el jueves último Gálvez también denunció que lo siguen. “Con mucha pena también en mi caso… también siento que me han dado seguimiento, pero por supuesto esto a la hora que haya necesidad lo pongo de conocimiento, porque tengo medidas precautorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, lamentó Gálvez.

El jueves último los seis militares en situación de retiro procesados fueron enviados a prisión preventiva mientras se investiga más el caso.

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El OJ se pronuncia

En tanto, el Organismo Judicial emitió este lunes un comunicado en el que asegura que Gálvez no ha reportado, ni a la Dirección de Seguridad ni a la Corte Suprema de Justicia “sobre alguna persecución o seguimiento de vehículos sin placas”.

Explicó que el juez se encuentra gozando de su período de vacaciones y reafirmó que cuenta con medidas precautorias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como parte de ello, Gálvez “se encuentra debidamente resguardado y con un alto esquema de seguridad correspondiente al cargo que sustenta”.

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— Organismo Judicial (@OJGuatemala) June 15, 2021

Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, presentó su postulación como candidato para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

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Gálvez es el segundo candidato que se acerca a la comisión de postulación que desde este lunes está recibiendo los expedientes para integrar la nómina que se presenta al Congreso para la elección de los magistrados.

El juez Gálvez tiene casi 20 años trabajando en el sector justicia. Ha integrado juzgados en Quiché, Sololá, Salamá, Chiquimula, Alta Verapaz y la ciudad capital.

Según mencionó, en ocasiones anteriores se ha postulado para integrar la CSJ, pero agrega que ha tenido “mala experiencia”.

“Consideré prudente confiar en las comisiones y espero que llegue gente transparente a estos cargos”, agregó.

La magistrada de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Zonia de la Paz Santizo, fue la primera persona en entregar su hoja de vida para poder ser candidata para integrar la (CSJ).

En simultáneo se está llevando a cabo el proceso de selección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

La comisión de postulación para la cortes de Apelaciones empezó a recibir los expedientes de los candidatos el pasado sábado. La recepción de expedientes para ambas comisiones finalizará este viernes para que el próximo 23 de septiembre se entregue la nómina de los candidatos al Congreso de la República, quienes serán ellos los que elegirán a los candidatos mejor calificados para integrar ambas cortes.

#Ahora | El juez Miguel Ángel Gálvez presenta su hoja de vida para ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/iTqi2R2qj1

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 27, 2019

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Nicté Ochoa, secretaria de la Sala, expresó que no se ha violentado ningún derecho de la procesada y que el juez Gálvez, tiene la competencia para seguir con el caso porque no hay nada que lo impida.

La procesada presentó la acción judicial por medio de su abogado Mario Cuevas, con la finalidad de retirar al juzgador del proceso en su contra por considerar que carecía de competencia. A la petición de Ayuso se sumaron otros 11 abogados defensores, sin embargo, la Sala confirmó a Gálvez.

Ayuso se vio involucrada en una riña con una guardia de seguridad del Organismo Judicial, al momento en que era registrada previo a su ingreso a la Torre de Tribunales.

El 19 de agosto último se llevó a cabo la última audiencia dentro del proceso contra 50 involucrados en el caso Cooptación del Estado, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El caso se encuentra en investigación y está pendiente que el Ministerio Público presente la acusación contra los procesados.

Lágrimas, oraciones, enojo y también alegría —para quienes se declaró falta de mérito— fueron las reacciones más evidentes entre  los implicados en el caso  Cooptación del Estado, después  de  la resolución emitida por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

Algunas de las personas  ligadas a proceso, no conformes con el juez, señalaron  que solicitarán cambiar el delito que les impuso en la audiencia de primera declaración que se desarrolla en la  Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde hace 27 días.

Tal como lo había anunciado Gálvez el último martes, ayer empezó con los argumentos que sustentarían el delito de asociación ilícita que le  dictaría a  algunos de los implicados.

Mientras hablaba  el juzgador, el suspenso fue evidente en los rostros de los abogados defensores,  los detenidos y sus familiares, e incluso  de los guardias del Sistema Penitenciario, quienes  permanecieron de pie, como todos los días.

Según avanzó la explicación de Gálvez, las expresiones pasaron del suspenso a la angustia en la mayoría de los implicados. No faltaron quienes, para disimular su desesperación, observaron su celular o platicaron.

Pasada una hora el juez, luego de beber un poco de agua, mencionó que Rafael  Francisco Cetina no sería ligado a proceso por el  delito  de asociación, sino por otro, y esas frases  asustaron a  los presentes, quienes se preguntaron en qué momento había empezado a leer la resolución.

Luego mencionó que Edín Barrientos, vinculado por irregularidades en la venta de las acciones de Corporación de Noticias S. A., solo sería ligado a proceso por    lavado de dinero y no por asociación ilícita.

El anuncio impactó  a Barrientos quien, entre lágrimas de alegría por la decisión, abrazó a su hija quien es la abogada que lo representa. Previó a llorar había inclinado su rostro para persignarse.

Esas reacciones fueron percibidas  por el juez quien expresó: “Mejor voy a leer todo el documento con la resolución, porque me adelanté con  algunos datos”. Fueron las únicas palabras que hicieron reír a los presentes en toda la audiencia. 

Ya  listos para escuchar la decisión, algunos de los señalados se dieron   apretones de manos y  abrazos en muestra de solidaridad y apoyo.

En menos de 20 minutos el juez de Mayor Riesgo B mencionó a las personas que  serían  ligadas a proceso y los delitos.   También  los cuatro a los que se les dictó falta de mérito por no haber indicios suficientes por parte del Ministerio Público (MP).

Risas y silencio

Luis Fernando Montiel y Marvin Estuardo Díaz Sagastume —dos de los que quedaron con falta de mérito— rieron al escuchar al juzgador.

Una situación diferente vivió el 90 por ciento de los implicados, aunque algunos que tenían varios delitos quedaron  solo con uno.

“La verdad me siento muy emocionado y contento  porque la decisión me beneficia; tengo cómo probar a un cien por ciento el financiamiento”, aseveró el empresario Gustavo Alejos Cámbara, quien también está vinculado al caso Negociantes  de la Salud.

El exabogado de Roxana Baldetti, Mario Cano, quien también quedó ligado solo por un delito, dijo disgustado  que pedirá las reformas. “Me llama la atención el prefijo que utilizaron los fiscales, el cual difiere con el argumento del juez respecto al lavado de dinero”, aseguró. 

Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación  y Rudy Gallardo, exdirector del Registro Nacional de Personas (Renap),  —ambos ligados a proceso por los contratos  de seguridad privada—, refutaron  la resolución  por considerar que no hay argumentos, pues lo “único”  que los relacionaba eran las declaraciones de Juan Carlos Monzón, las cuales no usó el juez.

El expresidente Otto Pérez Molina, resignado, declaró que no esperaba otra situación por estar ligado a proceso en otros casos  y aseguró que Gálvez resolvió apegado a Derecho.

Además se quejó por el  atraso que hay en los otros dos casos en los que lo implica el Ministerio Público —La Línea y TCQ—.  “Esperamos que no sea como el caso La Línea. Ahí los primeros detenidos tienen un año  y tres meses de estar en prisión… eso viola   los derechos del sindicado”, afirmó.

Roxana Baldetti, como de costumbre, no quiso hablar con los medios sobre su situación.

Un receso distinto

A diferencia de otros días, en el receso de la audiencia de ayer se observó un ambiente más tenso.

• Besos: implicados recibieron, además de abrazos, besos de sus parejas como muestra de apoyo. 
• Imprudencia: Jhonatan Harry Chévez, por evitar dar la vuelta para conversar con otros implicados, se   cruzó las  sillas instaladas en la sala. 
• Permanencia: A diferencia de otros días, Roxana Baldetti no se movió de lugar. 
• Solitarios: Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de la Defensa, y Juan de Dios Rodríguez, exjefe del IGSS, permanecieron solos varios minutos en el receso.