MP retira solicitud para archivar denuncia contra exjuez Gálvez y permite que el proceso continúe

El Ministerio Público desistió de su solicitud de archivar una denuncia contra el exjuez Miguel Ángel Gálvez, lo que permitirá que la investigación en su contra continúe.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

23 de julio de 2025 | 21:00h

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Miguel Ángel Gálvez Aguilar era el juez titular del Juzgado B de Mayor Riesgo. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó un memorial ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal para desistir de la audiencia programada para el 14 de agosto, en la cual se discutiría la solicitud de desestimar y archivar una denuncia contra el exjuez Miguel Ángel Gálvez.

El memorial para archivar la investigación fue presentado el 4 de junio por la auxiliar fiscal Jackelinne Ernestina López. No obstante, el 15 de julio se presentó un nuevo escrito en el que se retiró dicha petición.

Esta nueva solicitud fue planteada por la auxiliar fiscal María Eugenia Aragón García y aceptada por la judicatura a cargo del proceso, lo cual significa que la investigación contra Gálvez continuará.

La jueza Nely Eunice González, a cargo del caso, había programado la audiencia del 14 de agosto para conocer los argumentos de la desestimación. Sin embargo, esta ha quedado cancelada.

A través de sus redes sociales, la Fundación contra el Terrorismo —querellante en el proceso contra Gálvez— informó que denunció a la auxiliar fiscal López por supuestamente intentar favorecer al exjuez al pedir el cierre del caso.

El caso

Miguel Ángel Gálvez fue juez del Juzgado de Mayor Riesgo B. Fue denunciado por la Fundación contra el Terrorismo por presuntamente “haber abusado de la figura de prisión provisional” en varios procesos, entre ellos los casos La Línea y Diario Militar. El togado salió del país en noviembre del 2022. Consultado el abogado Herber Pérez, defensor de Gálvez, confirmó la cancelación de la audiencia originalmente prevista para analizar la desestimación. Sin embargo, indicó que desconoce los motivos del MP para retirar su solicitud.

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Samayoa comentó que algunos guatemaltecos que se encuentran fuera del país se han puesto en contacto con la comisión y han expresado el interés de volver a Guatemala. Como respuesta, el comisionado les ha garantizado que no habrá ningún tipo de intimidación.

Sin embargo, Samayoa hizo la aclaración que se refiere al actuar exclusivamente del Ejecutivo, pues por la independencia de poderes no puede asegurar el mismo extremo por el MP y el Organismo Judicial.

“Es el sistema de justicia quien toma las decisiones sobre la persecución penal, el Ejecutivo no puede intervenir, es un poder independiente y el presidente Bernardo Arévalo es respetuoso a la independencia de poderes”, dijo Samayoa.

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Explicó que desde la Copadeh se promoverá el respeto, los derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) respecto de algunos casos.

“Lo que sí podemos hacer es promover lo que han mencionado los organismos internacionales, eliminar la preocupación de una posible persecución a la libertad de expresión”, indicó Samayoa.

Autoexilio

Al menos 46 exoperadores de justicia y 26 periodistas guatemaltecos viajaron a Estados Unidos para evadir investigaciones o intimidaciones por su trabajo. Jueces, fiscales, activistas y periodistas se autoexiliaron en los últimos cinco años.

Desde que el expresidente Jimmy Morales no renovó la estadía de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), y declaró no grato al jefe de la extinta instancia, Iván Velásquez, los actores claves en el actuar del Ministerio Público en esos años decidieron dejar el país por miedo a represalias.

La primera que buscó refugio en Washington fue la exfiscal general, Thelma Aldana. Luego salieron del país Francisco Sandoval, Miguel Ángel Gálvez, Érika Aifán, Claudia Paz y Paz, entre otros. Algunas personas, incluso, no hicieron público que salían del país.

De los 72, algunos tienen denuncias o son objeto de investigación en alguna fiscalía, pero otros salieron de Guatemala al sentirse intimidados por el actuar de algún funcionario.

Casos judicializados

Una acción que podría tomar el gobierno central, a criterio de Carmen Aída Ibarra del Movimiento ProJusticia es retirarse de los casos en los que figuran como partes procesales requiriendo sanciones.

“Vale la pena que la Copadeh y el presidente analicen ese cúmulo de acusaciones en las cuales está el estado de Guatemala con representación de la Procuraduría General de la Nación, para que proceda a retirarse como como parte interesada en ese tipo de casos”, recomendó Ibarra.

A su juicio, no pueden hacer mucho más desde el gobierno central porque con los casos judicializados o investigaciones del MP ya no tiene potestad el presidente.

En esos casos, la decisión de regresar va de la mano con la idea de que sean conducidos a la Torre de Tribunales al ingresar al país, si cuentan con orden de captura.

“En ese sentido, el Estado tiene que garantizar que, si deciden regresar y someterse a la justicia, sus derechos serán respetados, aún dentro de los centros carcelarios, para que no sean ahí objeto de ningún brejamen”, apuntó.

En esa misma línea, se pronunció Sergio Morales, exprocurador de los Derechos Humanos. El exfuncionario recomendó que basandose en las resoluciones de la Cidh se evaluén las acciones a las cuales hace referencia la instancia internacional para tomar decisiones al respecto.

“Una disposición presidencial para evaluar la validez de las capturas con amparo en las resoluciones de la Corte Interamericana puede ser un camino. Lo que no creo que pueda ser un camino es que en forma arbitraria se pueda descalificar una investigación”, advirtió Morales.

Además, añadió que es una línea delgada en la qe estaría actuando el Ejecutivo para no sobrepasarse de sus funciones. “El gobierno tiene una tarea muy delicada”, comentó.

Sut Ren fue trasladada a la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, debido a una recomendación que emitió el Departamento de Seguridad, luego de que la funcionaria solicitara que se efectuara un análisis de riesgo.

Tras la evaluación, según la Fiscalía, se determinó que era necesario efectuar el traslado de Sut Ren para minimizar su exposición de vulnerabilidad, por lo cual se emitió recomendación a la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, se confirmó que las medidas de seguridad con las que ya contaba continúan de la misma manera.

El MP indicó que “las investigaciones continúan su curso normal” y que los casos siguen en la Fiscalía de Derechos Humanos “sin ningún inconveniente”.

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Cambios en torno al caso Diario Militar

Previo al cambio de la fiscal Sut, también cobró relevancia que el juez Miguel Ángel Gálvez, quien conocía el caso Diario Militar y había enviado a juicio a nueve implicados en el mismo, entre policías y militares retirados, abandonó Guatemala y salió al exilio.

El jurista suma hasta ahora cuatro meses fuera del país, tras denunciar hostigamiento e intimidaciones, así como denuncias infundadas.

Para Gálvez, su salida se debió a la falta de garantías para enfrentar los procesos por los que se le señalaba. Además, percibió la falta de protección y seguridad, pese a que denunció que era perseguido y objeto de vigilancias, por lo que elevó la alerta y solicitó la revisión de medidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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Gálvez emitió diversas resoluciones contra grupos del crimen organizado y crímenes de guerra. En 2012, ordenó enviar a juicio a Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad.

Asimismo, el entonces juez envió a juicio a los implicado en el caso La Línea, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina.

Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.

La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.

Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, Gálvez denunció haber sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivó a que el juez renunciará a su cargo y saliera al exilio.

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“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.

La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.

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“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.

Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.

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Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.

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El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y aceptó la renuncia de Gálvez al juzgado y avalaron lanzar la convocatoria para quienes estén interesados en optar al cargo.

Actualmente el Juzgado de Mayor Riesgo B tiene asignados 78 procesos que involucran a más de 1 mil personas, algunas en prisión y otras con medida sustitutiva.

Gálvez oficialmente tomó su periodo vacacional a partir del 2 de noviembre y dos días después viajó a Costa Rica, donde permanece actualmente. De acuerdo con la calendarización del Organismo Judicial, el periodo de vacaciones de Gálvez concluye el 30 de noviembre próximo y de no contar con un juez titular, la CSJ deberá nombrar a un suplente.

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Gálvez declaró el pasado martes que por el momento el país no le ofrece condiciones para regresar, además refirió que “en ningún momento estoy exiliado y en determinado momento cambiaria mis actividades, ya sea que me quede en otro país o regrese a Guatemala, esto previo a hacer un análisis con los abogados a fin de determinar que es lo prudente” dijo.

De los procesos

La mayoría de los casos se encuentran en etapa intermedia, algunos otros están pendientes del desarrollo de la audiencia de la presentación de los medios de prueba, lo que determina cuales de estos serán aceptados y presentados ante un Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo.

Entre los casos se encuentra el que se le denomina Los Lemus, el cual acusa a 14 sindicados por, supuestamente integrar una red criminal dedicada al tráfico de drogas y de influencias que operaba en Izabal; entre los sindicados se encuentran agentes policiales, civiles y dos jueces, Julio Vásquez Xol y Édgar Aníbal Arteaga López.

También se encuentra Cooptación del Estado el cual acusa a 59 personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti; en este proceso está pendiente de ejecutarse la suspensión de la orden de detención contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación en dicho proceso.

Además, se encuentra el proceso por la masacre de la Cumbre de Alaska, en el que se encuentran sindicados el coronel Juan Chiroy y ochos soldados más, señalados de la muerte de siete personas que manifestaban en el km 169 de la ruta interamericana, contra el alza a la energía eléctrica y en defensa del derecho a la educación.

El proceso denominado Cancerbero señala como a supuesto líder a Haroldo Mendoza Matta, quién espera audiencia en la que se deberá resolver si enfrentará debate oral junto a 13 personas señaladas de supuestamente integrar una estructura criminal que se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén.

La salida de Gálvez del país se confirmó el 5 de noviembre pasado, luego que él mismo denunciara que es víctima de persecución a consecuencia de sus fallos judiciales.

Este 16 de noviembre, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), emitió un comunicado para respaldar el trabajo del juez Gálvez, quien está en Costa Rica a donde había ido durante su período vacacional.

La AGJI, dijo que “manifiesta su respaldo al juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar, fundador de esta asociación, en su decisión de renunciar a la judicatura y salir del país , por los ataques en su contra y la imposibilidad de continuar ejerciendo la judicatura en Guatemala”, se lee en el documento.

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Añade que dicha asociación refrenda su compromiso por la defensa de la independencia y la integridad judicial.

Comunicado AGJI 11-2022.

La AGJI manifiesta su apoyo a Miguel Ángel Gálvez Aguilar @Miguelgalvezag

https://t.co/tg4koQUwIC pic.twitter.com/pjVPQmZfWz

— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) November 16, 2022

Por su parte, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), publicó también este 16 de noviembre un comunicado en el que “Manifesta su enorme preocupación al observar el rápido y grave deterioro del sistema de justicia en Guatemala. El uso del derecho penal para criminalizar operadores de justicia es un ataque directo al Estado de derecho, sobre todo cuando no se garantizan las condiciones mínimas del debido proceso”.

Afirma que las instituciones que deberían ser las primeras garantes y protectoras de la independencia judicial son las mismas que facilitan la estrategia de criminalización que afecta a personas en lo particular, pero genera un efecto intimidatorio en jueces y juezas en el cumplimiento de sus funciones.

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“La renuncia de Miguel Ángel Gálvez, juez de carrera de reconocida trayectoria a nivel internacional y nacional, es clara evidencia del desgaste del Estado de derecho y retrocesos del sistema democrático”, se lee en el documento.

La organización reiteró  “su respaldo a juezas y jueces independientes, como el juez Miguel Ángel Gálvez, lamentando su renuncia, consecuencia de ataques sistemáticos en su contra”.

La @FECAJUD respecto a la renuncia del Juez Miguel Ángel Gálvez @Miguelgalvezag

Comunicado 09/22: https://t.co/ArGHr6E7BF pic.twitter.com/RMb78qvk2u

— FECAJUD (@FECAJUD) November 16, 2022

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“Dejo Guatemala en condiciones lamentables”

Desde Costa Rica, Gálvez explica a Prensa Libre y Guatevisión, las razones que lo llevaron a presentar su renuncia.

Gálvez menciona que no existen condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El juzgador indicó que se encuentra gozando de su período de vacaciones en San José, Costa Rica.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El jurista compartió, por videoconferencia, que desde el 6 de mayo del 2022 fue objeto de ataques y amenazas a través de redes sociales y de persecución vehicular. “Me estaban dando seguimiento y la mayoría de las veces eran de carros que me daban la impresión de que estaban en la Corte, y me dieron seguimiento hasta llegar a la casa”, refirió.

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Gálvez tiene una trayectoria de 23 años en el Organismo Judicial (OJ), donde se ha desempeñado como juez del Ramo Penal, y desde el 2011 estuvo a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B.
Dijo que durante ese tiempo se desempeñó conforme a las normativas vigentes y trató de consolidar el estado de Derecho. “Dejo Guatemala en condiciones lamentables”, añadió.

Por su parte, el portavoz de la CSJ, Rudy Esquivel, confirmó que la carta de renuncia de Gálvez se recibió a las 12.55 horas, pero no brindó detalles sobre la fecha en que la misma podría discutirse en el pleno de la CSJ.

Sin embargo, cada miércoles los magistrados de la Corte en mención se reúnen para discutir y analizar documentos administrativos y judiciales, por lo que no se descarta que hoy conozcan la dimisión del juez.

Gálvez hizo énfasis en que de no aceptar su renuncia, el OJ lo estaría obligando a regresar a Guatemala, donde a su criterio no existen las garantías de seguridad y se atenta contra el estado de Derecho.

Antecedentes

La solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Gálvez surgió a partir de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) el 11 de mayo de este año, por un supuesto abuso de la figura de prisión provisional, al considerar que pudo haber incurrido en prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y realización de detenciones ilegales con causas agravantes en forma continuada.

El 4 de noviembre, Herbert Pérez, abogado de Gálvez, presentó por escrito en la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo las pruebas de descargo por el proceso de desafuero.
Sobre el caso en cuestión, Gálvez manifestó que le dará seguimiento y que no compareció a la audiencia porque cuando se presentó la excusa, uno de los requisitos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso era la publicidad, a lo cual no se dio cumplimiento.

La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y se nombró como juez pesquisidor a Roaldo Chávez, quien tuvo a su cargo el caso de la jueza Erika Aifán, quien salió de país el 23 de marzo último.

El juzgador pidió apartar a Chávez de su caso porque en el pasado fue analista jurídico de militares y compañero de universidad de Raúl Falla, el abogado que tramita los casos de la FCT.
El 15 de junio de este año, la CSJ dio trámite al proceso de retiro de inmunidad de Gálvez, decisión que fue respaldada por 12 magistrados.

El juez puntualizó ayer que al aceptar su renuncia, el antejuicio promovido en su contra perdería materia.

Si el OJ acepta la renuncia, Gálvez se convertiría en el tercer juez titular que renuncia a tener el control de un órgano jurisdiccional de Mayor Riesgo.

El abogado del juez Gálvez, Herbert Pérez, si se presentó a la audiencia y entregó las pruebas por escrito. Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, enfrenta un proceso para ser despojado de su inmunidad por señalamientos del Ministerio Público (MP), por una denuncia que promueve la Fundación contra el Terrorismo.

A su vez, Gálvez señaló en un video que publicó en su cuenta de Twitter, que no compareció a la audiencia porque esperaba que esta fuera pública para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, indicó que “se dictó una resolución en la que se aduce que la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, dijo Gálvez. Además, señaló que en la denuncia en su contra se hacía referencia a cinco procesos penales, pero tres procesos no le corresponden.

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Presentó descargo

El juez de mayor riesgo agregó que le dará seguimiento al proceso que, desde su punto de vista, “está atentando en contra de uno de los principios fundamentales que corresponde a la independencia judicial, especialmente al debido proceso”.

Su abogado defensor explicó este viernes que Gálvez presentó sus argumentaciones de descargo por escrito, pero el juez resolvió suspender la audiencia por ese motivo, pese a que existía esa facultad.

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Ante la ausencia de Gálvez a esta audiencia, Pérez explicó que ya se tenía conocimiento de que el juez pesquisidor del caso, Roaldo Chávez, resolvió que la audiencia no sería pública. El defensor dispuso entonces presentarse individualmente a la Sala Segunda de Apelación y presentó los razonamientos por escritos resguardados en una memoria USB, porque eran muy extensas.

Supuesta salida del país

A las 15:50 horas del viernes 4 de noviembre, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) aseguró que Gálvez abandonó el país. “Se registró la salida del Sr. Miguel Ángel Gálvez de territorio guatemalteco a las 6 horas de este día”, comunicó por mensaje Stuard Rodríguez, ante la consulta de periodistas.

Sin embargo, el juez descartó su salida del país, tal como indicó el IGM. En consulta que Prensa Libre hizo al juez sobre su supuesta salida, Gálvez indicó que se encontraba en Guatemala. “No, yo estoy en Guatemala (…) la posibilidad esa está cerrada y por otro lado, estoy de vacaciones”.

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Defensor habla acerca del proceso

“El juez pesquisidor debió de haber escuchado al querellante y al funcionario afectado, en este caso al juez Miguel Ángel Gálvez”, dijo Pérez al asegurar que la obligación legal es que se realicen todas las diligencias pertinentes, ante la suspensión de la audiencia.

Pérez sostuvo que “no existe veracidad” de los hechos de la querella contra Gálvez y explicó que, como parte del proceso el pesquisidor deberá emitir su informe para que se remita a la Corte Suprema de Justicia. El plazo, establecido en ley, es de 60 días para que pesquisidor pueda disponer del expediente.

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Gobierno reacciona a pronunciamiento

En torno al caso, el congresista demócrata, Albio Sires, representante de New Jersey, se pronunció y expresó su preocupación por el proceso judicial que Gálvez enfrenta, al hacer un señalamiento contra el Gobierno.

“Los esfuerzos del juez Gálvez de hacer responsable a los funcionarios por sus delitos, su corrupción y sus abusos lo han convertido en un blanco del gobierno guatemalteco y las organizaciones extremistas en el país”, indicó Sire en Twitter.

Quiero expresar mis preocupaciones sinceras por juez Ángel Gálvez y su familia en este momento. Además, condeno firmemente los intentos del gobierno guatemalteco de acallar el juez y obstruir justicia por las victimas de la violencia patrocinado por el Estado.

— Albio Sires (@RepSires) November 4, 2022

Por su parte el Gobierno rechazó el señalamiento del congresista estadounidense.

“El Gobierno rechaza categóricamente los comentarios vertidos por el congresista Albio Sires sobre una supuesta persecución contra operadores de justicia, lo cual carece de todo fundamento”, se indicó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

es respetuoso del Estado de Derecho y la independencia judicial. En la Constitución prevalece la separación de poderes, lo cual implica la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas, ya sea el Organismo Legislativo o Ejecutivo.

— MINEX Guatemala (@MinexGt) November 5, 2022

Organizaciones anticorrupción expresaron su respaldo a Gálvez y solicitaron que se cumpla con las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a favor del juez. A través de un comunicado, solicitaron que cese lo que califican como una persecución en contra del juzgador.

Organizaciones internacionales exhortamos al Estado de #Guatemala cumplir con las órdenes de la @CorteIDH y cesar la persecución contra el Juez Miguel Angel Gálvez. @lanegrisgt @hsanchezgt @jlsanz @JLobo2011 @jczamora @JLFont001 @concriteriogt @crfger @EmisorasUnidas pic.twitter.com/UOkgPhz3Jw

— Dr. Jo-Marie Burt (@jomaburt) November 4, 2022

Gálvez informó por medio del memorial respecto de la protección, esto con la finalidad de que los magistrados conozcan sin excusa alguna la resolución.

Las medidas de resguardo para el juez también incluyen a su familia. En la ratificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que Gálvez está en peligro y el juez asegura que hay persecución judicial en su contra por su labor.

El juez afirmó que según la resolución que entregó, el relator hace referencia de que Guatemala “debe dejar inmediatamente de abusar de la ley”.

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También dejar de acosar a los jueces, quienes deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil y penal.

Añadió que en 2021 y 2022, la CIDH constató la injerencia sistemática contra la independencia del sistema de justicia y advirtió sobre la intensificación de la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia.

Añadió que la Comisión recomendó proteger a los operadores de justicia contra ataques de intimidación, amenazas y hostigamiento e investigar quienes lo cometen.

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El 19 de septiembre recién pasado, mediante una teleconferencia  el juez  Miguel Ángel Gálvez y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

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La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

Gálvez, en la recusación expone que Chávez fue asesor del Ministerio de Gobernación cuando Mauricio López Bonilla lo dirigía, eso durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

En el documento, el juez señala que él ha conocido procesos de corrupción en contra de Bonilla.

Asimismo, Gálvez advierte que Chávez ya se conocía con el querellante, Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, debido a que estableció que se graduaron en la misma promoción y universidad.

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Las inconsistencias de haber designado a Chávez que señala Gálvez no terminan, pues señala que Roaldo es hermano de Luis Chávez, quien fue diputado al Congreso de la República por el partido Líder y que el exvicepresidenciable de esa organización, Édgar Barquín, fue condenado por corrupción por él en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

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Rechazo

La recusación la conoció Chávez y no la aceptó, por lo que esos alegatos serán conocidos por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su argumento el pesquisidor, Chávez, expuso: “Yo no tengo ningún tipo de interés directo o indirecto en las diligencias y tampoco tengo relaciones de amistad íntimas con el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle como lo quiere hacer ver el interponente, pues, la amistad y el profesionalismo son cuestiones totalmente independientes”.

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En el documento en el que se rechaza la recusación, Chávez no se refiere a la relación de su hermano que mantuvo con el cancelado partido Líder y su relación con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

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En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

“El último proceso de Mauricio López Bonilla que fue procesado dentro de lo que el Ministerio Público lo denominó Cooptación del Estado fue detenido el 11 de junio de 2016 e inicié la audiencia con 56 sindicados y se realizó la audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencia -del Juzgado- no cabían, allí estaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se inició el día hábil siguiente el 13 de junio, día lunes. Luego de iniciarse la audiencia de forma ininterrumpida el día 27 de junio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva”, explicó Gálvez.

El juez luego señaló que “la resolución del 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al responder el antejuicio planteado ya que únicamente le es permitido hacer referencia al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional”.

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La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

“El juez prevaricador a sabiendas de que este es el único acto por medio del cual una persona ingresa a un centro de detención decidió arrogarse facultades legislativas y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación por virtud de la cual no escuchó a las personas sindicadas, no escuchó a los abogados y, violentando los más elementales derechos de un ser humano decide remitirlos a prisión provisional”, criticó Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.

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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio recién pasado a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

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Denunció amenazas a su función

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

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En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidad Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.

“Todo está dicho por mis abogados; sin embargo, quiero ratificar que, en ningún momento me voy a oponer que me hagan esos peritajes, pero quiero que lo hagan con personal que vayan a actuar objetivamente, nadie va a permitir que alguien que ya externó opinión como el señor De La Peña me haga examen, porque estoy seguro de que se va a parcializar”, criticó Acevedo.

El 17 de agosto último, De La Peña Martí se presentó al penal de Mariscal Zavala con aval del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para practicar un análisis psicológico a Acevedo, pero este se negó a salir de su celda.

En la audiencia el juez rechazó el recurso de la defensa de Acevedo, pero la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aceptó la participación del psicólogo que fue propuesto por querellantes y justificó su inclusión en el proceso “porque para el Ministerio Público es útil, pertinente, no era abundante ni ilegal”.

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Gálvez resolvió que había discrepancia entre las partes procesales por la participación de De La Peña Martí y que se cambiara al psicólogo que analizará a Acevedo, ese peritaje es propuesto por querellantes y recabar una prueba científica de la actitud e ideas del sindicado.

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El Ministerio Público (MP) informó que el 23 de mayo pasado fue ligado a proceso Acevedo Ramírez por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

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El documento registra a 195 personas, entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

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Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

El trámite del antejuicio ha tenido dos cambios de juez pesquisidor. En un inicio la CSJ nombró a la magistrada Zonia Santizo para hacerse cargo de esta diligencia, pero presentó una excusa aduciendo que tenía amistad con Gálvez.

En lugar de Santizo, la CSJ designó a la vocalía I de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, la cual era ocupada de forma interina por el magistrado Eduardo Galván Casasola, quien originalmente ocupa la vocalía II. Esto, debido a que el presidente de la sala, Gustavo Dubón, tenía licencia para ausentarse por temas de salud.

De tal cuenta, en un inicio se informó que sería Galván Casasola el pesquisidor de Gálvez, sin embargo, la licencia de Dubón finalizó el 1 de agosto. Con ello, el magistrado Chávez Pérez, quien ocupaba la presidencia interina, regresó a la vocalía I, por lo que deberá encargarse de las pesquisas del antejuicio.

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Chávez Pérez también fue pesquisidor del antejuicio contra la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, quien salió al exilio tras denunciar persecución. En este proceso, el togado fue cuestionado ya que dispuso que las audiencias se realizaran a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

La denuncia

El juez Gálvez fue denunciado por la FCT por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada por aplicar prisión provisional contra varios sindicados de corrupción a partir de 2015.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el  15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la FCT el pasado 11 de mayo.

El caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, quienes ven un intento por atacar la independencia judicial de Gálvez y una persecución política.

De igual forma, múltiples organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ya que ven que los ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales contra operadores de justicia en Guatemala han incrementado.

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A partir de 2015, el juez Gálvez ha ligado a proceso y enviado a juicio a múltiples exfuncionarios y empresarios sindicados por actos de corrupción, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También a militares acusados por violaciones de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.

La solicitud la presentó Jerzi Natael Velásquez Alvarado, contra el juez de Mayor Riesgo “B”.

El interponente era sindicado en el caso Cancerbero y señalado de ser parte de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta.

Había denunciado al juez Gálvez por supuestamente de haber incurrido en prevaricato y abuso de autoridad por emitir dos resoluciones en el mismo caso.

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En septiembre del 2018, el caso Cancerbero ya contaba con 15 personas detenidas y estaban a la espera de la apertura a juicio.

Una de las señaladas estaba prófuga desde 2014 y fue detenida en una revisión de rutina en Morales, Izabal.

La detenida estaba señalada de ser parte de la supuesta estructura criminal del supuesto narcotraficante Mendoza Matta, cuya investigación, denominada Cancerbero, incluía secuestros y asesinatos en Izabal y Petén.

Según la investigación, la organización se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén.

 Juez Gálvez

En otro caso, el 25 de julio recién pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo provisional contra la CSJ solicitado por el juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez.

La máxima corte resolvió no conceder la protección solicitada por el juez de Mayor Riesgo “B”, quien buscaba que se suspendiera la decisión asumida por la mayoría de los magistrados, quienes tramitaron el antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

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Dicha fundación argumenta que el togado ha abusado de la medida de prisión provisional, razón por la que presentó la solicitud.

Por lo anterior, el trámite del antejuicio contra el juzgador deberá continuar en la CSJ.

La máxima corte resolvió no conceder la protección solicitada por el juez de Mayor Riesgo “B”, quien buscaba que se suspendería la decisión asumida por la mayoría de magistrados, quienes tramitaron el antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

El recurso de amparo fue interpuesto por Gálvez el 28 de junio último, quien argumentó que, de cinco casos utilizados como respaldo para la solicitud que se hizo de retiro de antejuicio, tres no estuvieron a cargo de él.

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“A juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personas y de Constitucionalidad”, explicó la CC.

El 15 de junio último, la CSJ le dio trámite a una solicitud de antejuicio presentada por la FCT contra el juez Gálvez. 

Dicha fundación argumenta que el togado ha abusado de la medida de prisión provisional, razón por la que presentó la solicitud.

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El retiro de antejuicio fue solicitado por la Fundación en mayo último. 

A raíz de que envió a juicio a varios implicados en el llamado Caso Diario Militar, Gálvez denunció persecución e intimidaciones, entre ellas por parte de la Fundación contra el Terrorismo.

Gálvez suma al menos cinco solicitudes de antejuicio en su contra. 

Añadió que por “unanimidad se acepta la excusa presentada” y nombró al Vocal I de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal para conocer el proceso.

El 15 de junio recién pasado, magistrados de la CSJ dieron trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ informó en esa ocasión que “por mayoría se admitía para trámite”, y se había nombrado juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Zonia Santizo.

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La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

El recién pasado 20 de junio, el cardenal Álvaro Ramazzini visitó al juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, para mostrarle su apoyo.

Para leer más: “Se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”: Miguel Ángel Gálvez habla sobre las amenazas a su función como juez

Gálvez dijo en esa ocasión que en los momentos que se viven en el caso de él, son “momentos bastantes difíciles porque es una campaña de criminalización sistemática, constante, y no solo criminalización, sino tratar incluso hasta de la vida privada de la persona”.

“El problema de nosotros es, que nosotros como jueces no quedamos bien con todas las partes, eso es así y siempre hay inconformidad y eso es normal”, afirmó en esa oportunidad.

Quién es el designado

El magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez, fue designado por CSJ para sustituir a Zonia de la Paz, como pesquisidor en el trámite del proceso de retiro de inmunidad del juez Miguel Ángel Gálvez.

El magistrado Chávez Pérez también conoció el antejuicio promovido en contra de Erika Aifan, exjueza que se encuentra en exilio en EE.UU.

El magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez, fue designado por CSJ para sustituir a Zonia de la Paz, como pesquisidor en el trámite del proceso de retiro de inmunidad del juez Miguel Ángel Gálvez.

— Sara Solórzano (@sarita_ceci) July 7, 2022

Sin embargo, este jueves 23 de junio, en una audiencia de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, en la que la que se cumpliría lo consensuado y se optaría por el procedimiento abreviado, la La Fiscalía contra la Corrupción (Feci) se ausentó y se informó que sometieron a análisis la legalidad de los convenios.

Con la inasistencia de los fiscales de Feci a la audiencia, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le explicó a Alexis Calderón, abogado de Monzón, que se debía resolver la situación en otra audiencia con la presencia de los fiscales.

Monzón en la audiencia esperaba optar al beneficio acordado con la Feci del procedimiento abreviado, figura en la que aceptaría cargos como asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo, lavado de dinero y abuso de autoridad -sindicado en ambos casos-, con el beneficio de la anulación de la pena y no purgaría prisión.

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Según se informó, el titular de la Feci, Rafael Curruchiche, solicitó los informes del caso La Línea y Cooptación del Estado en los que está vinculado Monzón, así como los convenios de colaboración eficaz, que se firmaron en 2016, para tener una opinión de la fiscal general Consuelo Porras, quien podría determinar -de manera unilateral- si se anulan o no.

Calderón dijo en la audiencia de este día que solicitaba que se emplazara al MP a que cumpla con los acuerdos de colaboración eficaz que se firmaron oportunamente y a que se cumpla con el punto quinto de sendos acuerdos de colaboración que es gestionar la vía del procedimiento abreviado, tal y como se planteó.

Dijo que, de lo contrario, en una audiencia donde se presenten estos actos conclusivos de apertura a juicio, el MP solicitaría que Monzón vaya a juicio por delitos que se les se les imputa, pero esos ya fueron resueltos en un acuerdo de colaboración, en un convenio en que se acordó con el MP la forma en que se iba a resolver la situación jurídica del exsecretario de Baldetti.

Calderón dijo que dichos acuerdos fueron puestos a disposición para que fueran homologados y que el juzgado nada ha tenido que ver en estos acuerdos, sino simplemente homologar lo que se llevó a cabo de su oportunidad por el MP, los cuales fueron impugnados y confirmados en una sede jurisdiccional y que, por lo tanto, lo único que tiene que hacer el MP es cumplir con dichos acuerdos.

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El abogado pidió que se resolviera conforme a derecho en el sentido de emplazar al MP a efecto de que se presente a la audiencia que para el efecto se señale y se cumpla con lo firmado oportunamente para resolver la situación jurídica del señor Juan Carlos Monzón.

El abogado de la Procuraduría General de la Nación  que se presentó a la audiencia, le dijo al juez Gálvez que es razonable que el fiscal que se encuentra ahora al frente de esa fiscalía – José Rafael Curruchiche- quiera imponerse a las situaciones que han derivado en los temas de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y que en ese sentido es viable la petición que hace la fiscal en cuanto a acatar ese oficio que le ha sido remitido por su superior jerárquico y asumir la postura que crean conveniente.

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En qué situación quedaría Monzón

Los convenios que permitieron a Monzón ser el colaborador eficaz permitieron que, por medio de su testimonio en el comienzo del caso La Línea, se revelaran siete casos más de corrupción que relacionaron a funcionarios, políticos y empresarios.

Las autoridades, con la declaración del exsecretario de Baldetti -que duró cuatro días en 2018- en las primeras fases de los casos, detuvieron a 57 personas.

Algunas fuentes consultadas sobre el caso de Monzón dijeron que si a este le anulan los convenios de colaboración eficaz y se decide enviarlo a juicio quedaría pendiente de resolver esa situación e incluso si es que finalmente se cambia de juez, puesto que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

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Este proceso podría significar que Gálvez sea separado de su cargo mientras solventa su situación jurídica en donde es señalado por el delito de prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal.

Dijeron que una eventual cancelación de los convenios de colaboración de Monzón podría originar una orden de captura y que aunque el exsecretario de Baldetti está en extranjero tendría que estar huyendo de país en país y algún día la Interpol pudiera atraparlo y enviarlo a Guatemala.

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Por otro lado, el análisis al que ha sometido el MP estos acuerdos de colaboración eficaz buscarían anular los relatos de Monzón y tendrían efectos en los casos Cooptación del Estado, TCQ, la Coperacha, Aceros de Guatemala, Bufete de la Impunidad, Plazas RIC y Redes.

Los siete casos, que podrían ser alterados en caso se anule la versión de Monzón, se encuentran en etapa intermedia.

Caso reciente

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió este martes 21 de junio anular el convenio de colaboración eficaz firmado con el exdiputado Édgar Cristiani.

El exparlamentario había aportado información valiosa que vinculaba a exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP) en actos de corrupción.

La solicitud fue planteada ante el Juzgado A de Mayor Riesgo.

Cristiani había dado información clave para los casos Caja de Pagos RIC y Plazas en el Congreso de la República, entre otros.

Ahora, la sede del Ministerio Público en Barrio Gerona busca que no sea tomado en cuenta en esas investigaciones, pese a que los convenios ya fueron autorizados por un juez y están vigentes.

Édgar Cristiani fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota en 2015 y 2016. 

En el caso de Plazas del Congreso se investiga el hecho de que varias que personas contratadas no asistían a sus labores y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas entre el 2014 y el 2016.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.

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Revés para juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez: CSJ da trámite a solicitud de antejuicio

Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.

El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.

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Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.

Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.

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“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas,  por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.

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Solidaridad

El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.

Respaldo a jueces

La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.

Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.

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“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.

Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.

Situación preocupante

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.

Recordó que activistas y defensores de derechos  humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.

Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.

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Quieren sacar a los jueces

Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.

“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.

Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.

“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.

Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.

“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.

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Persecución jurídica y política

Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.

Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.

Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.

El documento que presentó el juez Gálvez, también solicita a la CSJ que se pronuncie por las acciones que se han tomado en su contra en el ejercicio de su función jurisdiccional por enviar a juicio a nueve implicados en el caso mencionado.

Hasta el momento el Organismo Judicial solo ha recibido la petición de Gálvez, la cual ingresó la mañana del 17 de mayo a Secretaría de la CSJ, pero los  magistrados primero deben conocer el documento y luego del análisis emitir un pronunciamiento.

El juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Denuncian amenazas contra juez Miguel Ángel Gálvez por enviar a juicio a acusados del caso Diario Militar

El pasado 9 de mayo, el juez Gálvez denunció que luego que el viernes 6 de mayo envió a juicio a implicados en el Diario Militar, empezó a recibir amenazas en redes sociales.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llegó a la oficina del juez Gálvez a expresarle su apoyo y el juzgador mencionó que Guatemala vive momentos difíciles y que la situación está bastante sensible, pero que ya se animaran a amenazar a un juez después de una resolución era más preocupante.

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez.

Ese día Gálvez dijo que haría del conocimiento de la CSJ las amenazas en redes.

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El 12 de mayo pasado, en una publicación de Prensa Libre, el juez señaló que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), estuvo presente en la audiencia en la cual se resolvió enviar a juicio a nueve personas en el caso Diario Militar, en el cual se documenta la desaparición de 183 guatemaltecos contrarios al régimen militar durante el conflicto armado interno.

Qué amenazas son y de dónde vienen

Consultado el procurador Jordán Rodas, el pasado 9 de mayo, sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana.

Apoyo al juez

El 10 de mayo, pasado la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión de enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Dicha asociación también manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el estado de Derecho.

El 17 de mayo pasado, varias organizaciones internacionales solicitaron al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que tome medidas de protección para el juez Gálvez.

En la cuenta de Twitter de Due Procces of Law Foundation (DPLF), o Fundación para el Debido Proceso, se publicó un comunicado en donde ellos y las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights y Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York y Washington D. C., pedían dichas medidas de protección.

Ese día, también varias organizaciones civiles de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraban su respaldo al juez Gálvez e invitaban a una marcha el próximo 20 de mayo a las 10 horas frente al Ministerio Público.

Los representantes de las organizaciones informaron que el “Pacto de Corruptos”, ha cooptado la totalidad de instituciones del Estado y ha emprendido una campaña de criminalización hacia el juez Gálvez y más de 20 operadores de justicia en Guatemala, que han sido encarcelados, procesados o están en el exilio.

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes por el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a 9 exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

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Operadores de justicia

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala. EFE

La AGJI condena las amenazas en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez

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— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) May 10, 2022