Luego de permanecer detenida desde el 22 de febrero del 2022, la Cámara Penal notificó al equipo de abogados de Virginia Laparra, exfiscal contra la impunidad, que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45 por ciento de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

El Tribunal Octavo de Sentencia encontró culpable a Laparra y le impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión conmutable, tiempo comienza a contar desde el momento de su captura en febrero en la fecha indicada.

El equipo de abogados de Laparra presentó un recurso de casación ante la Cámara Penal, la que al evaluar los antecedentes, llegó a la conclusión de que ya cumplió con el 45 por ciento de la condena, por lo que es adecuado ordenar su liberación.

Laparra era la titular de la entonces Fiscalía Especial Contra la Imppunidad (Feci) que operaba en el departamento de Quetzaltenango y el proceso en su contra comenzó tras haber denunciado a un juez de Quetzaltenango en el 2018.

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La razón de los hechos, según argumentaron los agentes fiscales durante las audiencias, fue por haber presentado los cargos sin la autorización previa de la Feci del departamento de Guatemala.

Segundo proceso

El segundo proceso contra la exfiscal se encuentra en las sedes judiciales de Quetzaltenango, sobre las que se conoció apenas el 19 de octubre del 2022, cuando Laparra buscaba obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

La resolución actual de la Cámara Penal ordena la libertad para Laparra, toda vez no exista otro proceso penal en su contra, y según sus abogados, por este segundo expediente ella goza de una medida sustitutiva, lo que no impide que esté próxima a salir de prisión.

En este caso, el MP señala a Laparra del delito de revelación de información confidencial o reservada, por aparentemente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva.

De acuerdo con la investigación, la defraudación a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se dio al no cancelar Q771 mil 494, derivado de las actividades de la inmobiliaria, principalmente por el impago del Impuesto Sobre la Renta de las viviendas en venta durante el 2008.

La Fiscalía también reveló que la inmobiliaria perjudicó al Estado al no reportar adecuadamente la venta de bienes inmuebles del 2008 al 2011.

El juez Moisés de León determinó en su resolución que las pruebas presentadas por el MP comprobaron la culpabilidad del sindicado, por lo que le impuso una pena de un año de prisión inconmutable por defraudación tributaria, así como otro año, también inconmutable, por estafa mediante informaciones contables, es decir, que no puede pagar en substitución de la cárcel.

Por el delito de casos especiales de defraudación tributaria de Leon le impuso al líder religioso un año conmutable y le ordenó pagar Q25 diarios para no estar en prisión. Además, el juez le impuso una multa de Q771 mil 494  más  Q5 mil, y de no ser cancelada puede convertirse en prisión.

Las autoridades buscan a Efraín Rodrigo Avelar Díaz, hijo del apóstol Efraín Avelar, quien figura como socio de la inmobiliaria  y sobre  quien hay una orden de captura vigente.

El juez José Calí, del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, resolvió que los testimonios presentados por la Fiscalía comprobaron que Alcón Mejía cometió el delito de hechos sacrílegos, cuya pena mínima es de 12 años. 

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 1 de marzo del año en curso, Mejía entró a la Parroquia Señora de los Ángeles, en la zona 1 de Cantel, donde robó una alcancía en la que se depositaban las ofrendas.

El sindicado fue perseguido por dos fieles, quienes lo alcanzaron en el cementerio antiguo, en la zona 2 del referido municipio.

Los pobladores dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y un grupo de agentes llegaron para aprehender a Mejía.

Además de la pena de prisión, el sujeto también tendrá que pagar una multa de Q636.10, como lo establece el Código Penal por ese tipo de delitos.

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Hechos sacrílegos

De acuerdo con el Código Penal de Guatemala, se comete el delito de hechos sacrílegos cuando el robo o hurto es de un objeto materia destinado al culto, sea objeto sagrado o no.

En caso de hurto, la pena es de 12 años en prisión inconmutables; y 20, en caso de robo. 

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Plácido Gómez, juez de Delitos de Femicidio de Quetzaltenango, resolvió que existe probabilidad de que el sindicado sea responsable de la muerte de la joven, quien murió el 26 de mayo último por edema cerebral y asfixia por sofocación.

El sindicado fue capturado en la aldea La Emboscada, San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, en la habitación de una vivienda donde se encontraba el cadáver de la víctima, junto a un niño de 2 años que procreó la pareja.

De acuerdo con la investigación, la victima sufría de violencia intrafamiliar, pues Camacho la habría agredido física y verbalmente.

Pedro Pérez, defensor del acusado, solicitó que el proceso no continuara y argumentó falta de pruebas que vinculen a su defendido al hecho, pues aseguró que se trató de un suicidio y que la Fiscalía no hizo bien su trabajo.

Camacho, en sus declaraciones, aseguró que su esposa se golpeó en la cabeza, pero que no solicitó auxilio porque estaba encerrada en una habitación.

El caso será resuelto en el Tribunal de Femicidio de Xela, donde se determinará la situación legal del sospechoso, quien tiene cuatro meses en prisión preventiva.

El afectado se identificó como Luis Román Romero Sandoval, quien indicó que el 14 de este mes fue a Xela para renovar su licencia de conducir, porque cumplía años a la semana siguiente, pero en el centro de emisión le indicaron que tenía una remisión de una moto que había vendido, por lo que viajó a Tecún Umán, San Marcos, para cancelarla.

Romero, quien dijo que ha trabajado como periodista en medios de comunicación locales, explica que el 22 de este mes fue nuevamente el centro de emisión, pero indicaron que el pago el sistema lo registraría hasta el día siguiente, por lo que mostró la solvencia municipal y la boleta de pago, por lo que recibió su licencia de conducir.

Agregó que regresaba a su vivienda con la documentación en orden, cuando en la zona 3 de Quetzaltenango, cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le hicieron el alto en el carril contrario, por lo que detuvo la marcha.

El conductor señala que le extrañó que en el área donde estaban los uniformados, no había conos que señalaran que se trataba de un puesto de registro.

Recuerda que uno de los agentes le pidió los documentos del vehículo, entre estos la calcomanía electrónica, pero Romero le indicó que no la portaba impresa y le ofreció mostrarle el título de propiedad del carro.

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Captura

Resalta que en ese momento la situación se complicó, porque los agentes le indicaron que eran Q500 de multa; según el afectado, los uniformados querían un soborno, ya que uno le hacía señas al otro y se molestaron porque los grababa.

Según los agentes, la multa era por no llevar la referida calcomanía, por lo que Romero se recodó que en el automotor llevaba la constancia de pago del documento y solvencia municipal; sin embargo,  lo arrestaron y lo metieron a su vehículo, donde forcejearon, los agredieron e insultaron.

A los 15 minutos llegó un autopatrulla de la PNC y lo trasladaron a una carceleta del Centro Regional de Justicia, luego al Juzgado de Paz de Primera Instancia, donde los agentes indicaron ante el juez que lo capturaron porque hizo una mala maniobra, los insultó, trató de sobornarlos con Q450; además, no portaba los documentos respectivos.

En su defensa, Luis Román Romero presentó los videos al juzgador, quien indicó que esa prueba era suficiente para dejarlo en libertad.

Grabación

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, dijo que no es ilegal grabar a una persona en la calle, porque no existe ley que lo prohíba; siempre y cuando no se interfiera u obstaculice su espacio.

Según el artículo 6 de la Constitución de la República, ninguna persona podrá ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente, exceptuándose los casos de flagrante delito o falta.

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Mientras que en el caso de proceder a una captura, el Artículo 257 del Código Procesal Penal indica que la Policía puede aprehender a quien sorprenda en flagrante delito o persiga inmediatamente después de la comisión de un hecho punible.

En cuanto al momento de la detención, el artículo 14 de la Constitución señala que “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

Video

Documentos

Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, dijo que para conducir, los automovilistas deben contar con placas del vehículo, licencia vigente, tarjeta de circulación del automotor y calcomanía electrónica por el pago del impuesto de circulación.

Añadió que un recibo de pago por la calcomanía de circulación no es válido para presentarlo ante las autoridades de Tránsito, por lo que si una persona es detenida por la PNC sin ella, se debe coordinar con la Policía Municipal de Tránsito local para extenderle una multa de Q500.

Autoridades informaron que se investiga si se trató de un suicidio, pues el cadáver de Domínguez colgaba de unos barrotes y de su pantalón, el cual aparentemente fue utilizado para ahorcarse.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que efectuaban un recorrido en el área de celdas, pero no pudieron ubicar al reo, por lo que entraron a la carceleta donde había sido ubicado y se percataron de que estaba muerto.

Norma Karina Morales, auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), informó que junto a Domínguez había otro reo en la celda, quien relató que se durmió y no se percató de lo que ocurrió durante la noche.

Según información de la PNC, el recluso fue detenido el 20 de este mes en La Esperanza, por haber golpeado en el rostro a su pareja; además, el jueves último fue sindicado de violación con agravación de la pena y agresión sexual.

Reo muerto en tribunales de #Xela había sido capturado por violencia contra la mujer y violación. pic.twitter.com/w7qSwSTN8r

— Oswaldo Cop Tistoj (@Oswaldo_Cop) September 23, 2016

Caso similar

Uno de los dos cuerpos hallados el martes último en la cárcel de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, pertenece a una persona que fue detenida por error.

Jonathan Emanuel García, de 21 años, quien tenía orden de juez para recuperar su libertad, y Edwin Ramírez Mazariegos, 19, fueron localizados sin vida, envueltos en sábanas, amarrados y con heridas cortantes, indicaron las autoridades del Sistema Penitenciario (SP).

Rudy Esquivel, vocero del SP, confirmó que los cuerpos fueron localizados en el sector de los Paisas. Lea más aquí.

El juez Felix Sontay indicó que, según el Ministerio Público (MP), los sindicados se hicieron pasar por trabajadores del departamento de recursos humanos de la Dirección Departamental de Educación (Didecu) para vender supuestas plazas de trabajo a maestros.

Comentó que, en el 2014, los sindicados contactaron a los maestros Pedro Escobar, Claudia Marroquín, Brayan Cotom, Estela de León y Pedro Escobar para ofrecerles plazas a cambio de dinero.

Sontay indicó que las víctimas pagaron Q86 mil 100, de los cuales Q37 mil fueron depositados a la cuenta bancaria de Bonilla García y Q20 mil 700 a la de Chinchilla Calderón, el resto a otras dos personas, que aún no están vinculadas al proceso.

“Ninguna persona debe pagar dinero a cambio de una plaza”, dijo Sontay, quien ordenó al MP ahondar en la investigación, pues se presume que participaron más personas.

El juzgador indicó que los informes de las cuentas bancarias donde se demuestran los depósitos de las víctimas a los sindicados son las pruebas principales con las que cuenta el MP.

“La denuncia de las víctimas, las boletas de los depósitos que hicieron estas y las llamadas telefónicas son otras de las pruebas presentadas por la fiscalía”, añadió.

La defensa de los sindicados solicitó que el delito fuera cambiado a encubrimiento propio, sin embargo el juez no accedió, ya que indicó no existen indicios para este delito.

Ambos señalados gozan de medida sustitutiva por lo que no están en prisión.

Otro proceso 

Bonilla García fue capturada en enero del 2015, en Escuintla, señalada de participar en una estructura delictiva dedicada a vender plazas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sentencia se emitió este miércoles en el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango, donde la jueza Rafaela Salazar le impuso a Vásquez una pena de cinco años de prisión, por violencia física contra la mujer.

La pena es conmutable a razón de Q5 diarios, por lo que deberá pagar Q9 mil 125 para no cumplir ese tiempo en prisión.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público (MP), el 10 de noviembre del 2015, en una vivienda ubicada en la zona 1 de Xela, Vásquez García golpeó a su madre en varias ocasiones en el rostro y en otras partes del cuerpo. La mujer padece de problemas mentales.

La agresión terminó cuando vecinos de la víctima se percataron de lo ocurrido y acudieron a rescatarla, luego de escuchar gritos de auxilio.

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Según la investigación del MP, testigos del ataque indicaron que la mujer tenía una herida en la frente y luego llamaron a la Policía Nacional Civil para que intervinieran.

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La condena, de seis años, fue dictada por el juez Moisés de León, del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, quien determinó que la exagente de la PMT recibió Q300 producto de una extorsión, efectuada desde la Granja Penal de Cantel.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público consistieron en la declaración de la víctima del delito, desplegados de llamadas telefónicas e informes bancarios en los que se comprobó que Sapón recibió la referida cantidad.

De acuerdo con la acusación, el 3 de agosto del 2015 un comerciante recibió llamadas intimidatorias de un hombre, quien le exigió Q8 mil a cambio de no hacerle daño a su familia, pero la víctima negoció y acordó que pagaría Q5 mil.

Luego, el delincuente le proporcionó un número de cuenta bancaria para que efectuara el depósito, pero la víctima interpuso una denuncia ante las autoridades, quienes investigaron el caso.

Tribunal de Xela condena a 6 años a Brenda Sapón por extorsión a comerciante, @prensa_libre pic.twitter.com/DrghjGDOs6

— María José Longo Bau (@MajoLongo_PL) June 21, 2016

El comerciante fue asesorado por investigadores policiales, quienes lo acompañaron para que efectuara un depósito de Q300, suma que fue retirada en un cajero automático el mismo día.

Sapón, quien es madre de cuatro menores, aseguró que cuando sucedió el hecho prestó su cuenta bancaria, a un reo, con quien sostuvo una relación sentimental y visitaba con frecuencia en el referido centro carcelario.

Autoridades indicaron que Sapón tiene más procesos en desarrollo, donde también se le sindica del cobro de extorsiones.

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La sentencia fue dictada en el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango, donde  la jueza Gabriela Sandoval indicó que con el relato de médicos forenses se comprobó la versión de la víctima, quien es una exreina de belleza de Xela. Según la acusación, el 19 de enero del 2015, el sentenciado golpeó en el rostro a la agraviada.

Sandoval indicó que la defensa intentó justificar el hecho, y expuso ciertas conductas de la víctima. Resaltó que es importante aclarar que el comportamiento de la agraviada no justifica que el sindicado la haya golpeado.

La pena impuesta al condenado es conmutable, por lo que la jueza estableció que podrá pagar Q5 diarios a cambio de no estar en prisión.

Autoridades revelaron que Del Valle, quien es hijo de juez Miguel del Valle, procreó a una niña con la víctima, quien mantiene la custodia de la menor y había solicitado que la pena no fuera conmutable.

El tribunal no accedió al requerimiento de la víctima y argumentó que el sindicado es joven y que puede recapacitar sobre sus actitudes; además, de que la víctima recibe ayuda económica de parte del sindicado.

William Laparra, abogado de la agraviada, indicó que continuarán con el proceso legal para que el condenado pague una terapia psicológica para la agraviada y la menor.

Se trata de Pedro Giovanni Garcia Yac, de 33 años, acusado de haber agredido sexualmente a la hija de su conviviente, en el referido departamento.

La investigación del Ministerio Público (MP) detalla que el hecho ocurrió el 11 de febrero del 2015, en una vivienda del barrio Pila Antigua,  zona 2 de Cantel, donde la niña fue agredida cuando se encontraba en una habitación.

Se presume que el sindicado aprovechó que se encontraba a solas con la menor para agredirla, y que a pesar de que la niña pidió auxilio y trató de escapar, García Yac utilizó la fuerza para retenerla y cometer el hecho.

El sindicado, quien según la investigación pedía a la víctima que no le contara a nadie lo ocurrido, fue sorprendido por una familiar de la niña, quien la defendió y pidió auxilio a las fuerzas de seguridad.

Para continuar con la investigación, la juzgadora Castillo ordenó prisión preventiva para el sindicado y que, las diligencias continúen por 45 días. 

Pedro Garcia Yac ligado a proceso por agredir sexualmente a una niña de 8 años, hija de su conviviente @prensa_libre pic.twitter.com/udpLCSIhBY

— María José Longo Bau (@MajoLongo_PL) February 17, 2016

De acuerdo con la acusación del MP, el sindicado golpeó a Carlos Vásquez Gómez y le introdujo piedras en la boca, lo que le causó la muerte; luego arrastró su cadáver desde la zona 1 a la zona 2 de San Juan Ostuncalco.  

Elí Sical, abogado defensor, indicó que Alonzo Díaz y la victima eran compañeros de trabajo y ambos se dedicaban a lustrar zapatos en el parque central del referido municipio. Afirmó que probará la inocencia del sindicado.

Aparte, los resultados de la necropsia efectuada a Vásquez Gómez por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), determinó que la víctima murió a causa de un trauma craneoencefálico y asfixia por sofocación.

Fiscales del MP indicaron que presentarán a tres testigos y técnicos del Inacif como para del proceso contra el señalado. 

Hugo Alvarado Colindres, agente fiscal del Ministerio Público (MP), detalló que según la investigación, el hecho ocurrió el 25 de diciembre 2014 cuando los agentes Casimiro Coutiño García y Félix Aníbal García Juárez efectuaban operativos de rutina en la zona 3 de Xela y amenazaron a con aprehender a seis hombres que se encontraban afuera de una tienda.

Según el relato de una de las personas afectadas, los uniformados intentaron persuadirlos y les indicaron que si los llevaban presos, los reclusos del Centro Preventivo para Varones les cobrarían Q5 mil, mientras que si les entregaban  Q800  no serían capturados.

Agregó que junto a uno de sus compañeros reunieron Q100, cantidad que los dos sindicados aceptaron. Recordó en el lugar donde ocurrieron los hechos habían cámaras de seguridad, por lo que sabía que el cobro quedaría grabado.

La actividad ilícita de los agentes quedó grabada en un video, el cual luego circuló por redes sociales y en medios de comunicación. En las imágenes se ve cuando los agentes reciben el dinero para dejar ir a sus víctimas.

Aparte, los abogados defensores de los señalados indicaron que por estrategia no se opondrían a que el caso se esclarezca en debate, cuya fecha no se ha establecido. 

Según la acusación del Ministerio Público (MP), Chay permitió la demolición de un local en un mercado del referido municipio, por el cual un comerciante había pagado arrendamiento por 10 años.

Silvia Ruíz, jueza del referido juzgado, indicó que el debate se llevará a cabo en marzo del 2016 en el Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango, cuando Chay Quiej ya no funja como jefe edil.

Otros procesos

El 27 de julio último, Chay Quiej, quedó ligado a proceso penal acusado de coacción, por resolución del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de ese departamento. 

En esa ocasión, Lorena Quiñónez, fiscal del MP, detalló que Chay agredió a integrantes de la Asociación de Mototaxis del citado municipio el 7 de abril de 2014, cuando estos realizaban una caravana.

De acuerdo con el ente invetigador, el funcionario arremetió en contra de Aurelio Sop Carrillo y su hijo menor de edad Marco Antonio Sop, a quien el funcionario le propinó un golpe en la boca y lo amenazó de muerte

Además, en el 2009, el alcalde fue acusado de ser el autor intelectual del atentado que sufrió en el 2008 Julio Xicay, quien en ese entonces era alcalde de Zunil; sin embargo, fue declarado inocente.

Ganó la alcaldía en el 2011 con el Partido Patriota, y durante los comicios del 2015 participó de nuevo por la coalición Creo-Unionista, pero perdió. 

La Jueza Perla Nowell indicó que con el relato de los testigos se comprobó que la madrugada del 20 de noviembre de 2014, Sánchez Palacios llegó a una vivienda ubicada en la 23ª. avenida y 1ª.alle de la zona 1, de Xela, a buscar a su ex conviviente, Norma Rodas, pero no se encontraba en el lugar porque había salido con su nueva pareja, por lo que este aceleró el vehículo y bocinó haciendo un escándalo en la vía pública.

López salió de su apartamento ubicado en el mismo edificio donde vivía la expareja de Sánchez Palacios, donde se encontraba ingiriendo licor con unos amigos, y tras discutir con la víctima disparó al aire y luego le volvió a disparar a él, quien pereció en el lugar a causa de las heridas.

El agente fiscal del MP, Norman Sagastume, había solicitado al tribunal una condena de 40 años por asesinato, pero la juzgadora indicó que el crimen no cumple con los requisitos de este delito que consisten en alevosía y premeditación.

Eddy Herrera, abogado defensor, pidió que López fuera condenado por homicidio preterintencional, pero el tribunal consideró que fue un homicidio simple, pues disparó varias veces. “La víctima ya se había retirado del lugar, el condenado pudo no haber disparado más veces”, explicó Nowell.

Los juzgadores tomaron en cuenta para la resolución la necropsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la que especifica que la herida de Sánchez fue del lado izquierdo en la espalda, además del relato de seis testigos, entre ellos la madre de la víctima y el propietario de la vivienda donde alquilaba el sindicado y dos ex convivientes de la víctima Norma Rodas y Sharon Miranda, esta última estaba en el lugar de los hechos.

Otra de las pruebas fundamentales, según Nowell, fue la prueba balística con la que se determinó que los proyectiles percutados por arma de fuego encontrados en el lugar de los hechos fueron disparados por el arma registrada a nombre del sindicado, quien tenía licencia de tenencia pero no de portación.

Los condenados son Orlín Paulino Luna Castillo, de 21 años; Ediño Romario Rodas Gómez, 20; José Manuel Pacheco Tizol, 23; Floridalma Sanchez Ramírez, 20; Estuardo Solórzano Aceituno, 50; y Jennifer Hasmín Chán Aguilar, 20, quienes fueron condenados a ocho años de prisión, al haber sido hallado culpables de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Además, Abida Esmeralda Ramos Sac, 20; Luis David Tirado de León, 20; Wanda Loarca Sajquím, 21; Víctor Virgilio Ajanel Vásquez, 22, y Soida Lissette Jiménez Villatoro, 46, fueron sentenciados a 10 años y ocho meses por asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito en forma continuada.

De acuerdo con investigaciones del Ministerio Publico (MP), los condenados obtuvieron más de Q35 mil, producto de las extorsiones a transportistas. 

Según el MP, Ramos Sac, Sánchez Ramírez y Solórzano Aceituno cobraban la extorsión; mientras, que Jiménez Villatoro brindaba su número de cuenta bancaria para que las víctimas hicieran los depósitos.

Chan Aguilar, Pacheco Tizol, Ajanel Vásquez y Tirado de León eran vigilantes y  verificaban que las victimas entregaban el dinero.

Loarca SajquÍn brindaba seguridad a sus compañeros mientras se realizaban los cobros y Luna Castillo mataba a quienes se rehusaban a hacer los pagos.

El juez Óscar Alvarado Guevara refirió que el testimonio de un investigador de la Policía Nacional Civil, quien se hizo pasar por transportista y pactó efectuar pagos semanales a la estructura, fue trascendental para determinar la culpabilidad de los acusados.

Además, el MP presentó fotografías y videos que muestran cómo era entregada la extorsión, así como el despliegue de llamadas telefónicas y mensajes de texto que realizaban a sus víctimas los condenados.

En mayo de este año, Luna fue sentenciado en el Tribunal Primero de Sentencia Penal a 26 años de cárcel por asesinato en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa.

Según información del Ministerio Público (MP), Col Ical habría participado en un ataque contra Jorge Hernández Duque, el 23 de septiembre del 2012, cuando dos sujetos llegaron a la vivienda de la víctima, tocaron la puerta y la atacaron a balazos. En el lugar del hecho los peritos del MP localizaron un arma de fuego registrada a nombre del sindicado.

Además, al apresado también se le investiga por la muerte del presidente de la Junta Electoral Departamental de Quiché, Odilio de Jesús López González;  de José Daniel Aristondo Loaiza y Over Dagoberto López Samayoa,  ocurridas el 23 de noviembre del 2013, cuando negociaban la compra de una finca en Quiché.

La jueza Citalán fijó un plazo de dos meses para que el MP recabe evidencias y programó la próxima audiencia para el 4 de enero del 2016. 

Otro procesado

Patricia Rodríguez, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, resolvió el 7 de octubre del año en curso ligar a proceso por asesinato y asociación ilícita a Carlos Roberto León Barillas, sindicado de haber participado en la muerte de tres personas.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, porque el caso se encuentra en reserva, debido a que las investigaciones continúan para identificar a otras personas involucradas en el triple crimen.

Según la investigación del MP, el procesado también está implicado en la muerte de Odilio de Jesús López González y otras dos personas. 

Añade que el sindicado entregó a las victimas US$18 mil (Q138 mil 600) y cheques prefechados para hacer un abono de Q2 millones 800 mil del pago total que eran Q5 millones.

Se presume que para no pagar el resto y obtener los bienes, el sindicado se reunió con otros cinco hombres, con el objetivo de ultimar a las tres víctimas. Previo al hecho, el acusado habría logrado que López Samayoa firmara documentos que respaldaran el paso de los bienes.

Los tres cadáveres fueron localizados en la ruta Interamericana el uno de diciembre de 2013 y de acuerdo con la necropsia, los tres hombres fueron asfixiados con bolsas plásticas.

El juez Alvarado explicó que debido a que el ataque no lesionó ningún órgano importante, decidió cambiar el delito a lesiones graves, y que la principal prueba que tomó fue la declaración del niño agraviado. 

Según la investigación del Ministerio Público, el ataque al menor ocurrió el 25 de julio del 2014 en la zona 3 de Xela, a las 7.30 horas, cuando este se dirigía a un centro educativo.

El menor sufrió quemaduras profundas de tercer grado, principalmente en los parpados, labios, lengua y manos, por lo que será sometido a diversas cirugías durante los próximos 10 años para reconstruir su rostro.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que la agresión contra el menor puso en riesgo su vida, porque produjo una destrucción parcial del cartílago en la nariz, debido a la inhalación del ácido sulfúrico.

Juez de Xela condena a Hugo Arrecis a 8 años por lesiones graves, le roció ácido a un niño de 11años @prensa_libre pic.twitter.com/NIvX8miEK2

— María José Longo Bau (@MajoLongo_PL) October 22, 2015

Se trata de Carlos Roberto León Barillas, quien fue capturado el 11 de este mes en el km 222 de la ruta entre Coatepeque y Quetzaltenango, señalado de ser parte de una banda de extorsionistas que opera en ese sector.
León Barrilas fue trasladado al Centro Regional de Justicia, en Xela, donde Lester Castellanos, Juez de Turno de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, le notificó que se abrió un nuevo proceso en su contra.
El juez Castellanos indicó que no se efectuó la audiencia de primera declaración el martes último porque no se contaba con un expediente, por lo que se reprogramó para este miércoles y será presidida por la jueza a cargo del proceso.
Al reo también se le sindica de la muerte de Odilio de Jesús López González, José Daniel Aristondo Loaiza y Over Dagoberto López Samayoa, registradas 23 de noviembre de 2013.
De acuerdo con la investigación, el detenido habría engañado a las tres víctimas, para hacer un negocio de una finca junto a otros integrantes de la estructura criminal en la que aparentemente participaba. 

Día de la captura

Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron el 11 de septiembre último a tres hombres señalados de pertenecer a una banda de secuestradores. 
Los otros dos capturados en esa ocasión, fueron identificados como Celso Desiderio Noriega Ardón, de 28 años, y Gilberto Tut Caal, 27,  quienes junto a León se conducían en la camioneta P-101FNQ y fueron copados por agentes de la PNC durante una persecución.
Durante el operativo los sujetos liberaron a un hombre a quien habrían secuestrado Mazatenango, Suchitepéquez. La víctima fue herida de bala y abandonada en un vehículo.
A los presuntos secuestradores se les decomisó dos armas de fuego con licencias de portación, y según las investigaciones, habrían exigido una suma de dinero a los familiares del plagiado para su rescate.

capturan a a tres presuntos secuestradores el kilómetro 222 de la ruta que conduce a Coatepeque Quetzaltenango. pic.twitter.com/dJpK6IFuCM

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 11, 2015

Según la investigación de peritos del Ministerio Público, el 20 de febrero último, el sindicado agredió sexualmente a la sobrina de su cónyuge, quien residía en el mismo inmueble con el victimario y su pareja.

Mynor Donis, vocero del referido tribunal, indicó que en el momento del ataque, la menor dormía en una colchoneta de uno de los dormitorios de la vivienda, donde el sindicado entró y amenazó a la joven con un cuchillo, para que tuvieran relaciones sexuales.

La juzgadora Castillo determinó que Herrera es culpable y se basó en exámenes médicos y psicológicos efectuados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses; además, del relato de la víctima, quien declaró en anticipo de prueba el 19 de mayo último.