En el kilómetro 124 de la carretera Interamericana, vecinos retuvieron a Carlos Chacón y Byron Rajique, originarios de Villa Nueva, Guatemala, quienes se conducían en un vehículo que horas antes había sido robado en el sector.

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La Policía Nacional Civil informó que llegó al lugar y evitó que los pobladores lincharan a los detenidos, quienes fueron trasladados a la subestación 71-11 de Sololá y puestos a disposición de juez competente.

Samuel Samuel Saloj, alcalde indígena de Sololá, indicó que los vecinos pedían que Chacón y Rajique recibieran cien latigazos, pero al final se acordó darles la mitad. Los hombres fueron llevados a un campo donde los pobladores observaron cada golpe sobre la espalda de los capturados. 

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El primero en ser azotado fue Chacón, pero se resistió y los vecinos se avalanzaron contra él para agredirlo, pero las autoridades indígenas tomaron el control.

El castigo continuó contra Rajique, quien aceptó públicamente que participó en el robo del vehículo, y que su intención era entregarlo a otras personas en una de las pasarelas de Tecpán, Guatemala, por lo que le pagarían Q500. También dijo que en el robo intervinieron otros dos hombres que lograron darse a la fuga. 

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Se trata de Miguel Laynez, quien el domingo último fue llevado por varias calles y al llegar al parque La Unión, lo arrodillaron y lo hicieron moverse en esa posición, luego fue azotado 20 veces; además, a la supuesta víctima tendrá que comprarle un terreno de 375 metros cuadrados en el área urbana de Santa Cruz del Quiché.

También por cinco años debe pagar Q1 mil mensuales a la joven y otros Q2 mil mensuales para sus dos hermanos, el pago termina cuando estos cumplan los 18 años. 

Juan Zapeta, alcalde indígena, dijo que Laynez es originario de Xatinap Primero, Santa Cruz del Quiché. Afirmó que hace unas semanas recibieron la denuncia por parte de familiares de la menor y luego de investigar, constataron que la joven fue violada en repetidas ocasiones por el señalado, quien es su padrastro.

“Decidimos azotarlo y que se comprometa económicamente con la menor y la familia, para lo cual firmó varios documentos legales”, aseguró Zapeta.

Laynez aceptó que cometió el abuso en varias ocasiones. “Ya me comprometí con las autoridades indígenas a pagar lo que me pidieron y cumplir los compromisos adquiridos”, declaró el azotado, quién después de haber recibido el castigo físico, se retiró tranquilamente del lugar.

Zapeta comentó que la joven afirmó que recibía presiones y amenazas del supuesto agresor. Agregó que respecto del caso de Laynez, las autoridades indígenas no consideraban esto como un castigo, más bien como una corrección.

“Ahora no solo azotamos, también ponemos condenas ejemplares”, dijo Zapeta, quien no comentó qué pasaría si el señalado no cumplía o huía del lugar.

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Esta es la segunda condena que se da en menos de un mes, pues hace unas semanas, dos hombres fueron condenados a pagar Q35 mil al dueño de un microbús, que supuestamente habían robado. También dejaron como garantía su casa.

En esa oportunidad, las autoridades indígenas informaron que las condenas serían más fuertes y no únicamente los azotes.

Justicia estatal

Jorge Azañón, delegado departamental de la Procuraduría General de la Nación, dijo que a pesar de que el hombre fue azotado y condenado a una reparación digna a través de un derecho consuetudinario, no lo excluye de que la justicia estatal comience las investigaciones. Añadió que empezaron las averiguaciones para presentar la denuncia en el Ministerio Público.

Flavio Ruíz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Cruz del Quiché, manifestó que comenzarán las investigaciones para conocer qué sucedió en este caso.

Los inconformes se reunieron frente a Gobernación de Quiché para exigir sea retirada la denuncia   contra Zapeta. También firmaron un acta para entregarla al Ministerio Público (MP) y argumentar que al alcalde indígena actuó bajo el respaldo de la justicia indígena.

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“Las instituciones del Estado no funcionan en Quiché y ahora quieren que la justicia indígena no funcione también”, expresó.
Zapeta leyó un comunicado elaborado por la alcaldía indígena, en el que manifiestan que la autoridad indígena es un ente que aplica la corrección sin distinción de credo, edad, género, pertenencia étnica, posición política y social.

Pide dialogo

También pidió públicamente a la PDH un diálogo para consensuar y buscar un punto de equilibrio entre los sistemas indígena y estatal. Agregó que autoridades indígenas deben juzga el caso, pero que está dispuesto a someterme a la autoridad estatal.

Zapeta insistió que la aplicación del castigo comunitario es solo una corrección; además, criticó a la PDH, pues según él, no es la primera vez que azotan a un menor.

Casimiro Hernández, fiscal distrital del MP, informó que en cualquier momento se llevará a cabo la primera declaración del acusado y será un juez quien determine si se liga a proceso penal a Zapeta y podría ordenarse su detención por maltrato de menores, mientras se realizan las investigaciones.

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Domingo Hernández, un vecino que participaba en la manifestación, dijo que esperan la primera declaración y si deciden encarcelar a Juan Zapeta, pobladores se movilizarán para exigir su libertad.

Juana Tzoc, auxiliar de la PDH, dijo que en declaraciones recientes que no estaban de acuerdo a que azotaran a menores, por consideran que esta acción no los ayuda a cambiar de actitud. Afirmó que seguirán con el proceso.

El futuro sigue incierto para las reformas a las Constitución que pretenden modernizar el sistema de justicia. Sin embargo, hoy la Junta Directiva del Congreso buscará que los jefes de bloques decidan si se continúa con la discusión en el pleno.

“Vamos a hablar con los jefes de bloques para determinar si existe voluntad política en avanzar en las reformas, en vista de que todo está paralizado. Es lamentable que los mismos bloques que firmaron enmiendas y aseguraron acuerdos hoy impidan avanzar”, manifestó el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla.

Según el congresista, ha habido varios retrasos y acuerdos rotos. Uno de ellos fue posponer la discusión del artículo 203 de la Constitución —tercero de la reforma—, que reconoce la existencia de la jurisdicción indígena; pero fracasó.

La discusión de las reformas ha fracasado en cuatro sesiones. Entre incertidumbre, el próximo miércoles se contempla retomarlas, a menos que los jefes de bloques decidan hoy que se detengan.

Según Chinchilla, propondrá que se posponga la discusión del artículo 203, que ha detenido todo hasta ahora. “De esa manera veremos si en verdad hay voluntad de continuar con el resto de la propuesta. Este planteamiento lo respaldan varias organizaciones indígenas”, detalló. También se planteará suspender la discusión de las reformas.

“Que digan si quieren o no aprobar la propuesta, o mejor utilizaremos los miércoles para avanzar en otros temas, aprovechando que el diputado Roberto Villate canceló la interpelación al ministro de Comunicaciones, Aldo García”, indicó.

El pretexto

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), y el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, coincidieron en que el artículo  3 de la reforma, que cambia el 203 constitucional y reconoce el derecho indígena, está siendo utilizado para dilatar la discusión de la reforma en su totalidad.

Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana, es de la idea de que la reforma a la Constitución es innecesaria e ilegítima, porque no garantiza que se acabará la delincuencia y porque la propuesta no la presentó ningún sector con iniciativa de ley.

Rootman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, recordó que la propuesta es una iniciativa de los tres poderes del Estado para fortalecer el sistema de justicia en el país.

“Sería lamentable para el país negar la oportunidad de mejorar un sistema de justicia  que ha estado cooptado y politizado”, manifestó.

Semana difícil

El Comité de Unidad Campesina   anunció ayer  que junto con la Asamblea Nacional y Popular efectuarán manifestaciones en diferentes sitios del país el miércoles y el jueves próximos, para exigir la aprobación de las reformas a la Constitución, en especial lo relativo al derecho indígena.

Las marchas, según el dirigente Daniel Pascual, tendrán  como destino final la sede del Organismo Legislativo en la zona 1 capitalina.

Por aparte, para mañana está anunciada una protesta, desde las 6 horas en la capital, anunciada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que exigirá la renuncia del presidente Jimmy Morales.

Tomás Salój Guit, alcalde indígena, informó que después de haber efectuado varias reuniones y cabildeos con diversos sectores, para analizar el tema de sus demandas, se acordó que pobladores de 83 comunidades participarán en protestas en los kilómetros 119, 127, 130 y 148 de la ruta Interamericana, en Sololá. 

Según organizadores, los bloqueos del martes serán de 8 a 16 horas y el miércoles a partir de las 9 horas. 

El dirigente añadió que el aumento al precio de la energía, afectará seriamente ya precaria economía de la mayoría de guatemaltecos. Agregó que también manifestarán ante la negativa de los diputados, para dar respuestas que favorezcan a la población.

Suspensión de clases

La movilización estará a cargo de los alcaldes comunitarios y coordinadoras comunitarias de desarrollo; además, se ha coordinado con los directores educativos, para que durante el próximo martes y miércoles se suspendan las clases en la cabecera, para evitar cualquier incidente que afecte a los estudiantes. 

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Tampoco se permitirá la circulación de vehículos sin placas, no se permitirá la portación de ninguna clase de armas, así mismo se ha convocado a todos los empleados públicos y la iniciativa privada para apoyar el movimiento.

Paralizarán comercio

Dirigentes indicaron que también se ha informado a la población, que durante los dos referidos días, los mercados, centros comerciales, tiendas, bancos, cooperativas y todas las instituciones estatales, municipales y privadas estarán cerradas para que sus trabajadores apoyen el movimiento.

El líder indígena comentó que la organización ha previsto que la manifestación no sea manipulada por ningún político y que se tendrá un rigoroso control para evitar la infiltración de personas en estado de ebriedad, así como las que no estén plenamente identificadas, ya que el movimiento es auténticamente una iniciativa del pueblo sololateco, ante la situación que vive el país.

Reafirman posturas

El reconocimiento de las jurisdicciones indígenas —tema que desde el principio de la discusión sobre las reformas constitucionales en el sector justicia ha sido motivo de polémica— mantiene la fragmentación entre distintos sectores que expresan su postura, cada vez con más fuerza.

Derecho indígena | ¿Por qué no debe incluirse el Derecho Penal? https://t.co/lBiDw4y6Sr pic.twitter.com/JZTD5reMsk

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 15, 2017

Anuncian otra protesta

Aparte, el Consejo de Alcaldes Comunales de Cantel, Quetzaltenango, convoca a la población a que se pronuncie contar el alza a la tarifa de la energía eléctrica, anuncia por el distribuidor. La convocatoria es para el próximo martes a partir de las 7 horas en el Peaje de Zunil. 

El directivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, reconoce que habrá diferencias ideológicas pero  en la justicia no debe haber ideologías en una entrevista concedida a Prensa Libre.
 

¿Cómo ve la propuesta de reformas?

Lo primero es valorar y positivo que está ocurriendo en el país, de una lucha frontal contra la corrupción, y de un reconocimiento de que, como guatemaltecos, tenemos que reformar algunas instituciones especialmente en el sector justicia, y eso pasa por un cambio a la Constitución.
 
Vemos como algo muy positivo los cambios que se están proponiendo con ciertos matices en algunos artículos que causan algunos problemas, pero en general hemos visto la reforma a la Constitución en el sector justicia, como una oportunidad positiva que le permita a Guatemala seguir avanzando en esta lucha contra la corrupción.

¿Cuáles serían estos matices?

Está claro que hay un artículo que causa ciertas confusiones, como lo es la reforma al artículo 203. Veíamos hoy –ayer– 

Además de las jurisdicciones indígenas, ¿cuál será el próximo tema complicado?

Yo creo que ese es el único, los demás artículos ha habido mucho consenso en algunos cambios que se tenía que hacer a la propuesta original, por ejemplo en lo referente al Consejo Nacional de Justicia, hubo un pronunciamiento conjunto en la reunión de jefes de bloque del lunes también donde estuvieron las universidades y otras organizaciones, en ciertos cambios que se proponían.
 
En general, creo que es una reforma muy positiva para el país. Lo que tenemos que ver después de lo que ocurrió ayer, es que como guatemaltecos debemos darle vuelta a la página. Este artículo –203– debería de separarse de la discusión y seguir con la aprobación de la reforma que es lo que todos los guatemaltecos queremos.
 

¿Cuál es el panorama para la discusión?

Yo creo que el lunes en jefes de bloque habrá un consenso positivo de que la reforma es muy importante y no debemos permitir que ciertos grupos que quieren polarizar el tema y que a lo mejor están usando la estrategia del 203 para dividir al país, que avancemos en la discusión de los artículos que tienen consenso, que son importantes para la lucha contra la corrupción, y que necesitamos como país avanzar en ese tema, para poder continuar con el ejemplo que le estamos dando al mundo.
 
Somos uno de los únicos países en el mundo que tiene una institución que acompaña desde Naciones Unidas, como es la Cicig, que ha sido muy positivo para Guatemala porque ha ayudado a fortalecer nuestro propio Ministerio Público, porque como guatemaltecos pedimos una Cicig.
 
Así que hay que seguir trabajando en estos temas, y por el otro lado, continuar con la agenda de transparencia, hay que llevar este tema a las municipalidades, estamos claros que todavía hace falta mucho trabajo a nivel municipal para descentralizar de mejor manera los recursos, y que los sistemas de compras sean más transparente.

 
¿Cree que el centrarse en el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas podría ser una excusa para no conocer otros temas?

Lo que creo es que lastimosamente ciertos grupos han impuesto este tema de primero para no avanzar en la discusión, por eso estamos pidiendo que avancemos en la discusión de los otros temas, que se aprueben las reformas sobre las cuales hay consenso, y por el otro lado, por supuesto este tipo de artículos que creo que fue un error porque no tiene nada que ver jurisdicción indígena con fortalecer un sistema de justicia.
 
Entonces, no estaba esto dentro de los enunciados generales de la reforma, porque los enunciados generales de la reforma precisamente iban hacia fortalecer un sistema de justicia independiente, y no podemos tener un sistema de justicia independiente si empezamos a tener muchas dudas sobre cómo funcionarían dos sistemas distintos.

En la discusión de jurisdicciones indígenas, ¿Cree que hay algún temor por el tema del derecho a la propiedad privada?

Creo que va más allá. Hay por supuesto mucho desconocimiento y muchas dudas, porque por supuesto el derecho indígena no es escrito. Por el otro lado, no existe claridad sobre cuál es el ámbito de competencia que debe tener la jurisdicción indígena, y por eso es tan importante que veamos que como guatemaltecos ya hemos reconocido convenios internacionales, como el 169 de la OIT, y que el artículo 66 plenamente reconoce los sistemas que de por sí ya funcionan a nivel de las comunidades.

¿Ve una lucha de ideologías?

Yo creo que las ideologías son válidas, siempre va a haber diferencia de ideologías, pero en un tema tan importante como la justicia, no deben existir ideologías, y por eso es que no debemos politizar un sistema tan eficiente como es el sistema de la jurisdicción indígena queriéndolo politizar introduciéndolo en la Constitución.

En general, ¿Estas reformas constitucionales serán un éxito o un fracaso?

Serán un éxito en la medida que todos los guatemaltecos nos comprometamos a poner los temas que efectivamente van a ayudar a fortalecer nuestro sistema de justicia y su independencia.
 
 
 

La división en el reconocimiento de la llamada justicia maya se originó porque algunos legisladores consideran que ese planteamiento bloqueará las reformas.

El ambiente era incierto antes de comenzar la sesión que retomó la discusión de las reformas que quedaron en suspenso desde el 28 de noviembre último. Tan evidente era la polarización que inclusive en algún momento se pensó que no habría quórum.

La primera disputa se generó con la llegada del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez; de la coordinadora adjunta de la  Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana María Upegui;   y del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quienes asistieron con la intención de apoyar a la Junta Directiva.

Algunos diputados vieron  la visita como un mecanismo de presión. Uno de ellos fue Fernando Linares, quien al saludar a Velásquez manifestó: “Solo espero que no haya venido a presionar”. La respuesta  fue un rotundo no. A ello el congresista respondió: “¡Qué me alegro, qué bueno, viva la libertad!”.

Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), indicó: “Los extranjeros que llevan a cabo una función en el país deben  respetar nuestra soberanía y permitirnos a los guatemaltecos resolver nuestros problemas y desarrollar la democracia”.

Las mantas

 La sesión se retrasó más  que de costumbre, porque se requería de 105 votos, por tratarse de reformas a la Constitución. La discusión comenzó, y se concentró por cerca de una hora en la presencia de grupos en el palco de visitas del hemiciclo y por la colocación de  mantas.

“No debemos permitir que un extranjero nos venga a presionar. Esa manta es ofensiva”, manifestó el diputado Mynor Cappa, al referirse a una pancarta de la Liga Propatria en la que se leía: “No al fraude constitucional. Todos somos iguales”.

Discusión

Pese a que la sesión se extendió poco más de dos horas, la discusión quedó prácticamente en la misma situación que el 28 de noviembre, cuando el expresidente del Congreso Mario Taracena rompió el quórum de la Junta Directiva para proteger el artículo. En esta oportunidad fueron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) los que optaron por retirarse.

La discusión se generó luego de que diputados de los bloques Todos, Fuerza y Visión con Valores presentaran una moción para conocer nuevas enmiendas.  Los opositores al reconocimiento del derecho indígena  utilizaron esa iniciativa  como argumento para detener la discusión, y adujeron que se estaría violando la Ley.

Según Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), legalmente no es oportuno  efectuar enmiendas,  porque en noviembre pasado la discusión se detuvo en el referido artículo, no en las enmiendas.

Esa posición no la respaldó el diputado Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador, quien consideró que sí se puede retomar el debate, ya que el Congreso se encuentra establecido “como un órgano constituyente constituido” y no existe un procedimiento para efectuar reformas a la Constitución, por lo que no es necesario utilizar los conceptos que se usan para una ley ordinaria.

La moción se sometió a votación y solo logró 70 votos, de 105 que requería. Eso causó molestia, incluso del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, quien se quejó de la falta de compromiso de algunos bloques.

“Hemos invertido horas en esto. Se supone que había acuerdos, acá está la prueba”, manifestó Chinchilla cuando levantaba una carpeta con enmiendas.

Según Adim Maldonado, de FCN-Nación, participaron en varias reuniones, pero no se tomaron en cuenta sus sugerencias, en las que pedían  un registro de las autoridades ancestrales, entre otros documentos.

La UNE se retiró con el argumento de proteger  el artículo. Se espera que la reunión se retome el próximo miércoles.

Recientemente, María Micaela Panjoc presentó su caso ante el “juzgado” encabezado por las autoridades indígenas de la alcaldía de Sololá. Con su bebé en brazos pidió ayuda para que el padre del niño pague la manutención de su hijo.

Otros comunitarios piden ayuda para resolver disputas de tierras, o como Andrés Xelp, un agricultor que solicitó a la autoridad forzar a su hijo a volver a su casa.

Las autoridades indígenas, electas generalmente sin vínculos políticos, escuchan los casos y tratan de encontrar soluciones rápidas cuando pueden. Cuando son casos de mayor impacto o delitos graves, los remiten a la fiscalía — como el de una joven que en su idioma Kaqchikel les contó que fue violada.

Solamente aquí, en Sololá, el “juzgado” indígena resolvió 3 mil casos en 2016.

Según un estudio del Organismo Judicial, al menos el 95% de las causas que conocen las autoridades indígenas tienen que ver con delimitación de tierras, violencia familiar y pensión alimenticia. Y se estima que las mujeres son quienes más acuden a ese sistema.

Durante generaciones, hubo un menosprecio por la justicia indígena, y en general por la cultura de los pueblos originarios. Según datos oficiales, el 42% de los 17 millones de habitantes en Guatemala se identifica como indígena, y actualmente hay un creciente respeto por sus formas tradicionales para resolver sus conflictos.

La Corte de Constitucionalidad ya ha reconocido un caso resuelto por las autoridades indígenas, y existe una propuesta para que la justicia indígena sea formalmente incluida y reconocida en la Constitución.

Un primer intentó para incluirla en la Constitución falló por solo dos votos en el Congreso en 2016. El sector empresarial se manifestó entonces en contra, bajo el argumento de que temen que haya confusión jurídica si diferentes sistemas judiciales coexisten.

El Congreso tiene programado para el miércoles discutir de nuevo una propuesta para reconocer en la Constitución la justicia indígena, como parte de una amplia reforma al sistema judicial guatemalteco. Para que se apruebe, se necesita el aval de al menos 105 de 158 legisladores.

La idea de su reconocimiento constitucional tiene el apoyo de la fiscal general Thelma Aldana y de Iván Velásquez, quién lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de la ONU que colabora con las investigaciones de la fiscalía.

“Guatemala tiene que ser un país en el que quepan todos sus habitantes”, dijo Velásquez, quien hace poco visitó Sololá para conocer los procesos de justicia.

Aún si el Congreso lo aprobara, faltaría un paso: una consulta popular que avale la decisión.

El sistema legal formal a menudo ha explotado o ignorado a los indígenas guatemaltecos: estaban legalmente obligados a realizar trabajos forzados hasta entrado el siglo XX, y en la actualidad les es casi imposible pagar un abogado. Incluso ahora, sólo el 10% de los municipios del país tienen oficinas de la fiscalía.

A diferencia del sistema tradicional, la justicia indígena no necesita de abogados, traductores o pagos y en las comunidades mayas los tribunales indígenas son una alternativa más rápida para quienes buscan justicia a sus problemas cotidianos.

En Sololá, el alcalde Tomás Saloj preside varias de las audiencias en el “salón del pueblo”, decorado alrededor con los 20 nahuales o espíritus del calendario maya: 20 días por mes, 18 meses por año. En la mesa  o “estrado” usado por las autoridades para resolver los casos, se colocan una vela y un vaso de agua para pedir a sus ancestros sabiduría.

Las sentencias o castigos pueden incluir resarcimiento, trabajo comunitario, destierro o azotes: dos chicotes o látigos de cuero trenzado cuelgan en la alcaldía de Sololá como recordatorio.

Agustín Bocel, vocal de la alcaldía de Sololá, recuerda un caso que le tocó resolver: el de un joven acusado de intento de violación. La joven que lo acusaba lo perdonó, pero la madre del victimario fue más allá y pidió castigarlo.

“Lo azotó 9 veces”, recuerda, “le dijo que era un latigazo por cada mes que lo llevó en su vientre, lo mucho que le dolía y avergonzaba que hubiera hecho eso”. Bocel aseguró que el joven no se ha metido en más problemas.

Tomás Guarcas, alcalde de Pixabaj, una aldea a ocho kilómetros de Sololá defiende la práctica de los azotes.

“Los golpes son como castigo, no violando los derechos humanos, es cómo educar a los hijos”, dijo Guarcas. Los azotes “siempre son aplicados por uno de los familiares del 'victimario', la madre, el padre, los suegros”, asegura Guarcas.

El congresista indígena Amilcar Pop aseguró, sin embargo, que cada vez son menos las comunidades que aplican ese castigo. “Ese tipo de mecanismos hay que buscar cómo controlarlos y evitarlos”, dice.

La fiscal general Aldana ha dicho que no ve contradicción entre un sistema de justicia legalmente reconocido y uno indígena.

“Contribuye directamente a mantener la paz. Impacta en el descongestionamiento y en la disminución de la carga presupuestaria del sistema de justicia ordinario”, dijo.

En Pixabal, una comunidad de la provincia de Sololá, una vez al mes se reúne un grupo de hombres en la plaza local. Junto con el alcalde comunitario y una empleada de salud, van de tienda en tienda verificando que no haya productos caducados.

“No les vendan nada que pueda enfermar a nuestra gente”, les dice el alcalde a los dueños de los pequeños negocios.

En la comunidad, de unos 20 mil habitantes, no hay policía ni juzgados tradicionales. Aquí, la autoridad indígena resuelve todo.

Victoria Chuj, es una de las tres mujeres entre los 71 alcaldes indígenas de la provincia de Sololá.

Por la calle la gente reconoce que es autoridad cuando porta la “Rub*ara”, o vara de madera, que representa su mando y en cuya punta tiene cuatro colgantes de color rojo, blanco, amarillo y negro que significan los cuatro puntos cardinales,

“La vara tiene que ser bien recta”, dijo Chuj. “Así como la justicia, no se dobla”.

Édgar Pacay Yalibat, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y experto en Derecho Indígena, explica por qué las enmiendas no favorecen la jurisdicción indígena y que la misma no debe generar temor.

• “Es un dulce que nos dan y nos quitan”

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

 Los jueces de la justicia estatal tienen jurisdicción. Esto significa que pueden juzgar y ejecutar en nombre del Estado. La justicia indígena no debe apoyarse en la división político co-administrativa del Estado, sino desde la división, que es la aldea. El derecho indígena tiene la característica de que es oral porque eso le permite actualizarse constantemente, según el caso concreto.

¿Qué delitos le competen?

El punto central de la discusión de la jurisdicción indígena está en el artículo 66  de la Constitución —Protección a grupos étnicos—, que otorga un reconocimiento pleno constitucional  de la cultura indígena, sus costumbres y organización social. ¿Por qué se preguntan qué hará cuando se trate de un delito grave como un asesinato? Si queremos aplicarle la justicia estatal a un poblador de la aldea por un crimen que cometió, le estamos aplicando leyes que para el pueblo urbano son justas, pero para el indígena, no.

¿Cómo aplicar la pena?

 La justicia estatal está estructurada de acuerdo con un bien jurídico, que es el individuo. La jurisdicción indígena, no. En la aldea el bien es la colectividad. Prima  la comunidad,  el principio  del bien común. El linchamiento es un delito y no es justicia indígena, que no es sancionadora y aún menos físicamente.

¿Qué opina de las enmiendas que se discuten?

Debe delimitarse el respeto a la competencia que será determinada en la Ley del Organismo Judicial.

¿Hay que reformar la Constitución?

No es necesaria la reforma constitucional. Se puede desarrollar al reformar el artículo 58 de  la Ley del Organismo Judicial  para que se incluya a la autoridad indígena dentro del grupo que imparte justicia.

¿Se habla de coordinación entre autoridades ancestrales y sistema de justicia?

Eso implica que habrá un coordinador y un coordinado, y como siempre quieren que los indígenas estén sujetos a la autoridad de la ciudad.

¿Cómo funcionarían los tribunales indígenas?

Conforme las normas y procedimientos en la aldea. Lo que no aceptan es que haya un ordenamiento jurídico en las comunidades indígenas, que exista una autoridad que pueda aplicarlo, y esta es legítimamente constituida.

¿La enmienda  sujeta la autoridad indígena a la oficial?

 Es un dulce que nos dan y nos quitan, una farsa, porque la justicia  seguirá sujeta a las autoridades  en el sistema oficial. La Cicig y el MP plantean cosas fuera de la realidad.

• “Es un fuero especial… es exclusiva”

José Toledo, abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, explica   los riesgos relacionados con  aplicar “leyes extraterritorialmente” al avalar la justicia indígena.  La ley no debe ser “casuística” y tiene un carácter general para todos, defiende Toledo.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

Después de la Conquista, los españoles y descendientes dividieron el territorio en rancherías y así nacieron las autoridades indígenas comunales.  Ellos ejercieron esa función durante la Colonia y aún después de la Independencia. Guatemala es una nación que tiene una Constitución, un pueblo.

¿Qué delitos le compete juzgar?

Se puede caer en el riesgo de darle a las jurisdicciones indígenas un carácter de fuero especial al derecho indígena.

La justicia indígena es un fuero especial en el que se aplicarán leyes extraterritorialmente, lo que significa que únicamente en determinadas áreas en donde las comunidades indígenas ejercen su jurisdicción se aplicará. Esto quiere decir que es exclusiva.

¿Cómo aplicar la pena?

La ley no es casuística, tiene carácter general para ladinos, indígenas, no importa su edad, ideología o género.
En cambio, con la justicia indígena se aplica en los casos que las comunidades indígenas elijan y a quienes ellos decidan. Esto implica un retroceso histórico al sistema inquisitivo, que es el que regía antes de 1992, en el cual los jueces eran juez y parte, pues eran los encargados de la investigación, persecución penal y juzgamiento. Actualmente tenemos el sistema acusatorio.

¿Qué opina de las enmiendas propuestas?

Las enmiendas todavía no son lo suficientemente claras. Hay que reglamentar  que no puede aplicársele a cualquier persona y no debe estar incluido el Derecho Penal.

¿Por qué no debe incluirse el Derecho Penal?

Porque goza de principios que no se pueden quebrantar, como el del debido proceso o bien el derecho de defensa, el cual reza que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso penal, ante un juez competente.

En ninguna parte de la ley dice que deba ser ante una autoridad indígena.

¿Son contradictorias entonces las reformas?

Sí, porque están aceptando que alguien imparta justicia sin ser abogado, sin tener una carrera judicial, que es lo que las mismas reformas constitucionales impulsan. ¿Acaso eso no es algo incoherente?

¿Las enmiendas hablan de una coordinación entre autoridades ancestrales y el sistema de justicia?

Contestaré con otra pregunta: ¿Qué competencia o qué legitimación tienen las comunidades indígenas que no tengan entes con mayor legitimación legal?

El sector empresarial considera que la promoción de la justicia indígena sería irresponsable, y observa que dentro de ella se hace una división entre ciudadanos ladinos e indígenas. Lea aquí la postura de Cacif (PDF).

Roberto González-Campo, presidente de Cacif, dijo que en su momento se plantearon dudas y observaciones sobre el tema y esperan una respuesta de los legisladores.

Agregó que una reforma constitucional debe contar con un debate político basado en cuidadosos análisis técnicos y jurídicos.

Señaló que los empresarios no se oponen a la reforma y que buscan que producto de ella se construya un sistema judicial “independiente, fotalecido y transparente”.

• Estos son los aportes de sociedad civil para la reforma judicial

“Necesitamos elección de jueces y magistrados probos y calificados. Anhelamos un país con certeza jurídica”, sostuvo González Campo, quien apeló a que dentro del debate se elimine el pensamiento de que quien dude o disiente es parte de la corrupción o el racismo.

Para Cacif, es momento de unidad en busca de un sistema judicial fuerte e independiente para tener un auténtico estado de Derecho.

González-Campo señaló la importancia de que se conozca el contenido de las reformas pues ya variaron de lo que formuló la Mesa Técnica integrada por la Fiscalía y Cicig.

La reforma judicial actualmente está detenida, aunque ya pasó la primera de tres lecturas. En principio los diputados rechazaron eliminar el antejuicio y reconocer el pluralismo indígena, aunque este tema ya vuelto a discusión entre las bancadas.

Hasta ahora hay acuerdos para formular 23 enmiendas a la propuesta original, que podrían ser conocidos esta semana.

• PDF | Proyecto inicial de reformas constitucionales

Antes del pronunciamiento de Cacif, sectores indígenas demandaron inclusión en la discusión de la reforma judicial.

Los líderes de los pueblos indígenas explicaron que la administración de justicia que efectúan en comunidades debe ser reconocida constitucionalmente y exigieron que se reconozca a Guatemala como un estado plural.
 
Fidel Escun, integrante la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explicó que los pueblos originarios se sumaron a la iniciativa de reforma constitucional porque varias razones, y detalló: que están a favor de erradicar la impunidad, crimen organizado y el tráfico de influencia.
 
Escun insistió que es necesario transparentar los procesos de elección de magistrados y la justicia e insistió  en que se reconozca el carácter pluricultural del Estado, se fortalezca la independencia judicial, la democracia republicana y prevalezca el Estado de Derecho y la unidad.
 
En Totonicapán la autoridad  indígena ha resuelto unos mil 300 casos de conflictos, lo significa un ahorro para el Estado, destacó Escun, quien mencionó han resuelto casos complejos.

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“No venimos a limosnear sino a que se tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas, porque cuando se criminaliza a las autoridades indígenas también se criminaliza a las mujeres”,  manifestó Ana Laynes del Gran Consejo Nacional de Autoridades Indígenas de Ixim Ulew.

• Consulte aquí los acuerdos entre la Mesa Técnica y diputados

Proponen reforma

Miguel De León Ceto, líder Ixil, insistió en que han respaldado el proceso de reforma porque modernización el sistema de justicia. Ceto presentó una propuesta para que se enmiende el artículo 203 de la Constitución.
 
La propuesta busca que se permita que las autoridades indígenas impartan justicia de conformidad con la Constitución, leyes ordinarias y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
 
También que quede registrado que “las autoridades ancestrales indígenas ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres con respeto a los Derechos Humanos”.
 
“Creemos importante que se reconozca lo que hemos venido practicando durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, surge de la necesidad que tienen los pueblos para que no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones”, abundó De León Ceto.
 
El líder indígena sentenció  que apoyan  la reforma constitucional siempre y cuando el Congreso no desvirtué su espíritu que va enfocado en eliminar el tráfico de influencias y fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y contribuir a la unidad nacional.

“Creemos que es importante que se reconozca lo que hemos venido practicando los pueblos durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, sino de la necesidad que tienen los pueblos para que ya no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones”, aseveró De León Ceto.

• Consulte aquí los 23 cambios que acordaron los diputados para la reforma judicial

Conclusiones

Rigoberto Juárez, del gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Poptí, Akateko, planteó que su propuesta, “no admite ningún tipo de subordinación de la justicia que hace las autoridades indígenas”.
 
Aseguró que la justicia indígena es respetuosa de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza y que buscan en la Constitución “un verdadero pacto social que refleje la realidad plural del Estado”.
 
“Rechazamos rotundamente cualquier descalificación o criminalización de nuestras formas de mantener la convivencia social, en nuestros pueblos y comunidades. Nos reservamos el derecho de accionar ante las autoridades contra quienes realizan dichas descalificaciones”, aseguró Juárez.