Menor de 13 años con alerta Alba-Keneth activa es conducido por portar dos armas de fuego

La PNC informó sobre el caso de un menor de 13 años que fue remitido al juzgado correspondiente por portar dos armas de fuego.

Hedy Quino

23 de agosto de 2024 | 16:46h

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Un menor de edad portaba dos armas de fuego, por lo que fue conducido por la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un menor de 13 años fue conducido al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal por portar dos arma de fuego en una bolsa de costal.

Para efectuar la conducción del menor, agentes iniciaron una persecución en la colonia Los Ángeles, zona 6 de la capital, la cual terminó en la 34 avenida y 19 calle, colonia Arrivillaga, zona 5 capitalina.

El adolescente portaba una bolsa de costal color amarillo con negro y en el interior había dos armas de fuego, tres tolvas y 60 municiones.

La PNC indicó que las pistolas tenían borrado el número de registro.

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“Con el decomiso de estas armas de fuego se salvan vidas”, indicó la PNC.

Reporte de desaparecido

El menor fue reportado como desaparecido el 22 de julio de 2024, por lo que tenía activa una alerta Alba-Keneth, detalló la institución policial.

Medios locales publicaron un video en el que reportaron la persecución policial.

En las imágenes se observa a un agente que corre para ingresar a un taller mecánico en la zona 5 capitalina.

Además, se logra ver que adentro del inmueble se encuentran otras personas.

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Según García, Stalling presentó ese día un cuadro de diarrea y fue tratada con éxito ese mismo día. “No ameritaba ninguna intervención médica mayor ni ser hospitalizada”, aseguró el director.

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Un dictamen similar hecho por el Inacif fue en torno a Roxana Baldetti, quien se ausentó en el juicio por el caso Lago de Amatitlán por enfermedad y fue trasladada al Hospital Roosevelt, pero días después la entidad certificó que ella ya se encontraba bien de salud.

La audiencia de etapa intermedia está programada para el 30 de agosto en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

La audiencia de etapa intermedia se ha detenido en seis ocasiones y el caso ha pasado por cuatro juzgado diferentes, debido a varios recursos interpuestos por la magistrada y excusas presentadas por los togados.

El viaje del expediente

Inicialmente el caso fue designado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Adrián Rodríguez, pero Stalling lo recusó por dudar de su imparcialidad y esto llevó al juez a inhibirse.

Luego, el caso pasó al Juzgado Octavo, a cargo del juez suplente José Alvarado. No obstante, Stalling logró separarlo del caso alegando que mantiene una amistad con él y que había fotografías de ambos juntos.

El expediente pasó a manos de la jueza Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno. Sin embargo, ella se inhibió aduciendo que dudaban de su imparcialidad.

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Finalmente, la carpeta cayó en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, donde se ventila actualmente el proceso penal.

Stalling es señalada haber presuntamente presionado al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, sindicado en el caso de estafa al seguro social conocido como Igss-Pisa.

Ruano entregó como evidencia la conversación que le grabó con ella.

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La fiscalía pide provisionalmente para ellos penas de hasta ocho años de cárcel, en uno de los casos, aunque el juicio se ha suspendido en diversas ocasiones por la imposibilidad de localizar a las víctimas.

Los hechos se remontan al 23 de junio del año 2006, cuando un ciudadano guatemalteco fue sorprendido robando, presuntamente, en casa de un inspector de la Policía Local de Torrevieja, que tenía su teléfono intervenido por orden judicial en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

Varias patrullas se desplazaron hasta el domicilio y los agentes detuvieron al presunto ladrón y a su entonces compañera sentimental, a quienes trasladaron a dependencias policiales.

Los sospechosos fueron supuestamente amenazados, insultados y agredidos por cinco policías, quienes rehicieron el informe de la detención con el beneplácito de tres mandos para que hacer constar que se habían resistido y justificar así las lesiones que presentaban.

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La fiscalía les acusa provisionalmente a los ocho acusados delitos de torturas, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.

En la causa llegó a estar también acusado el concejal de Seguridad Ciudadana de Torrevieja de aquellas fechas, Pedro Valero (PP), pero falleció el pasado mes de septiembre.

La investigación judicial de estos hechos incluye numerosas intervenciones telefónicas donde los implicados revelan que el presunto ladrón tenía “dos costillas rotas” junto a otras “lesiones graves” tras pasar diez horas en los calabozos.

Los implicados llegan a admitir en estas conversaciones que el detenido “está reventado por dentro”, por lo que deciden “rehacer el informe de prisa y corriendo” para que incluya que se había resistido a la detención y justificar así las lesiones que presenta.

“Somos sirvientes del pueblo de Sololá y Guatemala. Tenemos vocación de lo que hacemos, cero corrupción e impunidad y aplicamos la ley como debe ser”, opinó el jurista, quien dijo que dicho juzgado atiende unos ocho mil casos al año.
El juez dijo que antes de llegar al puesto trabajó como catedrático durante 22 años y en la actualidad es docente universitario en Sololá.

García cuenta que su secreto como jurista es la misericordia con que actúa al momento de hacer su trabajo.

“Lamentablemente la ley de tribunales de familia tiene otra característica, recordemos que la justicia lo impartimos los hombres, pero la equidad la imparte Dios. Ser equitativo es difícil, porque todos nos equivocamos”, reconoció.

Según el juez, los problemas más recurrentes en el departamento son por la pensión alimenticia. “Como anécdota, hace un mes y medio tuvimos una equivocación: a las siete de la noche firmé una pensión alimenticia a un hombre por Q2 mil, resulta que después nos dimos cuenta que él es interdicto (cuando tiene restringido el ejercicio de ciertos derechos) y era a la esposa quien tenían que dar la pensión al hombre. El error se corrigió”, comentó.

El juez dijo que conoce que Sololá es en un lugar de pobreza y cree que es necesario aplicar bien la justicia. “Honro mi trabajo y lo seguiremos haciendo dentro del juzgado con el equipo que me apoya”, expresó.

Valerio Morales, líder comunitario de Sololá, opinó que el honor lo ganó porque siempre ha apoyado al departamento. Explicó que el jurista, previo a juzgar, siempre inicia por un análisis, consciente que como seres humanos nos equivocamos, evalúa los casos antes de emitir una sentencia. “Lejos de apegarse a la Ley, también se apega a la realidad de la población indígena”,  dijo Morales.

Marta Orozco, vecina del municipio, recordó que fue beneficiada en un proceso que tuvo a su cargo Estrada García. “No fue mucho la pensión económica que recibo, pero somos conscientes de nuestra realidad. Lo importante es que mis hijos estudian, tiene comida y salud”.

Los empleados que figuran en los documentos están en el renglón 011, pero el argumento de los directivos es que no cumplieron lo establecido en la Ley de Servicio Civil.

La directiva informó que en los próximos días comenzarán el trámite de destitución en un juzgado de trabajo, quien será la que avale la decisión del Legislativo.

Entre los trabajadores en proceso está Xiomara Conde, quien es secretaria del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), quien ha encabezado movimientos de las destituciones del año pasado.

En la lista también figura Catarina Tambriz y Tambriz, hermana del diputado Francisco Tambriz. Además está Dolores Elisandra Zeledon Monroy, exdirectora de la Unidad de Acceso a la Información, quien ya ganó un proceso ante un juzgado laboral.

El @CongresoGuate busca la destitución de 90 trabajadores más. En enero pasado inició el proceso contra 52, 37 de ellos apelaron pic.twitter.com/hKmGfr0NRs

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 5, 2017

Cambios en personal

En enero del año pasado la directiva presidida por Mario Taracena comenzó el proceso de destitución contra 52 empleados, de los cuales 37 apelaron dicha disposición.

Este jueves la directiva también notificó a 15 trabajadores que apelaron el primer proceso de destitución que comenzó el Legislativo, sobre el fallo en su contra y el inminente retiro de sus cargos.

La Juez Julia Marisol Rivera Aguilar denegó el amparo indicando que el Estado en su petición de amparo, no presenta o no indica nuevas circunstancias del acto reclamado para fundamentar su solicitud de un amparo provisional.

Mientras tanto, miles de ususarios continúan a la espera de su mensajería puesto que las oficinas continúan cerradas y las autoridades no han tomado el control de las operaciones.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó el amparo viernes 12 de agosto y el juzgado requería un informe circunstanciado de la empresa Correos de Guatemala (CDG), previo a resolver el amparo.

La PGN tiene planificado presentar un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad, en un intento porque vuelva a funcionar el correo. La resolución podría estar en las próximas 48 horas, por lo que el servicio comenzaría a funcionar la próxima semana, aunque la empresa responsable aún no se ha pronunciado al respecto.

Por el momento hay 28 mil piezas de correspondencia, entre paquetes y sobres, que no se han entregado y están en poder de las 65 agencias que aún operaba la CDG informó esta semana la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT).

• Diferencia de criterios

El CDG  argumentó que el cierre de las operaciones en agosto se debe a que se cumplió el plazo de 90 días, fijado en mayo, para efectuar la devolución o revertimiento  de bienes.

La empresa ya había dejado de operar el servicio postal en mayo pasado  al argumentar que el Congreso no le aprobó la ampliación del contrato de concesión por cinco años.

Sin embargo, el ministerio dijo que no se pudo finiquitar ese proceso por anomalías por lo que no pueden el Estado retomar la operación del servicio.

La PGN es del criterio que basados en el contrato, las partes autorizaron la ampliación y no se necesita aprobación del Congreso, por lo que la empresa debe terminar de operar los cinco años, explicó la procuradora Anabella de Morfín.

El  plazo del contrato original es de 10 años a partir de mayo del 2004.

La empresa insiste en que sí se necesita la aprobación del Organismo Legislativo, además refirió en un comunicado que la DGCT ya tiene en su poder 177 agencias pero ese ente lo desmiente indicando que  no se ha hecho la entrega oficial.

En Quetzaltenango

Con dos rótulos en los que se lee “Cerrado, disculpe las molestias” El Correo informó a los usuarios de Quetzaltenango sobre la suspensión de sus oficinas ubicadas en la zona 1 de la cabecera departamental.

Vecinos de ese municipio lamentaron el cierre de las oficinas aunque aseguraron que el uso de este servicio ha disminuido.

Este viernes, que la Corte Suprema de Justicia celebró el Día del Juez y la Jueza y también inauguró oficialmente el Juzgado de Mayor Riesgo D, que estará a cargo de la jueza Ericka Aifán.

La diligencia se ha desarrollado por 28 días no consecutivos y aún está pendiente que Gálvez resuelva si envía a prisión preventiva a los sindicados o les medida sustitutiva a los 53 procesados. Otros cuatro fueron beneficiados con la falta de mérito a los señalamientos y quedaron fuera del caso.

Entre los procesos suspendidos se encuentra el llamado Semococh, en el que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), son acusados por el Ministerio Público del delito de ejecución extrajudicial, al supuestamente haber ejecutado a tres pobladores de la aldea Semococh, Chisec, Alta Verapaz, el 15 de agosto del 2014. Dicha audiencia debía efectuarse el 20 de junio.

Entre el 27 y 28 de junio también debía efectuarse una audiencia por el caso Sierra Ovando, en donde 20 hombres son acusados de integrar una estructura criminal señalada de cometer limpieza social, robo de droga, robo de dinero y sicariato, integrada por civiles y agentes de la PNC.

El 29 de junio se suspendió la audiencia de primera declaración del caso El Morado, se trata del presunto narcotraficante Manfredo Cordón, alias El Morado quien tiene varios procesos en el Juzgado B de Mayor Riesgo.

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En otra de las audiencias suspendidas se presentarían pruebas del caso Semillas de Amor, que tiene que ver con adopciones irregulares y comenzó en el 2008.

Del 4 al 8 de julio se tenía previsto que se desarrollara la fase intermedia del caso La Linea, pero esta también fue suspendida por el desarrollo de Cooptación del Estado.

El caso denominado Canchas Perfect también fue aplazado. Se trata de un proceso en el que se señala a una mujer de haber sido la autora intelectual del asesinato de su esposo, un empresario, dueño de una empresa de seguridad, ocurrido en el 2011.

Del 11 al 15 de julio, Gálvez también debía efectuar una audiencia por la muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, quienes fueron asesinados en Mazatenango, Suchitepéquez, el 10 de marzo del 2015.

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Traslados

Debido a la cantidad de señalados en el caso Cooptación del Estado, también se trasladaron expedientes al Juzgado D de Mayor Riesgo.

Los casos que ya no serán atendidos por Gálvez son, entre otros:

• Siekavizza
• Mirna Mack
• Chico Dólar
• Diario Militar
• Desapariciones forzadas
• El Morado
• Pandillas señaladas de extorsión en Mixco
• Sierra Ovando
• Semilla de Amor

Gálvez continuará conociendo 18 casos.

Con información de Jerson Ramos

Completar un proceso de adopción puede demorar de seis a nueve meses. Una vez que el niño es declarado adoptable por el juzgado, desde que se notifica hasta que el caso llega a una junta de emparentamiento —en la cual empieza a seleccionarse la familia idónea para el niño— pasan 91 días.

“No todas las familias que son certificadas como idóneas reciben un niño”, aclara Ortiz Samayoa.

Añade que solo el 26 por ciento de las familias recibe infantes porque en realidad no hay tantos, no como ese “niño imaginario”, “ideal”, que los padres adoptivos buscan; sano, menor de cinco años, incluso con algunas características físicas similares a las de ellos.

En los hogares privados hay 4,161 niños, pero eso no quiere decir que todos puedan ser adoptados. Quienes están en esa categoría son menos del 10 por ciento —339 menores— indica Ortiz Samayoa. Otros viven con familias sustitutas y con familias ampliadas (parientes cercanos).

En el 2015 hubo 69 familias a la espera de adoptar un niño de entre 0 y 3 años. Este año, 85 padres considerados “idóneos” esperan ser seleccionados para acoger a 34 menores de hasta cinco años. La directora explica que 51 familias continuarán en el proceso porque esperan que el infante tenga un determinado perfil.

Largas esperas

Jireh tiene 6 años, el mismo tiempo que ha transcurrido para que el Juzgado Quinto de Niñez declare su adoptabilidad. En tanto se concreta el proceso y su caso llega a una junta de emparentamiento quizá pasen un par de años más, lo cual disminuye sus posibilidades de tener un hogar.

Dueño de unos ojos negros refulgentes, con seriedad comenta que aprende la “m de mamá”, “de mano”, “de mesa”, “de mono”. Una mamá “ríe, corre, grita, desayuna, almuerza y cena”, afirma mientras se enfrasca en una batalla de dinosaurios. Su mamá, fue la víctima de un crimen antes de que él cumpliera seis meses.

Al menos tres personas, supuestos tíos, lo han reclamado ante la justicia, pero los exámenes de ADN han dado negativo.

Nayeli tiene 17 años y estudia secretariado. La última posibilidad que tuvo de ser adoptada fue justo el año en que la Ley Nacional de Adopciones cambió.

Ella fue uno de los tantos “casos de transición” que quedó sin resolverse. El padre adoptivo, un ciudadano norteamericano, quien comenzó el trámite junto con su familia, enfermó de cáncer. Uno de los requisitos exigidos fue que después de someterse al tratamiento demostrara que sobrevivió seis meses. Cuando se le pregunta a Nayeli qué quiere hacer cuando su vida ya no dependa del hogar, responde: “Abogada de niños huérfanos como yo”.

Existen tres renglones de niños que parecen estar excluidos de las preferencias: quienes tienen 9 años o más, enfermos de VIH y los que tienen necesidades médicas y retrasos en su desarrollo psicomotor.

Sin embargo, debido a los señalamientos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), afirmó que arribará al país sin especificar la fecha.

“Informo a la ciudadanía que no soy una persona que se esconderá. Me  presentaré a Guatemala para dilucidar cualquier responsabilidad”, puntualizó.

Marroquín agrega que acudirá voluntariamente ante el juez que lleva a cargo el proceso. “Yo fungía como Junta Directiva. No aprobé el contrato de usufructo”, añadió.

Debido a los múltiples reclamos e insultos que ciudadanos le enviaron este viernes por la tarde en las redes sociales, el exinterventor durante el gobierno de Otto Pérez Molina publicó otro mensaje en Twitter.

“No contestaré a insultos! Me presentaré en Guatemala y contestaré las preguntas de los entes competentes!!”, enfatizó el viernes aproximadamente a las 18 horas.

Luego de haber asumido la octava legislatura y revelarse abusos en contrataciones, la Directiva del Congreso destituyó a cerca de 50 personas que habían sido trasladadas de renglones de contratación temporal a permanentes, lo que les daba los beneficios del Pacto Colectivo. Se les destituyó porque tenían menos de tres meses, así que estaban a prueba.

El caso de Zeledón fue especial, ya que Taracena la destituyó porque hasta el 2015 devengaba Q32 mil 405 y desde el 2010 había vedado información de plazas y sueldos de los trabajadores del Congreso. En su lugar contrató a otra persona, a quien se le estableció sueldo de Q25 mil mensuales.

“Le pusimos un escritorio y le compré pintura de uñas para que haga eso, pues no la puedo poner a hacer nada. Ella le pasó negando información a la ciudadanía desde el 2010”, dijo.

Sin respuesta

Se enviaron mensajes al teléfono celular de Zeledón, pero aunque aparecían como leídos no hubo respuesta.

Taracena afirmó que buscarán corregir los problemas en la Ley de Servicio Civil, pero indemnizar costará “millonadas” y todo saldrá de los ahorros. “Solo un trabajador se va a llevar Q3 millones”, se lamentó.

Hace dos días el Inacif recibió la petición del juez Miguel Ángel Gálvez para que en un plazo de 24 horas realizara una evaluación médica de Baldetti, y extendiera un informe que estableciera su estado de salud.

El traslado de Baldetti el pasado lunes al Juzgado de Mayor Riesgo B se atrasó por los problemas de salud de la exfuncionaria.

La audiencia se retrasó varias horas debido a que Baldetti se negaba a salir de su celda para ir al Juzgado aduciendo que tenía quebrantos de salud.

Los exámenes precisan el padecimiento de la ex vicepresidenta, aunque el informe también indica que puede recibir tratamiento ambulatorio por lo que no de momento no será necesario su traslado a un centro asistencial.

La ex vicemandatario llegó al juzgado luego que Gálvez indicara que si no se presentaba iniciaría acciones legales en contra del director del Sistema Penitenciario.

Al final la audiencia se suspendió indefinidamente, debido a que falta resolver una acción legal presentada por la Procuraduría General de la Nación. 

De la enfermedad

Las hemorroides es la inflamación de las venas en el recto y ano. Anatómicamente son un tipo de almohadillas de tejido submucoso donde están contenidas las vénulas y arteriolas superficiales.

Las causas de las inflamaciones pueden ser varias, entre ellas esfuerzo para evacuar, embarazo, estreñimiento, la diarrea, estrés y envejecimiento.

Aunque el  tratamiento suele ser ambulatorio las complicadas pueden requerir cirugía y otros tratamientos que deben ser practicados por especialistas en coloproctología.

Personal de la Feci entregó este viernes la investigación en el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B, que conoce el caso donde el MP lo sindica de otros hechos.

Anteriormente la fiscalía atribuyó a Mendoza Matta los hechos cometidos entre marzo y agosto de 2014. El MP detalló que el 26 de marzo se produjo la desaparición de una persona.

También indicó que el 1 de julio esa red perpetró otro crimen que está documentado. “Al siguiente día cometió otro asesinato en un café internet”, explica un comunicado oficial.

Afirma que entre el 4 y 8 de julio  se allanaron inmuebles, con la intención de amedrentar a pobladores de Los Amates y Morales, en Izabal.

“El 31 de agosto sustrajeron productos de una empresa de bebidas y Q.19 mil en efectivo de la caja de seguridad”, refiere.

Implicados

En este caso también se encuentran vinculados Jerzi Natanael Velásquez Alvarado, Olger Danilo Pineda Villeda, Miguel Ángel Felipe López, Nelson Aroldo Machorro Fajardo y Estuardo Homar González Ortiz.

Con la sindicación presentada este viernes por la fiscalía se le acreditan nueve asesinatos, una desaparición forzada, el robo de diez semovientes, el hurto de un camión que llevaba bebidas y Q19 mil en efectivo, según consta en el expediente MP3542-2014-810.

En los medios de investigación que la Feci presentó hay interceptaciones telefónicas con autorización judicial, las cuales los involucra directamente con los hechos.

Haroldo Mendoza Matta es sindicado por asesinato y asociación ilícita, mientras que sus colaboradores por desaparición forzada, robo agravado, allanamiento con agravación de la pena, asesinato y asociación ilícita.

El Juzgado Primero B de Mayor Riesgo envió a prisión a 18 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes el Ministerio Público señala como posibles responsables del delito de ejecución extrajudicial. Uno más fue beneficiado con libertad condicional.

Los hechos que la Fiscalía imputa en contra de los policías son presuntamente haber ejecutado a tres pobladores de la aldea Semococh, Chisec, Alta Verapaz, el 15 de agosto del 2014.

El año pasado, un contingente formado por mil 416 elementos de la Policía fueron al referido lugar, donde la población mantenía retenidos a ocho agentes de la institución.

La operación era para rescatar a sus compañeros, quienes se encontraban en el lugar ejecutando unas órdenes de captura contra líderes comunitarios.

Cuando el contingente ingresó, los residentes arremetieron contra la fuerza pública. Algunos policía accionaron sus armas en contra de la población.

Como resultado de los hechos se cuenta la muerte de Luciano Canjucub, de 40 años, Sebastián Rax Caal, 45, y Óscar Chen Quej, 25.

Resolución

El juez Miguel Ángel Gálvez se mostró indignado por el caso, y refirió que no comprendía por qué en el operativo participaron tantos elementos de las fuerzas policiales.

Explicó que ese tipo de accione de las autoridades fueron recurrentes en el conflicto armado, y que esa época ya había terminado.

Agregó que al buscar información en internet sobre la aldea Semococh, estableció no hay registros que indiquen que haya una población mayor a unas mil personas.

“No sé por qué tanto operativo para capturar a dos personas, y no estamos en guerra. Las bombas lacrimógenas cayeron en las covachas”, dijo el juez.

Libre

El único que quedó en libertad fue Erwin Martínez Salazar, quien intentó ayudar a las víctimas, pues llamó a los bomberos para que les dieran los primeros auxilios.

Entre los elementos policiales que guardarán prisión preventiva se encuentran el ex subdirector de Operaciones, Pedro López, el subinspector, Uriel González Miranda y el Oficial Tercero, Lorenzo Santos Suy.

También dos empresas, entre ellas una hidroeléctrica, y una hacienda llamada Las Maravillas.
Fiscales del Ministerio Público (MP) dijeron que el valor económico de las fincas y empresas mercantiles es incalculable.

Según se determinó, los bienes estaban a nombre de familiares, amigos y el propio Juan Ortíz, quien el 21 de mayo de 2014 fue extraditado a Estados Unidos.

La justicia estadounidense lo sindica de conspiración para traficar cocaína en una embarcación y conspiración para distribuir droga.

Actualmente, el presunto narcotraficante está a la espera de resolver su situación jurídica en ese país.

Otros bienes

En enero de este año la Unidad de Extinción de Dominio del MP entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), ocho fincas, con extensión de 59 caballerías, que fueron extinguidas a Chamalé en Ocós, San Marcos.

Una de las fincas estaba a nombre de Carlos Alberto Ramírez Reyes y siete a nombre de Ernesto Waldemar Morfín Guzmán, ambos testaferros de Chamalé.

El embargo de las propiedades fue solicitado el 2 de diciembre del 2013.

Chamalé fue detenido el 30 de marzo del 2011, en la colonia El Maestro, zona 8 de Quetzaltenango, para cumplir con la orden de captura internacional en su contra con fines de extradición a Estados Unidos.

La captura se llevó a cabo luego que la comerciante Rosalba Palacios denunció que le cobraban Q3 mil mensuales a cambio de dejarla operar una máquina tragamonedas en su negocio.

También fueron señalados de haber incautado seis máquinas tragamonedas pero solo remitieron tres al Ministerio Público, y las otras tres fueron devueltas a cambio de dinero.

Los agentes fueron identificados como: Osmín Jiménez López, de 29 años; Mynor Otoniel López Godoy, 28; Hemby Enrique Lima Rivas, 28; César Gregorio Hernández, 22, y Marvin Giovanni Cruz Pérez, 21.

También 30 muertes

A Guayo Cano, se le atribuyen más de 30 muertes en la Democracia, Huehuetenango, entre ellas la de la fiscal Irma Yolanda Olivares, junto con otras seis personas.

La hipótesis del ente investigador es que esa organización criminal, que operaba en Huehuetenango, responsabilizó a varios policías de la subestación de Salcajá del robo de dinero de esa estructura y por eso los eliminó.

Después de 83 días del inicio de la operación Dignidad fue capturado en Tuxtla Gutiérrez, México, y deportado al país el presunto líder del autodenominado cartel del Golfo.

La fiscalía había anunciado a mediados de diciembre que entre los coacusados había 70 miembros del palestino Hamas y del libanés Hezbolá, juzgados en ausencia.

El ministerio público acusa a militantes de los Hermanos Musulmanes -la cofradía de Mursi-, de Hamas, de Hezbolá y a yihadistas de haber atacado prisiones y puestos de policía, matando a policías y ayudando a miles de presos a escapar durante los primeros días de la revuelta que puso fin al régimen de Hosni Mubarak, y tras la que Mursi llegó al poder.

Este último fue depuesto a principios del pasado mes de julio tras varios días de manifestaciones en las que se le acusaba de no saber gestionar el país y de servir sólo a los intereses de su cofradía.

Los Hermanos Musulmanes fueron designados la semana pasada como “organización terrorista”  por las autoridades egipcias, por lo que sus miembros se enfrentan ahora a hasta cinco años de prisión por participar en manifestaciones o poseer escritos o grabaciones de la cofradía; y sus dirigentes, a la pena capital.