En Guatemala nos mantenemos en un estado de incertidumbre que es producto de la incertidumbre del Estado. Basta ver la crisis generada por la corrupción desmedida del gobierno del Partido Patriota, con la utilización de cuerpos ilegales a través de los que se aprovecharon del Estado y de sus recursos.

Lo que esta crisis también manifiesta es lo profundo de estos cuerpos dedicados a la corrupción, pero además hace pensar sobre los círculos de responsabilidad que existen alrededor de los mismos. Hoy encontramos, tal y como veníamos mencionando desde hace mucho tiempo, que el monopolio de la televisión y sus múltiples otras inversiones en medios de comunicación llegaron a desarrollar un poder político totalmente desmedido que les permitía manipular procesos electorales, determinar la composición del Congreso, apoyar a varios partidos políticos y candidatos a la Presidencia para obtener de todos ellos compromisos a futuro. Todo esto sucedió con el mayor descaro y cada vez con una mayor influencia política por parte del monopolio mediático que podía llegar a determinar hasta la composición del Congreso.

Los gobiernos, tanto nacional como municipales, gastan enormes sumas en publicidad innecesaria a cambio de que los medios de comunicación tradicional y el Congreso mantuvieran su oposición a generar un espectro de diversidad y pluralismo mediático (diversidad de medios, pluralismo de ideas) que es absolutamente necesario para defender la libertad de expresión y la democracia. En particular se opusieron e incluso criminalizaron a los medios de comunicación comunitaria, especialmente en zonas rurales e indígenas. Esto debe corregirse de inmediato, antes de que se dé el proceso de transición digital de los medios de comunicación audiovisual.

Hoy que la Cicig y el Ministerio Público han logrado determinar su responsabilidad directa en campañas de corrupción mediática, legales e ilegales para apoyos electorales, y han girado las primeras órdenes de captura, es el momento preciso para que el Congreso de la República se vea obligado a legislar rompiendo los monopolios y estableciendo mecanismos que garanticen el espectro radioeléctrico de comunicación, represente la diversidad y pluralismo del país necesarios para una democracia, y se establezcan también las garantías suficientes para que estos fenómenos de concentración no se vuelvan a repetir.

La corrupción es un fenómeno mundial que está provocando estragos en las economías de los pueblos y cuestionando severamente los niveles de liderazgo político en el mundo que no da señales de estar dispuesto a enfrentarlo. Los grandes avances en la tecnología de la comunicación se esperaba que facilitarían los procesos de convivencia pacífica e incrementarían los niveles de productividad; sin embargo, en casos como el de Guatemala, terminaron profundizando la polarización económica, acentuando la corrupción y los extremos de riqueza y de pobreza.

El gran desafío de todos los guatemaltecos es hacer de la justicia y la equidad la base fundamental de la convivencia social y del desarrollo y poner nuestro mejor esfuerzo por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado que permita reencauzar al país.

Felicitamos en particular al comisionado y al personal de la Cicig, a la Fiscal General y al personal del Ministerio Público, así como a los jueces, por la valentía de cumplir con su misión y enfrentar estos desafíos. Esperamos que la institucionalidad de justicia de Guatemala tenga la fortaleza de cumplir con su mandato institucional y su misión histórica.

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Después de la sanción presidencial a la ley que reforma la LEPP es importante mantener nuestra atención en el proceso de reformas que es de suma importancia: la reforma de fortalecimiento al Sistema de Justicia.

Hay que recordar que el sistema de Justicia guatemalteco ha sido reformado varias veces en forma parcial, pero no con una visión global de fortalecer los procedimientos judiciales, facilitar el acceso de la justicia a la población y dar mejores resultados para erradicar la impunidad.

Un avance sustantivo en el tema de justicia fue la aprobación del Código Procesal Penal de 1992, convirtiendo el juicio penal en oral y público, lo cual hace que brinde mayores garantías y donde el juez inicial de instancia ya no es un juez de instrucción responsable de la investigación, sino que esta tarea fue claramente trasladada al Ministerio Público, a través de los fiscales encargados de cada caso. Al iniciar el juicio oral se hace ante un Tribunal de Sentencia, compuesto por tres jueces, con lo cual se logra una decisión colegiada y no individual en asuntos penales.

Urge hacer cambios integrales para la visión y la acción del sistema de justicia, tales como limitar los casos en que se utiliza un recurso de amparo y sus procedimientos, como un procedimiento retardatario de los procesos. Otro es que la Corte Suprema de Justicia solo tenga responsabilidades de tipo jurisdiccional y que lo administrativo quede a cargo de un ministerio de Justicia.

Hoy la discusión se da sobre si integrar a esta reforma el Derecho Maya, lo cual en un país con diversidad étnico cultural como Guatemala parecería ser evidente; sin embargo, este es un tema que hay que tratar con mucha seriedad y tomándose el tiempo necesario para analizarlo adecuadamente, pues pueden darse dos situaciones no deseadas: que por la premura se toque con superficialidad, lo cual sería muy dañino, por la seriedad que se merece, o que se den especulaciones improvisadamente sobre el tema con algunos planteamientos no fundamentados adecuadamente y esto permita generar una campaña de rechazo a todo el proceso de reforma, contra el cual conspiran algunos grupos que pretenden mantener un régimen de impunidad.

Es indudable que en un pueblo con profunda identidad indígena como el nuestro y con una gran tradición de mecanismos de derecho consuetudinario para resolver asuntos de conflictividad, estos procedimientos merecen un reconocimiento especial y debieran ser vistos con una forma adicional de hacer justicia y de mantener la armonía y paz social en el país. El Derecho Consuetudinario Maya debe ser analizado y reconocido no solo en cuanto a sus valores y contenido, sino también a sus procedimientos de implementación. Está claro que este derecho, como cualquier otro, no queda estático en el tiempo, sino que evoluciona según el contexto. Pero también es cierto que no podemos reconocer como derecho maya cualquier práctica que una persona o grupo proponga.

Cabe mencionar que la Constitución, respondiendo a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado guatemalteco, tiene la obligación de garantizar la ciudadanía, la democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, pues estos son garantías universales establecidas para proteger la vida y la dignidad de todo ser humano que deben ser consideradas por igual en cualquier parte del mundo, cualquiera que sea la raza, identidad cultural, nacionalidad o religión.

Esta defensa de los derechos humanos, por ser una red de garantías mínimas y universales, no puede aplicar ningún relativismo cultural.

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Un fenómeno agregado a estas formas de violencia es la intimidación y acoso sexual que se realiza a través del internet contra mujeres periodistas, precisamente por dedicarse al trabajo periodístico y a la función de informar. Incluso mujeres periodistas que quieren dedicarse a la cobertura de la temática de deportes sufren también por su decisión de insertarse en este tema. Pareciera que este mundo retrocede y considera que el periodismo debe ser una profesión peligrosa, además el corolario de estas situaciones de violencia viene a ser la impunidad, pues aunque es propia de sociedades con sistemas de justicia débiles, debemos reconocer que la impunidad por actos de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos es más alta que la que se da en otros temas de violencia general.

Es por lo anterior que a raíz de la masacre de periodistas en Mindanao, Filipinas, se establece el 2 de noviembre como el Día Internacional en contra de la Impunidad, por actos de violencia en contra de periodistas y comunicadores sociales.

El 3 de mayo de 2016, la Unesco lo celebró en la Ciudad de Helsinky, Finlandia, por tratarse del CCL (250) aniversario de la primera Ley de Libertad de Expresión y Libertad de Imprenta (prensa) que se dio en el mundo en épocas que Finlandia era parte de Suecia, promovida por el filósofo Peter Forskal, nacido en Helsinky en 1732, quien elaboró en 1776 un volante con las 25 tesis fundamentales con las que una sociedad democrática debía permitir la libre impresión y circulación de ideas aun cuando fueran críticas del Gobierno y dar acceso al público a todos los documentos oficiales. Dicha publicación se convirtió en ley, que por supuesto no duró mucho tiempo pero sentó las bases históricas para que desde ese entonces se entendiera la importancia de los temas de libertad de expresión, libertad de prensa y de acceso a la información pública como elementos esenciales de la democracia.

Estos temas de libertad de prensa y libertad de expresión progresivamente evoluciona en sociedades democráticas y queda plasmado con claridad en 1948, en el artículo XIX de la Declaración Universal de Derechos Humanos que después se vuelve en el artículo XIX y XX del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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