Las magistradas Beyla Estrada de Brito (Sala Tercera de Apelaciones) y Vitalina Orellana (Corte Suprema de Justicia) serían parte del Tribunal Supremo Electoral. Los nombramientos de ambas magistradas ha causado división entre los magistrados, entre los que están a favor y los que están en contra.

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Los nombres surgen luego de que este jueves fueran destituidos Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos  el auditor Francisco Alonzo y otros siete funcionarios “por cambios que obedecen a la nueva magistratura”. 

Vitalina Orellana ocuparía la vacante que ahora deja Guerra, mientas que Beyla Estrada asumiría como inspector general, cargo que ocupaba Óscar Sagastume.

Dichos nombramientos no logran el consenso de los magistrados, quienes para lograrlo necesitan tres votos de los cinco magistrados titulares.

• Mynor Franco Flores
• Ranulfo Rojas
• Elizabeth Palencia
• Blanca Alfaro
• Gabriel Aguilera

Estrada es vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Con su votó favoreció al fallecido alcalde Álvaro Arzú para no retirarle la inmunidad en el caso conocido Caja de Pandora. Votó a favor de absolver a los directivos del IGSS en el caso conocido como IGSS-Pisa y con su votó también favoreció con arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling.

Mientras que Orellana aún es magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia. Ambas no fueron incluidas en las nóminas que fueron enviadas al Congreso por parte de las comisiones de postulación para ser reelectas.

El Registro de Ciudadanos es una dirección del TSE, entre sus funciones está la inscripción de las organizaciones políticas y la fiscalización de su funcionamiento -que tengan los afiliados y la representación municipal y departamental-, también sobre la suspensión, cancelación y sanción de los partidos políticos. También es quien aprueba o no la inscripción de candidatos a cargos públicos -alcaldes, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano, presidente y vicepresidente-.

Entre las atribuciones que tiene el inspector general están: vigilar el estricto cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos, vigilar el funcionamiento de las organizaciones políticas y desarrollo de la propaganda electoral.

También supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y oficinas del Tribunal Supremo Electoral, con conocimiento del TSE, investigar de oficio, o a instancia de parte, los hechos que constituyan transgresiones a la ley, a los reglamentos y a las disposiciones de carácter electoral.

Más destituciones

Junto a los dos profesionales, también fueron removidos de sus cargos Armando Arroyo, director de Finanzas; Elsie Gladys Pineda, jefa del departamento de Compras; Samuel Vargas, jefe del departamento Administrativo; Óscar Sagastume, Inspector General; Eddie Fernández, director del Instituto Electoral; Giovanni Rodríguez, jefe de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y Claudia Rojas, jefa de la Unidad Especializada del Voto en el Extranjero.

Mynor Franco, presidente del TSE, dijo que además de esas destituciones se dieron varios ascensos de integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

Guerra tuvo a su cargo la inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, así como corporaciones municipales del presente período de gobierno.

El ahora exdirector causó críticas de varios diputados cuando pidió licencia para ausentarse de sus funciones en plenas elecciones justificando quebrantos de salud. 

También por su gestión pasaron los procesos de cancelación de los partidos políticos Compromiso Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Visión con Valores (Viva), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) “por haber transgredido las normas de financiamiento electoral”, según informó en octubre del 2018.

A finales de febrero último se conoció que el auditor Francisco Alonzo López había sido suspendido 15 días sin goce de sueldo el mes anterior “por haber visto a los ojos” al entonces magistrado del TSE, Jorge Mario Valenzuela, algo que él tomó como una falta de respeto a su investidura.

El funcionario justificó quebrantos de salud para tomarse un tiempo.

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A su cargo estuvo la inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, así como corporaciones municipales.

En total 35 mil 305 aspirantes fueron inscritos por la oficina que él dirige.

A estas alturas del proceso, con las papeletas impresas y algunas enviadas hacia los centros de votación más alejados de la República, la participación de Guerra ya había culminado.

La licencia que toma Guerra ocurre pocos días después de que Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, abandonó el país junto a su familia por amenazas.

Partidos políticos criticaron sus actuaciones durante la etapa crítica de inscripciones pues veían que algunas “exprés”, como en el caso de Thelma Aldana y Jonathan Menkos, del Movimiento Semilla, en cuya papelería había un error en el segundo nombre del candidato a la Vicepresidencia, y otras solicitudes no avanzaban. Según Guerra, no hubo tratamiento preferencial a los casos, pero sí hubo asuntos, como papelería incompleta, que retardaba el proceso.

Omar Gereda Franco ocupará temporalmente las funciones de Guerra.

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El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra, confirmó que las organizaciones políticas durante el período de campaña podrán utilizar los postes, de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

Guerra explicó que el artículo 223 en el inciso J, establece el permiso a las organizaciones de colocar la propaganda política electoral en postes y por lo tanto queda prohibido “limitar el uso gratuito para colocación de propaganda en los postes o de poste a poste, colocado dentro de calles, avenidas o carreteras del país”. 

Sin embargo, en la Ley Electoral y de Partidos Políticos no se establecen sanciones para quienes pinten la propaganda electoral.

Agregó: “Queda a criterio de los partidos accionar o no ante las pintas que se colocan en la propaganda electoral, ellos deben establecer si es material penal o civil en asunto. Hasta el momento nosotros no analizamos un caso de este tipo”. 

En cuanto a los lugares prohibidos para instalar propaganda electoral, Guerra explicó que los partidos políticos no pueden colocar su publicdidad en “el asfalto o pavimiento de las carreteras, adoquín o empedrado de las calles urbanas. Rótulos o carteles en montañas, cerros y laterales de carreteras. Fijación de letreros, sean pintados pegados, en puentes, edificios o monumentos públicos, igual actividad que afecte casas o edificios privados, salvo que se cuente con el permiso, por escrito”. 

El director del Reigstro de Ciudadanos, dijo que hasta el momento no han recibido denuncias por estos casos.

La vocera de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Iveth Zambrano, dijo que no hay prohibición para que los partidos coloquen su publicidad electoral en postes, sin embargo solicitan que “también tengan la responsabilidad de quitar los letreros cuando finalice la contienda electoral”. 

Zambrano dio a conocer que la Empresa Eléctrica tiene 279 mil 511 postes en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

Crece descontento

Un grupo de guatemaltecos se ha tomado a la tarea de pintar y crear arte, en los postes que aún no han sido inundados de propaganda electoral. 

La iniciativa es del proyecto Los Piezas, un grupo de jóvenes con sede en San Miguel Petapa, que con donaciones de pintura, crean arte sobre las pintas de las organizaciones en contienda electoral. 

Pablo Mirada, representante del proyecto, indicó que se dedican a la prevención de la violencia con proyectos lúdicos para niños y jóvenes. Sin embargo al ver la cantidad de propaganda, decidieron pintar los postes en blanco y que las personas expresaran su creatividad.