Guatemala enfrenta grave crisis hídrica por falta de ley e infraestructura, advierte Human Rights Watch

Guatemala enfrenta una grave crisis hídrica. El 90% de sus fuentes superficiales están contaminadas, según un informe de Human Rights Watch, que urge al país a legislar sobre el acceso y uso del agua.

ACAN-EFE

2 de julio de 2025 | 16:17h

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Human Rights Watch advierte que el 90% de las fuentes de agua superficiales en Guatemala está contaminado, en parte por la ausencia de una ley que regule su uso y manejo. Fotografía del 13 de marzo de 2025 del río Las Vacas en Chinautla, Guatemala, afectado por la contaminación. (Foto Prensa Libre: EFE)

Guatemala enfrenta un serio problema en la administración y regulación del agua, debido a que el 90% de sus fuentes superficiales están contaminadas, según resaltó este miércoles la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

“En Guatemala no existe, a diferencia de los otros países de Centroamérica, una ley de agua”, recordó Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, durante una rueda de prensa.

Las palabras de la abogada colombiana fueron pronunciadas durante la presentación en Ciudad de Guatemala del informe Sin agua no somos nada, de 92 páginas, elaborado por la organización no gubernamental internacional.

De acuerdo con el documento, millones de guatemaltecos carecen de agua distribuida por tuberías, por lo que «dependen de fuentes como pozos, ríos, lagos, manantiales o el agua de lluvia, que muchas veces se encuentran contaminadas».

En el mismo sentido, el informe señala que el 90% de las fuentes superficiales de agua del país están contaminadas.

Los datos expuestos por la organización fueron recabados con base en informes oficiales y en una investigación de campo realizada en Santa Rosa, Jalapa y Totonicapán.

“El análisis reveló que la población indígena tiene menos acceso a agua y saneamiento que el resto de la población, lo cual refleja patrones históricos de exclusión y desigualdad en el acceso a servicios públicos esenciales”, precisó la organización en un comunicado de prensa.

Goebertus recalcó que «el problema de Guatemala no es de disponibilidad» de agua, ya que cuenta con más fuentes “de agua dulce que el promedio global”.

El problema, aclaró la abogada colombiana, es que no “existen mecanismos regulatorios ni infraestructura para que toda la población guatemalteca pueda tener acceso” al vital líquido.

Por ello, HRW recomendó a las autoridades guatemaltecas crear una normativa sobre la administración del agua.

Goebertus indicó que “si bien una ley” al respecto “no es suficiente”, sí representaría un “paso fundamental” para garantizar el acceso al agua.

Según informó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León se encuentra en proceso de construir una Ley de Aguas, por lo que actualmente lleva a cabo diversas actividades para consensuarla.

Sectores buscan alternativas para proteger los ríos y lagos de Guatemala

Informe de la ONU señala que solo cuatro de cada 10 hogares tiene acceso al agua en Guatemala.

ACAN-EFE

15 de octubre de 2024 | 21:56h

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Mujeres indígenas de la comunidad Tz'unun Ya', consideradas como las 'Guardianas del Lago', recogen basura en la orilla del Lago de Atitlán en Sololá, Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

Cientos de indígenas de comunidades de Guatemala se reunieron este martes con el relator especial de derechos humanos de acceso al agua potable y saneamiento de Naciones Unidas, Pedro Armijo, para discutir la situación de disponibilidad al preciado líquido y el cuidado de ríos y lagos del país.

“El agua no es un negocio, ni una mercancía, es un bien común”, indicó el español Armijo durante su intervención, en un encuentro de autoridades indígenas sobre el agua, en San Pedro La Laguna, un municipio ubicado en la cuenca del Lago de Atitlán, en Sololá.

Armijo advirtió que actualmente dos mil millones de personas no tienen acceso al agua en el mundo, por lo que es urgente que se le reconozca como “un bien común”.

“Las comunidades indígenas y campesinas nos han dado la lección desde hace tiempo sobre el respeto sagrado al agua porque nuestro modelo económico está acabando con nuestras fuentes de vida”, señaló Armijo.

“Nuestra integridad y supervivencia dependen de la salud del lago de Atitlán (…) no se trata solo del conocimiento técnico que ha sido utilizado para el extractivismo del agua, debemos tomar en cuenta los saberes ancestrales”, indicó Nancy González, dirigente del colectivo Guardianas del Lago.

González, junto a unas 300 mujeres indígenas de San Pedro la Laguna, realizan jornadas de limpieza periódicas en el lago de Atitlán y han impulsado políticas para reducir los niveles de contaminación de este cuerpo de agua.

Durante el encuentro, las participantes destacaron que es fundamental “tomar en cuenta a las mujeres y no excluirlas de la administración del agua”, debido a la relación cotidiana que tienen con este líquido.

En la reunión, diferentes representantes indígenas denunciaron que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo no les ha tomado en cuenta en las mesas técnicas para la presentación de una iniciativa de ley de aguas, que fue formulada en los últimos meses.

Por su parte, Armijo destacó que una ley de aguas debe estar “fundamentalmente enfocada” en garantizar “el acceso en comunidades indígenas y desarrollar sistemas de saneamiento”.

De acuerdo con un informe de Naciones Unidas presentado en 2021, Guatemala cuenta con el doble de disponibilidad promedio de agua en el mundo, con 33 litros por habitante al día, pero solo 4 de cada 10 hogares tiene acceso en el país.

Este año, el gobierno de Arévalo inició un “Gabinete del Agua” y presentó una propuesta para que el Legislativo apruebe la primera Ley de Aguas del país, para definir las responsabilidades del Estado y diversos sectores en la administración de este líquido.

Ejecutivo anuncia inicio de propuesta para creación de la Ley de Aguas

Además, la vicepresidencia presidirá el Gabinete Específico el Agua.

Fátima Najarro

29 de agosto de 2024 | 10:50h

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En el evento protocolario participaron diferentes autoridades del gobierno central, Legislativo y alcaldes. (Foto Prensa Libre: Vicepresidencia)

En el Palacio de la Cultura se presentó este jueves 29 de agosto, el arranque de la iniciativa para la creación de una ley de aguas. El evento fue liderado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

La ministra de Ambiente y Recurso Naturales, Patricia Orantes, también estuvo presente y recalcó la necesidad de la creación de dicha normativa. Detalló que se tiene el apoyo tanto del sector indígena como del sector privado para trabajar en la temática.

“El proceso será lanzado en un momento histórico donde el gobierno de Guatemala tiene los lazos de comunicación suficientes y necesarios con agrupaciones indígenas, con el sector privado y con sectores interesados”, afirmó la titular de la cartera.

Asimismo, refirió que se busca que el proceso esté basado en estudios técnicos para evitar que esté sujeto a voluntades políticas. Por el momento, se explicó que se conversará con todos los sectores involucrados y que se aprovecharán las lecciones aprendidas de las iniciativas y procesos de diálogos pasados.

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El mandatario aseguró que se tiene el apoyo del Ejecutivo para la construcción de la iniciativa y que se buscará construir en conjunto con los sectores esa solución nacional.

También el presidente del Congreso, Nery Ramos, amplió que en los últimos 30 años al Legislativo han ingresado cerca de 20 iniciativas respecto a la temática, pero solo dos tienen dictamen favorable mientras las demás están archivadas.

“Debe ser abordado como una Política Pública corto, mediano y largo plazo”, aseguró Ramos.

Las autoridades aseguraron que hay necesidad de una normativa específica debido a que los mantos acuíferos están contaminados, sobre todo aguas negras y deforestación. Además, que una de las regiones más afectadas son las Verapaces.  

Gabinete del Agua

La vicepresidenta Herrera dio a conocer que “dentro de poco se lanzará el Gabinete Específico del Agua” por medio del cual se trabajará en la Política Nacional del Agua para impulsarlo desde el Ejecutivo, antes que la iniciativa sea aprobada en el Congreso.

El Gabinete del Agua está por completar el proceso administrativo para su arranque, ya que aún estaban pendientes los dictámenes jurídico y financiero, de acuerdo con información reciente de la cartera de Ambiente.

Estudios de diversas organizaciones explican que el problema se agudizará año con año debido, no solo al cambio climático, sino al acelerado crecimiento poblacional, la deforestación alrededor de cuencas, el proceso de urbanización desordenado, la contaminación de mantos acuíferos y la falta de una ley que obligue al buen uso del agua en el país.  

Si las cosas no cambian, y no se concretan planes serios, el área semiárida del Corredor Seco llegará a la Región Metropolitana de Guatemala (RMG) entre 2030 y 2070, según el último estudio sobre el estado de agua del Fondo de Agua para la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua).  

“La RMG comprende 12 municipios y 20 microcuencas, con un aporte de 701 millones de metros cúbicos al año de agua superficial y otros 140 millones de metros cúbicos de agua subterránea”, explica Funcagua.  

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Agrega que a eso se suman “las aguas de cuatro microcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá que, a pesar de estar situadas fuera de la RMG, representan un importante insumo de agua con un aporte de 88 millones de metros cúbicos al año. Estos aportes son complementados por un número indeterminado de pozos mecánicos que explotan los acuíferos locales”.  

La directora ejecutiva de Funcagua, María José Iturbide, explica que Guatemala, en 38 años, ha triplicado su población y en 20 años ha perdido el 28 por ciento de sus bosques.  

El censo de 2018 contó a 15 millones de personas, y de esas, el mayor porcentaje se concentró en la RMG con casi 4 millones. 

La Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez, donde la población suma casi los 3 millones, es donde más resienten el desabastecimiento de agua.  

FUNCAGUA ha liderado la construcción del primer Informe del estado del agua en la región, en conjunto con sector académico y 17 profesionales expertos en distintas ramas.

Descarga el Informe aquí:https://t.co/k91UbgaMUo#SomosFuncagua #FUNCAGUA #ODS6 #SeguridadHídrica #Agua pic.twitter.com/6qVmHTd0Ub

— Funcagua (@funcagua) March 25, 2022

Investigaciones del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), que contribuyó con el último análisis de Funcagua, revela que en la RMG una persona usa al mes por lo menos 6.65 metros cúbicos de agua, que equivale a 222 litros al día por persona en escala residencial.  

El consumo varía dependiendo el nivel socioeconómico de las familias, según análisis del Observatorio Económico Sostenible de la UVG. Este, establecen, oscila entre uno y dos metros cúbicos por día, por hogar; es decir, entre 200 a 400 litros por persona al día. 

La Empresa Municipal de Agua (Empagua), ha considerado el consumo promedio de los hogares en la ciudad de Guatemala en 28 metros cúbicos, que representan 208 litros diarios por persona. Sin embargo, la realidad a que se enfrentan millones de pobladores es distinta a la mera estadística.  

 María Victoria Aguilar García es una líder comunitaria de la zona 18 que hace dos semanas encaró a la gerente de Empagua Crista Foncea durante una reunión en el Congreso de la República por una nueva crisis por falta de agua en sus casas. 

Del agua subterránea en Guatemala conocemos muy poco, sin una legislación clara y sin un ente que regule ¡estamos fregados! ¿contaminación de acuíferos?, ¿Sobreexplotación?, ni lo visible (ríos y lagos) se logra monitorear ni conservar adecuadamente.. #DiaMundialDelAgua pic.twitter.com/u19jGDIcjL

— Claudio (@gtClaudio) March 23, 2022

 El nuevo enfrentamiento por la falta del servicio en colonias de las zonas 17 y 18 de la capital los llevó no sólo a demandar la atención de la municipalidad, sino a bloquear el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico para ser atendidos.  

 La Policía Nacional Civil, por medio de antimotines, disolvió la protesta que los vecinos calificaron de genuinas porque no podían seguir sin el servicio de agua, que durante los días anteriores solo había sido paliado con cisternas.  

 “Queremos que las autoridades entiendan que es imposible para nuestras familias vivir con cinco litros de agua al día. Es algo que cada año nos perjudica más y más”, expresó.   

 Y en ese sentido, las comunas tienen el denominador común de comprar el agua a empresas particulares para dotar no solo a los pozos, sino a los vecinos de colonias populares.  

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La municipalidad de Mixco, por ejemplo, entre noviembre y diciembre de 2021, le adjudicó un proyecto de Q9 millones 100 mil a Johny Bayron Aquino Ruiz, representante legal de las empresas Aquinosa, Distribuidora Aquino e Importadora Aquino Ruiz, por la compra “de agua potable a tanques de captación y distribución de agua en el municipio de Mixco”, según registra Guatecompras.  

El objetivo de la adquisición, que sumado desde 2019 a la fecha es de más de Q18 millones, fue abastecer por un año los 22 tanques de distribución del municipio.  

Aun así, esto se ha hecho insuficiente. El Censo de 2018 estableció que Mixco tiene una población de 465 mil 773 personas y solo el 60 por ciento recibe agua en forma casi regular. Muchas colonias han construido pozos propios.  

La Ciudad de Guatemala ha hecho lo mismo con este problema. Por ejemplo, esta última crisis que detonó en protestas, y que la justificaron en la avería de una bomba en la zona 18, recurrieron a la empresa Soluciones In Situ, propiedad de Boris Adelso García Castillo para adquirir agua por medio de cisternas por Q68 mil 750. 

En febrero ya habían recurrido a Soluciones In Situ, que tiene su sede en Escuintla. En esa ocasión le adjudicó un contrato por el “servicio de transporte de agua mediante cisternas consistentes en 1 mil 600 viajes para entregarla en varias zonas rojas, por medio de camiones cisterna”. El costo de la factura fue de Q880 mil, por cuatro meses y la empresa debía tener disponibilidad las 24 horas para llevar el líquido.  

Pero lejos de este problema que viven en zonas densamente pobladas, Funcagua también ejemplificó el caso de un edificio de la capital, con 53 apartamentos, donde consumen 12 mil galones de agua diario.  

Con el paso del tiempo han recurrido a comprar agua en cisternas y a la fecha el costo mensual por esto es de Q49 mil diarios, que se traduce en Q900 mensuales para los inquilinos.  

La gerente de Empagua aseguró durante su visita al Congreso que el problema mayor lo enfrentan en el verano, porque “las fuentes superficiales se han reducido enormemente y lo que estamos haciendo es redistribuir en forma equitativa. Es una dificultad enorme y lo tratamos de resolver de la mejor manera”.  

De hecho, la comuna de la Ciudad de Guatemala colgó en Guatecompras un concurso para “el mejoramiento del sistema de agua potable con perforación de pozo en la 13 calle 24-34 colonia Alameda III, zona 18”.  

#AhoraPL | Residentes de residenciales Los Olivos, zona 18, realizan protesta por el alza de servicios. #TráficoGT en el sector. pic.twitter.com/WgHiO6gFyG

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 25, 2017

La ley de aguas, el camino 

Funcagua estableció en el último informe sobre el estado del agua en la RMG que el nivel del vital líquido en algunos puntos ha descendido a menos de los 400 metros.  

Añaden que en 1978 hallaron agua a 61 metros de profundidad, pero en 2018 ya fue a 392 metros. Las mediciones las hicieron en pozos de la capital, Mixco y Villa Canales.   

“El monitoreo ha abarcado no solo pozos municipales, sino privados. Este descenso del recurso hídrico, en los últimos 40 años, no es solo una responsabilidad de las comunas sino de todos, porque evidentemente la necesidad y demanda es muy grande”, expuso Iturbide.    

Vecinos de colonias de la zona 18 impiden el paso de vehículos en el km 5.5 de la ruta al Atlántico para exigir servicio de agua. https://t.co/as3ZIscNZC

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 7, 2022

¿Cuán urgente y necesaria es la aprobación de una ley de aguas? Desde hace más de 30 años se habla de ella, y hay al menos cinco propuestas distintas en el Congreso. De hecho, el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, instó a discutirla y aprobarla porque la consideró urgente. “El problema de falta de acceso al agua potable se agudiza, las 340 municipalidades deben tener planificación a corto, mediano y largo plazo. Hoy más que nunca es indispensable que el Congreso la apruebe”, escribió en varias oportunidades, y últimamente en la crisis que se vivió en zonas de la capital y Mixco.  

La directora ejecutiva de Funcagua consideró que “es urgente aprobar una Ley de Aguas, porque ésta pone las reglas del juego. Establece todo. Somos de los pocos países que no la tenemos. Hasta Nicaragua cuenta con una”.  

Agregó: “Guatemala cuenta con abundante recurso hídrico, pero lamentablemente en mal estado. Acá se contaminan a diario fuentes de agua limpia por desechos sólidos. En otras latitudes esto se penaliza duramente. La contaminación de un rio la consideran un crimen. Pero acá en Guatemala no. Y el instrumento es necesario”.  

“No es posible tirar aguas servidas en agua limpia, que podría satisfacer el consumo humano y de seres vivos”, expresó.    

“No impulsamos ninguna iniciativa”, aseguró, pero eso sí, apuntó, “actúan para preservar el recurso mientras se discute o aprueba una ley en el Congreso”.   

Vecinos de la zona 18 exigen una solución a la falta de agua entubada, de lo contrario las medidas de hecho podrían continuar. https://t.co/5GgEW2VF5j

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 8, 2022

La RMG necesita de reforestación para mejorar la cantidad y calidad del agua. En 2015 elaboraron un estudio que determinó que la RMG tenía una capacidad de 17 mil hectáreas disponibles para reforestar. Y es en eso que trabajan, mientras llegan soluciones de Estado para resolver los problemas que genera la falta de recurso hídrico. 

Las acciones paliativas 

El portavoz de la comuna de Mixco, Mynor Expinoza explicó que cuando tienen problemas de bastecimiento utilizan las pipas con agua o cisternas para abastecer a los vecinos “para no dejarlos sin agua”.  

Agregó que es más ahora en estos tiempos de covid-19 “que no es conveniente estar sin el líquido”  

“Las 15 alcaldías tienen la orden del alcalde de Mixco, Neto Bran, de distribuir agua de inmediato, con pipas si se hace alguna reparación de algún pozo”, dijo.  

Espinoza justificó que la falta de agua es un problema a escala mundial. “La escasez es evidente y debemos cuidarla, no desperdiciarla. Sin embargo, siempre damos solución de diversas maneras en menos de 24 horas para que los vecinos no padezcan”, indicó.  

Procurador de los Derechos Humanos, @JordanRodas, presenta una acción de amparo en contra de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) para que se garantice el servicio de agua entubada a vecinos de la colonia El Limón, zona 18. pic.twitter.com/hVMG34on52

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 22, 2020

El subgerente de servicio al cliente de Empagua, Carlos Flores, indicó que esa institución trabaja “constantemente en acciones que van dirigidas a garantizar el servicio de agua potable a la Ciudad de Guatemala y parte de los nueve municipios circunvecinos”.  

Agregó que “los retos, principalmente en esta época del año en el que el nivel más bajo de los ríos es más evidente. Hay que tomar en cuenta que ese reto va acompañado de un crecimiento poblacional, contaminación de ríos que alimentan nuestras plantas de tratamiento que se dan fuera del límite de Ciudad de Guatemala, inviernos afectados por el fenómeno del niño que, a excepción del 2020 que fue un invierno más estable, comprometen las producciones de las plantas de tratamiento y eso se ve reflejado en la cantidad de agua que se cuenta para distribuir a una población en constante crecimiento”.  

Flores explicó “que no es que haya un desabastecimiento de agua en la Ciudad de Guatemala, ya que el 80% de nuestros usuarios (225 mil) cuentan con un servicio regular”.  

Según el funcionario “reciben servicio todos los días al menos 12 horas, otro 15% recibe servicio intermitente, un día sí y otro no y hay un 5% en el que si tenemos un reto ya que su servicio es irregular y es donde estamos trabajando para solucionar lo más pronto posible”.  

#Guatemala Vecinos de la colonia El Limón, en la zona 18 de la capital, manifiestan por el servicio irregular de agua entubada pic.twitter.com/rKHhLv487K

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 19, 2020

“Empagua trabaja en la puesta en operación de algunos equipos que han presentado inconvenientes para poder apoyar en una distribución más eficiente y equitativa para todos nuestros usuarios”, expresó Flores.  

Resaltó el caso que ocurrió hace dos semanas en la línea de conducción de la estación de bombeo El Atlántico hacia la planta Las Ilusiones que resultó en una suspensión total de la producción afectando parte de las zonas 18, 17 y 25.  

“Esos trabajos de reparación llevaron más de 110 horas ininterrumpidas hasta restablecer el servicio, la reparación y puesta en operación de las unidades de la estación de bombeo Juana de Arco y estación de bombeo El Atlántico. La puesta en operación del pozo C-4 que beneficiará a la zona 24”, expuso.  

#AguasConElAgua | Fuga de agua daña asfalto y causa alarma en la colonia Kennedy, zona 18. ► https://t.co/qGZOB7UWUq | Vía: @jmpatzan_pl pic.twitter.com/QNLFnGzUho

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 2, 2019

Otro de los proyectos para satisfacer la demanda del agua, a mediano plazo, es la instalación de tanques elevados en distintos puntos de la ciudad.  

Sin embargo, la semana pasada, en el marco de una reunión de dicho Consejo -y que agrupa a entidades de gobierno, universidades, sectores indígenas, campesinos, ONGs y sector privado- el ministro de Ambiente Mario Rojas confirmó la intención de retomar la discusión para tener una hoja de ruta.

“Como equipo, en consejo, creemos que ya es tiempo de que Guatemala cuente con una Ley de Aguas y estamos buscando algo que sea consensuado, con aportes de trascendencia y basado en proteger el recurso hídrico”, señaló a través de un comunicado.

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El Consejo se reuniría a discutir la agenda el próximo 28 de febrero.

Regular y ordenar la gestión

De acuerdo con Rojas, los miembros del Preconsejo abordaron la importancia del agua y la posibilidad de crear una mesa técnica para trabajar en la formulación de un documento que permita regular y ordenar la gestión integral de los recursos hídricos en el país.

Para Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, la iniciativa es positiva “porque los mayores impactos del cambio climático están relacionados con el agua, por exceso o por escasez. El manejo del agua es la columna vertebral de la adaptación al cambio climático” manifestó.

Una ley de aguas podría dar pie a la creación de un ente rector que administre temas como el uso, permisos e inventarios para la sostenibilidad del recurso.

El Consejo fue creado mediante la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad ,la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero.

Sin una ley de aguas

Como lo han pronunciado analistas de instituciones como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes),la falta de gobernanza en la materia hídrica ha dificultado desarrollar mecanismos de financiación del agua, así como capacidades para mejorar la gestión, solucionar los problemas de calidad y cobertura, sobre todo en áreas rurales.

Y aunque el agua cuenta con legislación a través de códigos, acuerdos gubernativos y ministeriales, y la misma Constitución de la República, la falta de certeza por no tener una ley general (como sí existe en la mayoría de países de América Latina) ha provocado vacíos legales que redundan, en muchos casos, en conflictividad.

Cuando diferentes actores de la comunidad detectaron esto, nació la iniciativa para integrar mesas técnicas sobre el cuidado de la cuenca. De manera voluntaria se levantó un inventario o registro de usos y usuarios del agua en las cuencas.

En estos espacios, el sector empresarial asumió el compromiso de mejorar sus sistemas de riego. También utiliza tecnología moderna para reducir la utilización del recurso hídrico.

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Esto evita que el caudal del río se agote, conservando agua a lo largo de su cauce hasta la desembocadura en el Océano Pacífico.

Contar con información del agua ha sido una de las lecciones que ha dejado el caso. Hoy existe un sistema de monitoreo que permite conocer la disponibilidad del agua y verificar cuánto está llegando a la desembocadura, de manera que los usuarios puedan tomar decisiones.

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Un modelo a seguir

La creación del viceministerio del Agua y del Laboratorio de Calidad del Agua figura dentro de los hitos en la historia reciente. Paralelamente, el acuerdo gubernativo 19-2021 institucionaliza la organización de usuarios y la creación de mesas técnicas y ordena hacer diagnósticos y planes de manejo para las 38 cuencas del país. Se trata de un acuerdo para uso, protección y conservación de cuencas con varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil, de Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Chimaltenango.

En estos foros de carácter técnico participan comunitarios, autoridades y productores agrícolas que coordinan a los usuarios para utilizar de manera sostenible el agua, a los que se han integrado a los ingenios azucareros, por considerar estos que se trata de un mecanismo técnico que contribuye con la gobernabilidad.

“Todos los ingenios participan en mesas técnicas o comités de cuenca de los ríos de la Costa Sur. Además, forman parte de la Alianza por el Agua, una plataforma de trabajo que reúne a más de 17 organizaciones que buscan contribuir con la seguridad hídrica, para promover la participación conjunta de diferentes actores y sectores del país”.
Luis Miguel Paiz, gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

Para Dany Revolorio, quien ha sido integrante de la mesa del río Madre Vieja y representante de la comunidad de Nueva Concepción, Escuintla, “el mayor logro —de las mesas— es que el agua llega a su desembocadura. Con eso se evita que el río se seque totalmente y que haya agua en los pozos de los comunitarios”.

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“Estas mesas buscan soluciones técnicas que están evitando el conflicto y permiten que cada quien tenga acceso al agua de manera ordenada”, complementa Elisa Colom, experta en Derecho Internacional de Aguas.

Las mesas técnicas están enfocadas específicamente en temas hídricos, para lo cual se requiere de un plan rector y la participación activa de las entidades de gobierno.

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Para Andrea Nájera, del Observatorio Económico Sostenible (OES) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) —coordinadora de un estudio sobre los Lineamientos para la Gobernanza del Agua—, las mesas son instancias que bien pueden replicarse en otras regiones del país. “Nos dimos cuenta de que estamos más de acuerdo que en desacuerdo, aún tomando en cuenta los distintos sectores y múltiples intereses en torno al agua”, subraya.

“Ante la falta de una ley de aguas, estas instancias son una herramienta importante que nos va a permitir regular el uso de agua. Se tienen que promover los proyectos de recarga hídrica donde sea necesario”, expone Nery Martín Méndez, viceministro del Agua.

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El rol de los bosques

Pero las mesas van más allá del diálogo. Para migrar hacia una visión de cuenca es primordial la restauración de los bosques de ribera de los ríos.
Los bosques son importantes en el ciclo del agua, por lo que hay que trabajar en la conservación de los que existen y la recuperación de la cobertura forestal. En la Mesa Técnica del río Madre Vieja, según documenta el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, uno de los acuerdos fue la reforestación de las riberas del río. Se estableció un plan de tres años e implementado de 2017 a 2019, con verificación de los integrantes de la mesa.

De acuerdo con Mario Rojas, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, en la actual administración hasta 2021, se habían plantado mil 150 millones de árboles de distintas especies en los 22 departamentos.

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En el caso del sector azucarero —que ha sido parte de los procesos de mesas técnicas— se cuenta con un área equivalente a unos 17 mil campos de futbol con zonas forestales y ha contribuido con la siembra de 6.8 millones de árboles entre 2011 y 2021 en alianza con comunidades, municipalidades e instituciones en las cuencas del Pacífico.

Nota del editor: La serie especial “Una nueva historia para el agua” cuenta con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala —Asazgua—, como parte de una alianza estratégica que respalda el trabajo periodístico.

Esa realidad ha impulsado a la agroindustria nacional, y puntualmente, la azucarera, a establecer mejores prácticas y a implementar nuevas tecnologías para mitigar el impacto de sus operaciones y optimizar el uso de los recursos naturales como el agua.

En el caso de los 11 ingenios productores de azúcar activos en el país, precisamente han venido implementando, según su capacidad, prácticas de agricultura de precisión para el uso efectivo y óptimo de los recursos, incluyendo el agua.

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La creación del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la caña de Azúcar ha sido parte de la estrategia.

“Adaptarnos a las variaciones climáticas es uno de los grandes retos que enfrentamos, por ello estamos haciendo esfuerzos e inversiones importantes para usar tecnología y prácticas en el cultivo de caña y producción de azúcar que permitan usar menos agua. Cada ingenio está implementando acciones de acuerdo a sus capacidades”, aseguró Luis Miguel Paiz, gerente general de Asazgua.

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Uso sostenible para el agua

La caña de azúcar es uno de los cultivos que menos agua necesita. Científicos del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar –Cengicaña- han cruzado variados tipos de plantas de caña y han logrado 33 variedades nuevas que son adaptables al cambio en el clima y disponibilidad de agua y además contienen más azúcar.

En el marco de la reducción del agua, ha contribuido el uso de una aplicación desarrollada por expertos de Cengicaña para optimizar el agua en el riego, la cual toma en cuenta temperatura, suelo, viento, humedad, inversión térmica y etapa de crecimiento de la planta. Así, se aplica solo el agua que el cultivo precisa.

Al menos el 72% del agua que la caña necesita para crecer, lo obtiene de la lluvia. En este sentido, el uso de tomas de agua es una práctica mundial, que permite a ciudades, comunidades, productores agrícolas y otras actividades humanas acceder al vital líquido.

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En Guatemala, los ingenios usan agua de los ríos con tomas controladas y la usan para riego, sin interrumpir el curso del río.

Los ingenios han implementado además sistemas en el proceso de fabricación de azúcar para disminuir el uso de agua; como parte de su compromiso con el tema, ahora se usan sistemas de vibración para limpiar la caña y así evitar el uso de agua.

Se debe tomar en cuenta que, al final del proceso de fabricación de azúcar, quedan aguas residuales que son tratadas y aprovechadas para riego, las cuales están cargadas de minerales que aportan a la conservación de suelos, con esto los 11 ingenios cumplen con el reglamento 236-2006 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que regula las descargas y el reúso de aguas residuales.

Otros residuos del proceso de producción de azúcar también se aprovechan. Tal es el caso del uso de la biomasa como se le llama al bagazo.

Cada año, con 7,5 millones de toneladas de bagazo se genera energía eléctrica renovable para consumo de las industrias y el excedente lo venden al sistema nacional de electricidad.

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Durante la zafra llegan a aportar hasta el 35% de la demanda eléctrica del país.

Huella hídrica

A nivel de industria, por ejemplo, a través de la investigación, desarrollo e implementación de tecnología ha sido posible desarrollar variedades de caña más resistentes al cambio climático, impactando positivamente en una eficiente producción del edulcorante.

Según el estudio de huella hídrica realizado por el Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC), la industria azucarera de Guatemala utiliza un 47% menos agua por tonelada de caña en comparación con otros países productores del grano blanco, como es el caso de Brasil y Estados Unidos.

Urgen una ley de aguas

Guatemala es uno de los pocos países del continente que no cuenta una ley general de aguas. En este sentido, “como sector azucarero consideramos relevante y necesaria una ley que regule el uso del agua pero es fundamental e imperativo que tenga rigor técnico, que garantice su sostenibilidad y evite responder a intereses particulares. Necesitamos una ley que ordene el uso del recurso de tal manera que todas las necesidades sean cubiertas y que haya certeza sobre el uso” indica Luis Miguel Paiz, gerente general Asazgua.

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“La falta de certeza hace que haya desorden en su uso y conflictos como el que se dio en 2016 por los ríos. Desde entonces el diálogo a través de las mesas técnicas de diferentes ríos ha sido clave para que el uso del agua sea racional”.

Luis Miguel Paiz, gerente general Asazgua.

En este contexto, las Mesas Técnicas en los ríos de la Costa Sur, son un modelo que permite la coordinación de los usuarios para utilizar de manera sostenible el agua, y participan comunitarios, autoridades y productores agrícolas. Los ingenios se sumaron por el rigor técnico y por ser un mecanismo que contribuye a la gobernabilidad.

Nota del editor: La serie especial “Una nueva historia para el agua” cuenta con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala —Asazgua—, como parte de una alianza estratégica que respalda el trabajo periodístico.

Contar con una autoridad en el sector para garantizar la resolución de conflictos, otorgar licencias de uso y administrar los incentivos por la preservación del recurso es una de las principales demandas que entidades técnicas y especialistas lanzan en momentos en que ya existen instancias de diálogo.

“No hemos sabido trasladar esa información de la ciencia a la política. Hace falta una visión sistémica, más holística, para tratar este tema, el cual no es que no tenga solución, si no que es muy complejo”, subraya Héctor Tuy, analista asociado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

En este especial

“Una nueva historia para el agua”, el especial de Prensa Libre sobre la gestión de recursos hídricos en Guatemala

¿Cuáles son, entonces, los puntos técnicos que deberían incluirse en una regulación, a la luz de los retos que tiene el país?

Un rector con enfoque

Elisa Colom, quien es experta en la normativa jurídica del agua, explica que, como primer punto, una ley efectiva para la administración del agua necesita regirse por tres principios básicos integrados: equidad social, para tener acceso al vital líquido; eficiencia económica, para aprovecharlo de la mejor manera, y sostenibilidad ambiental, para que el recurso no se agote.

Esta visión está alineada con lo que propone la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP) cuando dice que una regulación se debe basar “en una política nacional declarada de recursos hídricos que “reduzca las divisiones sectoriales y de las partes interesadas”. Pero esa política debe percibir el agua como un recurso y enfatizar la prioridad social para las necesidades humanas básicas y protección del ecosistema.

Una vez trazada esta línea, las voces coinciden en que una entidad rectora —inexistente en la actualidad— puede dar certeza y gobernanza a la gestión.
Gunter Carranza López, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, remarca la importancia de definir una autoridad del agua, que entre otros puntos, otorgue ordenadamente licencias de uso.

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En esto coincide la GWP cuando recomienda una autoridad que “asegure los derechos de agua, para permitir la inversión privada y comunitaria y participación en la gestión del agua”.

Un presupuesto para una entidad rectora, desde el punto de vista de Colom, “no es dinero que se iría a cualquier lugar, sino que tendría que regresar a esa autoridad para inversión, como en un sistema de información que permita tener un mejor control continuo de la calidad, cantidad y comportamiento del agua”.

Según Colom, una ley de aguas daría certeza, además, sobre cómo cobrar por por el uso para promover mejores usos y prácticas y financiar la misma gestión y manejo del recurso.

Actualmente, existe un proyecto de ley con dictamen de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, y que contempla una autoridad rectora. Se trata de la iniciativa 5161-2016, ley para el aprovechamiento y manejo integral sostenible y eficiente del recurso hídrico en Guatemala.

Dentro de lo que se ha discutido, hay consenso en que esa institución debería ser autónoma y eminentemente técnica, ya que debe hacer cumplir la ley, articular acciones entre todas las instituciones públicas relacionadas al agua y, en general, ordenar el manejo del recurso hídrico.

La iniciativa en cuestión también contempla un registro de usuarios, así como uno catastral de recursos hídricos.

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Pesos y contrapesos

Sobre la necesidad de formular una regulación, además de que es importante para el desarrollo social y económico, también otorga los contrapesos por medio de controles de la contaminación y del deterioro de las aguas y de los ecosistemas, según Colom.

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La especialista sugiere incluir un mecanismo de resolución de conflictos con sanciones de carácter administrativo en sus diferentes fases y según la magnitud del hecho incurrido. “No podríamos llevar todos los casos a los tribunales, porque sería más difícil ir avanzando en un buen sentido de que la ley sea efectiva. Tiene que tener “uñas” y “dientes”; de lo contrario, ninguno respetaría las disposiciones aprobadas en la misma”, puntualiza.

La Agisa también propone definir un sistema de retribución económica por aprovechamiento especial —según cantidad— y por vertido de aguas residuales —según calidad— y profundizar en un sistema de incentivos por protección, mejoras y conservación de fuentes. Esto, garantizando la protección de cuencas hidrográficas y evitar el deterioro hídrico, concluye la entidad.

Nota del editor: La serie especial “Una nueva historia para el agua” cuenta con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala —Asazgua—, como parte de una alianza estratégica que respalda el trabajo periodístico

Los esfuerzos más cercanos datan del 2016 y el 2017. El primero, la iniciativa de ley sobre el manejo integral, sostenible y eficiente del recurso hídrico en Guatemala, que el pleno del Organismo Legislativo conoció en noviembre de ese año, con el número 5161. Sigue engavetada, pese a que fue remitida para su dictamen a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales. A esta se une la 5098, al año siguiente, ley de concentración de autoridades sobre lagos, lagunas y ríos y sus cuencas.

“El agua cuenta con legislación a través de la Constitución. Hay códigos, acuerdos gubernativos y ministeriales, pero también existen vacíos, traslapes y contradicciones. Lo que no hay es una Ley General del Agua, que defina una autoridad y otros aspectos fundamentales”, según Álex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC).

En este especial

“Una nueva historia para el agua”, el especial de Prensa Libre sobre la gestión de recursos hídricos en Guatemala

“Los datos nos dicen que el problema que tenemos es más por falta de una buena gestión sobre la seguridad hídrica que por la disponibilidad del recurso. Sin agua limpia no hay calidad de vida, no hay agricultura. Es un elemento clave para el desarrollo”, expresa Juan Carlos Paiz, presidente de Fundesa.

“Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y que esté en ley para fortalecer a las instituciones respectivas”, asegura el diputado Erick Martínez Hernández, recién nombrado presidente de la Comisión de Ambiente.

La preocupación por regular los recursos hídricos en Guatemala no es nueva. En los sesenta, con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, se desarrollaron acciones para clasificar la información técnica de las cuencas como unidad de planificación. Después, en la década de 1970, el aprovechamiento del recurso hídrico se enfocó en la generación de energía eléctrica y riego. En los ochenta continuaron estudios aislados de cuencas, sin orientación al manejo ordenado de estas.

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Proyectos de riego y drenaje, protección de cuencas para proyectos hidroeléctricos y abastecimiento de agua potable, como el plan de manejo para la cuenca de los ríos Xayá-Pixcayá, principal abastecedor de agua potable para la capital, figuran en la exposición de motivos de la iniciativa 5161 propuesta por Sydney Samuels, ministro de Ambiente y Recursos Naturales en el mandato de Jimmy Morales.

“La administración de ese acueducto, que traspasa los ríos a lo largo de 42 kilómetros hasta el área metropolitana para su potabilización, está a cargo de la Empresa Municipal de Agua (Empagua). En los años 80, con las reformas al Código Municipal, se le da a las municipalidades la competencia y la obligación de hacerse responsable del servicio de agua potable y del alcantarillado”, recuerda la gerente general de la empresa municipal, Crista Foncea.

De ahí se desprenden varios retos. Uno de ellos, continúa, es que se les delegó responsabilidades a las comunas sin contar con un plan integral para su cumplimiento. De igual manera, la inversión inicial para desarrollar infraestructura está fuera del alcance de las corporaciones ediles.

La instancia política

La intención de aprobar una ley integral de agua está en discusión desde 1978. En la legislatura del gobierno de Jorge Serrano Elías se abordó de nuevo. “La Comisión de Ambiente tuvo la disposición de capacitar a sus miembros y asesores para elaborar un proyecto de ley que ordenaba sus usos. Todo derecho tenía que estar registrado ante la autoridad correspondiente y cada quien —comunidad, agricultor, municipalidad, industria— tenía que identificar la fuente de la cual utilizaba el agua”, manifiesta, Elisa Colom, abogada, especialista en temas de gobernabilidad del agua.

Sin embargo, agrega, cuando el trámite legislativo estaba en la fase de tercera lectura se dio el golpe de Estado y posteriormente ya no se tocó el tema.

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No fue sino a partir del 2000 que casi todos los años se presentaba una iniciativa hasta la última —2017—, se quedó archivada.

Colom valora que los proyectos de esta ley han mejorado en cuanto al enfoque, planificación, catastro, registro, pero “aun cuando sean neutrales —en su planteamiento— suelen ser fuertemente criticadas por una u otra posición. Últimamente ya han aceptado que debe haber una autoridad especializada, técnica; que haya sistemas de derechos, obligaciones; que se pague por el beneficio de usar el agua con la finalidad de proteger las cuencas en el sistema de información. En lo que todavía no se han logrado acuerdos es en la instancia política” considera la especialista.

Nota del editor: La serie especial “Una nueva historia para el agua” cuenta con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala —Asazgua—, como parte de una alianza estratégica que respalda el trabajo periodístico.

Por ejemplo, es excelente la decisión que el Congreso tomó para aprobar la ley que atajara los problemas de tildes en los nombres y así evitar gastos, atrasos, violaciones de derechos y, sobre todo, se dejara de fomentar la corrupción en el Renap y Migración al llegar a extremos más que ridículos. La decisión es acertada; sin embargo, si no hay voluntad de las autoridades por entender que Juan es Juán o que Pérez es Perez, buscarán otra serie de pretextos para violar derechos y esperarán otra una nueva ley.

Así hemos visto madres, padres, hermanos y hasta socios que no han podido ejercer derechos porque en algún papel se equivocaron con Valdés y Valdez, o bien, Barnoya con Bornoya. Conocemos hasta de casos donde jueces han pasado años discutiendo si las partes de un proceso son las que han estado casadas, o son hermanos o socios, y todo por una letra o una tilde en algún papel. El sentido común no requiere de normas para ser sentido común y contra eso no hay ley que valga.

Por otra parte, la voluntad política de, por ejemplo, el Congreso con coadyuvar en la lucha contra la corrupción está en duda, cuando no aprueba una nueva ley de la Procuraduría General de la Nación, coloca a un diputado que lleva una joyería en sus manos y muñecas además de encarnar el cacique rural que a base de negocios opacos consiguió su curul para presidir la Comisión Extraordinaria de Reforma al Delito de Financiamiento Ilícito, o bien, cuando la Ley de Aguas lleva 32 años durmiendo para que comience el debate, sobre todo ahora con el contexto de que Empagua se utiliza para fines poco transparentes y además existe una escasez y contaminación masiva del líquido en todo el país.

En el Ejecutivo ni decir de voluntad política. El presidente cambia ministros que días antes aplaudía, se releva a la cúpula policial porque le dio la gana al ministro y luego disuelve el cuerpo de élite adscrito a Cicig y MP. Es clarísimo el boicot y si a esto, además, le agregamos que manda a la canciller a Naciones Unidas a presentar quejas, pero no lleva un solo caso documentado, la conclusión es fácil: al presidente la lucha contra la corrupción le importa un rábano y de allí que nombrará como fiscal a quien le diga su círculo.

Si queremos más detalles basta ver que en principio se combatieron los abusos del pacto colectivo de trabajadores de Salud, pero después, de un plumazo, se abrazó y aplaudió las mismas ilegalidades que combatía pero en magisterio.

En el Organismo Judicial ni hablar, pero es difícil abonar fe cuando un juez llega a su despacho con evidente estocada y fuera de sí, pero al cacharlo las cámaras y hacer virales los videos y fotos solo se señala que “el Consejo conocerá la queja que debe presentar la supervisión”, pero ¿llevó a cabo el juez audiencias el lunes? ¿Mandó a alguien a prisión? ¿Está en su despacho hoy como si nada?

El juez es famoso por estos clavos, la diferencia es que ahora quedó grabado. Sin duda tiene padrinos muy pero muy grandes que lo protegen y por eso en el Organismo Judicial el sistema disciplinario es para auxiliares.

Muchas leyes pueden plantearse, pero sin voluntad política no hay cambios y este gobierno no tiene ninguna intención de realizarlos. ¿O hay duda?

@Alex_balsells

El agua es un bien al cual todos necesitamos acceso, es de interés público, que no es lo mismo que un bien público. Un bien público es aquel por el que no hay rivalidad ni exclusión; el uso que haga uno de él no excluye su uso por otro. Claramente el agua no es un bien público, pues es un bien escaso; hay rivalidad por él. Por ser un bien además de escaso, vital, es imperativo que el agua se utilice de manera eficiente para consumo personal, comercial, agrícola e industrial. Si además se propone que el uso del agua sea económicamente eficiente, esto significaría que fuera asignada a aquellas actividades donde tenga mayor valor, al igual que cualquier otro recurso. En la medida en que el agua sea tratada como un recurso especial que se encuentra fuera de las leyes de la escasez, en esa misma medida se asegura que el recurso no será utilizado de manera eficiente.

La forma menos eficiente para administrar el agua sería “es de todos”, que equivale a “no es de nadie”, forma que se conoce como la tragedia de los comunes. Bajo este régimen, el recurso es descuidado, sobreexplotado y eventualmente agotado. No hay interés por cuidar, conservar o usarlo racionalmente. Del otro lado del espectro, el mecanismo más eficiente es el establecimiento de claros derechos de propiedad sobre el uso y explotación del agua, conjuntamente con plena libertad para intercambiar y comerciar con estos derechos, así como un marco legal y mecanismos jurídicos para hacer valer estos derechos y dirimir conflictos. Esto es precisamente lo necesario para el surgimiento de mercados de agua, donde afloren precios que aseguren su uso racional y económicamente eficiente. El mercado de agua provee una clara medida de su valor y promueve su cuidado y conservación. El uso racional del agua requiere que tenga precio y que este refleje su verdadero valor, que resulta del libre intercambio de derechos de propiedad.

Muchos dirían que el agua no debe ser objeto de comercio, por ser una necesidad básica de todas las personas. La realidad es todo lo contrario, entre más urgente y necesario, más importante es que el uso del recurso sea económicamente eficiente y esto ocurre cuando hay derechos de propiedad que sean objeto de comercio. Ejemplos de buenas prácticas en mercados de agua, se encuentran en Australia, Chile y algunos estados de EE. UU. Claros derechos de propiedad, libre comercio y precios para el agua, la mejor ruta.

fritzmthomas@gmail.com

Los directivos de Cacif llevaban un pliego de recomendaciones articuladas o para que los parlamentarios los analicen y puedan incluirlo en la iniciativa que conocerá el pleno.

Actualmente hay dos iniciativas que están siendo analizadas en las comisiones de trabajo del Legislativo, ambas propuestas por el Organismo Ejecutivo.

Los empresarios indicaron que una de sus preocupaciones es saber quién o qué institución será la que administre o regule el uso y tenencia del agua y las fuentes de agua.

Malouf y Ardón fueron recibido por Óscar Chinchilla, presidente del Congreso a quien le enfatizaron que sus peticiones son apegados a derecho y exigen que se respete la propiedad privada.

Entre las propuestas presentadas por el Cacif está que se cree un ente independiente para la regulación del agua, dicha dependencia sería similar al directorio de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

El presidente del Cacif, afirmó que les preocupa saber quién será la autoridad rectora que va a tratar el uso del agua y por eso su propuesta de usar un modelo ya conocido.

El presidente del Congreso agradeció los aportes recibidos y afirmó que los trasladará a los salas de trabajo que analizan las iniciativas para crear una legislación para el agua.

Chinchilla agregó que se convocó a sesiones extraordinarias del 5 al 9 de junio próximos, aseguró que buscarán consensos entre las distintas bancadas para tocar temas como la elección del Procurador de los Derechos Humanos o el sustituto de Blanca Stalling.

La iniciativa ya se encuentra en analisis, sobre todo de quien será el ente rector para el uso del agua. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/01QRG8sOQO

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) May 29, 2017

Castellanos señaló que del total disponible en el país solo se utiliza el 16 por ciento, la mayoría para el riego agrícola, además de la industria. De esto, el 1 por ciento se utiliza para los inodoros, lavar ropa y bañarse, y regresa a los afluentes sin tratamiento, por lo que contamina el restante 84 por ciento.

Corredor Seco

El experto afirmó que la falta de agua se debe a que durante seis meses del año no llueve y los otros seis meses llueve mucho, pero no hay costumbre de almacenar agua, lo que hace que esta sea escasa en algunos sectores.

Además, según Castellanos,  la cadena volcánica y montañas de Guatemala forma la “sombra de lluvia”, que se refiere a que estos accidentes geográficos evitan que las nubes pasen al Corredor Seco, por lo que las lluvias son menores en esos departamentos.

“En realidad, el Corredor Seco no es seco, porque sí recibe agua. Los únicos departamentos con deficiencia de agua son Zacapa y El Progreso, donde cae menos de un metro de lluvia al año”, refirió Castellanos.

Contaminación

Según el Diagnóstico de la Política Nacional de Agua, citado por el experto, el 40 por ciento de la contaminación del agua del país es de origen orgánico, es decir por las aguas residuales domésticas o aguas no servidas. Otro 47 por ciento de la contaminación se origina por la agroindustria, con el uso de agroquímicos, y el 13 por ciento restante corresponde a contaminación por  colorantes, metales y otros productos tóxicos.

Castellanos afirma que limpiar el agua que se utiliza para el inodoro y que se ensucia con jabón es fácil de hacer con una planta de tratamiento, pero esto todavía no es prioridad.

Hay interés

Elisa Colom, especialista en legislación de aguas, afirmó que este año en el Congreso hay especial interés por aprobar una ley de aguas y que varios sectores hablan del tema.

Señaló que esa normativa debe ser utilizada para administrar el líquido y que la excepción sea la denuncia, aunque sí contemplará infracciones y sanciones.

 Aún hay agua pero está mal administrada

El presidente del Congreso, Mario Taracena, afirmó que con esta propuesta suman 27 las que están en el Legislativo y que en su mayoría han sido trasladadas para análisis a comisión.

La primera propuesta llegó a Dirección Legislativa en 1990, según los registros, y desde ese entonces los diputados que han sido electos en las legislaturas han dejado de lado el tema.
 
De todas las iniciativas, 10 han provenido de diputados y dos  de los gobiernos de Marco Vinicio Cerezo y Álvaro Arzú. Todas fueron remitidas a comisiones: dos obtuvieron dictamen desfavorable; una, a favor y del resto no hay registro.

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La última propuesta que obtuvo respuesta favorable fue planteada al pleno por los entonces diputados del Partido Unionista, Unión del Cambio Nacional (UCN) y Partido de Avanzada Nacional (PAN), en septiembre del 2009.
 https://twitter.com/jgramajo_pl/status/778303322075738113

Este año, tres iniciativas habían ingresado hasta la presentada este martes, entre ellas la ley de aguas y recursos hídricos propuesta por cinco diputados de la UCN, la ley marco del agua es otra propuesta de congresistas de Convergencia y la ley general de aguas surgió de congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza. Todas están en la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos.

Durante su discurso el Morales mostró la propuesta de Ley para el Manejo Integral, Sostenible y Eficiente de los Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas.

“Estamos convencido que el acuerdo debe implementarse con los Objetivos de Desarrollo y hoy que es día de la madre tierra anuncio la iniciativa… Solidarizándonos por nuestras gente de la Marcha por el Agua”, expuso Morales.

La iniciativa será llevada al Congreso la semana entrante, y según expresó el mandatario, responde a las demandas de la población que ha marchado desde distintos puntos del país exigiendo la aprobación de esa Ley, que ya fue planteada por otro sector.

Cambio climático

El presidente expuso en su discurso, luego de la fima del Acuerdo, que para Guatemala es histórico el compromiso de terminar con la emisión de gases de efecto invernadero. “Este acuerdo representa la mayor esperanza para los países más vulnerables”, remarcó.

Morales indicó que Guatemala ha sido de los más afectados y consientes de la realidad del cambio climático. “Nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y los estragos de huracanes, tormentas tropicales y sequias hasta el 2015, son muestra inequívoca del nivel de exposición y vulnerabilidad al que estamos expuesto, provocando pérdidas humanas y económicas”, detalló el gobernante.

Jimmy Morales firmó el acuerdo junto a 17 países más que se comprometieron con esa iniciativa y pidió el compromiso de todas las naciones para cumplir con las metas fijadas para la conservación y manejo de los recursos.

El mandatario refirió que en el país comenzarán acciones relacionadas a ordenamiento territorio, atención especial a áreas rurales y crecimiento urbano ordenado. “Debemos enfocar acciones coordinadas y que países como el nuestro no llevemos una carga que no nos pertenece, y que a menudo es producto del desarrollo de otros estados”, concluyó.

En el país existen programas como incentivos forestales, manejo de bosques naturales, y trabajan en una iniciativa para el desarrollo económico bajo en emisiones y la creación de un instrumento que permita cuantificar daños y pérdidas.

Sin embargo, no prosperó el proyecto el cual se retoma concretamente al momento de redactar la actual Constitución Política, en 1985 cuando se dio a conocer un proyecto de Ley referente al tema. Sobre la propuesta original se consiguió que el Régimen del Agua quedara plasmado en el artículo 127 de la Constitución el que indica que “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”.

La propuesta más cerca de ser aprobada fue en 1993, pero el día en que el pleno la conocería ocurrió el autogolpe de Estado propiciado por Jorge Serrano.  

Las propuestas de ley coinciden en que se debe determinar lo siguiente:

• Que el agua es de dominio público
• Se debe hacer un inventario nacional de aguas.
• Requisitos que debe tener el nuevo ente rector del recurso hídrico.
• Un orden en el uso del líquido.
• Incentivos para evitar la contaminación de fuentes hídricas.

Amenazas

La mayoría de afluentes están contaminadas por el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial, señalan expertos; lo preocupante es que no hay acciones concretas para evitar el proceso de contaminación.

Algunas actividades como las productivas en suelos no aptos, la utilización excesiva de agroquímicos, ganadería extensiva y el auge agroindustrial y el crecimiento acelerado y sin planificación de asentamientos humanos, producen tres tipos fundamentales de contaminación señala un estudio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 

En las últimas décadas los drenajes domésticos y los desechos industriales contaminaron los ríos cercanos a la capital. De los grandes ríos del país, el más contaminado es el Motagua, el cual recibe aproximadamente el 85 por ciento de las aguas servidas de la capital.  Otros ríos como Las Vacas, Michatoya, Villalobo, Coyolate, Guacalate y Samalá están entre los más contaminados, como consecuencia de la falta de plantas de tratamiento.

Otra amenaza es la falta de regulación del caudal de los ríos, lo cual arbitrariamente se realiza en beneficio de fincas especialmente en la costa sur.

Grandes plantaciones de banano, piña o palma de aceite se observan en el recorrido de ríos como Madre Vieja, Coyolate, Nahualate o Suchiate, caudales que han tenido la mala suerte de ser el recurso perfecto para alimentar las necesidades de las fincas. 

El río Coyolate, de unos 70 kilómetros de longitud, es desviado hacia varias fincas. Cuando vuelve a su cauce, llega casi sin agua. Peor es el caso del Madre Vieja, que, pese a ser uno de los más caudalosos de la costa sur, ya no llega al mar. 

En 2004 se denunció que el río Ocosito, que separa Retalhuleu de Quetzaltenango, tenía dos grandes presas en su curso, que lo desvían durante kilómetros para alimentar las fincas de banano, las cuales quedan lejos del cauce original. Como no se construyeron canalizaciones adecuadas, el 45 por ciento del agua se pierde en el transcurso. 

En el presente año se denunció nuevamente el abuso en el desvío de ríos y se pudieron verificar varios cauces secos, lo cual causó repudio en los diferentes sectores ante la impunidad de estos casos.

Inconformidad

Los proyectos de Ley de Aguas han sido engavetados también por presiones sociales. En el año 2005 las comunidades de Totonicapán realizaron bloqueos y manifestaciones en algunos casos en forma violenta donde exigían la no aprobación de la Ley de Aguas, en virtud de que no era de su conveniencia.

Ellos argumentaban que las fuentes hídricas de Totonicapán son parte del patrimonio que les dejaron sus antepasados, por lo que una legislación general no les convenía. Desde 1881, indicaron en dicha oportunidad, está inscrito como propiedad de las comunidades un bosque comunal de unas 327 caballerías y que el pueblo es el que administra el recurso natural.

Agregaban que están organizados en formal tal, que cada año ponen en práctica programas de reforestación, y sancionan a quienes hacen mal uso del agua. 

Otros sectores que han cuestionado la Ley de Aguas han sido las municipalidades, ya que al existir un ente rector del recurso hídrico temen perder autonomía porque el Estado podría concesionar los ríos sin consultar a las comunas y además no se han definido mecanismos para hacer cumplir la ley, y temor a que se politice el ente rector del agua, entre otras razones. Aunque no se han opuesto a la ley esperan que las comunas tengan su lugar de acuerdo a la Constitución.

Al pedirle una cifra, el funcionario afirmó: “Yo le podría decir que quizá sobrepasaron los 50 desvíos. Fueron decenas, decenas de decenas”.

Samuels anunció que, primero, se “georeferenciarán” los desvíos, para luego dar aviso a las empresas de que   eviten ese “desorden”, para, posteriormente,  presentar las denuncias en el Ministerio Público.

El problema, señaló, es que comunidades que viven río abajo pasan hambre, por la mala calidad del agua  que les llega, después de que el río recobra su cauce, pero con contaminantes.

Urge normativa

Ante problemas como el desvío del cauce de los ríos, el ministro urgió apoyo para la ley de aguas que ahora socializa el Ejecutivo y que está por enviar al Congreso de la República.

“No existe una ley de aguas. Es el único país de Centroamérica que no tiene una normativa donde se ordene el uso del agua. Todo mundo puede usar los ríos, desviarlos a su sabor y antojo, y no pasa nada. Es necesaria una ley que ordene el uso del agua en forma razonable”, enfatizó el funcionario.

Ley pendiente

• Guatemala es el único país que no tiene una normativa específica.
• Seis iniciativas al respecto se han presentado en el Congreso.
• La última fue presentada en 2007, y es la que se ha tomado como base.
• Otra se encuentra en revisión y socialización en el Ejecutivo.
• Esta habla del uso del agua y cuidado de las cuencas.

En el Congreso están archivadas iniciativas desde hace más 10 años. Los diputados señalan a las comunas de rechazar la regulación y estas se amparan en el Código Municipal.

Las consecuencias de la inexistencia de una normativa se ven reflejadas en que el mayor consumo de agua lo representa el sector agrícola, con dos mil 200 millones de metros cúbicos anuales, para riesgo. La producción de energía emplea dos mil 283 millones de metros cúbicos y la industria, 425 millones, según registros del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala.

Los datos muestran que un promedio de 84 mil 991 millones de metros cúbicos de agua están disponibles en el país, de los cuales 29 mil 747 millones representan la demanda neta en todo el territorio. Sin embargo, 33 mil 996 millones son aguas contaminadas por descargas.

El impacto de la falta de regulación no solo se refleja en el sector económico, que dispone sin restricciones del agua, sino también en el área doméstica, donde el uso es de unos 284 millones de metros cúbicos anuales.

Según el mismo portal, para el 2025 el uso de agua aumentará hasta en un 4 por ciento.

Contaminación en río La Pasión donde se produjo una masiva muerte de peces. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Se oponen a control

El presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, Boris España, dice que la oposición para la aprobación de la normativa proviene de los alcaldes.

España ve impedimento en la autonomía municipal y estima que la iniciativa vigente podría causar problemas de territorialidad porque legislarían las aguas subterráneas, ríos, quebradas y propiedad privada.

“No se puede ver una iniciativa de alguien que no administra el agua. Quienes lo hacen son las municipalidades”, afirma.

Gerson López, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), asegura que se amparan en el Código Municipal, que da competencia para abastecer de agua a las comunidades. “La ley que está en manos del Congreso debe ser objeto de un análisis. Fue presentada hace años y las condiciones no son las mismas”, destaca.

“Otro problema es la tenencia de la tierra en comunidades y propiedad privada, porque cada quien tiene un pozo y usa el agua como quiere”, señala el diputado.

López indica que están en la disposición de escuchar, conocer y discutir cualquier proyecto.

Joaquín Ordóñez, presidente de la junta directiva de la Asociación del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, señala que se oponen rotundamente a la aprobación o de cualquier normativa que regule el agua y que un bien común se monopolice. “Las mismas comunidades velan por los recursos”, asevera.

Ordóñez indica que no existe certeza y que las propuestas de ley son subjetivas, y al aplicarlas tendrían efectos negativos.

Aldea Champerico de Sayaxche, Peten. pobladores expresaron la falta de agua potable y la prohibido pescar y no tienen una fecha específica para poder hacerlo de nuevo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el olvido

El diputado Jorge Mario Ríos entregó en el 2003 la iniciativa 2865, ley general de aguas, que establece la creación de la superintendencia del agua y el consejo nacional del agua, adscrito al Ministerio de Ambiente.

En el 2005, el también diputado Alfredo Cojtí presentó otro anteproyecto, pero también quedó en el olvido.

Según Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, la no aprobación de un ley general de aguas responde a intereses económicos. “La limitación la ponen las industrias”, advierte.

Melini cree que se necesita voluntad política. “Hay una anarquía absoluta. Cualquiera hace un pozo o contamina el agua”, advierte.

La contaminación industrial se da principalmente en ríos como Villalobos, María Linda, Samalá y Motagua. Se calcula que el 80% del agua de consumo doméstico regresa contaminada a los ríos y cuerpos receptores, lo que implica un volumen de seis metros cúbicos por segundo de ese recurso contaminado.

Solo el área metropolitana genera anualmente 140 millones de metros cúbicos de aguas residuales.

Óscar Núñez, director ejecutivo de Defensores por la Naturaleza, opina que la mala información sobre los verdaderos fines de la ley no permite su aprobación. “Es culpa de todos. La ley no es responsabilidad de las comunas. Nadie controla el riego, las hidroeléctricas y las industrias”, recuerda.

“Los sistemas de riego son los mayores consumidores de agua”, agrega.

Núñez recalca que Guatemala es rica en agua y que la exporta a través de ríos, pero no hay forma de normar su uso o sancionar la contaminación.

Contaminación en el Lago de Amatitlán. Hubo un intento de decontaminarlo con un líquido comprado por las Autoridades Para el Manejo de la Cuenca del Lago, pero fue suspendido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El más contaminado después del Lago de Amatitlán y el de Atitlán, es el de Izabal. Una investigación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales da cuenta de los desechos y aguas servidas de 16 de los 19 municipios ubicados en su cuenca, los cuales van a parar a las aguas de este paraíso tropical.

“No hay tratamiento alguno para la basura y la población ha cambiado el uso del suelo de cultivos perennes a cultivos limpios, con uso indiscriminado de agroquímicos”, denuncia el informe. A esto se suma la indiscriminada explotación de recursos naturales y pesqueros, en especial en áreas protegidas, la crianza de ganado, no amigable con el ambiente; la falta de certeza jurídica en la tierra y la débil aplicación de la legislación ambiental.

Muestras tomadas en sus aguas revelan una alta presencia de nutrientes, macroalgas y cobalto, cromo y zinc en exceso, lo cual supone un peligro para los habitantes que viven y se nutren de los peces que hay en el lugar. El expediente señala la presencia de hydrilla verticilata, un alga que afecta la oxigenación de las aguas del lago, la navegación y la profunidad.

En el Lago de Atitlán, Sololá, condiciones similares han propiciado el crecimiento de cianobacterias y macroalgas, epecialmente en las bahías de San Lucas, Santiago Atitlán y Panajachel.

Otro manto en peligro de extinción es el de Petén Itzá, el cual es víctima de eutrofización -enriquecimiento de nutrientes, derivado de la actividad humana-, sequías, inundaciones e incendios. También porque ha sido degradada la flora y la fauna. Su cuenca tiene vocación forestal, pero las personas la han explotado para actividades agropecuarias y comerciales.

El Lago de Güija, en Asunción Mita, Jutiapa, de gran belleza, también está siendo afectado por descargas de residuos líquidos y sólidos, especialmente plásticos. Hay mucha deforestación, pesca ilegal, introducción de fosfatos al agua, derivado del lavado de ropa.

Las lagunas sufren

En Pasaco, Jutiapa, se encuentra la laguna El Comendador, que ya está cubierta de ninfa en un 20 por ciento, a lo cual se agrega la contaminación con desechos sólidos y descargas directas de los drenajes. Los desperdicios y agua sucia del caserío La Laguna, Casillas, Santa Rosa, ocasionan daños ambientales a la Laguna de Ayarza.

El estudio revela también que los desechos industriales y fertilizantes con componentes nitrogenados y fosfatados intensifican el proceso de contaminación, a lo que se agrega la deforestación, entre otros.

Estadísticas

El MARN ha establecido la cantidad de lagos y lagunas del país y sus condiciones.

• Guatemala cuenta con 38 cuencas hidrográficas, 194 cuerpos de agua, divididos en siete lagos; 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras y tres lagunas temporales.
• El 90 por ciento de los ríos están altamente contaminados por desechos sólidos, aguas servidas, aguas industriales, entre otros desechos.
• Muchos de estos afluentes desembocan en lagos y lagunas y arrastran desechos sólidos, así como residuos industriales y agrícolas contaminantes.
• Al menos 25 lagunas han desaparecido en el país en los últimos 80 años, debido al avance de la urbanización y la contaminación.

Contaminación en área metropolitana

Desde hace varios años se denuncia la contaminación que afecta al municipio de Chinautla, ya que un río de aguas negras atraviesa el municipio y lleva grandes cantidades de basura procedentes de la capital y que ponen en riesgo la salud de los habitantes. Las autoridades de ambas comunas no tienen un plan integral para solucionar la problemátic.

Las donaciones al país se otorgaron bajo el programa denominado Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina, creado por el presidente español Jose Luis Rodríguez Zapatero, quien trabajó durante un año en el proyecto considerado como el más ambicioso de la cooperación española.

El periódico español El Confidencial, reporta que el programa asignó €112,4 millones a Guatemala, €69,37 millones aportados por España y €43,03 millones que se aportarán de forma local o a través del BID.

De los 21 países registrados en el fondo, Guatemala está en el tercer puesto de naciones con recursos asignados.

En los registros de avance de los proyectos se muestra que el país tiene 70 programas para agua y saneamiento en los que se ha ejecutado el 10,9 por ciento de los recursos financieros. Ninguno de los programas ha finalizado, pues todos están en fase de licitación o ejecución.

Necesidad

En 2013, un informe de profesionales sanitarios del Colegio de Ingenieros reveló que el 80 por ciento de las fuentes de agua del país estan contaminadas, y del agua entubada el 70 por ciento no es segura pues no está clorada, según un estudio de la Rectoría de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Salud, anunciado el mismo año.

La necesidad de implementar planes para la gestión de agua en el país ha sido expuesta en varias ocasiones por oenegés que velan por el medio ambiente y entidades académicas.

El director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, Juventino Gálvez, reveló que los seis municipios que forman el área metropolitana extraen de los mantos freáticos cinco veces más agua de lo que se recarga en un año.

Datos de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, indican que hace 20 años un pozo de agua se perforaba a mil pies, pero en esta época se hace a dos mil 300 pies o más, debido a que se considera el líquido como un recurso infinito.

Un reporte de El Confidencial revela la carencia de agua en la provincia y la capital, lo que coincide con notas publicadas por Prensa Libre respecto a la dificultad que tiene miles de guatemaltecos de acceder al vital líquido.