Ley de Tarjetas de Crédito

Ley de Tarjetas de Crédito: en casi un año de vigencia Diaco reporta recuperación de Q3 millones y estas son las causas más recurrentes

Sat, 26 Jul 2025 15:00:00 +0000

Crédijtos

Ley de Tarjetas de Crédito: en casi un año de vigencia Diaco reporta recuperación de Q3 millones y estas son las causas más recurrentes

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) ha recuperado en 11 meses de vigencia de la Ley de Tarjetas de Crédito un monto de Q3 millones 362 mil 151.34 al resolver unas 2 mil quejas relacionadas con esas herramientas de pago.

26 de julio de 2025 | 09:00h

La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia en septiembre del 2024. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las autoridades de la entidad informaron al respecto de las quejas y recuperación de recursos en tarjetas de crédito durante la presentación del balance anual de esta norma y el lanzamiento de la feria de educación financiera que se realizará en agosto próximo.

Claudia Donis, directora de la Diaco dijo que el 90% de las quejas recibidas en la entidad han sido por inconvenientes para el pago de la tarjeta de crédito y buscan asesoría para celebrar convenios de pago y que se calcule correctamente el monto a pagar, sin embargo, al recibir la asistencia los usuarios desisten de continuar con el proceso de la queja.

El monto incluye alrededor de Q1 mil millones recuperados en el 2024, y Q2 millones 249 mil del primer semestre del 2025.

Las causas más recurrentes de quejas resueltas se refieren a renovaciones de contrato, cobros no autorizados por el tarjetahabiente y cobro de comisiones, indicó Herbert Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco.

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“Lo usuarios solicitan asistencia para la celebración de convenios de pago, la mayoría de quejas, arriba del 90 por ciento es porque el usuario tuvo inconveniente con el pago de la tarjeta, llega a la Diaco en primera instancia para solicitar apoyo en la celebración del convenio”, expuso Donis.

Las quejas por tarjetas de crédito son tramitadas a través de la Unidad de Protección de Servicios Financieros que comenzó a funcionar en septiembre del año pasado, que recibe las quejas por medio del número 1544 y de las oficinas de la Diaco a nivel nacional, así como su página web.

Tarjetas de crédito en datos

Según la Superintendencia de Bancos, a marzo de este año registraban los siguiente datos:

• Q3.5 millones de activos crediticios relacionados con tarjetas de crédito.

• Transacciones por Q17 mil 500 millones

• 1.6 millones de personas con tarjetas de crédito

Feria Financiera

En la Ley de Tarjetas de Crédito que entró en vigencia en septiembre del año pasado se estableció la obligación de crear ferias educativas para informar a la población sobre el uso de este método de pago.

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Derivado de esa obligación, desde el próximo lunes 28 al miércoles 30 de julio se llevará a cabo la primera Feria Financiera en el Irtra Mundo Petapa, con conferencias y actividades para estudiantes y el público .

“La educación financiera es un pilar de la protección de los consumidores y en este caso de los tarjetahabientes, usuarios más informados pueden tomar mejores decisiones, manejar mejor su presupuesto y de mejor manera, el tema del ahorro, evitar sobreendeudamiento y el uso correcto de la tarjeta de crédito”, manifestó Donis.

Para los estudiantes las conferencias serán lunes y martes y para el público en general el miércoles. En ellas habrá obras de teatro, plaza de stand, materiales educativos, actividades lúdicas y juegos mecánicos. Para participar las personas deben registrarse previamente a través de un código QR que está disponible en las plataformas de la Diaco.

Tarjeta de Crédito en Guatemala: qué es, cómo funciona y conceptos clave para interpretar su estado de cuenta

Tue, 31 Dec 2024 11:00:00 +0000

economía

Tarjeta de Crédito en Guatemala: qué es, cómo funciona y conceptos clave para interpretar su estado de cuenta

La época navideña y de Año Nuevo trae consigo reuniones familiares, celebraciones, convivios y, muchas veces, gastos extra. Si utiliza una tarjeta de crédito, comprender el estado de cuenta bancario es clave para evitar sobreendeudarse y comenzar el año con tranquilidad financiera.

Glenda Burrión

31 de diciembre de 2024 | 05:00h

Los expertos financieros aconsejan usar esta función solo en emergencias y en montos pequeños. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

En Guatemala, la educación financiera es limitada, al igual que la cultura tributaria o la educación vial. Muchos ciudadanos se ven obligados a seguir normas financieras, pero a menudo carecen del conocimiento para manejarlas correctamente.

Vivian V. cuenta que, cuando obtuvo su primera tarjeta de crédito en 2007, estaba emocionada. Sin embargo, con el paso de los meses, su entusiasmo se convirtió en frustración porque, aunque realizaba pagos, su deuda solo aumentaba. En ese entonces, los estados de cuenta llegaban en formato físico, y para evitar la ansiedad, optó por no abrir los sobres. En pocos meses, acumuló una deuda de Q10 mil.

Afortunadamente, Vivian logró solventar su situación y, tras casi una década, volvió a solicitar una tarjeta de crédito. Aún así, admite que en ocasiones pide ayuda a una amiga para interpretar algunos datos financieros porque sabe que educarse es fundamental para mantener el control.

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¿Cómo funciona una tarjeta de crédito?

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB), una tarjeta de crédito es un plástico emitido por una entidad bancaria que permite al tarjetahabiente utilizar una línea de crédito. Es importante recalcar que no se trata de dinero extra, sino de un préstamo.

Muchos usuarios caen en el error de dejarse llevar por promociones como “Hasta 45 días para pagar los consumos de su tarjeta de crédito”. Sin embargo, estos plazos pueden variar según la fecha de consumo, fecha de corte y fecha de pago, lo que genera confusión si no se revisan los términos.

¿Se puede retirar dinero de una tarjeta de crédito?

La realidad económica del país empuja a muchas personas a buscar alternativas rápidas para resolver sus problemas financieros. Dado que muchos bancos permiten retirar efectivo desde cajeros automáticos, muchos tarjetahabientes optan por esta opción, ya que les evita el proceso de papeleo y la verificación de un préstamo convencional.

Los expertos financieros aconsejan usar esta función solo en emergencias y en montos pequeños, ya que las cantidades grandes generan pagos a corto plazo con intereses elevados.

Este servicio conlleva costos adicionales como intereses elevados, las tasas varían por banco, pero suelen ser altas debido a que se considera un préstamo inmediato.

Para realizar el retiro en efectivo con una tarjeta de crédito en un cajero automático es necesario solicitar un código al banco emisor de esta.

En la actualidad, existe una alternativa virtual, ya que algunos bancos permiten transferir dinero desde la banca en línea a cuentas monetarias del mismo tarjetahabiente o a cuentas de otros bancos. Esta opción ofrece una mayor comodidad, rapidez y con costos ligeramente menores que hacerlo desde un cajero automático.

Conceptos clave en su estado de cuenta

Entender los términos financieros en su estado de cuenta es esencial para manejar responsablemente su tarjeta de crédito. Aquí te explicamos los más importantes:

Estado de cuenta: Resumen mensual que detalla tus movimientos financieros, incluyendo compras, pagos realizados, intereses, comisiones y el saldo total.

Interés anual: Es el porcentaje que el banco cobra por el uso del crédito. Por ejemplo, si tu tarjeta tiene un interés anual del 36 %, pagar un 3% mensual sobre el saldo pendiente.

Fecha de corte: Es el día en que el banco cierra el registro de movimientos del mes. Por ejemplo, si la fecha de corte es el 12 de diciembre, las compras realizadas a partir del 13 se incluirán en el próximo estado de cuenta.

Fecha de pago: Límite para realizar el pago total o mínimo de la deuda. Si no paga a tiempo, se generan intereses adicionales y penalidades.

Pago mínimo: Es el monto mínimo requerido para no caer en mora. Sin embargo, pagar solo el mínimo incrementa tu deuda por los intereses acumulados.

Crédito disponible: Cantidad restante dentro de tu límite de crédito. Superar este límite puede generar penalizaciones y cobros adicionales.

Ciclo de corte de una tarjeta de crédito

Los cierres de las tarjetas de crédito se realizan de manera mensual. Por ejemplo, supongamos que en el estado de cuenta se indica que la última fecha de corte es el 12 de cada mes y que la fecha límite de pago es el 5 de cada mes.

Esto significa que, en el estado de cuenta de enero de 2025, se presentarán todos los consumos realizados entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025. El pago correspondiente deberá efectuarse el 5 de febrero de 2025.

Es importante prestar atención a este ciclo, ya que, aunque una compra realizada el 13 de diciembre tendría un plazo de 55 días para ser pagada, una compra efectuada el 12 de enero solo contaría con 24 días para cumplir con el pago.

Muchas personas caen en el impulso del consumismo, pensando que tendrán suficiente tiempo para pagar sus compras, lo que puede complicar su situación financiera si no manejan adecuadamente los plazos y montos de su tarjeta de crédito.

Seis consejos para interpretar y gestionar su estado de cuenta bancario

Pague a tiempo y el saldo total: Evitarás intereses y cargos adicionales.

Lea los contratos: Se consciente de los términos de su tarjeta para evitar sorpresas.

Verifique sus movimientos: Asegúrese de que todos los cargos sean correctos.

Entienda el costo real: Si decide no pagar el total, revise cuánto pagará en intereses. Por ejemplo, una deuda de Q10 mil con un interés anual del 36 % podría convertirse en Q13 mil 600 en un mes si no paga de contado esto adicional de los costos agregados por el banco emisor de la tarjeta.

Planifique sus compras: Priorice los gastos esenciales y evite el consumo impulsivo.

Aproveche promociones con cuidado: Algunos bancos ofrecen meses sin intereses, pero asegúrese de cumplir con los pagos para evitar recargos.

Disfrute las festividades sin preocupaciones

Conocer y entender su estado de cuenta bancario es el primer paso hacia un manejo responsable de su tarjeta de crédito. Según los informes estadísticos del Banco de Guatemala, los préstamos bancarios e hipotecarios son las principales deudas de los guatemaltecos en la cartera financiera del país, seguidos por las deudas de tarjetas de crédito.

Así es que, aplicar conocer los conceptos y aplicar los consejos de este artículo, podrá ayudarle a disfrutar de las festividades sin preocupaciones financieras y comenzar el año nuevo con sus finanzas bajo control.

José Carlos Gómez, Subgerente de Sostenibilidad de BAC Guatemala, explica que “la educación financiera es la clave para tomar decisiones inteligentes”.

Además aconseja utilizar herramientas como aplicaciones bancarias para llevar un control de los gastos y comparte 5 consejos para evitar el sobreendeudamiento a fin de año:

Hacer un presupuesto previo: Defina cuánto puede gastar en regalos, celebraciones y actividades, y ajuste sus gastos a ese monto. Asegúrese que este sea acorde al presupuesto que tiene disponible.
Use responsablemente su tarjeta: Si usa la tarjeta de crédito, asegúrese de que puede pagar el total en la siguiente fecha de corte.
Priorice sus necesidades sobre los deseos: Sea estratégico con sus compras, buscando ofertas y descuentos, pero evite gastar por impulso.
No comprometa sus ingresos futuros: Evite endeudarse más allá de su capacidad de pago mensual (idealmente, no más del 30 % de sus ingresos)
Planificación anticipada: Ahorrar para los gastos de fin de año puede ayudar a aliviar la presión financiera en diciembre.

Finalmente, Gómez explica que no pagar una tarjeta de crédito tendrá un impacto en su historial crediticio y esto podría afectar su puntaje de crédito, lo que limitará su acceso a nuevos productos financieros o mejores condiciones en el futuro. Es por ello que, es importante realizar al menos el pago mínimo para evitar cargos por mora y mantener su crédito en buen estado. Si enfrenta dificultades, considera contactar al banco para negociar un plan de pago.

Ley de Tarjetas de Crédito: ¿Los comercios aún pueden seguir cobrando recargos?

Tue, 24 Sep 2024 22:15:50 +0000

tarjeta de crédito

Ley de Tarjetas de Crédito: ¿Los comercios aún pueden seguir cobrando recargos?

En algunos establecimientos comerciales de Guatemala, los consumidores se enfrentan a un recargo adicional cuando pagan con tarjeta de crédito o débito.

Glenda Burrión

24 de septiembre de 2024 | 16:15h

De acuerdo con la Ley de Tarjeta de Crédito, los propietarios de negocios tienen prohibido cobrar recargos por aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Tarjetas de Crédito vigente en el país, esta práctica está prohibida.

Es común encontrar letreros en comercios que indican: “Si paga con tarjeta de crédito o débito, se aplicará un recargo”. En otros casos, los consumidores descubren que existen dos precios diferentes al momento de realizar el pago, dependiendo del método que elijan.

Cuando el cliente decide pagar en efectivo, el precio es menor. Pero si opta por la tarjeta, se le advierte que habrá un recargo adicional. Esto muchas veces obliga al cliente a buscar un cajero automático para evitar el cargo extra.

¿De cuánto es el recargo?

El recargo por el uso de tarjetas puede variar entre comercios, oscilando generalmente entre el 1% y el 10% del valor total de la compra. Sin embargo, esta conducta comercial es ilegal y está sujeta a sanciones. A pesar de ello, muchos consumidores se ven forzados a pagar en efectivo para obtener el precio más bajo, lo cual no debería ser necesario bajo la ley.

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¿Qué hacer si un negocio cobra comisión o recargo?

El Artículo 33 de la Ley de Tarjetas de Crédito en Guatemala establece claramente que los comercios no pueden aplicar recargos por la compra de bienes o servicios pagados con tarjeta de crédito. Además, prohíbe que se limite el acceso a descuentos, ofertas o promociones para quienes elijan pagar con tarjeta, salvo que se indique claramente.

Según Herbert Ordoñez, de la Unidad de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), los comercios tuvieron suficiente tiempo para adaptarse a la nueva normativa. Desde marzo de 2024, los propietarios de los comercios sabían que las reglas cambiaron y, a partir de septiembre de 2024, todos los establecimientos deben cumplir con la ley. Si no lo hacen, están sujetos a sanciones.

Ordoñez enfatiza que, si un consumidor presenta una queja ante la DIACO y, tras la investigación, se confirma que se aplicó un recargo indebido, el comercio o el banco involucrado será sancionado.

A la fecha, la Diaco ha recibido 121 quejas relacionadas a cobros y asesoría para tramitar un convenio de pago. De esta cifra, Herberth comenta que el 60% de las quejas que fueron procesadas y presentaron los casos a las entidades emisoras.

¿Cómo defender los derechos como consumidor?

Como tarjetahabiente, es importante exigir que el precio del producto o servicio sea el mismo, independientemente de si se paga en efectivo o con tarjeta. Si un comercio se niega a respetar esto, se recomienda documentar la situación solicitando el libro de quejas y guardando pruebas, como facturas o recibos, para que la Diaco pueda intervenir y tomar medidas correctivas.

Si después del 1 de septiembre de 2024 has sido obligado a pagar un recargo por el uso de tu tarjeta, todavía puedes presentar una denuncia ante la Diaco. Para presentar una queja por este tipo de recargos, el consumidor debe realizar el siguiente procedimiento:

El consumidor debe primero ir con el emisor de la tarjeta a plantear su reclamo.
Con los documentos que el emisor le dé puede llegar a la Diaco. Y con esa documentación, el estado de cuenta y DPI se puede abrir el expediente de reclamo.
La denuncia se puede presentar de manera presencial o en línea en diaco.gob.gt.

Ordoñez comenta que sugiere que el trámite se realice de manera presencial en el Centro de Atención de Servicios Financieros, ubicado en el Centro Comercial de la zona 4, Área de Restaurantes del Tercer Nivel. Explica que esto porque muchos consumidores tienen duda sobre el soporte que deben tener y, es por ello, que lo mejor es que lo revise un asistente de servicio al cliente de la Diaco.

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¿Por qué algunos comercios cobran recargo por pago con tarjeta?

El recargo que algunos negocios aplican al pagar con tarjeta suele deberse a los costos asociados al procesamiento de pagos. Las comisiones varían según los acuerdos entre el comerciante y el banco procesador, e incluyen tasas de intercambio y comisiones del procesador de pagos.

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Fri, 20 Sep 2024 11:00:00 +0000

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Las tasas de interés deben pactarse entre el emisor y el tarjetahabiente. Además, se espera que los bancos informen de manera oportuna los cambios a los tarjetahabientes.

Glenda Burrión

20 de septiembre de 2024 | 05:00h

Los emisores de las tarjetas de crédito están obligados a informar al tarjetahabiente sobre cualquier cambio en las tasas de interés, así como en los cobros y cargos que puede generar el uso del plástico. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

La nueva ley de tarjetas de crédito entró en vigor el 1 de septiembre, y los emisores tienen hasta marzo de 2025 para pactar con los tarjetahabientes los nuevos contratos, según explicó Herbert Ordoñez, de la Unidad de Verificación y Vigilancia de la Diaco.

La ley establece que los usuarios de este servicio financiero tienen derecho a recibir información completa, exacta y no engañosa sobre las condiciones, cargos y costos de utilizar las tarjetas de crédito, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas sobre este medio de pago.

Muchos tarjetahabientes han comenzado a recibir reajustes en sus contratos, pero carecen de copia de su contrato original, lo que podría ser útil para analizar los cambios. Tanto la Diaco como la Superintendencia de Bancos (SIB) coinciden en que los consumidores tienen el derecho a solicitar al banco una copia del contrato original.

Cambios sin consentimiento ni previo aviso

Usuarios de tarjetas de crédito han señalado que, en algunos casos, las tasas de interés aumentaron antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Muchos se están dando cuenta de que el emisor realizó cambios hace meses sin notificación previa.

Al revisar los suplementos mensuales publicados por la Superintendencia de Bancos (SIB) sobre las tasas de interés aplicadas a las tarjetas de crédito, se observa un incremento constante desde enero. Esto se debe a las modificaciones en las tasas de interés mensual, anual y de extrafinanciamiento implementadas por los emisores.

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Según los suplementos de la SIB, en Guatemala solo existen tres emisores autorizados para ofrecer tarjetas de crédito: Contécnica, S.A., Credomatic de Guatemala, S.A. y Tarjetas Promerica, S.A.

Oscar Herrera, director de Economía Empresarial de la Universidad Rafael Landívar (URL), explica que se espera que, a partir de la nueva ley, se establezca una relación más justa entre emisores y consumidores. Tener acceso a la información será fundamental para tomar decisiones informadas.

Antes los guatemaltecos tomaban decisiones con poca certeza debido a la falta de transparencia financiera, y se enfrentaban a tasas de interés muy altas, cargos exorbitantes, cargos ocultos y cláusulas contractuales que perjudicaban a los tarjetahabientes, quienes no se tomaban el tiempo necesario para analizar los detalles importantes de sus contratos.

Herrera añade que esta nueva normativa abre el camino hacia un sistema financiero más justo y equitativo para ambas figuras, pero en especial para los tarjetahabientes. Anima a los consumidores a dedicar el tiempo necesario para revisar los nuevos contratos.

Cláusulas claves para analizar

Oscar Herrera explica que no todos los emisores de tarjetas de crédito tendrán las mismas cláusulas; cada uno presentará sus variantes. Sin embargo, lo más importante de la nueva ley es que hará más transparente todo el proceso.

El economista resalta que al usar una tarjeta de crédito se genera una deuda que debe pagarse, y es crucial que el tarjetahabiente comprenda cómo se cobrará esa deuda, qué intereses se aplicarán y cuál será el monto por mora. El aspecto esencial es que el usuario conozca estos detalles para evitar sorpresas con cargos arbitrarios, como ocurría en el pasado.

A partir de ahora, las tasas deberán pactarse, lo que significa que el emisor está obligado a informar al tarjetahabiente sobre cualquier cambio, algo que no sucedía antes. Esto proporciona mayor certeza e información para que los usuarios puedan decidir si las condiciones se adaptan a sus necesidades y circunstancias.

Herrera recomienda tanto a los nuevos usuarios de tarjetas de crédito como a aquellos que ya las tienen que lean detenidamente los términos y condiciones. Enfatiza la importancia de prestar atención a las cláusulas que explican las tasas de interés, cargos por mora y cualquier otro cargo.

los 10 detalles que debes revisar con detenimiento en el contrato por uso de tarjeta de crédito:

Tasa de interés por financiamiento
Tasa de interés por mora
Cargos y comisiones por el uso de la tarjeta de crédito, incluyendo costos de seguros, membresía, comisiones por pagos de servicios, impuestos (SAT) y cuota patronal del IGSS.
Pagos asociados a gestiones de cobro
Derechos y obligaciones del emisor
Derechos y obligaciones del tarjetahabiente
Condiciones e intereses de los extrafinanciamientos
Autorización para que el emisor comparta y consulte la información del tarjetahabiente con terceros, ya sea para otorgar línea de crédito o para monitoreo y mantenimiento.
Autorización para disponer de fondos monetarios o de ahorro para el pago de las deudas.
Revisión de los plazos que da el emisor para presentar observaciones al contenido en el contrato

Todos los guatemaltecos que poseen una tarjeta de crédito deben reconocer la importancia de prestar atención a sus finanzas y a los cambios en las condiciones para evitar sorpresas en el futuro. Es fundamental tener en cuenta que no firmar ni presentar objeciones se interpretará como un acuerdo con las modificaciones en los nuevos contratos de tarjetas de crédito.

Si los emisores no ofrecen la transparencia necesaria y los tarjetahabientes tienen malas prácticas de uso, esto puede derivar en problemas para el consumidor. Por lo tanto, es crucial elegir una entidad emisora que ofrezca las mejores ventajas.

El uso responsable del crédito recae en el tarjetahabiente. Es importante que utilice el crédito disponible solo para lo que realmente puede pagar a corto plazo. Debe evitar financiar compras que no puede costear y hacer un análisis de sus ingresos para determinar hasta dónde puede endeudarse.

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La tarjeta de crédito debe ser vista como un medio de pago, no como una herramienta de endeudamiento.

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Tue, 17 Sep 2024 22:56:26 +0000

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Según lo estipulado en la ley el contrato debe estar redactado de manera legible y comprensible, destacando las cláusulas que establecen obligaciones tanto para el tarjetahabiente como para el emisor.

Glenda Burrión

17 de septiembre de 2024 | 16:56h

Según la Ley de Tarjetas de Crédito, los contratos debe establecer condiciones razonables que el tarjetahabiente pueda atender. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

La educación financiera es un componente clave del Decreto Número 2-2024, ya que busca empoderar a los consumidores para que tomen decisiones informadas sobre el uso de productos financieros, como las tarjetas de crédito.

De acuerdo con el Decreto Número 2-2024, los contratos de tarjeta de crédito no necesitan ser firmados de manera legalizada, pero deben ser formalizados mediante un documento escrito. Aunque no se requiere una firma legalizada, es necesario que el contrato esté debidamente firmado por las partes involucradas.

Además, el contrato debe contener cláusulas específicas y se considera un título ejecutivo, lo que significa que tiene fuerza legal para ser ejecutado en caso de incumplimiento. La firma del emisor puede ser autógrafa o puede ser sustituida por impresión, reproducción u otros mecanismos permitidos por la ley.

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Si está pensando en aceptar o solicitar una tarjeta de crédito, es importante dedicar tiempo a leer el contrato antes de firmarlo. Como mínimo, el contrato debe contener las cláusulas sobre los siguientes aspectos:

Límite de crédito
Área geográfica de uso de la tarjeta de crédito
Plazo del contrato
Tipo de moneda
Tasa de interés del financiamiento y forma de cálculo, así como la tasa efectiva anual equivalente
Tasa de interés por mora y forma de cálculo
Tarifas de comisiones y otros cargos
Información relativa al estado de cuenta
Cobros que el emisor realice por cuenta de terceros
Fecha límite de pago
Derechos y obligaciones del emisor y del tarjetahabiente
Procedimiento en caso de robo, hurto, fraude, extravío, clonación o uso no autorizado de la tarjeta
Condiciones y procedimiento para las objeciones a operaciones contenidas en el estado de cuenta
Causales de terminación del contrato
Pago mínimo y forma de determinarlo
Cuota por seguro, si corresponde
Comisión o cargo por retiro en efectivo con la tarjeta de crédito
Premios y bonificaciones por el uso de la tarjeta, cuando corresponda
Cargo anual por membresía o uso de la tarjeta de crédito, si lo hubiera

Cambios en los contratos ya existentes

Por otro lado, algunos bancos han comenzado a notificar a los tarjetahabientes sobre los cambios en las tasas de interés, cobros adicionales e incluyen una cláusula que autoriza al banco a cubrir el saldo de la tarjeta de crédito utilizando el dinero disponible en otras cuentas de la misma institución.

Si el tarjetahabiente no está de acuerdo con la modificación de la tasa de interés o si las condiciones del contrato original se modifican en su contra, puede solicitar la terminación del contrato y negociar un convenio de pago.

El emisor debe acordar este convenio con el tarjetahabiente dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, según lo dicta la ley. Si al finalizar este plazo el emisor no acepta celebrar el convenio o exige el pago total de la deuda para cancelar el contrato, el tarjetahabiente puede buscar apoyo a través de la DIACO (Dirección de Información y Defensa del Consumidor).

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Wed, 11 Sep 2024 16:00:00 +0000

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En los primeros doce días desde que la Diaco comenzó a actuar como verificadora y protectora de los usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala, se han recibido 55 quejas.

Glenda Burrión

11 de septiembre de 2024 | 10:00h

La ley da al emisor 30 días, desde el reclamo del tarjetahabiente, para resolverlo. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

Herbert Ordoñez, de la Unidad de Verificación y Vigilancia de la Diaco, explica que se han tramitado 55 casos. Además, hay documentos que contienen errores y no pueden aceptarse. De los casos que sí proceden, ya se ha gestionado la parte administrativa correspondiente a la Diaco, y los bancos tienen 15 días para enviar una respuesta.

Entre las quejas aceptadas, las situaciones más frecuentes incluyen solicitudes de los tarjetahabientes para pactar convenios de pago y disputas relacionadas con cargos de compras no reconocidos.

Por citar un caso, algunos tarjetahabientes han reportado que, desde agosto, los bancos emisores aumentaron el valor de los seguros sin previo aviso.

Sobre esta situación, Herbert Ordoñez comentó que esto podría ser una estrategia de los bancos para compensar la falta de ingresos que no percibirán debido a la nueva ley, que prohíbe la capitalización de intereses. Como recomendación, se sugiere primero tratar de solucionar el problema directamente con el banco y, si es necesario, presentar una queja ante la Diaco.

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Si después de agotar todas las opciones con el emisor de la tarjeta, no se llega a un acuerdo, el tarjetahabiente puede recurrir a instancias legales adicionales. Entre ellas la nueva unidad de la Diaco. Para solicitar la intervención se deben presentar los siguientes documentos:

Copia del DPI (Documento Personal de Identificación).

Copia de los estados de cuenta relevantes.

Constancia de haber solicitado una solución al banco respecto al inconveniente.

Es fundamental que el tarjetahabiente haya intentado resolver el problema directamente con el banco antes de presentar la queja ante la Diaco, ya que la entidad solo acepta casos en los que no se ha llegado a un acuerdo con el emisor de la tarjeta.

Los consumidores tienen la opción de utilizar tanto la Diaco como la ventanilla de mediación del Organismo Judicial (OJ) de manera simultánea.

Sin embargo, Herbert Ordoñez aclara que estas entidades tienen facultades diferentes. El OJ actúa como una instancia conciliatoria y no tiene la capacidad de imponer sanciones. Por otro lado, la DIACO posee la autoridad para imponer sanciones si se verifica que se ha violado alguna disposición legal.

En qué casos se puede presentar un reclamo

La nueva Ley de Tarjeta de Crédito promueve la transparencia en la información y la imputación arbitraria de cargos a los tarjetahabientes.

No obstante, es fundamental que los usuarios revisen sus consumos para identificar posibles problemas. En la ley explica que el emisor tiene 30 días, después de que el tarjetahabiente presente un reclamo para dar una solución al problema presentado.

Entre las situaciones que podrían dar pie a presentar un reclamo, podrían ser:

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Modificación no autorizada de la tasa de interés: La ley establece que no se puede modificar la tasa de interés sin el consentimiento del usuario (Artículo 12). Además, los intereses no pueden capitalizarse ni calcularse sobre comisiones y otros cargos.
Si se realiza una modificación, el emisor debe informar al tarjetahabiente con 45 días de anticipación. Si el usuario no acepta los nuevos términos, puede solicitar que el saldo acumulado sea cancelado mediante un convenio de pago y devolver la tarjeta.
Capitalización indebida de intereses: En caso de incumplimiento con la fecha de pago establecida, el emisor puede aplicar intereses por mora (Artículo 14) y recargos (Artículo 15) únicamente según lo estipulado en el contrato. Estos recargos no pueden formar parte de la deuda capital y, por lo tanto, no deben generar mora o interés adicional.
Falta de información en los estados de cuenta: Los estados de cuenta deben emitirse sin recargo alguno para el titular. Si hay saldos acumulados, el documento debe detallar los valores aplicados a capital y otros cargos (Articulo 19). Además, deben incluir el valor de los seguros contratados, si el servicio está activo.
Recargos en Comercios: Los comercios afiliados (almacenes, tiendas, etc.) no pueden aplicar recargos por el uso de tarjetas de crédito (Artículo 33) para la adquisición de bienes o servicios.
Si se ha solicitado un convenio de pago y el banco no lo ha gestionado correctamente o ha rechazado la solicitud sin una justificación válida, esto también es motivo para presentar un reclamo.

Si el emisor no resuelve el reclamo o el tarjetahabiente no está conforme, puede acudir a la DIACO para presentar el reclamo.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 12 de septiembre de 2024 a las 14:43 horas.

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Mon, 02 Sep 2024 11:00:00 +0000

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Ley de Tarjetas de Crédito entra en vigor con nuevos derechos y obligaciones para emisores y usuarios

Este 1 de septiembre entró en vigor la Ley de Tarjetas de Crédito, decreto 2-2024, la cual ya cuenta con su reglamento, contempla temas de contratos, convenios de pago, intereses, infracciones y delitos.

Rosa María Bolaños y Glenda Burrión

2 de septiembre de 2024 | 05:00h

La nueva Ley de Tarjetas de Crédito y el reglamento regulan lo referente a contratos, intereses, convenios de pago, infracciones y delitos, entre otros. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

En esta se regulan las operaciones de tarjetas de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, temas de intereses y convenios y capacidad de pago.

También impone derechos y obligaciones para estos tres grupos, mecanismos de protección para el usuario de estas herramientas de pago, y crea un régimen sancionatorio que incluye infracciones y delitos.

Crea la Unidad de Protección de Servicios Financieros (UPSF) como parte de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y en la cual, se indicó, a partir del lunes 2 de septiembre los usuarios podrán presentar quejas, aunque este debe cumplir algunos procedimientos y entrega de documentos, como haber presentado antes la queja ante el emisor.

Además de entidades bancarias y emisores de tarjetas de crédito, las cooperativas ya emiten en Guatemala esos medios de pago, sin embargo, ahora con la ley en vigor, se deja establecido en esta ley que las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado pueden actuar como emisores y co-emisores de tarjetas de crédito.

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Fortalezas y debilidades de las sanciones aprobadas por abusos contra los tarjetahabientes

En marzo pasado la Inspección General de Cooperativas (Ingecop), informó que fiscaliza a 2 mil 571 entidades, de las cuales 902 son de ahorro y crédito, pero que de estas 705 estaban prestando servicio para el cual fueron creadas.

En cifras, deuda con tarjetas

Según datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), en su página electrónica, el saldo de los créditos con tarjeta de crédito de las entidades supervisadas a julio pasado se situaba en Q43 mil 029 millones -un crecimiento de 23.1% respecto de julio de 2023-. De este, a las entidades bancarias corresponde Q34 mil 535.4 millones con un crecimiento de 30.7% con respecto al mismo plazo en mención.

Sanciones y delitos

En el régimen sancionatorio la ley establece 13 infracciones catalogadas como leves y graves, y que se refieren principalmente a incumplimientos de emisores, según el artículo 45, que impone multas desde 15 hasta 55 salarios mínimos.

También se crean cuatro delitos relacionados con las tarjetas de crédito, en los artículos 47 al 54, que incluyen clonación de tarjetas de crédito o débito, el uso de esas herramientas de pago de forma ilegal, la distribución y comercialización de tarjeta de crédito ilegal y su uso fraudulento, así como aumento de la pena dependiendo del cargo que ocupe la persona en el ente emisor, operador o afiliado.

Intereses y pagos mínimos

Aunque no establece un límite máximo para las tasas de interés, sí se incluyen en el decreto disposiciones respecto a estos, así como lo referente a los pagos mínimos.

Los intereses no se podrán capitalizar y entre otras medidas establecidas, no podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos.

En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda, según el artículo 12.

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El emisor debe notificar con 45 días de anticipación al tarjetahabiente que la tasa de interés ha sido modificada. Respecto al interés por mora, se calculará sobre el saldo de capital de la o las cuotas de capital en mora, de acuerdo con los días en mora, y se aplicará como máximo la tasa de interés por financiamiento pactada, pero estos intereses no podrán ser capitalizados.

Hay otros detalles que son desarrollados en el Reglamento de Tarjetas de Crédito (resolución de la Junta Monetaria 56-2024), que entró en vigor en mayo de este año.

Los emisores deben evaluar a las personas, individuales o jurídicas que solicitan tarjetas de crédito, ampliaciones o extrafinanciamientos, considerando su capacidad de pago, experiencia de cumplimiento y escala de endeudamiento total.

Respecto al pago mínimo, señala que los emisores lo calcularán de forma mensual mediante la suma del 2 por ciento del saldo pendiente a la fecha de corte, intereses a la tasa pactada, intereses moratorios, comisiones y otros cargos y montos vencidos de los pagos mínimos de los meses anteriores.

Respecto a los intereses en convenios de pago, el artículo 10 del reglamento establece que solo se calcularán sobre el saldo de capital crediticio que motivó el convenio de pago, sin considerar los intereses, recargos, intereses por mora, comisiones u otros servicios que pudieran formar parte del monto del referido convenio.

A partir del 1 de marzo del 2025, los emisores deberán calcular el pago mínimo de las tarjetas que fueron emitidas antes de la vigencia de la ley indicada, con fines de la amortización del capital, la gradualidad siguiente:

Del 1 de marzo de 2025 al 31 de agosto de 2025 se aplicará el 1% del saldo pendiente de pago a la fecha de corte.
Del 1 de septiembre del 2025 al 28 de febrero del 2026, el 1.5%.
Y a partir del 1 de marzo del 2026, el 2%.

En el documento se explica que el reglamento se basa en la Ley de Tarjeta de Crédito y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, respecto a las empresas especializadas en emitir y administrar tarjetas de crédito y las operaciones activas-bancos respecto a emitir y operar tarjetas de crédito.

Consultado al respecto de su implementación, según explica Herbert Ordóñez, de la Diaco, el reglamento es aplicable a todos los emisores incluyendo cooperativas.

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Convenios de pago

El emisor deberá celebrar convenios de pago si se presentan diversas causas, según lo establecido en el artículo 11: que el usuario no tenga la capacidad de atender dos o más pagos de forma oportuna. O, que la deuda contraída haya llegado al representar 150% del límite de crédito que se le tiene autorizado.

Otra razón es si el tarjetahabiente no está de acuerdo con la tasa de interés, o las condiciones del contrato original varíen en detrimento suyo y se ve imposibilitado de pagar la totalidad de la deuda que tiene contraída.

La entidad emisora deberá resolver si accede o no a dicha solicitud dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

Entre otros puntos que se establecen en la ley que también fueron mencionados por la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala, están que la tasa de interés para la celebración de convenios de pago será calculada al monto inicial del saldo crediticio y en ningún caso podrá calcularse o fijarse proporcionalmente sobre intereses, mora, recargos u otros servicios o sobre la cantidad adeudada sujeta al convenio de pago.

Este convenio de pago se deberá formalizar mediante documento legal, sin costo alguno, y tendrá carácter de título ejecutivo, quedando sin efecto el contrato que originó la deuda del tarjetahabiente. Debe ser firmado por ambas partes y el emisor debe poner a disposición del deudor la copia dentro de los cinco días posteriores a la suscripción de éste.

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Es importante mencionar que el convenio podrá ser cancelado en forma anticipada sin que aplique ningún recargo por tal concepto.

Por aparte, esta ley establece que antes de emitir una tarjeta de crédito los emisores deben comprobar que el solicitante tenga la capacidad de pagar la deuda que podrían adquirir antes de aprobar una tarjeta de crédito o incrementar la línea de crédito.

Diaco recibirá quejas

Otra de las novedades que pone en vigencia esta ley es que para la supervisión y de protección del tarjetahabiente se crea la Unidad de Protección de Servicios Financiero, la cual es parte del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco.

Esta Unidad ya fue instalada, porque los artículos que emiten esa obligación habían entrado en vigor desde marzo.

Herbert Ordoñez, jefe de Departamento de Verificación y Vigilancia en mención explicó a que a partir del lunes 2 de septiembre las personas se podrán abocar al Centro de Atención de Quejas de la entidad para colocar quejas por problemática con emisores de tarjetas de crédito y por medio de la cual pueden buscar un convenio de pago.

Sin embargo, antes de acudir a la Unidad de la Diaco, el usuario debió haberse acercarse o haber presentado su solicitud o queja ante la entidad emisora, agregó.

Inicialmente las personas pueden acudir a la sede de la Diaco en la ciudad de Guatemala y en las sedes en las cabeceras departamentales.

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La atención a los usuarios de tarjetas de crédito tendrá un procedimiento especial que se habilitará posterior a que el tarjetahabiente y el emisor hayan realizado como primera instancia un arreglo conciliatorio, para lo cual el emisor tendrá un plazo de 15 días para responder al tarjetahabiente por escrito lo resuelto. Pero de no llegar a un arreglo mutuo el tarjetahabiente podrá ingresar su reclamo a la unidad mencionada

El usuario debe presentar su queja, adjuntar la documentación requerida como copia de su documento personal de identidad (DPI), información acerca de la tarjeta copia de su contrato anterior, y si ya tiene algún convenio de pago, además informar o llevar comprobante del trámite o solicitud que ya hizo en la entidad emisoras para resolver su situación. Cuando el caso se deriva de robo de la tarjeta también deberá llevar la denuncia colocada en el Ministerio Público.

Aparte de acudir presencialmente a la sede central de la zona 4 capitalina, los usuarios también pueden abocarse por medio del centro de llamadas 1544 o al sitio www.diaco.gob.gt donde habrá un apartado para ese tipo de casos y se le requerirá adjuntar sus documentos al momento de colocar su queja por internet, añadió. Sin embargo, Ordóñez explica que por el momento será más expedito en forma presencial porque de una vez se le asigna un número de reclamo y puede complementar la información requerida.

Para la operación de la Unidad la Diaco solicitó Q9 millones al Minfin para el resto del año, y para el próximo año necesitaría entre Q25 millones a Q27 millones para funcionar.

Acerca de si existe personal capacitado para atender este tipo de quejas, el funcionario dijo que desde 2022 se inició la capacitación con la Superintendencia de Bancos por medio de un convenio de cooperación que poseen.

La entidad cuenta con 167 personas en total y de ellas 20 son parte del centro de quejas, y se prevé contar con otro número similar.

Emisores: hay procesos que se llevarán entre 6 meses y hasta un año

Edgar Bran, Presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), consultado acerca de los cambios más drásticos que tendrán los emisores de Tarjetas de Crédito a partir de la vigencia de esta ley, expresó que desde antes de esa legislación, el sector rige su actividad bajo una serie de principios que buscan en términos generales, la protección al consumidor e incentivar el crecimiento económico, así como la autorregulación, pero agregó que todos los emisores están trabajando en la parte operativa y de sistemas para cumplir con lo establecido en la ley.

En los sistemas operativos hay procesos que se llevarán entre 6 meses y hasta un año de acuerdo con los reguladores para ir atendiendo a toda la base de los tarjetahabientes, añadió.

Una de las medidas que se tendrán es la modificación de los contratos para cumplir con lo que establece dicha ley.

Respecto a los intereses dijo que serán pactados de acuerdo con su producto y contrato que se haya establecido y acordado entre ambas partes, ya que la ley no contempla nada diferente a la práctica actual, por lo que “los intereses se seguirán calculando de la misma forma como los emisores lo vienen realizando. Con la excepción que la ley indica que no se pueden capitalizar intereses para no cobrar interés sobre interés”, expresó Bran.

El directivo menciona entre las ventajas para los emisores que es una ley técnica y ordenada, porque define muy bien las responsabilidades y obligaciones de todas las partes como emisor, tarjetahabiente, comercio afiliado, entidades regulatorias.

Además, que la tipificación de los delitos cometidos con estos instrumentos protegerá aún más a los tarjetahabientes y emisores. Para los usuarios la principal ventaja es la protección al tarjetahabiente, creando los mecanismos necesarios para que todas las relaciones sean transparentes y beneficiosas para ellos, la divulgación de forma constante información accesible y transparente al tarjetahabiente sobre tasa de interés, comisiones y otros cargos aplicados a las tarjetas de crédito, para que puedan tomar una mejor decisión.

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El decreto dispone que los emisores deben comprobar la capacidad de pago del solicitante de la tarjeta pero Bran explica que previo a la vigencia del decreto 2-2024 ya contaban con el Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito donde se establecen los requisitos para otorgar líneas de crédito o extrafinanciamiento, y ahora deben también seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento de Tarjetas de Crédito emitido por la Junta Monetaria que también refuerza los requisitos para otorgar tarjetas.

Rol de la SIB

La Superintendencia de Bancos indicó que se ajustará a todas las disposiciones que le competen y que exige la nueva ley.

Una de estas es la contenida en el artículo 34, que refiere que las entidades emisoras de tarjetas de crédito constituidas en el país y que forman parte de un grupo financiero estarán sujetas a la supervisión de la SIB, conforme a lo que establecen la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera.

La SIB también señala que las entidades emisoras deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad exigidos por las marcas de tarjetas de crédito internacionales.

Las medidas incluyen las normativas del Consejo de Normas de Seguridad PCI (PCI Security Standards Council), que establecen estándares de seguridad como la protección de redes, el cifrado de datos, la gestión de vulnerabilidades, el control de acceso, el monitoreo de sistemas y la seguridad del PIN.

Estas normativas buscan prevenir el fraude y proteger los datos de los titulares de tarjetas, requiriendo auditorías regulares y el cumplimiento de mejores prácticas de seguridad.

Otra de las tareas de la SIB es participar en convenios de colaboración interinstitucional para apoyar en la organización de cursos de capacitación financiera.

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Asimismo, la SIB explica que un aspecto clave de la nueva Ley de Tarjetas de Crédito en Guatemala es que, aunque ofrece una mayor protección a los tarjetahabientes, también refuerza sus obligaciones.

Ahora, los contratos de tarjetas de crédito se consideran títulos ejecutivos. Según la SIB, esta nueva categoría otorga a estos contratos la capacidad de exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones especificadas en ellos. Tradicionalmente, solo la ley puede crear títulos ejecutivos, y esta nueva denominación se suma a los establecidos en el Libro Tercero del Código Procesal Civil y Mercantil.

En marzo último la SIB explicó los alcances de las diferentes supervisiones relacionados a tarjetas de crédito, pero que no solo se derivan de esa ley:

Refirió en esa ocasión que entre las instituciones legalmente autorizadas para operar en el país y que se encuentran bajo la vigilancia e inspección de esa entidad están los bancos y grupos financieros, cuyo listado es divulgado y actualizado en la página electrónica de la entidad en el cual se incluye nueve tipos de entidades.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, explicó que en materia financiera seguirán bajo la vigilancia y fiscalización de Ingecop, que les permite la captación y colocación de recursos.
Sin embargo, hay otros alcances de las supervisiones, aunque no dependen de la nueva legislación, por ejemplo, en materia de lavado de dinero, siempre le corresponderá a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) requerir información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con ese delito, por ser personas obligadas. Además, que los emisores que no se incluyan en las categorías mencionadas anteriormente, tendrán la obligación de entregar información a la Central de Riesgos de la SIB, reportes para determinar el nivel de endeudamiento de cada persona; así como la obligación de informar sobre las tasas de interés.

Transparencia y certeza jurídica

Según Oscar Herrera, director de Economía Empresarial de la Universidad Rafael Landívar (URL), la nueva Ley sobre Tarjetas de Crédito juega un papel crucial en la certeza jurídica dentro del ámbito del financiamiento. Esta normativa busca establecer una relación más justa entre los tarjetahabientes y los emisores de tarjetas.

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Anteriormente, los tarjetahabientes tomaban decisiones con poca certeza debido a la falta de transparencia financiera. Las tasas de interés, los cargos ocultos y las cláusulas contractuales no siempre eran claras. La nueva ley aborda estos problemas al exigir mayor transparencia en la información proporcionada a los consumidores.

El académico destaca tres puntos esenciales sobre la nueva normativa:

Reducción de intereses compuestos. Ahora, los intereses no se capitalizarán, lo que significa que la deuda inicial no aumentará de manera exponencial.
Mayor transparencia. La ley facilitará una comprensión más clara de los costos asociados con el uso de tarjetas de crédito, permitiendo a los tarjetahabientes tomar decisiones más informadas.
Prevención del sobreendeudamiento. La normativa está diseñada para evitar el sobreendeudamiento, lo que permite a los consumidores manejar su deuda de manera más efectiva y evitar limitaciones en su capacidad de consumo.

La implementación de esta ley fomentará un sistema financiero más justo y equitativo, promoviendo un entorno de mayor competencia entre bancos y una mejor supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB). Aunque esto podría reducir los ingresos de los bancos por cobros de intereses, pero aumentará los consumos.

Consejos para tarjetahabientes

Herrera, ofrece cuatro consejos clave para optimizar la gestión de las finanzas personales cuando se utilizan tarjetas de crédito:

Informarse sobre los términos y condiciones, leer detenidamente la información sobre tasas de interés y cargos por mora en los contratos de tarjeta de crédito.
Aprovechar la mayor transparencia al utiliza esta información para elegir la institución bancaria que ofrezca las mejores ventajas.
Usar el crédito de manera responsable, utilizando la tarjeta de crédito como medio de pago y así evitar el sobreendeudamiento.
Pagar el saldo total cada mes para mantener una buena salud financiera.

Diaco atenderá consultas, controversias y conflictos de usuarios de tarjetas de crédito

Sat, 31 Aug 2024 16:14:43 +0000

Economía

Diaco atenderá consultas, controversias y conflictos de usuarios de tarjetas de crédito

La Unidad de Protección de Servicios Financieros se crea en cumplimiento de la Ley de Tarjeta de Crédito que entra en vigor el 1 de septiembre de 2024.

Gabriel Molina

31 de agosto de 2024 | 10:14h

La Dirección Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) crea la Unidad de Protección de Servicios Financieras (UPSF) en el marco de la vigencia de la Ley de Tarjetas de Crédito a partir del 1 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Freepik).

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó la instalación de la Unidad de Protección de Servicios Financieras (UPSF) con el fin de dar a conocer a los tarjetahabientes sus derechos, obligaciones y los procedimientos para la resolución de conflictos.

La Ley de Tarjetas de Crédito Decreto 2 – 2024 comienza a estar en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2024.

Por esta razón, los tarjetahabientes y el emisor de la tarjeta tendrán un procedimiento especial después de efectuar un arreglo conciliatorio.

El emisor tendrá 15 días para responder al usuario de la tarjeta por escrito. De no llegar a un acuerdo, el tarjetahabiente podrá ingresar su reclamo a la Diaco, mediante la UPSF.

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Karina Donis, directora de la Diaco, explicó que se han habilitado tres canales de comunicación para la recepción de denuncias o quejas que sean presentadas por los usuarios de tarjetas de crédito, ellos son:

Para la atención de manera presencial se habilitará un área específica del Centro de Atención de Quejas del Diaco, ubicado en la 6ª avenida 0 – 35 de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala en el tercer nivel del centro comercial Plaza Zona 4.
Vía telefónica por el 1544 para el centro de llamadas que trabaja de lunes a domingo
El sitio web www.diaco.gob.gt

Diaco a través de la UPSF atenderá todas las consultas, controversias y conflictos de los usuarios de tarjetas de créditos.

“En el interior de la República también recibiremos las quejas o denuncias en las sedes departamentales que se encuentran ubicadas en las cabeceras de cada uno de los departamentos, e inclusive en las sedes de Villa Nueva y Mixco”, dice Donis.

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La oficina de atención de quejas trabaja de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Además, la Diaco se suscribió a un convenio de colaboración con la Superintendencia de Bancos (SIB) para el apoyo técnico y capacitación en la atención a los usuarios de tarjetas de crédito.

El Ministerio de Economía y la Diaco aún no informan quién ejercerá el cargo de jefe de la UPSF. La persona por nombrar debe cumplir con ser profesional de ciencias jurídicas o económicas, ser mayor de 30 años, contar con por lo menos tres años de experiencia profesional en actividades relacionadas con la defensa del consumidor, o bien, supervisión del sistema financiero.

Además, el jefe de la UPSF debe acreditar sus conocimientos técnicos mediante un examen de oposición.

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Algunas regulaciones de la Ley de Tarjetas de Crédito

No podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos. En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda
Si el usuario tiene un problema económico y no puede pagar la deuda o no está de acuerdo con la tasa de interés por parte del emisor, podrá solicitar un convenio de pago. La entidad emisora debe resolver si accede o no a dicha solicitud en máximo 30 días
Cuando el tarjetahabiente pague su deuda el emisor tiene la obligación de emitir un finiquito
Las entidades bancarias tienen prohibido tomar sin permiso el dinero de las cuentas monetarias del usuario
Creación de los delitos de clonación de tarjetas y robo de datos. El responsable será sancionado con prisión de seis a diez años y una multa de Q150 mil a Q500 mil
Los acreedores o agentes de cobros tienen prohibido oprimir, molestar o abusar de forma insistente al usuario para cobrar deudas, se considera acoso más de dos comunicaciones durante el día

Reglamentan nuevo cálculo de pagos mínimos e intereses de las tarjetas de crédito

Mon, 27 May 2024 19:39:49 +0000

Ley de Tarjetas de crédito

Reglamentan nuevo cálculo de pagos mínimos e intereses de las tarjetas de crédito

El reglamento que dará plena vigencia al decreto 2-2024, Ley de Tarjetas de Crédito, fue publicado este lunes y especifica los alcances del nuevo marco regulatorio.

Urias Gamarro

27 de mayo de 2024 | 13:39h

La Junta Monetaria publicó el reglamento a la Ley de Tarjetas de Crédito que entrará vigencia el próximo 1 de agosto. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

La Junta Monetaria (JM) publicó hoy 28 de mayo el Diario de Centro América la Resolución JM-56-2024 que incluye el reglamento de la Ley de Tarjetas de Crédito, decreto 2-2024, aprobado por el Congreso de la República en febrero pasado y sancionada por el presidente Bernardo Arévalo

El reglamento consta de VI capítulos y 23 artículos que establecen las nuevas disposiciones generales; la administración del riesgo de crédito; divulgación de la información; supervisión y cumplimiento de estándares internacionales de seguridad en operaciones de tarjeta de crédito; las sanciones; y las disposiciones transitorias y finales.

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En el artículo 6 se indica que los emisores deberán evaluar a las personas individuales o jurídicas que solicitan tarjetas de crédito, ampliaciones o extrafinanciamiento, considerando su capacidad de pago, experiencia de cumplimiento y nivel de endeudamiento total.

En cuanto al pago mínimo, el artículo 8 indica que los emisores lo calcularán mensualmente mediante la suma del 2% del saldo pendiente a la fecha de corte; intereses a la tasa pactada; intereses moratorios; comisiones y otros cargos; y montos vencidos de los pagos mínimos de los meses anteriores.

Respecto a los intereses en convenios de pago, el artículo 10 establece que solo se calcularán sobre el saldo de capital crediticio que motivó el convenio de pago, sin considerar los intereses, recargos, intereses por mora, comisiones u otros servicios que pudieran formar parte del monto del referido convenio.

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Ley de Tarjetas de Crédito y los artículos que la componen

Además, conforme al artículo 19, a partir del 1 de marzo de 2025, los emisores deberán calcular el pago mínimo de las tarjetas que fueron emitidas antes de la vigencia de la ley indicada, con fines de la amortización del capital, la gradualidad siguiente:

Del 1 de marzo de 2025 al 31 de agosto de 2025 se aplicará el 1% del saldo pendiente de pago a la fecha de corte.
Del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, el 1.5%
A partir del 1 de marzo de 2026, el 2%

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Mon, 11 Mar 2024 11:00:00 +0000

Financiamientos

Suscriptores

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De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB) el saldo de los financiamientos por medio del dinero plástico ronda los Q40 mil millones.

Rosa María Bolaños

11 de marzo de 2024 | 05:00h

La Ley de Tarjetas de Crédito fue aprobada con el decreto 2-2024, el cual fue publicado en el diario oficial el 1 de marzo de este año, y entra en vigencia 6 meses después de ello. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

La Ley de Tarjetas de Crédito, decreto 2-2024, que fue publicada el 1 de marzo en el diario oficial entrará en vigencia seis meses después, y entidades como la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Inspección General de Cooperativas (Ingecop) opinan sobre su contenido y la supervisión que realizan, aunque esta última menciona la necesidad de fortalecerse para efectos de la fiscalización en general.

En ese contexto, la SIB informó a Prensa Libre que al 31 de diciembre de 2023, el saldo por tarjetas de crédito de los entes que supervisa llegó a Q40 mil 252.81 millones, mientras que la cantidad de tarjetas o financiamientos era de 3 millones 43 mil 168.

De ese monto, según la clasificación por tipo de entidad, el saldo de las tarjetas manejadas por bancos llegó a Q30 mil 562.2 millones respecto del mismo plazo del 2022. El dato representa 2 millones 30 mil 518 financiamientos.

Mientras que Q9 mil 690.6 millones corresponde a entidades especializadas en emisión y administración de tarjetas de crédito, que forman parte de grupos financieros, y representaban 1 millón 12 mil 650 créditos.

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Según los datos proporcionados por la SIB, la cantidad de financiamientos considerados son aquellos que reportan saldo.

El boletín mensual de estadísticas a diciembre también refleja datos interanuales. En este caso, a diciembre del 2023 el saldo de tarjetas de créditos a cargo de bancos fue de Q30 mil 570 millones, un crecimiento de Q8 mil 352 millones, alrededor del 37%.

Y el de los entes especializados llegó a Q9 mil 103.8 millones, es decir Q1 mil 534,80 millones más que representan un crecimiento de 20.3%.

Comparando esas mismas estadísticas, los saldos a enero del 2024, la fecha más actualizada de esos reportes, siguen creciendo, ya que en bancos se reportan en Q30 mil 613.6 millones, con 31% más de forma interanual. Mientras que en otros entes, la cantidad llega a Q9 mil 323.1 millones, que representan 29% más.

Por aparte, diversas cooperativas de ahorro y crédito también emiten tarjetas de crédito como parte de las herramientas que les permite el giro para el cual fueron autorizadas, y ahora fueron incluidas como emisoras o coemisoras en la nueva Ley de Tarjetas de Crédito, decreto 2-2024. Estas son supervisadas por la Inspección General de Cooperativas (Ingecop).

Opiniones

Consultada la SIB si la nueva Ley de Tarjetas de Crédito tiene la fuerza y coercitividad necesaria para evitar también posibles abusos en cobros, la entidad expuso que esa ley contempla un artículo sobre acoso u hostigamiento para la cobranza y otro sobre la prohibición de uso de prácticas abusivas de cobro.

Sin embargo, añade que se deben tomar en cuenta las recomendaciones sobre el uso de tarjetas de crédito como: Recordar que no es dinero extra sino que es un préstamo que se debe pagar en el tiempo y condiciones estipuladas, y precisamente, las personas deben informarse acerca de las condiciones para su uso tales como tasas de interés, límite de crédito, fecha de corte y pago, cumplimiento mínimo, comisiones por efectuar retiros de efectivo y cargos por mora por no pagar en la fecha de pago indicada.

Otras recomendaciones son leer el contrato de la tarjeta antes de firmarlo, consultar cualquier información que no quede clara, e incluir en su presupuesto personal el pago de los consumos o compras efectuados con tarjeta y realizar los pagos puntualmente. Es necesario procurar hacer el pago total del crédito, ya que cubrir solo el pago mínimo implica que no se ha pagado el total y por lo tanto, aplican cargos adicionales.

Para obtener y atender las deudas en una forma adecuada se debe recordar que “no se debe gastar más de lo que se recibe”, se añade.

En respuestas brindadas de forma institucional, la SIB considera que el decreto 2-2024 es una ley de protección al usuario de tarjetas de crédito y que a partir de ella se derivan reglas de transparencia y estandarización de relaciones de los emisores con el usuario.

Consultada respecto a posibles inconstitucionalidades, refirió que la Corte de Constitucionalidad es la única instancia con la facultad para determinarlo. Pero que, previo a la aprobación de esta ley, la industria se fue anticipando y adecuando a lo que la ley pretendía normar.

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La SIB también considera que los cambios de fondo en esa legislación buscan fortalecer la transparencia para el usuario de servicios financieros, brindar un impulso a la educación financiera, estandarizar las relaciones del emisor de tarjetas de crédito con el tarjetahabiente y los afiliados; así como establecer un nuevo régimen de protección a los usuarios financieros. Además de tipificar los delitos para quienes efectúen clonación, uso ilegal, distribución y comercialización ilegal de tarjetas de crédito y débito.

Juan Bernardo Rivera, presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG) expuso, por medio de mensaje escrito, que están a favor de que se regule la actividad a través de leyes con bases técnicas, aspecto que ven en la Ley de Tarjetas de Crédito.

“Es una ley técnica que promueve la protección del consumidor con el objetivo que tome una decisión informada y acorde a sus necesidades financieras. Además, fomenta la educación financiera para un uso responsable de las tarjetas de crédito y tipifica el fraude, lo que será de beneficio para todas las partes. Con reglas claras cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza”, consideró.

Alcance de las supervisiones

La SIB también explicó los alcances de las diferentes supervisiones relacionados con tarjetas de crédito, las que no solo se derivan de esa ley, pues la mayoría de ellas ya se llevan a cabo:

Entre las instituciones legalmente autorizadas para operar en el país y que se encuentran bajo la vigilancia e inspección de esa entidad están los bancos y grupos financieros, cuyo listado es divulgado y actualizado en la página electrónica de la entidad, en el que se incluye nueve tipos de entidades.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, en materia financiera seguirán bajo la vigilancia y fiscalización de Ingecop, que les permite la captación y colocación de recursos.
En materia de lavado de dinero, siempre le corresponderá a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) requerir información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con ese delito, por ser personas obligadas.
Los emisores que no se incluyan en las categorías mencionadas anteriormente, tendrán la obligación de entregar información a la Central de Riesgos de la SIB para determinar el nivel de endeudamiento de cada persona; así como la obligación de informar sobre las tasas de interés.

Fortalecimiento necesario en la Diaco

Por aparte, el Ministerio de Economía (Mineco) dio su postura en cuanto a fortalecer la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), para la nueva función que le fue asignada, ya que debe crear una Unidad de Supervisión Financiera para atender las quejas de los usuarios y lo que indica la ley, y que incluye tres aspectos:

Recurso humano: Dotar a la Diaco del personal necesario y especializando al personal actual en materia financiera.
Recurso financiero: Hacer las gestiones presupuestarias para aumentar su techo presupuestario y gastos operativos.
Recurso tecnológico: Fortalecer el sistema actual de quejas con la implementación de notificaciones electrónicas y los ajustes necesarios mínimos, como las comunicaciones con los proveedores.

“Desde el 1 de marzo, con la entrada en vigor de la ley, se pone especial atención a las quejas de usuarios financieros”, respondió el Mineco al preguntarle cuando empezará a crear la mencionada Unidad de Supervisión Financiera.

Ingecop: “Hay que fortalecerse para fiscalizar cooperativas”

El Inspector General de Cooperativas, quien dirige Ingecop, Leonardo Enrique Canastuj, explica que ya realizan supervisiones y fiscalizaciones a las cooperativas y deberán adecuarse a la nueva legislación, pero que esa entidad requiere ser fortalecida para llevar a cabo su labor, y no solo por las nuevas disposiciones.

Al referirse al impacto e importancia de que se haya incluido a las cooperativas de ahorro y crédito en el artículo 3 de esta ley, como emisores y coemisores de tarjetas de crédito, mencionó que esa actividad ya se ha venido realizando desde hace tiempo, en calidad de coemisores, ya que es parte de un servicio o herramienta que se brinda a los asociados con base en su propia normativa.

Sin embargo, refirió que el artículo en mención “da la legitimidad a la acción de emitir tarjetas de crédito a las cooperativas de Ahorro y Crédito de primer y segundo grados para actuar como emisores y co-emisores; y con base en esto, la supervisión sobre el manejo de estos procesos debe formar parte de la fiscalización que realiza Ingecop”.

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Expone que la supervisión que ya realizan incluye diferentes acciones como el monitoreo a través de la Vigilancia y Alerta Temprana que consiste en el análisis trimestral de los estados financieros de las cooperativas, que incluye índices de liquidez, morosidad, activos, cartera y otros, y se analizan a través de un denominado semáforo y mapa de calor que indica cómo se encuentra la cooperativa.

Además, se emite un informe preventivo que servirá a la cooperativa para mejorar procesos contables, financieros y toma de decisiones. No obstante, explica que las cooperativas que realizan este proceso no son fiscalizadas porque permiten que se les esté monitoreando con excepción de los casos en que el mapa de calor indica más de cinco índices en rojo de forma consecutiva durante los siguientes trimestres.

De ser así, se fiscaliza para revisar su contabilidad, procesos administrativos, legales y fiscales y otros que considere el Inspector de Cooperativas.

También se realiza el proceso de disolución o liquidación de cooperativas y por ejemplo, se ha liquidado a 65 que ya no estaban realizando actividades y estaban en proceso de disolución 72. Sin embargo, aunque hay algunas que se resisten a ser fiscalizadas, ninguna se ha suspendido o disuelto por ese concepto.

Tras la aprobación y vigencia de la Ley de Tarjetas de Crédito, refiere que es necesario presentar una propuesta de normativa en la que se debe tomar en cuenta al sector. “Como Inspector General de Cooperativas veo que en este sector lo que se necesita es apoyo y darle los insumos para seguir mejorando la labor que realiza”.

Añade que hace falta para fortalecer la capacidad de supervisión de las cooperativas en general y ahora la referente a las tarjetas, por lo que ven una oportunidad ya que se requiere reformar la Ley General de Cooperativas por medio de la iniciativa 6000, por lo que piden que se apruebe en tercer debate y se finalice el proceso. Esta se compone de 18 artículos y fue aprobada en segundo debate en el 2022.

Para su contenido se lograron consensos con el sector de ahorro y crédito y las instituciones que las regulan como Inacop e Ingecop. “Sé qué falta mucho por hacer, pero ese sería un buen inicio”.

El Ingecop es una institución pequeña que fiscaliza a 2,571 cooperativas, un sector que maneja activos por Q100 mil millones. De ese total, 902 son de ahorro y crédito y 705 de ellas prestan ese tipo de servicios a sus asociados, pero 197 no han presentado documentos ante Ingecop y no están realizando actividades para las que fueron constituidas, dijo Canastuj.

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Fortalezas y debilidades de las sanciones aprobadas por abusos contra los tarjetahabientes

Sat, 17 Feb 2024 11:00:00 +0000

Economía

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Fortalezas y debilidades de las sanciones aprobadas por abusos contra los tarjetahabientes

La aprobación del decreto 2-2024, fue recibida con beneplácito por especialistas, aunque expresan dudas sobre la fiscalización y las sanciones de las infracciones relacionadas con las tarjetas de crédito.

Rosa María Bolaños y Urias Gamarro

17 de febrero de 2024 | 05:00h

La Ley de Tarjetas de Crédito fue aprobada por el Congreso de la República el 15 de febrero de 2024 con el decreto 2-2024. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Haber legislado para regular las operaciones con las tarjetas de crédito, además de haber establecido aspectos como la prohibición de capitalizar intereses en las deudas por tarjetas de crédito, la obligatoriedad de convenios de pago y prohibir otros abusos contra los usuarios son parte de los aspectos positivos que mencionan los especialistas Edgar Balsells, Érick Coyoy y Paulo Boteo en relación con la aprobación del decreto 2-2024.

En esos puntos positivos coinciden el diputado Luis Contreras de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quien fue uno de los ponentes de la primera iniciativa de ley al respecto en el 2016 (que fue aprobad y luego suspendida por la Corte de Constitucionalidad), y Carlos Barreda, exdiputado que presidió la comisión de Economía cuando se emitió el dictamen a la nueva iniciativa ley en el 2019.

La mayor parte de las regulaciones que se incluyen en la ley ya son el estándar común de la mayoría de los bancos del sistema, y lo que hace esta normativa legal es colocarles un carácter obligatorio para evitar que se incumplan esos estándares por algunas de las entidades financieras.

Opiniones diversas sobre fuerza de la ley

En la ley se crean 13 infracciones, leves y graves, respecto a incumplimientos principalmente de emisores según en el artículo 45, y se crean 5 delitos relacionados con las tarjetas de crédito, en los artículos 47 al 54.

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Sin embargo, hay opiniones diversas respecto a la fortaleza que tendrá la aplicación de la ley:

Al establecerse penas severas para la clonación de tarjetas y otros delitos asociados “debería de reducir la incidencia de este tipo de ilícitos”. Y con la creación de una unidad especializada dentro de la Diaco para velar por el cumplimiento de esta ley, considera que aumentará la atención que se les brinda a las quejas que presentan los usuarios. Mientras que las sanciones “le dan la fuerza suficiente para cumplir la ley”.
Un aspecto que podría ser muy efectivo en la resolución de los conflictos entre las entidades financieras y los usuarios es que se establecen mecanismos conciliatorios y a su criterio, fue relevante que no se haya aprobado el establecimiento de una tasa de interés máxima porque hubiese creado distorsiones dentro del mercado crediticio.
La ley tiene cierta coercitividad, ya que establece prohibiciones, derechos y obligaciones, aunque algunas ya existen en otras leyes, aunque consideran que la Diaco no cuenta con la suficiente fortaleza para atender ese tipo de quejas o denuncias relacionados con las tarjetas de crédito, lo que se debe fortalecer.
La actual legislatura dio un paso muy importante en ese aspecto y que el nuevo gobierno trabajará en acciones integrales para fortalecer la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, aparte de impulsar la discusión y aprobación de una ley de Competencia.
Con la redacción de la propuesta de ley se establecía que incluso los emisores de tarjetas de crédito que no formaran parte de bancos o grupos financieros serían supervisados por la Superintendencia de Bancos (SIB), pero con las enmiendas aprobadas se eliminó esa posibilidad, por lo que se estableció que estos se regirán por la nueva ley de tarjetas de crédito y no por la ley específica de Bancos y Grupos Financieros.
La Junta Monetaria respondió al Congreso sus consultas respecto al contenido de la ley y recomendó modificar algunos artículos para evitar confusiones ya que las disposiciones de la ley de bancos y grupos financieros no pueden extenderse a entidades emisoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, lo que fue atendido.
La inclusión de las cooperativas de ahorro y crédito en la nueva ley como entes emisores de tarjetas de crédito, en el artículo 3, también causó dudas, pero al final, la JM indicó en su resolución que se le debía quitar el párrafo que se refiere a la ley de bancos y grupos financieros, porque las cooperativas están exceptuadas de esa ley.
Durante la semana, consultado acerca de que las cooperativas ya emiten tarjetas de crédito, el directivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), Edgar Bran, respondió que “no hay prohibición para emitir fuera del sistema bancario, por lo que cualquier operador de tarjetas puede emitir sin necesidad de tener una licencia bancaria o ser parte de un grupo financiero”. Además, algunas cooperativas de ahorro y crédito ya emiten tarjetas de crédito al amparo de la Ley General de Cooperativas, por lo que Balsells enfatizó que es necesaria más supervisión a esas entidades, ya que la Inspección General de Cooperativas (Ingecop) carece de fortaleza para ejercer esa función.

Crean unidad especial en la Diaco

En el tema de la supervisión y de protección del tarjetahabiente se crea la Unidad de Protección de Servicios Financiero dentro del Departamento de Verificación y Vigilancia, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y Usuario (Diaco), que será el ente encargado de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los consumidores o usuarios de tarjetas de crédito, de débito y demás servicios financieros, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios financieros.

La ley deberá entrar en vigencia 6 meses después de su publicación en el diario oficial, pero algunos artículos cobran vigencia el mismo día de la publicación, entre estos:

El artículo 35, que crean la Unidad de Protección de Servicios Financieros en la Diaco, como ente encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores o usuarios de tarjetas de crédito, débito y otros servicios financieros y velar por el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios financieros.

Además, los artículos 37 y 63, los cuales refieren que la SIB y la Diaco deberán firmar los convenios necesarios para el fortalecimiento de las capacidades y preparación de dicha Unidad. Y cuando la Diaco tenga conocimiento de actos competencia de la SIB deberá informarlo a esta.

Según el artículo 57, la Junta Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos, deberá emitir los reglamentos necesarios en un plazo no mayor de 60 días.

El otro artículo es el 58, en el cual se establece que el Organismo Ejecutivo también deberá realizar, en el plazo de 60 días, las reformas al reglamento a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

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En tanto el 59 refiere que la JM, SIB y Mineco deben readecuar su normativa en ese plazo; refiere que el Mineco deberá destinar el 10% del presupuesto de la Diaco para el cumplimiento de la nueva ley y funciones.

Luego de su publicación, entra en vigencia el artículo 62, que fija un plazo de 1 año para la readecuación de los contratos y estados de cuenta que se encuentren en uso a partir de la publicación de la ley.

Los artículos 65 y 66 respecto a derogatorias y vigencia, también inician vigencia esa fecha al momento de la publicación.

Sanciones para las infracciones

Las sanciones por las infracciones, están establecidas así según el artículo 46.

Para las infracciones leves: De 15 a 55 UMAS, y apercibimiento público, el cual se podrá publicar en los medios masivos de comunicación a costa del infractor.
Infracciones Graves: De 36 a 55 UMAS y publicación de los resultados de la investigación a costa del infractor en un diario de mayor circulación del país.

Cada UMA equivale a un salario mensual mínimo vigente para las actividades no agrícolas, siempre que no exceda del cien por ciento del valor del bien o servicio, refiere el decreto 6-2003.

Sin embargo Balsells considera que la cifra podría ser baja tomando en cuenta el tipo de entidad que son emisoras de tarjetas de crédito.

En el 2024, un salario mensual mínimo vigente para las actividades no agrícolas está fijado en Q3,384.59 en la circunscripción económica 1 que comprende el departamento de Guatemala, y en Q3 mil 227.82

Banguat: “Ley es ventajosa en varios sentidos”

El Decreto Número 2-2024 del Congreso de la República, Ley de Tarjetas de Crédito, establece el marco jurídico para las operaciones de tarjetas de crédito, en condiciones de igualdad y transparencia entre emisores, tarjetahabientes, operadores y afiliados, que sin limitar la libertad de comercio garantiza la libre competencia, fortalece la protección del usuario financiero de tarjetas de crédito, fomenta la educación financiera y la colaboración interinstitucional, además de crear un régimen sancionatorio especial.

Tal fue la opinión del presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM) Álvaro González Ricci, quien también destacó que esta nueva ley permitirá, tanto a los acreedores como a los deudores, hacer una mejor gestión del riesgo, evitar el sobreendeudamiento en los hogares guatemaltecos y el crecimiento de la mora en la cartera crediticia, al establecer la debida evaluación de la capacidad de pago previo y durante la concesión de este servicio y, adicionalmente, brinda acceso a los emisores de tarjetas de crédito al Sistema Información de Riesgos Crediticios de la Superintendencia de Bancos (SIB), aparte de establecer la obligatoriedad de brindar información.

Además, contribuirá a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Guatemala (ENIF), en cuanto a implementar anualmente programas de educación financiera dirigidos a los tarjetahabientes, por medio del compromiso que los emisores adquirirán de forma directa o mediante sus respectivas gremiales.

“Dentro del proceso de creación de esta ley, la JM y el Banguat se pronunciaron oportunamente sobre los aspectos de su competencia, por lo que se cumplió con los procedimientos que en materia constitucional se deben de observar”, afirmó.

La Ley de Tarjetas de Crédito establece que la JM, a propuesta de la SIB, deberá emitir los reglamentos necesarios para la adecuada aplicación de la ley, dentro del ámbito de su competencia, y el Organismo Ejecutivo deberá emitir las reformas al Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, con el objeto de adecuarlas al contenido de dicha ley.

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Ley de Tarjetas de Crédito y los artículos que la componen

Fri, 16 Feb 2024 20:03:18 +0000

economía

Ley de Tarjetas de Crédito y los artículos que la componen

El Decreto 2-224 conocida como Ley de Tarjetas de Crédito entrará en vigencia seis meses después que se publique en el diario oficial.

José Manuel Patzán

16 de febrero de 2024 | 14:03h

Ilustracion de Tarjeta de credito. fotografia: Paulo Raquec

El Congreso de la República aprobó la noche del 15 de febrero en su redacción final la Ley de Tarjetas de Crédito. La norma legal, identificado con el Decreto 2-2024, regulará a partir de que entre en vigencia, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjetahabiente.

La ahora ley, venía discutiéndose desde 2019, luego que la Comisión de Economía y Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Usuario emitieran un dictamen favorable en conjunto con el que inició su proceso de lectura. Luego de una jornada extensa y de aprobar los 66 artículos que la componen, en las últimas horas se presentaron nueve enmiendas por adición, sustitución y supresión de artículos, párrafos, frases y palabras.

Los cambios aprobados fueron consensuados por la totalidad de las bancadas presentes y en total se modificaron 13 artículos. Nueve de ellos fueron por medio de enmiendas y las cuatro restantes se realizaron mediante “un fondo de revisión” en el que se ven aspectos técnicos de forma, pero no de fondo.

Nuevos cambios

La primera enmienda aprobada y que fue adicionada a la ley está relacionada al porcentaje de interés por mora que tendrá que pagar el usuario. Luego los legisladores eliminaron dos líneas al artículo 3, que refería que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no funcionarán de la misma forma como las que están reguladas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Otro párrafo eliminado es que los créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito y el pago de esta no se aplicarán las reglas de los pagarés. En el artículo que regula la vigencia y terminación del contrato, se aprobó que el tarjetahabiente deberá pagar según lo convenido con el emisor, esto hasta que cancele todo su saldo.

Con relación a los convenios de pago, otra de las enmiendas presentadas va dirigida a los convenios de pago. Los legisladores aprobaron que el usuario puede solicitar un convenio con el emisor, esto al momento que no haya pagado dos o más cuotas o que la deuda arribe al 150 por ciento del límite de crédito.

También podrá solicitarlo si no está de acuerdo con la modificación de la tasa de interés o al momento que las condiciones del contrato original varíen. La publicidad engañosa por parte del que emite la tarjeta será sancionada, es otro de los párrafos agregados.

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En el artículo 34, los diputados agregaron que las entidades emisoras de tarjetas deben de cumplir con los estándares internacionales y de seguridad. En este mismo párrafo, añadieron que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) será la entidad que para efectos del derecho del consumidor controlará y supervisará la calidad de los proveedores.

La comercialización de datos será calificada como una infracción grave, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario el cual impone multas. Así mismo, la Junta Monetaria tendrá que realizar en un plazo no mayor de 60 días a partir de la publicación en el Diario Oficial un reglamento para el funcionamiento de la ley.

La Diaco no tendrá un presupuesto adicional ni se creará una Unidad de Protección de Servicios Financieros como se pretendía inicialmente.

Estas son algunas de las principales regulaciones en la Ley de Tarjetas de Crédito:

No podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos. En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda.
Si el usuario tiene un problema económico y no puede pagar la deuda o no está de acuerdo con la tasa de interés por parte del emisor, podrá solicitar un convenio de pago. La entidad emisora deberá resolver “si accede o no a dicha solicitud dentro de los 30 días siguientes a su recepción”.
Cuando el cliente pague su deuda la entidad emisora tendrá la obligación de emitir un finiquito para evitar que años después la misma deuda vuelva a ser cobrada,
La Superintendencia de Bancos (SIB) debe publicar en su sitio web mensualmente y en un diario de mayor circulación semestralmente, un reporte de forma comprensible al público, las tasas de interés promedio ponderada de las operaciones de tarjeta de crédito.
La SIB velará porque los emisores de tarjetas de crédito publiquen las tasas de interés por mora, las comisiones y cualquier otro cargo de las tarjetas de crédito que emiten.
En las tasas de interés se establecerán dos tipos de contrato: tasa de interés fija, que permanecerá durante el tiempo que dure el contrato firmado entre el emisor y el tarjetahabiente. La tasa de interés variable será aquella que de manera libre pacten el emisor y el tarjetahabiente, la cual podrá revisar semestralmente.
El banco notificará con 45 días de anticipación al cliente que la tasa de interés ha sido modificada, si el afiliado no acepta la nueva tasa podrá solicitar al emisor que su saldo acumulado a esa fecha sea cancelado mediante un convenio de pago.
Las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado pueden actuar como emisores y co-emisores de tarjetas de crédito, como lo hacen las entidades reguladas por la Ley de Bancos y grupos financieros.
Se prohíbe a los bancos tomar sin permiso del cliente dinero de las cuentas monetarias. El artículo 17 de dicha ley refiere que “aquel que emita tarjetas de crédito y que administre otras cuentas del titular de la tarjeta de crédito tiene prohibido disponer de los fondos monetarios o de ahorro del tarjetahabiente para adjudicarse el dinero para el pago de deudas en tarjetas de crédito, salvo que lo avale el afiliado o exista una orden judicial.
El artículo 29 refiere que los emisores de forma directa o mediante sus respectivos gremiales, debe implementar anualmente programas de educación financiera dirigidas a los tarjetahabientes sobre el uso adecuado de la tarjetas de crédito.
En ese contexto, la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), la SIB y el ministerio de Educación, en conjunto con los bancos, deben organizar de forma anual la “Feria de Educación Financiera” en la cual no se podrá promocionar ningún tipo de producto financiero.
Se crean los delitos de clonación de tarjetas y robo de datos. El responsable será sancionado con prisión de seis a diez años y una multa de Q150 mil a Q500 mil.
El tarjetahabiente puede objetar las operaciones o cargos contenidos en el estado de cuenta, siempre y cuando presente los documentos que demuestren que no hizo la compra o transacción. El banco deberá corregir el error de la inconsistencia o las operaciones objetadas.
En ningún caso el tarjetahabiente está obligado a pagar el consumo objeto de reclamo mientras exista una investigación. El emisor no aplicará tasa de interés por mora u otros cargos al saldo bajo investigación y no habilitará la tarjeta de crédito.
Se prohíbe al acreedor o agente de cobranzas oprimir, molestar o abusar de manera insistente a una persona para cobrar deudas y se considera acoso la realización de más de dos comunicaciones durante el día hacia el deudor.

Congreso aprueba Ley de Tarjetas de Crédito que regula a emisores y usuarios

Fri, 16 Feb 2024 02:54:03 +0000

Política

Congreso aprueba Ley de Tarjetas de Crédito que regula a emisores y usuarios

La Ley de Tarjetas de Crédito regulará las operaciones de las entidades financieras que prestan esos servicios, quienes ahora deben cumplir con estándares internacionales de seguridad.

César Pérez Marroquín y Henry Montenegro

15 de febrero de 2024 | 20:54h

Diputados del Congreso de la República durante la sesión en la que aprobaron la Ley de Tarjetas de Crédito. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Por mayoría y tras casi 10 horas de sesión, los diputados del Congreso de la República aprobaron este jueves 15 de febrero la Ley de Tarjetas de Crédito, la cual regulará dicha actividad crediticia que hasta este miércoles 15 de febrero solo era regulada por el Código de Comercio.

El decreto 2-2024 que incluye la Ley de Tarjetas de Crédito contó con 128 votos a favor.

Previo a su aprobación, los diputados discutieron las enmiendas a varios artículos de dicha normativa, que luego fueron sometidas a votación en el pleno.

Por momentos los diputados se reunían al centro del hemiciclo para discutir y alcanzar consensos sobre las enmiendas que fueron presentadas previo a la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito, que fue parte de los nueve puntos que fueron agendados para este jueves.

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Flores también expuso que a su criterio hay dictámenes que no deberían ser considerados en esta discusión.

Algunos diputados coincidieron que con esa ley no se regula mercado ni tasas de interés, pero si se crean mejores condiciones para los cuentahabientes.

Durante la sesión de este jueves se presentaron por lo menos 10 enmiendas a artículos incluidos en la iniciativa de ley.

Por ejemplo, se aprobó con 95 votos una enmienda con la que las cooperativas pueden emitir tarjetas de crédito sin ser regulados por la Ley de Bancos, según el diputado Álvaro Arzú.

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Se elimina el texto: “de la misma forma en que lo hacen las entidades reguladas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros”.

Esta modificación se hizo derivado de la opinión de la Superintendencia de Bancos (SIB), según parlamentarios

La enmienda con la que es obligatorio que se haga efectivo un convenio de pago se aprobó con 130 votos y con 124 se aprueba otra para que se haga constar que el emisor de la tarjeta informa al cuentahabiente sobre las tasas de interés y cambio que se puede dar durante el contrato.

En tanto, los artículos del 17 al 32 de la Ley fueron aprobados sin ninguna modificación con 134 votos y con 132 votos se aprobó una enmienda para que los emisores de tarjetas de crédito cumplan estándares internacionales de seguridad.

La discusión en el pleno se centró sobre una enmienda la UNE presentó en dos ocasiones para incluir en la Ley de Tarjetas de Crédito un artículo nuevo para poner tope de un 3% a las tasas de interés.

La enmienda no logró los votos, ya que algunos diputados argumentaron que regular tasas de interés puede generar que la ley pueda ser declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Opiniones

Recientemente, Prensa Libre consultó a varios especialistas sobre la iniciativa que ahora se convierte en la Ley de Tarjetas de Crédito y esto dijeron.

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que lo bueno de la ley es que trata de fijar límites a los recargos por intereses, moras y multas que suelen hacer los emisores cuando las personas no pueden pagar la totalidad de la deuda.

En todo caso, considera responsabilidad de cada persona controlar sus gastos, según su capacidad de pago, pero muchas veces ocurren emergencias y la gente no cuenta con otra opción accesible de financiamiento.

Según Coyoy, también es positivo e importante que la propia Superintendencia de bancos (SIB) y los emisores de tarjetas impulsen campañas de educación financiera para que las personas tengan plena claridad de los costos que asumen, al usar ese tipo de financiamiento.

A su criterio, se deben tomar en cuenta todas las recomendaciones de cambios que hizo en su momento la Superintendencia de Bancos para asegurar que se cumple con los estándares técnicos necesarios. (Según la carta de la SIB del 12 de febrero del 2024 sí se tomaron en cuenta sus observaciones en el 2019).

En cuanto a la supervisión de los emisores de tarjetas, debe hacerlo la SIB, algo similar a lo que ocurre con las aseguradoras, que sin importar si son parte de un grupo financiero, son supervisadas por la SIB que es la entidad más calificada para hacerlo, opina el analista de Asíes. Consultado sobre lo malo o lo feo, indicó que no le ve algo malo o feo que resaltar a la ley propuesta.

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David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), opinó que es importante que se le brinde información al consumidor, en especial con un producto que se vuelve complejo de administrar como lo es una tarjeta de crédito.

“En esa línea de análisis, también es favorable que se faciliten los convenios de pago y que las cuotas le permitan al tarjetahabiente hacer pagos a capital. Es importante identificar si en la aplicación se puede hacer uso de alguna herramienta tecnológica que facilite la logística de la firma de contratos y a nivel institucional es importante garantizar la atracción de profesionales que cuenten con las herramientas para hacer el trabajo de supervisión de manera técnica a través de la DIACO”, señaló.

A su vez, el presidente de la banca central, Álvaro González Ricci, afirmó que en lo bueno es una demanda de los usuarios de las tarjetas de crédito, pues muchos de estos consideran que ha habido abusos en la gestión de cobros, por ejemplo, aunque eso ya tiene una regulación, así como las tasas de interés, entre otros.

“Se busca una mejor formación o que los emisores de tarjetas puedan realizar capacitación financiera; que públicamente se dé a conocer la tabla de cobros; cuál emisor es más barato; y el hecho de que las cooperativas puedan emitir tarjetas de crédito, también se ve de manera positiva”.

Sobre lo malo, dijo que no se percibe nada, si la ley pasa como está, pues es algo que los bancos ya analizaron y claramente hay una falta de regulación. “Hay muchas personas con deudas sumamente altas que no han podido cancelar y el menor de los problemas es que un mal desempeño y comportamiento en el pago, va al sistema de referencias crediticias de la Superintendencia de Bancos, y cuando alguien con mal récord acude a una entidad financiera a solicitar algún crédito, tiene dañada su imagen”.

Especialistas coinciden en regular la operación de las tarjetas de crédito

Thu, 15 Feb 2024 11:00:00 +0000

Economía

Especialistas coinciden en regular la operación de las tarjetas de crédito

La iniciativa 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, ya fue aprobada en tercera lectura por el Congreso y especialistas consultados aprueban la propuesta, casi tal y como está.

Rosa María Bolaños y Urias Gamarro

15 de febrero de 2024 | 05:00h

La iniciativa para establecer la ley de tarjetas de crédito lleva 5 años en el Congreso sin ser aprobada, y se retomó en agenda este mes. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

De acuerdo con la agenda legislativa correspondiente a esta semana, este 15 de febrero se discutirá y aprobará por artículos y redacción final la iniciativa número 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, que pretende regular una serie de situaciones que ya se dan en la actualidad, y que influyen en las decisiones de emisores y tarjetahabientes.

Prensa Libre consultó a varios especialistas de centros de investigación, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el Banco de Guatemala (Banguat) sobre “lo bueno, lo malo y lo feo” del marco legal indicado y estos fueron sus comentarios:

Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que lo bueno de la iniciativa de ley es que trata de fijar límites a los recargos por intereses, moras y multas que suelen hacer los emisores cuando las personas no pueden pagar la totalidad de la deuda.

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“Por eso es positivo el mandato sobre la evaluación de la capacidad de pago del usuario de las tarjetas, lo que en ocasiones es omitido por algunos emisores que buscan ampliar su mercado, pero sin una rigurosa evaluación de los nuevos usuarios”, enfatizó.

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Consultado acerca de los aspectos positivos y negativos que pudiera contener esa ley, Edgar Bran, director en la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), dijo que en general es positiva y ayudará a ordenar esa industria.

Según el análisis de dicha Cámara, es una iniciativa de ley hecha con todos los principios necesarios de una ley técnica, ya que tomó en cuenta la opinión de las autoridades regulatorias como la Superintendencia de Bancos, tanques de pensamiento, técnicos en materia económica, la Cámara de Finanzas de Guatemala y otros.

Otro tema es que los diputados tomaron en cuenta leyes de otros países que van mucho más avanzados o desarrollados en la regulación de la industria de medios de pago, por lo que consideran que “ya recoge las mejores prácticas de una ley técnica, en favor de los usuarios y de la industria”.

La ley del 2016 fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad porque tenía muchas inconstitucionalidades, pero de momento y en la forma como está redactada la actual propuesta, no se han encontrado inconstitucionalidades. Entonces, creo que es una ley que ya está desarrollada con los lineamientos técnicos, para evitar que hayan redacciones o temas que no apliquen o sean inoperantes y que lejos de beneficiar a los usuarios, los perjudique”.

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ABG: La actividad crediticia debe regularse

Consultada la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) sobre el tema, respondió las preguntas de Prensa Libre de la siguiente manera:

¿Qué opinan acerca de la iniciativa de 5544, Ley de Tarjetas de Crédito que fue programada por el Congreso para discutir y aprobar su tercera lectura?

Desde el inicio hemos manifestado nuestra postura a favor de que exista una legislación que regule nuestra actividad, pues con reglas claras cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza. Pero esta certeza se logra si las regulaciones cuentan con bases técnicas que verdaderamente protejan a los usuarios y no pongan en riesgo la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales, el desarrollo económico del país y que promuevan el libre mercado y la libre competencia.

Con esa iniciativa (y su respectivo dictamen) ¿qué beneficios o dificultades tendrá el sector de emisor de tarjetas?

En los últimos años, han existido varios intentos de regular la actividad de las tarjetas de crédito, pero lastimosamente todas las iniciativas no han contado con el respaldo técnico necesario, sino más bien han respondido a intereses políticos particulares. En materia financiera, como establece la Constitución Política de la República, es vital respetar el debido proceso, que incluye contar con la opinión de las autoridades pertinentes para garantizar que se regule a favor del desarrollo del país.

Con esa iniciativa (y su respectivo dictamen) ¿qué beneficios y dificultades tendrá el usuario de tarjetas de crédito?

Reiteramos que coincidimos en la importancia de regular nuestra actividad, pues con reglas claras cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza. Pero debe hacerse con apego a derecho y con bases técnicas para que verdaderamente proteja al usuario y no ponga en riesgo la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales, el desarrollo económico del país y que promuevan el libre mercado y la libre competencia.

Es por eso que regimos nuestra actividad bajo una serie de principios que buscan en términos generales, la protección al consumidor, la importancia de tipificar los delitos en contra de nuestros usuarios e incentivar el crecimiento económico.

Comentarios de otros aspectos que hayan detectado y les cause preocupación o dudas:

Las principales ventajas de un sistema regulado de medios de pago son: disminuye el riesgo de manipulación de efectivo; contribuye a la bancarización; fomenta la inclusión financiera; incrementa la penetración y mejora la seguridad de los comercios que las reciben; reduce el mercado informal; disminuye el lavado de dinero; propicia que se generen transacciones verificables; incrementa la recaudación fiscal; y otorga mayor capital de trabajo para las PYMES.

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Elementos positivos de la iniciativa 5544

El director de CFG, Edgar Bran, enumera aspectos que esa entidad considera positivos en la iniciativa de ley mencionada y que a su criterio, no deberían variar:

Protección al tarjetahabiente: Brinda protección al usuario o tarjetahabiente, ya que los emisores tendrán que ser mucho más específicos sobre cómo mostrar la información en los estados de cuenta y en los contratos, lo cual da transparencia en la relación entre el usuario y el emisor.
Regula nuevos emisores o modalidades: Regula a todos los emisores y a los nuevos participantes, “ya que cada vez vienen nuevos emisores y también hay interés de las Fintech para operar en el país”. Es importante que las reglas estén bien definidas para que los nuevos jugadores puedan participar “y no venir con prácticas que no son las más aptas para el buen desenvolvimiento y respeto hacia el usuario, por lo que la ley es positiva para regular a la industria”.
Actualizaciones necesarias y plazos: Siempre que hay un cambio en las regulaciones se deben hacer esfuerzos adicionales del lado de los emisores, ya que deben adaptar sus sistemas, cambiar algunas políticas y contratos. También deberán revisar sus programas en educación financiera, porque tiene componentes adicionales. Para las adecuaciones en la industria considera que de seis meses a un año es un plazo prudente.
Contratos y políticas de cobro: Las nuevas regulaciones se tendrán que manifestar en los contratos de relación entre el emisor con el cliente o tarjetahabiente, ya que los articulados, en su mayoría requieren algunos cambios. También se requerirán cambios en la parte tecnológica, ya que muchos de estos temas están automatizados, aparte de adecuar varias políticas, ya que cada banco o emisor tiene sus políticas, incluso, en la parte de cobranza, sin perjuicio de que ya existe una ley que regula la forma de cobrar.

La Junta Monetaria (JM) opinará sobre la iniciativa de ley de tarjetas de crédito

Thu, 15 Feb 2024 00:20:00 +0000

economía

La Junta Monetaria (JM) opinará sobre la iniciativa de ley de tarjetas de crédito

El presidente de la banca central y de la JM considera importante reglamentar y regular las operaciones y transacciones que ya se llevan a cabo con el dinero plástico.

Urias Gamarro

14 de febrero de 2024 | 18:20h

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) conocen, en su sesión de este miércoles, una opinión sobre la iniciativa 5544, Ley de Tarjetas de Crédito y se enviará este jueves al Congreso.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, dio a conocer a Prensa Libre, algunos puntos que se están considerando:

“La opinión es que esta legislación se ve con buenos ojos y creo que la JM también lo verá así, porque lo que se está haciendo es reglamentar y regular algunas fases de todo el esquema de operación de las tarjetas de crédito en Guatemala. En lo particular, nos favorece bastante porque es parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que incluye contar con esta ley”, apuntó.

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Aclaró que lo incluido en esta iniciativa de ley es lo que ya se hace, pues la tasa real de interés ya está publicada y esa algo que no se hacía antes, y lo que se está planteando es la obligatoriedad de facilitar la emisión de un finiquito, poder solicitar un convenio de pago para detener el incremento de intereses, entre otros aspectos, “pero esperemos lo que dice JM”.

Sin embargo, señaló como importante que en el Congreso se tenga mucho cuidado de tomar en cuenta todas las opiniones, pues “lo que menos se debe esperar es que la Corte de Constitucionalidad declare inconstitucional algún artículo, como ya ocurrió en su momento, y se traiga abajo toda la ley.

“Es una ley que favorece a los cuentahabientes, que ya se ha discutido anteriormente, no es nueva y pareciera que hay voluntad entre todos los actores de ambos lados (bancos y usuarios). Esperamos que lo que apruebe el Congreso no tenga mayores enmiendas que pudieran vulnerar el esquema de la iniciativa”, enfatizó.

Qué opinan los sectores privado, público y académico sobre la iniciativa de ley de tarjetas de crédito

Tue, 13 Feb 2024 21:45:26 +0000

La iniciativa de ley número 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, fue dictaminada desde el 2019, fue aprobada la primera y segunda lecturas en el 2020, pero fue hasta el 6 de febrero recién pasado cuando se aprobó la tercera lectura y se prevé que se apruebe por artículos y redacción final esta semana en el Congreso de la República.

Al respecto, la CFG refirió mediante un comunicado que la Constitución Política de la República y la legislación guatemalteca establecen que “en materia crediticia y financiera, el proceso legislativo debe estar respaldado por informes de las entidades técnicas correspondientes, incluyendo la Superintendencia de Bancos”.

Agrega que “irrespetar estos procesos haría incurrir este proceso legislativo en ilegalidades, como ha sucedido en el pasado”, pero comprenden “que la actual iniciativa de ley 5544 ha cumplido con ese debido proceso, involucrando entidades expertas y las autoridades correspondientes”.

La Cámara adscrita al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresa que la legislación de las tarjetas de crédito debe estar fundamentada “en sólidos principios técnicos para proteger a los usuarios, mantener los beneficios que de estas se derivan y potenciar la economía de Guatemala”.

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Expone además, que un sistema de pagos con reglas claras trae consigo ventajas significativas como:

Reducir el riesgo de fraude.
Promover la bancarización.
Mejorar la inclusión financiera.
Incrementar las ventas en los comercios.
Disminuir el mercado informal.
Combatir el lavado de dinero.
Permitir un adecuado acceso al crédito.
Y fortalecer la recaudación fiscal, como se ha observado en el país recientemente.

Dicha organización empresarial insiste en su pronunciamiento en que para asegurar un uso sano de instrumentos como las tarjetas de crédito “es crucial que la regulación se base en criterios técnicos que no solo promuevan una operación financiera eficiente, sino que también protejan los derechos de los consumidores y garanticen la transparencia y libre competencia en el mercado”.

A criterio de la CFG, con reglas claras, cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza y es un aspecto vital para asegurar la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales y el progreso económico, por lo que lograr certeza jurídica es posible si las regulaciones cuentan con bases técnicas que protejan a los usuarios y no pongan en riesgo el crecimiento de las actividades comerciales.

Sugerencias de la SIB

Por aparte, la Superintendencia de Bancos (SIB) respondió al parlamentario José Pablo Mendoza, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), lun solicitud de análisis sobre la iniciativa mencionada, que había realizado el 8 de febrero de 2024 a la entidad.

Según el documento de la SIB, divulgado por la bancada en mención, la Superintendencia refiere que es un órgano eminentemente técnico y se pronunció por artículos, recordando que en el 2019 ya se había pronunciado, a solicitud del presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso.

Se agrega que tanto esa sala legislativa como la de Defensa del Consumidor y Usuario, emitieron dictamen conjunto favorable para el que se tomó en consideración la mayor parte de los comentarios de la SIB, y se determinaron algunos aspectos susceptibles de adecuación, que la entidad detalla en la carta enviada a Mendoza:

Artículo 3:

En el documento, la SIB refiere que el propósito del artículo 3 es que las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado puedan realizar operaciones de tarjeta de crédito, lo cual se cumple al dejárselo expresamente permitido a esas entidades que gozan de su propio régimen jurídico. Por ello la SIB sugiere que, para no dar lugar a confusiones, se elimine la frase “de la misma forma en que lo hacen las entidades reguladas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros”, ya que la considera innecesaria.

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Artículo 13

Este se refiere a la divulgación de las tasas por parte de los emisores de tarjetas de crédito.

Al respecto la SIB refiere que la transparencia de la información es fundamental y recae sobre el ámbito de protección de los derechos de los consumidores. Por ello considera que el artículo debe ser reorientado en dos vías: en cuanto a establecer la obligación legal para los emisores de tarjeta de crédito de realizar las publicaciones pertinentes, y para mantener congruencia con la aplicación del régimen sancionatorio, facultad que en la misma iniciativa recae en la Dirección de Atención del Consumidor y Usuario (Diaco), según un artículo que con la iniciativa se adicionaría a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

Derivado de ello, la SIB sugiere esta redacción: Transparencia de información financiera. Los emisores de tarjeta de crédito tendrán la obligación de publicar en su sitio web permanentemente de forma comprensible al público, información referente a las tasas de interés, la tasa de interés por mora, las comisiones y cualquier otro cargo a las tarjetas de crédito que emiten.

Además, que la Diaco deberá publicar en su sitio web mensualmente y en un diario de mayor circulación semestralmente, un reporte que, de forma visible y comprensible al público, informe sobre la tasa de interés promedio ponderada de las operaciones de tarjeta de crédito, así como la tasa de interés promedio ponderada por emisor de forma que se facilite la comparación por parte del público.

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Artículos 34 y 55

En estos, la SIB considera que para armonizar la Iniciativa 5544 con lo establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, se sugiere esta redacción:

Para el artículo 34 propone: Supervisión. Las empresas especializadas en servicios financieros que emitan y/o administren tarjetas de crédito, constituidas en el país, que formen parte de un grupo financiero, estarán sujetas a supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos de conformidad con lo que establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera.

Además, la Diaco deberá solicitar a la SIB, la información de cumplimiento por parte de los emisores de tarjetas de crédito de estándares internacionales de seguridad en las operaciones de tarjeta de crédito. El incumplimiento de los estándares internacionales de seguridad en las operaciones de tarjeta de crédito por parte de los emisores dará lugar a que los reclamos presentados ante la Diaco, sean interpretados a favor del tarjetahabiente.

En el artículo 55, que se refiere a la aplicación de disposiciones complementarias, proponen que las empresas especializadas en servicios financieros que emitan y/o administren tarjetas de crédito, constituidas en el país, que no formen parte de un grupo financiero se regirán por lo establecido en esta ley y, en lo aplicable, por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Ley de Tarjetas de Crédito podría ser aprobada este jueves por el Congreso | Lea más aquí https://t.co/EC8er6xxQl

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 13, 2024

Arévalo: “la ley tiene que ser justa”

José Alejandro Arévalo, exsuperintendente de Bancos, refirió que es importante que exista una regulación específica para las tarjetas de crédito y desde ese punto de vista ve positiva la ley, ya que en el mercado de tarjetas de crédito participan varios agentes.

“Uno es quienes somos usuarios, la población, los tarjetahabientes, a quienes nos permiten tener una línea de crédito, hacer compras y pagar con posterioridad. El otro agente, son los emisores de las tarjetas y dan el crédito; el tercero son los comercios afiliados donde el usuario puede adquirir bienes y servicios a crédito y a plazos.

Y el cuarto participante o agente es la franquicia, que no está en Guatemala, y les permite a los emisores locales la emisión de tarjetas (Masterdcard, Visa, American Express y otros), que son internacionales, y también tienen mucho qué ver, especialmente para los tarjetahabientes que tienen línea de crédito en dólares”.

Considera que la ley tiene que ser justa en todos los sentidos y lo bueno de una ley es que regula las relaciones entre el emisor y el tarjetahabiente, reduce las desavenencias y conflictos a través de fijar reglas sobre cómo deben ser los contratos respectivos.

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Además, el emisor hace un análisis de cada uno para ver si tiene capacidad de pago y dependiendo de eso, debería ser el límite que le pone a la tarjeta, aunque cumpla los requisitos para poder pagar.

Otro factor es la conducta del tarjetahabiente, si sabe usar el crédito y no se sobreendeude, ya que muchas veces, por la facilidad que da la tarjeta, las personas terminan llegando a un punto en el que ya no son capaces de pagar su deuda. Pero otro factor son las condiciones para las personas que no pagan la tarjeta, porque se les debe cobrar, pero sin caer en prácticas leoninas.

La nueva ley tiene que establecer reglas para que haya 3 principios:

La transparencia, para que el tarjetahabiente conozca las condiciones del contrato, de la tarjeta y del crédito.
Que el contrato sea claro y establezca condiciones claras.
Establecer cómo se va resolver cuando el tarjetahabiente no pague lo que debe.

Para esos casos especiales se tienen que regular los términos y arreglos de pago, pues a veces hay abusos en la forma de cobrar y algunos tiene procedimientos invasivos para los tarjetahabientes y pueden estarles cobrando intereses sobre intereses, comentó.

“En otros países hay una fórmula prevista en la ley para resolver esas controversias, por eso es positivo que ahora se busque establecer una”.

Dijo que analizará más el contenido de la iniciativa, pero en general insiste en que debe ser justa para todos los agentes. Por ejemplo, para los emisores, lo más importante es que se podría terminar afectando el mercado de tarjetas ya que cuando una persona no paga el que tiene la responsabilidad es el tarjetahabiente y no es culpa del emisor.

Y si la ley sale de tal manera que los emisores ya no pueden cobrar a los deudores morosos, lo que va a pasar es que habrá condiciones más drásticas para otorgar tarjetas y límites de créditos y solo se les dará a quienes tienen los mejores récord crediticios o más patrimonio.

Consultado sobre que no se podrán capitalizar intereses ni cobrar interés sobre interés, si la ley es aprobada, Arévalo dijo que hay que cobrar lo justo, tener claro que el dinero que sirve para pagarle a los comercios es el que prestan los bancos a través de una tarjeta, pero que es el dinero de los depositantes, y si un banco no recibe el pago de un tarjetahabiente entonces no va a poder devolver el dinero al depositante y por eso es importante asegurar que cobren, pero de una forma justa y adecuada.

Por último, indicó que en otros países, las controversias se resuelven por medio del procurador del consumidor, pero en Guatemala se le da esta función a la SIB y aunque ahora se menciona a la Diaco en la iniciativa de ley, habrá que ver qué fuerza tendrá su participación.

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“Esta nueva ley puede ayudar a proteger, pero tiene que ser justa para que ninguna de las dos partes sea afectada”, si no, los emisores ya no van a dar crédito con tarjetas y se tendrá que recurrir a un crédito de consumo”.

La iniciativa en tercera lectura

La iniciativa que recibió en el 2019 el dictamen, con algunas modificaciones de la original contiene 66 artículos, entre los que establece diversos puntos:

Los emisores no podrán capitalizar intereses de ninguna forma.
No podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos.
Si el usuario tiene un problema económico, podrá cancelar su tarjeta de crédito y exigir un convenio de pago.
La entidad emisora estará obligada a otorgarle al tarjetahabiente un convenio de pago y proporcionarle la capacidad de pagar la deuda cancelando la tarjeta; en la actualidad esto no es una opción.
Cuando el cliente pague su deuda, la entidad emisora tendrá la obligación de emitir un finiquito para evitar que años después, la misma deuda vuelva a ser cobrada, como ya ha sucedido y ha sido denunciado por los tarjetahabientes.
La SIB y la Diaco estarán obligadas a publicar cuál es la tasa de interés promedio, cuáles bancos están arriba y abajo del promedio, con el fin de promover la competencia, transparentar el mercado y orientar al consumidor a que busque la tasa de interés más favorable y la tarjeta que le brinde mejores beneficios.
En las tasas de interés se establecerán dos tipos de contrato: tasa de interés fija, que permanecerá durante el tiempo que dure el contrato firmado entre el emisor y el tarjetahabiente; y tasa de interés variable: sujeta a variación y que el banco estará obligado a informar con 45 días de anticipación del cambio. Si el usuario no está de acuerdo, podrá cancelar la tarjeta y exigir un convenio de pago.
Protección al tarjetahabiente a través de la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros, dependiente de la Diaco.
Faculta a las cooperativas a emitir tarjetas.
Establece que el pago mínimo debe incluir algo a capital para que las deudas no se prolonguen de forma indefinida.
Prohíbe a los bancos tomar dinero de las cuentas monetarias del cliente, sin permiso.
Se crea la feria para que las autoridades y los emisores promuevan información y educación financiera, pero según la iniciativa, no se tratará de una feria con fines comerciales.
Se crean los delitos de clonación de tarjetas y robo de datos.
Establece que el cliente tendrá la razón automáticamente, si reclama que no hizo determinada compra, a causa de sus fallas de seguridad del banco.

Ley de Tarjetas de Crédito podría ser aprobada este jueves por el Congreso

Tue, 13 Feb 2024 00:50:40 +0000

Este lunes 12 de febrero se reunieron los jefes y subjefes de las distintas bancadas del Congreso de la República para definir las agendas de las sesiones plenarias de martes y jueves.

Por mayoría, los legisladores aprobaron que el jueves 15 de febrero se discuta por artículos en su redacción final el proyecto de decreto con el que buscan crear la Ley de Tarjetas de Crédito para regular este tipo de actividad crediticia en el país, que actualmente únicamente es normada en el Código de Comercio.

La jefa de la bancada Elefante, Hellen Ajcip, propuso que las enmiendas comiencen a socializarse desde este martes, para que puedan ser estudiadas previo a la discusión del jueves.

“Yo les solicito a cada uno los señores jefes de bloque que si algún bloque va a presentar enmiendas que estas puedan ser presentadas y socializadas mañana para nosotros hacer el análisis correspondiente y venir el jueves ya con el análisis para que la discusión sea más pronta”, expuso la legisladora.

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Mientras tanto el jefe de la bancada VOS, Jairo Flores, propuso que la discusión de esta normativa fuera el único punto en la agenda del jueves 15; sin embargo, solo logró el apoyo de siete bloques legislativos más, por lo que no se aprobó la propuesta, y el tema solo será uno de los nueve puntos de la agenda de ese día.

Flores también expuso que a su criterio hay dictámenes que no deberían ser considerados en esta discusión.

“Creo que es importante trabajarla para el jueves, en virtud que la propuesta de pasarla el martes habría que analizarse por algunos dictámenes que se podrían requerir y darnos chance para el jueves si es que cabe el dictamen de la Junta Monetaria para este caso, desde mi punto de vista, no debería caber, ya que no estamos regulando mercado ni tasas de interés, sino estamos creando mejores condiciones para el cuentahabiente”, expuso Flores.

El subjefe de la bancada UNE, César Fion, se mostró en contra de modificar la agenda, ya que considera que no se deben excluir otros temas de la agenda, en los cuales hay “expectativa” por parte de las personas, por lo que propuso declararse en sesión permanente o bien, prolongar la jornada el jueves hasta que se apruebe la normativa.

Mientras tanto el jefe de la bancada Creo, Cristian Álvarez, manifestó que es necesario incluir en la discusión los comentarios externos de la propuesta, como las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, las cuales fueron solicitadas por el bloque la semana pasada y ya tuvieron respuesta de la entidad.

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Para el jueves 15 de febrero, los parlamentarios también agendaron la elección de los dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral que hacen falta para integrar el pleno, y que la semana pasada no se pudo llevar a cabo por falta de quorum y falta de consensos entre las bancadas.

También se aprobó para ese día el primer debate de la reforma a la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth y el tercer debate de la Ley de Certificación de Discapacidad y la Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor.

Para leer más: Historial crediticio: 10 reclamos comunes de los usuarios sobre sus deudas

Mientras que para este martes 13 de febrero se aprobó que se conozca en tercer debate la Ley que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, sumado a varias iniciativas en primer debate.

Tarjetas de crédito: la ley que se discute en el Congreso para apoyar a la persona que posee una tarjeta

Tue, 06 Feb 2024 17:10:23 +0000

Al identificar altos cobros de las entidades bancarias a través de las tarjetas de crédito y que alcanzan hasta un 120% de interés, en 2019 un grupo de diputados presentó la iniciativa de ley -5544- Tarjetas de Crédito, que busca regular esta operación en el país.

En su momento, los congresistas hicieron ver que Guatemala, es de los pocos países de América que no cuenta con una ley que regule este tema, lo que provoca el endeudamiento de miles de guatemaltecos. Según datos presentados por los legisladores hasta el 2022, el nivel de endeudamiento a nivel nacional rondaba en los Q21 mil 300 millones.

Este martes 6 de febrero de 2024, el proyecto será conocido en tercera lectura en el Pleno del Congreso de la República. La norma pretende que exista una mejor relación entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, asimismo, que se reestablezcan los mecanismos de protección del usuario financiero y el régimen sancionatorio.

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La tarjeta de crédito es utilizada como un instrumento de pago por la compra de bienes y servicios en establecimientos dispuestos a aceptarla.

La propuesta de la iniciativa

El diputado del Parlamento Centroamericano, Carlos Barreda, hizo un resumen de los puntos relevantes que propone la iniciativa de ley:

Los emisores no podrán capitalizar intereses de ninguna forma.
No podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos.
Si el usuario tiene un problema económico podrá cancelar su tarjeta de crédito y exigir un convenio de pago.
La entidad emisora estará obligada a otorgarle al tarjetahabiente un convenio de pago y proporcionarle la capacidad de pagar la deuda cancelando la tarjeta; en la actualidad esto no es una opción.
Cuando el cliente pague su deuda la entidad emisora tendrá la obligación de emitir un finiquito para evitar que años después la misma deuda vuelva a ser cobrada, como ya ha sucedido y ha sido denunciado por los tarjetahabientes.
La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Dirección de Asistencia al Consumidor (Diaco) estarán obligadas a publicar cuál es la tasa de interés promedio, que bancos están arriba y abajo del promedio, con el fin de promover la competencia, transparentar el mercado y orientar al consumidor a que busque la tasa de interés más favorable y la tarjeta que le brinde mejores beneficios.
En las tasas de interés se establecerán dos tipos de contrato: tasa de interés fija, que permanecerá durante el tiempo que dure el contrato firmado entre el emisor y el tarjetahabiente y tasa de interés variable: sujeta a variación y que el banco estará obligado a informar con 45 días de anticipación del cambio, en este caso si el usuario no está de acuerdo podrá cancelar la tarjeta y exigir un convenio de pago.
Protección al tarjetahabiente a través de la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros, dependiente de la Diaco.

Además:

Faculta a las cooperativas a emitir tarjetas.
Establece que el pago mínimo debe incluir algo a capital para que las deudas no se vuelvan eternas.
Prohíbe a los bancos tomar sin permiso del cliente dinero de las cuentas monetarias.
Se crea la feria para que las autoridades y los emisores promuevan información y educación financiera. La ley establecería que no se tratará de una feria con fines comerciales.
Se crean los delitos de clonación de tarjetas y robo de datos.
Establece que el cliente tendrá la razón automáticamente si reclama que no hizo determinada compra a causa de sus fallas en seguridad del banco.

Barreda indico que “esta es una medida fundamental para evitar la usura y los abusos a los cuales son sujetos los tarjetahabientes cuando les cobran intereses sobre intereses, incluso sobre comisiones y recargos”

Por su parte, el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) Luis Lara, se limitó a decir que lo importante es que este tema se aborde desde el punto de vista técnico, “si es así, considero que la Ley es positiva para el país”, indicó sin profundizar más detalles.

Se intentó contactar a la Superintendencia de Bancos (SIB) pero no se logró comunicación.

Ley de Tarjetas de Crédito regularía intereses, crearía delitos y tendría nuevos emisores

Tue, 03 Dec 2019 11:00:17 +0000

Entre otras regulaciones se permitiría a las Cooperativas ser emisoras o co-emisoras de tarjetas además que se crean delitos e infracciones y sanciones o penalidades, y se prohíbe el abuso en el cobro.

Lea además:

La CC declaró inconstitucional la Ley de Tarjetas de Crédito, decreto ya estaba suspendido

Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía, dijo que la mayoría de los sectores a los cuales consultaron para el análisis de la iniciativa de ley coincidieron que sería inconstitucional establecer una tasa tope. Por ello decidieron emitir otros tipos de regulaciones.

En el 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió en forma provisional la ley que había aprobado por el Congreso en ese entonces con el decreto 7-2015 para regular también las tarjetas de crédito. Esa Corte declaró inconstitucional el decreto en mención en diciembre del 2018. La CC acumuló 14 expedientes referentes a acciones de inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial.

Tasas de interés

En esta nueva propuesta se establecen dos tipos de tasas de interés las cuales se deberán en la modalidad de contrato que se firme.

Una es la tasa fija la cual sería pactada de forma libre entre el emisor y el tarjetahabiente. Esta no puede modificarse durante la vigencia del contrato, salvo que sea en beneficio del tarjetahabiente.

La otra modalidad es la tasa variable ésta podrá pactarse también de manera libre entre ambas partes, pero podrá revisarse semestralmente. Aquí el emisor podrá modificarla, pero solo cada seis meses y tiene la obligación de que debe dar el aviso al usuario 45 días antes de que entre en vigencia, explica el parlamentario al referir que la intención de ese plazo es que el usuario puede decidir si continúa con esa tarjeta.

También se prohíbe la capitalización de los intereses, además no podrán calcularse sobre comisiones y otros cargos. Si se firma un convenio de pago (nueva opción que brindaría la ley según la propuesta dictaminada), los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda.

Mientras que para las tasas de interés por mora se aplicaría como máximo la tasa pactada para el financiamiento entre ambas partes. “No podrá ser mayor la tasa por mora” añadió Barreda.

#Ahora | Diputados proponen la #Iniciativa5544 de tarjetas de crédito, con la que prohíben a los bancos tomar fondos de cuentas monetarias o de ahorro, para compensar deudas generadas por las tarjetas de crédito. Vía @CongresoGuate pic.twitter.com/79iQLG0pxq

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 2, 2019

Transparencia financiera

Se crearían regulaciones de transparencia financiera ya que, de aprobarse y entrar en vigencia como ley, la Superintendencia de Bancos (SIB) deberá publicar en su página electrónica un informe “de forma visible y comprensible al público” que contengas las tasas de interés que cobra por producto cada emisor de tarjeta de crédito.

“Se realizó un trabajo bien ponderado y estudiado donde se determinó los errores conceptuales de la anterior ley que fue dictaminada por la Corte de Constitucionalidad como inconstitucional”, aseguró Luis Fernando Samayoa, directivo de la ABG.

Se trata de un ranking donde se debe incluir la tasa de interés promedio ponderada de las operaciones de tarjeta de crédito y por emisor con el fin de que se facilite la comparación por parte del público, expuso el diputado.

En lo que respecta a transparencia financiera también se faculta a la Diaco para informar mensualmente a los consumidores acerca comportamiento de las entidades emisoras de tarjetas de crédito u otros servicios financieros.

Cada entidad tendrá la obligación de divulgar en sus sitios web información por cada producto que ofrezca con datos como tasa de interés y conceptos de cargos y comisiones. Además, deberán promover educación financiera para los tarjetahabientes en base a los programas que establezca la Diaco.

Detalles en estados de cuenta

Respecto a los estados de cuenta se establece una lista de datos que deberá contener, por cada cargo que ahí aparezca se deberá contar con comprobantes físicos o electrónicos. En este caso se explica que tendrán la obligación de divulgar en el estado de cuenta que emiten a cada usuario la tasa más baja y la más alta que hay en el mercado, así como la que tiene establecida el usuario, mencionó Barreda, el fin es lograr transparencia en el mercado y más competencia, comentó.

Unido a eso, aunque ya existe en los servicios de tarjetas la posibilidad de u pago mínimo, en el dictamen se estableció que el pago mínimo también debe servir para pagar capital y no que todo se abone a intereses, indicaron los parlamentarios.

El dictamen contempla la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros en el Departamento de Verificación y Vigilancia en la Diaco. Esa Unidad será la encargada de velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos de los consumidores o usuarios de tarjetas de crédito, débito y demás servicios financieros.

Se crean delitos y ofrece más información para que el usuario pueda decidir cuál tarjeta le resulta más conveniente. #Iniciativa5544 https://t.co/SdalDNJiZ8

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 2, 2019

Prohibiciones al aplicar los cobros al usuario

Para hacer los cobros se prohíben a los emisores de las tarjetas de crédito disponer de fondos que los tarjetahabientes tengan en cuentas de monetario o ahorro en entidades bancarias para compensar deudas. Al respecto existen excepciones cuando exista una autorización expresa del usuario, por orden judicial y para compensación de saldos derivado de otros procesos en los bancos.

También se regula el acoso u hostigamiento. “Se prohíbe al acreedor o agente de cobranza oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva en contra de una persona, con ocasión de la gestión de cobro de una deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito”, por lo que los cobradores no podrán hacer llamadas, enviar mensajes o correos en días y horarios inhábiles.

En horarios hábiles no podrá establecer comunicación más de dos veces al día o pegar avisos en postes y viviendas cercanas a la residencia o lugar de trabajo del usuario, agrega la iniciativa.

Cooperativas serían emisores

Las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado podrían ser emisores o co-emisores de tarjetas de crédito según lo establece la nueva propuesta que ya tiene dictamen.

Según datos del Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop) a mayo del 2019 habían registradas en el país 354 cooperativas de ahorro y crédito.

Lea también: El incremento en las remesas fomenta la creación de cooperativas en el Occidente

A la par de las nuevas modalidades de contratos, tasas y entidades para emisión de tarjetas de crédito también las firmas emisoras tienen la obligación de evaluar capacidad de pago de los potenciales usuarios y para ello deberá usar el sistema de información de riesgos establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, decreto 19-2002. Las entidades también tienen la obligación de proporcionar la información que la Superintendencia de Bancos determine según ese sistema, para alimentarlo.

En tanto los extrafinanciamientos que ofrezcan también deberán hacerse de conformidad con la capacidad de pago, y deberá ser comprobable la aceptación del usuario.

Crean delitos e infracciones

De aprobarse esta ley se crearían nuevos delitos.

La clonación de tarjetas de crédito o débito, el responsable será sancionado con prisión de seis a 10 años de prisión y multa de Q150 mil a Q500 mil.
Por el uso de tarjetas de crédito o débito ilegal, la sanción será de cinco a ocho años de prisión y multa de Q50 mil a Q150 mil.
Por la distribución y comercialización de tarjeta de crédito o débito ilegal, el responsable podría pasar de seis a ocho años en prisión y pagaría una multa de Q100 mil a Q200 mil.
Quien cometa uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito sería sancionado con prisión de tres a cinco años y una multa de Q25 mil a Q50 mil.

También se crearían 8 infracciones leves y 5 graves, así como sus respectivas sanciones. Entre estas se sancionaría a las entidades emisoras que no verifiquen la capacidad de pago del tarjetahabiente o solicitante, así como por abuso u hostigamiento en la forma de cobro o por no brindar en el estado de cuenta la información que establece esta propuesta de ley.

Sector bancario analizará contenido

Luis Fernando Samayoa, directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), indicó que el sector participó en las discusiones de la Comisión de Economía emitiendo opiniones con otros sectores. Sin embargo, aclaró que aún no conocen la versión final de la iniciativa que recibió el dictamen conjunto tanto de esa sala legislativa como de la Comisión de Defensa del Consumidor.

“Pudimos observar que fue un trabajo muy acucioso, se escucharon tanques de pensamiento, gremios, autoridades y expertos internacionales acerca de como se aplica en otros países y se realizó un trabajo bien ponderado y estudiado donde se determinó los errores conceptuales de la anterior ley que fue dictaminada por la Corte de Constitucionalidad como inconstitucional”, aseguró Samayoa.

“La incorporación de delitos va a desestimular estos temas que han estado afectando esta operación (de tarjetas de crédito)”, Hugo Rafael Oroxóm Merida, intendente de coordinación general de la SIB

Explicó que las tarjetas de crédito sirven como una introducción para personas que no han sido bancarizadas, y reconoce que ha habido quejas, pero que en su mayoría provienen de las personas que han tenido mal uso y que han incumplido con sus contratos.

“Si las personas usan conscientemente las tarjetas de crédito y la manejan bien es un arma (financiera) muy poderosa y muy adecuada no solo para la introducción si no para contar con los récords crediticios para el uso cotidiano”, afirmó el representante de la ABG.

Añadió que cuando hay un contrato voluntario entre las partes, se deben saber cuáles son las obligaciones.

Recordó que en Guatemala cada año hay millones de transacciones, pero el número de quejas al compararse con el número de operaciones es un número insignificante, por lo que la gran mayoría de personas usa conscientemente su tarjeta de crédito.

Samayoa, dijo que a medida tengan un mejor comportamiento, pueden ir buscando mejores condiciones y que ahora existe una competencia muy grande en el sector bancario, por lo que se pueden obtener mejores condiciones para los cuentahabientes.

En el negocio, dijo que no es obligación que muchas personas tomen crédito, si no que puede hacer sus pagos al contado y se benefician del flote positivo que las tarjetas les ofrecen y hay muchas personas que la utilizan como medio de pago.

La Superintendencia de Bancos se muestra complacida por dictamen

Hugo Rafael Oroxóm Merida, intendente de coordinación general de la SIB indicó que la entidad está consciente que el país ya necesita una ley específica para tarjetas de crédito que regule las relaciones entre los emisores y los tarjetahabientes, así como regular el contenido del contrato.

El funcionario agregó que consideran muy importante la incorporación de delitos como la clonación de la tarjeta de crédito, uno de una tarjeta robada o fraudulenta, así como compartir o vender información extraída de las tarjetas.

““La incorporación de delitos va a desestimular estos temas que han estado afectando esta operación (de tarjetas de crédito)”, expuso.

También calificó de importante establecer en las instituciones los mecanismos para recibir y dar seguimiento a quejas de las personas.

“Otro beneficio será la posibilidad para el usuario de conocer las diferentes tasas de interés que se manejen en el mercado”, Herberth Ordóñez, jefe del departamento de verificación y vigilancia de la Diaco

Mencionó que participaron en las reuniones de discusión con las comisiones en el Congreso pero que hasta este 2 de diciembre por la tarde aún no tienen la versión final emitida en el dictamen. Conocen que se está definiendo a la Superintendencia de Bancos como la institución que van a continuar con la supervisión financiera y consolidada de las empresas de tarjetas de crédito que pertenecen a un grupo financiero, según lo establece la Ley de Bancos.

Es importante que se establezca que la SIB podrá colaborar con Diaco a la cual se le estableció la facultad de la defensa del consumidor en el tema de tarjetas de crédito.

Diaco califica positivo establecer más controles

En tanto Herberth Ordóñez, jefe del departamento de verificación y vigilancia de la Diaco, mencionó que es importante para el consumidor porque se volverá a tener una ley de tarjetas de crédito y que entre otros puntos creará a la Unidad de Protección de Servicios Financieros en el Departamento de Verificación y Vigilancia en la Diaco y que también se castigue el acoso, hostigamiento en el cobro y la venta de los bancos de datos y el uso de información del usuario, así como las tasas de interés.

Otro beneficio será la posibilidad para el usuario de conocer las diferentes tasas de interés que se manejen en el mercado.

Ordónez dijo que independientemente de la nueva ley propuesta, la legislación existente establece que todo contrato debe estar registrado en la Diaco, no importando de qué actividad se trate, además el usuario tiene un plazo de 5 días luego de la firma del contrato para retractarse.

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Tasas de interés y convenios de pago, la discusión en la Ley de Tarjetas de Crédito

Wed, 21 Aug 2019 11:00:48 +0000

Los planteamientos son de forma y fondo y de nuevo uno de los puntos sensibles en que se desarrolló la sesión fue el debate sobre la fijación o no de una tasa de interés para los cuentahabientes.

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Representantes del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies) de la Universidad de Rafael Landívar y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, así como la Superintendencia de Bancos (SIB) presentaron propuestas y los integrantes entrarán a conocer previo a emitir la versión final.

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Luis Fernando Montenegro, vicepresidente de la Comisión, aclaró que si bien se busca una normativa que busca proteger a los cuentahabientes de las tarjetas de crédito, también se busca crear un balance, ya que hay usuarios que cometen fraudes y la idea no es ponerle freno a un acceso de financiamiento fácil para los consumidores.

La SIB informó que hasta hoy en el país hay un millón 722 mil tarjetahabientes y la cartera es de Q13 mil 750 millones, con una tasa de morosidad de 3.6% que representa unos Q4 mil millones.

Dos planteamientos

La primera intervención que escuchó la Comisión fue de Silvana Zimeri, directora del Idies, quien propuso un sistema mixto, es decir, una tasa de interés fija, con contrato por un determinado tiempo y por otro lado una tasa variable o libre pactada entre el cuentahabiente y el emisor.

La idea es que quede una tasa de interés que sea fija a lo largo del contrato y por una tasa variable que dependería del mercado, compuesta por un elemento variable por medio de la tasa de interés promedio ponderada que es del 23% en consumo y el elemento fijo sería de un mutuo acuerdo entre los clientes.

Citó, por ejemplo, que la tasa variable sea el doble, es decir, del 46%, pero no existen análisis sobre las tasas del mercado para encontrar una referencia, para que no existan intereses excesivos.

El jefe de la @sib_guatemala Érick Armando Vargas Sierra, propone que sea el @GUATEMINECO por medio de la @diaco_gt que sea la institución que protega a los tarjeta habientes. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/S098UZ5RZx
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) August 20, 2019

En la actualidad hay tasas que llegan al 60% y hasta el 80%.

El promedio ponderado de la tasa de interés para tarjetas de crédito que maneja la SIB es del 46%.

“Sí puede funcionar una tasa de interés mixta, porque las emisoras de tarjeta de crédito tienen la capacidad de hacerlo. La ventaja para el usuario es elegir entre productos que tengan una tasa fija y una que sea variable para profundizar la competencia y eso conlleva a mejores tasas de mercado”, puntualizó Zimeri.

Carlos Barreda, presidente de la Comisión, explicó que con base en ese planteamiento realizarán la discusión final para preparar el borrador.

“Es razonable el planteamiento y la comisión se inclinará para estudiarla con mayor profundidad”, afirmó el legislador.

Ricardo Barrientos, del Icefi, respaldó el planteamiento del Idies y sería de “aterrizarlo” más adelante con más elementos.

Planteó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también debe de ejercer controles, sobre todo en materia tributaria y fiscal en el mercado de las tarjetas de crédito.

En las próximas semanas se presentará el borrador de las reformas a la ley de tarjetas de créditos por la Comisión de Economía y que puedan ser aprobadas en el segundo semestre, según el presidente Carlos Barreda. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Acuerdo en pagos

El superintendente de la SIB, Érick Armando Vargas Sierra, enfatizó que la mayoría de los casos que conocen es que los cuentahabientes registran atrasos en sus pagos, no pueden salir de sus deudas en los tiempos establecidos y van acumulando los intereses.

Aunque hay un contrato libre entre cuentahabiente y emisor, se busca crear un mecanismo que permita negociar con la entidad formas de pago o convenios cuando ya no esté en posibilidades de seguir atendiendo sus obligaciones.

Por el lado de la supervisión, los emisores que no formen parte de un grupo financiero, incluirlos, y la protección de los tarjetahabientes sea manejada por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), adscrito al Ministerio de Economía.

Rudy Castañeda, de la Comisión de Finanzas, dijo que uno de los problemas actuales es que en Guatemala no existe una Ley de Competencia para poder hacer todas estas regulaciones, aunque en el fondo la situación actual apunta a las tasas de intereses que se cobran o cobros adicionales, sin dejarlo claro a los clientes.

“La tarjeta de crédito es un medio de pago, sin embargo, muchas personas la utilizan como una línea de crédito”, subrayó Castañeda.

La comisión acordó avanzar en las siguientes tres semanas la versión final.

El jefe de @sib_guatemala Érick Armando Vargas Sierra, dijo que se presentó dos propuestas para iniciativa de Ley sobre tarjetas de crédito a los miembros de la Comisión de Economía y de continuará analizando planteamiento. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/qNZX17EoLq
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) August 20, 2019

Libre mercado

Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), explicó que, aunque no conoce las propuestas abordadas en la Comisión, apoyan las iniciativas relacionadas al libre mercado, economía y una buena supervisión.

“De las dos alternativas se percibe un buen acuerdo que se pueda llegar a un término adecuado para poderle brindar garantía al cliente en determinado tiempo con tasa fija o con base a condiciones de mercado tener un rango”, precisó.

El presidente de la CFG reiteró que no es positivo para el mercado la fijación de una tasa tope de interés, mínimo o máximo, que, para cualquier actividad, lo que puede, perjudicar a los clientes al largo plazo.

Regulación de protección

Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, explicó que en el marco legal actual no existe una normativa que proteja a los consumidores del sistema financiero y con la experiencia de la institución se han logrado conciliaciones.

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Afirmó que existe un vacío legal y la Diaco no tiene los instrumentos para poder actuar.

Lo que sí dejo claro es que se necesita una normativa para velar por la protección a los tarjetahabientes, que será una decisión que se discuta en el Congreso.

Adelantó que se creará la unidad de atención a las quejas de los consumidores en el sector financiero, que se especializará en atender este segmento.

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