Líderes de Asia firmaron este domingo en Hanoi el megatratado que incluye a los diez miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (Asean) además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Entre todos los miembros suman casi un tercio de la población mundial y el 29% del Producto Interno Bruto del planeta.

El acuerdo, que lleva el nombre de RCEP (siglas en inglés de Regional Comprehensive Economic Partnership, Alianza Integradora Económica Regional), será mayor que el de T-MEC (Estados Unidos, México y Canadá) y que la Unión Europea.

India también formó parte de las negociaciones, pero se retiró el año pasado por su preocupación de que la reducción de aranceles perjudicaran a sus productores.

¿Qué significa?

El RCEP eliminará aranceles a las importaciones por los próximos 20 años e incluye provisiones respecto a propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales.

Muchos de los países miembros ya tienen tratados de libre comercio entre sí, pero con limitaciones.

“Los tratados de libre comercio existentes pueden resultar muy complejos en comparación con el RCEP”, dice Deborah Elms, de la organización Asian Trade Centre, a Tim McDonald, corresponsal de la BBC en Singapur.

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Negocios que se basan en cadenas globales de suministro podían verse afectados por los aranceles, pese a que existiera un tratado de libre comercio, porque sus productos tenían componentes hechos en otro lugar.

Un producto hecho en Indonesia que contiene partes fabricadas en Australia, por ejemplo, podía ser gravado con aranceles.

Bajo el RCEP, sin embargo, los componentes de cualquier país miembro serán tratados igual, lo que podría dar a las compañías de los países RCEP un incentivo para asociarse con proveedores de la nueva alianza regional.

¿Cuál es su importancia geopolítica?

La idea del RCEP nació en 2012 y fue vista como una forma de China, el mayor importador y exportador de la región, de contrarrestar la influencia que Estados Unidos estaba tomando en Asia-Pacífico bajo el gobierno de Barack Obama.

Obama había promovido el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership o TPP), del que formaban parte México, Chile y Perú, y no China.

El interés en el RCEP creció cuando Trump retiró del TPP en 2017 a su país, que era el arquitecto del acuerdo y cuya economía abarcaba dos terceras partes de la del bloque.

De hecho, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y que Trump haya privilegiado el “Estados Unidos primero” y acabado con la idea de Obama de mirar más hacia Asia ha servido para impulsar y completar RCEP, que es visto como la oportunidad de Pekín de establecer la agenda comercial regional en ausencia de Washington.

Como fuente clave de importaciones y principal destino de exportaciones para la mayoría de miembros del RCEP, China parece ser el principal beneficiado y está bien posicionado para influir en las normas comerciales y expandir su influencia en Asia-Pacífico, algo que Obama quería prevenir.

¿Cambiará algo la presidencia de Biden?

El comercio internacional estuvo mucho menos en la agenda en esta campaña presidencial y Biden ha dicho relativamente poco sobre si su política comercial cambiará significativamente ni sobre si reconsiderará entrar en el TPP.

Biden apuesta por regresar a una política de multilateralismo, como Obama, pero es prematuro hablar de acuerdos comerciales dados los enormes retos que enfrenta a nivel interno.

Y se arriesga a que sea percibido como algo que perjudica a los sindicatos que le ayudaron a conseguir el triunfo en los estados del cinturón industrial.

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Se espera que sus prioridades comerciales se centren en trabajar con aliados para presionar a China y forzar cambios en la Organización Mundial de Comercio.

Regresar a lo que era el TPP podría no ocurrir a corto plazo.

Los sindicatos y progresistas que respaldaron la elección de Biden se han mostrado escépticos sobre los acuerdos de libre comercio y representantes de estos grupos están presentes en su equipo de transición. Es posible que defiendan ciertas protecciones a industrias vulnerables como el acero y el aluminio.

Si Biden decide volver a reconectar con Asia-Pacífico, podría actuar como contrabalance de China.

¿Cómo afecta a América Latina?

El comercio bilateral entre Asia y América Latina ha crecido de forma continua en las últimas décadas, pero la integración entre ambas regiones tiene mucho margen de mejora.

“A corto plazo, el RCEP puede causar algún desvío comercial, limitar el crecimiento en el comercio entre América Latina y Asia”, dice a BBC Mundo Jack Caporal, experto en comercio del Center for Strategic & International Studies (CSIS), con sede en Washington.

“Sin embargo las normas comunes harán más fácil para las compañías de América Latina con presencia en Asia hacer negocios allí”, afirma Caporal.

“Una cuestión importante para los países de América Latina es si persiguen la integración con Asia individualmente o de forma conjunta como a través de la alianza del Pacífico (TPP) o Mercosur”, agrega.

“Desde que el comercio entre América Latina y China explotó en los años 2000, liderado casi en exclusiva por el rápido crecimiento de China y su necesidad de materias primas, los países de la región han buscado una mayor integración con Asia en general, no sólo con China sino en particular con Japón Corea del Sur e India”, dice a BBC Mundo Cynthia Arnson, experta del Wilson Center en las relaciones entre ambas regiones.

Arnson afirma que ese era el espíritu del TPP, ahora diezmado sin Estados Unidos.

“A menos que el gobierno de Biden regrese al TPP, los países de América Latina se verán atraídos a la mayor cuota de mercado en Asia que ahora está representada por el RCEP”, agrega.

Nicolás Alberton, profesor de la Universidad Católica del Uruguay e investigador asociado del Laboratorio de Política Internacional y Seguridad de University of Southern California, cree que es una “desventaja” para los países que no forman parte de este tipo de megaacuerdos.

“Es clave que los países de América Latina (principalmente del Cono Sur) que no son parte vayan a tocar la puerta y pidan ser parte de estos acuerdos”, le dice a BBC Mundo.

“Poco ambicioso”

Aunque el RCEP fue una iniciativa de los diez países de la Asean, muchos la consideran una alternativa respaldada por China al TPP, una propuesta de acuerdo que excluye a China pero incluye a muchos países asiáticos.

Doce naciones, entre ellas Chile, México y Perú, firmaron el TPP en 2016 antes de que Trump retirara a su país del acuerdo en 2017.

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Sin Estados Unidos, el resto de países firmó el CPTPP.

Aunque incluye a menos países, el CPTPP reduce aún más los aranceles que el RCEP e incluye provisiones sobre empleo y medio ambiente.

El ex primer ministro de Australia Malcolm Turnbull criticó el nuevo acuerdo por anticuado.

“Habrá bombos y platillos por la firma y la entrada en vigor del RCEP, pero es un acuerdo comercial poco ambicioso, no deberíamos engañarnos”, dijo Turnbull, que firmó en nombre de su país el TPP.

Activistas temen la falta de provisiones para proteger a los trabajadores y el medio ambiente y que perjudique a granjeros y negocios pequeños en un momento en el que ya están sufriendo por la pandemia.

Diferencias a un lado

En lo positivo, el RCEP une a países que a menudo han mantenido relaciones espinosas, como es el caso de China y Japón.

Tanto Australia como China se suman al acuerdo a pesar de los reportes de que China podría boicotear algunas importaciones de Australia por diferencias políticas.

“Uno puede cooperar con alguien o simplemente odiarlo, como pasa con las personas. El RCEP ha hecho un trabajo impresionante en separarse de otras disputas”, dice Elms.

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A ello se suma la vocación logística centroamericana que tiene un potencial económico multiplicador permitiendo interactuar con destinos y rutas en mercados internacionales, reduciendo costos de transacción en el comercio exterior.

Centroamérica se presenta así como un corredor logístico en permanente evolución para potenciar el libre comercio a partir de una integración eficiente y multimodal desde Panamá a Guatemala, siendo una verdadera “correa transmisora” entre mercados de mayor envergadura y continentes.

Pero demos un paso al frente y vamos con los desafíos pendientes, que no son pocos, a partir de esa espléndida línea de base.

Lo primero es diversificar la matriz de crecimiento, complejizando la estructura de la economía.

Un rasgo compartido en países de Centroamérica son las balanzas comerciales deficitarias. Y aquí no se trata de transformarse en grandes exportadores o productores de la noche a la mañana.

Vamos con un ejemplo concreto: Centroamérica tiene la oportunidad de aprovechar toda su activo logístico, portuario y proximidad geográfica “tocando la carga” que transita por sus países y añadiendo valor a los flujos en transbordo.

¿Cómo hacerlo? Consolidando y sumando procesos a la cadena de valor global de manera de no descansar en la tarifa, el arancel o el volumen de lo que llega a sus costas, puertos y terminales.

Generar ese mayor grado de injerencia en mercaderías en tránsito otorga además un rol estratégico que permitiría enfrentar las vicisitudes del mercado y tensiones comerciales de jugadores grandes, tan temidas hoy en día, transformando a Centroamérica en una “zona ancla” de stock de bienes y reservas para el mercado internacional.

Una segunda línea específica de acción es incrementar y estabilizar la inversión en infraestructura pública de manera estructural en torno al 5% del PIB. No podemos alcanzar el desarrollo sostenido sin políticas de inversión en infraestructura de largo plazo que vayan más allá del ciclo político de turno y que incluso superen la demanda presente de las obras proyectadas.

Gran parte de la experiencia extranjera indica que la elasticidad de la producción del PIB, respecto a inversión en infraestructura, fluctúa entre el 0.11 %  y 0.23 %, lo que evidencia su impacto. Dicha experiencia también comprueba que la competitividad en la esfera global de un país está directamente relacionada a la calidad de la infraestructura disponible.

Pero esta inversión requiere un verdadero Pacto de Estado y crear una estrategia virtuosa en donde Gobierno, Concesiones y Sector Privado contribuyan a su desarrollo en el tiempo.

Nota al pie merece aquí la llegada a  países como Panamá de una nueva ley en Asociaciones Público Privadas ( APPs).

Las APPs han representado en el precedente comparado, uno de los cambios de paradigma más exitosos a la hora de definir políticas públicas, trayendo consigo un nuevo aire de oportunidades, incentivos y desafíos para la inversión.

Bien diseñadas, las APPs han resuelto déficits fundamentales en la provisión pública de infraestructura como autopistas, aeropuertos, puertos e incluso cárceles y hospitales. Pero no solo han sido catalizadores de financiamiento alternativo, también han contribuido a ganancias en eficiencia alentando el manteniendo oportuno de las obras ( estándares y niveles de servicio) y la reducción de costos en el ciclo de vida de las mismas.

Cómo adicionalidad, éstas ganancias han liberado compromiso fiscal y diluido sus costos financieros en el tiempo, permitiendo disciplinar presupuestos en el Estado, priorizar tareas de urgencia social ( sin dejar de invertir en infraestructura ), mejorar el due diligence en la selección de proyectos  públicos y aumentar en el tiempo el inventario fiscal de activos para el país, con mayor celeridad y magnitud.

Por último algo que tiende a guardarse en la gaveta del olvido de las políticas: trabajar en certeza jurídica. Suele olvidarse porque a ratos se cree que la justicia es un bien público rebuscado, de baja rentabilidad y que suele ser más preocupación de burócratas y abogados.

Ningún país verdaderamente desarrollado ha logrado madurez institucional y niveles de inversión extranjera sostenidos en el tiempo, sin un sistema legal confiable y con una oferta de amplio espectro.

Esto implica considerar marcos jurídicos previsibles, reguladores independientes, poderes judiciales sólidos y sistemas ágiles y legitimados de resolución alternativa de conflictos, que anticipen nudos contractuales y se adapten con flexibilidad a las dinámicas de la industria, cambios tecnológicos y necesidades de los usuarios.

Centroamérica está hoy en una situación auspiciosa y sin precedentes en su historia reciente. Ubicación estratégica, potencial logístico, cargas tributarias moderadas, industrias emergentes y la conciencia de que el resto de la Región latinoamericana, y porque no decir el mundo, ponen sobre ella una nueva mirada.

Profundizar en la competitividad del entorno para seguir seduciendo al inversionista extranjero, invertir en regulaciones acotadas pero certeras y trabajar en “Acuerdos País” para generar políticas públicas matrices que no reinventen el Estado en cada periodo presidencial, puede ser el próximo paso para seguir avanzando en la dirección correcta.

El próximo Foro Forbes de Negocios será un espacio oportuno y concurrido para debatir sobre los fundamentos de aquello.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

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En la conferencia final al término de la cumbre de líderes del G20, que se ha celebrado entre ayer y hoy, Merkel subrayó que el comercio internacional produjo “los debates más intensos”  de la cita, pero que finalmente se pudo alcanzar un compromiso en este foro de economías industrializadas y emergentes.

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“Hemos dicho claramente que queremos que los mercados permanezcan abiertos, que rechazamos el proteccionismo y también el comercio injusto”, afirmó.

La canciller agregó no obstante, en el capítulo del comercio internacional, que sus “beneficios”  “no han llegado a todos”  y que el G20 quiere promover el “crecimiento inclusivo”.

Merkel subrayó también el papel de la Organización Mundial de Comercio  (OMC) para trazar las “reglas globales”  sobre las que deben basarse los intercambios, pero también cualquier acuerdo bilateral en este ámbito.

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Sobre la cuestión de la sobrecapacidad del acero, que llevó recientemente a EE. UU. a amenazar con sanciones a la UE y China, la canciller se mostró satisfecha de que se haya instado a un órgano multilateral sectorial a que analice la situación y, para el próximo noviembre, presente un informe “sustancial”  con “soluciones concretas”.

“Espero que este formato multilateral pueda resolver uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad” , aseguró la canciller.

El comercio era uno de los asuntos más espinosos en esta cumbre, pero finalmente los negociadores lograron encontrar un punto de entendimiento.

El viraje de EE. UU. en materia comercial desde la llegada de Donald Trump a la presidencia ha dificultado el consenso en torno a este punto, que hasta el año pasado no había ocasionado controversias.

El comunicado conjunto, además de mostrarse a favor del libre comercio, reconoce también el derecho a emplear “instrumentos legítimos de defensa comercial”, en una clara cesión a las posiciones de EE. UU.

Se aplicará tratado

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá se aplicará “provisionalmente”  a partir del 21 de septiembre, anunciaron ambas partes este sábado en un comunicado conjunto.

Aunque el tratado ya ha sido aprobado por las cámaras canadiense y europea, su votación por los parlamentos nacionales y locales podría tarder varios años.

En los próximos 90 días, Lighthizer dialogará con congresistas e interesados en procura de “alcanzar un acuerdo que potencie los intereses de los trabajadores, granjeros, rancheros y empresarios de Estados Unidos”.

Lighthizer, que fue confirmado en su puesto por el Senado la semana pasada, asegura en la misiva estar “encantado” de notificar al Congreso la intención de la administración de Trump de iniciar las renegociaciones para “modernizar” el Nafta, vigente desde 1994.

Trump ha amenazado con sacar a Estados Unidos de un acuerdo comercial que es vital para la economía mexicana si considera que el resultado de las negociaciones no es bueno para su país.

“Estados Unidos busca promover empleos mejor pagados en la economía de Estados Unidos mejorando las oportundidades estadounidenses bajo Nafta”, indica la carta.

México está listo

El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que su Gobierno está “listo” para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y hacer que el acuerdo beneficie a “todos”.

Videgaray reaccionó así en Washington a la notificación que envió el Gobierno de Trump al Congreso para informarle de su intención de renegociar el TLCAN.

“El Gobierno de México acoge este acontecimiento, estamos listos para trabajar conjuntamente con los Gobiernos de EEUU y Canadá para mejorar nuestro acuerdo comercial, para que sea mejor para el pueblo de Estados Unidos, de México y de Canadá”, afirmó Videgaray en una rueda de prensa junto a miembros del Gobierno de Trump en el Departamento de Estado.

El TLCAN, firmado por EEUU, México y Canadá en 1992 y que entró en vigor en 1994, ha sido duramente criticado por el presidente Donald Trump, al considerar que lesiona los empleos en EE.UU. al trasladarse las fábricas a México para ahorrar costes de producción.

El borrador al que ha tenido acceso el Journal propone que cualquier país pueda aplicar aranceles a productos de importación en caso de que exista un flujo de importaciones que pueda generar “graves daños o la amenaza de graves daños”  a su industria nacional.

Al margen de eso, los “modestos”  cambios propuestos, según el WSJ, no incluyen medidas específicas sobre temas polémicos, como las reglas de origen para los productos que se intercambian en la región o los paneles de arbitraje comercial.

El WSJ sostiene que el documento establece la necesidad de “mejorar los procedimientos para resolver disputas” , pero no establece claramente la necesidad de eliminar estos paneles, que algunos críticos creen que infringen la soberanía nacional.

Tampoco establece nada específico para reducir el déficit que pueda haber en determinadas áreas ni recursos sobre políticas monetarias que puedan beneficiar a determinada moneda dentro del comercio regional.

El periódico recuerda que el Gobierno de Donald Trump debe informar al Congreso con 90 días de anticipación antes de iniciar cualquier negociación para revisar el TLCAN.

El pasado 3 de marzo, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anticipó que el TLCAN sería la primera prioridad de su agenda comercial, y dijo que uno de los temas que podrían revisarse es el de las reglas de origen.

Una semana después, Ross y el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, mantuvieron una primera reunión para analizar los pasos previos a seguir para renegociar este tratado que une comercialmente a los tres países.

El titular de Economía, que se encuentra de visita oficial en Ginebra, mantuvo un encuentro con varios funcionarios de la OMC y también con el director general adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Mario Matus, quien ofreció su ayuda en la implementación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de manera integral.

El fin es ayudar al Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala en su función como plataforma para la promoción de la innovación y la creatividad.

Como parte del examen de las políticas comerciales de Guatemala ante la OMC, el funcionario contestó a más de 150 preguntas de más de 20 países sobre cuestiones como las aduanas, las negociaciones comerciales, protección de los derechos de propiedad intelectual, modificación del régimen de apoyo a la exportación y medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros.

Los países participantes en este encuentro, que no fueron identificados, destacaron las recientes políticas de desarrollo implementadas por Guatemala, en particular la Política Económica 2016-2021, destinada a reducir la pobreza, mejorar las oportunidades para los sectores más vulnerables de la población e impulsar un desarrollo económico sostenible e incluyente.

También subrayaron la estabilidad macroeconómica del país, el fortalecimiento del marco regulatorio en áreas como la propiedad intelectual, la reforma tributaria y las medidas regionales adoptadas en materia de facilitación del comercio, agregó la cartera.

Dentro de los retos a corto plazo, los miembros manifestaron la importancia de concluir el proceso de aprobación en el Congreso del Acuerdo de Facilitación del Comercio, así como otros acuerdos de Propiedad Intelectual.

Este mecanismo de la OMC, vigente desde 1995, tiene como finalidad contribuir a una mayor transparencia de los 160 miembros respecto del cumplimiento de las normas y disciplinas de los acuerdos de la organización. Guatemala se ha sometido a este examen en los años 2002, 2009 y 2016.

El pasado 18 de abril Malmström y Guajardo ya se reunieron en Bruselas y la política sueca dijo entonces que esperaba iniciar “muy pronto” los procedimientos para negociar la modernización del acuerdo, el primero de libre comercio que cerró el bloque comunitario con un país en América.

Malmström y Guajardo coincidieron en abril en la “importancia de incluir en el acuerdo comercial modernizado nuevos capítulos para pymes, sobre la lucha contra la corrupción y una mayor transparencia durante las negociaciones” al implicar también a la sociedad civil.

De visita en México esta semana, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, señaló que el proceso que van a emprender las dos partes para actualizar su acuerdo global buscará “responder a las necesidades y aspiraciones compartidas” del siglo XXI.

Mogherini corroboró que las negociaciones se llevarán a cabo con la “máxima velocidad”, lo que resultará en un beneficio para los ciudadanos de ambas partes.

Previamente, en marzo, la jefa de la diplomacia de la UE se había mostrado confiada en que la actualización de los acuerdos comerciales con México, pero también con Chile, esté a la altura del tratado recientemente concluido con Canadá y de las ambiciones puestas en la negociación del acuerdo comercial y de inversiones (TTIP) con Estados Unidos.

El responsable de Comercio de la embajada de México en Bruselas, César Guerra, recordó entonces que la UE es el segundo destino de las exportaciones mexicanas y la segunda fuente de inversión extranjera directa, y que el comercio entre las dos partes “casi se ha triplicado en los últimos quince años”.

Guerra destacó que esa actualización debe incluir, entre otros temas, la liberalización del comercio de bienes agrícolas, la revisión de las reglas de origen “con especial énfasis en la acumulación con socios comerciales en común”, o un aumento de la transparencia y cooperación en medidas sanitarias y fitosanitarias.

Además, indicó que el comercio de servicios buscaría “aprovechar las ventajas que ofrece México por las reformas que ofrece en sectores como las telecomunicaciones, el financiero o la energía”.

En materia de inversión, consideró que “es necesario protegerla con los más altos estándares teniendo en mente el nuevo enfoque adoptado por la UE sobre el tema”, en relación con el sistema de tribunales al margen de la Justicia nacional que Bruselas quiere implantar para dirimir en conflictos entre Estados e inversores.

El primer ministro neozelandés y anfitrión, el liberal John Key, destacó durante la ceremonia celebrada en Auckland que el acuerdo refleja la confianza de los firmantes “en que la apertura y la integración de los mercados e inversiones propiciará la prosperidad de nuestros pueblos”.

La firma del TPP abre un proceso de dos años para que cada miembro lo ratifique individualmente y se necesita para que entre en vigor que lo ratifiquen al menos seis de los firmantes originales y que representen el 85 por ciento del PIB combinado del bloque.

Los gobiernos de Nueva Zelanda y Australia presentarán la semana próxima el acuerdo a sus respectivos parlamentos, y en los próximos meses esperan hacerlo México, Perú y Chile.

Las autoridades de Malasia y Brunéi no necesitan pasar por el Legislativo para la ratificación, mientras que el nuevo Gobierno de Canadá tiene previsto, en cumplimiento de una promesa electoral, someter el tratado a un plebiscito antes de acudir al Parlamento.

El representante de Comercio Exterior de EEUU, Michael Froman, confió en contar con el apoyo del Congreso de su país, que este año celebra elecciones, porque, según dijo, supone “grandes beneficios para la economía estadounidense, con un cálculo de 130.000 millones de dólares anuales de crecimiento del PIB”.

Según Froman, “el TPP no se dirige contra un país en particular, sino hacia el establecimiento de estándares más altos para la región. Estamos vinculados a China, como todos los países de la región y es importante tener una relación económica constructiva con ellos”.

El TPP, que representa a 800 millones de habitantes, es visto por algunos analistas como una medida que contribuirá a contrarrestar el poderío económico de China en el Pacífico.

El Ministerio de Comercio chino reaccionó hoy a la firma con palabras de apoyo al proceso de apertura del comercio y la inversión en la región y mostró su interés en el pacto.

“El TPP es un acuerdo exhaustivo. China lo está estudiando y realizando una evaluación” del texto, señalaron las autoridades chinas en un comunicado.

Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Colombia y Uruguay son otras naciones que han mostrado mayor o menos interés en el TPP.

La satisfacción expresada por los firmantes contrastó con las protestas que se organizaron en las calles de Auckland y que se unen a otras celebradas la víspera y otros días en diferentes ciudades de Latinoamérica.

“Si la injusticia es la ley, la rebelión es nuestro deber”, decía una de las pancartas que portaban cientos de manifestantes en Nueva Zelanda y que eran vigilados de cerca por un fuerte dispositivo de antidisturbios.

El TPP ha sido criticado por el secretismo que ha rodeado las conversaciones que comenzaron hace cinco años y porque amenaza, según ONGs y centrales sindicales, los derechos laborales, el acceso a los medicamentos y el medio ambiente.

Otro de los puntos del acuerdo que consideran polémicos es el que abre el camino a que los inversores extranjeros puedan demandar al Estado por cambios que afecten a sus inversiones.

La ministra peruana de Comercio Exterior, Magali Silva, descartó en declaraciones a Efe por teléfono que este apartado vaya a ser un problema en Perú.

“El TPP no cambia de ningún modo” la legislación de protección de los derechos soberanos del Estado peruano que el país andino dispone desde “muchísimo antes que cualquier negociación de cualquier tratado internacional”, afirmó Silva.