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Ante los señalamientos por las licencias para pesca de atún, Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad

Sat, 01 Mar 2025 06:10:00 +0000

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Ante los señalamientos por las licencias para pesca de atún, Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad

La Comisión Nacional Contra la Corrupción menciona vulnerabilidades y discrecionalidad en el proceso para otorgar licencias para pesca de atún, hizo una propuesta, pero dice que cada institución debe investigar. En un comunicado conjunto con el Maga emitido anoche informaron de 10 acciones implementadas, incluyendo revisión de licencias.

Rosa María Bolaños

1 de marzo de 2025 | 00:10h

La propuesta de la CNC “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, que incluye áreas clave como la revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

La Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) empezó a dar seguimiento a las denuncias públicas por el otorgamiento de licencias para la pesca o captura de atún luego de citaciones a funcionarios que surgieron en el Congreso de la República.

Respecto a la consulta si se ha investigado y qué detectaron, la CNC respondió que, por mandato legal, no puede investigar estos hechos, y expuso que dentro del Organismo Ejecutivo, son las propias instituciones, por medio de las Instancias de Asuntos de Probidad y sus órganos de control, quienes están desarrollando las investigaciones administrativas, pero refirió que puede brindar el acompañamiento que sea necesario.

Se solicitó ampliación de información respecto a señalamientos que surgieron hacia ambas vías, es decir en contra de la exviceministra viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque así como en contra del ministro de Agricultura, Maynor Estrada y otros funcionarios pero la Comisión no ha respondido.

Sin embargo, expuso que realizó acciones dentro de su competencia, solicitando al Ministerio que se informara sobre las medidas adoptadas al respecto.

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Añadió que, como parte de las acciones de la CNC, se emitieron y se presentó al Ministerio un documento con las propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), y se agregó que dicho instrumento tiene como objetivo transparentar los procesos relacionados a esta área.

CNC propone revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes

En el documento mencionado la CNC refiere que en años recientes se han detectado riesgos de opacidad en ciertos procesos, como el otorgamiento de licencias y la gestión de expedientes sancionatorios, los cuales exponen a la institución a vulnerabilidades que pueden derivar en prácticas corruptas y una administración deficiente.

Añade que la falta de transparencia en la actualización de expedientes y en la publicación de información clave ha generado dificultades para el control ciudadano y la auditoría de las actuaciones de Dipesca. Este vacío reduce la confianza pública en la institución y limita el acceso a la información necesaria para monitorear el cumplimiento de las normativas en el sector, por ello, la Comisión refiere que se vuelve imprescindible establecer medidas que garanticen la divulgación de datos oportunos sobre los procesos de licencias y sanciones.

“La falta de acciones de transparencia ha permitido que existan espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de licencias pesqueras, así como en el control de expedientes sancionatorios”, se agrega en el documento. Con ello, añade, se ha caído en situaciones donde las licencias se otorgan sin una adecuada divulgación, los expedientes sancionatorios permanecen no se gestionan, limitan la fiscalización efectiva de los actores del sector y crean incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones de la institución.

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La propuesta “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, y se orientan a fortalecer la transparencia de las actuaciones de Dipesca, en áreas clave como:

La revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes;
Desarrollo e implementación de sistema de monitoreo integral:
Fortalecimiento del proceso de inspección y del régimen sancionatorio;
Transparencia de actuaciones;
Desarrollo de acciones de sensibilización;
Elaboración y distribución de manual de buenas prácticas;
Y, fomento de la participación ciudadana.

CNC refiere que ante vulnerabilidades las propuestas buscan paliar los grados de discrecionalidad que existen en la actualidad y suministrar elementos técnicos para una adecuada gestión.

10 acciones que implementa el Maga

Por la noche del viernes 28 de febrero la CNC y el Maga emitieron un comunicado conjunto en donde indican que se efectúala gestión de procesos transparentes y apegados a la Ley General de Pesca y Acuicultura, y enlistan 10 acciones que el ministerio ha implementado para la revisión y otorgamiento de las licencias para captura de atún y pesca en general, y que incluyen un proceso de ordenamiento interno y con acompañamiento de la Comisión:

El 4 de noviembre del 2024, CNC entregó el documento mencionado de “Propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dipesca”.
Se han realizado cobros de las sanciones por el incumplimiento al artículo 75 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en los años comprendidos del 2021 al 2024, gestión que no se había llevado a cabo anteriormente.
No se otorgó prórroga de licencia a un concesionario por incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura y el contrato respectivo.
Se solicitó la devolución al capítulo de Guatemala de la capacidad de volumen de bodega, dado en calidad de préstamo a la República de Panamá y utilizado por una concesionaria.
Se trasladó y rotó personal, buscando la eficiencia y transparencia que el servicio de Dipesca realiza.
Se inició el proceso de revisión para determinar la procedencia para dar de baja a licencias por incumplimiento de algunos concesionarios.
Se creó la Unidad de Probidad, mediante el Acuerdo Ministerial 101-2024, en agosto del 2024, que tiene por objeto implementar y ejecutar las acciones y lineamientos técnicos en materia de ética y probidad.
En el 2025 se ha trabajado las mesas de gobernanza para la divulgación e implementación del calendario de vedas en el caribe guatemalteco.
Se trabajó en las mesas de gobernanza del camarón en el pacífico guatemalteco, con el límite de embarcaciones de camarón.
Se aprobó la auditoría que hizo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), para exportar camarón a EE. UU., esto se debe porque se cumplió el seguimiento y las inspecciones a los dispositivos excluidores de tortugas.

Se agregó que el Maga por medio de sus órganos de control interno y la Unidad de Probidad, ejecutará las acciones necesarias para identificar oportunidades de fortalecimiento institucional y detectar posibles irregularidades, aplicar las medidas de transparencia y de ser el caso presentar las denuncias ante las instancias competentes.

Contexto

La polémica por el otorgamiento de licencias se divulgó en octubre en citaciones del Congreso, y resurgió este mes, luego que el 25 de febrero el Maga informó que la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque Sierra renunció por aspectos personales, y su retiro se hizo efectivo el 24 de febrero.

Guatemala tiene asignada una cuota para captura de atún de 9 mil 400 metros cúbicos. El Maga, por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, según datos de octubre del 2024.

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Sin embargo, parlamentarios cuestionan desde esas fechas, que de todas las embarcaciones a las que se les ha otorgado licencia desde hace años, ninguna tiene bandera de nacionalidad guatemalteca, por lo que trasladan el producto a otros países y algunas no han cumplido con hacer cuatro entregas de producto al año en Guatemala. Se denunció públicamente que incluso el expresidente Alejandro Giammattei las exoneró del pago de varias multas, días antes de dejar el cargo.

Luego de vencerse el plazo de la licencia a una de estas embarcaciones el Maga decidió no renovarla, y esa semana el ministro confirmó que la nueva licencia se otorgará a la embarcación Sant Diego Uno, de Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos, indicando que esta compañía de capital español ya opera en Guatemala y ha efectuado diversas inversiones.

En el Congreso durante el mes, diputados de Vos, volvieron a cuestionar el caso, indicando que la exviceministra estaba entorpeciendo el otorgamiento de la licencia y favoreciendo a otras empresas. En tanto la polémica se reavivó luego de la renuncia de Montepeque, ya que al día siguiente circuló un documento donde supuestamente la exfuncionaria hacia señalamientos contra el ministro, otros funcionarios del Maga, parlamentarios y ejecutivos de la empresa mencionada.

Montepeque no respondió a las solicitudes de información para verificar si ella había emitido el documento y los señalamientos, mientras que Estrada dijo que no se pronunciaría porque se trataba de un documento apócrifo, y dijo que el jueves la exviceministra le indicó que ella no había participado en la elaboración de dicho documento.

El ministro dijo que había pedido al CNC investigar el tema de las licencias, y la CNC dijo que puede dar acompañamiento pero cada entidad debe hacer las investigaciones administrativas por medio de su unidad de probidad. La Comisión ya no respondió la solicitud de ampliación de información efectuada.

Manejo de licencias de atún genera polémica y confusión de quién debe investigar supuestos señalamientos

Fri, 28 Feb 2025 11:00:00 +0000

Procesos

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Manejo de licencias de atún genera polémica y confusión de quién debe investigar supuestos señalamientos

En medio de los procesos para las licencias han surgido denuncias públicas de señalamientos, favoritismo o entorpecimiento para la aprobación de los permisos sobre la pesca de esa especie.

Leslie Sánchez, Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

28 de febrero de 2025 | 05:00h

Según el Maga, en los próximos días se otorgará una licencia de pesca de atún a la embarcación Sant Yago Uno, propiedad de la empresa de capital español que cuenta con una planta en Escuintla. (Foto, Prensa Libre: cortesía).

En octubre del 2024 se informó en una citación de la bancada Vos en el Congreso que Guatemala tiene una cuota anual de pesca de 9 mil 400 metros cúbicos y que hace años se había otorgado las licencias otorgadas a siete empresas pero que ninguna embarcación tenía bandera guatemalteca, por lo que la especie que se captura en la zona económica se destinaba hacia Panamá y Ecuador.

Según se indicó en esa citación, que el Maga por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, y que estas tienen la obligación de hacer cuatro entregas de producto en Guatemala, pero que algunas no lo cumplían.

En esa ocasión la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no habían realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con multas, cuyos procedimientos datan de entre el 2021 y el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

En tanto durante la presenta semana el Maga informó que la viceministra renunció al cargo por razones personales, cuya renuncia se hizo efectiva el 24 de febrero, según el boletín emitido por esta institución.

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Un día después, el 27 de febrero, circuló un documento supuestamente emitido por Montepeque, donde se señala que dicha renuncia no fue voluntaria, sino que el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, la forzó a presentarla, porque no accedió a la petición de él, quien junto a otros funcionarios querían quitarle la licencia a una empresa para otorgarla a otra.

Consultado sobre las razones de la renuncia de la exviceministra, refirió que son cuestiones muy personales y situaciones particulares cercanas a su entorno familiar, por lo que le pertenece a ella la información porque es muy privado porque “son cuestiones más que todo de carácter personal y ligadas a su entorno familiar”.

Se intentó contactar a Montepeque, pero no ha respondido a las llamadas, mensajes y solicitud de información para confirmar si emitió o no el documento con los supuestos señalamientos. Sin embargo, Estrada declaró que no emitiría opinión acerca del contenido porque se trata de un documento apócrifo o anónimo que no tiene firma.

Añadió que la exviceministra le habló el jueves por la mañana, que le dio a conocer que se encontraba muy afectada y le aseguró que no había participado en la elaboración de ese documento y que no había tenido nada que ver con ello.

El funcionario mencionó que Montepeque le comentó que estaba emocionalmente bastante afectada porque se sentía muy ofendida tomando en consideración de que la ponían en entredicho con él. Estrada indicó que, para dar declaraciones a los medios de comunicación, llamó a la exfuncionaria para consultarle si le autorizaba hacer público lo conversado al respecto, porque había sido “una plática muy personal con ella” y que no tuvo ningún impedimento para porque consideraba que era muy oportuno que el ministro hiciera esa aclaración en su nombre.

Estrada añadió que “no voy a referirme a lo expresado en ese documento apócrifo, anónimo y con muchas falsedades”.

Trasladarán cuota con licencia a otra embarcación

Consultado acerca de las denuncias públicas que se dieron a conocer en el Congreso en la citación desde octubre del 2024, de que se estaba favoreciendo algunas empresas con buques de bandera no guatemalteca y que ahora se buscaba abrirle espacio a la planta española mencionada.

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Dijo que han sido citados en varias oportunidades por una bancada donde les han cuestionado sobre las licencias de atún.

Explicó que la pesca del atún se hace en aguas internacionales y no en las aguas nacionales, aspecto que está normado por la Organización Internacional de Atún, la cual asigna las cuotas a los países.

Añadió que en agosto del 2024 se venció la licencia para una embarcación, que no había cumplido lo establecido en la ley de pesca de hacer las cuatro entregas producto al país y que tampoco había cumplido con el pago de las multas impuestas por ese incumplimiento, por lo que se decidió ya no renovarla.

Explicó que se notificó a la empresa la cual llevó a cabo el procedimiento administrativo jurídico correspondiente, presentó las revisiones y diversas acciones legales para revertir esa decisión, y que el caso llegó a la Corte de Constitucionalidad la cual a finales de enero 2025 determinó que la cuota es soberana del país y que le pertenece por lo que puede disponer de la misma.

Estrada explicó que basados en esa resolución mantienen su postura de no renovar la licencia y en los próximos días van a trasladar la cuota a la otra embarcación que tiene bandera guatemalteca, cuya empresa atunera con capital español ha invertido en el país, en especial en Puerto de San José y que cuenta con una planta en Escuintla.

La cuota será de 1 mil 900 metros cúbicos, que incluyen los 1 mil 200 que tenía autorizados la licencia vencida, cuota que recuperó el país, y alrededor de otros 600 que se tenían de sobrante.

¿Quién investigará?

El ministro dijo que pidió a la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) que investigue acerca del procedimiento para otorgar las licencias de pesca, caso que, según Estrada, incluso podría involucrar a algunos funcionarios dentro del ministerio.

“Eso es parte de todo el trabajo que estamos haciendo, yo creo que ahorita sería adelantar hechos que en alguna medida pueden afectar el proceso, pero creo que lo más importante es que hemos venido a poner orden”, enfatizó el ministro.

Consultada la CNC respondió esta semana que dio seguimiento a los señalamientos luego de las citaciones en el Congreso en octubre último, pero expuso que por mandato legal, no puede investigar esos casos, y que dentro del Organismo Ejecutivo son las propias instituciones las que deben desarrollar las investigaciones por medio de las instancias de asuntos de probidad y sus órganos de control, aunque refirió que la Comisión pueden brindar acompañamiento.

Licencia, embarcaciones e inversión

A partir de esta semana se tendrá la primera embarcación con bandera guatemalteca para pesca de atún.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) decidió otorgar en los próximos días la licencia para la embarcación Sant Yago Uno, de la empresa Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos.

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El gerente de la compañía (una empresa de capital español instalada en el país), Guillermo Rodríguez Mahuad indicó que la embarcación es de bandera guatemalteca y esperan que este viernes 28 de febrero el Maga les entregue la licencia, lo cual les permitirá empezar a efectuar la captura de atún.

En la actualidad genera 600 empleos directos, y se llega a 3,600 jornales.

El ejecutivo señaló que se está haciendo una inversión de US$60 millones que incluye dos embarcaciones con bandera nacional, Saint Yago Uno y Sant Yago Tres, una planta de harina de pescado, módulo para vitaminas, y dos plantas para la producción de lomo fresco al vacío, y una generadora de energía eólica.

El precio promedio por tonelada de atún en el mercado es de alrededor de US$2 mil.

Rodríguez expuso que la Ley de Pesca de Guatemala establece en su artículo 25 que las cuotas de acarreo en el Océano Pacífico, solo a pueden ser concedidas a barcos de bandera guatemalteco, sin embargo, aseguró que desde 2005 se han concedido las cuotas de acarreo a buques no guatemaltecos, sino a ecuatorianos y panameños.

El tema es complejo y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Ciat) es el órgano que rige el control de la existencia en el Océano Pacifico, refirió explicando que recientemente había una disponibilidad de 600 metros cúbicos de túnidos, pero se congeló la cuota y no se ha notificó a la Ciat. Señaló que el caso se ha alargado porque otras partes han utilizado recursos legales para poderse apropiar del cupo.

Añadió que las autoridades del Maga recuperaron esa cuota para Guatemala y requirió que se notificará a la Ciat, pero por diversas razones no se ha gestionado, por lo que está varado el expediente.

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Rodríguez Mahuad, aseguró que quienes obstaculizan la autorización de cuotas están muy organizados porque presentaron un recurso de revisión y en dos días se les otorgó un amparo por lo que considera que hay muchos involucrados.

Una cuota que no ingrese a Guatemala representa una sanción de US$30 mil y se tiene por ley dejar cuatro durante el año, añadió.

Recordó que la planta ubicada en Escuintla se ha quedado paralizada por un periodo de hasta 60 días por la falta de materia prima.

Se ha calculado que los cinco barcos que tienen cuota de Guatemala obtienen ingresos por unos US$150 millones y no ingresa ningún atún, ni se ha desarrollado ninguna otra industria.

Reiteró que, en el caso de Costa Rica y El Salvador, que tienen cupo de ese país, los obliga entregar todo el pescado por lo que para Guatemala debe ser lo mismo.

“¿Qué se ha hecho?, la verdad es que habría que preguntarle a la exviceministra cuáles son los resultados que estuvo ahí”, señaló Rodríguez Mahuad.

Mayaniquel reclama US$100 millones al Estado de Guatemala en el inicio del proceso para arbitraje

Thu, 10 Oct 2024 11:00:00 +0000

Minería

Mayaniquel reclama US$100 millones al Estado de Guatemala en el inicio del proceso para arbitraje

El Ministerio de Economía recibió la solicitud de consultas e intención de arbitraje y ya corre el plazo de los seis meses para llegar a una conciliación.

Rosa María Bolaños

10 de octubre de 2024 | 05:00h

Mayaniquel posee la licencia para el proyecto de extracción Minera Sechol, ubicado en el área de Panzos, Alta Verapaz, que se observa en la foto de archivo, pero suspendió operaciones- (Foto, Prensa Libre: Mayaniquel).

Los accionistas de la minera Mayaniquel, S. A., empezaron el proceso para un arbitraje internacional de inversión en contra del Estado de Guatemala porque no se les ha aprobado la credencial de exportación, informaron ejecutivos de dicha firma.

La intención del reclamo internacional fue presentada al Ministerio de Economía (Mineco) el 13 de junio pasado, y según el procedimiento, se tienen seis meses para conciliar; de no lograrlo, se puede llegar al arbitraje, explicó Estuardo Asturias, director de Asuntos Corporativos de la minera.

En tanto que el Mineco dio a conocer por la tarde que la solicitud de consultas e intención de arbitraje fue presentada por la empresa International Metal Supply Holding, S. A., en nombre de su subsidiaria guatemalteca Mayaniquel, S. A.

El reclamo asciende a US$100 millones, más gastos y costas, dijo el Mineco a Prensa Libre.

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El ejecutivo de la empresa afirmó que “la parte inversionista ha estimado que ha sufrido daños por cientos de millones de dólares. El monto definitivo dependerá del momento en el tiempo en que pueda existir un laudo”.

Mediador

La minera se vio obligada a suspender operaciones por las sanciones emitidas por autoridades de Estados Unidos, que la empresa califica de erróneas, dijo el ejecutivo.

Aunque la licencia minera fue reactivada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en agosto último, la empresa no puede empezar a operar porque el 70% sale del país y a la fecha no se le ha emitido la credencial de exportación, se indicó.

Según Asturias, el arbitraje se llevará a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial, con base en un acuerdo de inversión entre Suiza y Guatemala.

El acuerdo para la protección e inversión recíproca para ambos países fue firmado en el 2002 y entró en vigor en el 2005.

“Sanción errónea”

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó en noviembre del 2022 a tres empresas mineras en Guatemala, a las cuales relacionó con dos ejecutivos, uno ruso y una bielorrusa, señalados de actos de soborno y corrupción.

Una de ellas fue Mayaniquel, pero la compañía asegura que se trató de una designación errónea y que lo demostró con las diferentes acciones presentadas a la Ofac, según Asturias.

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A mediados de diciembre de 2022, la empresa anunció la suspensión de operaciones de forma indefinida, como “consecuencia de la errónea designación”, liquidó a sus trabajadores y pagó a sus contratistas. En enero de 2024, la Ofac levantó las sanciones a las mineras.

Luego de casi dos años sin operar, y nueve meses de buscar reactivar sus permisos, el MEM no ha emitido la credencial de exportación, resaltó el ejecutivo, quien señaló que dicha cartera no les ha explicado las razones y que solo han tenido una reunión oficial de conciliación después de presentada su intención de arbitraje.

Afirmó que también se tuvo un acercamiento con el presidente Bernardo Arévalo, pero que no se han obtenido respuestas positivas.

Últimos procesos

Julio Alberto Luna, director de Minería del MEM, informó que la suspensión de la licencia de explotación del proyecto Sechol de Mayaniquel ya se levantó.

Luego, la empresa solicitó la gestión de credenciales de exportación y ante la mencionada solicitud, debe cumplir con dos requisitos: solvencia financiera, con la que ya cumplió, y la solvencia técnica, que se analiza luego de haberse efectuado una visita de campo la semana pasada. “Esperamos que el Departamento de Control Minero tenga resultados esta semana”, agregó Luna.

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Por otro lado, el Mineco respondió que no ha sostenido ninguna reunión en el marco de la solicitud de consultas e intención de arbitraje, ya que, “a nivel técnico, se está dando seguimiento a las acciones que ha realizado el Ministerio de Energía y Minas, como ente rector y responsable de otorgar las licencias y permisos mineros”.

“Entendemos que la empresa Mayaniquel y el MEM se encuentran realizando las gestiones y procesos administrativos que corresponden”, expuso.

Consultado Asturias acerca de si podrían retirar la intención de arbitraje al otorgarles la credencial para exportar, respondió que debían analizarlo porque “el daño a las inversiones ya está hecho”.

Refirió que luego de tener credencial van a necesitar de seis a ocho meses para empezar a operar. Además, recordó que se perdieron mil 500 empleos y que la pérdida de inversión en el área del Valle del Polochic es de más de Q400 millones anuales.

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Casos de arbitrajes

Estos son algunos de los casos que enfrenta o ha enfrentado en demandas de arbitrajes internacionales el Estado de Guatemala:

Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates —Pendiente—.
Grupo Energía Bogotá, S. A., E.S.P. and Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A., número 48/2020 —Pendiente—.
Grupo Energía Bogotá, S. A., E.S.P. and Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A. (número 59/2021) —Concluido—.
Energía y renovación Holding —Pendiente—.
Iberdrola —concluido—.
Proceso de conciliación de APM Terminal —concluido en septiembre de 2024—.

Pagados

En 2013, Railroad Development Corporation c. República de Guatemala, por US$14.5 millones.
En 2022, Teco Guatemala Holdings, LLC, por US$46 millones.

El listado fue elaborado con información de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Finanzas y la página del Ciadi.

Nota del editor: El presente artículo fue modificado por el autor el 10 de octubre a las 15:50 horas a petición de la empresa Mayaniquel la cual expuso que en la conferencia de prensa mencionó de forma errónea a la firma Telf AG como la solicitante de la intención de arbitraje, siendo lo correcto International Metal Supply Holding, S. A. como lo informó Mineco.

¿Qué es la moratoria para la minería metálica? Comisión de Energía dictaminó a favor una nueva propuesta por cinco años

Tue, 08 Oct 2024 11:00:00 +0000

Industria extractiva

¿Qué es la moratoria para la minería metálica? Comisión de Energía dictaminó a favor una nueva propuesta por cinco años

De tres iniciativas que existen en el Congreso para declarar una moratoria minera, la Comisión de Energía y Minas, de ese organismo, emitió dictamen favorable integrado para dos de ellas.

Rosa María Bolaños

8 de octubre de 2024 | 05:00h

Ponentes ven la moratoria como una posibilidad de ordenar actividades mineras, pero sector lo ve como una amenaza a las inversiones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Con la integración de la iniciativa 6049 presentada por diputados de Semilla en el 2022, y la 6335 propuesta por la bancada VOS en el 2024, la Comisión de Energía y Minas dictaminó a favor de una moratoria de minería metálica por cinco años.

La primera, la proponía por el plazo de 10 años; y la segunda por 3 años. La nueva propuesta integrada incluye seis artículos y deberá ser conocida en el pleno del Legislativo, mientras que la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció en contra.

El presidente de la Comisión mencionada Orlando Blanco, y diputado de VOS, considera que es un tiempo prudente ya que esa moratoria se plantea como un plazo para ordenar las actividades de exploración y extracción minera en el país.

Explicó que está enfocada a la minería metálica, que incluye la explotación de recursos no renovables entre ellos minerales preciosos o de mayor costo, que en el caso de Guatemala incluye: oro, plata y níquel, entre otros.

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Sin embargo, no se contempla moratoria a la minería no metálica que incluye los materiales de construcción. Además, no tiene carácter retroactivo, es decir, las licencias actuales no se verían perjudicadas, agregó el parlamentario.

La idea es que se pueda ordenar por parte de Guatemala todo el tema de minería porque hay mucho desorden, y además que el pago de las regalías es muy bajo, refirió.

Banco de datos

Blanco, agregó que es indispensable que se genere un banco de datos en el que como Estado se pueda tener un inventario de minerales y metales que existen en el suelo y subsuelo y diseñar una política de explotación de esos recursos de forma sostenible, y que se logre consenso para la aprobación de una ley de minería incluyendo el tema de regalías y de licencias.

Esto incluye el tema de las licencias ambientales del Ministerio de Ambiente, y el tema de las consultas comunitarias basado en la obligación de los convenios 169.

Considera además que si ese proceso de ordenamiento pudiera llevarse en menos tiempo se podría levantar la moratoria antes del plazo en mención.

Se podría modificar plazo

Blanco indicó que tienen expectativas de lograr los votos en el pleno, pero el tema se deberá discutir. Algunos diputados dijeron que no probarían el dictamen porque consideran que es por mucho tiempo, pero el plazo se puede discutir en el pleno y si es necesario para aprobarla se podría reducir modificándolo en el pleno.

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Según la propuesta en el dictamen integrado la moratoria de minería metálica es la suspensión temporal del otorgamiento de un nuevo derecho minero o prórroga de una ya existente.

Además de aprobarse así, el MEM deberá establecer en el plazo de dos años un reglamento que contenga aspectos técnicos, administrativos, medidas ambientales y programas sociales. Así como la actualización de registros mineros y de tierras raras en un plazo de tres años.

En el caso del Ministerio de Ambiente, deberá suspender la autorización o prórroga de estudios de impacto ambiental y actualizar, en el plazo de dos años, los reglamentos respectivos.

Revertiría avances

La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) se expresó en contra de esa iniciativa y dictamen.

Cita que el país logró que la agencia Standard & Poor’s confirmara (en abril 2024) la calificación de riesgo BB para Guatemala, con una mejora en la perspectiva, aspecto que refleja la confianza en la estabilidad financiera.

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Sin embargo, Grenat añade que la iniciativa de moratoria minera presentada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas amenaza con revertir estos avances, afecta los derechos adquiridos y proyecta la imagen de Guatemala como un país poco serio para la inversión extranjera.

En cifras la gremial señala que el sector atrajo capitales de más de US$3 mil millones para la construcción de la infraestructura necesaria para la operación de los proyectos mineros que durante el período 2014 a 2016 representaron 1.3% del producto interno bruto (PIB), se crearon unos 35 mil empleos, y generó una huella económica de Q20 mil millones con contribución Estado con más de Q600 millones en regalías e impuestos.

“A nivel mundial, la minería ha sido clave en el desarrollo de países como Canadá, Chile, Noruega, China, Brasil, México, Colombia, República Dominicana, Australia, Suecia, Alemania, Reino Unido, impulsando su crecimiento industrial y económico. Guatemala puede seguir ese camino si se promueven políticas responsables de aprovechamiento de los recursos naturales”, añadió la gremial en un comunicado emitido el 7 de octubre.

Planes oficiales

Desde enero del 2024, funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicaron que implementarían una moratoria minera de entre dos a tres años. El fin era ordenar la actividad y lograr en ese tiempo establecer leyes mineras, separando los dos tipos como la metálica y la no metálica.

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Posteriormente Ventura dijo que no había necesidad de enviar una iniciativa al Congreso porque ya existían varias, y en una conferencia junto al presidente Bernardo Arévalo, ambos funcionarios dijeron que podría ser mediante un acuerdo gubernativo, aspecto que no se ha concretado.

Actualmente, hay cuatro mineras metálicas suspendidas por diferentes motivos. Para una la Corte de Constitucionalidad ordenó en 2018 que el Estado tiene que efectuar consultas comunitarias cuya obligación establece el convenio 169 de la OIT. En otro caso, le falta su consulta. Por último, dos más que pidieron suspensión de operaciones luego de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y las cuales lograron salir de esa lista este año.

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Rosa María Bolaños

9 de septiembre de 2024 | 05:00h

CGN (minera) y Pronico (procesadora), están instaladas en El Estor, Izabal. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se aprestan a retomar operaciones, después de que en enero último la Oficina de Bienes Extranjeros (Ofac), del Departamento de Estado de Estados Unidos, les retirara las sanciones emitidas a finales del 2022, y de que la procesadora obtuviera sus credenciales para exportar en agosto de este año.

Marco Aceituno, presidente de CGN y Pronico, y Denys Shevchenko, director de Operaciones de Solway Investment Group, se refieren a cómo será la reactivación de las operaciones.

¿Cuál es la situación actual y qué les hace falta para empezar a operar?

Aceituno: Las licencias son de dos tipos y en cada empresa es diferente.

CGN tiene dos licencias mineras de extracción en Izabal, y en la actualidad aún no tiene sus credenciales de exportación; fueron solicitadas en noviembre y diciembre del 2022.

¿Las dos licencias están vigentes?

Aceituno: El estatus de las licencias mineras está vigente, activo, son licencias otorgadas por 25 años prorrogables por 25 años adicionales. La de Fénix fue otorgada en el 2006 y la de Niquegua Montúfar en el 2013. Todavía tienen varios años para continuar vigentes.

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¿Pueden operar o tienen algún aviso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para no hacerlo?

Aceituno: No tenemos ningún inconveniente, podemos operar, hacer la extracción, incluso hacer el movimiento —de material—, ya sea hacia la planta de proceso o hacia el puerto, pero sin la credencial de exportación de mineral de mena de níquel no se puede exportar. Es decir podemos extraer, pero no podemos venderla al mercado internacional. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no rechaza la consulta efectuada en el 2021. Por ende, el proceso sigue vigente y por esa razón nuestra licencia de extracción minera de Fénix, también.

¿Qué hace falta para obtener la credencial de exportación?

Aceituno: Ya no hace falta nada, solo la decisión del MEM del otorgamiento. Pero ellos dicen que están haciendo una revisión, es la primera vez que sucede eso, porque en anteriores ocasiones se cumplía la fase de trámites y la otorgaban.

Shevchenko: Pero no es algo que están haciendo solo con CGN. El MEM también está revisando todos los proyectos de níquel del país para, como dicen ellos, mejorar procedimientos, control y fiscalización.

Marco Aceituno, presidente de CGN y Pronico, y Denys Shevchenko, director de Operaciones de Solway Investment Group, explican las fases previstas para reiniciar operaciones. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

¿Cómo será la reactivación de operaciones en CGN?

Shevchenko: Tenemos en almacenes mineral que ya fue extraído en el 2022 y que podría ser exportado o procesado. Lo que nos hace falta para arrancar son las credenciales de exportación de mena de mineral níquel y de hierro, y hacer las negociaciones con los compradores.

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Está pendiente una consulta comunitaria sobre el proyecto Fénix, ordenada por la CIDH en diciembre del 2023, y que debe efectuar el Estado. ¿Pueden operar sin la consulta?

Shevchenko: Cuando reiniciemos —las operaciones de extracción— vamos a hacerlo en áreas más cerca de la planta procesadora, pero el área de esta comunidad está más lejos y en nuestro plan tenemos previsto trabajar en el lugar dentro de ocho o en 10 años. Entonces, hay bastante tiempo para que el Gobierno pueda desarrollar sus actividades y cumplir con la sentencia.

Según el MEM —por declaraciones del director de Minería—, se debe esperar hasta llevar a cabo la consulta a la comunidad pendiente para que pueda operar el proyecto Fénix. ¿Qué opinan?

Aceituno: Tuvimos reuniones con ellos y nos indicaron que el tema puede ser paralelo.

Shevchenko: El MEM podría pensar que no se puede trabajar en esta área donde está esa comunidad, pero tenemos otras áreas más lejanas.

Necesitan la consulta

Consultado el director de Minería del MEM, Julio Luna, confirmó que CNG tiene dos licencias mineras, Fénix y Montúfar.

No obstante, dijo que Fénix necesita completar una consulta en las comunidades específicas que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Fénix, posiblemente, no entre a operar de inmediato hasta que resuelva el tema de la consulta”, proceso que debe coordinar e iniciar el viceministerio de Desarrollo Sostenible, explicó.

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Agregó que según se expuso en una reunión del MEM, dicho proyecto iba a necesitar dicha consulta y se está hablando de un plazo de cinco o seis meses.

“La licencia de CGN está vigente, pero lo más probable es que las operaciones de CGN y de Pronico van a necesitar tiempo para regularizarse y empezar a operar”, dijo.

Como CGN tiene otra licencia denominada Montúfar, esta sí puede trabajar y aportar la materia prima para Pronico, que es la procesadora, añadió.

Llaman a diálogo intersectorial para reactivar la minería metálica guatemalteca

Wed, 28 Aug 2024 11:00:00 +0000

Industria Extractiva

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Llaman a diálogo intersectorial para reactivar la minería metálica guatemalteca

La Cámara de Industria y la Grenat exhortan a discutir posibles soluciones a los problemas que afronta el sector minero metálico, ya que su actividad se detuvo desde hace varios años.

Rosa María Bolaños

28 de agosto de 2024 | 05:00h

Varios proyectos de minería metálica siguen en suspenso, y el sector percibe incertidumbre por lo que cree necesario impulsar diálogos. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras de Guatemala (Grenat) hicieron un llamado público para que se establezca un diálogo entre diferentes sectores involucrados, lo que incluye al gobierno, empresas, sociedad y otros.

Ello, a raíz de los desafíos y la incertidumbre que vive el sector, según el presidente de la CIG, Raúl Bouscayrol, quien agregó que la minería representó el 0.6% del producto interno bruto (PIB) en 2022, pero en su mejor momento, hace alrededor de 10 años, llegó a representar el 1.6%. “Esto significa que pasó de representar una producción de Q7 mil millones hace 10 años a Q2 mil millones más recientemente”.

Esto, a pesar de que esta actividad productiva ha sido un catalizador para el desarrollo de otras industrias creando un efecto multiplicador que beneficia a toda la economía, indicó.

A su criterio, la minería en Guatemala ha enfrentado varios desafíos en los últimos años y el 2024 ha sido especialmente complicado para el sector, debido a la incertidumbre jurídica, los conflictos sociales y la falta de consensos. “Para superar los desafíos, es fundamental establecer un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados, el gobierno, las empresas, las comunidades y la sociedad civil”, expresó.

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En tal sentido, dijo que se debería buscar consensos para establecer un marco regulatorio que promueva la inversión en el sector minero, mientras se garantiza la sostenibilidad. Como ejemplo citó que ya se ha manifestado la importancia de la reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a las consultas a poblaciones indígenas.

El ejecutivo mencionó que el país tiene un gran potencial para esa industria, pues estimaciones especializadas divulgadas en el 2023, si se contara con las minas activas de oro, plata y níquel, el sector podría contribuir para el 2027 con aproximadamente el 1.33% del PIB, más los aportes que conllevaría para el Estado y la generación de unos 39 mil empleos.

El panorama

Roberto Morales, presidente de la Grenat afirmó que este año ha sido especialmente desafiante para la industria porque hay incertidumbre con cuatro proyectos detenidos, “esperando señales claras de apoyo y reactivación. La falta de acción y estancamiento en la toma de decisiones ha creado un ambiente complicado tanto para las empresas mineras, como para las comunidades que dependen de los aportes económicos y sociales que brindan estas operaciones”.

Los proyectos mencionados por Morales son El Escobal de Pan American (antes San Rafael), ubicado en Santa Rosa y que cuenta con reservas de plata, aún pendiente de que concluya el proceso de consulta comunitaria, y de que el Estado proporcione un cronograma actualizado, explicó Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat.

Sobre Cerro Blanco, para explotación de oro, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa, “la ministra de Ambiente dio a conocer recientemente la revocatoria a la licencia para operar a cielo abierto que la empresa supuestamente recibió en enero”. Y aparte están los procesos para reactivar las minas de níquel, Maya Níquel, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).

Según Zurita, la reactivación de la producción de níquel sería una buena noticia para el sector “porque en lo que va del año no se ha visto ningún avance y se podrá ver realmente de una intención de las autoridades de reactivar la minería”, añadió.

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Por su parte, el diputado Bequer Chocooj, vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, dijo que la minería debe verse como un tema de interés nacional “donde la voz y la visión de los pueblos indígenas debe estar reflejada porque es de interés público el uso y explotación de los recursos naturales de forma responsable y moderada”, mientras que la consulta es un derecho que está garantizado en el Convenio 169 de la OIT.

MEM: “No hay retraso malintencionado”

El director de Minería del MEM, Julio Luna, mencionó en declaraciones a Prensa Libre, que ese ministerio no está actuando con mala intención, sino que se deben seguir procesos que pueden ser tardados, aparte del cambio de gobierno también conllevó retrasos y nuevas revisiones.

Luna dijo que Mayaníquel ya tiene levantada la suspensión y solo tiene pendiente su credencial de exportación. El funcionario explicó que el levantamiento de suspensión fue solicitado por la empresa a finales del año, luego de que solucionó un tema internacional.

La solicitud fue a finales del 2023. Posteriormente fue el cambio de gobierno y “obviamente, querían que se levantara inmediatamente; pero de alguna manera el gobierno tenía que hacer una investigación propia y por eso no se le dio al día siguiente”, añadió.

“No hay un retraso malintencionado, es un proceso. La preocupación del sector es que hay atrasos, pero podríamos decir que las causas iniciales de las suspensiones no fueron nuestras”, expuso.

En el foro en cl cual participaron representantes de diversos sectores se mencionó la necesidad de un diálogo abierto, según indicó Grenat. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

En el caso de CGN, dijo que ya tiene la licencia de explotación pero no la credencial de exportación porque no la ha solicitado, en tanto que ya se le otorgó dicha credencial a Pronico. En cuanto a Cerro Blanco, refirió que le fue revocada la licencia ambiental, pero por parte del Ministerio de Ambiente, debido a temas relacionados con el estudio de impacto ambiental, y con esa decisión, el MEM no puede tener autorizada la licencia de explotación a cielo abierto.

Respecto a El Escobal, insistió en que está en un proceso de consulta organizada por el viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM y la Unidad de Gestión Socio Ambiental. “Este se atrasó un poco porque hasta la semana pasada se nombró al viceministro”, agregó.

El 22 de agosto el MEM dio a conocer el nombramiento de Luis Pacheco como viceministro, luego que el cargo quedó vacante desde finales de abril por la destitución de quien ocupaba ese puesto.

Autorizan a Pronico

Precisamente, este martes 27 de agosto, la compañía Pronico informó en un comunicado que le fue otorgada la credencial de exportación para ferroníquel, que es el producto final procesado, lo que ya autorizó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Marco Aceituno, presidente de Pronico, expresó en el comunicado que “la obtención de esta credencial es solo el primer paso en el camino hacia la reactivación de las operaciones” ya que en la actualidad no disponen de producto para exportar y se busca financiamiento con bancos internacionales para empezar el mantenimiento de la planta de procesamiento.

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Por tanto, se espera que la producción de ferroníquel reinicie en un plazo de 8 a 10 meses, y que la contratación de personal se complete entre 10 y 12 meses. “La credencial obtenida proporciona la certeza necesaria para atraer la inversión requerida para reactivar el proceso productivo”, se añadió.

Antes de la suspensión se exportaban alrededor de 20 mil toneladas de níquel en ferroníquel (este está compuesto por una parte de níquel y dos de hierro).

Según Pronico, Guatemala ha contribuido con aproximadamente el 1.8% de la producción mundial de níquel, y con la renovación de la credencial de exportación, el país está en una posición favorable para aprovechar la creciente demanda de este mineral estratégico.

Esto se logra luego de la eliminación de la empresa de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en enero de 2024.

Extienden licencias de conducir sin previa evaluación

Sat, 29 Jun 2024 11:00:00 +0000

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Extienden licencias de conducir sin previa evaluación

El Departamento de Tránsito de la PNC autoriza certificados digítales y academias operan de forma anómala.

Enrique García y Mauricio Álvarez

29 de junio de 2024 | 05:00h

Las autoridades informaron de la entrega del certificado digital para la primera licencia de conducir. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Obtener una licencia de conducir se ha convertido en un proceso menos riguroso y con muchas opciones para acceder a ella. Desde particulares hasta academias de conducción ofrecen estos servicios sin mayores trámites.

La facilidad de emisión de estas licencias causa preocupación sobre la capacidad de los conductores y la seguridad vial, debido a que cientos de pilotos la obtienen sin someterse a una evaluación práctica.

Las academias del ramo se han convertido en una de las opciones para tener una licencia. Diego Flores, director de la Escuela de Automovilismo (ETA), asegura que varias empresas de este tipo desvirtúan la labor en su afán de hacer publicidad.

“Muchas ofrecen la certificación de manejo solo por asistir a las clases, sin pasar por las pruebas de rigor”, señala Flores, lo cual afecta en gran medida la habilidad de los conductores.
El problema radica en que algunas personas obtienen la licencia sin haber completado el proceso de evaluación exigido. “Hay individuos que ya tienen la licencia y deciden aprender a manejar después, lo cual es absurdo y peligroso”, cuestiona.

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Agrega que esta práctica resulta en una baja calidad de conductores, quienes no han recibido la formación adecuada ni sido evaluados como corresponde, por lo cual son más propensos a verse involucrados en accidentes viales.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) reportaron ocho mil 218 accidentes de tránsito durante el 2023. En el primer trimestre del 2024 se registraron dos mil 128.

Los centros

Las academias de manejo operan con una autorización del Ministerio de Gobernación, mediante un acuerdo gubernativo. Este permite a las academias emitir certificaciones avaladas por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, siempre y cuando el aspirante apruebe tanto un examen teórico y uno práctico.

De acuerdo con cifras del Departamento de Tránsito, en la actualidad existen 120 academias de manejo autorizadas. Estas operan en 21 departamentos, en los distintos Centros de evaluación de conductores de vehículos (Cecove).

Los Cecoves son los únicos entes autorizados para llevar a cabo dichas evaluaciones teóricas y prácticas que exige la obtención del certificado de licencias de conducir. Por su parte, las academias de manejo solo se encargan de la enseñanza a quienes contratan sus servicios.

Denuncias

El Departamento de Tránsito es la dependencia encargada de la supervisión y control de las escuelas de manejo en el país, así como del reglamento de los Cecoves.

De acuerdo con Brenda Santizo, portavoz de la citada unidad de la PNC, las denuncias por incumplimiento de las escuelas de manejo las atienden de inmediato y verifican que estas cumplan con las directrices y procedimientos que establece la ley.

“Siempre recomendamos a la población que no se deje engañar por personas o tramitadores ilegales que venden las licencias de conducir o que no les dan un buen servicio”, enfatizó Santizo.
Otra recomendación que pone en valor y considera fundamental es que las personas no busquen atajos a través de mecanismos paralelos para la obtención de licencias de conducir, sino solo los que estipula la legislación.

Soluciones

En el 2016 se modificó la ley para permitir la obtención de una licencia tipo B a los 21 años, con el propósito de aumentar el número de conductores. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para garantizar la seguridad vial.

Flores argumenta que debería existir un control mucho más estricto en la emisión de licencias de conducir. “Debemos asegurarnos de que la persona en realidad sepa manejar y haya pasado por un proceso de aprendizaje consciente”, precisó.

Asimismo, sostiene que la capacitación adecuada y la evaluación rigurosa son primordiales para mejorar la calidad de los conductores en Guatemala. “No se trata solo de obtener la licencia, sino de formarse de la manera adecuada para garantizar la seguridad de todos en las vías”, remarca Flores.

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Los requisitos

Para que una persona pueda optar a una licencia de conducir debe recibir como mínimo 15 horas de aprendizaje y los conocimientos básicos de la ley y las señales de tránsito en una escuela de automovilismo.

Después debe dirigirse a un Cecove para someterse a un examen teórico y otro práctico con el fin de obtener un documento que certifica los conocimientos adquiridos que a su vez lo avalan para conducir un automotor.

El costo de ambas evaluaciones es de Q700 y consiste en calificar su conocimiento sobre las leyes de tránsito, así como las habilidades y destrezas que tiene para movilizarse por calles y carreteras.

En el Congreso ya hay tres iniciativas de ley que proponen una moratoria minera

Thu, 04 Apr 2024 11:00:00 +0000

Licencias

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En el Congreso ya hay tres iniciativas de ley que proponen una moratoria minera

Para suspender temporalmente la autorización de licencias de exploración y explotación minera que impulsa el ministerio de Energía y Minas, y que podría ser de dos años, no se necesitaría un proyecto de ley adicional ya que se basarían en los que existen en el Legislativo.

Rosa María Bolaños

4 de abril de 2024 | 05:00h

Las iniciativas de ley que proponen establecer moratoria minera contemplan diferentes plazos y condiciones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, le reiteró al sector extractivo del país que se prepara una moratoria minera con un plazo de no menos de dos años, mientras se moderniza la legislación que rige esa actividad productiva.

El anuncio se efectuó durante el cierre del Segundo Congreso Nacional de Minería Responsable organizado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) y el funcionario añadió que el gobierno y el ministerio apoyarán y trabajarán en la modernización del marco legal, así como en la preparación del proyecto de ley respectivo.

“Eso quiere decir que se suspenden temporalmente las nuevas solicitudes de licencias, pero lo que está en proceso continuará. Estamos pensando en un período prudente de dos años, en el cual se pueda discutir el tema y ponerse de acuerdo”, expresó Ventura, al explicar que habrá un diálogo amplio.

Agregó que están conscientes de la importancia de contar con una minería moderna, sostenible, en los tres ejes del desarrollo como el social, el ambiental y el económico, y sin olvidar los grandes retos de la nueva minería que es impulsar actividades que generen el valor agregado.

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Por su parte, representantes de la gremial mencionada dijeron estar de acuerdo en una revisión seria del marco legal minero y propusieron varias acciones, pero se oponen a una moratoria.

Las iniciativas de ley

Prensa Libre le consultó a Ventura si el gobierno enviará una iniciativa de ley al Legislativo, considerando que ya existen tres (una presentada en el 2024 y dos recuperadas de años anteriores) a lo cual el funcionario respondió que no hay necesidad de enviar una nueva porque ya existen las tres mencionadas.

Esto es lo que contiene cada proyecto:

Iniciativa 6049

Propone la Ley de Moratoria de las Licencias de Reconocimiento, Explotación y Explotación de Minería Metálica; fue presentada a Dirección Legislativa en marzo del 2022 por los diputados que conformaban la bancada Semilla en ese año Román Wilfredo Castellanos Caal, Lucrecia Hernández Mack, Bernardo Arévalo De León y Samuel Andrés Pérez Álvarez. La propuesta fue leída en el pleno en febrero del 2024.

Cuenta con 4 artículos que decretan la moratoria de las licencias y operaciones de reconocimiento, exploración y explotación metálica por un plazo de 10 años. Incluye la prohibición del otorgamiento o prórroga de licencias, y la suspensión de las que tengan una extensión de explotación mayor de 5 kilómetros cuadrados.

Además, establece condiciones para inhabilitar la moratoria, incluyendo que el MEM haya realizado estudios para determinar la presencia de tierras raras y tipos de minerales en el país; y la creación de un reglamento de minería metálica.

También propone reformar los porcentajes de regalías, modificando el inciso 1 del artículo 63 del decreto 48-97. Con ello subirían a 51% las regalías para la explotación de minerales, y del cual el 40% se destinará al Estado, y el 11% a las municipalidades. En la actualidad dicho artículo refiere que es de 1%, ya establece que medio por ciento se destina al Estado y medio por ciento a las municipalidades.

La propuesta no modifica la parte que se refiere a materiales de construcción, que pagarán el 1% de regalías a las comunas.

Iniciativa 6152

Dispone aprobar una ley que declara a Guatemala “Territorio Libre de Minería Metálica Extractivista”, conocida en el pleno del Congreso el 15 de febrero del 2024. Fue presentada por Sonia Gutiérrez y Adán Pérez y Pérez, de Winaq, el 19 de octubre del 2022.

En sus 15 artículos declara de interés nacional la finalización, terminación y cancelación de las operaciones de minería metálica extractiva, a través de actividades del Estado hacia un desarrollo sostenible que procure bienestar social, protección y preservación de la vida y la salud, el agua y los recursos naturales.

El objeto de la ley es establecer el marco jurídico para la finalización de las operaciones de minería metálica extractiva y entre otros temas establece que el MEM debe finalizar las licencias vigentes y no otorgar nuevas, aparte de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe suspender el trámite de estudios de impacto ambiental.

Iniciativa 6335

Propone aprobar una Ley de Moratoria Minera; ingresó al Congreso y al pleno en febrero del 2024, presentada por los diputados de VOS, José Alberto Chic Cardona y Orlando Blanco. Contiene 4 artículos.

Establece la moratoria minera por el plazo de 3 años, también con la suspensión de emisión de licencias de reconocimiento, exploración, explotación de minerales metálicos, con el fin de que el MEM pueda revisar el cumplimiento de planes de trabajo de las licencias que se encuentran vigentes, mediante auditorías.

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En las que se demuestre incumplimiento, deberán proceder el MEM y el MARN para deducir responsabilidades administrativas y penales. El MEM no podrá otorgar licencias en ese plazo.

Las tres iniciativas fueron en enviadas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

“Se pueden hacer enmiendas”

El diputado Samuel Pérez, uno de los ponentes de la iniciativa que presentó la bancada Semilla en el 2022, dijo que se trata de una posición que era del partido, pero que ahora es del gobierno, por lo que hablarán con el ministro Ventura para definir las enmiendas que sean necesarias.

“Nosotros creemos que (la minería) es un mal negocio en un amplio sentido porque deja pocos ingresos para el Estado, genera poco empleo y de mala calidad; prácticamente no contribuye al crecimiento económico y la actividad minera mecánica en particular es especialmente dañina para el ambiente”.

La comunicación con el ministro deberá concretarse en las próximas semanas antes de que salga a receso la actividad del pleno del Congreso, que inicia el 16 de mayo, agregó Pérez.

También se consultó al presidente y al vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Orlando Blanco y Luis Contreras respectivamente, pero no han respondido.

Blanco es ponente de la iniciativa de VOS para una moratoria de 3 años; en tanto, Contreras mencionó en una reunión de dicha sala legislativa con el titular del MEM, el 13 de marzo, que analizarán las iniciativas que fueron trasladadas por el pleno a esa comisión para el dictamen respectivo.

La Grenat se opone a la moratoria

La directora ejecutiva de la Grenat, Valery Zurita, expuso que en el sector están atentos a las iniciativas de ley y a lo que han escuchado respecto a la intención de una moratoria, pero refiere que el artículo 25 de la Constitución Política de la República declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.

Además, que desde 1985, cuando se creó esa Constitución, el país definió cuál era el rol de la minería, “por lo que si se va a hablar de una moratoria o de una prohibición a la minería se estaría hablando de ir en contra de la Constitución”.

La ejecutiva refirió que desde el gremio están de acuerdo con que se debe conversar y abrirse al diálogo con distintos actores para buscar reformas, pero no solo a la ley, sino también a la parte de las evaluaciones ambientales y los procesos de consulta. “Frenar a esa industria no debería ser la solución; podemos ir mejorando, sin necesidad de frenarla”.

Respecto a las iniciativas de ley en el Congreso, dijo que conocen que una propone una moratoria por tres años, la otra es por 10 años y la tercera es una prohibición total.

La ejecutiva expresó que “es esperanzador el mensaje que el presidente (de la República) trasladó por medio del ministro de Energía y Minas, indicando que la intención es buscar cómo se activan los proyectos que están suspendidos actualmente”. Dicho mensaje se dio en la inauguración del Congreso de Minería Responsable, aunque en el cierre del evento, el ministro les habló de la moratoria ya mencionada.

El Ministerio de Energía y Minas revisará todas las licencias mineras, tras indicios de corrupción detectados

Fri, 26 Jan 2024 11:00:25 +0000

Al referirse a los planes de mejora para la cartera de Energía y Minas, el ministro Ventura, anunció una revisión de todo lo actuado respecto a licencias de exploración, explotación y exportación de minería.

Esto, tomando en cuenta diversas denuncias, incluso internacionales, de entrega de sobornos y otros ilícitos, para lo cual también espera información que le pueda compartir la embajada de EE. UU.

En sus declaraciones, el funcionario comentó que los principios de la administración del presidente Arévalo son claros, mencionando primero la transparencia y corrupción cero, por lo cual se le preguntó por la postura que tomará el MEM en el caso de la minería, ya que cuando era candidato, el presidente se pronunció de manera poco favorable sobre la extracción minera.

“Hemos discutido una postura, pero no la quiero adelantar porque creo que le corresponderá al presidente anunciarla, pero lo fundamental es que la medida que se tome se hará con base en la historia; o sea, un balance claro de costos y beneficios sociales, económicos, ambientales y financieros de la minería. Se debe tomar en cuenta que no se empezó con la minería en el país hace dos días, sino que son más de 70 años”.

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A su juicio, esa experiencia debe generar lecciones aprendidas, positivas y negativas, y eso se tiene que evaluar de forma muy clara para tomar decisiones, que seguramente van a beneficiar a la población y van a ayudar a reducir la conflictividad. Sin embargo, advirtió que “un proyecto que no tenga impacto social en el área es un mal proyecto; ese es uno de los grandes desafíos”.

Las revisiones

Específicamente sobre el tema de las licencias mineras vigentes, se consultó al ministro si se pedirá una auditoría especial o una revisión de las emitidas por el MEM en los últimos cuatro u ocho años, tomando en cuenta diversas denuncias, incluso internacionales, de entrega de sobornos.

Al respecto, Ventura dijo que “el tema aquí es lo que nos comparta el gobierno de Estados Unidos en el tema de sobornos. Por supuesto, se va a revisar todo lo actuado, especialmente estos temas de procesos críticos que han sido señalados por la prensa”. Agregó que pedirán apoyo a otras instituciones para realizar esas auditorías, y que “sin duda, para esta labor, la Contraloría (General de Cuentas) jugará un papel importante”.

Respecto a las licencias de exportación de las empresas Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) y Mayaníquel, que fueron sancionadas por Estados Unidos en el 2022, y cuya sanción fue levantada en la tercera semana de enero del 2024, el ministro indicó que se está pidiendo a la embajada de Estados Unidos que corrobore información al respecto y con base en eso, se hará lo que proceda para la habilitación respectiva.

Estatus de las licencias de minería metálica, con información del MEM, actualizada a enero del 2024. (Foto, Prensa Libre: Infografía).

Protesta y solicitud

Diversas organizaciones se pronunciaron este jueves 25 de enero, criticando el aval que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó al proyecto Cerro Blanco para modificar su tipo de extracción para pasar de minería subterránea a cielo abierto.

Refieren que los funcionarios del MARN que dieron este aval, deberán responder por permitir la continuidad del estudio ambiental “que falsamente llaman actualización”.

Derivado de estos y otros puntos que mencionan en un comunicado, piden al Gobierno escuchar la petición de las autoridades ancestrales en el sentido de adoptar una moratoria minera para detener la alarmante conflictividad socio ambiental y revisar meticulosamente los procedimientos bajo los cuales se han aprobado licencias de explotación minera e iniciar un debate sobre el desarrollo sin minería.

Piden a la ministra de Ambiente que “de acuerdo al pronunciamiento emitido el 24 de enero, proceda a revisar el expediente, los procedimientos, las anomalías y criterios, bajo los cuales se pretende dar aval a la supuesta actualización del EIA del proyecto Cerro Blanco”, y le exigen “derogar el acuerdo 317-2019” que supuestamente favorece a empresas que han incumplido con compromisos ambientales y cuyas licencias deben ser canceladas.

Y al ministro de Energía y Minas, solicitan la caducidad de la licencia minera del proyecto Cerro Blanco, basados en la ley minera, porque tampoco ha extraído minerales, ni tributado al fisco.

Al ministro de Relaciones Exteriores, atender el llamado de la cancillería de El Salvador y proceder a instalar una comisión binacional de alto nivel para evaluar los impactos en la cuenca y establecer acuerdos y regulaciones en protección de las aguas compartidas a favor de los pobladores.

Las organizaciones que se pronuncian en el comunicado son: la Comisión Ecologista “Laudato Si”; Vecinos organizados en resistencia; Convergencia Democrática; organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador; Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación O.F.M (JPIC); Colectivo Madreselva; Convergencia Nacional de Resistencias -CNR-; Alianza Centroamericana Frente a la Minería; y vecinos y vecinas de Asunción Mita, Jutiapa.

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Un grupo de representantes de diversas organizaciones acudió al Congreso de la República este 25 de enero, y se pronunció también en contra de la aprobación del cambio de mecanismo de extracción en dicho proyecto minero.

Consultado de nuevo el 25 de enero, acerca del anuncio de la empresa propietaria del proyecto Cerro Blanco (Jutiapa) de que los ministerio de Ambiente y de Energía y Minas, en la última semana del gobierno anterior, aprobaron la modificación a las licencias para que efectuar extracción a cielo abierto, el MEM mantuvo la respuesta brindada el miércoles 24 de este mes.

El miércoles el ministro Ventura, respondió, por medio de la oficina de comunicación social, que dicha cartera no ha emitido resolución al respecto y que se está a la espera de la revisión y documentación ambiental del gobierno anterior, antes de tomar una decisión. Por aparte, la nueva administración del Ministerio de Ambiente anunció una auditoría ambiental en ese caso.

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Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat, expresa aspectos importantes y necesarios para el desarrollo del sector, ahora que ha llegado el nuevo gobierno.

El ministro indica que el presidente de la República Bernardo Arévalo está dando a conocer la postura y la ruta que asumirá el nuevo gobierno respecto a la minería. ¿Ya tuvieron algún acercamiento con el presidente o con el ministro?

Hasta el momento no hemos tenido comunicación con las autoridades actuales, sin embargo, ya solicitamos un acercamiento con el ministro para conocer su postura y plan de trabajo. Desde la Grenat permanecemos abiertos a colaborar y encontrar las vías más efectivas para que la industria minera contribuya al desarrollo sostenible del país, siendo parte de los actores que pueden sumar a las importantes metas del Plan de Gobierno, como generación de empleo y fortalecimiento de infraestructura.

Luego de las sanciones de EE. UU. al exministro de Energía y Minas y otras medidas, el nuevo ministro dijo que la cartera establecerá una política de transparencia, que incluye auditorías, revisión de casos y procesos, incluyendo en minería ¿Qué opinan al respecto?

Asegurar la transparencia en todas las actividades económicas es indispensable y más aún, que las medidas queden establecidas en una nueva Política Minera.

En el caso puntual de la industria existe EITI, que es una iniciativa a nivel mundial que busca la transparencia en el sector extractivo; los esfuerzos podrían enfocarse en fortalecer su trabajo y de este modo aprovechar una iniciativa que ya funciona en otros países.

¿En el caso de las mineras CGN, Pronico y Mayaníquel que medidas espera el sector que siga la nueva administración del MEM?

Entendemos que ya aclarados los señalamientos, el siguiente paso es la reactivación de licencias por parte del MEM. Este ya es un proceso que depende de los tiempos internos de la cartera y esperamos que se dé el seguimiento debido para que los proyectos puedan reactivarse a mediano plazo.

De acuerdo con estimaciones que hemos hecho con CABI, la reactivación de estos proyectos podría generar Q4,573 millones en aportes al producto interno bruto (PIB), más de 23 mil empleos directos e indirectos y Q397 millones en aportes al Estado por regalías e impuestos.

El funcionario menciona que se prevé hacer un balance entre costos y beneficios para el sector, la población y el Estado. ¿Qué opinan al respecto?

Estas evaluaciones deben realizarse de forma objetiva.

Actualmente la industria minera y las empresas que le brindan servicios ya contribuyen al Estado a través del pago de impuestos y otras obligaciones; además, se debe evaluar a mediano y largo plazo cuáles son los beneficios que la industria puede seguir aportando al país en materia de empleos, huella económica y pagos al Estado.

Con la ayuda de una nueva Política Minera, medidas de transparencia como EITI y una adecuada fiscalización, esto puede traducirse en herramientas que conduzcan al desarrollo sostenible de Guatemala.

En el caso de Cerro Blanco, la directora ejecutiva de Grenat mencionó el miércoles que “el proceso de aprobación del estudio incluyó todos los pasos de una extensiva revisión técnica de las autoridades correspondientes. Este es un importante paso que permitirá que la empresa pueda retomar sus acciones de gestión social que le permitan garantizar que el proyecto cuenta con la aceptación de las partes involucradas, y sólo cuando ese ocurra, podría iniciar la fase de construcción a mediano plazo”.

Agregó que desde la Grenat ven de forma positiva esta aprobación “considerando que este proyecto estima generar 1 mil empleos locales que beneficiarán principalmente a las comunidades cercanas, contribuyendo así a reducir los índices de migración joven hacia Estados Unidos”. Las proyecciones económicas son de más de US$160 millones anuales para el país y US$300 millones que se proyecta pagar por concepto de impuestos y regalías, según añadió.

Maycom anuncia que trasladará su centro de emisión de licencias de la calzada Roosevelt al centro comercial Rus Mall

Mon, 20 Sep 2021 19:25:59 +0000

A partir de este 20 de septiembre, el centro de emisión de licencias que se ubicaba en en la 2a avenida, colonia Cotío, zona 2 de Mixco, será trasladado al centro comercial Rus Mall, ubicado en la calzada Roosevelt 12-76 zona 7, local C2-13A.

El traslado, según el gerente general de Maycom, Luis Fernando Amado, se llevó a cabo con el fin de mejorar la atención a la población, pues ahora contarán con instalaciones más grandes, cómodas que permitirá agilizar el trámite.

También esperan poder implementar más tecnología dentro de sus procesos y hacer más moderno el servicio.

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Una de las razones por las que se escogió este centro comercial para ser la nueva sede, según el gerente, es porque cuenta con un amplio parqueo para que las personas puedan dejar sus vehículos mientras tramitan su documento de conducir.

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Cita es necesaria

Amado aclaró que las gestiones se seguirán trabajando de la misma manera. “Las citas sí son necesarias para poder hacer el trámite”, explicó.

El gerente dijo que las citas son necesarias para evitar aglomeraciones y así poder mantener el distanciamiento social para evitar contagios de covid-19.

asegura que la forma de trabajar seguirá siendo la misma, es decir, bajo citas. Esto principalmente para evitar aglomeraciones y mantener la distancia necesaria para evitar contagios de coronavirus.

Los horarios de atención en este centro de emisión de licencias será de lunes a viernes de 8 a 18 horas; y los sábados de de 8 a 13 horas.

Las autoridades a cargo aseguran que los horarios serán los mismos y desde este lunes ya funcionarán con normalidad.
(Foto Prensa Libre: Maycom)

Reforman reglamento para construcción en la capital para reactivar economía

Tue, 24 Aug 2021 11:00:50 +0000

La Municipalidad de Guatemala modificó el reglamento que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la capital, y creó nuevas disposiciones para trabajos que cataloga como preliminares y disposiciones transitorias respecto a pagos, plazos de licencias y suspensiones.

El acuerdo entra en vigencia este 24 de agosto del 2021 y, según la entidad, las disposiciones para el sector construcción son para promover el crecimiento económico, creación de empleos, productividad y la inversión en el municipio de Guatemala.

Entre los cambios, se establece el artículo 80 bis, contenido en el capítulo IV sobre licencias de obra, con el cual se crea la clasificación de trabajos preliminares.

Dichos trabajos temporales podrán se instaladas sin licencia por el plazo máximo de un año; si se extiende, deberán tramitar y obtener las licencias de obra y uso de suelo, sino lo hacen, serán reportadas al Juzgado de Asuntos Municipales.

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Los trabajos temporales son los que sirven de acondicionamiento previo del inmueble donde se desarrolle un proyecto que requiera la emisión de licencias municipales contenidas en el POT, refiere el documento.

Fernando Estrada Domínguez, director de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) dijo que las disposiciones para trabajos preliminares son regulaciones enfocadas a que se pueda iniciar la preventa de algunos proyectos; por ejemplo, circular el terreno del proyecto, colocar baños temporales, una casa o apartamento modelo, son básicas para esos eventos.

Además, se facilitan medidas como el cambio de uso de suelo, por ejemplo, si era de oficinas, pasarlo a residencial; empezar la preventa ayuda al proyecto a tener liquidez o ingresos. Sin embargo, no se incluyen obras como los agujeros para el sótano y los cimientos, explicó.

Para los apartamentos modelo pedían licencias de casa individual, más fáciles de tramitar, que la de una urbanización, y no tomaban un año sino tres meses. También se pedía que un apartamento de 100 m tuviera esa licencia, ejemplificó.

Estrada considera que los plazos, facilidad para obras preliminares y reducción de cobros, que se logren en la comuna permitirán ayudar al sector en varios aspectos que ayuden a concretar negocios.

Facilita que no se tenga que empezar de cero, y ahorrase en plazo esos tres o seis meses que les tomaba adquirir este tipo de permisos, sino trabajar de una vez estas obras como bodegas y otros.

Ayuda a ganar tiempo y que uno puede ir avanzando en la prevente, y en lugar de arrancar con un 20% de ventas, se lograría hacerlo con alrededor el 70%, agregó.

Mencionó que aparte de la municipalidad para una construcción se deben hacer trámites en ocho o nueve instituciones diferentes. Por lo que considera que la Ventanilla Única para la Construcción, lanzada la semana pasada, ayudara con esos trámites.

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La municipalidad capitalina no respondió la solicitud de información para ampliar información al respecto del impacto de estas disposiciones.

La clasificación incluye

Limpieza de cubierta vegetal, pero que no incluya tala de árboles
Circulación con malla que no incluya cimentación y muro que no tengan una altura mayor de 0.60 metros (60 centímetros) medidos desde el nivel del suelo.
Acondicionamiento de inmuebles, sea colindantes o no, que sirvan como soporte o apoyo par el desarrollo del proyecto de que se trate.
La instalación temporal de baños portátiles que no incluyan desfogue o tragantes municipales
Parqueo para vehículos de los trabajadores de la obra y de soporte de la misma
Resguardo de material necesario para la construcción del proyecto
Instalación del o los apartamentos modelos, siempre y cuando no implique cimentación de estos al suelo y que esta no tenga una altura mayo a los 60 centímetros desde el nivel del suelo. Otras condiciones para estar en esta clasificación es que esas estructuras se realicen mediante tabicación que no requiere posterior demolición y no continúen instalados un año después de haberse emitido la constancia de obra para el proyecto de que se trate.

Plazos, pagos ampliaciones

Entre las disposiciones transitorias están la reducción de costos de licencias, ampliación o interrupción de plazos de vigencia entre otros:
Para la emisión de licencias de obra y de uso de suelo, se exime el pago del depósito regulado en el título VII, Capítulo II del plan regulador, Reglamento de Construcción de la ciudad.
Amplían plazos. Las licencias de obras podrán ser emitidas por un plazo máximo de 4 años, sin necesidad de presentar cronograma de trabajo, ni justificación que motiva la solicitud, deberán ser requeridas por escrito por el solicitante refiriendo el contenido del acuerdo reformado.
Las licencias para campos de uso de suelo de oficina a residencial de un proyecto con licencia, se pagará solo el 25% del valor de la tasa de la licencia.
Interrupción del plazo: se podrá solicitud la interrupción temporal de vigencia de la licencia de obra, independientemente del avance, pero siempre y cuando dicha interrupción no constituya peligro.
En estos casos para las licencias con vigencia de 1 a 2 años, la interrupción será de hasta un plazo máximo de 1 año.
Para las licencias con vigencia de 3 a 4 años, la interrupción será hasta por el 50% del plazo por el cual haya sido concedida la licencia original.

Persisten los retos

En el 2019 fueron autorizadas 6 mil 108 licencias de construcción, en el 2020 bajó a 5 mil 132, y a mayo del 2021 se reportan 2 mil 725, refirió la Cámara citando al Banguat.

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En tanto el Índice de Confianza de la actividad de la construcción, actualizado a julio del 2021, reporta un crecimiento respecto de mayo (cuando experimentó una caída) y junio, situándose en cayo en mayo, pero subió ahorita

67.50 puntos, el cuatro más alto desde febrero del 2020 (antes de la pandemia).

De los encuestados para este indicador, el 75.0% considera que el crecimiento del sector construcción mejorará durante 2021 en relación con 2020 pero aún el 25.0% considera que empeorará.

Además, sobre la coyuntura actual de las empresas para realizar inversiones, se observa que el 100.0% de los encuestados considera que no está seguro en invertir, refiere el documento que contiene la evaluación actualizada a julio 2021.

Respecto a los sobre los factores que pueden incidir en el crecimiento del sector construcción durante 2021 su prioridad ha cambiado, y desde el 2020 empezó a aparecer en el primer lugar los precios de los materiales de construcción como el factor que más les preocupa. Luego aparece los trámites de construcción y la inversión extranjera para el sector, y en tercera posición la pandemia del covid-19, entre otros.

Ine reporta alza en 59 materiales de construcción

El Índice de precios materiales de construcción (IPMC) actualizado a julio del 2021 refleja que 59 de los 89 productos que evalúa tuvieron alzas.

El Instituto Nacional de Estadística (Ine) informó que dentro de los cinco materiales que más incremento reflejaron en ese plazo están los geotextiles no tejidos (de 150 gr) con 6.65% de alza por metro². En tanto las llantas para camión, aumentaron 6.41% la unidad, estas se incluyen porque se toman en cuenta el transporte d materiales y maquinaria para construcción.

El concreto denominado 3000 PSI (una mezcla de cemento con otros materiales como macrofibras, microfibras y aditivos), subió 6.35% el metro cúbico.

Además, el angular laminado en frío de 6 m de largo x 1/8 pulgadas espesor, se incrementó en 6.33% por unidad. Y unidad la lámina negra subió 6.12%.

En tanto, 16 productos bajaron de precio, entre estos el vidrio claro de 5 milímetros, -8,52% por metro cuadrado; el flexitubo plástico de 1 pulgada de diámetro, corrugado, tuvo alza de- 2.75% el metro. El perfil de aluminio anodizado (para riel superior) -2.65% el metro lineal. El aceite lubricante para motor por galón, -2.29% y la grama sintética (césped artificial) de 25 onzas de hilado bajó -2.12% el metro cuadrado.

El Ine reportó que 14 materiales no reportaron variación, respecto al mes anterior.

Departamento de Tránsito busca empresa que emita licencias de conducir

Wed, 29 Jan 2020 20:50:56 +0000

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) publicó el proyecto de bases de licitación para otorgar a una empresa por cinco años el derecho de prestar el servicio de emisión de licencias de conducir.

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El proceso fue publicado en el portal Guatecompras el pasado 28 de enero a las 17:00 horas. La fecha límite para recibir observaciones será el próximo 3 de febrero a las 8:30 horas.

El año pasado, el departamento de Tránsito levantó un evento para contratar a una empresa que asumiera el servicio por siete años, el único oferente fue la empresa Mayoreo de Comunicación (Maycom), S.A, cuya oferta fue por Q856.9 millones.

Durante el proceso de licitación, Maycom, S.A. perdió un recurso presentado ante la Junta Licitadora por un error en la fianza del cumplimiento que estaba a nombre del del departamento de Tránsito no de la Dirección de PNC, como especificaban las bases.

Luego que la única compañía competidora quedó fuera de la negociación, hubo varias semanas de incertidumbre porque su contrato terminaba el pasado 31 de diciembre, por lo cual dejaría de emitir licencias. Sin embargo, Maycom, S.A. llegó a un consenso “amistoso” con el gobierno y sigue emitiendo los documentos.

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Amparo ordena que Maycom continúe con la emisión de licencias

Fri, 20 Dec 2019 23:22:38 +0000

Así resolvió este 20 de diciembre la Sala Quinta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ante una acción promovida por Miriam Roquel Chavez, procuradora adjunta 1.

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El amparo provisional establece que las circunstancias hacen aconsejable el amparo provisional, dice la resolución, con el objeto de que se continúe prestando el servicio de la emisión de licencia de conducir en la forma en que lo ha realizado la entidad Mayoreo de Computación, Sociedad Anónima (Maycom).

En ese sentido, ordena a Carlos Tohom, director de la Policía Nacional, para que, a través del Departamento de Tránsito, haga “inmediatamente” las medidas administrativas que sean necesarias para que el servicio no se suspenda.

También ordena a Maycom continuar con el servicio en las mismas circunstancias y forma en las que lo ha hecho hasta que haya un amparo en definitiva.

El amparo fue otorgado por los magistrados Miguel Enrique Catalán Orellana, presidente en funciones; Giovanni Francisco Soto Barrios Santos, vocal I en funciones, y Amanda Elizabeth Rivera López, vocal II en fuciones.

El servicio de licencias estaba rodeado de incertidumbre a partir del 1 de enero de 2020 porque un día antes vencerá el contrato de Maycom y el concurso para la prestación del servicio durante siete años fue anulado porque esa compañía, la única oferente, cometió un error que la dejó fuera del proceso.

El error radicaba en que Maycom puso en la papelería como beneficiario del seguro de garantía al Departamento de Tránsito de la PNC y no a la Dirección General de la institución.

Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, dijo el 12 de diciembre que abogados de esa dependencia y de Maycom estaban buscando la salida legal al asunto y encontrar una figura legal para que el servicio de emisión de licencias no se detenga. Incluso garantizó, sin decir cómo, que los conductores de vehículos no tendrán problemas a principios de año con ese tema.

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Contrato para emitir licencias de conducir levanta dudas a 7 días de la recepción de ofertas

Fri, 08 Nov 2019 11:00:45 +0000

El próximo 31 de diciembre vence la última prórroga que se le dio a Maycom, Sociedad Anónima, para emitir las licencias de conducir, después de 20 años de tener asignado el servicio. Sin embargo, la Dirección de Tránsito apresura un concurso para tercerizar de nuevo el servicio, con el riesgo de que en el proceso de adjudicación e implementación a una empresa nueva, si es el caso, puedan pasar hasta 180 días sin nadie que emita los documentos.

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El concurso de la adquisición del servicio de emisión de licencias de conducir está identificado bajo el NOG 10955321 en el portal de Guatecompras, publicado desde el pasado 23 de septiembre y finalizará el próximo viernes 15 de noviembre con la apertura de ofertas. Durante el proceso, algunas empresas o personas interesadas han presentado sus dudas respecto a los requisitos incluidos en las bases de licitación y realizaron también varias sugerencias para hacer más competitivo el proceso, hasta ahora todas fueron rechazadas.

Para Marvin Flores, integrante de Acción Ciudadana (AC) y experto en transparencia y procesos de licitación, este proceso se puede leer como de “última hora” y “pretende hacer negocios” porque el concurso podría estar dirigido.

Flores opinó que el proceso es anómalo, porque la adquisición se busca hacerla por siete años y las respuestas a las cuestionantes que plantearon las empresas interesadas en participar hacen que el evento sea menos competitivo. “Ellos -la Dirección de Tránsito- sabía cuándo vencía el contrato y no se puede hacer extensión”, advirtió.

Ramiro García Chamán, director de Tránsito de la Policía Nacional Civil, explicó que buscan que el contrato sea por siete años, ya que la inversión del contratista “es fuerte y el servicio es complejo”, añadió que se “ponderan cinco años para el retorno de la inversión y también se hacen constantes cambios tecnológicos”.

Para el director de Tránsito los tiempos son los adecuados y se está cumpliendo con la Ley de Contrataciones, por lo que descarta que existan irregularidades en el proceso o que esté dirigido.

Hasta ayer ninguna empresa había presentado formalmente ninguna oferta, aunque sí hay manifestaciones de interés, entre ellas de la propia Maycom, que asegura su gerente general, Luis Amado, que se están preparando para manifestar su interés el mismo 15 de noviembre, último día para participar.

Dudas planteadas

Entre las dudas planteadas por los oferentes está la sugerencia de remover el requisito de la tecnología Mifare, una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto, porque es utilizada en aplicaciones de transporte público y es clonada de forma fácil y busca que las licencias cuenten con información que pueda ser leída a través de dispositivos especiales.

Sin embargo, la respuesta del Departamento fue que debía de sujetarse a la base de licitación porque tiene base legal. Mientras que García Chamán defendió que “es una tecnología probada por más de 250 millones de tarjetas vendidas y es la más utilizada para el intercambio de información en los documentos”, además, “para aumentar su seguridad se solicita la plataforma JavaCard”.

El funcionario, luego que se le planteó varias dudas, aclaró que las bases de licitación pública no establecen la posibilidad de subcontratación ni ceder a terceros los servicios, y agregó que las compañías que buscan ganar el evento deberán regirse a los requisitos publicados en Guatecompras.

Otro de los requisitos que publicó la Dirección de Tránsito es que el contratista se adaptará al sistema de emisión de licencias de Maycom y debe ejecutarlo antes del inicio de la prestación del servicio. Es decir, tiene hasta 120 días después de la aprobación del contrato para migrar la base de datos a su sistema e instalarse con sus equipos y comunicaciones en los lugares donde atenderá a la población

García Chamán afirmó que Maycom, S.A. debe seguir emitiendo las licencias después que termine la prórroga de su contrato -el 31 de diciembre- y hasta que la otra empresa se instale, porque es un servicio esencial y no se puede interrumpir.

Decisión apresurada

En julio de 2018, la Dirección de Tránsito prorrogó por 18 meses más el contrato con Maycom, luego que se anuló el evento de licitación en Guatecompras. La decisión fue tomada de forma apresurada, porque según explicó el jefe del departamento, existen muchos “trámites de burocracia” para adquirir insumos o hacer contrataciones.

Luis Amado, gerente general de Maycom, afirmó que están alistando su proyecto para participar en el evento y el próximo viernes 15 de noviembre lo presentarán en la sede del Departamento, situada en la zona 12 capitalina.

Sobre la posibilidad de extender sus funciones más allá del 31 de diciembre, aunque no ganen la licitación, es un escenario que no está contemplado por Maycom, según Amado.

“Según entiendo, el contrato el actual tiene que finalizar y establece los tiempos para liquidar el contrato y el nuevo contrato contempla la migración (…) el Gobierno debería de saber que va a hacer, el tiempo de implementación”, señala el gerente de Maycom.

Anomalías en certificados

Aunque la Dirección de Tránsito busca más seguridad en las licencias de conducir, el problema más relevante hasta ahora es la emisión de los certificados y múltiples denuncias públicas sobre la negligencia en algunas escuelas certificadas para emitir los documentos con los que Maycom valida la emisión de los permisos.

La venta de licencias irregulares en las academias de automovilismo son las denuncias que más se presentan ante las autoridades. Los tramitadores cobran hasta Q800 por emitir los certificados sin que los solicitantes pasen por las pruebas de manejo.

García Chamán reconoce el negocio que existe en las academias y asegura que monitorean y evalúan de forma constante los lugares para que no extiendan los certificados sin aprobar las evaluaciones.

Para desaparecer estas prácticas, el jefe de Tránsito afirma que van a implementar una plataforma para que los documentos sean extendidos de forma digital junto a la empresa que emite las licencias.

Aunque el proyecto estaba planificado que entrará en vigencia en el 2020, aún están en pláticas para llevarlo a cabo, porque el contrato de la emisión de licencias aún no ha sido otorgado a ninguna compañía, según confirmó Luis Amado, gerente de Maycom.

Según ha trascendido, existen dos métodos para obtener una licencia irregular: la compra y venta del certificado y la falsificación del documento impreso con datos de personas que no corresponde a la cual está acreditada.

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Por qué están estancados varios procesos de consulta a comunidades para proyectos mineros e hidroeléctricos

Thu, 25 Jul 2019 11:00:55 +0000

Varios de estos proyectos mantienen suspendidas sus operaciones hasta que no se haga la consulta y en otros se ha dado la oportunidad de que sigan operando mientras se hace efectivo este proceso según resoluciones de las cortes.

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El tema de consultas se basa en lo establecido en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mineras

Minera Fénix

La más reciente notificación la recibió el MEM la semana pasada, dijo ministro de Energía y Minas, Luis Chang, respecto de la resolución de la CC de suspender de forma provisional la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix que se ubica en Izabal, la cual es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel.

“Creo que (no podemos hacer) nada porque –la resolución– no ordena nada la Corte, solo la suspende” comentó el funcionario.

“Hasta que nosotros no tengamos resuelto en definitiva por parte de la Corte no podemos proceder (con acciones) de ninguna índole”, agregó el funcionario.

En un comunicado emitido la semana pasada, la compañía aseguró que en el 2005 se llevó a cabo la consulta comunitaria y su actualización en el 2018. Aunque el abogado de los comunitarios que presentó el amparo indicó que no se desarrolló la consulta en cuatro municipios de dos departamentos del área de influencia.

Minera San Rafael

En el caso de la Minera San Rafael sigue el proceso de consulta. Las convocatorias se empezaron en noviembre del 2018 por el MEM, luego de que en septiembre de ese año la CC resolviera que la minera podía retomar operaciones siempre y cuando se realice una consulta.

A la fecha están en el proceso de conformar la mesa para la preconsulta para la cual la Corte definió 10 entidades u organizaciones. Según explicó el ministro, “tenemos discrepancias de criterio con las personas del Parlamento Xinca”.

Esto se deriva del número de representantes de cada entidad para dicha mesa, mientras el MEM llama a un titular y un suplente, el Parlamento Xinca indica que debe inscribir 59 personas ya que, a su criterio, la sentencia de la CC indica que se debe llamar al número de personas según la costumbre de la comunidad, según ha explicado el abogado Quelbin Jiménez.

Chang dijo que en la actualidad se está haciendo un análisis si se puede o no hacer la preconsulta y dijo que no podría indicar aún cuanto tiempo más podría llevar ese proceso.

Luis Chang, ministro de Energía y Minas fue citado el miércoles 24 de julio al Congreso junto a otros funcionarios del Estado, (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

La minera tiene suspendidas las operaciones desde el 5 de julio del 2017, por la primera resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese caso.

En el caso de la hidroeléctrica Oxec, la cual también tuvo una suspensión de operaciones, la consulta se logró efectuar en seis meses a partir de la sentencia.

“Ahí hubo colaboración porque en realidad creo que se quería resolver. Aquí (en el caso de Minera San Rafael) hay gente que tiene diferentes criterios” añadió el ministro.

El Tambor o Progreso VII Derivada

El proyecto El Tambor o Progreso VII Derivada también es conocido como La Puya, nombre de una comunidad cercana.

Fue suspendido en noviembre del 2015 por la CSJ y de forma definitiva en el 2016. Posteriormente, la CC la suspendió ese año, y en junio del 2017 confirmó su decisión también de forma definitiva.

El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde está asentada la mina.

Por este caso hay abierto un arbitraje contra el Estado de Guatemala en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) presentado por Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates.

La demanda llegaría a US$300 millones según han indicado abogados del caso y funcionarios del Ministerio de Economía (Mineco).

Hidroeléctricas

Hidroeléctricas La Vega

Para las hidroeléctricas La Vega I y II en Nebaj, Quiché, también se requiere consulta.

Según expone el ministro, este “es un caso donde precisamente los mismos amparistas no quieren avanzar”.

El proceso ya lleva varios años. En julio del 2017 el entonces alcalde indígena de Nebaj, Miguel De León, dio a conocer una postura diferente, ya que dijo que la consulta estaba detenida por la falta de interés del MEM para cumplir con los requerimientos para realizar la consulta la cual fue ordenada por la CC.

En esa ocasión. indicó que la consulta tenía que realizarse de acuerdo con las costumbres de la comunidad basados en lo que indica el Convenio 169 de la OIT.

Los dos proyectos tenían licencia autorizada con capacidad de 18.3 y 38 megavatios.

Renace

A inicios de julio del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a las partes su decisión de que se debe realizar una consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Renace en Alta Verapaz, aunque en este caso no se ordenó la suspensión de operaciones.

El complejo hidroeléctrico Renace inició hace varios años, pero en el 2019 empezó a operar comercialmente la fase cuatro. Los empresarios han indicado que invirtieron US$800 millones en todo el complejo, el cual tiene capacidad de generar 301 megavatios (MW).

En este caso el MEM también analiza qué procedimiento sigue.

Licencias de años anteriores

Respecto de que varias licencias se han dado en administraciones anteriores, Chang dijo que como Ministerio recalcan y han resuelto cada caso con respecto a las leyes vigentes y que en su momento dicha entidad acató lo que estaba vigente en leyes específicas como de electricidad, de minas y de hidrocarburos.

A consideración del funcionario, las resoluciones de la CC que no permiten al Ministerio otorgar ninguna licencia de exploración y de explotación minera o para hidroeléctricas, van en contra del desarrollo del país.

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Respecto a la postura de varios sectores ya que algunos consideran que es necesario que exista un reglamento para aplicar el convenio 169 de la OIT respecto a las consultas a poblaciones indígenas en el área de influencia y otros que consideran que no es necesario, Chang indicó que en el 2017 se emitió una Guía de Estándares (por el Ministerio de Trabajo) pero expuso que hubo personas que se opusieron y la Corte falló posteriormente en otro sentido, refirió el ministro.

Sin embargo, a su consideración, el futuro de esos sectores no depende del Organismo Ejecutivo si no de decisiones emanadas de la Corte.

“Si cerramos las mineras no hay empleo y si cerramos las hidroeléctricas no hay energía, entonces, ¿de dónde va a salir la energía? Los precios de la energía se irían para arriba” advirtió Chang.

Mencionó que con los tres proyectos mineros que enfrentan casos legales por resolver son alrededor de 10 mil empleos en riesgo, algunos de los cuales ya se han perdido. Y respecto de los precios de la energía indicó que no podría mencionar cuándo se daría un efecto en ese sentido.

Un tema pendiente

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que hay consultas de varios proyectos que se ejecutaron antes de que entrara en vigor el Convenio 169 de la OIT.

Además, debe ejecutar de forma eficiente las consultas ya que son temas operativos que no deberían de llevar más de seis meses en cada caso.

“No se trata de un sí o un no (hacia un proyecto), sino de un diálogo acerca de cómo se puede mejorar la implementación del proyecto en beneficio del país, de las empresas y de la comunidad”, agregó.

Un tema pendiente

Agregó que el Estado es el responsable de efectuar esas consultas y no las empresas, por lo que el MEM debe tomar una responsabilidad al respecto “y no dejarse llevar por presiones e intereses políticos”. Además, debe ejecutar de forma eficiente las consultas ya que son temas operativos que no deberían de llevar más de seis meses en cada caso, opinó el directivo.

Anaité Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), dijo que los procesos de consulta a los pueblos indígenas, basados en las resoluciones de las Cortes, son un tema pendiente para el país, que han provocado que se suspendan o retrasen operaciones de inversiones que generan mucho empleo e ingresos.

Agregó que el MEM es el encargado, según las resoluciones de la CC, para realizar las consultas pero que ese Ministerio tiene un equipo humano reducido para efectuarlas y posee pocos recursos financieros.

Por ello, indica, se le debe dotar de los recursos a través del presupuesto nacional para que se puedan llevar a cabo esos procesos. Han existido varias sentencias y los procesos se van acumulando, añadió.

Hay procesos que tienen cuatro años como el de la hidroeléctrica La Vega, agregó la directiva, pero hay comunidades que reclaman el derecho de la consulta y luego se oponen al proceso, indicó.

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Precio de los materiales de construcción subirá por este motivo

Tue, 10 Jan 2017 16:38:15 +0000

Los cobros por las licencias o derechos mineros, que se deben efectuar a favor del Estado, subirán a partir de este martes 10 de enero por decisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que modificó la base para calcular el canon, mediante el acuerdo 8-2017.

Ese ente refirió que con el tipo de cobro que estaba vigente, basados en el acuerdo 387-2015, “no permite al Estado cumplir con las políticas y planes de gobierno, del sector minero”, según se los fijan la Constitución y la Ley Minera.

Jorge García Chiu, exministro de Energía, refirió que esas acciones podrían desincentivar la minería en general, que está en decadencia. Mientrtas que para en el caso de materiales de construcción será afectada a la población, puesto que representará un mayor pago para construcción y remodelación de viviendas, edificios estatales, e infraestructura vial.

“De esta forma, prácticamente nos están subiendo de forma indirecta un impuesto a la población, criticó.

Los cambios

Para calcular el valor de la unidad, se establece un factor base según el tipo de mineral o de actividad a realizar y el mineral, esa unidad se aplica por kilómetro cuadrado, según los artículos 66 y 67 de la Ley Minera.

Para la exploración se fija un valor base de Q200 y un factor mineral de 5, por lo que el cobro de la unidad es de Q1 mil. En el acuerdo anterior no se identificaba con ese nombre.

Por ejemplo con la tabla vigente hasta el lunes para la actividad de explotación de piedras preciosas la base era de Q100 multiplicado por el factor mineral de 5, lo que hacía Q500 por unidad, a partir del martes 10 de enero subirá a Q1 mil por unidad, ya que el valor base subió a Q200.

Para el pago del canon para explotación de materiales de construcción el valor de la unidad era de Q100, pero a partir del martes será de Q600. Esto se debe a que el valor base sube a Q300 y el factor mineral a 3.

A continuación observe la tabla que entra en vigencia este 10 de enero del 2017 el acuerdo 8-2017.

Le presentamos además el tipo de cobro que estaba vigente hasta el 9 de enero del 2017, contenida en el acuerdo 387-2015.

Cánones, según Ley de Minería:

En el artículo 66 de la Ley Minera se detalla que los titulares de derechos mineros pagarán los siguientes cánones:
a) Otorgamiento por derecho minero: Q3 mil 300
b) Superficie por licencia de reconocimiento: Q120 por kilómetro cuadrado o fracción.

Otros pagos se realizan a razón de cada año y por kilómetro cuadrado, pero varía según el trámite.

MEM rechaza más moratoria y agilizará licencias mineras

Tue, 09 Feb 2016 13:46:35 +0000

El argumento es que estos proyectos, junto a las hidroeléctricas, puede ayudar a reducir los índices de pobreza, si se le da importancia al tema de la inclusión social y ambiental que los proyectos generen resultados para las localidades, explicó el viceministro de Desarrollo Sostenible, Roberto Velásquez.

El funcionario dio declaraciones a medios de comunicación acompañado del ministro Juan Pelayo Castañón y de los viceministros Víctor Aguilar, de Minería e Hidrocarburos, y Luis Chang, de Energía.

“Los índices de pobreza son alarmantes y creemos que este tipo de proyectos mineros y de generación son importante para impulsar y contrarrestarlos”. Roberto Velásquez, viceministro de Desarrollo

“No tiene sentido una moratoria minera porque el país está en un momento crítico, donde los índices de pobreza son alarmantes, creo que el gran perdedor de esta moratoria es el país en sí”, dijo.

Aguilar mencionó que se trata de expedientes rezagados que “estaremos evacuando a la mayor brevedad”.

Al expediente se le hará un análisis detallado del impacto del proyecto, comparado con el beneficio social que pueda representar, y se efectuarán acercamientos con las comunidades, añadieron.

Datos del MEM refieren que al 1 de febrero de este año hay 611 solicitudes en trámite, de las cuales 323 son de minerales metálicos, 179 de minerales no metálicos y 109 de materiales de construcción. Hay 343 licencias vigentes.

Los funcionarios añadieron que creen que algunos de los solicitantes ya no están interesados en las licencias y anunciaron que efectuarán controles a los que ya operan o están autorizados.

Aguilar informó que han reactivado conversaciones para aportes voluntarios (conocidos como regalías voluntarias) y que las minas Fénix, Marlin, El Escobal y Guaxilán los hicieron el año pasado.

Cargos en empresas

Respecto a su relación con empresas privadas, Castañón rechazó que haya conflicto de intereses, como dijeron diputados, sino que, a su juicio, es “un valor agregado” el conocimiento que obtuvo en ellas. Informó que mantuvo relación laboral de 15 años con la venezolana PDVSA, pero dejó el cargo el 13 de enero del 2016, aunque había renunciado varias semanas antes.

De igual forma se expresó Aguilar, quien trabajó en empresas de minería.

Factura de combustibles disminuye

La factura petrolera del 2015 bajó US$1 mil 36.5 millones, 33%, respecto del 2014, debido a la baja de los precios internacionales de combustibles, que motivaron también un aumento de consumo.

Luis Ayala, director de Hidrocarburos, informó que en el 2015 se importaron US$2 mil 100.9 millones, y en el 2014, US$3 mil 137.4 millones.

En volumen, se importaron 32 millones 493 mil 720 barriles, 3.4 millones de barriles más que en el 2014. La demanda creció más en gasolina regular (23.44%).

gas debe bajar

Ayala añadió que el MEM mantiene la postura de que el precio del propano en el país debe bajar, respondiendo a los precios internacionales, y venderse a Q75 el cilindro de 25 libras, pero son la Diaco y el MP los que siguen el caso.

Dijo que conocen de compañías interesadas en entrar al mercado nacional, como Puma, lo que generaría más competencia. En el 2015 se demandaron 5.9 millones de barriles de GLP, 21.4% más que en 2014.

La baja en el precio de combustibles no se refleja como en el exterior por los impuestos fijos, argumentó.

Nevada otorga licencias de conducir a cientos de inmigrantes indocumentados

Thu, 02 Jan 2014 23:12:54 +0000

LAS VEGAS.- En Las Vegas se comenzaron a formar largas filas antes de que se abrieran las puertas de las oficinas. Al mediodía, el tiempo de espera en las dos instalaciones más activas de la ciudad era de dos horas o más.

Pero el ambiente era más jovial que en otras esperas en el DMV dada la emoción entre la parte de inmigrantes que ahora podrán manejar legalmente a su trabajo.

Fausto García, de 51 años, estaba entre quienes se formaron en la oficina del DMV en North Las Vegas. García, originario de México, dijo que quería obtener la tarjeta tan pronto como fuera posible. Ha estado viviendo en Las Vegas durante ocho años, y manejando ilegalmente a su trabajo de lavaplatos.

“Es necesario manejar y siempre he sido cuidadoso”, comentó.

Una ley aprobada por la Legislatura de 2013 y firmada por el gobernador republicano Brian Sandoval permite que los inmigrantes en Nevada sin estatus de ciudadanía puedan obtener licencias para manejar. Una creciente cifra de estados han estado aprobando leyes similares en años recientes, y 11 estados más el Distrito de Columbia han promulgado tales medidas.

Durante una ceremonia realizada en mayo para firmar la ley, Sandoval —primer gobernador hispano de Nevada— calificó la medida como una de las piezas legislativas más significativas que haya promulgado.

Partidarios de la iniciativa de ley dijeron que dado que muchos inmigrantes sin permiso de estancia en Estados Unidos de todas maneras manejan, la ley hará que los caminos sean más seguros ya que se les exigirá hacer un examen y tener seguro.

La ley prohíbe específicamente que el DMV utilice o comparta la información para fines de aplicación de leyes de inmigración.

Los permisos para manejar tienen vigencia de un año y no pueden ser utilizados como identificación oficial para abordar aviones comerciales o ingresar a edificios del gobierno federal.

Para obtener un permiso, los inmigrantes deben mostrar un documento de identidad así como de residencia en Nevada. Cualquier documento en idioma extranjero, como un certificado de nacimiento, debe ser traducido, y el DMV tiene una lista de aproximadamente 160 traductores en su sitio de internet.

Los latinos constituyen cerca de una cuarta parte de los residentes de Nevada.