Este 3 de octubre fue invitado al pleno del Congreso el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, quien expuso ante 84 diputados los resultados del estado de Sitio, entre los cuales se encuentra la erradicación de un millón 492 mil 639 plantas de hoja de coca, lo que causó a la organización delictiva una pérdida proyectada para siete años de US$ 564 millones 480 mil (Q 4 mil 346 millones 496 mil).

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El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuestionó los resultados y recalcó que ahora Guatemala ya es productor de coca.

“Que delicado ministro, yo soy uno de los que respeta y quiere mucho al Ejército, pero dónde estaba el ejército para que esto pasara, dónde estaban sus comandantes que se dejaron meter un gol de un millón 500 mil matas de coca en un pedacito”, refirió.

Taracena también indicó que el ministro de la Defensa y otros funcionarios pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad, un ente que se creo para defender a los guatemaltecos, por lo que preguntó: “¿en dónde está el consejo que se le metieron en un ratito?”.

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“No puede ser que estén tan ciegos, en tres años y medio no hacen nada, pero ahora que el Congreso les exigió el estado de Sitio aparecen y somos ahora productores de coca, en un mes se supo, hace un mes y medio no sabíamos nada, ahora sabemos que somos productores de coca, un producto no tradicional para exportación”, dijo el parlamentario.

El diputado independiente Oliverio García Rodas dijo que el informe que dio a conocer el ministro demuestra que no se estaba trabajando -en la lucha contra el narcotráfico- y cuando se trabaja resulta lo que expuso el ministro de la cartera castrense.

“Se nos ha venido con la cantaleta de que la seguridad civil ha mejorado porque ha subido el número de policías ¿y para qué? ¿cuál es el resultado? si solo ha sido un número estadístico de tener más policías, pero no hay eficiencias de las fuerzas de seguridad”, señaló el diputado.

García Rodas también cuestionó el trabajo de los gobernadores de los seis departamentos donde se impuso el estado de excepción, “si lo único que se dedican es a conseguir obras, y no a gobernar a su departamento”.

“El narcotráfico forma parte del crimen organizado, quizá sea la actividad reina, pero el crimen se da cuando se producen fortunas enormes, porque les permite sobrepasar los presupuestos que tiene el ministerio de Gobernación y Defensa (…) no hay necesidad de encarcelar a nadie, se puede mandar a matar, no se negocia con el dueño de la finca, sino con la viuda al día siguiente, ellos no cotizan un carro, se lo roban, lo utilizan y luego lo abandonan”, manifestó García Rodas.

Agregó: “Me preocupa el informe del ministro porque demuestra palpablemente la ausencia del Estado, como me preocupa hoy 46 excusas para una sesión importante, eso también es ausencia del Estado en este hemiciclo”.

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“Yo, un hombre ya viejo, tengo que decirle a los jóvenes que mi generación fracasó, tengo que decirle a un joven presidente que mi generación les esta dejando una herencia maldita, porque no hemos podido construir un país como el que ustedes tienen derecho a tener, hemos fallado y mi mensaje para los 110 nuevos es que no permitan otra generación como la mía que ha incumplido con sus obligaciones”, dijo el parlamentario.

Por aparte, hubo otros diputados que felicitaron al ministro por el trabajo que ha realizado durante los 30 días del estado de Sitio, incluso aplaudieron las incautaciones de plantas de hoja de coca.

El ministro informó en su presentación que es muy probable que se esté efectuando importación masiva de pasta de base de coca a Guatemala, debido a las dimensiones del laboratorio encontrado en Izabal.

Otra de las conclusiones del ministro es la probabilidad de que existan más laboratorios de producción de pasta de base y de producción de clorhidrato de cocaína en el país, los cuales, debido al terreno selvático donde se encuentran, no ha sido posible identificarlos.

Asimismo, se estima que hay plantaciones de hoja de coca en otros lugares del territorio guatemalteco, en virtud de que el ministro menciona que la planta se puede sembrar y cultivar a cualquier altura, desde los cero a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.

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A dos semanas de que se paralizó el proceso de adquisición de los dos aviones Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), el Ministerio de la Defensa sigue en análisis para la adquisición de este equipo militar.

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El vocero de la Defensa, Óscar Pérez, indicó a Prensa Libre que no se ha dado por finalizado el proceso entre Guatemala y Argentina debido a que persiste la necesidad de reforzar la seguridad en el espacio aéreo guatemalteco y que ninguna otra opción evaluada ofrece las ventajas que tiene el sistema argentino.

Según información de medios argentinos, la semana pasada Guatemala debía pagar un anticipo del 40% del valor total de los Pampa III -Unos US$11.2 millones-, pero el Ejército aseguró que no se erogaría ese monto debido a que la Contraloría frenó el proceso.

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Sin seguir la Ley

La Corte de Constitucionalidad también resolvió en contra de la adquisición de los aviones argentinos e indicó que el Ejecutivo debe agotar primero el proceso que se establece en la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin embargo, la forma de adquirir estos aviones no será a través de una licitación, pues la Ley de Contrataciones no contempla esta figura, aseguró el vocero del Ejército, quien indicó también que la Contraloría General de Cuentas debería dar acompañamiento al proceso a través de una auditoría concurrente, la cual solo puede hacerse mientras se efectúa el proceso.

Para justificar la adquisición de los aviones, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, aseguró que la cartera considera urgente reforzar la seguridad en el espacio aéreo guatemaltecos pues la amenaza del crimen organizado se incrementa y ahora se utilizan “narcojets”.

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Según el funcionario, los Pampa III pueden alcanzar una velocidad de 800 kilómetros por hora, lo que permitirá interceptar los aviones tipo jet que pretendan ingresar al país transportando droga u otro ilícito.

Luego de que Guatemala notificara a Argentina sobre la suspensión del acuerdo para la adquisición del sistema de seguridad aéreo, la Fadea amenazó con demandar al país por la falta de cumplimiento.

Una carta de protesta fue enviada al Ministerio de la Defensa, entidad que debía responder, pero el vocero desconoce si esa misiva ya fue enviada.

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El funcionario aseguró que haber detectado narco jets en el espacio aéreo guatemalteco fue lo que urgió a que se adquirieran las aeronaves, su argumento es que de enero a junio de este año “la amenaza cambió”, pero también dijo que en diciembre del 2018 vino un equipo de expertos de Argentina y él hizo una visita a aquel país en enero del 2019, es decir antes de que se detectara el incremento de aeronaves ilícitas.

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“Hay cinco jets -entre las aeronaves detectadas- y eso sí ya nos preocupó, por eso tomamos las medidas para adquirir aeronaves que nos dieran capacidad de interceptación y fue una medida urgente”, explicó.

Además, el funcionario aseguró que no se trata de una compra de aviones, sino de una adquisición. “Aquí no aplican los términos de una compraventa, porque es un convenio entre estados”, indicó.  Sin embargo, por las dos aeronaves se van a erogar US$28 millones.

“No es una compraventa porque en los convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un convenio para fabricación y suministro de un sistema de defensa aéreo”, dijo.

El funcionario explicó que ese dinero se obtendrá al hacer un reajuste interno al presupuesto del Ministerio de la Defensa, el cual fue analizado antes de viajar a Argentina y firmar el convenio, pero al preguntarle cuáles son las partidas que tendrán reducción, Ralda dijo que todavía está en evaluación.

Sobre el hecho de que se firmara un convenio complementario, para poder adquirir el equipo militar, menos de un mes antes de la adquisición, el ministro insistió con que “la amenaza cambió”.

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“Para mí hubiera sido más fácil quedarme sentado, esperando que transcurran estos cinco meses -que le restan a la administración- y que siga la situación como está y cumpliendo con los recursos que tenemos, eso es más fácil que hacer lo que hice”, aseguró.

Ralda continúo justificándose con que “me preocupa más que me tachen de cobarde, que digan que no tuve el valor de hacer lo que tuve que hacer a que diga que hice cosas incorrectas”.

Además, el funcionario aseguró que “en ningún momento se ocultó el proceso” y que se tenía que dar publicidad hasta que los dos presidentes firmaran el documento oficial del convenio. “O lo hacíamos así o esto sigue su curso y no podíamos responder a la seguridad que el pueblo nos exige”.

“Opacidad sería que nos estemos amparando en el artículo 30 de la Constitución, pero nunca lo hemos hecho y estamos adquiriendo artículos de seguridad nacional”, aseguró.

Dicho artículo se refiere a que “todos los actos de la administración son públicos (…) salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

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“Estamos siguiendo todos los pasos que la Ley establece y no tenemos la intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el ministro. Sin embargo, el acuerdo firmado no se ha hecho público ni en Guatemala ni en Argentina, donde ya causaron revuelo las reacciones en contra de esta compra.

¿Fraude de Ley?

La utilización del convenio de cooperación con Argentina, y su modificación, para poder hacer la adquisición evitó que el Ejecutivo siguiera el proceso a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que diputados y analistas consideran un Fraude de Ley.

Para Ralda, esto no ocurrió porque se trata de un convenio internacional y que “el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que todo lo que se adquiera a través de convenios o donaciones deberá ser publicado al recibir el suministro en el portal de Guatecompras”.

Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, entidad que denunció penalmente al presidente Jimmy Morales por esta adquisición, asegura que dicho artículo -54- se refiere a las compras que se efectúan a través de la Cancillería o de las embajadas y no aplica en este caso.

Para el abogado, el uso del convenio de cooperación le da “una apariencia de legalidad para evadir la Ley de Contrataciones”, por lo que la Contraloría y el Ministerio Público deberían comenzar una investigación de oficio y fiscalizar dicha compra.

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Por su parte, Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, señala que se trata de utilizar un convenio militar para evadir todos los mecanismos de control, así como la sobrevaloración de la compra.

“Puede entenderse un fraude de Ley porque se estaría tratando de evadir los controles de transparencia; además, el procedimiento presupuestario no es el correcto porque no existe rubro aprobado por el Congreso para ello”, señala.

También Enrique Álvarez, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, dijo que un convenio internacional no da la potestad al gobierno para evadir leyes; además, el mismo convenio firmado en 1980 indica que cada país debe apegarse a su legislación, por lo que se debe cumplir con la Ley de Contrataciones.

Álvarez agregó que el convenio complementario es una actualización del de hace 39 años, pero el contenido de este no se conoce y, cualquiera que sea, no puede generar medidas legales que permitan evadir la Ley.

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El ministro Ralda dijo que el convenio no estipula ninguna penalización para Guatemala si esta decide no continuar con la adquisición de los aviones, y que se estableció que rescindirlo sea de mutuo acuerdo por causas de fuerza mayor.

Además, el funcionario dijo que se pedirá a la Contraloría una auditoría concurrente para evidenciar la transparencia del evento y que el pago se hará por plazos, conforme avance la fabricación de las aeronaves.

Los aviones ingresarán a Guatemala a más tardar el 30 de noviembre, aseguró Ralda, quien agregó que el costo del mantenimiento varía de acuerdo a la cantidad de horas de vuelo.

“Ese avión no es un capricho del ministro de la Defensa Nacional, ese avión es un requerimiento de la Fuerza Aérea Guatemalteca”, aseguró el ministro de la Defensa.

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