Rajoy fue relevado luego de una investigación de nueve años contra la corrupción y financiamiento político irregular que involucraba a su partido. El caso es un referente en la historia jurídica internacional.

En febrero del 2009, el juez Baltazar Garzón inició la investigación de un grupo de empresarios en el financiamiento del Partido Popular en Madrid y Valencia. Lo encabezaba el empresario Francisco Correa, condenado a 51 años de cárcel, y dos funcionarios de dicho partido, cuyas condenas suman 300 años de cárcel por financiamiento ilícito, tema que en Guatemala apenas comienza.

Con el paso de los años y en buena parte gracias a ese respaldo espurio, el PP y Rajoy llegaron al poder, del cual debió salir cuando los tribunales evidenciaron lo ocurrido, indispensable de aclarar sin comprometer el rumbo del país. El eje central de esta trama es la valiente y rigurosa acción de Baltazar Garzón, el icónico juez español quien promovió el arresto de Pinochet en Londres, dirigió la defensa de Julian Assange, ayudó a desmantelar a la ETA y desarrolló la primera y más importante etapa de investigación contra el mencionado financiamiento político ilegal del PP.

La fortaleza procesal y probatoria observada por el juez Garzón desde el inicio permitió que su trabajo y el de otros dos jueces respetara el debido proceso y no tuviera retroceso alguno, buscando la justicia mediante la correcta aplicación de la ley.

Garzón es todo un referente mundial de la lucha anticorrupción. Cuando fue juez, se elevó muy por sobre otros administradores de justicia del mundo hispanoparlante porque, es de reconocerse, desarrolla su trabajo escrupulosamente dentro del modelo español.

Esos tribunales pueden preciarse de ser cuidadosos con los alcances de sus decisiones y observadores de los debidos procesos. Con un entorno jurídico de ese nivel, los procedimientos se respetan para que la justicia no sufra distorsiones, tanto de forma como de fondo, y la corrección procesal sea una garantía plena para quienes son sometidos ante el escrutinio legal en España.

Es necesario hacer hincapié en el peso del trabajo de Garzón y la continuidad que le dieron a ese esfuerzo los también jueces Antonio Pedreira y Pablo Ruz. Es un tema de compromiso con la justicia y la certeza de que esta es parte de un entorno institucionalmente sano y fuerte. La política no es preocupación, feudo ajeno ni excusa para imponer o empañar la ley. Bajo este entorno, la sociedad puede confiar en que su futuro está al resguardo de la ley.

El mundo debe observar con detenimiento este caso, que terminó con el gobierno de Rajoy. Es una escuela de lo que debe ser la lucha contra la corrupción, y de lo que un sistema institucionalmente sano puede hacer para depurarse. Guatemala debe tomar nota, porque en este momento hay insatisfacción y dudas por la integración y por muchos fallos de las máximas cortes del país.

Ante la Constitución pero por primera vez sin la Biblia y el crucifijo, Sánchez, un licenciado en economía de 46 años, juró su cargo a las 11.02 locales (09.02 GMT) ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

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Caso Gurtel

El nuevo madatario, tras perder dos elecciones generales y haber sido defenestrado por su partido, en apenas un año Sánchez logró recuperar el liderazgo del PSOE apoyado por la militancia e hizo caer a Rajoy, un veterano político de 63 años con fama de gran sobreviviente.

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“Es evidente que tenemos que ir a unas elecciones generales”, dijo Sánchez sin mencionar fechas, reafirmando su “compromiso con Europa” y con “estabilizar socialmente este país”, que tiene la segunda peor tasa de desempleo de la zona euro pese a haber encadenado tres años de crecimiento por encima del 3 por ciento del PIB.

Desafío catalán

La investidura de Sánchez coincidió con la toma de posesión en Barcelona del nuevo gobierno catalán del independentista Quim Torra, poniendo fin a la intervención de la autonomía regional desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

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Este sábado, suavizó sin embargo el tono en el Congreso, cuando ofreció “restablecer puentes” y “normalizar las relaciones” con esta región nororiental de 7.5 millones de habitantes. “Este gobierno quiere que Cataluña esté en España, y escuchará a Cataluña”, afirmó.

Margen de acción limitado

La mayor presión para celebrar unos comicios cuanto antes vendrá del partido liberal Ciudadanos, que no apoyó la moción de censura y que según los sondeos va viento en popa.

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“Esperamos la formación del gobierno y estaremos abiertos y haremos todo lo posible para tener una buena colaboración”, dijo el portavoz del gobierno alemán Stefan Seibert en una declaración a la prensa.

“Estamos enfrentando grandes desafíos en Europa, todos juntos, y podremos resolver la mayoría de estos desafíos no a nivel nacional sino solo con cooperación y con una gran unidad europea”, agregó.

“Es nuestra tarea común garantizar esta unidad, escucharnos los unos a los otros, intentar una y otra vez a través del diálogo encontrar soluciones”, insistió Seibert.

El portavoz dijo sobre Sánchez que esperan continuar la cooperación “en un espíritu de confianza mutua” entre los dos países.

“Mariano Rajoy contribuyó de una manera decisiva a que España saliera de la crisis económica y financiera al poner en marcha políticas y reformas inteligentes”, destacó Seibert.

Por su lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó este viernes “su confianza” al nuevo presidente del gobierno español, indicó su portavoz Mina Andreeva, quien precisó que Bruselas “tomó nota” de su compromiso de “no modificar el presupuesto” de su predecesor.

“El presidente acaba de felicitar al nuevo primer ministro de España, el señor Sánchez. Le ha enviado una carta de felicitación, en la que manifiesta su confianza en que el gobierno español siga contribuyendo de forma constructiva a una Unión Europea (UE) más fuerte, unida y justa”, explicó la portavoz.

Para el ejecutivo comunitario, España “ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel muy importante” en el proyecto de la UE con el socialista Sánchez.

Preguntada sobre si están preocupados por una eventual inestabilidad política en España, Andreeva expresó la “plena confianza” de la Comisión en el nuevo gobierno y subrayó que ha “tomado nota del compromiso del nuevo primer ministro Sánchez de no modificar el presupuesto” de 2018 aprobado la semana pasada.

El jefe de filas del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber, lamentó la marcha de Mariano Rajoy y dijo esperar del nuevo gobierno que “no desmantele los logros” de su predecesor para salir de la crisis económica. “Sería llevar a España por el camino equivocado”, tuiteó.

Incertidumbre

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresó hoy su “tristeza” por la “destitución” del presidente español, Mariano Rajoy, tras triunfar una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez.

Veppex, con sede en Miami (Florida, EE. UU.), afirmó que el ya expresidente español había sido un “importante aliado de los venezolanos que enfrentan al régimen del (presidente venezolano) Nicolás Maduro”.

En ese contexto, la organización calificó, sin embargo, de “muy decepcionante” que la corrupción afecte a “personas y líderes que en materia internacional están haciendo un gran trabajo”.

“Estaremos eternamente agradecidos con el presidente Rajoy por el interés que mostró sobre la situación en Venezuela y la gran ayuda que le brindó a miles de venezolanos que se encuentran refugiados en España”, subrayó en un comunicado Jose Antonio Colina, presidente de Veppex.

Los exiliados venezolanos expresaron su preocupación por la “incertidumbre e interrogantes” que arroja la llegada al poder en España de Sánchez.

Veppex mostró su desconfianza hacia la coalición de izquierda que ha apoyado la moción de censura, una coalición, dijo, “aliada claramente con el régimen de Maduro en Venezuela”.

Querella contra Rajoy

El presidente independentista de Cataluña, Quim Torra, presentó este viernes una querella contra el recién destituido dirigente español Mariano Rajoy por haber bloqueado la constitución de su primer gobierno con ministros presos y en el extranjero, anunció la presidencia regional.

El antiguo ejecutivo de Rajoy, tumbado este viernes en el Congreso por una moción de censura del socialista Pedro Sánchez, aprovechó el control directo que ejercía sobre Cataluña desde octubre para bloquear la publicación oficial del decreto de nombramiento del gobierno regional, lo que impidió su toma de posesión.

Es “una decisión arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal”, aseguró en un comunicado la presidencia catalana.

La querella presentada ante el Tribunal Supremo, el órgano que investiga a la cúpula del independentismo catalán por su fallido intento de secesión de octubre, se dirige contra Rajoy y su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a quienes acusa de “prevaricación”.

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En la votación en la cámara baja, Sánchez reunió el apoyo de una mayoría de diputados (180 de 350) a su moción de censura, promovida después de que la justicia condenara al Partido Popular (PP) de Rajoy en un sonado caso de corrupción.

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Rajoy “ya forma parte de un tiempo pasado al que este país está a punto de pasar página, y lo que conviene a España es mirar al futuro sin miedo”, expresó el jueves al exponer su plan de gobierno.

El rey Felipe VI firmará, en principio este viernes por la tarde, el nombramiento de Sánchez, que podría jurar o prometer su cargo el sábado.

“Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega”, y “voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo”, declaró el líder socialista a la prensa, después de seis años y medio de poder conservador en España.

Rajoy se despidió antes del desenlace con una breve intervención en la cámara, reconociendo su derrota y felicitando a Sánchez por adelantado.

“Suerte a todos ustedes por el bien de España”, dijo el líder conservador, de 63 años y en el cargo desde diciembre de 2011. Tras el resultado, fue a saludar al socialista con un apretón de manos.

Para echar a Rajoy, Sánchez armó una heteróclita coalición con la izquierda radical de Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. En total, ocho fuerzas políticas lo votaron este viernes.

Sánchez, licenciado en Economía y de 46 años de edad, reconoció que “por supuesto” tendrá dificultades en su acción de gobierno, que con los 84 diputados de su partido será el más minoritario de la España democrática.

No obstante, reiteró con un tono optimista su “compromiso con Europa” y la estabilidad macroeconómica, y prometió “estabilizar socialmente este país”, priorizando políticas en favor del medioambiente y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Igualmente, reiteró su oferta de diálogo al gobierno independentista catalán entrado en funciones este mismo viernes, lo que augura el levantamiento inminente de la tutela impuesta a la región en octubre, a raíz del intento fallido de secesión unilateral.

“Este gobierno quiere que Cataluña esté en España, y escuchará a Cataluña”, declaró Sánchez.

Escándalo de corrupción golpea al partido de Rajoy

El PSOE promovió la moción de censura hace una semana, tras conocerse la sentencia judicial de la Gürtel, una trama corrupta consistente en una red de empresas que de 1999 a 2005 sobornaron a cargos del PP para obtener contratos públicos en distintos puntos del país.

La sentencia fue una bofetada para el PP, que no obstante la recurrirá.

El partido conservador fue condenado a pagar más de 245 mil euros como “partícipe a título lucrativo” de la trama. La justicia consideró probado que hubo una caja B desde 1989, y el tesorero que la administró, Luis Bárcenas, fue condenado a 33 años de prisión.

En la tarde de este jueves se confirmó que una mayoría de diputados de la cámara baja -180 de un total de 350, pertenecientes a ocho fuerzas políticas- apoya la moción de censura presentada por el líder socialista Pedro Sánchez, quien está llamado a suceder a Rajoy, en el poder desde fines de 2011.

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Mariano Rajoy es un veterano político de 63 años que ocupó todo tipo de cargos en la política española y que en los últimos tiempos sobrevivió a la peor crisis política en cuatro décadas, el desafío separatista catalán, y la peor crisis económica también en décadas.
Pero su previsible caída en el voto del viernes se deberá al lastre de la corrupción, una semana después de conocerse la sentencia judicial de la Gürtel, una trama corrupta en la que una serie de empresas sobornaron a responsables del Partido Popular de Rajoy para obtener contratos públicos entre 1999 y 2005.

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“Su permanencia al frente de la presidencia del Gobierno es dañina, y es un lastre no sólo para España sino para su partido”, le manifestó Sánchez a Rajoy en los debates de la mañana, dominados por duros cruces de acusaciones entre ambos.

“Aquí de lo que se trata es de que el señor Pedro Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura (…) lo importante es que llegue, eso sí, sin pasar por las urnas”, le recriminó Mariano Rajoy, que desde fines del 2016 ha gobernado en minoría en la cámara.
El dirigente conservador acusó además a sus rivales socialistas de “venir al Congreso de los Diputados a mentir”, afirmando que en la sentencia de la Gürtel, que será recurrida, “no existe una línea (…) donde figure una condena penal al gobierno de España o al PP”.
Tras las intervenciones de este jueves, la moción de censura seguirá debatiéndose este viernes a partir de las 09H00 locales (07H00 GMT).

Promesas a partidos regionales

El Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Sánchez, tomó el pasado viernes la iniciativa de presentar la moción de censura al día siguiente de conocerse la sentencia de la Gürtel.

Además de condenar a 29 personas a 351 años de prisión, incluida una docena de ex dirigentes del PP, la sentencia obligó al partido a pagar 245 mil 492 euros como “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta, y dio por probado que el PP tuvo una caja negra desde 1989.
Igualmente, puso en duda la credibilidad de Rajoy, quien como testigo dijo ante los jueces que ignoraba cualquier financiación ilegal de la formación.
Para ganarse los apoyos indispensables, Sánchez hizo este jueves gestos y promesas a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

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Así, ofreció “tender puentes” con el presidente independentista catalán Quim Torra, al que pocos días antes había tachado de “supremacista”.
Y sobre todo prometió, “por responsabilidad de Estado”, mantener los presupuestos para 2018 elaborados por el gobierno de Rajoy, aprobados la semana pasada en la cámara baja y pendientes de tramitación en el Senado.

Este gesto fue recibido como un guiño al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna esta región del norte de España y obtuvo en los presupuestos un valioso paquete de 540 millones de euros de inversiones en infraestructuras.

¿Elecciones en el horizonte?

En su exposición, Sánchez afirmó que su ejecutivo estará integrado sólo por socialistas, y añadió que será “un gobierno paritario, un gobierno europeísta, un gobierno garante de la estabilidad presupuestaria y económica”.
Sin embargo, de confirmarse su llegada al poder, su mandato se anuncia precario, ya que el PSOE tiene apenas 84 diputados en la cámara.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, le advirtió en ese sentido que tendrá “un gobierno débil y difícil”.
La otra gran cuestión es cuándo habría elecciones anticipadas, que acortarían una legislatura que en principio termina a mediados de 2020.
Sánchez dijo que no lo haría inmediatamente, y que si asume como presidente primero se encargará de “recuperar la normalidad” política e institucional y de atender “urgencias” sociales, tratando de tener un diálogo fluido con los sindicatos e impulsando la igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otras iniciativas.
Todos los aliados potenciales de Sánchez rehúsan llamar a elecciones inmediatamente, algo que reclama el partido liberal Ciudadanos (32 diputados), con el viento a favor según las encuestas. Ferviente opositor de los privilegios fiscales del País Vasco y de los independentistas catalanes, critica a Rajoy pero se niega a apoyar al PSOE.

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El líder conservador de 63 años, de gafas y barba blanca, está muy cerca de perder el poder después de que la justicia sentenciara que su Partido Popular (PP) se lucró gracias a una vasta trama de corrupción y mantuvo durante dos décadas una contabilidad paralela.

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Una semana después de la sentencia, una mayoría de los 350 diputados del Congreso español se ha manifestado este jueves a favor de la moción de censura presentada por el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, y que será votada este viernes.
Hasta ahora, su paciencia e impasibilidad, así como la división de sus rivales, lo habían salvado, reconocen tanto aquellos aliados que lo ven como un brillante estratega como los adversarios que lo atacan por su inmovilismo y su falta de carisma.
Reclinándose en su butaca esperando a que amaine la tormenta, había capeado la contestación contra sus políticas de austeridad, los escándalos de su partido y la crisis independentista en Cataluña.

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Símbolo de su capacidad de sobrevivir a todo, en 2005 se salvó de un accidente en helicóptero con apenas un dedo roto.

Un político curtido

Elegido como concejal por primera vez en 1981 en su Galicia natal, Mariano Rajoy “es el único político que lleva toda su vida en esto”, asegura el politólogo Antón Losada, autor de una biografía del líder conservador.
“Ha ganado elecciones, ha perdido elecciones, ha sido ministro, ha sido líder de la oposición, ha pasado por todo”, en comparación a unos rivales que son “novatos”.

“Ha aprendido a esperar, a aguantar la presión”, añade.
Esperó casi ocho años como líder de la oposición para convertirse a fines de 2011 en presidente del gobierno español con mayoría absoluta.
Y tras las elecciones generales de 2015, en las que perdió muchos apoyos por los escándalos de corrupción y la austeridad de su primer mandato, supo aguardar diez meses y unas nuevas elecciones para ser reinvestido en octubre de 2016, una vez sus rivales demostraron su incapacidad de acordar un gobierno alternativo.
Resucitado aunque más débil, otras crisis se interpusieron en su camino, especialmente el fallido intento de secesión en la independencia de Cataluña el pasado octubre.

Criticado por su inacción ante un conflicto cocido durante años, consiguió salvar la situación a última hora imponiendo su control directo sobre la región, y destituyendo en bloque al ejecutivo independentista de Carles Puigdemont.
Los independentistas conservaron el poder, pero por el momento parecen haber renunciado a una separación unilateral inmediata.

Nunca muerto

Los cómicos suelen mofarse de sus embrollos dialécticos –“España es una gran nación y los españoles son muy españoles y mucho españoles”, dijo en 2015– que contrastan con sus ingeniosas réplicas parlamentarias.

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Aficionado al ciclismo y al Real Madrid, así como a las caminatas matutinas, se sabe poco de la vida privada de este hombre casado y con dos hijos.

Nacido en 1955 en Santiago de Compostela, Mariano Rajoy Brey creció en una familia burguesa de provincias y en su juventud fue registrador de la propiedad.
Pero pronto saltó a la política, inscribiéndose en Alianza Popular, fundada por ministros del dictador Francisco Franco y que acabaría convirtiéndose en el PP.
Cinco veces ministro del gobierno de José María Aznar (1996-2004), fue su portavoz cuando tuvo que justificar la desastrosa gestión de la marea negra provocada en Galicia por el buque petrolero “Prestige” en 2002, o la entrada de España en la guerra de Irak en 2003.

Designado a dedo por Aznar como sucesor, perdió dos elecciones frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y 2008, antes de alcanzar el gobierno en una España atenazada por la crisis.
La austeridad que se cobró la vida política de otros dirigentes europeos lo hizo tambalearse, pero no lo tumbó. “Tienes la piel de elefante”, le llegó a decir la canciller alemana Ángela Merkel.
E incluso si cae el viernes, tiene suficientes recursos para volver y recuperar el poder, opina Losada. “A Rajoy hay que darle por muerto cuando esté muerto, no antes”.

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A continuación cinco claves:

Si Puigdemont se encontraba en Finlandia cuando España reactivó la orden europea de detención contra Puigdemont, ¿por qué se esperó a que estuviera en Alemania para detenerlo?

La detención de Puigdemont en un área de descanso en una autopista en el norte de Alemania se produjo cuando viajaba en automóvil desde Finlandia, atravesando Suecia y Dinamarca, con destino Bruselas. Allí vive desde hace casi cinco meses tras abandonar España cuando fue destituido por el Gobierno central debido a la activación de su plan independentista en Cataluña.

Desde el Ministerio del Interior alemán evitaron comentar hoy por qué otros países que atravesó Puigdemont no procedieron a su detención en cumplimiento de la orden de arresto. “No soy la persona adecuada para contestar a esa pregunta. Habrá que preguntar a Dinamarca por qué no lo detuvieron ahí”, declaró el portavoz de Interior, Johannes Dimroth. “No quiero entrar en especulaciones”.

¿Es Alemania un país más favorable para efectuar una rápida extradición?

Alemania es uno de los países con los que España mantiene mejor cooperación policial. Además, a diferencia de lo que ocurre en Bélgica, el código penal germano incluye el delito de alta traición, equiparable, según los expertos, al de rebelión que se imputa a Puigdemont. Ese delito en Alemania contempla penas que van de los diez años de prisión a la cadena perpetua en los casos más severos.

Los dos delitos son “muy parecidos, ya que las personas demandadas, capitaneadas por Puigdemont, querían de manera violenta modificar el ordenamiento constitucional en España para lograr la separación de Cataluña“, explicó a dpa el abogado Carlos Wienberg.

¿Cómo se enteró la Policía alemana del paradero de Puigdemont?

El arresto del líder independentista catalán también hizo surgir la duda de cómo supo la Policía alemana dónde estaba exactamente y si, como apuntan algunos medios, fue seguido por los servicios secretos españoles, que esperaron a que estuviera en un país más favorable a sus fines para avisar de su llegada.

El portavoz del Ministerio de Interior Johannes Dimroth rehusó detallar cómo llevó el aviso a manos de las autoridades alemanas y se limitó a recordar que la orden estaba ya en la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre los cuerpos policiales de países del espacio Schengen, y que “por regla general la Policía española tiene contacto con sus colegas alemanes”.

¿Puede presentar Puigdemont una solicitud de asilo en Alemania?

Si bien el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha indicado en declaraciones a la cadena catalana TV3, que de momento no se ha puesto sobre la mesa pedir asilo en Alemania, ha asegurado qeu analizarán todas las opciones cuando se reúna con la defensa alemana del ex presidente regional.
En relación a esta posibilidad, en Berlín contestaron que por principio “todo el mundo” es libre de dirigirse a los organismos responsables de las peticiones de asilo. “De manera abstracta se puede decir que sí, que puede presentarlo (…) El derecho de asilo está abierto para él”, indicó el vocero de Interior.

Dimroth apuntó además que no conocía la cifra exacta de españoles que han pedido asilo en Alemania. “No sé el número pero me atrevo a decir que tiende a cero”, manifestó sobre un país que al pertenecer a la Unión Europea se considera seguro.

¿Cuál es la postura del Gobierno alemán sobre la detención y extradición?

Desde el Gobierno alemán se mostraron cautos con la detención. El portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, insistió hoy una vez más en que el desafío catalán constituye un asunto de política interna que debe ser abordado en el marco de la Justicia española.
“España es un Estado democrático. Desde nuestro convencimiento y nuestra experiencia, España es un Estado constitucional. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español”, dijo Seibert para a continuación recordar que el Gobierno alemán respalda la postura adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

“El Gobierno español siempre ha señalado que no ha encausado al señor Puigdemont y sus compañeros por sus ideas políticas, por sus ideas de independencia, sino debido a acusaciones concretas por un delito. Si este delito se ha cometido, deben determinarlo los tribunales españoles”, agregó.
Por su parte, la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, recordó horas después de la detención que se trata de un asunto de la Justicia. “Los primeros pasos son puramente jurídicos”, declaró en la cadena de televisión pública alemana ARD. “Deben comprender que ahora desde el lado político no quiera intervenir en este proceso legal. Tampoco con declaraciones precipitadas”, indicó la política socialdemócrata.

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A diferencia del paro general del 3 de octubre, convocada en protesta por las cargas policiales contra el referendo de independencia dos días antes, y que tuvo un gran seguimiento, la mayoría de comercios de Barcelona abrieron sus puertas con normalidad.

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Los huelguistas concentraron su acción en cortar carreteras y perturbar los transportes públicos. Según el Servicio Catalán de Tránsito, hubo cortes en más de 50 puntos de la red de carreteras, incluyendo las dos principales autopistas que unen la región con Francia y Madrid y los principales accesos a Barcelona.

También quedó cortada la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Francia, cuando un grupo de manifestantes con banderas independentistas invadieron las vías de la estación de Girona gritando “¡libertad, libertad!”.

“Las cosas están funcionando bien. Los funcionarios del gobierno de Cataluña están cumpliendo con su obligación”, explicó Rajoy en una sesión en el Congreso.

El dirigente español también disolvió el parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre. “Esas elecciones sirven para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, normalidad, de convivencia”, afirmó, llamando a una participación masiva.

El independentismo también centra sus esfuerzos en movilizar a sus militantes para esas elecciones.

A pesar de los llamados de Puigdemont desde Bruselas, donde se encuentra desde hace diez días, a formar una lista que aglutinara todas la sensibilidades separatistas contra la intervención de Madrid, los diferentes partidos no consiguieron acordar una coalición.

Por el momento se desconoce cuál es el motivo del viaje, que no ha sido confirmado oficialmente, aunque medios de España apuntan que el presidente destituido se podría reunir con políticos flamencos e incluso pedir asilo político.

La televisión estatal belga VRT afirmó que Puigdemont “está casi con seguridad de camino a Bruselas”, donde “se encontrará con abogados y representantes políticos”.

El coordinador general del partido gobernante PP, Fernando Martínez Maíllo, calificó el viaje como “un desatino” y una muestra de la “más absoluta desesperación”.

Según El Periódico de Cataluña, Puigdemont estaría acompañado de cinco exconsejeros de su gobierno.

El diputado de la coalición que hasta la destitución gobernaba Cataluña (Junts pel Si), Lluis Llach, ha calificado a Puigdemont de “exiliado” en su cuenta de Twitter y ha dicho que esto es una denuncia contra España “ante los estamentos europeos, internacionales”.

Theo Francken, secretario de estado belga de asilo y migración y del partido independentista flamenco N-VA, se mostró dispuesto este domingo a dar asilo al expresidente catalán, pero el primer ministro Charles Michel negó luego que esa posibilidad estuviera sobre la mesa.

Ningún Estado ha reconocido hasta ahora la declaración de independencia aprobada por el parlamento catalán el viernes 27 de octubre, cuando los partidos no independentistas abandonaron el pleno.

El expresidente de la Generalitat colgó en la mañana de este lunes en Instagram una fotografía tomada desde la sede del gobierno catalán, que parecía indicar que se encontraba en su interior.

El cese de Puigdemont y su gabinete se hizo efectivo esta madrugada al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ofrece nuevos detalles sobre la intervención de la autonomía de Cataluña por parte de Madrid, incluida la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

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Posibles escenarios de dos días decisivos

La “número dos” de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, asume las competencias de Puigdemont y del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Se convierte así en la figura clave de la intervención, que, según el texto, busca “garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos”.

Los 11 consejeros catalanes cesan en sus funciones, que son asumidas por los ministros equivalentes en el Gobierno de Rajoy. También son destituidos los delegados de la “Generalitat” en Madrid y en la Unión Europea (UE), así como el director general de la Policía autonómica (Mossos d'Esquadra), Pere Soler.

Madrid destituye además al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, una medida no mencionada por Rajoy el viernes cuando presentó la intervención. Trapero, una figura mediática desde los atentados yihadistas del 17 de agosto en Cataluña, está cuestionado por su papel en el proceso soberanista e imputado por sedición.

El BOE recoge además el cierre de las representaciones de Cataluña en el extranjero (las llamadas “embajadas”) con excepción de la de Bruselas, además de diversos organismos autonómicos. Fija también la disolución del “Parlament” en Barcelona y convoca elecciones para el 21 de diciembre. La campaña durará 15 días desde el 5 de diciembre.

La intervención de la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución, una medida drástica e inédita en 40 años de democracia en España, fue aprobada el viernes por el Senado en Madrid con el apoyo del Partido Popular de Rajoy, los socialistas del PSOE (primera fuerza de la oposición) y los liberales de Ciudadanos.

Minutos antes, un pleno del “Parlament” catalán aprobó una resolución propuesta por los partidos independentistas para iniciar un proceso que acabe en la constitución de una república soberana en un plazo no estipulado, lo que fue interpretado como una declaración unilateral de independencia y celebrado por miles de personas en las calles.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy compareció por la noche para anunciar las medidas acordadas en la intervención. Lo inédito de la situación abre ahora el interrogante de cómo podrá implementarse en la práctica.

El Ejecutivo de Rajoy avisó de que cualquier negativa a dejar el cargo podría entenderse como un delito de usurpación de funciones. Sin embargo, según la prensa española, Puigdemont dio orden de ceder la “Generalitat” sin ofrecer resistencia.

La preocupación del Gobierno se sitúa ahora en las calles. Los sectores más duros del independentismo llamaron a la resistencia civil pacífica y los próximos días podría haber nuevas concentraciones, huelgas o actos de protesta.

Papa, preocupado por la “fragmentación” de Europa

El papa Francisco está preocupado por la “fragmentación” de Europa, afirmó el “primer ministro” del Vaticano, Pietro Parolin, en lo que parece ser una alusión a la crisis en la región española de Cataluña, cuyo Parlamento aprobó el viernes una resolución para proclamar la independencia.

“El resultado del referéndum británico el año pasado y la tendencia a la fragmentación que está golpeando el continente han llevado al Santo Padre a considerar la necesidad urgente de promover una reflexión más amplia y más centrada en Europa como conjunto y en su futura dirección, incluso más allá de los límites de la Unión Europea”, señaló el secretario de Estado del Vaticano en un discurso pronunciado el viernes y cuyo contenido fue publicado hoy.

Entre los diversos problemas en Europa que preocupan al pontífice, Parolin mencionó la crisis económica, la migración, el avance del populismo y el “regreso del nacionalismo”.

Tras la declaración unilateral de independencia aprobada hoy por el Parlamento catalán, los gobiernos y las cancillerías de los países más poderosos de la comunidad internacional respaldaron al Gobierno de Mariano Rajoy y abogaron por encontrar una solución dentro del orden constitucional español.

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“Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

El Gobierno de Alemania aseguró por su parte que no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento regional, al tiempo que subrayó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la “clara postura” del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del “orden constitucional”, a la vez que subrayó que la “soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables”.

También el Gobierno del Reino Unido dejó claro que “no reconoce ni reconocerá” la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

“Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España”, señaló un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May.

Asimismo subrayó que esa declaración unilateral de independencia de la región de Cataluña “está basada en una votación que fue declarada ilegal por tribunales españoles”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó también que el “único interlocutor” de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que subrayó que la situación en la región de Cataluña es un “asunto interno” español.

Italia tampoco reconoce “ni reconocerá” la declaración de independencia de Cataluña, afirmó el ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, a la vez que calificó esa decisión del Parlamento de esa comunidad autónoma de “gesto gravísimo y fuera del marco de la ley”.

En la misma línea se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien aseguró que España sigue siendo el “único interlocutor” de la Unión Europea, al tiempo que afirmó que para la Unión “nada cambia”.

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“Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza”, escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, expresó igualmente su respeto por las decisiones que tome el Gobierno español ante la declaración unilateral de independencia por parte de la región de Cataluña.

“Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno” español, indicó a Efe Juncker, que también reiteró su rechazo a los separatismos y agregó que “Europa, la UE, la Comisión, no tienen que implicarse en ese proceso”.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó asimismo que “nadie” en la Unión Europea (UE) reconocerá la declaración de independencia votada en el Parlamento catalán y pidió “restablecer la legalidad como base para el diálogo”.

“Nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración”, dijo el político italiano del Partido Popular Europeo en español en la red social Twitter.

La OTAN afirmó que la crisis en Cataluña debe ser resuelta “dentro del marco constitucional español” y subrayó que España es un miembro “comprometido” de la Alianza Atlántica.

“El tema catalán es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España”, dijeron a Efe fuentes de la Otán.

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También el secretario general de la ONU, António Guterres, animó a “buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española” ante la crisis en Cataluña.

“El secretario general anima a todas las partes a buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española y a establecer canales políticos y legales”, dijo su portavoz Farhan Haq al ser preguntado al respecto.

El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, expresó su “total solidaridad” con la defensa de la unidad de España y su deseo de que se aseguren los canales de diálogo bajo el cumplimiento de la Constitución española.

Desde Escocia, la secretaria de Cultura, Turismo y Asuntos Exteriores del Gobierno autónomo, la nacionalista Fiona Hyslop, defendió una solución para la situación en Cataluña que respete “la democracia y la legalidad”.

En Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ratificó el apoyo de su país a la integridad territorial de España y a su Gobierno ante la declaración de independencia de Cataluña, y dijo que al mundo le conviene una España unida.

Cuarenta minutos después de que el Parlamento catalán aprobara el inicio de un proceso hacia la instauración de una “república independiente”, la Cámara alta parlamentaria española dio el visto bueno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que será ratificada hoy mismo por el Consejo de Ministros.

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Además del Partido Popular (PP) de Rajoy, lo apoyaron el Partido Socialista (PSOE) y el liberal Ciudadanos. Hubo 214 votos a favor -el 81 por ciento de la Cámara-, 47 en contra y una abstención.

Junto con la destitución del “Govern” catalán al completo, entre las medidas pedidas por Madrid figura también el recorte de las competencias del Parlamento catalán para que no pueda designar candidatos ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Puigdemont.

“No hay alternativa. Lo único que se puede, y además se debe hacer, es acudir a la ley precisamente para hacer cumplir la ley”, justificó hoy el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy al inicio de la sesión en la Cámara alta española.

“Lo que amenaza hoy a Cataluña no es el artículo 155, sino la actitud del Gobierno de la Generalitat (Gobierno catalán). De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales”, expresó en su discurso, de más de media hora.

Madrid decidió intervenir la autonomía de Cataluña después de que el Gobierno de la región española, el independentista Carles Puigdemont, obviara un requerimiento de Rajoy y amenazara con una declaración unilateral de independencia, que ahora en está en el aire.

“Fue él quien eligió que el proceso del artículo 155 continuara adelante (…) Bastaba con mantener los comportamientos propios de cualquier democracia” para evitarlo, dijo hoy Rajoy.

Puigdemont aseguró que estaba dispuesto a convocar comicios pero, en su opinión, no se dan “las garantías” para hacerlo.
El presidente señaló que ahora recae en el Parlamento Catalán la tarea de tomar una acción en respuesta a la aplicación del artículo 155, con el que el gobierno central pretende intervenir la autonomía.

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Cuando se había confirmado que el presidente saldría a hacer un anuncio público, fue suspendido sin explicación del gobierno regional.

El anuncio que el presidente catalán, Carles Puigdemont, tenía previsto hacer hoy, ya había sido retrasado, pero finalmente fue suspendido, según anunció un portavoz del gobierno regional.

“La declaración fue suspendida”, indicó el portavoz, sin dar explicaciones sobre la decisión, en momentos en que España espera saber si Puigdemont va a convocar elecciones anticipadas regionales.

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La expectativa se mantiene en España, a horas de que el Senado español conozca las medidas que ha propuesto Mariano Rajoy, el jefe del poder Ejecutivo, para evitar la independencia de Cataluña.

El Senado deberá decidir este viernes y llamar a votación, para autorizar la intervención directa de la región de Cataluña, desde Madrid, que pretende tomar más control económico y de las fuerzas de seguridad.

Con información de AFP

¿Qué pasará el jueves y el viernes en el Parlamento catalán?

La cámara celebrará un pleno extraordinario en principio para analizar una respuesta a la intervención anunciada por Madrid en Cataluña. La reunión, sin embargo, podría servir para declarar la independencia unilateral y proclamar una nueva “república catalana”, como piden los sectores más duros del “Govern” de Carles Puigdemont.

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¿Qué consecuencias tendría la declaración de independencia?

Su efecto práctico sería limitado: el Gobierno de Mariano Rajoy recurriría la declaración ante el Tribunal Constitucional, que la suspendería, y se limitaría a seguir adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña, que el Senado en Madrid aprobará el viernes en virtud del artículo 155 de la Constitución.

La declaración unilateral de independencia puede en cambio salir cara a Puigdemont, que afrontaría en ese caso una querella por rebelión, delito castigado con hasta 30 años de prisión. Así lo adelantó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, según el cual Puigdemont puede incluso ser detenido por “un acto de una gravedad importante”.

¿Queda aún margen para una salida negociada a la crisis?

El margen es mínimo. Los socialistas del PSOE, que apoyan al Gobierno en la intervención de la autonomía, piden frenar esa medida si Puigdemont convoca elecciones. Pero el Partido Popular (PP) de Rajoy cree que los comicios serían insuficientes y exigen al líder catalán que renuncie a la independencia y vuelva a la ley.

Una marcha atrás de Puigdemont irritaría a socios y votantes, por lo que parece improbable. Más aun después de que el jefe del “Govern” desistiera hoy de acudir al Senado español mañana o el jueves para presentar alegaciones contra el artículo 155, una posibilidad que prevé la Constitución.

¿En qué consistirá la intervención de la autonomía de Cataluña?

El artículo 155 de la Constitución, nunca aplicado hasta ahora en 40 años de democracia en España, permite al Estado adoptar “las medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir la ley. El Gobierno de Rajoy anunció el sábado que lo usará para destituir a Puigdemont y su Gobierno y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses.

También se espera que limite las competencias del “Parlament”, intervenga las cuentas de la región, la Policía regional (Mossos d'Esquadra), oficinas de representación extranjera de Cataluña e incluso el canal autonómico TV3, entre otras medidas. La intervención comenzará el mismo sábado de forma gradual y por tiempo limitado.

¿Qué consecuencias concretas tendrá en Cataluña… y en Madrid?

La intervención inédita del Estado central en una región tiene un alto costo de imagen -motivo por el que Rajoy intentó evitarla hasta último momento- y fue presentada por el independentismo en Cataluña como un agravio y una “humillación”.
La aplicación del 155 promete así ser conflictiva y recibida con protestas en las calles y resistencia social y política, con el consecuente riesgo de incidentes y actuaciones policiales.

La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al Gobierno de Puigdemont, llamó ya a una “lucha no violenta” y a la “desobediencia civil masiva”. Diversos sectores convocaron también protestas y huelgas. El “Govern” aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer “órdenes de Madrid”.

¿Será Cataluña independiente?

No a medio plazo. Sin tomar en cuenta la intervención de Madrid que desbaratará el plan secesionista, la “república catalana” requeriría reconocimiento internacional y que España retirara su presencia en la región (jueces, policía, Ejército, funcionarios, etc.): dos condiciones que hoy nadie se plantea.

Incluso sin esos obstáculos, un nuevo país no puede crearse de la noche a la mañana. La nueva república tendría que crear su propia moneda o imprimir pasaportes. Cataluña carece de Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica. La reciente fuga de más de mil empresas de la región muestra también los retos económicos que tendría el nuevo país.

La independencia divide además a la sociedad catalana. Las encuestas muestran que algo más de la mitad la rechaza, aunque una mayoría que llegó a superar el 80 por ciento pide decidir en un referéndum legal y pactado con Madrid.
Según datos del Gobierno catalán, un 43,03 por ciento del censo participó en la polémica consulta del 1 de octubre, suspendida por la Justicia y celebrada sin condiciones mínimas. El “sí” a la ruptura con España ganó por un 90 por ciento, en parte porque los partidarios del “no” boicotearon la votación.

El presidente del Gobierno regional (Generalitat) de Cataluña, Carles Puigdemont, adelantó que acudirá al Senado de España, el próximo jueves, para exponer su rechazo a las medidas por las que el Ejecutivo central asume competencias de esa autonomía para evitar el actual proceso independentista.

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El sábado pasado el Consejo de Ministros propuso, propuso algunas medidas que afectaría el movimiento independentista de Cataluña, la cuales se busca que sean ratificadas el próximo viernes por el Senado español.

Entre las medidas se contempla el cese de todo el Gabinete de Puigdemont, la limitación de funciones del Parlamento catalán, tomar más control de las finanzas y la policía regional, entre otras disposiciones.

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En el Senado se constituirá este martes la comisión que se va a encargar de la tramitación de ese decreto y ante la que Puigdemont podría comparecer para replicar las medidas del Gobierno de Rajoy.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, dijo hoy que sería “muy positivo” recibir a Puigdemont, para que pueda hacer valer en persona los argumentos contrarios a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, por el calendario fijado por el Senado, Puigdemont sólo podría comparecer en la tarde del jueves 26, el mismo día en el que convocaron a un pleno en el Parlamento de Cataluña para responder al Gobierno español.

La Junta de Portavoces de la Cámara catalana decidió que se realizará un pleno explicativo, con la hipótesis de una declaración unilateral de independencia sobre la mesa, para responder a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha propuesto Rajoy ante el Senado.

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“Esta mano tendida al diálogo no nos hace mover ni un centímetro de nuestro compromiso y determinación con lo que votaron los ciudadanos el día 1 de octubre”, dijo Pascal en alusión a la hipótesis de la presencia de Puigdemont en el Senado.

La comisión que tramitará el decreto del Consejo de Ministros estará integrada por veintisiete parlamentarios y en ella el gubernamental Partido Popular tiene mayoría absoluta y cuenta, además, con el respaldo de los socialistas y los liberales.
Puigdemont podrá asistir personalmente al Senado o enviar a un representante.

Con información de la agencia EFE

En declaraciones a Televisión Española divulgadas en su página web, la dirigente socialista Carmen Calvo confirmó hoy la fecha de enero, que había adelantado el periódico digital diario.es.

Calvo, experta en Derecho Constitucional, encabeza la delegación del PSOE que negocia con el Ejecutivo las medidas concretas que aprobará mañana el Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.

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Entrevistada también en la cadena de televisión Antena 3, Calvo dijo que las medidas “evidentemente podrían afectar” a la policía regional (Mossos d'Esquadra) y la cadena autonómica de televisión TV3, además de a las cuentas públicas de Cataluña.

El fin es, argumentó, “volver a la legalidad, a la normalidad y la tranquilidad institucional” para ir “a unas elecciones” regionales.

El Gobierno decidió aplicar ese artículo de la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, avisara ayer de que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo entre las partes.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización por mayoría absoluta y aplicación efectiva.

El pleno del Senado aprobará dentro de una semana, el viernes 27 de octubre, las medidas que el Gobierno le proponga mañana para frenar el desafío independentista de los gobernantes regionales, aseguraron hoy a Efe fuentes parlamentarias.

España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración sin garantías el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.

El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.

El Ejecutivo, por su parte, instó a Puigdemont a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.

Se cumplen ahora veinticinco años desde que la Casa de América abriera sus puertas con un objetivo muy claro: estrechar los vínculos entre España y América. Desde aquel simbólico 1992, esta institución ha acogido a las figuras más señeras de la política, la sociedad, la economía, la cooperación y la cultura iberoamericanas y se ha convertido en un puente de encuentro de todos los que somos y nos sentimos iberoamericanos de las dos orillas. Lo ha sabido hacer, además, con gobiernos de muy distinto signo, en muestra de que los lazos que nos unen son más importantes que las coyunturas políticas.

Como todo aniversario, también este se presta a hacer balance del camino recorrido. En estos cinco lustros, las relaciones entre España y América Latina han conocido una profundización y expansión constantes. España, por ejemplo, ha apoyado activamente los procesos de consolidación democrática en la región, en una apuesta común por las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Asimismo, España ha mostrado su compromiso prioritario con América Latina en términos de cooperación al desarrollo. Sinceramente, creo que es una satisfacción para todos los españoles que este compromiso prioritario haya sido operativo incluso en tiempos de restricciones presupuestarias y cuando otros países han aflojado en su apuesta por la región. Porque los 17.200 millones de euros brutos comprometidos en estos años en Ayuda Oficial al Desarrollo y ayuda humanitaria tienen mucho que ver con el apoyo y la acogida que tantos países hermanos de la región brindaron a los españoles cuando España atravesaba duras circunstancias.

Hace ahora veinticinco años, la Casa de América inauguraba su sede para albergar la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El año pasado celebrábamos en Cartagena de Indias (Colombia) la XXVI edición de unas Cumbres que han conocido una profunda renovación y que buscan producir cada vez resultados más tangibles en beneficio de nuestros ciudadanos.

Nuestras relaciones van mucho más allá de las habituales entre las instituciones públicas de nuestros países. El flujo de ciudadanos iberoamericanos, que saliendo de sus países de origen se han establecido en otro país de nuestra comunidad, y con frecuencia adquieren su nacionalidad, enriquece nuestras economías y sociedades y genera nuevos acentos de nuestra lengua común. Nuestras empresas contribuyen a crear desarrollo y bienestar a ambas orillas del Atlántico con sus flujos de inversión, su transferencia de tecnología, creación de empleo y programas educativos y sociales. Lo mismo sucede con las empresas multilatinas que, en número creciente, se instalan en la Península Ibérica.

En la presente situación internacional de incertidumbres y amenazas a los valores que compartimos, lo mucho hasta ahora alcanzado debe servirnos como base y estímulo para continuar construyendo una comunidad al servicio del bienestar de nuestros ciudadanos. Ahí, la Casa de América ha jugado, en estos veinticinco años, un papel clave para acercar a nuestras sociedades, para compartir proyectos, para conocernos mejor. Y en un mundo cada vez más globalizado, este papel —estoy convencido— ha de ser más importante todavía en el futuro.

Rajoy comienza así su segundo mandato consecutivo, esta vez en minoría y ante un Parlamento hostil, que pondrá a prueba su capacidad de diálogo.

Luego de obtener el voto de confianza con mayoría simple en el Parlamento la noche del sábado último, poniendo fin a 10 meses de bloqueo político en España, Rajoy acudió en la mañana del lunes al Palacio real de la Zarzuela para jurar el cargo.

“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno con lealtad al rey”, expresó con una mano sobre la Constitución española y otra sobre la Biblia.

Luego, fue saludado por el rey Felipe VI, quien firmó el domingo último su primer decreto nombrando a un jefe de gobierno desde que asumió el trono en el 2014 tras abdicar su padre Juan Carlos I.

Rajoy, de 61 años, y desde el 2011 en el poder, dedicará los próximos días a la formación de su nuevo gabinete, cuyos integrantes desvelará el jueves, para convocar a un primer consejo de ministros para un día después.

A sabiendas de que tiene por delante una legislatura complicada, Rajoy escribió en la red Twitter que asume el reto “con lealtad y responsabilidad”.

Obligado a negociar

A diferencia de su primer gobierno, con mayoría absoluta, contará ahora sólo con el apoyo garantizado de los 137 diputados del Partido Popular  (PP) en la Cámara Baja de 350 escaños, por lo tanto se verá obligado a negociar ley a ley.

El Partido Socialista Obrero Español  (PSOE), la segunda fuerza en el Parlamento, que con su abstención permitió la investidura, advirtió que no garantizará la estabilidad de los conservadores.

También tiene asegurada la resistencia de la tercera fuerza, la coalición de izquierda radical Unidos Podemos, que se proclama como oposición al gobierno conservador en vista de una crisis interna que desgarra a los socialistas.

La formación liberal de centro Ciudadanos, cuyos 32 diputados respaldaron la investidura de Rajoy, vigilará que se cumpla con un paquete de más de 100 reformas al que éste se comprometió.

“Sea el gobierno que sea, va a haber cambio de rumbo y va a haber medidas reformistas”, garantizó Juan Manuel Villegas, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos.

Aunque se ha mostrado abierto al diálogo, Rajoy advirtió el sábado no estar “dispuesto a derribar lo construido”, un mensaje que reiteró un portavoz de su Partido Popular  (PP, derecha) el lunes.

“Sí al diálogo, pero no podemos gobernar aplicando el programa de otros”, señaló el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, al advertir contra una “competición para ver quién hace más oposición”  en el Parlamento, lo que podría desembocar en una legislatura “tremendamente corta”.

Reestructuración

Luego de un primer gobierno en el que el PP se desgastó por la corrupción de varios de sus miembros y la gestión austera de la crisis, la prensa española especulaba este lunes con la posibilidad de una “gran reestructuración” del gabinete de Rajoy.

Un alto cargo del PP apostó por la salida de los ministros en edad de jubilación, incluyendo al del Interior, Jorge Fernández Díaz, señalado de haber intentado incriminar a adversarios independentistas catalanes, y posiblemente al de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y al de Defensa, Pedro Morenés.

Entre los que se quedarían, según la fuente, estarían la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Fátima Báñez, ministra de Empleo, responsable de implementar una reforma laboral muy criticada por la izquierda porque abarató los despidos.

Rajoy tiene otras tres vacantes: Industria, que dejó José Manuel Soria, envuelto en el escándalo de los papeles de Panamá; Sanidad, que ocupaba Ana Mato, investigada como beneficiaria de sobornos cobrados por su exmarido; y Fomento, donde estaba Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso de los Diputados (cortes) .

El gabinete debe ponerse a trabajar sin dilación y afrontar temas clave como la educación, las pensiones, la alta tasa de desempleo o el proceso independentista en Cataluña.

La prioridad es el presupuesto del Estado para el 2017, que debería incluir un recorte de cinco mil 500 millones de euros para respetar el objetivo de reducción del déficit pactado con Bruselas, que es resistido por la oposición.

En medio de una gran expectación, Sánchez, forzado a dimitir como líder socialista el pasado 1 de octubre por mantener su “no” a Rajoy, dijo que había tomado la decisión porque está “en profundo desacuerdo” con la decisión de facilitar el Gobierno conservador.

También explicó que entrega el acta de diputado para no desobedecer el mandato “abstencionista” que decidió hace una semana el órgano directivo del Partido Socialista (PSOE), llamado Comite Federal.

Sánchez, visiblemente emocionado, dijo también que no va a dejar la política, que empezará “otra vez como militante de base” y que recorrerá España para “escuchar a los militantes” de cara a la celebración de un próximo congreso.

Desde la dimisión de Sánchez, el PSOE, primer partido de la oposición en España, está en manos de una comisión gestora que habrá de convocar ese congreso extraordinario “a partir del lunes que viene”, según su opinión.

Esta misma tarde, hacia las 16,30 GMT, el Congreso de los Diputados se reúne para, tras una breve intervención de los portavoces de todos los grupos, votar la investidura de Rajoy como presidente de un nuevo Gobierno, dado que el actual lleva más de diez meses en funciones.

En una Cámara de 350 escaños, Rajoy cuenta con los votos de los 137 diputados de su propia fuerza política, el Partido Popular, 32 más de Ciudadanos (liberales) y una diputada canaria.

Son 170, y como la mayoría absoluta está en 176, necesita la abstención de 11 diputados socialistas para obtener más síes que noes en la Cámara Baja.

En el momento en que se produce la sesión parlamentaria, miles de personas se manifestarán frente al Congreso para protestar por la investidura del líder conservador.

Con el lema “Ante el golpe de la mafia, democracia”, la manifestación está secundada por unos 70 colectivos diversos y ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid.