Marielos Monzón

Las cárceles como escenario de crisis

Tue, 21 Oct 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Las cárceles como escenario de crisis

Uno de los mayores focos de corrupción del sistema de justicia.

21 de octubre de 2025 | 00:02h

La fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 puso en evidencia —por enésima vez— la debilidad del Sistema Penitenciario y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de controlar uno de los mayores focos de corrupción del sistema de justicia. Pero en esta ocasión, además del descontrol en las prisiones, que no es exclusivo de la administración de Bernardo Arévalo, subyace una muy clara estrategia de aprovechar esta crisis política para desestabilizar al gobierno y abonar a la ingobernabilidad.

No se necesita ser muy perspicaz para definir como escenario de crisis a las cárceles del país, ni muy imaginativo para orquestar un plan que implique una fuga masiva de reclusos, tomando en consideración que las prisiones en Guatemala han sido escenario recurrente de motines, ajustes de cuentas, secuestro de visitantes y autoridades penitenciarias, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre reos con saldos mortales.

Haya sido un plan urdido con estos fines o no, lo cierto es que ahora (de nuevo) el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta le está “sacando el jugo” a la ocasión y va a intentar convertir lo sucedido en un nuevo embate para desaforar al presidente Arévalo, a partir de la “investigación” que, para variar, tiene desde ya un sesgo y una intencionalidad. La alocución de la fiscal general en la conferencia de prensa en la que anunció el allanamiento al ministerio de Gobernación (Mingob) y las órdenes de captura contra funcionarios de alto nivel mostró con claridad algunas de las “cartas” que van a jugar.

Como viene siendo costumbre, no fue una presentación técnica, sino un discurso eminentemente político, muy alejado de la neutralidad que debiera tener el ente investigador. Con tono de sermón o prédica, se habló hasta de “batalla cultural” y, en reiteradas ocasiones, Porras Argueta se refirió a la fuga como un “hecho sin precedentes”. Se ve que la funcionaria tiene corta la memoria y “borró” de su mente —de manera intencional— episodios similares que se han dado en los sucesivos gobiernos. Si no lo ha hecho aún, le recomiendo buscar la publicación dominical de Prensa Libre “Cárceles: larga historia de fugas y corrupción”, que detalla fugas, motines y masacres dentro de las prisiones.

De nuevo, el MP de Consuelo Porras le está “sacando el jugo” a la ocasión.

Y con esto no quiero decir que no se investigue y se determine la responsabilidad de todos los implicados en este hecho tan grave e indefendible. Lo que digo es que, con una cúpula como la actual en el MP, resulta prácticamente imposible confiar en que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad para determinar exactamente lo que pasó y que este caso no sea utilizado en la cruzada golpista en la que están empeñados desde el día 1. Sería pedirle peras al olmo.

A Arévalo se le vuelve a presentar la oportunidad de sortear esta crisis y recuperar el terreno que ha perdido en otras tantas ocasiones. Liderar la transformación del sistema penitenciario y recuperar el control de las cárceles (sin caer en la receta de las violaciones masivas a los derechos humanos) le valdría reconquistar la confianza ciudadana que se ha ido esfumando. Ya dio un primer paso: colocar al frente del Mingob a Marco Antonio Villeda, reconocido juez anticorrupción.

Imprescindible, además, que los organismos de inteligencia civil del Estado —Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y Consejo Nacional de Seguridad— tengan capacidades institucionales para brindarle conciencia situacional (saber qué pasa) y alerta temprana al presidente. De lo contrario, las crisis se van a ir generando una tras otra, y todas serán aprovechadas por Consuelo Porras, la capitana del Pacto.

2026: Nos volvemos a jugar la democracia

Tue, 14 Oct 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

2026: Nos volvemos a jugar la democracia

Cinco elecciones clave que definirán el rumbo político del país.

Marielos Monzón

14 de octubre de 2025 | 00:01h

El 2026 es un año clave para Guatemala. En pocos meses se elegirán las próximas autoridades de cinco instituciones centrales que definirán el rumbo político del país: Ministerio Público (MP), Corte de Constitucionalidad (CC), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y Contraloría General de Cuentas (CGC).

El presidente Arévalo debe jugar fuerte esta partida.

Con sus diferencias y grados de impacto, de los resultados de estas elecciones va a depender en buena medida lo que suceda con la democracia guatemalteca. Pero no hay que esperar a que cambie el calendario, en este momento ya se está jugando el partido. La elección del próximo presidente/a de la Corte Suprema de Justicia, que participa de forma determinante en las comisiones de Postulación, es un punto de inflexión y por eso estamos viendo las aguas turbulentas alrededor de su designación.

En la Usac también hay vientos huracanados. A pesar de las dificultades que supone un cambio en la rectoría en las actuales circunstancias, hay grupos de estudiantes y docentes que buscan rescatar a la universidad pública de las manos de las mafias y están dando la pelea en las elecciones de los representantes ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

Como nos recuerda el medio Plaza Pública, en 1996 fue la última vez que coincidieron tres elecciones cruciales (TSE, CC y MP). Tres décadas después, el escenario es aún más complejo, no solamente porque aumenta el número de instituciones que elegirán nuevas autoridades casi de forma simultánea, sino por el actual contexto de disputa democrática que afrontamos en el país y que impacta directamente en estos procesos de elección.

Sin lugar a dudas, la conformación de la nueva CC (abril de 2026) es decisiva. Ya hemos visto a lo largo de estos años, cómo los asuntos políticos (casi de cualquier índole) se dirimen en el terreno jurídico y cómo las resoluciones del tribunal constitucional son definitorias en prácticamente todos los ámbitos. Por eso resultan tremendamente importantes las designaciones que cada poder del Estado, el Colegio de Abogados y la Usac realicen para elegir a las/los magistrados titulares y suplentes. Al final, como se ha repetido en numerosas ocasiones: “La Constitución dice lo que la CC dice que dice”.

No alcanzaría el espacio en esta columna para nombrar cómo los fallos constitucionales han zanjado (para bien y para mal) el rumbo de procesos judiciales en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos (el caso Genocidio contra Ríos Montt, por ejemplo), disputas en el Congreso de la República, candidaturas presidenciales, nombramiento y destitución de funcionarios y un largo etcétera.

¿Y qué decir del nuevo TSE? Para nadie es un secreto que la autoridad electoral atraviesa la que podría ser la crisis más severa de su historia. Con los antecedentes de lo ocurrido en el 2023 (vetos de candidaturas y una elección presidencial que por poco no se consuma) sobran razones para subrayar la imperiosa necesidad de integrar un pleno que esté dispuesto y sea capaz de defender y organizar un proceso electoral justo y transparente. Y en esto juega un papel trascendente la capacidad que tengan diferentes actores que participan en la elección de llegar a acuerdos políticos para garantizar respeto a nuestra democracia.

La otra designación crucial es la del nuevo jefe/a del MP. El presidente Arévalo debe jugar fuerte esta partida. Elegir a un fiscal general idóneo que rescate la institución, termine con la persecución indebida, se enfrente a las redes de corrupción y criminalidad organizada (en vez de cerrar los procesos) y deje de ser una amenaza golpista es un imperativo. No hay lugar para tibiezas.

Investigar, escribir y hablar no es un crimen

Tue, 07 Oct 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Investigar, escribir y hablar no es un crimen

El MP sigue insistiendo en que periodistas y columnistas enfrenten proceso penal.

Marielos Monzón

7 de octubre de 2025 | 00:01h

“Nunca debemos permitir que el periodismo sea criminalizado. Investigar, escribir y hablar no es un crimen. Jose Rubén Zamora debería estar libre hoy y, más importante aún, debería poder continuar el trabajo que lo llevó a prisión”.

Esperemos que tras la vista pública en la CSJ se siente un precedente que deje claro que hacer periodismo no es delito.

Con estas contundentes palabras, la actriz Meryl Streep entregó a José Carlos Zamora, hijo de Jose Rubén Zamora Marroquín, el premio Albie —que otorga la Fundación Clooney para la Justicia—, con el que se rinde homenaje a personas que defienden los derechos humanos asumiendo grandes riesgos personales.

En la ceremonia, Streep destacó la trayectoria del fundador del diario elPeriódico y subrayó cómo a lo largo de los años ha sido víctima de toda clase de ataques y amenazas y cómo desde hace tres años permanece en la cárcel enfrentando “procesos judiciales con cargos falsos”.

Este galardón es el tercero que Jose Rubén recibe estando en prisión y constituye un nuevo llamado al sistema de justicia para frenar la persecución espuria en su contra y emitir resoluciones basadas en ley, que detengan las arbitrariedades y la manipulación que el Ministerio Público (MP) hace del Derecho Penal.

En este contexto, resulta importante la reciente resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que mantiene anulado el juicio en el que Zamora fue condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero y ordenó repetirlo. Aunque no se ha notificado, se conoció que el fallo también deniega al MP la petición de procesarlo por los otros dos delitos de los que ya fue absuelto.

Si bien no le devuelve la libertad, se espera que en este nuevo análisis del caso se respeten sus garantías y derechos procesales y se le permita defenderse con todas sus pruebas de descargo, contrario a lo sucedido en el proceso anterior, en el que llegó a debate oral y público en total estado de indefensión y con una decena de sus abogados perseguidos e incluso algunos encarcelados.

Pero el de Zamora no es el único caso en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que dirige Rafael Curruchiche, se ensaña contra periodistas. El proceso penal que enfrentan los colegas Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Velix, Rony Ríos y Denis Aguilar y los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy muestra en toda su magnitud la estrategia de silenciamiento y criminalización que el MP lleva adelante contra la prensa independiente en nuestro país.

Hace casi tres años que se les intenta imputar el delito de obstrucción a la justicia por sus publicaciones (notas informativas y columnas de opinión) en las que evidenciaron las irregularidades que los operadores de justicia (jueces y fiscales) cometieron en los casos contra Zamora.

A pesar de que una jueza de primera instancia resolvió que no había delito penal que perseguir y que el expediente debía ser conocido por un tribunal de imprenta, el MP sigue insistiendo en que los colegas enfrenten proceso penal. Ya la CSJ y la Corte de Constitucionalidad le dieron la razón a la jueza y fallaron provisionalmente ordenando cesar la persecución penal en contra de los periodistas y columnistas de elPeriódico. Pero la Fiscalía no ceja en su empeño y quiere castigo y venganza.

Por eso reviste de especial trascendencia la vista pública que realizará hoy la Cámara de Amparos de la CSJ, en la que se escucharán los argumentos de la defensa sobre por qué este es un caso claro de persecución indebida contra la prensa, que viola el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Esperemos que tras esta audiencia se dicte una sentencia definitiva y de una vez por todas termine este absurdo proceso penal contra periodistas, y se siente un precedente que deje claro que hacer periodismo no es delito.

Alto al genocidio en Gaza

Tue, 30 Sep 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Alto al genocidio en Gaza

No podemos guardar silencio.

Marielos Monzón

30 de septiembre de 2025 | 00:01h

La 80a. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que culminó ayer, estuvo dominada por la dramática situación que se vive en Palestina. Prácticamente todos los países se refirieron a ella y, en su inmensa mayoría, la condenaron y responsabilizaron al gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, por la matanza indiscriminada de civiles y el uso del hambre como arma de guerra.

No hay nada que justifique el genocidio que se está cometiendo ahora mismo en Gaza.

Hubo también mandatarios que afirmaron que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y llamaron a un alto al fuego de forma inmediata. Además, 10 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Australia y España, reconocieron al Estado de Palestina, y el presidente español, Pedro Sánchez, propuso que sea admitido como miembro de pleno derecho en la ONU.

Si algo mostró en este tema lo ocurrido en Nueva York, es el creciente aislamiento internacional de Israel y de EE. UU., su principal apoyo. En una votación anterior, 142 países respaldaron la solución de los dos Estados, hubo solo 10 votos en contra y 12 abstenciones, entre las que vergonzosamente se encuentra la de Guatemala. Ahora, más de 150 países reconocen a Palestina como Estado, incluyendo a 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

Por su trascendencia, recojo a continuación los posicionamientos de algunos jefes de Estado y de gobierno en la Asamblea General y me sumo al llamado de quienes desde todos los rincones del mundo exigen un alto al genocidio en Gaza.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil: “Ninguna situación es más emblemática del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza que la de Palestina. Los ataques terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier perspectiva. Pero nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza (…). La hambruna se utiliza como arma de guerra y el desplazamiento forzado de poblaciones se practica con impunidad (…). Expreso mi admiración a los judíos que, dentro y fuera de Israel, se oponen a este castigo colectivo”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina”.

Gabriel Boric, presidente de Chile: “Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos, tal como hace 80 años millones la perdían solo por ser judíos (…). Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas el odio (…). Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia; quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”.

Pedro Sánchez, presidente de España: “Si el reconocimiento del Estado palestino es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer (…). Las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí (…); el hambre mata a mujeres, ancianos y niños. La historia será implacable con quienes callen o miren para otro lado”.

Felipe VI, rey de España: “No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, los bombardeos incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil, o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas (…). Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”.

Por la libertad de Jose Rubén Zamora

Tue, 23 Sep 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Por la libertad de Jose Rubén Zamora

La justicia no puede ser instrumentalizada para silenciar voces críticas ni para castigar el ejercicio legítimo del periodismo.

Marielos Monzón

23 de septiembre de 2025 | 00:02h

Hace 34 meses que Jose Rubén Zamora Marroquín, expresidente de diario elPeriódico, está encarcelado. A pesar de que un tribunal y un juez (en dos momentos distintos) resolvieron otorgarle medidas sustitutivas de prisión domiciliar, resoluciones de salas de Apelaciones lo mantienen privado de libertad, sin que exista peligro de fuga ni de obstaculización a la verdad.

Como sucede también con el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y con las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, se está utilizando la prisión preventiva como castigo anticipado, y —con argucias legales del Ministerio Público (MP) y de los querellantes adhesivos— se han ido demorando los procesos judiciales que los involucran, alargando indefinidamente el castigo.

Estos casos son un ejemplo claro de la connivencia que existe entre fiscales del MP y un grupo de jueces y juezas —la mayoría, sancionados por diversos países como actores corruptos y antidemocráticos— para retorcer la ley y utilizarla como instrumento de persecución y venganza. A esto se le llama criminalización, y desde que María Consuelo Porras Argueta dirige la Fiscalía General, ha sido la principal herramienta en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, autoridades indígenas, abogados de la extinta Cicig y líderes sociales que les han plantado cara a los grupos corruptos y a los violadores de los derechos humanos.

Marcha y reclamo a la Corte Suprema de Justicia: ¡Libertad para Zamora Ya!

Los procesos en contra de Jose Rubén no solo no tienen sustento, sino obedecen a su trabajo como periodista. Lo que está “pagando” son las investigaciones y publicaciones que desde su medio desvelaron complejas tramas de corrupción que involucraban a poderosos personajes de los ámbitos político, militar, económico y criminal. Su caso se enmarca exactamente en los que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama “demandas estratégicas contra la participación” (Slapp, en inglés), que se refieren a “demandas o amenazas de acciones legales que utilizan tácticas litigiosas abusivas con el objetivo o el efecto de suprimir la participación pública y la información crítica sobre asuntos de interés público”.

Por otro lado, hay que recordar que muchos de quienes fueron perseguidos y encarcelados (a partir de 2015), por malversar millones de quetzales del erario, hoy gozan de libertad y sus casos fueron sobreseídos, desestimados o resueltos con extremada “benevolencia”. Sin contar, por supuesto, la negativa de la fiscal general y su círculo cercano a investigar las tramas de corrupción del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.

Por todo lo anterior, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), los colectivos No Nos Callarán, Otra Guatemala Ya y el Instituto Demos, con el apoyo de Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, realizaron el pasado jueves 18/9 una marcha por la libertad de Jose Rubén Zamora y entregaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia un memorial —firmado por decenas de organizaciones y periodistas— en el que se demanda: i) Garantizar la independencia judicial y el respeto irrestricto al debido proceso en el caso de Jose Rubén Zamora; ii) revisar con objetividad y transparencia la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público en este proceso y iii) que, con base en los vicios del proceso y la prisión preventiva de más de tres años, se le deje en libertad, se le restituyan de manera plena sus derechos fundamentales y se ponga fin a la persecución política en su contra.

Resulta incomprensible que, a estas alturas, el gobierno de Bernardo Arévalo mantenga en el cargo a una fiscal general que violenta principios básicos del derecho penal y lo utiliza de forma ilegal como arma de persecución y silenciamiento.

La pandemia del autoritarismo

Tue, 16 Sep 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

La pandemia del autoritarismo

Tres de cada cuatro personas viven hoy bajo algún tipo de autocracia.

Marielos Monzón

16 de septiembre de 2025 | 00:01h

El mundo experimenta un retroceso democrático alarmante. El índice V-Dem, elaborado por la Universidad de Gotemburgo y citado por Le Monde Diplomatique en un artículo de su edición argentina de septiembre de 2025, da cuenta de que “por primera vez desde la caída del Muro de Berlín hay más autoritarismos (91) que democracias (88)” y que “casi 3 de cada 4 personas viven hoy bajo algún tipo de autocracia, el porcentaje más alto desde 1978”.

Los gobiernos democráticos deben repensar sus medidas para evitar que la población se decante por líderes autoritarios de “alto rendimiento”.

El auge de los autoritarismos va acompañado de una retórica antiderechos de líderes políticos —como el presidente de los Estados Unidos— que arremeten en sus discursos públicos en contra de actores y grupos sociales que trabajan en ámbitos relacionados con la justicia, el Estado de derecho, el combate a la desigualdad, los derechos de las mujeres, la crisis climática, la libertad de expresión y el derecho a la información, por citar algunos.

El “desencanto” con la democracia porque no ha sabido dar respuesta a necesidades ingentes de la población —como la inseguridad y el combate a la pobreza— y la cada vez más acentuada polarización política —en muchos casos, inducida— han devenido en el auge de gobiernos autoritarios cuyos líderes, a pesar de haber ganado en comicios libres, al llegar al poder destruyen la institucionalidad, eliminan los contrapesos, cooptan los sistemas de justicia, las fiscalías y los órganos electorales, y violentan las normas para asegurar sus negocios y la reelección.

Para lograrlo necesitan limpiar el camino de toda disidencia y de cualquier oposición, lo que implica silenciar y perseguir a actores democráticos como personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y gremiales, fiscales y jueces anticorrupción y, por supuesto, a la prensa independiente, cuya tarea central es fiscalizar al poder y develar aquello que se quiere mantener oculto. Esa es la razón por la que en la medida en que se afianzan los regímenes autoritarios se acrecienta la persecución contra medios y periodistas, sin importar que se trate de gobiernos autocráticos (donde el poder se concentra en la figura de un líder “todopoderoso”) o de una camarilla corporativa al mejor estilo del Pacto de Corruptos de Guatemala.

Con la persecución penal selectiva —fruto de la connivencia de fiscales y jueces que les hacen el juego a los poderes fácticos en cada uno de nuestros países— se han multiplicado los exilios y la prisión política. Normalmente, la criminalización se acompaña de una agresiva campaña de desprestigio y desinformación con el fin de restar credibilidad y justificar los encarcelamientos. Vean ustedes cómo funcionarios y personajes vinculados a grandes casos de corrupción, lavado de dinero o graves violaciones a los derechos humanos utilizan discursos y narrativas hostiles y estigmatizantes contra actores democráticos y cómo desde las redes sociales cientos de cuentas (que forman parte de sus milicias digitales) los replican.

Estas prácticas forman parte del “manual” del ejercicio autoritario que se está esparciendo peligrosamente a lo largo y ancho de nuestro continente. No son discursos aislados, ocurrencias individuales o casualidades, son estrategias diseñadas para generar confusión y adhesión y para erosionar la confianza en el periodismo, utilizando a las redes sociales como cajas de resonancia. Los especialistas señalan que la polarización inducida es una práctica común que hace que cada vez más personas sean proclives a “perdonar los excesos antidemocráticos” de sus líderes, porque se sienten identificados con ellos.

En este difícil contexto resulta indispensable repensar las medidas que se deben adoptar desde los gobiernos democráticos para evitar que la población insatisfecha por magros resultados se decante por líderes autoritarios que prometen “alto rendimiento”.

Las autoridades indígenas NO son criminales

Tue, 02 Sep 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Las autoridades indígenas NO son criminales

Se les persigue por defender la democracia.

Marielos Monzón

2 de septiembre de 2025 | 00:01h

El Ministerio Público (MP) lo hizo de nuevo. El jueves 28 de agosto, cuando se dirigía a recibir tratamiento de hemodiálisis, Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena del departamento de Sololá, fue capturado.

Es un acto de profundo racismo equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales.

Como a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, la Fiscalía lo acusa de los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y obstaculización a la acción penal, según la orden judicial que se filtró a los medios y que tiene fecha 11 de abril de 2025.

Como ya es costumbre, el “caso” está bajo reserva, por lo que apenas se tiene información del expediente. Sin embargo, se sabe que su detención obedece a su participación, junto a otros líderes y autoridades indígenas, en las jornadas de protesta que exigieron respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en el proceso electoral de 2023.

La municipalidad indígena de Sololá, junto a otras organizaciones comunitarias, tuvo un rol protagónico en la defensa de la democracia y evitó que se concretara un rompimiento constitucional. Las movilizaciones que se llevaron a cabo y a las que se sumaron decenas de miles de guatemaltecos no solo no constituyen delito sino representan un hecho histórico que evitó que en nuestro país se consumara un régimen autoritario.

Don Esteban Toc, al igual que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, cumplieron con el mandato que les fue otorgado en asambleas comunitarias y fueron voceros de sus pueblos. Sus capturas representan un acto de venganza y castigo y forman parte de la estrategia de persecución que el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta lleva adelante en contra de actores democráticos que se oponen a la corrupción y a la cooptación del sistema de justicia de Guatemala.

Pero también es un acto de profundo racismo equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales y endilgarles a las autoridades ancestrales delitos de la ley contra la delincuencia organizada.

En el caso de Esteban Toc, además, se violenta su derecho a la vida y a la integridad al negarle una medida de prisión domiciliaria, que le permitiría continuar de mejor forma con su tratamiento. Las declaraciones recogidas por Prensa Comunitaria después de su captura, en las que explicó su situación de salud, debieron haber sido motivo suficiente para que el juez dictara el arresto domiciliario. Pero, como en el resto de procesos de criminalización, la norma es la prisión preventiva como castigo anticipado.

Si se sigue permitiendo que el abuso del derecho penal sea la regla y no se pone un freno a la persecución indebida, para mayo de 2026 —cuando se dé el cambio de fiscal general— habrá más personas presas y en el exilio que las que había en enero de 2024 cuando Bernardo Arévalo tomó posesión.

Por eso llevan razón las autoridades indígenas en el comunicado que emitieron tras la captura de Esteban Toc al exigir al presidente de la República “una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Es lamentable que el MP y un grupo de jueces, juezas y magistrados estén empeñados en retorcer la realidad y continúen afirmando que en las elecciones de 2023 hubo fraude. Esa narrativa se traduce en las capturas de las autoridades indígenas, pero también en los procesos que se siguen en contra de los magistrados titulares y algunos trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Aunque no tenga sustento, ese “caso” será su caballito de batalla de aquí a que se nombre al nuevo fiscal general y las consecuencias las tenemos a la vista.

Libertad para Esteban Toc, Héctor Chaclán y Luis Pacheco. Las autoridades indígenas NO son criminales.

Liberen a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Tue, 26 Aug 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Liberen a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

124 días de prisión arbitraria

Marielos Monzón

26 de agosto de 2025 | 00:02h

El sábado 24 de agosto se cumplieron 124 días desde que fueron detenidos los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos líderes indígenas permanecen encarcelados en la prisión militar Mariscal Zavala y muy poco se conoce sobre el proceso en su contra porque, como sucede en otros casos de persecución penal indebida, se encuentra bajo reserva.

Aunque en un inicio fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, lo que ya de por sí era un absurdo, una sala de apelaciones decidió agregarles el delito de asociación ilícita porque, según argumentó públicamente el Ministerio Público, los 48 Cantones de Totonicapán no están inscritos en el Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación.

Así como lo lee, los directivos de una organización con más de 200 años de existencia —Luis Pacheco fue su presidente número 203— no es considerada como tal por la Fiscalía —y una corte de apelaciones le dio la razón—, por no estar registrada en una entidad que surgió a la vida jurídica en el 2006. Pero como no se trata de justicia, sino de venganza y castigo, ese argumento fue suficiente para sumar un delito adicional a Pacheco y Chaclán.

El “caso” en contra de las dos autoridades indígenas no solamente no tiene sustento y se ha desarrollado en total secretividad —contraviniendo el principio de publicidad, que es uno de los pilares del Derecho Penal guatemalteco—, sino que está en un “punto muerto”, y no avanza a la etapa intermedia en la que un juzgado debe decidir si ambos líderes enfrentan o no juicio oral, porque no hay juez a cargo del proceso.

No solo no deberían estar enfrentando la cárcel, sino tendríamos que estar reconociendo su valentía y dignidad.

Sí, así como lo lee, según reporta Diario La Hora (21-08-2025), Mario Rodríguez Flores, juez A del Juzgado Cuarto Penal, se excusó de conocer el proceso de Chaclán y Pacheco en el mes de junio, y lo mismo hizo la jueza A del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida. Desde entonces, violentando otra garantía central del Derecho Penal, el “caso” no tiene juez y la sala de apelaciones que debiera nombrarlo, no lo ha hecho.

Como no se ha podido conocer el expediente y los abogados defensores deben acatar la secretividad que les fue impuesta, la información ha ido surgiendo a cuentagotas, a partir de declaraciones de fiscales o de filtraciones de fuentes judiciales a la prensa. Lo cierto es que, si fuera tan sólido como argumenta la Fiscalía, ya sabríamos los pormenores y se habrían ventilado a los cuatro vientos las pruebas que dicen tener.

Lo que sí sabemos es que ambos líderes indígenas fueron capturados como represalia por su participación en las manifestaciones pacíficas del 2023, en defensa de la democracia, y que lo hicieron cumpliendo el mandato de su comunidad de movilizarse para defender la voluntad popular expresada en las urnas y evitar un rompimiento constitucional. Es decir, no solo no deberían estar enfrentando un proceso penal y la cárcel, sino tendríamos que estar reconociendo su valentía y dignidad porque fue eso lo que permitió que en nuestro país no se instalara un régimen autoritario.

Pero como el MP de María Consuelo Porras Argueta está empeñado en afirmar que en Guatemala hubo un fraude electoral, sus acciones —incluido este “caso”— van por ese camino, aunque no tengan asidero.

A estas alturas y con todas las violaciones que se han dado en el proceso, lo mínimo que la sala de apelaciones está obligada a hacer es nombrar sin demora a un juez que se haga cargo del caso y defina, de una vez por todas, si se abre a juicio o no. Y, por supuesto, lo que es urgente y tampoco admite dilación es dictar una medida de arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, para que puedan defenderse en libertad.

La “percepción” de la criminalización del MP

Tue, 12 Aug 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La “percepción” de la criminalización del MP

Obviamente los datos no se consignan en la encuesta de “satisfacción” de los usuarios del MP.

Marielos Monzón

12 de agosto de 2025 | 00:02h

En una citación que el diputado José Chic hizo a personeros del Ministerio Público (MP) la semana pasada, se habló sobre el uso indebido del derecho penal que la Fiscalía hace en contra de líderes sociales y comunitarios, profesores y estudiantes universitarios, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, exoperadores de justicia y extrabajadores de la desaparecida Cicig.

Durante el intercambio, el secretario general del MP dijo que esa era una “percepción” y que las “encuestas” que responden los usuarios dicen lo contrario. Para abonar al tema, me permito en esta columna compartir algunos datos e informaciones sobre la manera en que opera la Fiscalía General desde que asumió su dirección María Consuelo Porras Argueta.

En los párrafos 14 y 15 del informe de Observaciones Preliminares de la visita in loco a Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se lee: “En los últimos siete años, la CIDH ha constatado un progresivo deterioro del Estado de derecho y la institucionalidad democrática en Guatemala, entre otros factores, debido a la instrumentalización del sistema penal en contra de quienes han formado parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad (…). La CIDH entiende que la criminalización consiste en el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar en sus labores legítimas a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas operadoras de justicia independientes; o bien, para perseguir, intimidar y castigar a quienes ejercen legítimamente los derechos que hacen parte del espacio cívico y democrático…”.

En la misma línea, la relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, quien visitó Guatemala entre el 12 y el 23 de mayo, expresó su preocupación por la criminalización en contra de “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder”. Para que no quedaran dudas, la relatora indicó: “La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables que involucran al Ministerio Público, a miembros del poder judicial y a menudo a ciertos actores privados”. (AP, 23/5/25)

La persecución indebida ha derivado en el exilio de al menos 40 exfiscales y exjueces/juezas y 24 periodistas.

También en la página 49 del informe “¿Eficacia o Impunidad? El desempeño del MP durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025” hay un gráfico que muestra cómo las denuncias de la actual Fiscalía en contra de exoperadores de justicia, destacados por su lucha anticorrupción o por llevar adelante causas por graves violaciones a los derechos humanos, corresponden a su accionar en estas investigaciones. Sesenta y seis de las denuncias presentadas por el MP de Porras Argueta son “casos espejo” en represalia por llevar ante los tribunales a integrantes de estructuras y redes de corrupción.

Esta persecución ha derivado en el exilio de al menos 40 exfiscales, exjueces y juezas y en el encarcelamiento arbitrario de nueve fiscales que han pasado largos períodos en prisión como Virginia Laparra y Stuardo Campo, que permanece preso en Mariscal Zavala.

Los casos abiertos en contra del periodista Jose Rubén Zamora son un claro ejemplo de cómo la prisión preventiva que sufre desde hace tres años es un castigo anticipado por las publicaciones sobre actos de corrupción de la dupla Alejandro Giammattei-Miguel Martínez.

Además, abogados defensores han documentado patrones similares en todos los casos de criminalización como: uso de tipos penales abiertos o ambiguos, designación de jueces ad hoc, violaciones al derecho de defensa y ataques y amenazas en las redes sociales, que obviamente no se consignan en la encuesta de “satisfacción” de los usuarios del MP.

Hasta siempre, querido Víctor

Tue, 05 Aug 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Hasta siempre, querido Víctor

Un ser humano de esos que se mantienen a lo largo de la vida en el lado correcto de la historia.

Marielos Monzón

5 de agosto de 2025 | 00:01h

Este sábado 2 de agosto repicaron las campanas de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Asunción Mita, Jutiapa. Lo hicieron en honor y como despedida del querido Víctor Ferrigno Figueroa, quien un día antes inesperadamente falleció.

Cada vez que se requería apoyar alguna causa justa, ahí estaba Víctor Ferrigno.

Víctor había acompañado al pueblo miteco en la resistencia contra la minería, poniendo al servicio de la comunidad todo su conocimiento jurídico, su compromiso y su solidaridad. No fue la primera vez que el “licenciado” Ferrigno, como cariñosamente le llamaban, acuerpaba a los pobladores en la defensa de sus territorios y sus recursos naturales. Lo había hecho antes en San Marcos, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez y Huehuetenango. Siempre del lado de la gente, defendiendo los derechos de las poblaciones más empobrecidas y olvidadas.

Así era Víctor, un ser humano excepcional, de esos que se mantienen a lo largo de la vida en el lado correcto de la historia. Yo lo conocí casi por casualidad. Me refirieron con él para hacer una entrevista sobre los años de la resistencia estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y allá fui como periodista para conversar con uno de los referentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oliverio Castañeda de León, y del Frente Robin García. Hicimos “migas” casi de inmediato, me impresionó la lucidez de sus reflexiones y la claridad de su análisis político. Una voz firme y ronca, como de locutor, bromeé con él.

La amistad surgió después, cuando en uno de nuestros encuentros me contó sobre la relación de respeto y cariño que mantuvo con mi padre, el penalista Guillermo Alfonso Monzón Paz. Víctor me relató muchas anécdotas de mi papá, pero una me quedó grabada: fue él uno de los pocos profesores que se atrevió a firmar sus casos en el Bufete Popular de la Universidad. Eran tiempos recios aquellos y firmar un habeas corpus o un alegato a favor de personas desaparecidas equivalía a firmar una sentencia de muerte. Víctor siempre se refirió a él como “mi maestro”.

Y para mí, Víctor Ferrigno también fue un maestro. De él aprendí que las columnas de opinión son espacios muy valiosos que no se escriben al pasar y que requieren de trabajo y de respeto intelectual por quienes nos leen. Que no son panfletos para salir del paso y que lo que afirmamos debe tener sustento. Sus escritos fueron siempre sucintas cátedras sobre la realidad nacional e internacional y posicionamientos políticos frente a cuestiones relevantes del contexto chapín. No dejaba de leerlo y él me hacía el favor de hacer lo mismo con esta columna de Prensa Libre.

Además de amigos, fuimos colegas. En mi paso por la Radio Universidad, Víctor aceptó tener una columna de análisis cada semana, los días viernes en el programa que yo conducía. Rara vez la hacía pregrabada, la mayoría del tiempo, lo llamábamos para “salir al aire” por la vía telefónica y, a veces, se asomaba al Paraninfo para leerla desde los micrófonos de la querida Radio U.

La aventura de la radio le dio la oportunidad, como bromeaba él, de “impresionar” con su voz de locutor, pero también sirvió para estrechar cada vez más el cariño y la amistad. Cada vez que se le requería para apoyar alguna causa justa, ahí estaba Víctor. Cada vez que una organización, una comunidad o un grupo campesino necesitaba a un jurista que acompañara sus luchas, ahí estaba Víctor.

No cabría en este espacio su enorme trayectoria ni cada uno de los momentos que nos tocó compartir. Lo cierto es que dejó un vacío muy grande. Lo cierto es que Guatemala pesa menos ahora que Víctor se nos fue.

Un abrazo apretado a su amada esposa, Alma Baldizón, su compañera de toda la vida, y a mi querido amigo y colega, Pedro Ferrigno, ese hijo que sigue los pasos de su padre. ¡Hasta siempre, querido Victorito!

Zamora: 1,096 días de injusta prisión

Tue, 29 Jul 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Zamora: 1,096 días de injusta prisión

Seguimos exigiendo su salida de la cárcel para que pueda defenderse en libertad.

Marielos Monzón

29 de julio de 2025 | 00:01h

Hoy se cumplen tres años desde que el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue capturado bajo acusaciones espurias del Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta. Desde entonces —salvo los escasos meses en que estuvo en arresto domiciliario— se encuentra recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala.

A Zamora lo persigue una estructura paralegal que tiene secuestrado al Ministerio Público.

La privación de libertad de Zamora es un acto de venganza y de castigo por las investigaciones que el diario elPeriódico —bajo su dirección— publicó sobre casos de gran corrupción vinculados al entonces presidente Alejandro Giammattei Falla y a su pareja, Miguel Martínez.

Desde los medios que presidió, Jose Rubén fiscalizó a los sucesivos gobiernos democráticos y se convirtió en uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Sus reportajes alcanzaron tal nivel de difusión que medios estadounidenses y europeos los utilizaron como base de sus propias investigaciones. Eso lo hizo blanco de toda clase de ataques, amenazas y agresiones.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo, la residencia de Zamora fue allanada por un comando del Estado Mayor Presidencial, que simuló su ejecución frente a su familia. En tiempos de Álvaro Colom fue secuestrado y tirado en una cuneta (sus captores lo dieron por muerto) y casi fallece por hipotermia. En el gobierno de Berger, el propio Jose Rubén cuenta cómo el presidente le llamó para pedirle que no saliera de su casa porque había un plan para asesinarlo.

Al igual que ocurrió con Siglo Veintiuno cuando lo dirigió, elPeriódico estuvo siempre en el ojo del huracán: los equipos de reporteros sufrían amenazas y vigilancia, el cerco económico para afectar la pauta publicitaria fue siempre una constante, y la persecución tributaria, una forma de acoso permanente. Incluso, en un país como el nuestro en el que asesinan a mujeres a diario, la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer se ha retorcido y funcionarias, candidatas a la Presidencia, juezas o diputadas la han utilizado para evitar publicaciones en su contra.

A pesar de todos estos ataques, Jose Rubén Zamora decidió seguir haciendo periodismo en Guatemala. No se fue del país ni siquiera cuando su vida corría peligro. Sin embargo, jueces deshonestos que comparten con la cúpula del MP las sanciones de más de 40 países por ser actores antidemocráticos y corruptos lo mantienen en prisión preventiva como una forma de castigo anticipado.

En los tres procesos que afronta el periodista se han violentado sistemáticamente sus derechos humanos y todos los principios del derecho penal: se le ha vedado su derecho de defensa, sus abogados han sido criminalizados y tres de ellos fueron encarcelados y obligados a aceptar cargos; los jueces han rechazado sus pruebas de descargo, los plazos entre una audiencia y otra han sido extremadamente largos y quienes han dictado fallos de forma independiente han sido amenazados y coaccionados.

Zamora no está enfrentando un sistema de justicia. Lo persigue una estructura paralegal que tiene secuestrado al Ministerio Público y una red corrupta de jueces y magistrados que tienen cooptado el aparato judicial guatemalteco.

Jose Rubén es un preso político, su prisión es injusta y arbitraria. En la cárcel ha sufrido vejámenes y su familia se vio obligada a salir del país para resguardar su vida y su integridad. Hoy que se cumplen 1,096 días desde su encarcelamiento seguimos exigiendo su salida de la cárcel para que pueda defenderse en libertad. ¡Liberen a Zamora YA!

Liberen a los presos políticos

Tue, 22 Jul 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Liberen a los presos políticos

Indigna que personas inocentes estén guardando prisión sin haber cometido delitos.

Marielos Monzón

22 de julio de 2025 | 00:02h

El viernes 18/7 fue un buen día para la justicia. Tras un tortuoso proceso judicial —lleno de irregularidades y retardos maliciosos— el exfiscal anticorrupción del Ministerio Público (MP) Stuardo Ernesto Campo Aguilar fue absuelto de los delitos que se le imputaban en el caso conocido como Alfa 7.

Aunque continúa privado de su libertad por los otros procesos espurios que la Fiscalía fabricó para mantenerlo detenido, la resolución de la jueza Magda Martínez del Tribunal Décimo de Sentencia Penal no dejó lugar a dudas sobre la inocencia de Campo y de los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Flores y Gonzalo Rafael Chilel. Tampoco sobre el uso abusivo que el MP de María Consuelo Porras Argueta hace del derecho penal para perseguir y castigar a quienes investigaron, persiguieron, se enfrentaron (y enfrentan) a las estructuras criminales y de corrupción.

En su resolución, la jueza fue categórica: “En el presente caso no se probó con ningún medio de prueba que los acusados fueran informados del error que había cometido su compañera (…). Siendo relevante que en el momento que cometieron el error solicitaron la falta de mérito a favor de la agraviada”.

Resulta gravísimo que el “caso” haya tenido que llegar a un tribunal de Sentencia, en lugar de que el juez de Primera Instancia hubiera decretado la falta de mérito. Pero como de lo que se trata es de castigo y venganza, y no de justicia, los indicios presentados que eran “humo” fueron aceptados por el juez Selman Portillo y esto alargó por meses la estrategia de persecución contra Campo y sus colegas.

El exfiscal fue detenido por primera vez el 25 de mayo de 2023. Hoy cumple 233 días de prisión preventiva en la cárcel militar de Mariscal Zavala después de haber sido recapturado por un segundo caso en su contra. Debido a la negativa de jueces y magistrados de brindarle una medida sustitutiva y al empecinamiento de Porras y sus socios de seguir con la farsa de los procesos fabricados, deberá continuar ahí hasta que se resuelvan las solicitudes de arresto domiciliario o los dos “casos” en los que sigue imputado lleguen a juicio.

Seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la salida de María Consuelo Porras del MP.

Frustra y duele saber que personas inocentes están guardando prisión sin haber cometido delito alguno. Indigna que haya cien personas en el exilio —entre operadores de justicia, periodistas, abogadas, estudiantes de la Usac, líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos— que no pueden volver porque se les giraron órdenes de captura o están implicadas en investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Pero, a la vez, genera admiración la profunda dignidad con la que Stuardo Campo, Jose Rubén Zamora, Eduardo Masaya, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por nombrar a algunos, enfrentan la injusticia.

Lo ocurrido el viernes es un pequeño paso que muestra que no todo está perdido dentro del sistema de justicia del país. Sin embargo, es absolutamente equivocado pensar que, como le van quedando menos meses de gestión a Consuelo Porras, la criminalización va a menguar. Al contrario, la partida que están jugando tiene como carta principal continuar con la persecución penal indebida y procurar que, a la hora de un relevo en la dirección del MP, haya muchos casos “amarrados” contra personas inocentes.

Ahí tienen ustedes la absurda argumentación que la Fiscalía realizó y que fue aceptada por una sala de Apelaciones en el caso de criminalización en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de Totonicapán. Para endilgarles como tercer delito “asociación ilícita”, el MP adujo que los 48 Cantones no están inscritos en el Registro de Personas Jurídicas (Repeju), pese a sus más de 200 años de existencia. Así de racistas e ignorantes.

Por eso seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la salida de María Consuelo Porras del MP.

Zamora: 1,068 días de prisión arbitraria

Tue, 01 Jul 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Zamora: 1,068 días de prisión arbitraria

Hacer periodismo no es delito.

Marielos Monzón

1 de julio de 2025 | 00:02h

Hoy, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín cumple mil 68 días de estar detenido injustamente. Desde el 29 de julio de 2022 —día en que fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron su casa y lo detuvieron, acusándolo de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias—, el expresidente del desaparecido diario elPeriódico ha tenido que afrontar tres procesos penales espurios a partir de investigaciones fabricadas por una fiscalía alineada con los intereses de sectores corruptos.

Aunque el Tribunal Noveno de Sentencia integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas resolvió otorgarle arresto domiciliario en el primer proceso penal en su contra y el entonces juez suplente del Juzgado Segundo Penal, Érick García, falló en el mismo sentido en el segundo y tercer casos, Zamora Marroquín permanece recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala porque la Sala Tercera de Apelaciones anuló la resolución del juez García y ordenó su regreso a prisión.

Dicha sala, conocida en los pasillos judiciales y parlamentarios como “la sala de Felipago”, está integrada por Alejandro Prado Estrada —abogado del exdiputado Felipe Alejos (Felipago), señalado en el caso Traficantes de Influencias— y Mario Federico Hernández Romero, exdefensor del expresidente Otto Pérez Molina en los casos La Línea y Cooptación del Estado, y exabogado de la exdirectora del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo, esposa de Alejos y también implicada en varios casos de corrupción. Por eso no sorprende que, “de oficio”, hayan conocido una apelación presentada por el MP y decidieran anular todo lo actuado por Érick García, incluido el arresto domiciliario otorgado a Zamora.

La resolución notificada el 3 de marzo de 2025 se hizo efectiva siete días después, durante una audiencia en la que García se vio obligado a cumplir el fallo de la Sala Tercera, aunque no estuviera de acuerdo. Recordemos que, en ese momento, el juez denunció que tanto él como el personal de su juzgado estaban siendo amenazados y presionados. En vez de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara una investigación por estas amenazas, se resolvió trasladar a García al departamento de Escuintla, probablemente como castigo por su independencia.

No hay razón válida para negarle a Jose Rubén Zamora el arresto domiciliario y que pueda defenderse en libertad.

Desde el 10 de marzo, el equipo legal de Zamora presentó los recursos necesarios para restaurar el arresto domiciliario del periodista. Sin embargo, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ apenas este viernes emitió una resolución que abre esa posibilidad. Y digo “abre” porque, en vez de resolver de inmediato la medida sustitutiva, ordenó a la Sala Tercera reexaminar su fallo y pronunciarse sobre los agravios planteados por la defensa. En resumen, se sigue retrasando (una vez más) el otorgamiento de la medida sustitutiva; y, considerando los antecedentes de la “sala Felipago”, cualquier cosa podría ocurrir.

Pero existe otra posibilidad: que el Juzgado Segundo, ahora que la Cámara de Amparos de la CSJ otorgó el provisional, decida ejecutar la resolución, repita la audiencia en la que se revocó el arresto domiciliario de Zamora y revise la detención arbitraria que enfrenta.

Jose Rubén sufrió torturas, enfrentó la persecución de una decena de sus abogados y la violación sistemática de su derecho de defensa. Su encarcelamiento fue catalogado por un grupo de expertos de la ONU como “detención arbitraria”, y cuando se le otorgó el arresto domiciliario cumplió con todas las medidas impuestas por el juzgado. No hay razón válida para mantenerlo en la cárcel; lo justo es que pueda defenderse en libertad.

Basta de enredos jurídicos y del litigio de mala fe con el que actúan el MP y los querellantes. Hacer periodismo no es delito.

Seguimos buscándolas, hasta encontrarlas

Tue, 24 Jun 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Seguimos buscándolas, hasta encontrarlas

En Guatemala se registran más de 45 mil personas detenidas-desparecidas, entre ellos cinco mil niños y niñas.

Marielos Monzón

24 de junio de 2025 | 00:01h

El 21 de junio de 1980 fueron secuestrados y desaparecidos 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores de Guatemala (CNT). Un comando armado integrado por policías y militares irrumpió en la sede del sindicato y se los llevó; desde entonces se desconoce su paradero.

La impunidad del presente es hija de la impunidad del pasado.

La central sindical estaba ubicada en la 9a. avenida y 4a. calle de la zona 1. Desde 1976 permanecía vigilada y en cuatro ocasiones fue allanada. En esa última ocasión, el régimen de Romeo Lucas García decidió romper la resistencia de los trabajadores organizados y llevarse a la mayoría de integrantes de su dirección nacional. Entre el grupo de personas secuestradas había jóvenes de entre 19 y 29 años y una sindicalista embarazada.

Alrededor del hecho circuló una gran cantidad de desinformación y hubo una campaña de descrédito y calumnias en contra del sindicato y de quienes habían sido secuestrados. El objetivo era “justificar” las capturas y enviar una amenaza inequívoca: “Lo mismo puede suceder con cualquiera que alce la voz y exija derechos”. Tres días más tarde, el 24 de junio, el entonces vicepresidente Francisco Villagrán Kramer declaró que los trabajadores estaban en un destacamento militar de Coatepeque (Gutiérrez, M. 2011). No hubo ninguna información adicional.

En 2004, luego de muchos años de exigencias de las organizaciones y familiares de personas detenidas-desaparecidas, el Congreso aprobó un decreto en el que declaró el 21 de junio como “Día Nacional contra la Desaparición Forzada”, en memoria de las y los 27 sindicalistas desaparecidos. Estos eran sus nombres: Agustín Chitay Chapetón, Álvaro Orlando Estrada, Bernardo Marroquín Salazar, Crecencio Cornel Ordóñez, Cristina Yolanda Cabrera, Erwin René Hernández Paiz, Florencia Xocop Chávez, Florentino Gómez López, Héctor Manuel Sánchez González, Hilda Carlota Pérez Menéndez, Irma Candelaria Pérez Osorio, Ismael Vásquez Ortiz, Jorge Luis Serrano, Manuel Antonio Rodríguez, Manuel René Polanco Salguero, Mario Campos Valladares, Mario Martínez, Orlando Antonio García Rodríguez, Óscar Amando Salazar, Pedro Ramos Micatu, Rafael Antonio Aguilar Pérez, Sara Cabrera Flores, Selvin Arnoldo García López, Sonia Elizabeth Alecio y Tomás Roberto Pol.

Dos meses después, en agosto de 1980, dieciséis sindicalistas más de la CNT fueron también secuestrados y desaparecidos mientras se encontraban en el Centro de Retiro Emaús en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

La desaparición forzada fue una práctica habitual de los gobiernos militares y sus fuerzas de seguridad. En Guatemala se registran más de 45 mil personas detenidas-desaparecidas, entre ellas, cinco mil niños y niñas. Esta estrategia de terror, extendida en todo el continente durante las dictaduras, formó parte del manual de los aparatos de la contrainsurgencia y de los aprendizajes en la tristemente célebre Escuela de las Américas, a donde acudían militares latinoamericanos para ser adiestrados por el Ejército de los Estados Unidos.

Aunque en los últimos 15 años hubo avances significativos en casos judiciales emblemáticos por graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, el retroceso en el ámbito de la justicia transicional es irrefutable. La Fiscalía de Derechos Humanos del MP fue prácticamente desmantelada y resoluciones de las altas cortes han favorecido a altos mandos militares y policiales que estaban siendo juzgados y/o fueron condenados por haber ordenado/cometido delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, la resolución que benefició a los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años secuestrado en 1981 por las fuerzas de seguridad del Estado.

La impunidad del presente es hija de la impunidad del pasado. Por eso seguiremos exigiendo: memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición.

Centroamérica: el derrumbe autoritario

Tue, 10 Jun 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Centroamérica: el derrumbe autoritario

En la región se está aplicando —otra vez— del derecho penal del enemigo.

Marielos Monzón

10 de junio de 2025 | 00:01h

Las prácticas regresivas y autoritarias están regándose como pólvora en toda Centroamérica. La semana pasada vimos cómo en Guatemala y en El Salvador continuó la manipulación de las fiscalías para perseguir a opositores y voces críticas.

Preocupa que la “estrategia” del gobierno siga siendo dejar el tiempo correr.

La información compartida por los medios y las imágenes en las redes sociales demuestran un mismo patrón: casos fabricados y reserva de los procesos para evitar dar cuentas a la ciudadanía de las capturas arbitrarias.

Escuchar a la abogada Ruth López, la jurista salvadoreña capturada por el régimen de Nayib Bukele, pedir a gritos que se le conceda un juicio público para evidenciar que su encarcelamiento es una represalia por su trabajo; y ver, unos días después, cómo un grupo de policías se llevó preso a otro jurista, el abogado constitucionalista Enrique Anaya Barraza, quien denunció apenas unas horas antes de su captura que en su país se desató “un esquema de fabricación de culpables sin pruebas”, confirma que en la región se está aplicando —otra vez— el derecho penal del enemigo.

Ruth López ha sido una figura clave en desvelar casos de corrupción y en la presentación de denuncias ante la Fiscalía salvadoreña para exigir que se investigue el uso irregular de fondos públicos en las instituciones de gobierno. Ha acompañado a decenas de personas cuyos familiares fueron detenidos y están desaparecidos, sufren torturas y vejámenes o están presos sin que ningún juez les haya escuchado o emitido una condena.

Enrique Anaya es un abogado especializado en Derecho Constitucional que se opuso a la reelección de Bukele porque violaba la Constitución. Desde hace meses, no ha cejado en demostrar públicamente la sistemática represión y las violaciones a la ley que se dan en su país. El 3 de junio, en un programa de televisión fue categórico y afirmó: “El Salvador no vive en una democracia. Lo que quieren hacer con Ruth (López) es destruirla moralmente y además enviar el mensaje de miedo para todos. Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille, se va preso”. Cuatro días después fue detenido.

Igual que el periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora, Enrique Anaya y Ruth López son acusados del delito de lavado de dinero. Y eso no es casualidad, es un patrón de acción que se utiliza para perseguirlos penalmente pero también para destruir su reputación y credibilidad.

Como en Guatemala, estas capturas no son hechos aislados. Se dan como parte de una escalada de persecución en contra de actores que revelan la corrupción y las sistemáticas ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Ayer, la Red Centroamericana de Periodistas denunció el aumento de la vigilancia policial en las casas de periodistas salvadoreños y un clima de hostigamiento constante que llevó a que más de 30 colegas hayan tenido que exiliarse o resguardarse dentro de su país. En nuestro caso, más de 20 periodistas permanecen en el exilio y la criminalización del MP no da tregua.

La semana pasada conocíamos de una investigación penal que la Fiscalía metropolitana inició “de oficio” en contra de Sonny Figueroa, periodista del medio digital Vox Populi. Aunque suene absurdo, quieren acusarlo del delito de “revelación de información confidencial” por haber publicado en sus redes imágenes de una persona que los vigilaba a él y a Marvin Del Cid y que les tomó varias fotografías que luego aparecieron en cuentas de redes sociales que se dedican a amenazar y hostigar a periodistas.

Pareciera que, en estos 11 meses que le quedan a Consuelo Porras al frente del MP, la persecución indebida irá en ascenso. Preocupa que la “estrategia” del gobierno siga siendo dejar el tiempo correr.

Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Tue, 03 Jun 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán

La “aterradora” criminalización del MP.

Marielos Monzón

3 de junio de 2025 | 00:02h

Hace 42 días que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, están presos, señalados de los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Aunque el Ministerio Público (MP) en una conferencia de prensa, el día de sus capturas, anunció que la acusación era por tres delitos más, incluido el de sedición, la jueza Carol Patricia Flores —señalada en el pasado reciente en varios casos de corrupción— los ligó a proceso por estos dos ilícitos, le dio dos meses de plazo al MP para completar la investigación y se negó a darles una medida de prisión domiciliaria.

Muy poco se sabe acerca del proceso. Como se ha vuelto costumbre en los casos de criminalización, la Fiscalía pidió mantener el expediente bajo reserva, aunque esto contradiga los principios fundamentales de publicidad y transparencia, pilares del proceso penal guatemalteco.

Pero como acá no se trata de justicia sino de venganza y de persecución penal indebida, se retuercen leyes y principios, se fabrican casos, la prisión preventiva se utiliza como herramienta de castigo anticipado, se deniega el acceso a los expedientes y se prohíbe que los abogados de la defensa se pronuncien públicamente para evidenciar los vicios en el procedimiento y la falta de sustento en las acusaciones. Y por supuesto, sobrevuela la amenaza de persecución como ya pasó con una decena de abogados defensores del periodista Jose Rubén Zamora que fueron criminalizados.

La “justicia” a puerta cerrada y con candado: en eso se ha transformado el MP de María Consuelo Porras Argueta y en eso ha convertido la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) su actual jefe, Rafael Curruchiche. Amparados, por supuesto, por un grupo de jueces, juezas y magistrados que conforman las estructuras de tráfico de influencias y corrupción en el Organismo Judicial.

La “justicia” del MP: a puerta cerrada y con candado.

Esta “justicia secreta” se vuelve aún más contradictoria a la luz de los argumentos que Curruchiche esgrimió el 23 de abril para justificar las capturas de Pacheco y Chaclán y anunciar el pedido de retiro de antejuicio en contra del gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien en aquel momento formó parte del grupo de autoridades indígenas que encabezaron las movilizaciones ciudadanas en defensa de la democracia.

Palabras más o menos, el jefe de la Feci declaró públicamente que la “sociedad guatemalteca” fue la agraviada con las manifestaciones de octubre de 2023. Sin embargo, en lugar de explicar en qué consiste el agravio y cuáles son los fundamentos del MP para perseguirlos penalmente, decidió pedir la reserva del caso y dejar a la supuesta “víctima” (el pueblo de Guatemala) al margen y en completa oscuridad.

Aunque no se necesita ser muy perspicaz para saber que este “caso” es otro engranaje más en la estrategia de la Fiscalía para deslegitimar el proceso electoral y apresurar la persecución en contra del presidente Bernardo Arévalo y su círculo cercano, ahora que les va quedando cada vez menos tiempo para el cambio de fiscal general.

Además, en el caso de Luis y Héctor se evidencia cómo nuevamente el poder punitivo del Estado se sigue utilizando en contra de los pueblos indígenas, sus autoridades y su organización comunitaria. Tenemos décadas de asistir a procesos en los que se criminaliza la resistencia pacífica y la lucha colectiva y ancestral. Decenas de líderes indígenas han enfrentado la cárcel por defender sus tierras y recursos naturales.

Como dijo Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre independencia judicial, luego de visitar Guatemala: “La criminalización que lleva adelante el MP es aterradora”. Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán, libertad para los presos políticos.

No dejemos de hablar de Gaza

Tue, 27 May 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

No dejemos de hablar de Gaza

Hasta el 4 de marzo, 53 mil 475 palestinos —17 mil 400 niños— y mil 706 israelíes han muerto en esta guerra.

Marielos Monzón

27 de mayo de 2025 | 00:01h

12.05.25 | Democracy Now! | Un organismo de monitoreo del hambre advierte que toda la población de Gaza está en riesgo de padecer hambruna al tiempo que continúa el bloqueo y el genocidio israelí contra el pueblo palestino. El informe del Sistema Integrado de Clasificación de Fases de Seguridad Alimentaria se conoce al mismo tiempo que el bloqueo total impuesto por Israel al ingreso de ayuda humanitaria que entra en su décima semana.

En 15 días, 14 mil niños palestinos podrían morir de hambre si Israel no permite el ingreso de alimentos.

21.05.25 | @Pontifex_es – Papa León XIV | La situación en la Franja de Gaza es cada vez más preocupante y dolorosa. Renuevo mi ferviente llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades, cuyo precio desgarrador pagan los niños, los ancianos, las personas enfermas.

22.05.25 | Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) | La catástrofe total es inminente en Gaza. 71,000 niños y niñas y más de 17,000 madres sufren desnutrición aguda. Es fundamental actuar de inmediato para evitar más muertes por hambre. Esta agonía es un sufrimiento indescriptible.

22.05.25 | Swissinfo | De los 629 palestinos que murieron la semana pasada en Gaza, más de la mitad, al menos 358 de ellos, entre los que había al menos 148 niños y mujeres, perdieron la vida como consecuencia de ataques israelíes contra viviendas y tiendas de desplazados internos. Además, 9 periodistas palestinos fueron asesinados, haciendo de esta última semana una de las más mortíferas para los periodistas desde el 7 de octubre de 2023.

22.05.25 | Deutsche Welle | Europa reacciona tras ataque israelí contra diplomáticos de 27 países | Francia e Italia anunciaron que convocarán a los embajadores de Israel tras los disparos realizados por el ejército israelí en Cisjordania. El ministro de Exteriores de Francia los consideró “inaceptables”.

23.05.25 | La Jornada, México | Parlamentario israelí fue retirado por denunciar la guerra en Gaza | Ayman Odeh condenó los ataques que han matado a 19 mil niños y 53 mil residentes de Gaza.

24.05.25 | Agencia Uruguaya de Noticias | La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el sistema de salud en Gaza está al borde del colapso por la intensificación de las operaciones militares de Israel en un entorno cada vez más preocupante por los desplazamientos masivos de población y la grave escasez de alimentos, agua, suministros médicos, combustible y refugio.

25.05.25 | El País, España | ¿Será Gaza el cementerio (también) de la justicia internacional? La Corte Penal Internacional quiere juzgar a Benjamin Netanyahu, aliado clave de Estados Unidos, por crímenes contra la humanidad. La respuesta de Trump ha sido imponer sanciones al tribunal. ¿Y qué han hecho el resto de países occidentales? | Columna de opinión de Reed Brody, abogado especializado en derechos humanos.

26.05.25 | Página12, Argentina | En un duro comunicado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que la ofensiva israelí ya no tiene nada que ver con el derecho a la autodefensa ni con el combate al terrorismo de Hamás, sino que se enmarca en un intento de limpieza étnica.

Hasta el 4 de marzo, 53 mil 475 palestinos y mil 706 israelíes murieron en esta guerra. La gran mayoría de las víctimas eran civiles y vivían en la Franja de Gaza (17 mil 400 niños/as y más de 10 mil mujeres). 59 rehenes aún están en cautiverio y 1.9 millones de gazatíes han sido desplazados forzosamente. La ONU advirtió que 14 mil niños palestinos podrían morir de hambre si, en los próximos 15 días, Israel no permite el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria.

La agresión terrorista de Hamás es injustificable, al igual que la brutal agresión del Estado de Israel contra Palestina.

De futbol, política y estrategia

Tue, 20 May 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

De futbol, política y estrategia

Si se la siguen pasando a los contrarios, vamos a perder.

Marielos Monzón

20 de mayo de 2025 | 00:02h

Hace unos días recordaba una charla que tuve con el exfutbolista uruguayo Gustavo Faral, quien a inicios del siglo era el director técnico en Guatemala del equipo de futbol Deportivo Petapa. Sus resultados fueron tan buenos que incluso logró catapultarlo a la Liga Mayor.
Palabras más, palabras menos, a mi pregunta sobre el “secreto de su éxito”, el profe Faral me explicó lo importante de plantear una estrategia que no solo tomara en cuenta fortalezas y debilidades de sus jugadores, sino también las del equipo rival. El comportamiento de los árbitros en el torneo, la dinámica de la dirigencia, los “pesos” internos y externos y hasta el rol de la “hinchada”.

La anécdota viene a cuento no porque se estuviera definiendo el torneo de clausura del futbol nacional, ni por los resultados de la Champions o LaLiga española. Más bien, estuve dándole vueltas a propósito del complejo contexto político guatemalteco y las dificultades que está teniendo el equipo de gobierno para plantear una estrategia que le permita hacer frente y ganar el “campeonato” en defensa de la democracia nacional.

La política no es el futbol, eso está claro. Pero cuando vemos que el plan se circunscribe a “pasar el balón” para ver si así se gana o por lo menos se empata, se me hizo imposible no pensar en la analogía. Y hablo específicamente de la incapacidad que ha tenido el Ejecutivo para frenar el abuso en la acción punitiva del MP y el uso indebido del sistema de justicia como herramientas de persecución y mecanismo para torpedear/anular cualquier acción que intente trastocar el estado actual de las cosas.

Ejemplos sobran, pero en esta última semana vimos tres con mucha claridad: el traslado durante la madrugada del abogado Eduardo Masaya hacia el Preventivo de la zona 18, el freno a la decisión de la SAT de armonizar el número de identificación tributaria (NIT) con el código único de identificación (CUI), y el barullo público —además de acciones legales— en contra de la decisión de retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.

Los antagonistas antidemocráticos corren con ventaja ante la ausencia del ejercicio firme del poder político.

En el primer caso, con premeditación y alevosía, buscaban desesperar a Masaya y obligarlo (como ya han logrado con otras personas) a aceptar cargos para resguardar su integridad, además de hacer ver que el ministro Jiménez no manda o no le hacen caso. En el segundo, frenar una vía para mejorar la recaudación y, de paso, convencer a una parte de la población de que la medida era una argucia para vigilar sus cuentas bancarias y las remesas que reciben. Y en el tercero, visto que les resulta provechoso en una sociedad como la nuestra avivar los fantasmas conservadores, volver a levantar la bandera de la dizque defensa de la soberanía y los valores tradicionales para echarse un nuevo pulso y desgastar aún más al gobierno.

El problema es que en este terreno los antagonistas antidemocráticos corren con ventaja ante la falta de pericia, cintura política, claridad comunicacional y, sobre todo, ante la ausencia del ejercicio firme del poder político del presidente Arévalo. Y esto no solo impacta en quienes son perseguidos, sino en la gobernabilidad, en la percepción ciudadana y en el conjunto de medidas que en otros ámbitos se están queriendo implementar.

Quedan 12 meses para que Consuelo Porras y su círculo dejen el MP porque terminará su período. En este tiempo redoblarán la apuesta, intentarán hacer todo el daño posible y procurarán dejar todo amarrado para garantizarse impunidad.

Termino con otra analogía futbolística que relató Diego Maradona. Brasil iba dominando un partido contra Argentina. En el medio tiempo, el entrenador argentino Carlos Bilardo les dijo a sus jugadores: “Si se la siguen pasando a los contrarios, vamos a perder”. Reaccionaron, la Albiceleste pasó a la siguiente ronda.

Guatemala: aquí se calla la verdad

Tue, 06 May 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Guatemala: aquí se calla la verdad

Hacer periodismo no es un delito.

Marielos Monzón

6 de mayo de 2025 | 00:02h

En los últimos cuatro años, más de 70 periodistas han sido criminalizados en Guatemala. Al menos 20 tuvieron que exiliarse por procesos penales fabricados por el Ministerio Público (MP) en contubernio con jueces y juezas de las redes de impunidad.

Ayer, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el colectivo No Nos Callarán, la Red Centroamericana de Periodistas, la Red Rompe el Miedo-GT y Amnistía Internacional nos unimos para exigir que cese el acoso contra el periodismo y amplificar las voces de colegas perseguidos, exiliados y encarcelados. En las paredes de la Torre de Tribunales se proyectó el video #AquíSeCallaLaVerdad que recoge sus historias. Estas son algunas:

Jose Rubén Zamora: tengo mil días enfrentando una detención arbitraria por denunciar 144 casos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei. Lucía Escobar: llevo 550 días en el exilio junto a mi familia por haber cubierto una manifestación. Si regreso, podría ser una más de las periodistas criminalizadas por el MP. Carlos Cano: llevo mil 460 días en el exilio por denunciar la corrupción y la destrucción ambiental. Continúo mi labor periodística con más fuerza.

Anastasia Mejía Tiriquiz: viví 37 días de detención arbitraria por pedir información pública y denunciar la corrupción en la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. Juan Luis Font: busco asilo en Francia mientras enfrento una orden de captura impulsada por un caso espurio en mi contra. Oswaldo J. Hernández: llevo más de 900 días enfrentando intimidaciones y amenazas por investigar redes de corrupción ligadas a diputados y abogados.

No más silencios impuestos. Exigimos el fin de la persecución contra el periodismo.

Andrea Ixchíu: llevo 850 días en el exilio por defender la tierra y la vida. Fui perseguida, golpeada y criminalizada por no quedarme callada. Marvin Del Cid: he tenido que salir de Guatemala tres veces en cuatro años por las amenazas, procesos penales y censura que buscan cerrar Vox Populi. Alexander Valdez: llevo dos años en el exilio por mi trabajo como periodista en elPeriódico. Aunque una jueza desestimó el caso, las autoridades insisten en criminalizarme por contar la verdad.

Sonny Figueroa: he sido perseguido judicialmente, golpeado y obligado al exilio por documentar la corrupción. Aún hoy recibo amenazas cada semana. Édgar Trigueros: el año pasado enfrenté una denuncia falsa por amenazas de muerte. Después intentaron asesinarme. Hoy sigo exigiendo justicia mientras la investigación continúa. Edwin Guá: hace 60 días denuncié amenazas e intimidaciones por informar sobre lo que ocurre en mi comunidad. Hoy, quien me amenazó intenta criminalizar mi labor periodística con difamaciones. No dejaré de contar lo que otros quieren ocultar. Gerson Ortiz: llevo más de 796 días siendo perseguido por el MP, a pesar de tres resoluciones que confirman que informar no es un delito.

Julia Corado: el MP pidió procesarme penalmente sin juicio de imprenta, como exige la ley. Me acusan, junto a otros periodistas de elPeriódico, de obstaculizar la justicia por ejercer mi libertad de expresión. Diego España: llevo 199 días enfrentando dos procesos penales por hacer mi trabajo periodístico. El MP me persigue por revelar una reunión ilegal entre una fiscal y una jueza. Rony Ríos: llevo más de dos años en el exilio porque el MP decidió que mis publicaciones eran delito.

Michelle Mendoza: llevo casi tres años en el exilio por las amenazas y persecución de un gobierno que quiso silenciarme. Me arrebataron mi país, mi presencia como madre y una vida en libertad. Carlos Choc: he enfrentado dos procesos penales por investigar y documentar la contaminación del lago de Izabal. Me persiguen por defender el derecho a la verdad desde mi territorio. Nelton Rivera: desde hace más de 10 años hemos trabajado bajo asedio, amenazas y criminalización. Cinco personas de nuestra red han sido encarceladas por informar.

Defender la democracia no es delito

Tue, 29 Apr 2025 06:01:00 +0000

punto de encuentro

Defender la democracia no es delito

Libertad para Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán.

Marielos Monzón

29 de abril de 2025 | 00:01h

En 2023 fueron los pueblos indígenas, liderados por las autoridades ancestrales, quienes lograron hacer respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De no ser por las masivas movilizaciones en defensa de la democracia y del voto popular, se habría instaurado en Guatemala un régimen autoritario producto de un golpe de Estado que tuvo como principal protagonista al Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta.

Las capturas de Luis Pacheco y Manuel Chaclán es una afrenta contra los pueblos indígenas y su organización comunitaria.

Tras la segunda vuelta electoral y hasta el mismo 14 de enero de 2024, día de la toma de posesión, el Pacto de Corruptos —utilizando como principal herramienta el poder punitivo de la Fiscalía General— intentó impedir la llegada a la presidencia del binomio del Movimiento Semilla. Hubo de todo: fabricación de un caso espurio por un supuesto fraude, allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestro de las papeletas de votación, procesos penales en contra de autoridades y empleados electorales y un largo etcétera.

La comunidad internacional que acompañó el proceso con dos misiones de observación encabezadas por la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos no solamente refrendó los resultados electorales, sino destacó el papel trascendental de la sociedad guatemalteca, especialmente de los pueblos indígenas y sus autoridades, para evitar que se concretara el golpe de Estado por la vía judicial. Todo eso sucedió y quedó documentado.

Aunque Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron sus cargos, la estrategia desestabilizadora y golpista no se detuvo. Es más, el MP (en alianza con sus jueces y juezas socios) continuó sin freno la fabricación de casos espurios y el uso del derecho penal para criminalizar/castigar/perseguir a actores democráticos que le han plantado cara a la alianza golpista y corrupta.

La apuesta del gobierno de Arévalo de “convivir” con Porras Argueta hasta que llegue la fecha del cambio de fiscal general en mayo de 2026, salvo que en el Congreso se reforme la Ley del MP para que el presidente la destituya (cosa improbable, sobre todo cuando no se ve por ningún lado el ejercicio de poder político desde la Presidencia), se tradujo en un debilitamiento acelerado del gobierno que está siendo promovido/aprovechado por la cúpula de Gerona, que hará lo imposible por evitar que sea Bernardo Arévalo quien nombre al próximo jefe/a del MP. Esa es la apuesta y en eso están.

Las capturas de Luis Haroldo Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, organización que encabezó el Paro Nacional 2023 y fue artífice de la defensa democrática, evidencia —una vez más— la instrumentalización que el MP hace de la justicia. Acusarlos de los delitos de terrorismo, asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia no solamente violenta derechos constitucionales, sino que es una afrenta en contra de los pueblos y su organización comunitaria. Pacheco y Chaclán, como el resto de autoridades indígenas, fueron electos por la asamblea general y no actuaron de manera individual, sino en representación de sus pueblos.

El “caso” —como casi todos los procesos de criminalización que lleva adelante el MP— siguió los mismos patrones: se declaró bajo reserva, se esperó a tener una jueza ad hoc para conocerlo, se dictó prisión preventiva y se acompañó de una campaña de hostigamiento, amenazas y desprestigio desde cuentas afines a la Fiscalía (incluso se colocó pauta en redes).

La solidaridad y el apoyo de la población con los pueblos indígenas y sus autoridades, en este momento de persecución y ataques, se hacen indispensables. Pero urge también una acción contundente y de ejercicio del poder político y democrático (no solo con discursos o tuits) de Bernardo Arévalo y su gobierno. Es ahora.