¿A un paso del grado de inversión?

Estamos cerca del grado de inversión, pero aún pesan mucho las debilidades institucionales.

Mario Alberto García Lara

27 de octubre de 2025 | 00:02h

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La reciente decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación soberana de Guatemala a BB+ con perspectiva estable es, sin duda, una buena noticia para el país. Con ello, esta calificadora equipara su nota con la que ya otorgaban, desde meses atrás, las otras calificadoras relevantes (Moody’s y Standard & Poor’s), colocando al país a solo un peldaño del ansiado grado de inversión. Pero conviene no exagerar en la celebración: llegar a ese grado será muy difícil, y mantener lo logrado exigirá prudencia.

Fitch justifica su decisión de mejorar la calificación del país en la solidez macroeconómica, el bajo endeudamiento público —25% del PIB, el menor de América Latina—, la estabilidad de precios y el superávit externo respaldado por reservas monetarias internacionales récord. Coincide con Moody’s y S&P en destacar la ortodoxia de las políticas fiscal y monetaria, el papel estabilizador de las remesas familiares y la resiliencia del sistema bancario. Guatemala sigue siendo, en el vecindario, un país fiscalmente responsable y monetariamente predecible.

Sin embargo, las tres agencias calificadoras coinciden en advertir los mismos riesgos: el creciente déficit fiscal, la debilidad institucional y la pobreza persistente. El déficit del gobierno central, que en 2024 fue apenas de 1% del PIB, se proyecta que podría más que duplicarse hasta alcanzar el 3.5% del PIB para 2026, impulsado por elevados presupuestos que, en teoría, deberían destinarse a mayor gasto social e infraestructura, pero que en la práctica se diluyen en gastos opacos y poco efectivos. Mientras tanto, la escasa capacidad de ejecución, la falta de prioridades claras y las rigideces estructurales del presupuesto resultan incompatibles con un Estado que pretenda financiar bienes públicos de calidad sin comprometer la estabilidad fiscal.

Las calificadoras son claras: para alcanzar el grado de inversión no basta con una macroeconomía ordenada. Hace falta un entorno de gobernanza sólida, certeza jurídica y Estado de derecho efectivo. Guatemala puntúa apenas en el percentil 27 del índice mundial de gobernanza del Banco Mundial, con niveles preocupantemente bajos en los subíndices que miden el Estado de derecho, el control de la corrupción y la efectividad gubernamental. Dicho de otra forma: el principal obstáculo para la mejora de la calificación del país ya no es macroeconómico, sino institucional y político.

La paradoja es evidente: el país exhibe fortalezas que muchos vecinos envidiarían —estabilidad, deuda baja, inflación contenida—, pero no logra convertirlas en crecimiento más rápido ni en mejores oportunidades para su población. La productividad (que es el factor clave de la prosperidad) está estancada porque las maltrechas instituciones no generan confianza ni incentivan la inversión privada de largo plazo. Sin reformas sustantivas al sistema de justicia, al servicio civil, a la administración pública y al sistema electoral y de partidos políticos, difícilmente se reducirá esa brecha.

Obtener el grado de inversión sería mucho más que un galardón simbólico. Significaría crédito más barato, mayor inversión extranjera y acceso a nuevos mercados financieros. Pero, como se deduce de la opinión de las calificadoras, solo un esfuerzo nacional sostenido, que combine prudencia macroeconómica con fortalecimiento institucional, podrá llevarnos hasta allí. No es fácil, pero tampoco imposible. Se requiere conciencia y visión de todos los estamentos para lograrlo. Lo importante es entender que el verdadero riesgo de Guatemala no está en sus cifras económicas, sino en su política.

Un árbitro técnico para el Congreso

Sin un análisis fiscal independiente, el Congreso legisla en la oscuridad y compromete el futuro.

Mario Alberto García Lara

13 de octubre de 2025 | 00:02h

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En el Congreso se legisla demasiado a ciegas: se aprueban leyes, ampliaciones y transferencias millonarias sin que exista un análisis técnico independiente que mida su impacto sobre la sostenibilidad fiscal del país. Las consecuencias son graves: compromisos ocultos, déficits crecientes y decisiones clientelares que hipotecan el futuro. En los últimos años, el Legislativo ha multiplicado los decretos que asignan fondos a entidades y programas sin respaldo técnico ni evaluación del gasto.

Los ejemplos abundan: aportes extraordinarios a Consejos de Desarrollo, transferencias a municipalidades sin planes de ejecución y subsidios de dudoso impacto económico. Cada quetzal aprobado así es un paso más hacia la opacidad y la pérdida de disciplina fiscal.

A diferencia de tal precariedad, el Congreso de los Estados Unidos —por ejemplo— cuenta desde 1974 con la Congressional Budget Office (CBO), una oficina técnica y no partidista creada precisamente para evitar que la política destruya la aritmética. La CBO estima el costo real de cada ley que se discute proyecta los ingresos y gastos del gobierno a 10 años y analiza el efecto de las decisiones legislativas sobre el déficit y la deuda. Su credibilidad es tal que ningún partido se atreve a ignorar sus cálculos. No dicta política. sino pone sobre la mesa los números; pero eso basta para ordenar el debate. Si una propuesta tiene un impacto fiscal insostenible, la CBO lo advierte y los legisladores deben ajustarla o justificar su costo. Su transparencia e independencia técnica son el mejor antídoto contra el populismo presupuestario.

El contraste con Guatemala es evidente. Aquí, ninguna comisión de trabajo del Congreso tiene ese rol técnico, ni el personal especializado, ni los modelos de proyección y de información completa. No existe la práctica obligatoria de acompañar cada iniciativa con un estudio de impacto fiscal. En la práctica, los diputados deciden sobre miles de millones de quetzales sin saber cuánto cuestan sus decisiones ni cómo se financiarán.

Esa debilidad institucional amenaza nuestra estabilidad macroeconómica. Lo que empezó como excepciones “temporales” —asignaciones extraordinarias, fondos discrecionales, ampliaciones de última hora— se ha vuelto la norma. Los recursos públicos se reparten según afinidades políticas, no conforme a prioridades nacionales. Y, mientras tanto, la deuda pública crece y los incentivos para gastar sin control se multiplican.

El Congreso necesita su propio órgano técnico de análisis fiscal: una oficina independiente, integrada por economistas y especialistas en finanzas públicas, con mandato legal y autonomía suficiente para emitir análisis imparciales sobre toda iniciativa que implique gasto, exoneraciones o deuda. Su creación requeriría una reforma institucional seria, pero sería una de las más trascendentes en décadas. Esa oficina —una suerte de CBO guatemalteca— debería tener tres virtudes: independencia frente a los partidos, estabilidad presupuestaria y transparencia metodológica. Sus informes deberían ser públicos, con supuestos claros y cálculos replicables, a fin de ganarse la confianza ciudadana y convertirse en árbitro creíble entre el entusiasmo político y la prudencia fiscal.

Modernizar la forma en que el Congreso analiza, aprueba y fiscaliza el presupuesto es una necesidad urgente. Sin una brújula técnica que ponga límites al desorden, el país seguirá condenado a repetir el ciclo de improvisación y despilfarro que cada año erosiona la estabilidad conquistada con tanto esfuerzo. No se puede seguir legislando sin saber cuánto cuesta hacerlo.

Presupuesto 2026: la tentación de la imprudencia

El presupuesto 2026 profundiza déficits y sacrifica inversión: un camino riesgoso para Guatemala.

Mario Alberto García Lara

29 de septiembre de 2025 | 00:02h

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El Presupuesto del Estado debería ser la principal herramienta de política económica de un país. Pero en Guatemala, una vez más, corremos el riesgo de que el Presupuesto 2026 se convierta en un vehículo para aumentar el gasto improductivo, financiar clientelismo y comprometer la sostenibilidad fiscal.

A primera vista, el proyecto de Presupuesto que hoy discute la Comisión de Finanzas del Congreso prevé unos ingresos tributarios que parecen realistas; el problema está en el lado del gasto: la propuesta privilegia el funcionamiento sobre la inversión, incrementa la deuda pública y consolida una estructura presupuestaria rígida, en la que casi el 83% de los recursos ya está precomprometido.

Este desbalance se traduce en un déficit fiscal extraordinario y peligrosamente elevado y en un saldo primario negativo que obliga al Estado a endeudarse, ya no solo para cubrir sus gastos, sino para pagar deudas anteriores. Esta es la antesala de un círculo vicioso que, de no corregirse, puede comprometer la estabilidad lograda en décadas anteriores. La teoría económica lo explica bien: la deuda pública excesiva puede estimular el crecimiento en el corto plazo, pero termina desplazando a la inversión privada, obligando a imponer tributos distorsionantes, aumentando los riesgos inflacionarios y reduciendo el margen de maniobra de la política contracíclica. Diversos estudios han mostrado que, al rebasar ciertos umbrales, la deuda deja de ser un motor y se convierte en un freno para el desarrollo.

Lo preocupante es que Guatemala ya podría encontrarse por encima del umbral de sobreendeudamiento (alrededor del 25% del PIB) identificado por diversos analistas (incluyendo técnicos del FMI). Aunque nuestra deuda sigue siendo baja en términos regionales, estamos entrando a una zona de riesgo. Ignorar estas advertencias puede tener costos severos: mayor fragilidad frente a choques externos, deterioro de la calificación de riesgo y pérdida de la confianza de inversionistas. A ello se suma la baja calidad del gasto. Apenas 17.5% del presupuesto se destina a inversión y la ejecución histórica muestra que ni siquiera se logra materializar lo asignado. Mientras tanto, se multiplican transferencias discrecionales a consejos de desarrollo y municipalidades, sin suficiente transparencia ni alineación con políticas de Estado. Así, más impuestos y más deuda terminan financiando clientelismo, en vez de infraestructura, salud o educación de calidad.

Lo paradójico es que Guatemala, por su tradicional estabilidad macroeconómica, todavía conserva acceso a financiamiento interno y externo en condiciones favorables. Pero ese activo es frágil. Si los indicadores fiscales siguen deteriorándose, pronto se pondrá en entredicho nuestra calificación de riesgo. Y una vez que se pierde la confianza, cuesta mucho recuperarla.

¿Qué hacer? Hay varias salidas. En el corto plazo, el Congreso debería reorientar el Presupuesto 2026: blindar la inversión prioritaria (a través del SNIP), reducir techos y fijar reglas claras para las modificaciones, y condicionar transferencias a planes validados. En el mediano plazo, urge adoptar reglas fiscales cuantitativas, fortalecer la Contraloría y modernizar los sistemas de gestión financiera.

En ocasiones anteriores hemos advertido sobre la tentación de aprobar techos imprudentes sin reparar en la calidad del gasto. Hoy, más que nunca, Guatemala necesita preservar su estabilidad macroeconómica, invertir con eficiencia y recuperar la confianza en las finanzas públicas. De lo contrario, el costo de la imprudencia lo terminaremos pagando todos.

Una pieza en el rompecabezas anticorrupción

Una nueva Secretaría de Integridad Pública sería muy positiva, pero solo apenas un primer paso.

Mario Alberto García Lara

15 de septiembre de 2025 | 00:02h

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Hace unos días, el presidente Arévalo anunció una iniciativa para crear una Secretaría de Integridad Pública en sustitución de la Comisión Nacional contra la Corrupción. La propuesta de ley busca fortalecer la transparencia y la coordinación de las políticas anticorrupción desde la Presidencia. La iniciativa merece una valoración positiva: es un gesto político relevante, un reconocimiento de que la corrupción sigue siendo un problema central para el desarrollo y una señal de que el Ejecutivo quiere relanzar el tema.

Sin embargo, si algo enseñan la experiencia internacional y la literatura especializada es que una nueva secretaría, por sí sola, difícilmente transformará la realidad. Por ejemplo, el reciente libro La corrupción bajo una nueva lupa (de Carroll Rios, David Casasola y José Gálvez) ofrece un enfoque claro: la corrupción no es solo un asunto moral o de voluntad política, sino un fenómeno sistémico que responde a incentivos, estructuras institucionales y niveles de impunidad. Su combate exige un conjunto de medidas más amplio y sostenido.

Entre las lecciones más importantes que aporta el libro destacan cuatro. La primera es la profesionalización del servicio civil: donde los cargos públicos siguen siendo botín partidario, la corrupción florece. Guatemala necesita un sistema meritocrático que premie la capacidad y reduzca la dependencia de padrinos políticos. La segunda es la digitalización de la gestión pública y de las contrataciones: plataformas abiertas y en tiempo real (como las que ya funcionan en Chile o México) reducen la discrecionalidad y permiten la fiscalización ciudadana en cada etapa del gasto.

La tercera es la reducción de la discrecionalidad política en la asignación de recursos (especialmente, en los fondos y transferencias donde hay espacios propicios para el clientelismo), adoptando una distribución con criterios técnicos, transparencia total y auditorías externas. La cuarta es el fortalecimiento de la justicia: el factor disuasivo central no es la severidad de las penas, sino la certeza de castigo. Si las investigaciones no prosperan en tribunales independientes y eficaces, la corrupción seguirá siendo un negocio rentable.

A estas dimensiones se suma un aspecto crucial: el papel de las entidades fiscalizadoras superiores. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas debería ser el verdadero freno institucional contra el despilfarro y la captura de recursos públicos. Hoy, sin embargo, la CGC carga con la percepción de ser un ente burocrático, lento y politizado. Transformarla en una institución independiente, profesional y tecnológicamente avanzada es quizás la reforma más urgente del sistema anticorrupción. Eso implica mejorar la forma en que el contralor es elegido, que las auditorías se realicen en tiempo real y que los hallazgos se traduzcan en procesos judiciales y en información accesible a la ciudadanía.

Una Secretaría de Integridad puede llegar a ser una pieza positiva en este rompecabezas, pero no debemos sobrestimar su alcance. Si queremos pasar de los gestos a los resultados, la prioridad está en reformar los sistemas que generan los incentivos equivocados y en fortalecer las instituciones que pueden sancionar efectivamente. Celebramos la intención presidencial, pero recordemos que la verdadera lucha contra la corrupción también requiere reformas estructurales. Una secretaría puede coordinar, pero el corazón de la integridad pública está en la profesionalización, la digitalización, la justicia independiente y, sobre todo, en una Contraloría independiente, profesional y con dientes de acero.

Puertos: la gran reforma pendiente

Los puertos son una llave de su competitividad futura del país: se necesita una reforma integral.

Mario Alberto García Lara

1 de septiembre de 2025 | 00:02h

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La infraestructura portuaria es, para un país pequeño y abierto como Guatemala, mucho más que un asunto técnico: es un eslabón crítico que conecta nuestra economía con el mundo. No obstante, el sistema portuario nacional funciona hoy con leyes incompletas, gobernanzas fragmentadas y limitaciones que frenan tanto la eficiencia operativa como la atracción de inversión. El reciente Summit de Infraestructura: Puertos para el Desarrollo —en el que participé como panelista— volvió a poner sobre la mesa la urgencia de una reforma legal integral.

Actualmente, en el Congreso se discuten dos iniciativas de ley para rediseñar el sistema portuario nacional: una presentada por el Ejecutivo y otra por una diputada que preside la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura. Ambas iniciativas contienen elementos valiosos, pero también carencias y vacíos. Lejos de ser contrapuestas, deberían entenderse como complementarias: la tarea clave del parlamento es articular lo mejor de cada una en un marco normativo coherente.

En mi participación en el panel sobre certeza jurídica y autoridad para el desarrollo portuario destaqué cinco desafíos que el Congreso debe superar si quiere aprobar una buena ley. El primero es no legislar con precipitación: la Ley de la Autoridad Portuaria aprobada el año pasado dio al Ejecutivo 120 días para presentar un proyecto integral, pero el Congreso no está sujeto a plazos. Es preferible tomarse un tiempo prudencial, escuchar a expertos y aprender de las mejores prácticas internacionales. El segundo desafío es diferenciar con claridad los problemas de corto plazo —dragado, mantenimiento de muelles y rompeolas— de los retos de largo plazo —como ordenar la institucionalidad y habilitar nuevas inversiones—.

Para atender los problemas de corto plazo habría que identificar las “cirugías legales” que deben practicarse a las leyes orgánicas de las portuarias existentes para destrabar operaciones. Pero para los asuntos de mediano y largo plazo se requiere de una reforma integral que otorgue certeza jurídica, ordene la estrategia nacional en materia portuaria, establezca una autoridad rectora técnica y autónoma, y defina mecanismos claros de financiamiento, fiscalización y participación privada. Esa visión coincide con lo que los mejores marcos legales a nivel internacional establecen para el funcionamiento de un sistema portuario eficiente: institucionalidad robusta, gobernanza con contrapesos, reglas claras para concesiones y alianzas público-privadas, todo ello contemplando un régimen de transición ordenado del viejo sistema hacia el nuevo modelo de desarrollo portuario.

Conviene recordar que las leyes no son instrumentos de gestión operativa; son marcos de actuación. La gestión recae en las juntas directivas y en las autoridades portuarias. Por ello, la ley debe ser lo suficientemente clara para habilitar soluciones y dar certeza jurídica, pero no tan detallada que intente administrar la cosa pública desde el Legislativo. Lo fundamental es que fije los objetivos estratégicos, los equilibrios institucionales y los incentivos correctos.

La discusión de la reforma portuaria debería asumirse como un asunto de Estado. Guatemala necesita dejar de lado las banderas partidarias y construir consensos amplios para una reforma de largo plazo que modernice nuestros puertos, los convierta en verdaderas plataformas logísticas regionales y libere el potencial competitivo del país. La oportunidad está servida: o seguimos remendando con soluciones de coyuntura, o apostamos de una vez por esta gran reforma pendiente.

El falso encanto del proteccionismo

El proteccionismo seduce a los políticos populistas, pero empobrece a sus países

Mario Alberto García Lara

7 de julio de 2025 | 00:02h

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El auge del proteccionismo es uno de los signos más alarmantes de nuestro tiempo. Lo vemos en Estados Unidos, con la guerra arancelaria desatada por su gobierno; en Europa, donde el nacionalismo comercial gana adeptos; y también en América Latina, donde ciertos liderazgos han resucitado viejos prejuicios contra el libre comercio. Guatemala no está inmune a esa tendencia. En este contexto de hostilidad hacia la globalización, debemos recordar por qué el proteccionismo ha sido, históricamente, una receta fracasada.

El proteccionismo parte de una premisa intuitivamente atractiva, pero económicamente equivocada: que un país es más fuerte si produce todo lo que consume, y que al cerrar su mercado protege el empleo local. Esta lógica —heredera del mercantilismo— es la favorita de los líderes populistas, porque simplifica los dilemas económicos y apela al nacionalismo. “Compremos nacional”, “defendamos lo nuestro”, “recuperemos empleos”… son los eslóganes que suenan bien, pero que funciona mal.

Adam Smith explicó claramente, hace 250 años, que ninguna familia sensata se empeña en fabricar por sí misma todo lo que necesita si puede conseguirlo mejor y más barato mediante el intercambio en el mercado. Si una familia sensata no lo hace, ¿por qué debería hacerlo una nación? Cuando los países comercian libremente, cada uno se especializa en lo que produce mejor y, al final, todos ganan. Por el contrario, las barreras comerciales (aranceles, cuotas y licencias) reducen la eficiencia, elevan los precios y frenan la innovación. La historia presenta ejemplos claros: las Leyes del Maíz en la Inglaterra del siglo XIX encarecieron el pan y empobrecieron a los trabajadores; hoy, los aranceles al acero y al aluminio en los Estados Unidos encarecen la producción de autos y electrodomésticos, destruyen más empleos de los que salvan y hacen que todos —excepto unos pocos productores protegidos— salgan perdiendo. El proteccionismo no crea riqueza: reparte miseria y destruye el futuro.

Los países en desarrollo, como Guatemala, tienen aún más que perder. Nuestro crecimiento depende de que nos integremos a los mercados globales. El proteccionismo de las grandes potencias nos castiga doblemente: limita nuestras exportaciones y encarece nuestras importaciones. Pero, ante la avalancha de proteccionismo en el planeta, sería un error de nuestra parte responder con las mismas armas; levantar muros arancelarios aquí no defenderá nuestra economía: solo empobrecería a los consumidores y aislaría a nuestros productores. Debemos resistir la tentación de responder con represalias. Más bien, es hora de redoblar nuestra apuesta por la apertura económica, por el fortalecimiento institucional y por la competitividad. Eso significa activar una política de apertura comercial, negociar inteligentemente nuestros acuerdos comerciales, mejorar la infraestructura, reducir trámites, atraer inversión y diversificar exportaciones.

El libre comercio no es perfecto, pero es el mejor camino para expandir la prosperidad. Es un camino desafiante que requiere ajustes y políticas compensatorias inteligentes, sí, pero no debe ser abandonado cada vez que sopla el viento del populismo. Guatemala debe estar alerta: el proteccionismo es una enfermedad contagiosa que se disfraza de patriotismo, pero que carcome la productividad, la inversión y el empleo. Hay que decirlo con claridad: el proteccionismo es popular, pero es ignorante. Y si queremos conjurar su amenaza, debemos defender —sin complejos— los principios de la economía abierta. Porque cuando el comercio retrocede, el bienestar también lo hace.

Centroamérica: el santo grial de la inversión

Si Guatemala y El Salvador no logran generar más inversiones, su crecimiento seguirá siendo modesto.

Mario Alberto García Lara

31 de marzo de 2025 | 00:02h

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En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de santo grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa (IED) y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con “marca país” o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.

La madre de las reformas electorales

Lo más importante es fortalecer el TSE, que hoy vive su hora más oscura.

Mario Alberto García Lara

17 de marzo de 2025 | 00:02h

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Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya venía arrastrando un deterioro paulatino y una crisis de credibilidad, la reciente suspensión de varios de sus magistrados titulares por acusaciones del Ministerio Público lo ha llevado al borde de un colapso institucional sin precedentes. La máxima autoridad electoral de Guatemala, que debería ser garante de la legalidad, de la transparencia y de la efectividad del proceso democrático, hoy se tambalea bajo el peso de su fragilidad estructural y de los errores acumulados durante los últimos años.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo la coyuntura actual. El gradual debilitamiento y la consecuente inestabilidad del TSE son los síntomas más visibles de una enfermedad más profunda: su fragilidad institucional y su falta de independencia respecto de la clase política (sobre la que está llamado al ejercer autoridad). La forma en que actualmente se eligen, organizan y ejercen su mandato los magistrados permite que profesionales con insuficiente formación técnica, influenciables políticamente y sujetos a intereses ajenos a la democracia, lleguen a dirigir el destino electoral del país. Esta crisis no es un accidente: es el desenlace predecible de un sistema que se ha venido adulterando para hacerlo frágil, vulnerable y fácilmente cooptable.

Mientras tanto, en el Congreso, las iniciativas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) avanzan, pero con un enfoque superficial. Las reformas en discusión se centran principalmente en aspectos procedimentales (que podrían ser resueltos por la vía administrativa o reglamentaria si existiera un TSE fuerte y creíble) y en ajustes cosméticos, sin tocar los problemas estructurales que realmente ponen en peligro la democracia guatemalteca. Se discute sobre tecnicismos de financiamiento y propaganda, pero se elude el verdadero tema de fondo: el TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia.

El fortalecimiento del TSE pasa por al menos tres reformas cruciales: (1) prolongar el período de los magistrados y establecer su renovación de forma escalonada, a fin de evitar que una sola legislatura concentre la potestad de elegir a todo el pleno; (2) separar claramente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de modo que los magistrados se dediquen a impartir justicia electoral sin verse absorbidos —o, incluso, tentados hacia la corrupción— por gestiones puramente operativas; y (3) garantizar mecanismos de selección de magistrados que se basen en las capacidades, méritos y trayectoria de los postulantes, y no en negociaciones políticas entre las mismas fuerzas a las que esos futuros magistrados deben fiscalizar.

El colapso del sistema de partidos es una crisis paralela que preocupa y amerita atención, pero el colapso de la autoridad electoral es una amenaza aún más grave. Sin un TSE fortalecido, independiente y profesional, Guatemala corre el riesgo de perder lo que aún queda de su frágil democracia. La clase política debe entender que no se trata de preservar privilegios o de seguir administrando la crisis, sino de evitar que el país entre en una espiral de desconfianza institucional de la que difícilmente podrá salir.

El tiempo para parches y reformas electorales tibias ya pasó. Si la democracia guatemalteca quiere sobrevivir y robustecerse, necesita un TSE con una renovada autoridad moral que esté a la altura del desafío. La pregunta es si la clase política (dentro y fuera del Congreso) y la ciudadanía organizada están dispuestas a asumir ese reto antes de que sea demasiado tarde.

Mario Alberto García Lara: “El presupuesto 2025 no tiene ninguna meta de política pública, es más un reparto parecido a otros ejercicios recientes”

Las asignaciones presupuestarias que aprobó el Congreso dirigidas para codedes y municipalidades, así como el endeudamiento, siguen generando preocupación, pero se celebra tener un gasto público 2025, indica analista.

Urias Gamarro

30 de noviembre de 2024 | 05:00h

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Los Codedes, municipalidades y Ministerio de Comunicaciones tendrán asignaciones presupuestarias altas en 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020 y de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal), brindó una perspectiva sobre la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del 2025 por Q148 mil 526 millones, que aprobó esta semana el Congreso de la República y que brinda una asignación extra Q3 mil 500 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

El monto del gasto aprobado elevaría para 2025 el déficit fiscal hasta 3.4%, por lo que se sale de la disciplina fiscal que se venía manejando en los últimos años a excepción del año de la pandemia.

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También le llama la atención las asignaciones realizadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que junto al presupuesto a las municipalidades comprometen cerca del 20 por ciento del total del gasto. 

¿Cuáles son los principales hallazgos al presupuesto 2025?

El destino del techo presupuestario del gasto no señala ninguna novedad importante; ninguna meta de política pública, que uno pueda decir que este será el legado de la actual administración de gobierno. Más bien es un reparto muy parecido a lo que se ha visto en otros presupuestos en ejercicios recientes.

Es decir, que en general el presupuesto que envío el Ejecutivo, y que lo empeoró en la Comisión de Finanzas (que dirige el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez), no es muy diferente a los programas que solían enviarse durante las administraciones de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales; no difiere mucho en cuanto a la calidad del gasto, sino que básicamente es más de lo mismo, pero que solo más grande en su monto.

Lo otro que nos sorprendió mucho en la misma línea es que en las normas presupuestarias, que orientan en la forma en qué se debe gastar los recursos, es un poco decepcionante.  De nuevo las normas presupuestarias que envió el Ejecutivo al Congreso otra vez no difieren casi en nada a las anteriores normas presupuestarias que se enviaron de los últimos dos gobiernos, y es más de lo mismo.

Entonces, no se aprovechó la oportunidad para mejorar la transparencia y eficiencia en el gasto en incluir más normas que fueran en ese sentido.

Sobre la deuda bonificable de Q25 mil 104 millones y su destino, ¿qué han analizado?

El gran tema es que estos recursos financiaran el déficit fiscal, por lo que ahí no hay por donde mucho perderse: déficit fiscal grande, la deuda es grande.

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Lo que preocupa, es que hay una prohibición explicita en la Ley Orgánica del Presupuesto, que expone que no se puede usar los recursos por la vía de la deuda, para financiar gasto corriente, es decir, funcionamiento.

Esta prohibición explicita no se cumple durante muchos años, y es porque en la ley anual del presupuesto se coloca como una excepción. En este presupuesto 2025, se aumentó el porcentaje que se destinaba a gasto corriente total que era del 10% ahora superara 20%, y eso es un atentado a las buenas prácticas fiscales.

¿Qué han encontrado en la parte de política fiscal?

El presupuesto se hizo de manera tan ambigua que se aumentó a 3.1% y se creó un fondo que no existe en el artículo 142, que es un “Plan extraordinario para el mantenimiento y la rehabilitación de puentes y carreteras”, que es un programa que no existe pero que se aprobó Q3 mil 500 millones extras del monto abultado del presupuesto (Q148 mil 526 millones).

Ese plan que no existe, simplemente se ordena a que se conciba en el futuro que posiblemente aumente al 3.4% del déficit: pero además se dejó otra ampliación un poco ambigua de Q2 mil millones, sin necesidad de ir al Congreso, y por eso consideramos que el déficit puede estar entre 3.4 a 3.6%, y “esto es grave”.

Pero en términos de política fiscal, es positivo la aprobación de un presupuesto por lo que hay un mecanismo de rendición. Hay rubros de inversión que valen la pena que estén, asignaciones de atención a salud, y sería peor que no se hubiera aprobado un gasto, por qué no habría certeza. 

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Hay que estar muy vigilantes, por que el monto es alto y los destinos no son todos positivos.

En esas ambigüedades, ¿Cómo se deben interpretar?

Hay dos destinos que nos preocupan mucho: los Codedes y las municipalidades. ¿Por qué?, por qué tradicionalmente tienen características que no son buenas en sus recursos y no son transparentes.

La Contraloría General pone mucha atención a lo que hace el Gobierno Central, que lo que hace los Cocodes y las municipalidades, por lo que ahí hay preocupaciones en cuanto a la transparencia y el uso correcto de los recursos; hablamos del 15 al 17% del total del presupuesto que es un monto muy alto.

La segunda preocupación es que esos destinos de gastos no están asociados a políticas públicas de estado, sino más bien sujetos a la arbitrariedad de los gobiernos locales que no se alinean a políticas estatales a largo plazo.

El proyecto que presentó Minfin tenía entre Q7 mil millones para Cocodes pero en la Comisión de Finanzas se aumentó otros Q5 mil millones; pero aparte hay otros Q11 mil para las municipalidades y hay una normativa (que se aprobó este año) de no devolver los fondos que no usen para este ejercicio, por lo que ya será más del 20% del total del presupuesto dirigido para Consejos y municipalidades, que no son transparentes ni alineados a políticas de estado.

Desgloses

En las ampliaciones hay partidas presupuestarias que no cuenta con una fuente de financiamiento, es decir, no se logra identificar qué unidad es la responsable de la administración y su ejecución del gasto:

• Previsión para el Circuito Metropolitano del Metro: Q1 mil 200 millones, sin unidad ejecutora.       
• Asignación para Clases Pasivas: no se define el monto y la fuente de financiamiento para cubrir el Régimen de Clases Pasivas por la ampliación de este año.        
• Desarrollo Integral: se amplía hasta Q300 millones el presupuesto del Ministerio de Desarrollo para el pago de excombatientes del Ejército, pero sin fuente de financiamiento.        
• Programa al adulto mayor: El Ministerio de Trabajo tiene una reducción de Q500 millones.
• Tarifa social: El Inde deberá realizar las gestiones por Q900 millones para cubrir la Tarifa Social de Energía.           
• Defensa Nacional: Tiene una ampliación de Q400 millones para la compra de equipo e insumos para el Colegio de Ingenieros del Ejército.                

Las prioridades del Gobierno en 2025

Es difícil mejorar la calidad del gasto público con los actuales mecanismos de ejecución y control.

Mario Alberto García Lara

30 de septiembre de 2024 | 00:01h

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El presupuesto de ingresos y gastos del Estado es, en cualquier país, una guía central para la implementación de políticas públicas y la gestión de la política económica. En Guatemala, el proyecto de presupuesto para 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación es, además, una verdadera declaración de intenciones. Siendo el proyecto con el incremento  más grande de los últimos 15 años —respecto del presupuesto del año previo— y planteando un déficit fiscal sin precedente en décadas, indica la convicción del Gobierno de contar con un enorme espacio para aumentar su gasto y su fe en que va a poder ejecutarlo de forma transparente y eficiente, a pesar de que los ineficaces sistemas institucionales (administrativos, de control, de servicio civil o de compras y contrataciones) permanecen incólumes (y deteriorándose) desde hace lustros.

Aunque el Gobierno solo dispone del 18% de sus ingresos para impulsar políticas públicas (ya que el resto  está comprometido para gastos rígidos, como salarios y transferencias), es posible inferir —de los destinos institucionales solicitados en el proyecto de presupuesto— cuáles son las prioridades de política pública del Gobierno para el año próximo. Así, está claro que el Ministerio de Educación es el que se lleva la mayor tajada del gasto, en su mayoría para el pago de salarios, incluyendo los que se deriven del muy opaco pacto colectivo que se está negociando con el sindicato ministerial, por lo que se colige que no solo la educación per se, sino también el apaciguamiento de su relación con el líder magisterial Joviel Acevedo, son una clara prioridad del Gobierno.

Asimismo, si vemos el crecimiento respecto del año anterior, se revela como prioridad el monto asignado al Ministerio de Comunicaciones, lo cual es una muy buena noticia luego de cuatro gobiernos en los que la infraestructura pública estuvo relegada. Pero si vemos los crecimientos relativos respecto del presupuesto 2024, el que se revela como mayor prioridad es el Ministerio de Economía, donde se incluyó un millonario programa de asistencia crediticia a través del CHN, que tiene grandes probabilidades de resultar en un despilfarro tan lastimoso como los vistos en programas similares que se aplicaron durante la pandemia.

Además de las prioridades, el proyecto de presupuesto también permite vislumbrar cuáles son los asuntos que revisten poca importancia para el Gobierno: los aportes que por mandato legal debe hacer el Estado a la seguridad social o al apoyo a la política monetaria brillan por su ausencia, así como tampoco se aprecian cambios significativos en las normas presupuestarias orientadas a mejorar la transparencia del gasto o a respetar la sana práctica (también mandato legal) de no financiar gasto corriente con deuda pública. Extraña, en particular, que el proyecto de presupuesto no se haya hecho acompañar de la correspondiente opinión técnica (también mandato legal) de la Junta Monetaria.

Eso sí, el rubro a donde va a parar la mayor parte del presupuesto (más de la tercera parte del techo solicitado) es el de Obligaciones de Tesoro, que incluye conspicuamente los aportes a las municipalidades y consejos de desarrollo: es imposible no sospechar que —independientemente de las buenas intenciones del Gobierno en cuanto a elevar la inversión física y social— la real intención del presupuesto planteado es la de comprar gobernabilidad y paz política manteniendo contentos a los alcaldes y diputados distritales que se habrán de beneficiar políticamente del enorme bolsón de recursos presupuestarios que se les asigna.