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Los Huistas, el cartel que nació en Huehuetenango: cocaína, metanfetamina, lavado de dinero y política

Desde lo más recóndito, Los Huistas consolidaron su poder en el narcotráfico con apoyo del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Al mando estaban “Don Darío” y “Chicharra”, ligado al Parlacen y UCN.

la Redacción

12 de marzo de 2025 | 20:05h

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En marzo de 2022, EE. UU. sancionó a los líderes del grupo y ofreció recompensa por uno de ellos.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La organización Los Huistas, el cartel que surgió en Huehuetenango, en la zona noroccidental de Guatemala, se expandió, al igual que otras redes criminales dentro de la industria ilegal del narcotráfico, impulsado por una alta demanda de drogas que surgió hace décadas en Estados Unidos y otras latitudes.

Este grupo delictivo fue fundado por Eugenio Darío Molina López, conocido como “el Botas”, y Aler Baldomero Samayoa Recinos, “Chicharra”.

El nombre los Huistas surge por el área geográfica que de los municipios de Concepción Huista, San Antonio Huista, y Santa Ana Huista, este último frontera con México.

Al ser un territorio fronterizo, el clan de Los Huistas convirtió esta zona en un punto clave de influencia para el contrabando de cocaína, metanfetamina y heroína desde su base en Guatemala hacia Norteamérica.

Para lograrlo, estableció conexiones con organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, con las que se involucró en la producción, distribución y venta de sustancias prohibidas, alertó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al sancionar a la organización en 2022.

Para entonces, el grupo Los Huistas ya había evolucionado.

Evolución de Los Huistas

En sus inicios, se dedicaron al cultivo de amapola en los valles y montañas de Huehuetenango, un entorno propicio donde los comunitarios conocían bien el terreno.

Posteriormente, de la misma manera expandieron sus operaciones a su territorio más cercano, San Marcos y, con el crecimiento del narcotráfico, ampliaron sus actividades ilícitas hasta la importación de precursores químicos provenientes de China para fabricar metanfetaminas.

Además, establecieron redes de lavado de dinero como su brazo financiero para manejar sus ganancias ilícitas.

Este crecimiento estuvo acompañado de un vértice de violencia, que ha afectado a los comunitarios de los municipios que están empañados al llevar el nombre del clan.

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Estos poblados, que alguna vez fueron comunidades apacibles, han sufrido las consecuencias devastadoras del narcotráfico: costos humanos y la pérdida de seguridad y tranquilidad debido a la actividad de este y otros grupos del crimen organizado.

Un fenómeno de desestabilización que actualmente, se extiende por el continente y mantiene activas las alertas en Estados Unidos.

El cartel surgió como organización delictiva a finales de los años 90, según diversos informes oficiales y reportajes de investigación.

La organización Global Financial Integrity (GFI), un centro de estudios con sede en Washington D. C., señala que Los Huistas también se dedican al lavado de dinero, tráfico de armas y de personas —conocido como coyotaje—, así como al contrabando y a diversos actos de corrupción.

El grupo delictivo también ha diversificado sus ingresos con la operación de hoteles, resorts y restaurantes, de acuerdo con un informe de GFI.

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La importancia de Los Huistas para los carteles mexicanos radica en que el 90 % de las drogas que se trafican entre Colombia y Estados Unidos pasan por Guatemala, según GFI.

De acuerdo con esta fuente, la organización mantiene conexiones poderosas a nivel local e internacional, a pesar de que sus bases se encuentran en zonas recónditas del occidente.

Quiénes son Los Huistas

Fue hasta marzo de 2022 que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos consignó que el clan, con operaciones en Huehuetenango, colaboraba con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína hacia EE. UU.

Entre los sancionados figuran:

• Eugenio Darío Molina López (“Botas”): Uno de los líderes principales. Supervisaba el tráfico de cocaína desde Sur y Centroamérica hasta México. Fue acusado en EE. UU. en 2019. Se ofrece una recompensa de $US 10 millones por su captura.
• Aler Baldomero Samayoa Recinos (“Chicharra”): Coordinador del transporte de cocaína de Huehuetenango a Chiapas y operador financiero del grupo. Reportes lo vinculan con la política guatemalteca a través del Parlacen y el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Fue detenido el martes 11 de marzo del 2025.
• Axel Bladimir Montejo Sáenz: Yerno de Molina López (“Botas”), lugarteniente clave y coordinador del transporte de narcóticos. Acusado en EE. UU. en 2017.
• Freddy Arnoldo Salazar Flores: Yerno de Samayoa Recinos (“Chicharra”), maneja almacenamiento y transporte de cocaína. También fue diputado del Parlacen. Fue cusado en EE. UU. en 2016.
• Werner Darío Molina Montejo: Hijo de Molina López (cabecilla). Participaba en las relaciones comerciales de la organización.
• Ervin René Moreno López: Contador de una empresa controlada por Molina López.
• Roger Antulio Samayoa Montejo: Hijo de Samayoa Recinos (cabecilla) , lugarteniente y coordinador de operaciones.

Red del clan y sus conexiones con las élites políticas

Aunque se ofreció una recompensa millonaria, la justicia estadounidense aún busca capturar a Molina López, alias “don Darío”.

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Según los Estados Unidos, lograron evadir a las autoridades durante años, en parte gracias a sus conexiones con empresarios, autoridades policiales y políticos locales.

En el caso de Samayoa Recinos, alias Chicharra, su familia mantiene vínculos con la política guatemalteca a través del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el partido UCN, cuyo fundador, Mario Estrada, fue condenado en EE. UU. por tráfico de drogas.

El esposo de su hija, Freddy Salazar, fue diputado al Parlacen y perdió su inmunidad en 2023 por supuestos nexos con el clan del narcotráfico.

elPeriódico reveló que Salazar habría financiado con US$10 millones la campaña del partido Vamos. Además, su familia intentó participar en las elecciones de 2023 con Prosperidad Ciudadana, pero el partido fue excluido.

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En el caso de la diputada Sofía Hernández, representante de Huehuetenango, sus vínculos también son familiares con el grupo Los Huistas.

Su sobrino, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, conocido como “Metal” o “Joker”, fue capturado en 2021 y extraditado a EE. UU. por tráfico de drogas.

En marzo del 2024, se declaró culpable de conspirar para enviar 2 mil kilos de cocaína a los carteles de México, con conocimiento de que la droga llegaría a Estados Unidos.

Además, el hermano de la diputada, Henry Hernández Herrera, aceptó su implicación en el caso Los Huistas y fue condenado en 2021 por obstrucción a la justicia. Aunque recibió una pena de tres años, quedó en libertad tras un procedimiento abreviado.

En enero de 2022, fue asesinado durante un partido de fútbol en Jacaltenango, Huehuetenango, tras una discusión en el campo.

La congresista, en sus declaraciones ante el caso y la relación, únicamente se ha desligado de las actuaciones de sus parientes.

Lea también: Sentencian a integrantes de “Los Huistas”, quienes pasarán entre 6 y 12 años en prisión

Estados Unidos se opone a liberación anticipada del excandidato Mario Estrada

El excandidato presidencial y fundador del desaparecido partido UCN busca no cumplir la pena de 15 años de prisión por medio de una liberación compasiva.

Douglas Cuevas

26 de diciembre de 2024 | 17:23h

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Mario Estrada aceptó los cargos y en febrero de 2020 recibió una condena que busca no cumplir. Fotografía: Prensa Libre.

El 30 de julio pasado, la defensa del político Mario Estrada solicitó a una Corte de Estados Unidos su liberación anticipada. Pero el Departamento de Justicia de aquel país se opone por la gravedad de los delitos cometidos por Estrada y las condiciones actuales de su proceso judicial.

La medida que busca Estrada es una “liberación compasiva”, explicando que es una persona vulnerable y que amerita una salida anticipada de la cárcel. A la cual está condenado a pasar 15 años por decisión de un jurado norteamericano.

Mario Estrada fue candidato presidencial en las elecciones del 2019 por el ahora desaparecido Unión del Cambio Nacional (UCN), agrupación política de la que es fundador.

Entre las acciones por las que no es aconsejable una libertad anticipada, detalla el Departamento de Justicia, es que los abogados todavía no han agotado todas las vías administrativas.

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Además, señalan que la gravedad de los delitos cometidos por Estrada no hace viable otorgarle una medida de este tipo. Las pruebas confirmaron que Estrada intentó aliarse con el cártel de Sinaloa. Incluso buscó asesinar a rivales políticos durante la campaña electoral de Guatemala del 2019.

Asimismo, las condiciones de salud del acusado tampoco lo hacen objeto de una libertad anticipada, pese a que la defensa expone que por su edad es una persona vulnerable al covid-19, junto a otros padecimientos médicos.

Entre los argumentos de la defensa se exponen las condiciones de salud de la madre de Estrada, pero el análisis judicial expone que tampoco hay argumentos concretos que definan que exclusivamente el condenado tenga que dar cuidado a su progenitora.

Buscó la presidencia

En el 2019 Estrada buscó la Presidencia de Guatemala, pero las investigaciones de Estados Unidos ubicaron al político con grupos del narcotráfico. Incluso, buscó asesinar a rivales políticos para que su competencia por la silla presidencial no fuese tan reñida.

En abril de ese mismo año fue detenido y enviado a una Corte del Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente, en octubre del mismo año, Estrada reconoció los cargos y se declaró culpable.

En febrero del 2020, recibió una condena de 15 años de prisión, pero por haber aceptado los cargos su equipo legal esperaba una condena más corta por lo que presentaron una apelación que fue desestimada en 2021.

Ahora buscan su libertad anticipada por compasión y temas humanitarios, pero los argumentos del Departamento de Justicia hacen no aconsejable dar con lugar la petición de Mario Estrada.

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Carlos Preciado Navarijo admitió su culpabilidad de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos ante una corte en Texas y cumplirá una condena de prisión.

Sandy Pineda

9 de septiembre de 2024 | 13:48h

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Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, San Marcos, fue condenado a 10 años de cárcel en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Facebook/Carlos Preciado Navarijo)

Carlos Preciado Navarijo, exalcalde del municipio de Ocós, San Marcos, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos, luego de confesarse culpable por cargos por narcotráfico de cocaína ante la Corte del Distrito Este de Texas.

La resolución que se emitió el 3 de septiembre, describe que Preciado Navarijo aceptó las acusaciones para el trasiego de droga después de que llegara a un acuerdo en agosto de 2023 para admitir su culpabilidad.

El tribunal, a cargo del juez Amos L. Mazzant, impuso la sentencia de prisión por el principal cargo de la acusación contra Preciado Navarijo, relacionado con la conspiración para manufacturar y distribuir 450 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención de ser importada ilegalmente a los Estados Unidos.

Todos los puntos descritos en los documentos emitidos por la corte están vinculados a la misma acusación de conspiración para el tráfico de drogas.

Además, el juez recomendó que el acusado reciba un tratamiento adecuado de salud mental durante su tiempo en prisión. No se le impuso multa alguna, pero sí una evaluación especial con un cargo de US$100.

Tras cumplir la condena, el acusado estará en libertad supervisada por un período de 5 años y se le negarán todos los beneficios federales durante ese mismo tiempo.

El expediente también indica que el tribunal confirmó que el acusado revisó la sentencia y su defensa no presentó objeciones.

De acuerdo a la sentencia los acuerdos del caso fueron:

• a. Las partes han acordado una pena de 120 meses de prisión.
• b. El acusado no recibirá multa; el demandado pagará la cuota especial obligatoria de US$100 en o antes de la audiencia de sentencia; y
• c. El acusado recibirá un plazo de 5 años de libertad supervisada.

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Preciado Navarijo era alcalde en funciones de Ocós, San Marcos, cuando fue arrestado en Panamá el 19 de enero de 2021, y luego extraditado a requerimiento de los Estados Unidos.

Preciado había sido electo para el período 2020-2024 por el comité cívico La Plantía.

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La Policía Nacional panameña confirmó su detención por delitos relacionados con drogas y conspiración, cuando llegó a ese territorio procedente de un vuelo de tránsito de Guatemala con destino a Costa rica.

El exjefe edil se apegó al trámite de extradición simplificada.

Preciado Navarijo, llegó a territorio panameño procedente de Guatemala en un vuelo de tránsito con destino a la República de Costa Rica, cuando fue detectado por las autoridades y posterior se realiza su detención. #SinTregua pic.twitter.com/Ubc7V5Y8qk

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 21, 2021

Años después, en 2023, desde prisión intentó postularse con el mismo comité cívico La Plantía para volver a ser alcalde de Ocós. No obstante, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró improcedente la inscripción de la planilla descartando su participación en los comicios.

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Poder político

La familia Preciado Navarijo ha mantenido una fuerte influencia política en el municipio de Ocós, San Marcos, desde 2004, cuando Edilma Navarijo de León, madre del acusado, fue electa alcaldesa, cargo que ostentó hasta 2016.

Luego, cuando se dividió el territorio y se creó el municipio La Blanca, también consiguió ser electa como alcaldesa, primero con la Unión del Cambio Nacional (UCN), y luego en 2023 consiguió su reelección con el partido Nosotros, liderado por Rudy Guzmán, yerno de Sandra Torres, para el período 2024-2028.

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La hija de Edilma Navarijo de León, y hermana de Carlos, Vivian Preciado Navarijo, se unió a la política en 2015.

Vivian Preciado Navarijo fue electa ese año como diputada por San Marcos con la UCN, cuyo fundador, Mario Estrada, fue condenado en Estados Unidos a 15 años por narcotráfico en 2020.

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Según InSight Crime, Vivian Preciado Navarijo fue arrestada en 2010 y posteriormente liberada tras ser acusada de haber montado una “cortina de humo” para proteger a Víctor Hugo Soto Diéguez, exagente del Departamento de Investigación Criminal (DINC).

Soto Diéguez había sido condenado por su participación en ejecuciones extrajudiciales durante un allanamiento en la prisión de La Granja Pavón en 2006.

La acusación sugería que Vivian utilizó su influencia y recursos para desviar la atención de las autoridades y ayudar a Soto Diéguez a evadir la justicia.

Al igual que su progenitora, Vivian Preciado Navarijo fue reelecta para un segundo período como diputada al Congreso de la República en representación de San Marcos, también con el partido Nosotros, aunque fue declarada independiente una vez llegó a ocupar su escaño.

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La impugnación que planteó el partido iba dirigida contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no les otorgó un amparo provisional.

La UCN solicitaba que al aceptar la apelación se les concediera el amparo y se suspendiera la decisión del TSE y así continuar activo.

El interponente del recurso legal fue Jorge Enrique Passarelli Urrutia, quien aparece como secretario general de la UCN.

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La dirección general del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), notificó el 16 de diciembre de 2021 la cancelación total y definitiva de la UCN.

En enero del 2021, el Ministerio Público (MP) aseguró que la UCN usó fondos para hacer pagos, depósitos y transferencias a personas particulares y empresas comerciales.

La Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó entonces la cancelación de la personería jurídica del partido político, cuyo principal líder, Mario Estrada, estaba detenido en Estados Unidos, porque en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones.

En octubre de 2018, el TSE ya había anunciado el comienzo del proceso de cancelación de ese partido, después de que se detectó el hallazgo durante una auditoría electoral sobre sus estados financieros por Q21 millones 817 mil 791.

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Los hallazgos reportados por la auditoría electoral se refieren a gastos realizados con fondos de financiamiento público sin documentos de respaldo en 2014 y 2015 por Q2.5 millones y financiamiento para gastos del día de las elecciones del 2015 por Q15 millones que no fueron reportados.

El excandidato Mario Estrada hizo cuatro intentos por ser presidente de la República con el partido de la UCN, pero sus aspiraciones chocaron con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En febrero del 2020, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años en contra de Estrada, vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento para un proceso electoral.

Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del cartel de Sinaloa.

De acuerdo con las pesquisas, la empresa que administró el helicóptero fue Aerocomercial, S.A., y la cual documentó que adquirió la aeronave por Q100 mil, pero el Ministerio Público (MP) determinó que costaba Q6 millones.

La empresa Distribuciones Comerciales, S.A., compró el helicóptero por Q2 millones. En esa compañía la firma de Mario Estrada estaba autorizada para efectuar transacciones financieras y la empresa se usó para ocultar al propietario de la aeronave.

Según el juez, no se probó el origen lícito del dinero con el que se compró el helicóptero de Mario Estrada y se concluye que “guarda un nexo directo con una actividad ilícita, específicamente con lavado de dinero”.

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El helicóptero era usado periódicamente por Mario Estrada y lo prestaba a personalidades de la vida política, entre ellos el expresidente Jimmy Morales.

En su resolución, el juez determinó que Estrada compró el helicóptero con dinero proveniente del lavado de dinero.

En prisión por narcotráfico

El 11 de febrero de 2020, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años en contra de Estrada, vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento para su campaña electoral, confirmó la “Voz de América”.

También lea: MP solicita que se cancele el partido político UCN por no reportar Q15 millones en la campaña 2015
 

Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del Cartel de Sinaloa.  Junto a él se capturó a su asesor Juan Pablo González Mayorga.

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Durante la audiencia de sentencia se dio a conocer que el político recibió una condena de 15 años de prisión, además de 4 años de libertad condicional y una fianza de US$40 mil, reportó en esa oportunidad la “Voz de América”.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff señaló que, si bien a Estrada cedió a sus “ansias de poder” y “vendió el país al cártel de Sinaloa”, los informes que le han llegado por su colaboración le hicieron ser más indulgente.

También lea: UCN, el partido que intentó llevar a la presidencia a Mario Estrada, aún batalla por no desaparecer
 

Estrada pidió “perdón” ante el juez, ante el que se presentó esposado de pies y vistiendo una camisa y pantalones caqui de presidiario.

“Luché por mucho tiempo por el bienestar de mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estuve caminando correctamente, pero reconozco que cometí un error. No era mi intención, pero lo acepto”, aseguró el excandidato presidencial, quien pidió al juez una oportunidad para encauzarse para “hacer el bien” en su país y “ser más prudente” en sus acciones”.

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Detalles

Un documento que una corte del Distrito Sur de Nueva York divulgó en 2020 revela algunos resultados de la negociación que el expresidenciable guatemalteco aceptó.

El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones al Cartel de Sinaloa. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un video de la reunión.

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La jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, aceptó la solicitud de Sandoval, quien argumentó haber sido una potencial víctima de ese plan, con lo que se podrá para sumarse al caso cuya investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

La Fiscalía de Nueva York reveló el 31 de octubre de 2019 una conversación que el excandidato presidencial Mario Estrada tuvo con supuesto operador del cartel de Sinaloa, pero era un agente de la DEA.

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En esa conversación Estrada quería mandar a asesinar a la exfiscal general Thelma Aldana por considerar que era su principal oponente en la campaña electoral de 2019.

“En la página 4 de la transcripción de la reunión del 8 de febrero, el encubierto identificado como CS2 dijo: Entonces no hay problema, nosotros podemos desvanecer a esta dama, Thelma”, dice el documento oficial.

En ese mismo documento se señala el interés de Estrada por “eliminar” a dos fiscales que trabajaban con Aldana.

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Aunque no se reveló el nombre de esos dos abogados, Aldana aseguraba a través de su cuenta de Twitter, que se trataba de Juan Francisco Sandoval, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y de Schaad, quien renunció al MP en octubre de 2019.

Pese a ser detenido en 2019 por el intento de asesinato de Aldana, Estrada, fundador de la UCN, fue declarado culpable por narcotráfico y cumple una condena de 15 años en Estados Unidos.

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Rafael Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, informó este miércoles 6 de enero que en su momento recibieron la denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), derivado de que el Departamento de Auditoría Electoral de esa entidad le hizo una auditoría financiera al partido político Unión del Cambio Nacional (UCN) entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2015.

Dijo que la denuncia fue enviada a dicha fiscalía y que mediante orden judicial se requirió información financiera y bancaria de la cuenta de gastos permanentes y de campaña electoral del 2015 de la UCN.

Dijo que en los hallazgos de relevancia penal que constan en el examen especial de auditoría, fueron cinco los hallazgos de investigación penal que la fiscalía ha tomado en cuenta para solicitar al TSE que cancele la personería jurídica de la UCN.

Los 5 hallazgos

1. Gastos realizados con fondo de financiamiento público del período del 2014 sin documentos de respaldo
2. Financiamiento para gastos el día de la elección 2015, primera vuelta, no reportado.
3. Gastos realizados con fondos de la cuota de financiamiento público del periodo 2015 y privado sin documentos de respaldo.
4. Financiamiento para gastos de campaña electoral 2015 no reportado.
5. Recibos de ingresos dinerarios sin autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

#ComunicadoDePrensa
MP solicitó cancelación de la personalidad jurídica del partido político Unión del Cambio Nacional –UCN- pic.twitter.com/ouDkHml8u7

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 6, 2021

Curruchiche dijo que esos cinco hallazgos son los que el MP ha podido sustentar y derivado de ello se les trasladó a los magistrados del TSE la solicitud para que se cancele la personería jurídica de UCN.

Señaló que en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones que se gastó el 6 de septiembre del 2015 en la primera vuelta de las Elecciones Generales y no obstante que la organización política presentó a la Fiscalía de Delitos Electorales algunos documentos, recibos, no sustentó de forma creíble los gastos.

Según el MP, la investigación estableció que las cuentas de gastos permanentes y de campaña electoral 2015 fueron utilizadas por el partido político para realizar pagos, depósitos y transferencia a personas particulares y empresas comerciales de relevancia penal, lo cual permite concluir que se utilizó de forma dolosa la constitución de la personalidad jurídica del partido político UCN para fines y objetivos distintos para los que fue constituido.

Partido UCN es cancelado por anomalías en financiamiento

El 10 de diciembre del 2019, la agrupación política UCN fue cancelada por infringir normas relacionadas con el financiamiento electoral.

El Registro de Ciudadanos del TSE ordenó la cancelación por anomalías detectadas en el incumplimiento de las normas relacionadas al financiamiento electoral.

Se intentó obtener la postura de Carlos Napoleon Rojas Alarcón, jefe de bancada de UCN en el Congreso, para conocer la postura del partido ante la petición del MP, pero no fue posible la comunicación.

Tampoco fue posible la comunicación con Karla Martínez Hernández, subjefe del bloque UCN.

Postura del TSE

El TSE informó que la cancelación del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), ordenada por el Registro de Ciudadanos (RC) en diciembre del 2019, está detenida por un amparo interpuesto por dicha agrupación política ante la Corte de Constitucionalidad.

El presidente del TSE, magistrado Mynor Custodio Franco Flores, expresó que por denuncias relacionadas con financiamiento electoral, formuladas por los órganos de fiscalización de partidos políticos del TSE, el Registro de Ciudadanos resolvió cancelar al partido UCN; sin embargo, sus dirigentes recurrieron en amparo ante la CC, acción que hasta la fecha no ha sido resuelta.

Destacó que el nuevo requerimiento de cancelación de la personería jurídica de la  UCN formulado este 6 de enero por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público no es algo nuevo, porque se refiere a lo actuado ya por el Registro de Ciudadanos.

“Si la CC resolviera el amparo hoy y confirma lo actuado por el Registro de Ciudadanos, nosotros resolveríamos la cancelación del partido en un plazo máximo de diez días”, destacó el Presidente del TSE.

Presidente del TSE, magistrado Mynor Custodio Franco Flores.

La UCN y Mario Estrada

Cables filtrados por WikiLeaks y un informe financiero sugieren una supuesta relación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) con el crimen organizado. Su máximo líder y fundador, Mario Estrada, fue capturado el 17 de abril de 2019 en EE. UU.

Los posibles nexos entre dirigentes de la UCN y líderes narcotraficantes fueron señalados desde el 2009 por el entonces embajador de EE. UU. en Guatemala, James Derham, quien el 4 de noviembre de ese año indicó que “hay varios diputados en el Congreso que tenían relación con traficantes de droga”, pero que estos preferían votar a favor de leyes contra el crimen organizado antes “que ser expuestos públicamente como defensores de intereses de narco”, según un cable de WikiLeaks, filtrado en el 2011.

Mario Estrada, excandidato a la presidencia que se postuló por el partido UCN, se encuentra actualmente recluido en Estados Unidos, pues en febrero del 2020 la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años en contra del excandidato presidencial vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento.

En una audiencia que duró unos 40 minutos, se dio a conocer que el político recibió una condena de 15 años de prisión, además de 4 años de libertad condicional y una fianza de US$40 mil, detalló la Voz de América.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff señaló que, si bien a Estrada cedió a sus “ansias de poder” y “vendió el país al cártel de Sinaloa”, los informes que le han llegado por su colaboración le hizo ser más indulgente.

La sentencia fue dictada en presencia de los hijos del condenado, Mario Alejandro y Eduardo, a los que Estrada no miro en ningún momento, si bien los citó para recordar que son unos “profesionales” y que los llevó “por el buen camino”.

Estrada pidió “perdón” ante el juez, ante el que se presentó esposado de pies y vistiendo una camisa y pantalones caqui de presidiario.

“Luché por mucho tiempo por el bienestar de mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estuve caminando correctamente, pero reconozco que cometí un error. No era mi intención pero lo acepto”, aseguró el excandidato presidencial, quien pidió al juez una oportunidad para encauzarse para “hacer el bien” en su país y “ser más prudente” en sus acciones”.

Un documento fechado en octubre pasado, pero que una corte del Distrito Sur de Nueva York divulgó en 2020, revela algunos resultados de la negociación que el expresidenciable guatemalteco aceptó.

Lea más: Así negoció Mario Estrada el control de Guatemala al cartel de Sinaloa a cambio de US$12 millones

El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones al Cartel de Sinaloa. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil dólares en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un vídeo de la reunión.

La defensa solicitó a la corte considerar una regulación en la normativa de sentencias mínimas en EE.UU., conocida como “safety valve” (válvula de seguridad), que permitiría a Estrada permanecer menos de un quinquenio en prisión, por no tener antecedentes criminales y por ser esta su primera ofensa de esta índole.

La audiencia para la sentencia había sido aplazada en dos ocasiones, mientras el juez Jed Radkoff continuaba evaluando el caso.

Estrada es originario de la aldea Garay, Monjas, Jalapa, departamento que ha sido su bastión. En entrevistas a Prensa Libre relató que su niñez estuvo marcada porque proviene de una familia pobre que, para sobrevivir, tuvo que trabajar la tierra al lado de su padre.

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También de conspiración para uso y transporte de armas para el fomento del tráfico de drogas.

El 11 de febrero pasado, la referida Corte emitió una condena de 15 años en contra del excandidato presidencial Mario Estrada, vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento.

Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del Cartel de Sinaloa.  Junto a él se capturó a su asesor Juan Pablo González Mayorga.

Según la investigación, Estrada y  González pidieron a los miembros del cartel de Sinaloa -que eran en realidad agentes de la DEA- que contrataran a sicarios para matar a rivales que mencionaron por nombre y apellido.

Para ello acordaron entregar a los sicarios armas de fuego, incluidos rifles AK-47.

Agrega que durante algunas de estas negociaciones, que se llevaron a cabo en Guatemala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, incluidos a Estrada, de 59 años, y a González Mayorga, de 51, interactuaron con supuestos miembros y asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

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El analista no duda de que estos grupos continuarán teniendo poder en la política del país  porque las alianzas políticas y el control comunitario que mantienen “no van a romperse con la sentencia -de Estrada-”, porque  el narcotráfico lo que hace “es simplemente sustituir liderazgos y la relación con las comunidades está basada en la existencia de profundos vacíos de poder donde estos actores paralelos los resuelven antes que el Estado”.

“Décadas de ‘aceitar’ con dinero del narco candidaturas, afianzar alianzas y operadores políticos  no van a venirse abajo con el arresto de una persona -Mario Estrada-, sentencia Martínez-Amador, quien considera que “lo grave del caso es que el narcotráfico se ha hecho una cuestión casi banal,  en términos de lo que implica estar vinculado ya sea como operadores políticos y financieros, entre otros”.

De acuerdo con Martínez-Amador el poder que el partido UCN mantiene en un corredor de la costa sur y la zona fronteriza con México se debe a que en esas áreas las fuerzas de seguridad no investigan porque saben las implicaciones y el riesgo que eso significa. “Los liderazgos y alianzas políticas están selladas con la complicidad del dinero de la narco política y el temor a romper las lealtades”.

Muestra de ello, agrega el especialista en crimen organizado, es que Mario Estrada operó por décadas sin ser detectado por el sistema de justicia guatemalteco y fue hasta que Estados Unidos efectuó el trabajo que le correspondía al país, que se logró su condena. “Las estructuras en Guatemala siguen operando de forma muy cómoda”

El analista político y especialista en crimen organizado comparado, afirma que en cualquier país donde haya un sistema de justicia funcional, la implicación con alguien vinculado al narcotráfico – sobre todo a nivel de funcionarios-  hubiera generado la apertura de expedientes para investigar y conllevado, quizá, a un retiro temporal de los cargos mientras se investiga, pero en Guatemala no sucede.

Bancada útil al gobierno

Un diputado del Congreso de la República, que pidió no ser citado, considera que la UCN mantiene poder en el Parlamento porque los 12 diputados que forman su bancada le son útiles al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, ya que sin los votos de la UCN no hubiera ganado la presidencia del parlamento Allan Rodríguez del partido oficialista Vamos.

De acuerdo con el congresista, la UCN mantendrá esta cuota de poder porque lograron colocar en la primera vicepresidencia a la representante por Huehuetenango Sofía Hernández, señalada de colaborar con el cartel de los Huistas, y, además, UCN es la tercera bancada más fuerte, solo después de la Unidad Nacional de la Esperanza con 52, aunque divididos, y la oficialista Vamos con 17. “Entonces, definitivamente son vitales dentro de la alianza que conformó el gobierno”.

El parlamentario considera que la UCN continuará teniendo poder durante algún tiempo porque “siguen aglutinados, no les queda otra, y son un voto fuerte que necesita el partido oficial”; sin embargo, considera que a mediano plazo la organización política será cancelada y quedará desarmada, pero “las fuerzas que representan quedarán ahí. Lo más seguro es que se trasladen a otro vehículo electoral y falta ver si Estrada no denunció a algunos”.

El Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó el 10 de diciembre del 2019 la cancelación del partido político UCN. La resolución es por anomalías detectadas en el incumplimiento de las normas relacionadas al financiamiento electoral; sin embargo, la agrupación política presentó una apelación.

Cables filtrados en el 2011 por WikiLeaks y un informe financiero sugirieron una supuesta relación del partido UCN con el crimen organizado. Los posibles nexos entre dirigentes de ese partido y los líderes narcotraficantes fueron señalados desde el 2009 por el entonces embajador de EE. UU. en Guatemala, James Derham, quien el 4 de noviembre de ese año indicó que “hay varios diputados en el Congreso que tenían relación con traficantes de droga”, pero que estos preferían votar a favor de leyes contra el crimen organizado antes “que ser expuestos públicamente como defensores de intereses de narco”.

Reorganización y sobrevivencia

El analista político José Alfredo Calderón dice que el apoyo que los diputados de la UCN han mostrado a su líder Mario Estrada es congruente, porque aunque haya sido condenado en Estados Unidos, en Guatemala tendrá que haber otros líderes que deberán tomar la dirección y manejar los intereses del partido, especialmente, los que se refieren al narcotráfico.

“Podrá ser que el CEO -Chief Executive Officer, traducido Oficial Ejecutivo en Jefe) de la organización criminal está preso, pero en todas las organizaciones cuando el jefe no está, por el motivo que sea, siempre hay alguien que se queda en el cargo, porque aquí es un poder mucho más grande. Más allá de lo personal lo que queda es el poder”, comenta Calderón.

El analista político no duda que, por ahora, la fuerza política de la UCN continuará, porque una de las características de las organizaciones que giran en torno al narcotráfico “es su capacidad para reorganizarse y sobrevivir ante los distintos golpes que reciben y la lucha transnacional contra el crimen organizado. Los ataques los hace más fuertes y les genera la posibilidad de desarrollar formas creativas para continuar”.

A criterio de Calderón, una de las razones para que la UCN sobreviva es que en la provincia tiene comunidades que los apoyan porque la economía de esas regiones se sostiene con los recursos que se manejan en esos negocios.  “Cuando capturaron a los Lorenzana, en Zacapa y a Horst Walther Overdick, alias el tigre, en Alta Verapaz, las economías de los pobladores de esos lugares se resintieron”

Se puede decir, agrega Calderón, que alrededor de la UCN se han generado grandes redes de personas y negocios y también compromisos de parte de los alcaldes que patrocinaron, pues en su momento, a los que ganaron alcaldías les cobrarán las facturas.

En cuanto al futuro de la UCN, Calderón pronostica que el partido se va mantener, lo cual se demostró en las elecciones de junio del 2019, cuando a pesar de que Mario Estrada ya estaba en la cárcel ganó 12 diputaciones y casi 40 alcaldías. “Si alguien piensa que esta condena va a destruir el partido se equivoca porque tienen mucho dinero. Lo único que la destruiría sería su cancelación.

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El expediente no menciona ningún otro objetivo, salvo por Juan Pablo González Mayorga, otrora tercer secretario adjunto de la UCN, quien primero tuvo contacto con dos sujetos que fingieron ser miembros del Cartel de Sinaloa, pero que en un documento de 2019 la DEA describe como “fuentes pagadas de las fuerzas de seguridad”. Ambos participaban como agentes encubiertos bajo la dirección de la DEA, y que el expediente del caso 19-CR-00328  describe como CS1 y CS2 (confidential source, o fuente confidencial).

El documento cita al agente de la DEA Francis Cucci explicando que el CS1 colaboraba con la agencia desde 2016, y el CS2, desde 2008. La DEA tiene una fuerza de tarea que incluye policías de confianza que ejecutan operativos de investigación, vigilancia, cateo o captura bajo su asesoría. En esa dinámica, trabajan en varios casos a la vez. Uno de esos casos, involucraba a González, quien se había vuelto un sujeto de interés para los CS por su manifiesto interés en financiar la campaña política de la UCN con fondos del narcotráfico.

Robert Feitel, el abogado defensor de Estrada, dijo que uno de los CS originalmente se perfilaba como candidato para el Congreso, y era familiar de un alto funcionario gubernamental. Agregó algo más. “Uno de los informantes era miembro del partido de Mario [la UCN], que es una de las razones por las que Mario aceptó reunirse con él”, dijo Feitel. La fiscalía no comentó acerca de la identidad de los agentes encubiertos.

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El vínculo de la UCN y el narcotráfico no era nuevo. Un cable diplomático de la Embajada de los EE.UU. fechado en 2009, y que Plaza Pública divulgó en 2011, describe a la UCN como “un pequeño partido (…) que tiene vínculos con narcotraficantes”.

Para el 6 de febrero pasado, Estrada y su abogado echaron a González al agua. “En ese entonces, González enfrentaba serios problemas económicos”, dijo Feitel. El abogado agregó, según el documento 36, que el co-acusado era virtualmente un extraño para Estrada pero que el partido lo designó para manejar la campaña presidencial. Sin embargo, la grabación de una reunión que sostuvieron hace un año refleja que tenían suficiente confianza entre sí como para discutir el asesinato de varias personas.

Feitel argumentó que los informantes de la DEA manipularon a Estrada. “Se aprovecharon de su deseo por llegar a la presidencia para mejorar y cambiar Guatemala”, dijo, y lo persuadieron a aceptar involucrarse en la conspiración. La fiscalía respondió que “el cambio que el acusado buscaba era facilitar el narcotráfico por las fronteras del país para su cartel preferido”.

No obstante, la defensa pidió un año y un día de cárcel para Estrada porque que el expresidenciable no tenía antecedentes penales, la conspiración no se concretó (solo hubo promesas de permitir a los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa para traficar), y Estrada no trató con verdaderos narcotraficantes sino con agentes encubiertos. Sin embargo, la fiscalía recordó que “Estrada alardeó acerca de estar trabajando con un narcotraficante en Guatemala” y que el Cartel Jalisco Nueva Generación también le pidió financiar su campaña para tener paso libre por Guatemala. El expediente no revela si hay evidencias que comprueben este extremo, o si el acusado también fingía para impresionar al CS1 y CS2.

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El fiscal Geoffrey Berman dijo a la corte que la ley ordena la misma pena para quien trafica como para quien tiene la intención de traficar (aunque no lo haya logrado), y por eso pidió de 17 a 21 años de cárcel para Estrada. La fiscalía esperaba un castigo ejemplar. El juez Jed Radkoff ya le había advertido al expresidenciable que no le dictaría menos de cinco años y lo cumplió. Le dictó 15 años, que durante el curso de la condena podrían ser reducidos hasta en un 60% como ha ocurrido con otros procesados.

Radkoff también le impuso una multa US$40 mil, que podría obedecer a que Estrada recibió $10 mil dólares en febrero de 2019 como un anticipo del dinero que supuestamente recibiría del cartel. La multa, cuyo pago no tiene ningún peso en la reducción de la sentencia, como mínimo duplica la cantidad del dinero recibido producto de un crimen, según las leyes estadounidenses.

Estrada, los generales y el plan de asesinato

Cinco días antes de la audiencia sentencia contra el expresidenciable Mario Estrada, su abogado Robert Feitel enfocó la defensa en culpar al co-acusado en este caso, Juan Pablo González Mayorga. El defensor dijo que González involucró a Estrada con los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa y propuso el asesinato de rivales políticos, y que Estrada no se refería a atacar a la exfiscal general Thelma Aldana (el objetivo principal de los acusados) sino a dos fiscales que colaboraron con la exfuncionaria.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó que Estrada era tan responsable como González y lo comprueba la transcripción de las conversaciones que ambos tuvieron con dos agentes encubiertos, que fingieron ser miembros del citado cartel (los confidential sources, CS1 y CS2, o fuentes confidenciales bajo la dirección de la Agencia Federal Antidrogas de los EE.UU., o DEA, por sus siglas en inglés). Los siguientes fragmentos corresponden a una reunión del 8 de febrero de 2019, en el anexo 1 del documento 37, adjuntado al expediente 19-CR-00328 del caso el 7 de febrero de 2020.

En contexto

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El texto del diálogo empieza con González diciendo que ya había hablado del tema con CS1 y CS2, y llevó a Estrada a la reunión para aprobar lo negociado.

González – Por eso te dije, “Para mí es importante que Mario, que va a ser el presidente, asuma”, porque muy diferente es que yo te cuente. Ahí está él; ahí él dirá.

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CS2 – Así es. Siempre que hacemos un trato vamos con la cabeza una sola vez, y no tenemos que volver con ellos jamás porque ya sabemos que hay mucho chismoso. Hay una cosa muy importante señor Estrada, ¿[Qué] candidatos que le están haciendo peso?

Estrada – Eso le iba yo a decir también.

CS2 – ¿Son US$15 millones para que gane, verdad? ¿Qué vamos hacer con ellos? ¿Los vamos a tener que quitar del camino? ¿Bien hechos los trabajos verdad? (…) Le voy a decir una cosa: Si mañana sale un candidato, por una pendejada, por otros problemas que yo desconozca y empieza a estar chingando a su madre con eso, [usted] va a tener un problema.

Estrada – Sí, sí. Hay que ir por un compañero de Thelma. Es la única.

González – Para que hablemos las cosas así como son, si Thelma es un problema, se va.

Estrada – Puta, si eso lo hiciéramos con los generales, quedaríamos bien, y, y, y…endosársela a los que están ahí en el bote (risas de Estrada) (minuto 55:46) ¿O no? P*** y es endosársela.

CS2 – Entonces no tenemos ningún problema. Nos podemos volar a esta señora Thelma.

Estrada – Sí pues, a la señora yo le puedo ganar. Yo sí le puedo ganar.

CS2 – ¿Pero es un riesgo verdad?

Estrada – Ella está chingando a todo el mundo (…). Tiene dos fiscales que son h*** y le obedecen a ella (minuto 56:18) (…). Ahí está la señora esa. Chingátela con los dos cabrones que tiene.

CS2 – ¿Cuánto tiempo usted cree que tenemos para darle en su madre a esa cabrona?

Estrada – ¡Ya!

González  – Porque ahorita sería ideal.

CS2 – Bueno, ya. Está bien, ella. Y necesito los nombres de esos dos MP de una vez para ver.

Estrada – Francisco Sandoval, y, y, Oscar Schaad, que es el de Delitos Electorales (minuto 58:38).

<<Fin de transcripción>>

En octubre pasado, cuando Estrada se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU., la fiscalía retiró la acusación contra Estrada por conspirar para cometer crímenes violentos vinculados al narcotráfico—que se originó a raíz de la evidencia en su contra de ordenar el asesinato de Aldana y los fiscales. Era un plan que Estrada canceló cuando al exfiscal ya no fue inscrita como candidata presidencial. Después de su captura en abril pasado en Miami, el expresidenciable negó ante la corte que ofreció facilitar contactos en el gobierno a los CS, y en julio también negó que ordenó asesinatos.

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El Registro ordenó la cancelación de partido el pasado 10 de diciembre. El fiscal nacional de la agrupación política, Jonhy Ávila, informó que la apelación se presentó a mediados de ese mes, y que el argumento de la misma se basa en que el Registro de Ciudadanos no tomó en cuenta las pruebas de descargo que el partido presentó y que esa dependencia del TSE no cuenta ni profesionales, ni en contaduría pública, ni en auditoría para descartarlas.

Sobre las supuestas inconsistencias en las cuentas del partido donde se consigna el financiamiento, explicó que se trató de “errores”.

“Las leyes permiten corregir errores contables, los cuales fueron corregidos por auditores externos que revisaron los documentos”, aseveró.

Lucha por subsistir

El diputado Napoleón Rojas, jefe de bancada de la UCN, recalcó que el partido sigue en la lucha legal por mantenerse vigente. “Nuestro equipo de abogados está haciendo su lucha legal”, afirmó el legislador, quien enfatizó que el partido respetará los plazos legales.

El TSE informó que todo el expediente de cancelación de la UCN está en análisis en el departamento de Coordinación Jurídica.

La UCN fue el partido con el que Mario Estrada intentó llegar a la presidencia en cuatro ocasiones.

En la más reciente, la del año pasado, ya no compitió porque días antes de la convocatoria fue detenido en EE. UU. acusado de conspirar con el cartel de Sinaloa para permitirles el tráfico de drogas por Guatemala.

Este martes 11 de febrero, una corte del Distrito Sur de Nueva York lo condenó a 15 años de prisión. Previamente Estrada confesó que cometió un “error”, pero que no era su “intención”, por lo cual pidió perdón.

Hallazgos que determinaron la cancelación

Una auditoría del TSE reportó 12 hallazgos al revisar las cuentas del partido, siete de los cuales sirvieron como argumento para que el Registro de Ciudadanos resolviera su cancelación.

1. Gastos realizados con fondos de financiamiento público del período 2014 sin documento de respaldo; el partido emitió cheques a nombre de funcionarios, empleados y otros beneficiarios, los cuales no están con respaldo legal ni tampoco hay liquidaciones que amparen el uso de los fondos entregados.
2. Financiamiento para gastos el día de la Elección 2015; el partido informó que en 23 distritos electorales se realizaron capacitaciones para 18,092 personas como fiscales de mesa pero no presentó información sobre el pago y financiamiento de estos fiscales.
3. Gastos realizados con fondos de la cuota de financiamiento público para 2015; los gastos no están respaldados con comprobantes de legítimo abono que demuestren los tipos de gastos realizados. El 100% son recibos simples, con fecha y firma y sin número de DPI.
4. Financiamiento para gastos de campaña electoral 2015 no reportado; el partido no brindó información sobre ingresos y gastos por Q817 mil 791.93.
5. Cuentas por pagar no registradas; no todas las cuentas por pagar están registradas en la contabilidad.
6. Cheques a nombre de ejecutivos del partido sin documentación de respaldo; UCN emitió una cantidad importante de cheques a nombre del señor Jonhy Ávila que no son respaldados con documentación de legítimo abono.
7. Declaraciones juradas sobre la procedencia de los recursos recibidos incompletas; La organización política presentó declaraciones juradas sobre la procedencia de los recursos sin mencionar montos, pretendiendo cubrir a los financistas cuya aportación fuera de US$10 mil. Los recibos no están autorizados por la SAT, no se puede establecer con certeza cuánto fue el aporte de cada financista.

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Estrada fue capturado en abril de 2019 en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del Cartel de Sinaloa.  Junto a él se capturó a su asesor Juan Pablo González Mayorga.

En una audiencia que duró unos 40 minutos, se dio a conocer que el político recibió una condena de 15 años de prisión, además de 4 años de libertad condicional y una fianza de US$40 mil, detalló la Voz de América.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff señaló que, si bien a Estrada cedió a sus “ansias de poder” y “vendió el país al cártel de Sinaloa”, los informes que le han llegado por su colaboración le hizo ser más indulgente.

La sentencia fue dictada hoy en presencia de los hijos del condenado, Mario Alejandro y Eduardo, a los que Estrada no miro en ningún momento, si bien los citó para recordar que son unos “profesionales” y que los llevó “por el buen camino”.

Estrada pidió “perdón” ante el juez, ante el que se presentó esposado de pies y vistiendo una camisa y pantalones caqui de presidiario.

“Luché por mucho tiempo por el bienestar de mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estuve caminando correctamente, pero reconozco que cometí un error. No era mi intención pero lo acepto”, aseguró el excandidato presidencial, quien pidió al juez una oportunidad para encauzarse para “hacer el bien” en su país y “ser más prudente” en sus acciones”.

Un documento fechado en octubre pasado, pero que una corte del Distrito Sur de Nueva York divulgó en 2020, revela algunos resultados de la negociación que el expresidenciable guatemalteco aceptó.

El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones al Cartel de Sinaloa. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil dólares en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un vídeo de la reunión.

La defensa solicitó a la corte considerar una regulación en la normativa de sentencias mínimas en EE.UU., conocida como “safety valve” (válvula de seguridad), que permitiría a Estrada permanecer menos de un quinquenio en prisión, por no tener antecedentes criminales y por ser esta su primera ofensa de esta índole.

La audiencia para la sentencia había sido aplazada en dos ocasiones, mientras el juez Jed Radkoff continuaba evaluando el caso.

Estrada es originario de la aldea Garay, Monjas, Jalapa, departamento que ha sido su bastión. En entrevistas a Prensa Libre relató que su niñez estuvo marcada porque proviene de una familia pobre que, para sobrevivir, tuvo que trabajar la tierra al lado de su padre.

De acuerdo con la acusación, desde diciembre del 2018 la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) estuvo investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Indica, además, que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 59 años, y a González Mayorga, de 51, interactuaron con supuestos miembros y asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

En esas reuniones, Estrada contó que el poderoso cartel mexicano Jalisco Nueva Generación le había ofrecido apoyo financiero para su campaña y que trabajaba con un narco guatemalteco que había también donado a su campaña.

Estrada y su coacusado, González, pidieron a los miembros del cartel de Sinaloa -que eran en realidad agentes de la DEA- que contrataran a sicarios para matar a rivales que mencionaron por nombre y apellido. Para ello acordaron entregar a los sicarios armas de fuego, incluidos rifles AK-47.

González Mayorga será sentenciado el 15 de abril.

Hijo de Mario Estrada se pronuncia

Mario Alejandro Estrada Ruano, hijo del expresidenciable, publicó un mensaje en redes sociales en el que señala que “humanamente en esta vida existen aciertos y desaciertos acorde a nuestras acciones y decisiones”.

“Cuando se decide estar bajo la exposición política: todo líder, candidato y/ó funcionario estamos expuestos a arriesgar nuestra libertad ó bien nuestra propia vida por construir País…”, afirmó el exalcalde de Jalapa.

Como Familia Estrada seguimos firmemente tomados de la mano de Dios, más unidos que nunca y bajo la convicción de ir siempre para delante sirviendo con el corazón a todo aquel que más lo mecesita.

“En Dios no hay casualidades, hay propósitos” Filipenses 1:6. pic.twitter.com/JA5z1IgP9O

— Mario Alejandro (@MarioEstradaJr) February 11, 2020

*Con información de EFE y AFP

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El jefe fiscal Melvin Medina explicó mediante mensajes de WhatsApp que la investigación continúa abierta; sin embargo, no han citado a ninguno de los exministros, según confirmó el pasado 23 de enero. Los exministros; el secretario de Comunicación, Alfredo Brito y diputados participaron en el encuentro.

Alonzo y Benito perdieron su inmunidad el pasado 14 de enero cuando entregaron sus cargos al gobierno entrante de Alejandro Giammattei. Asimismo, Brito dejó de fungir como secretario de Comunicación.

Mientras que el exgobernante Morales adquirió derecho a antejuicio el mismo día que entregó su cargo, cuando fue juramentado a media hora que llegará el 15 de enero, como diputado por el Parlamento Centroamericano junto a su compañero de fórmula, Jafeth Cabrera.

La reunión

Según confirmó Morales, la reunión se realizó el jueves 4 de abril de 2019, en la finca de Estrada, porque atendió una invitación para comer. El expresidente dijo que durante el encuentro charlaron sobre las elecciones y de un proceso de transición “ordenado”. Además, añadió que era común que los candidatos a la presidencia le pidieran reuniones porque estaban en un proceso electoral.

Sin embargo, el exfuncionario después dijo que se reunió con Estrada para comer gallina en crema con loroco y negó que discutieran temas políticos. Morales además afirmó que por ese encuentro se crearon muchas especulaciones.

El 30 de abril, durante una citación en el Congreso, César Orlando Ramírez, titular de la Secretaria de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), dijo que Benito también estuvo reunido con Estrada. Ese mismo día, el jefe de Comunicaciones confirmó que estuvo reunido en la finca del expresidenciable junto a Alonzo y otros diputados, sin detallar quienes. Casi 15 días después de la reunión, el expolítico jalapaneco fue capturado junto a Juan Pablo González Mayorga -tercer secretario de UCN- en Miami, Florida, Estados Unidos, por conspiración para el tráfico de drogas y armas a ese país a cambio de recibir US$12 millones para su campaña electoral a supuestos integrantes del cártel de Sinaloa.

Además, fueron acusados de planificar el asesinato de rivales políticos, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana y a dos fiscales del Ministerio Público (MP). Además, Estrada habría ofrecido entregar al cárcel altos mandos

Sin citarlos

El exministro Alfonso Alonzo confirmó que la fiscalía no lo ha citado después que perdió su inmunidad y añadió que son sus defensores quienes se están encargado de los temas legales. “Teníamos -él y sus abogados- conocimiento que esa investigación se lleva a cabo desde el año pasado y estamos a la disposición de los tribunales y del MP”, afirmó el exfuncionario.

Agregó que, “son temas administrativos que en su momento se cerrarán. Estoy a la disposición de cualquier investigación. Soy un libro abierto y he actuado con base a la ley, siempre”.

Asimismo, el secretario de Comunicación de la Presidencia afirmó que tampoco la fiscalía lo ha citado por estar en la reunión con Estrada. “Como exsecretario de Jimmy Morales yo siempre le acompañé y ahí no sucedió nada malo. En el momento que se requiera mi participación para declarar, estoy dispuesto a presentarme. Aunque a mí no me han notificado nada sobre esa investigación”, añadió.

Mientras que el exministro de Comunicaciones José Benito indicó que tampoco ha sido citado por la fiscalía.

Acuerdos para ganar libertad

Estrada se declaró inocente pero luego cambió de parecer y aceptó la acusación de la fiscalía en octubre pasado. La audiencia en la que se le impondría la sentencia estaba prevista para el pasado 24 de enero; pero fue aplazada para el 10 de febrero. Ayer, de nuevo quedó suspendida, se prevé que hoy se conozca el fallo. El juez a cargo anunció que no dictará un veredicto menor a cinco años de cárcel.

El también excongresista evitó ser juzgado ante una Corte y también buscó la reducción de su condena, pero la decisión la tomará el juez.

El expolítico siguió el camino de narcotraficantes guatemaltecos para lograr una negociación con las autoridades estadounidenses, como el caso de Marllory Chacón Rossell, mejor conocida como la “Reina del Sur”.

La guatemalteca salió de la cárcel de máxima seguridad en Tallahassee, Florida, en febrero de 2019, luego de permanecer encarcelada por cuatro años y medio por lavar dinero producto de narcotráfico y por introducir droga en Estados Unidos.

Aunque Chacón Rossell fue condenada de narcotráfico en EE. UU., la Fiscalía contra la Narcoactividad no tiene abierta ninguna investigación en su contra en Guatemala. El fiscal Allan Ajiatas confirmó que la única investigación que existía en su contra fue por lavado de dinero, pero está a cargo de la Fiscalía que investiga el blanqueo de activos.

Un caso diferente es el del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, quien regresó en junio de 2017 al país, luego de permanecer 25 años preso por narcotráfico en EE. UU. Ajiatas confirmó que la fiscalía no lo investiga porque no existe ninguna denuncia en su contra por trasiego de drogas.

Según notas de prensa, en ese entonces, la Procuraduría General de la Nación (PGN), indicó que al volver el exjefe edil solventaría su situación jurídica porque existían dos casos abiertos en su contra en Guatemala.

Otro de los casos relevantes es Byron Alcides Berganza, quien salió de prisión en diciembre de 2015, luego de estar encarcelado 12 años por narcotráfico en Estados Unidos. Según notas de prensa, Berganza fue un narcotraficante importante para las autoridades estadounidenses, en Guatemala tenía la protección de militares.

Ajiatas explicó que, si existe alguna investigación en el país que no entorpece una extradición, la causa contra el sospechoso continúa, toda vez no esté sujeto a ningún proceso.

Añadió que, si extraditan a la persona y no tiene investigaciones en Guatemala, no es necesario abrirle ningún expediente.

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El juez Jed Radkoff ha anunciado que no dictará una sentencia menor a cinco años para el expresidenciable. La fiscalía solicitó un mínimo de 17 años y un máximo de 21 años.

La corte del Distrito Sur de Nueva York, si así lo decide, lo podría condenar a un máximo de 40 años, conforme a las leyes estadounidenses.

Inicialmente la audiencia estaba agendada para el 24 de enero de 2020, pero fue pospuesta para el 10 de febrero a las 13.30 hora de Guatemala y hoy nuevamente fue suspendida. En las dos ocasiones no se reveló la razón de los cambios.

Negociación

Un documento fechado en octubre de 2019, pero que la referida corte divulgó en 2020, revela algunos resultados de la negociación que el expresidenciable guatemalteco Mario Estrada Orellana hizo con la Fiscalía del mismo distrito, y que lo llevó a declararse culpable del delito de conspirar para importar drogas a los EE.UU.

Estrada fue capturado en abril del año pasado en Miami, Florida, después de ofrecer (si era electo presidente en las elecciones de junio de 2018) vía libre para traficar cocaína a supuestos miembros del Cartel de Sinaloa. Los sujetos en realidad eran agentes encubiertos en un operativo que organizó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según el expediente 19-CR-000328 en la citada corte.

El documento 27 del expediente revela que la corte, como mínimo, condenará a cinco años de cárcel a Estrada, excandidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Mientras otros procesados, que fueron acusados por el delito de conspirar para importar cocaína a EE. UU., enfrentaban penas máximas de cadena perpetua, el juez Radkoff fijó la pena máxima en 40 años y la mínima en cinco. “Sepa que no será condenado a menos que eso”, le dijo el juez a Estrada, refiriéndose a la pena mínima.

Versión difiere

“Cuando discutíamos [con los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa] que yo ofrecería los nombres de funcionarios públicos [para facilitar el trasiego de drogas vía Guatemala], no estaba consciente de la magnitud del crimen [que estaba cometiendo]”, dijo Estrada al juez, según la página 13 del documento 27.

“Después me di cuenta que había cometido un error, y acepto mi responsabilidad por eso”, manifestó. Estrada no dijo, ni la fiscalía lo aclaró, que también ofreció (si ganaba las elecciones) puestos en el gobierno a los supuestos miembros del citado cartel.

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Mario Estrada conocerá sentencia en su contra el 10 de febrero

El documento 27 del expediente revela que la corte, como mínimo, condenará a cinco años de cárcel a Estrada, excandidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Mientras otros procesados, que fueron acusados por el delito de conspirar para importar cocaína a EE.UU., enfrentaban penas máximas de cadena perpetua, el juez Rakoff fijó la pena máxima en 40 años y la mínima en cinco. “Sepa que no será condenado a menos que eso”, le dijo el juez a Estrada, refiriéndose a la pena mínima. Es un lapso que comienza a correr desde la captura en abril pasado.

La defensa solicitó a la corte considerar una regulación en la normativa de sentencias mínimas en EE.UU., conocida como “safety valve” (válvula de seguridad), que permitiría a Estrada permanecer menos de un quinquenio en prisión, por no tener antecedentes criminales y por ser esta su primera ofensa de esta índole. “La defensa está en la libertad de argumentar y solicitar cuanto desee, pero esta corte no está sujeta a acatar lo que proponga”, dijo el juez Jed Radkoff.

La defensa dijo que la fiscalía coincidía en recomendar una sentencia menor a cinco años de cárcel, pero el documento también resalta que la fiscalía recomendó una sentencia mínima de 17 años y una máxima de 21 años. El juez anunció que podría dictar una pena mayor, hasta el máximo de 40 años. Si la corte opta por la condena máxima, Estrada sería el guatemalteco con la sentencia más larga dictada en un caso relacionado con el narcotráfico. En 2010, Jorge Mario Paredes Córdova (alias “El Gordo” Paredes) fue condenado a 31 en Nueva York, aunque luego su condena fue modificada a 21 años. En 1992, Arnoldo Vargas fue condenado a 30 años de cárcel, y excarcelado a los 25 años.

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Estrada, a diferencia de Paredes y Vargas, se declaró culpable. Otros guatemaltecos que se declararon culpables y colaboraron con la fiscalía, recibieron posteriores reducciones a su sentencia. Sebastiana Cottón, a quien una corte de Washington, D.C., condenó a 17 años de cárcel, salió después de cinco. En 2015, Byron Berganza Espina salió libre después de 12 años, aunque una corte neoyorkina lo condenó a 22 años.

Versión de Estrada difiere con informes de la DEA

“Cuando discutíamos [con los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa] que yo ofrecería los nombres de funcionarios públicos [para facilitar el trasiego de drogas vía Guatemala], no estaba consciente de la magnitud del crimen [que estaba cometiendo]”, dijo Estrada al juez, según la página 13 del documento 27. “Después me di cuenta que había cometido un error, y acepto mi responsabilidad por eso”. Estrada no dijo, ni la fiscalía lo aclaró, que también ofreció (si ganaba las elecciones) puestos en el gobierno a los supuestos miembros del citado cartel.

“Fui muy claro en que yo no iba a recibir ninguna parte de las ganancias [del trasiego], pero sí se acordó que me darían cierta cantidad de dinero”, declaró Estrada. El juez Radkoff le preguntó cuánto dinero esperaba recibir a cambio. “Entre US$3 millones y US$5 millones es lo que se habló”, respondió el expresidenciable.

Sin embargo, hay documentos en el expediente que revelan otros datos, como uno que la DEA utilizó para pedir a la corte la orden de captura que les permitió detener a Estrada y González en Miami. El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones. El documento número 21, fechado en agosto de 2019, revela que fueron US$15 millones—no US$5 millones ni US$3 millones, como Estrada declaró al juez en octubre. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil dólares en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un vídeo de la reunión.

Asimismo, el documento 21, en la página 21, cita al fiscal Jason Richman indicando lo siguiente: “El procesado participó en conversaciones en las que discutió el lavado de dinero en efectivo, producto de ganancias del tráfico de cocaína, y su envío desde Nueva York y otras partes en EE.UU. hacia Guatemala, y este es el dinero que el procesado quería para financiar su campaña”. Es decir, Estrada mintió en la corte.

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La diferencia en los montos que constan en los documentos, según la DEA, y los que Estrada admitió ante el juez en octubre pasado, es clave. La sentencia incluye el pago de una multa que puede ascender a US$5 millones, o el doble del dinero o ganancias derivadas de la conspiración. La corte opta por el monto mayor y anunciará la multa durante la audiencia de sentencia.

El expediente resalta que Estrada también se declaró culpable, como parte del primer cargo, de conspirar para producir drogas. La porción pública del expediente nada revela de este aspecto. El cargo, que ya no aparece en los documentos del caso de enero pasado, se sustenta en que el procesado conspiró con supuestos miembros del Cartel de Sinaloa, que proveerían droga producida en Sudamérica, y que traficarían hacia México vía Guatemala. Según este caso, la asociación con los productores (aun si era indirecta y con personas que sólo se hacían pasar como narcotraficantes) también le hace responsable de conspirar para producir la droga, así como de pretender permitir el trasiego de drogas en territorio guatemalteco.

Fiscalía retiró acusación por plan para asesinar a exfiscal general

El documento número 27 destaca que, dado que Estrada se declaró culpable del cargo menor en la acusación, que incluía conspirar para importar drogas a EE.UU., la Fiscalía desistió de acusar al procesado por el segundo cargo: conspiración para cometer crímenes violentos vinculados al narcotráfico. El cargo surgió a raíz de que Estrada y Juan Pablo González Mayorga (otrora tercer subsecretario adjunto de la UCN, también capturado con el excandidato) planeaban asesinar a la exfiscal general Thelma Aldana, cuando ésta figuraba entre los precandidatos presidenciales más populares. Los acusados desistieron del plan cuando ya era evidente que el Movimiento Semilla no lograría inscribir a Aldana como candidata.

La porción pública del expediente no revela cómo ha colaborado Estrada con la Fiscalía, como parte del convenio de declararse culpable para no ir a juicio, y qué información habría ofrecido a cambio, de ser así (en su caso o en otros de interés para la fiscalía). Una presunción es que el expresidenciable habría divulgado información acerca de la reunión que sostuvo, unos días antes de su captura, con el entonces presidente Jimmy Morales—en el supuesto de que el mandatario habría estado involucrado en algún hecho ilícito de interés para EE.UU. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han ofrecido evidencia de ello.

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El segundo cargo, que aún aparecía en el expediente en enero pasado (aunque fue retirado en octubre), fue el motivo por el cual la corte negó a Estrada arresto domiciliario en julio de 2019, pese a que el procesado ofrecía la propiedad de un amigo en Rhode Island valorada en US$500 mil (unos Q3.7 millones) como garantía colateral de una fianza de US$5 millones (unos Q37.5 millones).

El juez Radkoff sustentó su decisión en que Estrada representaba peligro de fuga. La Fiscalía argumentó que se arriesgaba la vida de los testigos, especialmente de los agentes encubiertos que se habían hecho pasar como miembros del Cartel de Sinaloa. Un informe de la DEA de abril pasado reveló que esos agentes eran miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala que colaboraban con la DEA desde hace varios años. Después que el juez Radkoff escuchó la grabación en la que Estrada y González pedían a los agentes encubiertos que mataran “ya” a Aldana, dijo que el contenido de esa cinta era “perturbador” y negó el arresto domiciliario.

La audiencia de sentencia está fijada para este 10 de febrero a las 2:30 de la tarde (hora Este de EE.UU., o 1:30 de la tarde, hora de Guatemala). La audiencia se había fijado para el 24 de enero. El expediente no revela la razón para el cambio. La corte sustentará la sentencia en la Investigación Pre-Sentencia, que documenta el caso y en qué pruebas se sustenta la acusación. La fiscalía y la defensa podían cuestionar el contenido y solicitar cambios, pero Radkoff tendrá la última palabra acerca de lo mínimo que Estrada puede esperar estar en una cárcel estadounidense.

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Inicialmente, estaba previsto que el juez federal Jeb Rakoff, que preside su caso, dictara su sentencia este viernes.

En enero de 2019, Estrada era aspirante a la Presidencia por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que creía haber dado “carta blanca” al Cartel de Sinaloa para traficar cocaína por el país a cambio de US$12 millones para su campaña política, entre otros beneficios, como señala el fiscal Jason Richman en el expediente del caso 19-CR-00328 (en la corte distrital del Distrito Sur de Nueva York).

El 17 de abril del 2019, Estrada fue arrestado en Miami, bajo cargos de haber solicitado dinero al cartel de Sinaloa para la campaña a cambio de que al llegar al poder daría apoyo para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, informa el Departamento de Justicia.

También habría planificado matar rivales políticos para conseguir la victoria electoral.

Junto a Estrada fue detenido Juan Pablo González Mayorga, tercer subsecretario de la UCN.

Ambos enfrentan cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y conspiración para usar y transportar ametralladoras.

El candidato de UCN, según la pesquisa, ofreció nombrar a miembros del cartel de Sinaloa para cargos de alto rango en Guatemala para facilitar las actividades de tráfico de drogas.

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Estrada se había declarado originalmente inocente, pero luego cambió de posición y se declaró culpable en octubre del año pasado.

Al declararse culpable, Estrada evitó enfrentar juicio, pero también busca una reducción de sentencia, en acuerdo previo con la Fiscalía, aunque la decisión final está siempre en manos del juez.

De acuerdo con el documento acusatorio, la DEA, la agencia antidrogas de EE. UU., investigaba desde diciembre de 2018 a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

La acusación alegaba también que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada y a González, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que realmente eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en video y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

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A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

Además, según documentos publicados por la corte del Distrito Sur de Nueva York durante el transcurso del proceso judicial, Estrada habría planeado matar a su rival política y ex fiscal general Thelma Aldana.

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En enero de 2019, era un aspirante a la presidencia de Guatemala por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que creía haber dado “carta blanca” al Cartel de Sinaloa para traficar cocaína por el país a cambio de US$12 millones para su campaña política, entre otros beneficios, como señala el fiscal Jason Richman en el expediente del caso 19-CR-00328 (en la corte distrital del Distrito Sur de Nueva York).

Un año después, Estrada permanece recluido en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), según los registros electrónicos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU.

Ahora, sólo le queda esperar una sentencia benévola por conspirar para importar drogas a ese país, que en abril pasado lo capturó en Miami junto al entonces tercer subsecretario de la UCN, Juan Pablo González Mayorga (por el mismo delito), sólo dos meses antes de las elecciones generales.

Estrada, quien en octubre pasado se declaró culpable del delito señalado, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua (como los hermanos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón, condenados en 2018), y una mínima de 10 años de cárcel, según la legislación estadounidense. La decisión se anunciará en una audiencia este 24 de enero.

El pasado 2 de enero, Estrada sostuvo una conferencia telefónica con la corte, aunque el expediente no revela el contenido, ni divulga solicitud alguna de prórrogas para anunciar la sentencia.

La sentencia depende de cuánto la defensa de Estrada y la Fiscalía hayan persuadido a la corte respecto a la responsabilidad del procesado, y de la cooperación ofrecida.

La porción del expediente que revela cómo Estrada colaboró, o debe colaborar, no es pública. La presunción es que la fiscalía no habría aceptado su cooperación si no hubiera ofrecido información útil. En junio pasado, según el documento 12 del caso, el juez Jed Rakoff decretó una medida de protección sobre contenidos del expediente cuya divulgación podría arriesgar la vida de los testigos y/o los procesados.

Así, Estrada se suma a la lista de guatemaltecos que pasaron por cárceles neoyorkinas. El amigo de Estrada y expresidente Alfonso Portillo, acusado de conspiración para lavado de dinero pasó por el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC, por sus siglas en inglés) en Manhattan, una cárcel de detención preventiva como el MDC de Brooklyn, para sentencias cortas, o estadías temporales mientras las autoridades trasladan al interno a una prisión de cumplimiento de condena.

Portillo no fue a juicio ante una corte neoyorkina porque se declaró culpable, y a cambio recibió una condena de cinco años de prisión en Colorado. Por el MCC también pasaron Jorge “El Gordo” Paredes Córdova, Otoniel Turcios Marroquín, y Walter Overdick Mejía, también acusados de conspirar para importar cocaína a EE. UU. como Estrada.

¿Qué hace diferente el caso de Estrada?

Paredes, Turcios y Overdick participaron en conspiraciones en las que sí se traficó cocaína, según sus expedientes en cortes neoyorkinas. Paredes fue a juicio porque se declaró “no culpable”, y en 2010 se vio condenado a 31 años de cárcel, sentencia después modificada a 21 años.

Turcios (acusado en el mismo caso que Paredes) y Overdick (principal socio guatemalteco de los Zetas) no fueron a juicio porque (en 2010 y 2012, respectivamente) se declararon culpables —como Estrada— y permanecieron cinco años en el MCC antes de su deportación a Guatemala.

En la conspiración de Estrada, en cambio, nunca se consumó el objetivo. El procesado planificó el trasiego de drogas vía Guatemala con quienes creía eran miembros del Cartel de Sinaloa, aunque eran policías guatemaltecos fingiendo ser narcotraficantes, en una misión encubierta que dirigía la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, en inglés).

El trasiego ocurriría, supuestamente, después de que Estrada ganara la presidencia. El excandidato sí recibió $10 mil dólares en efectivo, según el expediente, el anticipo de un pago mayor que los supuestos narcotraficantes le ofrecieron enviar hacia Guatemala —una trampa de las autoridades estadounidenses para reforzar la acusación—.

La sentencia que Estrada y González recibirán podría ser reducida después, considerando que, a otros narcotraficantes guatemaltecos condenados de 17 a 20 años de cárcel, los excarcelaron después de 12 y hasta cinco años.

El expediente público no revela cómo les afectará el otro cargo que enfrentan: conspirar para cometer crímenes violentos relacionados con el narcotráfico, porque ambos pidieron (a los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa) asesinar a la exfiscal general Thelma Aldana y a dos fiscales en Guatemala, aunque después cambiaron de parecer —según los agentes encubiertos—.

La fiscalía también acusaba a Estrada de producir droga, pero el cargo desapareció de la acusación final.

Mientras tanto, los abogados defensores Robert Feitel y Sabrina Shroff esperan que la sentencia de Estrada refleje las negociaciones con la fiscalía. Feitel ya lo logró con otro cliente expresidenciable guatemalteco, Manuel Baldizón.

También lo hizo Shroff, una defensora pública que lidera la defensa de Estrada, y a cuyo cliente más notorio —el narcotraficante y terrorista afgano Haji Juma Khan— EE. UU. lo consideraba un aliado clave del Taliban al capturarlo en 2008, aunque luego lo excarceló discretamente en 2018 pese a enfrentar una sentencia mínima de 20 años de cárcel. Shroff reveló que Khan cooperó con las autoridades estadounidenses antes de su excarcelación.

La corte neoyorkina decidirá si Estrada tiene mejor o peor suerte.

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En un comunicado de Prensa, se explica que existe una investigación en la Fiscalía de Distrito Metropolitano relacionada con las supuestas amenazas de las cuales ha sido víctima la exfiscal y sus familiares. “Las investigaciones están en curso por lo que no se pueden brindar más detalles”, dice el documento.

La exfiscal general Thelma Aldana, que se encuentra en Estados Unidos, escribió en su cuenta de twitter que “parece que Consuelo Porras tenía conocimiento de que iban a atentar” en su contra.

Parece que Consuelo Porras tenía conocimiento de que iban a atentar contra mi vida, no me previno, no investigo y violo resolución de la CIDH me dejo sin seguridad. Me persigue con hechos falsos!! Del lado de quien está ?

— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) November 5, 2019

El MP informó que en cuanto al tema de la seguridad que tenía asignada la exfiscal Aldana, se “mantuvo el esquema”, así como el acuerdo interno de medidas de protección.

Aunque la situación cambió cuando un informe de la Contraloría General de Cuentas con fecha 23 de septiembre recomendó dejar sin efecto ese acuerdo porque no estaba establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del MP.

#ComunicadoMP

El Ministerio Público informa pic.twitter.com/wcxGNBCO4w

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 5, 2019

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“Siempre lo supe, a partir de que la DEA hizo de mi conocimiento esta amenaza, estaba segura. Tengo la certeza que se hizo de conocimiento de la fiscal general y que lo que ella hizo fue tramitar un caso falso para pedir una orden de captura en mi contra, esa fue la reacción, jamás se acercó a mí para hablarme sobre mi seguridad, y, al contrario, ahora me quita la seguridad”, dijo Aldana.

La exfiscal general agregó: “Lo que y veo es todo un sistema capturado en Guatemala, un sistema político, instituciones capturadas y el país funciona sobre la base de la corrupción y de la impunidad, si no hubiese sido la justicia de Estados Unidos esto hubiese quedado como un comentario mío, así que lo que vale la pena es reflexionar sobre el país que tenemos y el país que queremos”.

Para Aldana, ya estaba planificado -que no la dejarían participar en las elecciones-. “Lo dije reiteradamente, que a través de la conta Carlos Mencos y Sandra Torres se inventaron una denuncia penal en mi contra para cuestionar el finiquito que yo tenía, desde ese momento empezaron a manipular todo el sistema y están involucrados todos los funcionarios que intervinieron en el proceso electoral, unos sabidos de lo que estaban haciendo y otros sorprendidos en su buena fe, que serán muy pocos”.

“Y ahí vamos revisando cada una de las etapas por la que pase para luchar por mi candidatura, y vemos cómo se manipuló el sistema en Guatemala, pero comenzó en la Contraloría, que sigue en el ataque en mi contra, porque como el contralor fue nombrado por el Congreso, cuyos integrantes en su inmensa mayoría son de la alianza criminal, pues siguen, están en el momento de la venganza. Los candidatos de la alianza criminal sabían que yo no iba a participar, porque ellos no lo iban a permitir, o me mataban o destruían mi candidatura a través de las instituciones capturadas”, expresó.

En cuanto a los procesos en su contra que se han presentado -la contratación de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia como asesor en el MP y la compra de un edificio en la zona 5- dijo que estos se van a caer en algún momento.

“En uno o dos años, o no sé cuándo, de repente ya voy a estar muerta, esos casos manipulados se van a caer porque la verdad, tarde o temprano, tiene que prevalecer, estoy segura de eso. Y van a haber más ataques, especialmente ahora que trascendió lo de Mario Estrado, porque significa para mí más riesgo y más ataque d la alianza criminal de Guatemala”, señaló.

La exjefa del órgano investigador concluyó la comunicación al decir: “Yo dije en una entrevista en CNN que si Jimmy Morales se había reunido con Mario Estrada, y tengo entendido que dijo que él avalaba todo lo que Mario Estrada estaba haciendo, ojalá que no esté incriminado en la conspiración para asesinarme. Es una suposición, no lo puedo asegurar, pero si se reunió con Mario Estrada y llegó a avalar todo lo que él hacía se merece una investigación, en dónde no sé, porque en Guatemala sí lo veo difícil”.

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Pese a que Estrada cambió de parecer respecto a ordenar el asesinato, una corte neoyorkina le negó la libertad bajo fianza al escuchar cómo el expresidenciable se expresó al planificar el crimen, y por considerar que podría fugarse. La fiscalía también lo consideró un peligro para varios testigos.

La audiencia, realizada el 17 de julio pasado, fue la misma audiencia en que el fiscal Jason Richman reveló que la exfiscal general Thelma Aldana era la candidata presidencial que Estrada planificaba asesinar. Le denegatoria ocurrió después que la fiscalía neoyorkina reveló detalles de las intenciones del excandidato del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), cuya cancelación está en proceso.

Cabe recordar que Estrada se declaró culpable de conspiración para el trasiego de cocaína a Estados Unidos, con lo cual evitó ir a debate y espera sentencia en enero de 2020.

“En la página 4 de la transcripción de la reunión del 8 de febrero, el encubierto identificado como CS2 dijo: Entonces no hay problema, nosotros podemos desvanecer a esta dama, Thelma”, dice el documento liberado por la corte.

Entonces la respuesta de Mario Estrada es: “Sí, bueno, de la señora. Yo puedo ganar. Yo sé que puedo ganar”.

Lo revelado hoy es parte del contenido presentado por el fiscal Richman con el contenido de varias conversaciones entre dos supuestos miembros del Cartel de Sinaloa con Estrada y Juan Pablo González Mayorga, otrora tercer subsecretario de la UCN, quienes enfrentan cargos por conspirar para importar cocaína a EE.UU. y la comisión de crímenes violentos relacionados al narcotráfico. Los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa eran miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala que colaboran con la Agencia Federal Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).

Estrada expresó a sus interlocutores que Aldana “está organizando todo” respecto a investigaciones contra políticos y partidos en año electoral, porque tiene “dos fiscales tontos que la obedecen”.

“Nuestra interpretación de estas conversaciones fue que, cuando el codefendido le propuso a los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa contratar a alguien para asesinar a ‘Thelma’, [se refería a] Thelma Aldana, quien era una candidata presidencial en Guatemala”, dijo el fiscal. Richman afirmó que el nombre de Aldana surgió en una conversación del 8 de febrero de 2019, y que un día antes, González y Estrada habían discutido lo que pretendían hacer.

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Según la fiscalía, el expresidenciable también mencionó el nombre de dos abogados que trabajaban con la exfiscal general, cuando dijo “estoy listo para la señora Aldana”. El documento no revela los nombres de los abogados. Sin embargo, en sus conclusiones al final de la audiencia, el juez Jed Rakoff señala que se infiere de las declaraciones de Estrada que la intención también era eliminarlos.

Para el 27 de febrero, en otra reunión, Estrada le dijo a uno de los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa que debían cancelar los planes contra Aldana. “Decidí ya no hacerlo”, les dijo. “Algo así nos puede perjudicar, y no necesitamos hacerlo”. Entre las razones que Estrada expuso figuraba el hecho que la candidata estaba bajo fuertes presiones políticas y estaba a punto de quedar afuera de la contienda.

La defensa de Estrada

Robert A. Feitel, abogado de Estrada, defendió en esa audiencia con algo que pasó el 27 de febrero, donde su cliente le dijo al supuesto representante del cartel de Sinaloa: “No más. No creo que debamos hacer esto”.

Lo dicho por Estrada, según su abogado, tenía relación con que Aldana para entonces ya se le había negado la participación en las elecciones.

También planteó dudas sobre la investigación y dijo que parecía ser que era González Mayorga, y ya no Estrada, quien quería seguir adelante con el plan para matar a Aldana y los fiscales.

Agregó que en una reunión el 14 de febrero último con el informante, González planteó que los crímenes debían hacerse rápido para no despertar sospechas y él podía proporcionar fusiles AK-47 y AK-47 automáticos, pistolas, habitaciones de hotel e identificaciones falsas.

Feitel se basó en un reporte de la pesquisa, denominado N8, y del cual tiene dudas si llegó a manos del juez, sobre una reunión entre Estrada, los informantes encubiertos y González en un yate, sin precisar la fecha. En un encuentro previo ese mismo día entre Estrada y los informantes, el exaspirante les dijo que los asesinatos fueron idea de González y que para Estrada era algo “que te seguirá por siempre” y un “mal karma”, así que los informantes CS ya no discutieron más el tema.

De acuerdo con el jurista, Estrada expresó sobre los planes de los crímenes: “Yo personalmente creo que no vale la pena”, “mejor no agitar las aguas”.

El fiscal Richman cuestionó lo dicho por el abogado puesto que Estrada, en su calidad de candidato presidencial, no dijo a los supuestos narcotraficantes y su colaborador González: “Oye, esto es horrible. Estoy postulándome para presidente. ¿De qué estamos hablando? Soy un candidato presidencial. No puedo estar matando candidatos. Lo estaba discutiendo”.

Feitel también intentó persuadir a la corte de que Estrada no representaba peligro de fuga. La fianza era de US$5 millones, y el procesado ofrecía como garantía la casa de un amigo en Rhode Island valorada en US$500 mil. No obstante, el juez Rakoff señaló que dado que Estrada enfrentaba una sentencia mínima de 10 años de cárcel, y una sentencia máxima de cadena perpetua, tendría suficientes razones para querer huir. De hecho, dijo que su corte contaba con precedentes en otros casos similares en los que el procesado se había fugado.

La corte también argumentó que la intención inicial de Estrada de ordenar el asesinato de Aldana y dos abogados hacía reconsiderar el peligro que podría representar para testigos importantes en el caso. El juez incluso reconoció haber estado perturbado por el contenido de las conversaciones.

Esta información está contenida en el documento número 21, del caso 19-CR-00328 del caso contra Estrada, que la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York hizo público este jueves 31 de octubre. Algunos documentos del expediente aún están bajo reserva.

En contexto

Las autoridades estadounidenses capturaron a Estrada en abril pasado, en Miami, Florida, cuando ya tenían evidencia en audio, vídeo y testimonial, de que el entonces candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) creía haber negociado con presuntos miembros del Cartel de Sinaloa para recibir US$12 millones de dólares para su campaña política.

Estrada ofrecía a cambio el paso libre para cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México vía Guatemala, además de solicitar apoyo para asesinar a otros candidatos que podían hacer peligrar su futura victoria en las elecciones generales de junio pasado.

La propia Aldana había revelado en marzo último, cuando el proceso electoral ya estaba en marcha, que la DEA le había alertado sobre el plan de Estrada para acabar con su vida. Sólo un mes antes, Estrada y González habían mencionado su nombre en reuniones que sostuvieron en Miami.

“Estoy segura, porque recibí información de la DEA a principios de marzo, de que una organización criminal estaba tratando de hacer un atentado en mi contra. El 10 de marzo, siempre a través de la DEA, se me comunicó que ese atentado lo estaba haciendo el señor Mario Estrada, el día de la asamblea de proclamación del Movimiento Semilla, yo recibí la información de que se estaba gestando un atentado en mi contra. La DEA me recomendó no regresar a Guatemala por razones de seguridad”, dijo la exfiscal genera en una entrevista con Prensa Libre en San Salvador el 24 de abril.

Está en Estados Unidos

Thelma Aldana se expresó en Twitter sobre la revelación de los documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con su declaración, se encuentra en Estados Unidos y con “la frente en alto”, el mismo país donde Estrada está preso y confeso de haber conspirado para el trasiego de drogas.

Mario Estrada está de rodillas ante la justicia de Estados Unidos, yo estoy en el mismo país, libre, con la frente en alto!!!!

— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) October 31, 2019

“El proceso de Estrada se dilucida en los EE. UU., en relación a los cargos por los que fue detenido. En Guatemala, el Ministerio Público inició de oficio una investigación cuando se dio a conocer que, presuntamente, Estrada pretendía atentar contra dos personas”, indicó Julia Barrera, vocero del Ministerio Público (MP), al ser consultada sobre el tema.

Agregó: “La investigación está en curso, y como se desconoce quiénes son esas personas, en abril, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas solicitó una asistencia internacional para que Estados Unidos brinde información sobre quiénes son las personas contra las que presuntamente Estrada pretendía atentar y toda la información que sea posible aportar para las pesquisas que se hacen en Guatemala con respecto a ese tema”.

De acuerdo con Barrera, el MP está a la espera de la respuesta sobre la Asistencia Mutua en Materia Penal que envió a Estados Unidos de América el 4 de julio último.

Prensa Libre se ha intentado comunicar con personeros del Ministerio de Gobernación para pedir una postura sobre este tema, pero no han respondido el teléfono.

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