No hay gasto mágico sin instituciones fuertes

Intentar acelerar obras sin reformar el Estado es como inyectarle aire a un globo pinchado
 

Mario García Lara

18 de agosto de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La semana pasada participé en un programa radial de opinión en el que discutimos la situación del gasto del gobierno, incluyendo su transparencia, velocidad y calidad de ejecución. En la entrevista insistí en la idea de que incrementar el gasto público en infraestructura solo impulsará el desarrollo si el aparato estatal está a la altura del desafío.

Los datos lo confirman: aunque al primer semestre de 2025 el gobierno alcanzó una ejecución presupuestaria superior a la de los dos gobiernos anteriores en el mismo período, ese aumento no se tradujo en inversión real: solo se ejecutó el 30.1% del gasto de inversión. La inversión pública no despega mientras el gasto de funcionamiento absorbe más del 70% del gasto ejecutado.

Es cierto que existen razones legítimas que explican por qué al gobierno le cuesta ejecutar su presupuesto; pero reconocerlas no significa claudicar del compromiso de mejorar la calidad y cantidad de los servicios públicos. El lento ritmo del gasto refleja la persistencia de tres lastres: corrupción enquistada en el aparato estatal, un servicio civil con escasa capacidad y sin incentivos adecuados, y funcionarios paralizados por el temor a una justicia disfuncional y politizada. La tentación de buscar “atajos” para tratar de superar esos obstáculos —como la iniciativa de “Ley de agilización de la inversión pública”— es fuerte, pero equivale a renunciar a reformar los problemas de fondo.

Ese es el riesgo: sacrificar la esperanza de una transformación duradera del aparato estatal en nombre de resultados inmediatos que, sin una institucionalidad sólida, nunca llegan a realizarse o, simplemente, se dilapidan.

Y es que no basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado. Aquí aplica el viejo axioma neoclásico: si la cadena productiva es defectuosa, meter más insumos solamente genera más desperdicio. En el océano de gastos que atraviesa nuestro Estado, sin controles, sin capacitación, sin incentivos y sin supervisión, el dinero se evapora o se convierte en obras incompletas, sobrevaloradas o fuera de tiempo.

Existen, empero, algunas salidas pragmáticas que podrían explorarse para acelerar el gasto y mejorar su calidad sin recurrir a atajos simplistas. A corto plazo, como lo planteamos en una columna anterior, es factible crear fondos específicos de propósito especial enfocados en temas clave (infraestructura, electrificación, nutrición) y diseñados con una gobernanza ágil, transparente y responsable.

Esa arquitectura aislaría proyectos estratégicos del ruido burocrático que los retrasa o desvirtúa. También es viable acudir a convenios con actores internacionales —como el acuerdo al que llegó el gobierno con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. para rescatar la actividad portuaria en la Costa Sur— que permitan apalancar capacidades externas y sistemas con resultados probados.

La clave de un gasto público más eficaz está más bien en las reformas estructurales que el país demanda desde hace años: fortalecer el servicio civil, profesionalizar la supervisión de obra pública, modernizar el sistema de contrataciones e institucionalizar la transparencia y rendición de cuentas. Estas reformas no son políticamente fáciles ni ofrecen réditos inmediatos, pero son imprescindibles y eficaces. Hoy, la administración elegida por su promesa de cambio y combate a la corrupción enfrenta una encrucijada: tomar el camino fácil del atajo con fines electoreros, o apostar por una reforma con visión de Estado. De lo que decida dependerá si el gasto público deja de ser un globo pinchado y se convierte en trampolín de desarrollo real.

Las reglas del juego sí importan

Las inversiones no llegan por decreto: se construyen con certeza, instituciones y visión de largo plazo

Mario García Lara

4 de agosto de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La semana pasada participé como panelista en un foro organizado por Fundesa sobre los habilitadores para atraer inversión extranjera directa a Guatemala. Fue una oportunidad valiosa para reflexionar, desde la perspectiva del entorno institucional, sobre por qué Guatemala no crece más rápido ni recibe los flujos de inversión que su ubicación y estabilidad merecerían. En el panel me tocó comentar dos aspectos clave para la generación de inversiones: el estado de nuestro sistema de justicia y la calidad de nuestras políticas públicas; dos temas que suelen estar en la última página del PowerPoint, pero que deberían ocupar la primera.

Empecemos por lo primero. La inversión, tanto nacional como extranjera, es un acto de confianza. Y esa confianza depende, en buena medida, de la existencia de un sistema de justicia independiente e imparcial, pronta y cumplida, profesional y eficiente. Sin certeza jurídica, no es posible que se produzca una inversión sostenida. Y sin inversión, no hay desarrollo económico ni generación de empleo. No se trata únicamente de combatir la corrupción o despolitizar el sistema. Se trata de rediseñar su arquitectura institucional: de garantizar independencia mediante una mejora sólida y precisa de la forma en que se eligen y permanecen los jueces; de asegurar su profesionalismo con una verdadera carrera judicial; y de blindar al sistema contra capturas e injerencias por parte de grupos de interés externos.

Sin embargo, una reforma estructural puede tomar tiempo en llegar; en el ínterin, urge fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto, existen esfuerzos que han venido promoviendo una reforma integral a la Ley de Arbitraje. Esta modernización se enfoca en adoptar estándares internacionales, acortar los tiempos de resolución de disputas y ofrecer un canal confiable, ágil y menos politizado para resolver conflictos mercantiles y de otra índole. El Organismo Judicial ha manifestado su anuencia para respaldar una iniciativa para reformar y modernizar la vía del arbitraje para la resolución de disputas, lo cual es alentador. Ello no solo contribuirá a descongestionar los tribunales ordinarios, sino que puede enviar una señal positiva a los inversionistas de que en Guatemala hay voluntad de modernizar las reglas del juego.

Pero no basta con reformar leyes. También es indispensable que las políticas públicas —las decisiones cotidianas del Estado— estén alineadas con los principios de transparencia, participación y responsabilidad institucional. Hoy en día, muchas decisiones públicas en Guatemala aún se toman bajo lógicas clientelares, con escasa planificación, débil rendición de cuentas y mínima evaluación de resultados. Eso limita tanto la calidad del gasto como la efectividad de las inversiones públicas. La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza, instituciones funcionales, reglas claras y una visión de largo plazo. Como lo han reiterado expertos y agencias calificadoras: la debilidad estructural de Guatemala no es macroeconómica, sino institucional.

Si queremos atraer inversión que transforme, necesitamos un Estado que funcione. Y para ello, se requiere algo más que promesas: se necesita continuidad en las reformas, voluntad política para enfrentar intereses enquistados y una ciudadanía que exija resultados. Guatemala tiene potencial. Pero el potencial no basta: hay que liberar su energía productiva con las reglas correctas, instituciones fuertes y una brújula de largo plazo. De eso se trata, al final, la inversión: de apostar por un país donde valga la pena quedarse.

¿Deuda para qué?

No basta con discutir si el endeudamiento fue oportuno. Lo crucial es para qué se usará el dinero.

Mario García Lara

21 de julio de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

En los últimos días ha cobrado notoriedad mediática una polémica sobre si fue o no adecuada la reciente colocación de bonos del Tesoro por parte del gobierno guatemalteco. Unos alegan que fue inoportuna: ¿para qué endeudarse —y en condiciones no precisamente favorables— si hay una baja ejecución del presupuesto y miles de millones guardados en caja? Otros, en cambio, argumentan que la colocación cumple con lo aprobado por el Congreso y que es sensato aprovechar la buena reputación del país en los mercados internacionales para financiar el déficit a tiempo.

Pero, aunque interesante, este debate es apenas un espejismo que desvía la atención de la pregunta realmente importante: ¿para qué quiere el gobierno un presupuesto tan grande y en qué lo está gastando? La enorme magnitud del endeudamiento público que ahora está en proceso de colocación (y que fue previamente aprobado por el Congreso) solo tendría sentido si el destino del gasto público estuviera alineado con un conjunto de prioridades estratégicas y si su ejecución fuera eficaz, transparente y transformadora.

Desafortunadamente, no es ese el caso. El presupuesto vigente repite los vicios de siempre: excesivas asignaciones para consejos de desarrollo y municipalidades —históricamente opacos y poco eficientes—, transferencias millonarias a entidades como la Universidad de San Carlos sin mecanismos de rendición de cuentas, y una constelación de ONG beneficiadas con recursos públicos sin una clara justificación ni seguimiento. Más que una hoja de ruta para el desarrollo, el presupuesto parece una herramienta para apaciguar alianzas políticas y repartir favores clientelares.

Lo paradójico es que, pese a tener dinero suficiente, el gobierno lo está ejecutando con una lentitud desesperante: a junio de 2025 el porcentaje de ejecución era incluso más bajo que al mismo mes del año anterior, por lo que el gobierno acumula varios miles de millones “guardados” como saldo de caja sin ejecutar. Y es allí donde, contra toda lógica usual, podría abrirse una ventana de oportunidad: si ya se están colocando los bonos del Tesoro, si se acumulan ingentes saldos de caja, y si el gasto regular avanza a paso de tortuga, podría aprovecharse este impasse para redirigir esos recursos hacia fines verdaderamente productivos, mediante vehículos financieros de propósito especial (VFPE).

Estos fondos específicos (VFPE) podrían crearse por ley y ser dotados de un mandato y una gobernanza que les permitiría ejecutar los recursos de una manera eficaz y transparente, alejándolos de los mecanismos tradicionales burocráticos y clientelares del Estado, y destinarlos a programas estratégicos y de impacto en el desarrollo del país, con reglas claras de ejecución y de rendición de cuentas. La experiencia internacional y los propios estudios del FMI señalan que los déficits fiscales son aceptables únicamente si son temporales, focalizados en inversión estratégica y ejecutados con transparencia. El problema no es, pues, solo cuándo o cómo se colocan los bonos, sino en qué se gasta lo que se percibe.

Guatemala tiene la posibilidad, hoy, de crear estos instrumentos (VFPE) para atender con urgencia al menos tres prioridades de alto impacto económico y social: inversión en infraestructura vial, combate a la desnutrición infantil e inversión en generación y distribución de energía. Esos tres son los frentes donde el dinero público, si se usa bien, puede mover la aguja del desarrollo. Pero si no se aprovecha esta coyuntura, corremos el riesgo de que el endeudamiento termine siendo más de lo mismo: deuda cara para un gasto mediocre.

Entre risas y rezagos

Guatemala sonríe más de lo que progresa… y eso debería preocuparnos

Mario García Lara

23 de junio de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

En semanas anteriores, mientras el país celebraba la clasificación de la selección de fútbol a la siguiente ronda, pasaron relativamente desapercibidas dos publicaciones que nos confrontan con una realidad menos festiva. Se trata del más reciente Reporte de Felicidad Mundial y del nuevo Índice de Desarrollo Humano (IDH), que contienen datos reveladores sobre Guatemala y —más allá de su interés técnico— ofrecen pistas valiosas sobre las prioridades que deberíamos adoptar como sociedad.

El primero evalúa el nivel de satisfacción con la vida en 146 países, con base en una encuesta que se realiza a nivel global. Guatemala ocupa el puesto 44 a nivel mundial, y el noveno en América Latina, superada por países como Costa Rica, México y Uruguay. Aunque seguimos ubicados por encima de la media global, lo cierto es que en apenas cuatro años descendimos 14 posiciones, desde el lugar 30 en 2021.

Resulta llamativo que, a pesar de los bajos niveles de ingreso, seguridad o escolaridad, los guatemaltecos seguimos reportando una vida razonablemente satisfactoria. Esto se explica, en parte, por nuestras sólidas redes familiares y comunitarias: comemos juntos, ayudamos al vecino, donamos generosamente. De hecho, Guatemala aparece en el lugar 20 en el subíndice de donaciones. Pero cuando se trata de confiar en extraños, policías o instituciones, nos hundimos al fondo: puesto 127. Esa mezcla de calidez interpersonal y desconfianza estructural es, sin duda, muy chapina.

El segundo informe, el IDH, mide aspectos más tangibles: esperanza de vida, escolaridad y nivel de ingresos. Guatemala aparece en la posición 137 de 193 países, apenas dos puestos mejor que el año anterior. Estamos entre los rezagados de América Latina, por delante solo de Honduras y Haití. Aunque ha habido progreso desde los años noventa, hoy el avance está estancado. Y si se ajusta por desigualdad, nuestro índice cae una cuarta parte.

En resumen: somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo. Esta paradoja chapina se sintetiza en una frase: sonreímos mucho, pero progresamos poco. Una paradoja que debería alarmarnos, pues, si no hacemos algo, podríamos quedarnos atrapados en esa cómoda pero engañosa sensación de optimismo.

Ambos índices apuntan a los mismos nudos: baja inversión en capital humano, servicios públicos de mala calidad y un entorno institucional que genera mucha desconfianza. Romper esa trampa requiere más que crecimiento económico: exige que el Estado invierta mejor en su gente. Tres áreas son prioritarias.

Primero, nutrición y primera infancia: se debe duplicar la inversión en los primeros mil días, pues un niño bien nutrido aprende más, gana más y vive mejor. Segundo, educación de calidad: hay que dejar de contar aulas y comenzar a medir aprendizajes, mejorar capacidades docentes, formación continua y evaluaciones serias. Tercero, confianza institucional: cuando las reglas se cumplen y la ley se aplica, florecen la economía y el bienestar.

En la columna anterior destacamos la resiliencia de nuestra economía, pero esa resiliencia no basta si el progreso no se traduce en vidas más largas, más educadas y plenas. No basta con tener amortiguadores macroeconómicos si seguimos condenando a la gente a la informalidad, la malnutrición o la desconfianza crónica. Guatemala se caracteriza porque su gente quiere salir adelante, confía en su círculo cercano, y enfrenta la adversidad con una sonrisa. Pero hace falta que esa sonrisa venga acompañada de capacidades reales y oportunidades efectivas. Solo entonces seremos, al mismo tiempo, felices y desarrollados.

La apuesta por Taiwán

Nuestra relación con Taiwán sigue siendo estratégica, si sabemos cómo aprovecharla.

Mario García Lara

9 de junio de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La reciente visita del presidente Bernardo Arévalo a Taiwán ha reavivado un viejo debate: ¿le sigue conviniendo a Guatemala mantener relaciones diplomáticas con Taipéi, en vez de ceder a la seducción —comercial y política— de la China continental?

Cada vez más países han abandonado a Taiwán para alinearse con Pekín. Hoy, solo 12 naciones en todo el mundo reconocen a la isla como Estado soberano. Guatemala es, por mucho, la más grande y relevante entre todas ellas. Su PIB más que duplica al de Paraguay —el segundo país en importancia de los que reconocen a Taiwán— y su peso demográfico lo triplica. En ese reducido club, somos la joya de la corona.

Pero Pekín presiona. A cambio del reconocimiento diplomático, ofrece grandes obras —estadios, carreteras, puertos—, promesas de inversión, condonación de deuda y acceso a su colosal mercado. Muchos de nuestros vecinos ya han sucumbido a esas ofertas; pero los resultados concretos, más allá de las fotos inaugurales y los titulares mediáticos, no han sido tan espectaculares como se esperaba. En algunos casos, las obras prometidas se han demorado, han sido de baja calidad o han generado nuevas dependencias financieras.

En cambio, Guatemala ha sido un socio leal de Taiwán durante décadas. Sin embargo, no ha sabido capitalizar esa relación como debería. Mientras que, por ejemplo, Lituania —que ni siquiera tiene plenas relaciones diplomáticas con Taipéi— ya recibió un fondo taiwanés de inversión por US$200 millones, Guatemala apenas si ha rascado la superficie del potencial de cooperación con la isla.

Podríamos aprovechar su experiencia institucional —por ejemplo, en servicio civil, educación tecnológica y sistemas electorales—, profundizar el comercio o negociar un fondo de inversión bilateral, administrado con transparencia, para infraestructura productiva o innovación digital.

Y no se trata solo del evidente interés que Taiwán debería tener en mantener a Guatemala de su lado. También Estados Unidos (nuestro principal socio comercial y policía regional), que percibe con alarma la creciente presencia de China en América Latina, valora mucho que Guatemala mantenga esa alianza estratégica. En un tablero geopolítico donde se juegan las tensiones más importantes del siglo XXI —incluyendo el futuro del Indo-Pacífico, la seguridad cibernética, y el control de las cadenas de suministro tecnológicas—, nuestro país puede desempeñar un rol diplomático relevante. No por nuestro peso militar o económico, sino por nuestra ubicación estratégica, nuestra trayectoria y nuestra lealtad diplomática, que es observada con atención desde Washington.

Algunos analistas “pragmáticos” aconsejan a Guatemala cambiar de bando y ceder a la seducción y a las amenazas —veladas o explícitas— de China. Pero ¿y si algún día Taiwán y China deciden, a su manera, reencontrarse como partes de una misma nación? Esa posibilidad, aunque quizá no tan cercana, existe. En tal caso, Guatemala no saldría perdiendo si ha jugado el papel de aliado prudente, coherente y respetuoso. China —que valora la continuidad, el honor y la palabra empeñada— sabrá apreciarlo. No sería la primera vez que la diplomacia oriental premia la paciencia y la fidelidad.

Claro que esta ruta entraña riesgos. Pero mientras Taiwán siga existiendo como actor internacional con autonomía, nuestra relación con esa isla comprometida con la democracia, tecnológicamente sofisticada y firmemente aliada de Occidente, sigue siendo una apuesta que conviene —por principios y por estrategia— mantener. Eso sí: es una apuesta que solo vale la pena jugar si la sabemos cobrar bien.

Cuando el crimen captura el futuro

El crimen organizado corroe la economía, captura al Estado y debilita la democracia.

Mario García Lara

26 de mayo de 2025 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El crimen organizado no es ya solo un problema de seguridad, sino que se ha convertido en una amenaza sistémica para el desarrollo económico, la institucionalidad democrática y la convivencia social en Guatemala. Las evidencias son alarmantes. Las organizaciones criminales han extendido su control territorial en regiones sin presencia estatal efectiva, han penetrado redes de financiamiento electoral y han tejido nexos con estructuras políticas que les garantizan impunidad. Tal y como lo vienen advirtiendo diversos analistas y entidades especializadas en la materia, Guatemala corre el riesgo de seguir el camino de otros países latinoamericanos donde las redes criminales se consolidan al amparo de un Estado debilitado, una sociedad fragmentada y una economía capturada. Esta no es una amenaza abstracta: ya estamos viendo abundantes casos de políticos bajo investigación por vínculos con narcotráfico, regiones enteras del país bajo dominio criminal, y un sistema judicial que ha perdido capacidad de respuesta.

La urgencia de actuar es enorme, como lo evidencia un reciente estudio del Banco Mundial (“Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe”), en el que se estima que el crimen y la violencia pueden costarle a un país hasta 8% de su PIB. La inversión se retrae, los negocios se encarecen por extorsiones y sobornos, y los costos de seguridad privada desplazan recursos productivos. Además, el crimen debilita la legitimidad de las instituciones: socava la confianza en la justicia, favorece la justicia por mano propia y erosiona el Estado de derecho. Pero el impacto más corrosivo del crimen organizado es político: infiltra partidos, financia campañas, captura gobiernos locales y distorsiona las prioridades del Estado. La debilidad institucional —reflejada en una justicia ineficiente, una policía desbordada y un sistema político disfuncional— facilita esa captura. Por eso, la lucha contra el crimen no puede limitarse al ámbito policial: requiere una estrategia nacional de reconstrucción institucional.

¿Qué hacer? Los expertos sugieren, primero, reformar profundamente el sistema de justicia: mejorar la investigación criminal, garantizar independencia judicial y modernizar la gestión de los casos. Segundo, profesionalizar y depurar las fuerzas de seguridad, apostando por modelos de policía comunitaria y prevención basada en evidencia. Tercero, impulsar políticas activas de empleo e inversión en territorios capturados por el crimen, para recuperar el control del Estado. Sin embargo, para un país como Guatemala la estrategia clave está en el ámbito político: sin reformas al sistema de partidos y al financiamiento electoral, la puerta seguirá abierta para que las mafias sigan capturando el poder. Guatemala necesita unas reglas electorales que garanticen más participación y representatividad ciudadana, una fiscalización efectiva y un tribunal electoral independiente y competente.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad. No podemos seguir actuando “como si todo estuviera normal”. Las mafias no solo trafican drogas o personas: trafican influencias, cooptan instituciones y paralizan la acción del Estado. La historia muestra que la impunidad no se vence con discursos, sino con acción coordinada. El crimen organizado no será derrotado solo por fiscales y policías: será derrotado cuando la ciudadanía y sus líderes (academia, empresarios, partidos y medios) exija y construya instituciones que funcionen. Esta batalla crucial por el futuro de Guatemala debe empezar ahora.

Navegar en aguas turbulentas

Guatemala debe reforzar sus amortiguadores macroeconómicos ante el nuevo entorno global incierto.

Mario García Lara

12 de mayo de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El nuevo episodio de proteccionismo global, exacerbado por el gobierno de Estados Unidos, ha sumido a la economía mundial en aguas agitadas. Con aranceles que alcanzan máximos en los últimos cien años —y con reacciones negativas en los mercados de acciones, bonos y divisas—, el entorno global se ha tornado volátil y riesgoso. La OMC advierte que el volumen del comercio mundial podría contraerse este año; el Banco Mundial y el FMI han recortado sus previsiones de crecimiento global; y la inflación, lejos de disiparse, podría repuntar como efecto colateral de los aranceles. La advertencia es clara: estamos navegando un ciclo de creciente incertidumbre internacional.

Guatemala, aunque relativamente blindada y resiliente, no está exenta de riesgos ante esta turbulencia. Nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos —que representan más del 30% del total— podrían perder competitividad frente a países como México, que quedó exento del arancel base del 10%. Ya se reportan cancelaciones de pedidos para productos agrícolas clave como frutas y vegetales. Además, un menor crecimiento en los Estados Unidos podría ralentizar el envío de remesas —nuestro principal sostén externo— y generar presiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, la primera línea de defensa es nuestra política macroeconómica.

La buena noticia es que no partimos de cero. Contamos con amortiguadores que es menester preservar: una baja deuda pública, un déficit fiscal moderado, un tipo de cambio estable, superávit en la balanza de pagos y un nivel vigoroso de reservas monetarias internacionales. Pero estos colchones no son inmutables. Para mantenerlos, se requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria. No es momento para aventuras fiscales (como la de seguirse endeudando solo para aumentar el gasto público ineficiente), ni para intervencionismos cambiarios. Los errores en estas áreas no se notan de inmediato… pero cuando lo hacen, ya suele ser tarde para corregirlos sin dolor.

La segunda acción es política: urge tomar la iniciativa y sentarse a negociar con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha señalado formalmente ciertas prácticas administrativas guatemaltecas que considera “desleales”. En lugar de caer en la tentación de la confrontación ideológica, convendría ofrecer mejoras regulatorias e institucionales a cambio de un trato arancelario preferencial. No sería la primera vez que corregir una deficiencia interna nos abre una puerta externa. Y en el proceso, se fortalecería nuestra institucionalidad pública.

Pero quizá lo más importante es mirar más allá de la tormenta coyuntural. Esta crisis debería ser el detonante para retomar una agenda de reformas estructurales que hemos postergado por demasiado tiempo. Mejorar la productividad sistémica requiere inversión en infraestructura, educación, conectividad y tecnología, pero también un Estado funcional, con instituciones confiables, reglas claras y justicia efectiva. La más reciente misión del FMI lo dejó entrever: la estabilidad económica guatemalteca es valiosa, pero necesita ser acompañada por una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la gobernanza.

La historia lo ha demostrado: los países que emergen fortalecidos de las crisis no son los que se refugian en la inercia, sino los que las aprovechan para reformar y construir. Guatemala ha demostrado resiliencia. Pero resistir no basta. Ni se trata solo de capear el temporal: se trata de aprovechar la tormenta para corregir el rumbo, a fin de salir de ella más robustos y resilientes.

Una economía resiliente

La economía mundial vive tiempos turbulentos; pero nuestra economía está en posición de resistirlos.

Mario García Lara

28 de abril de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero se resfría. Y bajo el segundo mandato de Donald Trump, la seguidilla de estornudos se está convirtiendo en una tos crónica. En particular, la imposición de nuevos aranceles a escala global está —y sin previo aviso— ya dejando sentir sus efectos: desaceleración del comercio internacional, tensiones inflacionarias y un aumento de la incertidumbre económica, tal como lo advirtieron la semana pasada los informes de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial.

Guatemala, por supuesto, no es una isla. Nuestra economía inevitablemente sentirá los coletazos de esta guerra comercial mundial. Empezando porque nuestras exportaciones se verán afectadas por el arancel del 10% impuesto por el gobierno de Trump, así como por los menores volúmenes de comercio y cambios en los precios internacionales.

Además, nuestras remesas familiares —que es la principal fuente de divisas del país— podrían verse ralentizadas si el crecimiento económico de EE. UU. se desacelera; y las presiones inflacionarias podrían contagiase a Guatemala en la medida en que los costos de los bienes importados aumentan en todo el mundo. Todo ello demanda una respuesta urgente por parte del gobierno y de los exportadores guatemaltecos, incluyendo negociaciones directas con el gobierno estadounidense en el marco de los convenios comerciales existentes y, principalmente, acciones tendentes a corregir las reglas, procedimientos, prácticas y protocolos que, según dicho gobierno, nuestro país aplica deslealmente en perjuicio de sus exportaciones hacia nuestro país.

Pero la buena noticia es que partimos de una buena base. A diferencia de épocas pasadas, hoy Guatemala tiene mejores herramientas para resistir los embates externos. Nuestro crecimiento económico ha sido sólido y estable —un promedio cercano al 3.5% anual en los últimos 20 años—. Nuestra política fiscal, si bien perfectible, ha mantenido disciplina suficiente para evitar déficits insostenibles y niveles de endeudamiento preocupantes. Nuestra política monetaria, bajo la tutela de un banco central autónomo, ha sido ortodoxa y eficaz para mantener una inflación moderada y un tipo de cambio estable. La resiliencia de nuestra balanza de pagos —respaldada por un superávit corriente y robustas reservas monetarias internacionales— fortalece aún más nuestra capacidad de absorber choques externos. Y aunque nuestra estructura productiva sigue enfrentando los desafíos que implica una baja productividad sistémica, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo sólidos.

No es la primera vez que Guatemala navega aguas turbulentas con relativa estabilidad. Durante la crisis financiera global de 2008 y la crisis pandémica de 2020, nuestra economía logró mantener el rumbo. Y todo apunta a que, a pesar de los riesgos actuales, lo volverá a hacer. El Fondo Monetario Internacional ha reafirmado recientemente que la resiliencia de Guatemala no es casualidad: es el resultado acumulado de décadas de prudencia macroeconómica.

Quizá haya llegado el momento de actualizar aquella vieja frase de los economistas locales que, durante buena parte del siglo XX, decían que “si a Estados Unidos le da gripe, a Guatemala le da pulmonía”. Hoy, gracias a nuestra disciplina económica y resiliencia estructural, podemos decir con moderado optimismo: “si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro”.
Cuidar esos fundamentos será más importante que nunca. Porque, como bien nos enseña la historia, los buenos cimientos no garantizan el éxito… pero su ausencia sí garantiza el desastre.

Terraplanismo económico

Los aranceles pueden ser una poderosa arma política, pero no tienen ninguna justificación económica.

Mario García Lara

14 de abril de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La pregunta que con más insistencia se repite estos días en círculos académicos y financieros es: ¿Qué pretende realmente Donald Trump con sus aranceles? Si nos atenemos a su propio discurso, la respuesta es: reducir los déficits comerciales de Estados Unidos y reindustrializar su economía para recuperar empleos en manufactura. Suena noble. Pero desde la perspectiva de la ciencia económica, es una narrativa tan ingenua como equivocada.

La evidencia empírica, la teoría económica y la experiencia histórica coinciden en que los aranceles rara vez logran esos objetivos. Es más, suelen generar efectos contrarios: precios más altos, distorsiones en la asignación de recursos, represalias comerciales y reducción del crecimiento económico global. Como quien pretende curar una fiebre con quimioterapia, los aranceles de Trump no atienden la raíz del problema económico estadounidense: la atacan en el lugar equivocado con la medicina errada.

No es sorprendente que existan defensores fervientes de esa estrategia arancelaria (incluso aquí mismo, en nuestro país) que la justifiquen desde una perspectiva política —sin casi ningún fundamento de economía elemental—. Lo que sí resulta desconcertante es que algunos se proclamen liberales y aun así justifiquen estas políticas proteccionistas, con argumentos que parecen extraídos de un manual de economía alternativa medieval. Parece que estamos ante una forma de terraplanismo económico: una negación voluntaria de la evidencia, impulsada más por ideología y pulsiones políticas que por análisis riguroso.

La reducción del déficit comercial —objetivo fundamental de esta estrategia— no es, en sí misma, ni necesaria ni deseable. Los déficits responden a múltiples causas, entre ellas, la fortaleza del dólar, el nivel de ahorro interno, o la ventaja comparativa en servicios. Y en cuanto a la reindustrialización, es preciso recordar que la pérdida de empleos en manufactura no es un mal endémico: responde, sobre todo, al avance tecnológico y a la evolución natural hacia una economía basada en servicios y más intensiva en conocimiento.

Ahora bien, existe una explicación más verosímil de los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política; un instrumento geopolítico más que económico. Al imponer aranceles sin previo aviso a sus principales socios comerciales, Trump no busca tanto mejorar la balanza de pagos como reforzar su capacidad de presión. Es el garrote que antecede a la zanahoria. Eso es válido como estrategia geopolítica, pero injustificable como política económica, y menos desde la realidad guatemalteca.

Aunque nuestro país no ha sido de los más castigados por los aranceles trumpianos, no por eso está a salvo de sus consecuencias. El redireccionamiento del comercio, la volatilidad financiera internacional, y la potencial recesión mundial inducidas por esta guerra arancelaria van a afectar nuestra economía. Y aunque seamos parte de un tratado comercial con el gigante del norte, eso no es un escudo infalible, y menos durante la presidencia de Trump.

La historia está llena de ejemplos de políticas económicas basadas en la ocurrencia y el cortoplacismo más que en la ciencia y la estrategia. Hoy, con la excusa nacionalista de recuperar los empleos perdidos, la política comercial del gobierno estadounidense esconde una peligrosa mezcla de voluntarismo y populismo económico. Lo más preocupante no es que Trump insista en su fórmula proteccionista; es que haya “analistas” —incluso algunos que se decían liberales— dispuestos a defenderla. Como si, de pronto, creyésemos de nuevo que la Tierra es plana.

La “amenaza” de la inteligencia artificial

Hay quien cree que la IA hará innecesarios muchos empleos. Lo más probable es que creará muchos más.

Mario García Lara

3 de marzo de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Un creciente número de profesionales ve con preocupación cómo el futuro de sus empleos parece amenazado por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). Abogados, médicos, auditores, oficinistas y —¡oh, no!— economistas temen por sus ingresos. Las profesiones que se basan en conocimientos, en procesar información y en determinar cursos de acción a partir de esos conocimientos y análisis ven cómo muchas de estas funciones las realiza ahora casi cualquier persona con acceso a una aplicación (gratuita) de IA.

Que no cunda el pánico. La IA genera también fuerzas en el sentido contrario: reduce barreras de entrada al mercado y eleva las remuneraciones. Ciertamente la IA hará más difícil que unos pocos privilegiados acaparen la información; eso, sin embargo, abrirá oportunidades para que más personas puedan acceder al conocimiento, procesar la información y determinar cursos de acción. El resultado previsible será una mayor competencia y el surgimiento de más profesionales especializados que competirán, ya no en función de quién tiene más información privilegiada, sino de quién agrega más valor a sus servicios.

Y lo más importante de la IA es que reduce el costo de obtener, procesar y transmitir información, aumentando así la productividad de la economía como un todo, incrementando el nivel de ingresos y el valor del tiempo de los profesionales. La teoría económica sugiere que, ante esto, las personas responderán del mismo modo que lo han hecho durante siglos: demandando más servicios a los profesionales.

Eso sí, el desafío de los profesionales y de las organizaciones es el de adaptarse pronto al cambio: desarrollar habilidades complementarias utilizando la IA para mejorar su productividad, especializarse en áreas que requieran creatividad y juicio humano e incursionar en nuevos roles asociados a la profesión. Y las organizaciones (empresariales o sociales, pequeñas o grandes) deben innovar sus procesos productivos y administrativos para capturar plenamente los beneficios que ofrece la IA.

Es inevitable que la IA deje sin trabajo a algunos profesionales (los que no se adapten a ella), pero seguramente generará más trabajo y empleos para los demás, no solo para quienes con ella mejoren la calidad de sus servicios, sino para una nueva estirpe que haga de la IA su principal herramienta. La IA no es un peligro absoluto para el empleo, sino más bien un factor de evolución en el mercado laboral: históricamente, la tecnología ha creado más empleo del que ha destruido; toda revolución tecnológica desplaza ciertos tipos de empleo, pero genera muchas más oportunidades laborales nuevas. De manera que la IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales. Además, las habilidades humanas (como la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad) seguirán siendo insustituibles… por ahora.

Ante la irrupción de la IA, el rol de las políticas públicas es el de adoptar, facilitar, fomentar y acelerar su uso para aprovechar su potencial en materia de productividad, crecimiento económico y bienestar material. La adopción de la IA puede tener un impacto crucial tanto en la calidad de los servicios públicos, como en la economía nacional. Aunque eventualmente habrá necesidad de alguna regulación estatal respecto de la IA, esta debe mantenerse en un mínimo que no afecte los beneficios que ofrece la nueva tecnología. El Estado debe más bien potenciar esos beneficios para mejorar la productividad, las instituciones públicas, la solidez macro-fiscal y la gestión de riesgos (naturales, políticos, económicos y sociales), y apoyar así el desarrollo del país.

Garrote y zanahoria

La inconveniente y peligrosa moda de usar los aranceles como arma política.

Mario García Lara

17 de febrero de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en un modo mucho más agresivo que el de su primero. Las amenazas de aplicar aranceles como herramienta de política pueden resultar más o menos preocupantes —para el resto del mundo—, dependiendo de si su finalidad es la de proteger su industria doméstica, o si es la de elevar sus ingresos fiscales, o si solamente se trata de un recurso transaccional para negociar otros objetivos políticos.
Si el objetivo fuese proteccionista, los aranceles buscarían reducir el déficit comercial de Estados Unidos y defender su industria de la supuesta competencia desleal de otros países (especialmente China): así, Trump vería los aranceles como una forma de incentivar la inversión e impulsar la producción. Si el objetivo fuera más bien fiscal, Trump estaría aplicando aranceles con el fin de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los proveedores extranjeros, lo que le permitiría reducir los impuestos internos.

Sin embargo, cualquier estudiante de economía, o cualquier historiador aficionado, podrían decirles a los políticos proaranceles que ninguno de esos objetivos tiene demasiado sentido. Aranceles más altos implican productos importados más caros, lo cual ocasionaría que se reduzca la demanda de dólares y se aprecie la moneda estadounidense, encareciendo así las exportaciones gringas: los aranceles acabarían siendo un impuesto no solo sobre sus importaciones, sino también sobre sus exportaciones. Este efecto se exacerbaría aún más si otros países decidieran tomar represalias subiendo sus propios aranceles. Adicionalmente, los aranceles encarecerían los productos importados, empobreciendo a los consumidores estadounidenses. Todo un suicidio económico que sería incluso más doloroso porque los pocos empleos creados gracias a los aranceles se concentrarían solo en aquellas industrias (las menos eficientes, que necesitan ser protegidas para sobrevivir a la competencia internacional) y perjudicarían al resto de industrias al incrementarles el costo de sus insumos.

Los aranceles tampoco significarían un gran aumento en los ingresos del gobierno estadounidense, ya que (incluso aumentándolos) representan una mínima fracción de su gigantesco presupuesto. Así que la única justificación lógica de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación (el garrote) para extraer concesiones de sus socios comerciales a cambio de mantener la buena voluntad de los Estados Unidos (la zanahoria). Es muy probable que esto lo sepan bien los gobiernos de China y Europa (y México y Canadá), por lo que —esperemos— no deberían tomar represalias arancelarias agresivas, sino más bien responder quirúrgicamente a las medidas de Trump (con un bisturí, no con un machete) y así evitar una guerra comercial de la que nadie puede salir ganando.

En este contexto, lo que no podemos hacer quienes creemos en el libre comercio (y en los colosales beneficios que este le ha traído al progreso material de la humanidad en las últimas décadas) es resignarnos ante la ola de proteccionismo que amenaza con regresarnos un siglo en la historia. La ciencia económica y la historia demuestran con claridad que los aranceles siempre han sido contraproducentes: restringen la competitividad y la innovación, protegen a las industrias más ineficientes, aumentan el costo de vida y reducen el crecimiento económico. Conviene recordar que fueron precisamente las políticas económicas netamente nacionalistas (proteccionistas) las que hace cien años ocasionaron el colapso monetario y comercial más grande de la historia.

Una agenda para recibir a Marco Rubio

Es factible -y conveniente- alinear sus prioridades con una agenda de políticas que nos beneficie.

Mario García Lara

3 de febrero de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La visita de Marco Rubio a Centroamérica reviste una especial significancia, no solo por ser el primer viaje oficial del Secretario de Estado estadounidense (lo cual revela la inusual importancia que nuestra región representa para su gobierno), sino también porque lo que —a la luz de las agresivas medidas adoptadas por Donald Trump en sus primeros días en el poder— algunos han visto como una amenaza para nuestro país, puede convertirse en una gran oportunidad si actuamos con astucia y pragmatismo.

En preparación a su visita, el secretario Rubio emitió el documento Americas First, que enmarca el enfoque de su política exterior hacia Latinoamérica y del que es fácil colegir que, para alinear a Guatemala con los intereses estadounidenses, nuestro país debe centrarse en fortalecer su institucionalidad, combatir decididamente el crimen organizado y promover el bienestar y el empleo para abordar las causas de la migración ilegal. Desde la perspectiva estadounidense, este enfoque busca tanto la estabilidad en la región como la creación de condiciones que reduzcan los flujos migratorios y favorezcan la inversión y el crecimiento económico.

Una primera área de oportunidad es la de seguridad y combate del crimen organizado. Aquí, además de plantear al secretario Rubio programas (que podrían ser conjuntos entre ambos países) para capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad y para establecer mecanismos robustos de intercambio de información y coordinación operativa, una agenda proactiva debería también incluir el compromiso de impulsar reformas (administrativas y legales) para fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia, así como redirigir recursos presupuestarios al equipamiento estratégico de nuestras fuerzas de seguridad.

La segunda área de interés es la contención de la migración ilegal, donde conviene plantear al secretario Rubio el establecimiento de acuerdos que faciliten la repatriación ordenada y digna de migrantes y la implementación de programas de retorno y reintegración mediante oportunidades laborales y acceso a servicios básicos en sus comunidades de origen, así como redirigir recursos presupuestarios al desarrollo local en las comunidades con altos índices de migración.

La tercera área de trabajo es la generación de empleo, donde debe plantearse una política de incentivos para la inversión privada, tanto mediante medidas administrativas como de reformas al marco regulatorio que faciliten la creación y el desarrollo de empresas y fomenten el emprendimiento local, además de redirigir el amplio —pero, hasta hoy, desordenado— presupuesto estatal a invertir en infraestructura básica y en capital humano para elevar la productividad sistémica del país.

Y la cuarta área de interés es el fortalecimiento institucional y la transparencia para mejorar la gobernabilidad y fortalecer la capacidad del Estado para combatir la corrupción, lo cual implica la modernización del sistema judicial y de control del gasto público mediante, por ejemplo, reformas a la forma en que se postulan y eligen los jueces y magistrados, y mediante un profundo fortalecimiento de la Contraloría de Cuentas conforme a los mejores estándares internacionales.

Si se logra acordar una agenda mínima sobre estas líneas con el secretario Rubio y se adquiere el compromiso de impulsarla, no solo se podrán generar dinámicas viables de cooperación con el complejo —y a veces díscolo— estilo de administración del presidente Trump, sino también proveer un norte a nuestra precaria agenda de políticas públicas, que hasta ahora luce carente de ambición y prioridades.

Poca ambición en las políticas públicas para 2025

Tanto en el Congreso como en el Ejecutivo parecen decantarse por obtener victorias fáciles.

Mario García Lara

20 de enero de 2025 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La semana pasada se revelaron las que podrían ser las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025. En el Legislativo trascendió que, por ahora, las principales bancadas acordaron una agenda mínima que incluye la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Cooperativas, una ley de incendios forestales y las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito. Además, el presidente del Congreso agregó algunas iniciativas cuya inclusión en la agenda está avanzando: una ley de medicamentos, una ley para la portabilidad numérica de los teléfonos celulares, la Ley de Cine, una ley contra la violencia en el sistema educativo, una ley para sancionar la trata de personas en el sistema penitenciario y una ley de acceso a la tecnología educativa.

Aunque esta agenda incluye alguna ley interesante, la misma dista mucho de ser ambiciosa. Las iniciativas incluidas parecen buscar quick wins políticos que signifiquen (o aparenten) logros legislativos a la vista de los votantes; pero no deja de decepcionar que no se estén considerando reformas orientadas a mejorar la eficiencia del Estado y de sus instituciones. La ausencia de propuestas para reformar el sistema de justicia, el sistema de control del gasto público, el sistema de servicio civil, el proceso presupuestario o el propio sistema electoral deja un vacío en la agenda legislativa y muestra una falta de conciencia sobre las transformaciones estructurales que el país necesita.

Por su parte, el Ejecutivo también hizo públicas sus prioridades de política pública al incluir en su informe anual al Congreso un capítulo que describe “la futura cosecha” que pretende impulsar en 2025. En educación, prioriza el mantenimiento de la infraestructura escolar, la contratación de docentes y el programa de alimentación escolar. En salud, ampliar la cobertura de servicios y aplicar un modelo eficiente de abastecimiento de medicamentos. Ofrece profundizar la iniciativa “Mano a Mano” (empleo temporal, vivienda, distribución de alimentos) y fortalecer la agricultura familiar, así como mantener las transferencias monetarias condicionadas.

En política económica ofrece fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la calificación de riesgo-país, al tiempo que se optimiza el gasto público. Asimismo, prioriza el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la modernización del sistema penitenciario. Busca mejorar la eficiencia en la administración pública mediante plataformas tecnológicas e impulsar medidas ambientales centradas en la gestión del agua y la conservación de cuencas. Y en el campo internacional se enfoca en la protección a los migrantes.

Así, también en el caso del Ejecutivo se vislumbra una agenda relativamente poco ambiciosa. En particular, brillan por su ausencia dos cuestiones cruciales en las prioridades de políticas públicas que deberían ser los “buques insignia” del gobierno para 2025: el combate de la desnutrición infantil y una estrategia integral de lucha contra la corrupción. La desnutrición infantil es el elefante en la cristalería del que nadie quiere hablar y que ha sido injustificadamente ninguneado durante décadas por los distintos gobiernos; eso debería cambiar radicalmente. Y el combate de la corrupción es la bandera con la que el actual gobierno hizo campaña y, presumiblemente, la razón por la cual los votantes lo eligieron para gobernar. Los avances en este campo son aún muy pocos. Se necesita una política integral de fomento a la transparencia que no se base solo en la buena voluntad y la ética de los funcionarios públicos, ni solo en la veleidosa apuesta de la persecución penal.

Revitalizar las políticas públicas

Para que no sigan dispersas y postergadas, es necesario focalizarlas y priorizarlas.

Mario García Lara

6 de enero de 2025 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Al empezar un nuevo año conviene reflexionar sobre la necesidad de focalizar y priorizar las políticas públicas que son indispensables para impulsar el desarrollo y el bienestar, pero que tradicionalmente suelen encontrarse dispersas y postergadas en la agenda gubernamental. En primer lugar, habría que empezar por aquellas políticas centradas en mejorar el ingreso de los más pobres: el elefante en la cristalería (sobre el que pareciera que nos da vergüenza hablar) son los indicadores de pobreza en el país, incluyendo —especialmente— los relacionados con la desnutrición.

El foco aquí pasa tanto por evitar (mediante políticas monetarias y fiscales disciplinadas) que la inflación carcoma los escasos ingresos de los pobres, como por erradicar la desnutrición infantil. Parece mentira que a ningún gobierno se le haya ocurrido establecer un fondo específico (transparente y eficientemente gestionado) contra la desnutrición. Ello sería más eficaz que el manido recurso populista de repartir subsidios y transferencias (que no necesariamente llegan a los más pobres) sin percatarse de que la pobreza no puede combatirse sosteniblemente regalando recursos públicos, sino propiciando las condiciones adecuadas para generar empleo y riqueza.

En segundo lugar, las políticas públicas deberían concentrarse en mejorar los servicios públicos básicos: seguridad y justicia, educación básica, salud preventiva y primaria, e infraestructura pública. Los recursos estatales son escasos y, por lo tanto, no pueden destinarse a satisfacer las infinitas necesidades de la sociedad (ni a los infinitos caprichos de los políticos), sino que deben focalizarse prioritariamente en la provisión eficaz de dichos servicios públicos básicos.

En tercer lugar, las políticas públicas deberían focalizarse en aumentar la productividad sistémica del país; la productividad es la piedra fundamental para lograr un crecimiento económico más acelerado, sostenible y conducente a una mejora en las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Y la base para aumentar la productividad es lograr un orden económico en el que el imperio de la ley dé la certeza necesaria para que las interacciones (económicas, sociales y culturales) se desarrollen con eficiencia.

Lo anterior requiere, a su vez, de gobiernos eficientes (tanto a nivel local como nacional), de manera que, en cuarto lugar, las políticas públicas deberían priorizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de esos gobiernos, empezando por luchar decididamente contra la corrupción. Para ello no basta con lindos discursos o buenas intenciones; ni siquiera basta con poner a funcionarios probos a cargo de las entidades estatales. El cáncer de la corrupción es tan insidioso que combatirlo requiere, ante todo, de reformas institucionales (de la Contraloría de Cuentas, de presupuesto, del Servicio Civil, del proceso legislativo, del sector justicia y del sistema electoral), que implican difíciles batallas políticas que deben acometerse con valentía y perseverancia.

Finalmente, las políticas públicas deben mantener un enfoque de apertura y agilidad de cara al resto del mundo, especialmente ahora que, a nivel mundial, están avanzando de forma amenazadora propuestas proteccionistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas que pueden repercutir negativamente en nuestra economía. Es menester prepararse para contrarrestarlas y resistirlas, tanto mediante una política exterior audaz y firme, como mediante políticas internas prudentes que preserven la resiliencia y estabilidad que nuestra economía ha logrado construir en las últimas décadas.

¿Todo tiempo pasado fue mejor?

El futuro puede ser, incluso, superior (una reflexión para el fin de año).

Mario García Lara

23 de diciembre de 2024 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Parece inevitable que, al llegar a cierta edad, el ser humano y sus coetáneos nos inclinemos a creer que “todo tiempo pasado fue mejor”. Puede ser que la tendencia de las personas a romantizar el pasado tenga que ver con factores emocionales o culturales: tendemos, con el tiempo a recordar especialmente las experiencias positivas y a enterrar en el subconsciente las negativas; tendemos, también con la edad, a volvernos menos receptivos a las nuevas tendencias, tecnologías o cambios culturales. La música, la moda, las películas, las normas sociales de nuestros años de formación suelen moldear nuestra identidad y por eso solemos a apreciarlos más.

Pero las normas y valores sociales van evolucionando, inevitablemente, y ello lleva a creer a muchos —en medio del torbellino de rápidos cambios tecnológicos y culturales que pueden resultar abrumadores— que la sociedad se está deteriorando en comparación con los “viejos tiempos”. Y no; en realidad no todo tiempo pasado fue mejor. Aunque el pasado tenga innegables aspectos positivos (como los vínculos comunitarios más fuertes o una menor degradación ambiental), es importante reconocer que cada época tiene sus desafíos y logros únicos. Si romantizamos el pasado podemos cegarnos ante los evidentes avances que nuestro mundo ha experimentado en muchos campos como la tecnología, el bienestar material o la salud. Comprender esta realidad es esencial para que, sin dejar de apreciar el pasado, podamos al mismo tiempo mantener el compromiso con el presente y la esperanza en el futuro.

Los últimos 60 años han sido testigos de trascendentales avances para la humanidad que nos llaman a perseverar para que esa tendencia continúe por mucho tiempo: la esperanza de vida ha aumentado a nivel mundial; muchas enfermedades que antes eran mortales ahora se pueden prevenir o curar; la pobreza extrema en el mundo ha disminuido del 42 % en 1981 a menos del 10 % hoy, pese al crecimiento de la población; la proporción de personas con acceso a la electricidad ha aumentado de un 50 % en 1970 a casi 90 % en 2020; y el acceso al agua potable también se ha ampliado enormemente.

La tecnología informática no solo nos permite ahora mantenernos en contacto con los seres queridos, sino que nos da la posibilidad de acceder e intercambiar conocimientos de forma gratuita, inmediata y casi ilimitada. Las tasas de alfabetización a nivel mundial han aumentado del 70 % en 1970 a más del 86 % en 2021 y más personas que nunca asisten a la universidad, particularmente las mujeres, que han ganado acceso a oportunidades profesionales que antes eran limitadas.

Las sociedades evolucionan, casi siempre para bien. Si apreciemos lo que hemos avanzado, el recuerdo del pasado no debería ser una añoranza, sino una inspiración para seguir progresando. Si el mundo redujo la pobreza extrema en los últimos 60 años, podrá seguir lo haciendo con las nuevas tecnologías que crean oportunidades para todos. La tecnología seguirá nivelando el campo de juego y la próxima generación estará más informada y empoderada que nunca, permitiendo que más persona en más lugares, aprendan, innoven y triunfen.

Si el tiempo pasado fue bueno, el presente y el futuro pueden ser mucho mejores. Nuestro desafío es el de potenciar el ímpetu y creatividad de nuestros hijos y nietos, no solo mediante nuestro ejemplo, consejo y mentoría, sino mediante el rescate y fortalecimiento de los principios e instituciones de la democracia liberal y del libre comercio, que propiciaron el progreso del último siglo y sobre cuya base puede erigirse una era de progreso en las próximas décadas. ¡Feliz 2025!

Valores económicos que se están perdiendo

El libre comercio y la disciplina fiscal están bajo amenaza de los populismos de izquierda y derecha.

Mario García Lara

9 de diciembre de 2024 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Hasta hace pocos años existía un sentir —relativamente generalizado entre los hacedores de políticas económicas e, incluso, entre la clase política— en cuanto al rol crucial que el libre comercio entre países y el mantenimiento de la disciplina fiscal a nivel doméstico jugaban para el progreso de las naciones. Sin embargo, ese consenso (que surgió a raíz de las múltiples crisis económicas que el proteccionismo comercial y el despilfarro fiscal generaron el siglo pasado) parece estar retrocediendo a pasos agigantados, lo que podría tener ingratas consecuencias económicas para Guatemala.

En efecto, el libre comercio ha sido una fuerza impulsora del progreso global desde hace más de cien años: con el acceso a nuevos mercados se logran economías de escala, mayor especialización y eficiencia, mejor tecnología y más opciones para los consumidores, lo que genera crecimiento económico y bienestar. Pero, en años recientes, una ola mundial de nacionalismos a nivel político se ha manifestado en medidas proteccionistas (aranceles, cuotas y otras barreras al comercio). Esta preocupante tendencia amenaza con reducir los flujos comerciales, obstaculizar la innovación, atrofiar las cadenas de suministros y aumentar los precios, lo que puede entrañar consecuencias severas para países como Guatemala, que dependen del acceso a los mercados globales para exportar y para abastecer el aparato productivo.

De manera similar, los países que han sido fiscalmente responsables —con bajos déficits fiscales y niveles de deuda sostenibles— han experimentado un mejor desempeño económico en términos de estabilidad y crecimiento. Pero el surgimiento de varios gobiernos populistas (de izquierdas y derechas) alrededor del planeta en años recientes está poniendo “de moda” políticas contrarias a la disciplina fiscal. Muy probablemente esas políticas acarrearán un aumento del costo de la deuda, un encarecimiento del crédito para toda la economía y un deterioro en la calificación de riesgo-país. Resulta preocupante que esa tendencia hacia una menor disciplina fiscal esté empezando a cobrar ímpetu en Guatemala —como lo sugiere el recién aprobado presupuesto del Estado para 2025—.

El peligro es real y próximo. Los partidos políticos, conservadores y progresistas, aunque separados en aspectos ideológicos, están convergiendo perversamente cuando se trata de aplicar medidas que restringen el comercio y aumentan el déficit fiscal. La simpatía de los propios votantes favorece cada vez más las ideas proteccionistas y de expansión del gasto público. El libre comercio y la responsabilidad fiscal, pese a sus demostrados beneficios, están perdiendo la batalla de la opinión pública.

Es necesario que se recobre la conciencia de que, en un mundo interconectado, las barreras al comercio pueden conducir a un menor crecimiento, a un menor bienestar de los consumidores y mayores tensiones geopolíticas. Es necesario también recobrar la conciencia de que la indisciplina fiscal populista puede conducir a inestabilidad, menor crecimiento y, en casos graves, crisis económicas.

Las crecientes barreras al comercio y déficits fiscales en todo el mundo deben ser contrarrestados con mayor apertura económica y mayor prudencia fiscal, pero ello requiere que las fuerzas políticas ya no sigan avanzando en la dirección opuesta. Los académicos, los hacedores de políticas pública, los líderes sociales y los votantes deben converger hacia estrategias viables que permitan posicionar la apertura comercial y la sostenibilidad fiscal en el centro del debate público, en un entorno cada vez más adverso a esos valores.

Los peligros del presupuesto

En vez de ser herramienta de política económica se ha convertido en un bolsón para repartir favores.

Mario García Lara

25 de noviembre de 2024 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

En el Congreso hay una inusual ansiedad por aprobar el Presupuesto del Estado para 2025. En medio de las prisas, el proyecto que envió el Ejecutivo (que ya tenía varias falencias importantes) sufrió un preocupante deterioro en el proceso de dictaminación a cargo de la Comisión de Finanzas. Esa ansiedad se puede explicar por el interés de muchos diputados de beneficiarse del masivo reparto de recursos hacia las municipalidades, consejos de desarrollo y otros destinos clientelares. Si ya el proyecto original del Ejecutivo entrañaba peligros, ahora se le agregaron otros peores.

En efecto, el proyecto enviado por el Ejecutivo incluía un techo de gasto y un déficit fiscal que significan un desvío respecto de la senda de sostenibilidad fiscal que el país había mantenido en los últimos lustros, lo que, a mediano plazo, amenaza la preciada estabilidad económica del país; y, pese al sustancial incremento en los gastos, estos reflejan una continuidad inercial en el destino de los recursos, sin que se aprecien novedades significativas en cuanto a proyectos o servicios públicos que —salvo un leve incremento en la inversión pública— lo diferencien de la estructura de gastos observada en presupuestos anteriores.

Además, el proyecto no cumplía con preceptos legales básicos, particularmente en cuanto a la prohibición de usar recursos de deuda pública para financiar gastos de funcionamiento. Por su parte, las normas presupuestarias incluidas en el proyecto son prácticamente las mismas de presupuestos anteriores, que en poco han contribuido a combatir la corrupción o a mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria.

Lejos de corregir estas falencias, el dictamen emitido la semana pasada por la Comisión de Finanzas opta por aumentar aún más el gasto (y el consiguiente déficit fiscal) y por hacerlo aún más opaco. Peor aún, el temerario aumento del techo de gasto se perpetra a través de una figura exótica, un “plan extraordinario para mantenimiento y rehabilitación de puentes y carreteras” por Q3.5 millardos: un plan improvisado del que no existe ningún desglose, no se identifica ningún proyecto y no forma parte de los planes habituales del Ministerio de Comunicaciones.

Por otro lado, y por si lo anterior fuera poco, la Comisión realizó una serie de readecuaciones (quitándoles recursos a varias entidades y proyectos) para aumentar la asignación de los Consejos de Desarrollo por ¡más de Q5 millardos!, asignación extraordinaria que no cuenta con un desglose del destino y para cuya ejecución “se faculta” a la Contraloría de Cuentas a que la fiscalice, lo cual (por ser una obligación inherente del ente fiscalizador) resulta innecesario y absurdo, sino que distrae del hecho de que es el propio Congreso quien ha fallado reiteradamente en su papel de velar porque la Contraloría cumpla sus obligaciones legales y constitucionales.

Con esta asignación extraordinaria, los Consejos suman fondos frescos por casi Q10 millardos (sin contar lo que no se gasten este año y que, por virtud de otra ocurrente ley aprobada hace pocos días, no estarán obligados a devolver al fondo común a fin de año). Si a eso sumamos los más de Q13 millardos asignados a las municipalidades, nos topamos con un multimillonario bolsón de recursos destinados a rubros que no solo no responden a ninguna política de Estado, sino que tradicionalmente han sido gastados de manera opaca e ineficiente.

Quienes esperábamos que el Presupuesto del Estado para 2025 iba a ser mejor que los de años anteriores (o que, al menos, sería fiscalmente prudente) tenemos derecho a sentirnos profundamente defraudados.

Trump y nuestra economía

El cambio de rumbo en el Norte tendrá implicaciones que demandan acciones de política pública en Guatemala.

Mario García Lara

11 de noviembre de 2024 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Lo que ocurra con las políticas de gobierno en Estados Unidos a raíz de un cambio de administración es de gran relevancia para una economía como la de Guatemala, que puede verse impactada por diversos canales. Las remesas familiares, las exportaciones, la inversión privada y la asistencia gubernamental son los canales de transmisión directos. Pero también las políticas que buscan impulsar en crecimiento de la economía estadounidense o reformar su gobierno pueden afectarnos indirectamente.

Ahora bien, no todas las promesas de campaña van a cumplirse ni rápida ni completamente. Por ejemplo, la tarea de desregular y reducir el Estado se vislumbra llena de obstáculos y, si logran tener éxito, solo podrá dar frutos positivos —aumentos de la productividad y del crecimiento— a mediano plazo. Lo mismo puede decirse de la apuesta de fomentar el crecimiento económico mediante una masiva reducción de impuestos. De manera que los efectos indirectos sobre la economía guatemalteca derivados de las políticas fiscales o de reforma del gobierno en los Estados Unidos no serán demasiado relevantes, al menos a corto plazo.

En cambio, son otras dos políticas —que el presidente Trump sí podrá ejecutar desde el día de toma de posesión— las que tendrán un impacto inmediato sobre nuestra economía. En primer lugar, la política de combate a la migración ilegal impactará el flujo de remesas familiares hacia Guatemala, uno de los países más dependientes de estos flujos, que constituyen aproximadamente el 20 por ciento del PIB del país. Si el gobierno de Trump implementa políticas migratorias más estrictas o dificulta la permanencia de los migrantes, esto podría afectar una fuente de ingresos (las remesas) fundamental para el consumo y el ahorro de millones de familias guatemaltecas. En el corto plazo, sin embargo, podría producirse (como ya ha ocurrido en el pasado) un aumento repentino de los flujos de remesas hacia el país, incluso antes de la toma de posesión de Trump, como una reacción precautoria de los migrantes chapines ante el riesgo creciente de su eventual deportación.

En segundo lugar, la política de protección a la industria estadounidense mediante la aplicación de aranceles y otras barreras al comercio puede afectar nuestra economía. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y cualquier cambio en las políticas comerciales (aranceles, tratados comerciales o restricciones de mercado) podría afectar el acceso de los productos guatemaltecos a ese mercado y, en consecuencia, impactar en el empleo y crecimiento de sectores clave en nuestro país. Sin embargo, si Trump concentra su guerra comercial en sus rivales relevantes (China, Europa o México), podría terminar favoreciendo (al menos a corto plazo) a nuestro sector exportador.

Los efectos de las políticas del nuevo gobierno de Trump dependerán de cuán agresiva sea su aplicación, lo cual es incierto. Lo que sí es cierto es que debemos empezar a prepararnos desde ya. Como es de esperarse un retorno masivo de migrantes, hay que pensar en nuevos programas que fomenten el empleo y favorezcan a los pequeños empresarios, además de un programa de atención a los migrantes (tanto a los repatriados como a quienes queden retenidos allá). Habrá también que fortalecer las políticas de comercio exterior y de atracción de inversiones, así como la capacidad del país para negociar en esos frentes. Y habrá que mejorar la coordinación entre la política monetaria y la fiscal ante una previsible mayor fluctuación del tipo de cambio y de la demanda doméstica. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.

¿Y cuánta gente trabaja aquí?

Es necesario contar con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado.

Mario García Lara

28 de octubre de 2024 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Aunque existe un consenso generalizado respecto de la necesidad de reformar el sistema de servicio civil en Guatemala, lo que no existe es una idea clara respecto de cuántos empleados laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente, ni si existen plazas fantasmas dentro del aparato estatal: ninguna entidad ni funcionario parecen saber a ciencia cierta estos datos, que resultan esenciales para emprender cualquier reforma al sistema.

Dado que ni siquiera el presidente de la República sabe cuántos funcionarios existen, durante el gobierno de Jimmy Morales tuvieron la ocurrencia de encomendarle al INE hacer un “Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018”, en el que se estableció que entonces había 292,753 servidores públicos; sin embargo, el entonces presidente desaprobó ese “censo” porque dejó gran cantidad de funcionarios sin censar. En cualquier caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente (imaginemos lo absurdo que sería, por ejemplo, que el presidente de la General Motors tuviera que hacer un censo de sus empleados para saber el número y características del recurso humano a su cargo).

Resulta injustificable, pues, que ningún gobierno haya tenido la curiosidad —ya no digamos la capacidad— de saber cuántos burócratas hay y a qué se dedican, pese a que es uno de los rubros que más costos financieros representan para el fisco. En el proyecto de presupuesto del Estado para 2025, que se discute en estos días en el Congreso, el costo del recurso humano representa más de la cuarta parte del total del gasto gubernamental previsto para el próximo año (hablamos de ¡más de Q40 mil millones!). El gasto en salarios del gobierno ha mostrado, además, una tendencia creciente durante años, lo cual genera presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los ministerios que más han impulsado el gasto salarial son los de Educación y Salud, merced a los incrementos acordados en los opacos pactos colectivos que se siguen negociando.

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. El Ministerio de Finanzas —que es el que termina pagando la cuenta— tiene a su disposición la información financiera necesaria para empezar a poner orden. Además, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema Guatenóminas para procesar su nómina y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos. También los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios.

Cuenta la anécdota que, en cierta ocasión, le preguntaron al primer ministro británico Winston Churchill cuántos empleados públicos trabajaban en su gobierno, a lo que respondió —con su característico humor mordaz—: “la mitad de ellos”. Si hoy le preguntasen lo mismo al presidente Arévalo, quizá tendría que responder en términos similares. Pero si se decide a impulsar sistemas modernos para registrar y controlar la plantilla de empleados públicos, quizá al final de su mandato logre dar una respuesta más concreta y, además, dejar como legado una gestión más eficiente de los recursos humanos del gobierno.

Elección de cortes: sabor a poco

El sistema de comisiones postuladoras muestra que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Mario García Lara

14 de octubre de 2024 | 00:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El desarrollo del país no solo depende de políticas económicas acertadas, inversiones extranjeras o infraestructuras modernas. Un pilar fundamental para el progreso es un sistema de justicia eficiente, compuesto por jueces probos, calificados e independientes que garantice la seguridad jurídica, clave para atraer inversiones y fomentar el emprendimiento. Las empresas y los inversionistas necesitan saber que sus derechos serán respetados, que los contratos se cumplirán y que, en caso de conflicto, podrán recurrir a un tribunal justo. En ausencia de jueces independientes, el temor a decisiones arbitrarias o corruptas ahuyenta el capital y limita el crecimiento económico. Un país donde los contratos no se respetan o la corrupción prevalece no puede sostener una economía robusta y sostenible.

En ese sentido, el recientemente concluido proceso de elección de magistrados de las cortes Suprema y de Apelaciones ha dejado una sensación extraña, en la que se mezcla un cierto alivio con una profunda insatisfacción. Alivio, porque esta vez, al menos, se logró cumplir con el mandato de renovar las cortes en los plazos constitucionales y evitar el fiasco de hace cinco años cuando se produjo una aberrante e ilegal prórroga del mandato de los magistrados. Insatisfacción, porque el sistema de elección, basado en las cada vez más fallidas comisiones de postulación, dejó sembradas muchas dudas sobre la capacidad, probidad e independencia de los jueces electos.

Quizá sea momento de reflexionar sobre el error de origen del sistema de comisiones de postulación: la elección de magistrados no puede dejar de ser un proceso eminentemente político. Los redactores de la Constitución Política, al contrario, creyeron que se podía “despolitizar” dicha elección y se inventaron el sistema de comisiones postuladoras. Aunque al principio pareció funcionar, el resultado ha ido de mal a peor a lo largo de los años. En vez de despolitizar la elección, se politizaron y contaminaron profundamente la academia y el gremio. La proliferación de universidades y de egresados es proporcional a la caída en su calidad. Los mejores abogados del foro nacional ni siquiera se plantean postularse. Muchos de quienes resultan electos son representantes de grupos de interés (algunos muy oscuros) y hasta se incluyen parientes de políticos influyentes. Y, lo peor de todo, nadie rinde cuentas a la sociedad de los resultados de tan tortuosa elección.

Reconozcamos que en cualquier democracia liberal la elección de magistrados es un acto político que debe estar a cargo de los políticos electos por el pueblo, a quien deben rendir cuenta de sus decisiones. La solución a nuestro disfuncional sistema de comisiones de postulación pasa por una reforma desde lo político que debe incluir, como mínimo: que los magistrados no sean electos “en masa”, sino uno por uno, escalonadamente en el tiempo, de manera que el foco y escrutinio de la opinión pública no se disipe como ahora; que se devuelva a los políticos electos por el pueblo la responsabilidad de elegir con consciencia y transparencia a los magistrados; que el plazo de las magistraturas sea más amplio (y también escalonado en el tiempo) para afianzar su independencia respecto de sus electores; que el mandato de los altos magistrados sea eminentemente jurisdiccional y no administrativo, para evitar “tentaciones” indebidas. Sin esas reformas jamás tendremos un sistema judicial independiente, que no es solo un requisito para el correcto funcionamiento de la democracia, sino una condición indispensable para el desarrollo económico y social de la Nación.