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Ejecutivo analiza reformas a ley que libran a las iglesias de la obligación de contar con estudios de impacto ambiental

Tue, 28 Oct 2025 22:14:34 +0000

Guatemala

Ejecutivo analiza reformas a ley que libran a las iglesias de la obligación de contar con estudios de impacto ambiental

La Presidencia de la República también está a la espera del decreto 11-2025, ley Antipandillas, que califica como positiva para el país.

28 de octubre de 2025 | 16:14h

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que el decreto 9-2025 ya esta siendo analizado por el equipo legal del Organismo Ejecutivo. (Foto Prensa Libre. Byron Baiza).

El Organismo Ejecutivo ya analiza el decreto 9-2025, que contiene reformas a la Ley del Medio Ambiente, aprobadas por el Congreso a finales de septiembre, según indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.

El decreto fue remitido al Ejecutivo la semana anterior y los equipos legales de la Presidencia ya revisan su contenido para determinar cuáles son las posibles inconstitucionalidades, afirmó Palomo durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.

“En cuanto a la mal llamada Ley de Protección del Medio Ambiente, como anunció el presidente el viernes pasado, ya ingresó esta iniciativa para el análisis de los equipos legales y técnicos correspondientes, pero tanto el presidente como la ministra de Ambiente han manifestado su preocupación por lo que esta ley ocasiona y los embates que genera en la política ambiental del país, al margen de que incumple con estándares internacionales y compromisos que Guatemala ha adquirido en el marco de varios acuerdos y tratados internacionales”, indicó el secretario.

Palomo aseguró que, una vez se tome una decisión respecto de la sanción, modificación o veto del decreto, será dada a conocer.

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Antes de que el decreto fuera remitido por el Congreso a la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) efectuó un análisis técnico. En él, según el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, se detectaron serios vicios de inconstitucionalidad.

De acuerdo con Rodas, la normativa contradice mandatos expresos de la Constitución Política de la República y vulnera convenios internacionales, lo que podría ocasionar inestabilidad jurídica para las inversiones en el país.

El funcionario indicó que el decreto contraviene los artículos 4 y 97 de la Carta Magna. El primero establece el derecho de igualdad para todos los habitantes. “El decreto vulnera este principio al eximir a ciertos sectores, sin criterios técnicos claros, de la presentación del instrumento ambiental”, explicó.

También aseguró que se viola el artículo 97, que obliga al Estado, las municipalidades y los habitantes a propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación y mantenga el equilibrio ecológico.

“La reforma deja de considerar el daño ambiental que genera todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad”, argumentó.

Al hacerlo, se genera una “externalidad económica”; es decir, el costo de descontaminar y tratar los desechos producidos se traslada de forma injusta a la población en general, “quien termina pagando los platos rotos de un desarrollo insostenible”, indicó Rodas. Añadió que el texto del decreto, al hacer referencia específica a lo “comercial”, parece excluir de responsabilidad ambiental a un sector clave de la actividad económica.

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Esta ambigüedad, sumada a la exención de evaluaciones, abre la puerta a que se autoricen y construyan obras sin los controles ni requerimientos ambientales adecuados, lo que implica un riesgo latente de degradación de ecosistemas y afectación a comunidades, puntualizó el funcionario, quien comentó que por esa razón el Marn recomendará al presidente vetar el decreto.

Respaldo a la Ley Antipandillas

Respecto del Decreto 11-2025, que contiene la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, conocida como “Ley Antipandillas”, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia indicó que cuenta con el respaldo del presidente Bernardo Arévalo.

“El presidente ha aplaudido el esfuerzo del Congreso de la República al aprobar esta iniciativa de ley”, aseguró.

También indicó que hasta el momento no ha ingresado este decreto al Ejecutivo para su revisión. Una vez recibido, se hará el análisis correspondiente, enfocado en dos aspectos fundamentales: “su conformidad con la Constitución y su efectividad práctica”, indicó.

Palomo afirmó que esta “es una ley que contribuirá a los esfuerzos para poder combatir este flagelo que sabemos afecta a la mayoría de la población guatemalteca”. Añadió que el análisis final se hará “en base al cumplimiento de la Constitución, sus disposiciones y la efectividad que va a tener para el combate de las maras”.

¿Proyectos sin regulación ambiental? Lo que dice el Marn sobre el decreto 9-2025

Thu, 23 Oct 2025 06:05:00 +0000

Comunitario

¿Proyectos sin regulación ambiental? Lo que dice el Marn sobre el decreto 9-2025

De acuerdo con el Marn, el decreto 9-2025 se centra en un solo sector y abre la puerta a la autorización de proyectos sin controles ambientales.

Carlos Gómez

23 de octubre de 2025 | 00:05h

El Congreso aún no conoce las objeciones presentadas al Decreto 9-2025 que modifica la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

El 30 de septiembre, el Congreso aprobó el decreto 9-2025, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La normativa establece que previo al desarrollo de “todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial” que pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional se debe efectuar un estudio de evaluación de impacto ambiental.

Se exceptúa de la presentación de dichos instrumentos de impacto ambiental a instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal (incluyen las tortillerías), siempre y cuando, no emitan fluidos y gases contaminantes, y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura.

El decreto también fija sanciones por incumplimiento de las disposiciones y ordena al ejecutivo formular un reglamento en un periodo no mayor de seis meses.

La medida ha sido criticada por el presidente Bernardo Arévalo, por considerar que algunas de sus disposiciones podrían ser inconstitucionales.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) elaboró un análisis técnico del decreto aprobado, con el fin de identificar los principales motivos por los que el presidente debería de vetar la ley.

El viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, indicó que se han detectado serios vicios de inconstitucionalidad.

Según Rodas, esta normativa no solo contradice mandatos expresos de la Constitución Política de la República, sino que también vulnera convenios internacionales y podría generar inestabilidad jurídica para las inversiones en el país.

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Igualdad, costos y pérdida de control

El funcionario señaló que el decreto contraviene específicamente dos artículos constitucionales. En primer lugar, el artículo 4, que consagra el derecho de igualdad para todos los habitantes. “El decreto vulnera este principio al eximir a ciertos sectores, sin criterios técnicos claros, de la presentación del instrumento ambiental”, explicó Rodas.

En segundo lugar, se viola el artículo 97 de la Carta Magna, que establece la obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes de propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación y mantenga el equilibrio ecológico.

“La reforma deja de considerar el daño ambiental que genera todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad”, argumentó el viceministro.

Al hacerlo, se genera una “externalidad económica”, es decir, el costo de descontaminar y tratar los desechos producidos se traslada de manera injusta a la población en general, “quien termina pagando los platos rotos de un desarrollo insostenible”, indicó Rodas. Además, subrayó que el texto del decreto, al hacer referencia específica a lo “comercial”, parece excluir de responsabilidad ambiental a un sector clave de la actividad económica.

Más allá del plano nacional, Rodas advirtió que la normativa contraviene convenios internacionales suscritos y ratificados por Guatemala.

Estos acuerdos establecen que los estándares ambientales alcanzados no pueden reducirse, un principio conocido como “no regresividad”. “En el caso del decreto 9-2025, los reduce”, sentenció. Esto representa un retroceso en la protección del patrimonio natural.

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Esta regresión, lejos de agilizar procesos, “afecta la certeza jurídica para las inversiones en el país, restando competitividad”. La inseguridad normativa, subrayó, es un factor que desalienta la llegada de capitales responsables, que valoran la estabilidad y el cumplimiento de estándares globales.

Finalmente, el viceministro rechazó la premura con la que se pretende implementar la nueva norma. El artículo 18 del decreto establece un “plazo sumamente corto para la emisión de los reglamentos”, lo que pone en riesgo no solo su correcta elaboración y aprobación técnica, sino también un proceso adecuado de socialización con la ciudadanía.

Esta falta de diálogo y transparencia, afirmó Rodas, demuestra la poca rigurosidad con la que se ha manejado una reforma de alto impacto para el futuro ambiental de Guatemala. A su juicio, el decreto 9-2025 debilita la institucionalidad ambiental, favorece la impunidad ecológica y socava los cimientos del desarrollo sostenible.

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Congreso rechaza objeciones

El pleno del Congreso rechazó las objeciones y las observaciones al Decreto 09-2025, que contiene las Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que fueron presentadas por la diputada Karina Paz.

A criterio de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, la aprobación del legislativo es algo “antitécnico e inconstitucional” y aseguró que se están realizando los análisis técnicos sobre la inconstitucionalidad en la ley, ya que la misma deja fuera a varios sectores de la presentación de estos estudios de impacto ambiental.

“Ahorita estamos haciendo los análisis de inconstitucionalidad, porque es otra manera de verlo, que aplica solo al sector comercio, y deja fuera toda la agricultura, toda la industria, todos los servicios, todas las inmobiliarias, toda la construcción ¿verdad? eso es algo grave”, aseguró la titular de la cartera de ambiente en la conferencia de prensa del martes 21 de octubre.

La diputada Karina Paz había planteado tres objeciones. La primera, sobre la vulneración al derecho de igualdad, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, y al principio del interés general, que prevalece sobre el particular.

La segunda, se enfocaba en una extralimitación constitucional, al contraponer el derecho a un ambiente sano (artículo 97) y el derecho a la salud (artículo 93) frente al derecho individual de la libertad de religión (artículo 36).

La tercera abordaba una posible violación al control de convencionalidad por parte del pleno del Congreso al aprobar reformas que podrían contradecir tratados internacionales.

Ley de Aguas en Guatemala: MARN presenta propuesta y la somete a discusión pública

Tue, 21 Oct 2025 21:49:50 +0000

Comunitario

Ley de Aguas en Guatemala: MARN presenta propuesta y la somete a discusión pública

El MARN divulga la propuesta de ley de aguas en una página web para que la población la conozca y envíe sus comentarios.

Carlos Gómez

21 de octubre de 2025 | 15:49h

El Ministerio de Ambiente inicio desde el 18 de octubre, hasta el 2 de noviembre la tercera del Proceso Nacional de Agua, que forma parte del proceso de elaboración de la iniciativa de Ley de Aguas que esta llevando a cabo el Organismo Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó una propuesta de ley de aguas y puso en marcha, desde el 18 de octubre, la tercera ronda del Proceso Nacional del Agua, con el objetivo de recoger opiniones, observaciones y propuestas de la ciudadanía.

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, explicó en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que esta tercera fase es la continuación de un extenso proceso de diálogo social iniciado entre abril y agosto de este año, en el cual se realizaron 75 reuniones y encuentros regionales en 13 puntos del país. En esos espacios, actores sociales diversos —desde comunidades indígenas hasta representantes del sector productivo, académicos y organizaciones ambientales— aportaron sus visiones sobre la gestión del agua en el país.

Orantes afirmó que la propuesta de ley en elaboración es el resultado de la sistematización de esos insumos, junto con 119 propuestas escritas recibidas, iniciativas de ley anteriores que no lograron ser aprobadas y una sólida base de investigaciones técnicas sobre la realidad hídrica nacional.

Esta tercera etapa representa la última oportunidad de participación pública antes de que la iniciativa sea presentada formalmente, afirmó la funcionaria, quien también indicó que “el espíritu de la ley responde a lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de la República, que establece que todas las aguas en el territorio nacional son de dominio público”. Añadió que en el país existe un atraso de más de 40 años en la creación de una ley específica que regule el recurso hídrico.

La Ministra de Ambiente, Patricia Orantes, brindo detalles sobre la tercera fase del proceso de elaboración de la propuesta de Ley de Aguas que esta trabajando el Organismo Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Ese vacío legal ha generado conflictos por el uso del agua, falta de protección para las fuentes hídricas y una gestión fragmentada que no responde a los desafíos actuales, afirmó la ministra, quien también indicó que la futura ley busca convertirse en un marco normativo integral que permita:

Garantizar el derecho humano al agua, priorizando el acceso seguro y suficiente para el consumo de todas las personas.
Conciliar los usos del agua, estableciendo reglas claras para equilibrar el uso doméstico, agrícola, industrial, energético y cultural.
Proteger los ecosistemas, asegurando un caudal ecológico mínimo para conservar ríos, lagos y humedales.
Fortalecer la seguridad hídrica, creando instrumentos que permitan enfrentar con resiliencia el cambio climático, el crecimiento poblacional y las demandas de una economía en expansión.

El Ministerio de Ambiente hace un llamado a la ciudadanía, así como a los sectores académico y privado, y a las organizaciones de la sociedad civil, a participar activamente en esta ronda digital, disponible hasta el 2 de noviembre en el portal https://participacionciudadana.gob.gt, donde cualquier persona interesada podrá acceder al texto completo de la propuesta, analizarlo y enviar sus comentarios para contribuir al proceso de elaboración de esta importante ley, afirmó la ministra de Ambiente.

Quince alcaldías de Sololá contaminan el lago de Atitlán, según el MARN

Thu, 09 Oct 2025 15:01:02 +0000

Comunitario

Quince alcaldías de Sololá contaminan el lago de Atitlán, según el MARN

El lago de Atitlán sigue en riesgo. El MARN revela que 15 alcaldías descargan aguas contaminadas sin cumplir la normativa. Solo algunas cuentan con plantas de tratamiento funcionales.

Gabriel Molina

9 de octubre de 2025 | 09:01h

El Ministerio de Ambiente acusa a 15 alcaldías de Sololá por contaminar el lago de Atitlán a través de las descargas de aguas residuales. (Foto Prensa Libre: EFE/ David Toro / Archivo).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que las 15 alcaldías monitoreadas en Sololá incumplen el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales en la cuenca del lago de Atitlán.

San José Chacayá es el gobierno local más cercano a cumplir las disposiciones, según la cartera. El MARN anuncia procesos de sanciones administrativas contra las municipalidades.

Los parámetros que exceden los límites y ponen en riesgo el medioambiente son: grasas y aceites, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo y desechos fecales.

San Marcos La Laguna fue el único municipio que presentó un estudio técnico sobre aguas residuales.

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Las inspecciones del MARN señalan que Santiago Atitlán, San Marcos La Laguna, Concepción, Santa Cruz La Laguna, San Andrés Semetabaj, San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán y Panajachel cuentan, al menos, con un sistema de tratamiento de aguas.

Sololá tiene tres y Santa Catarina Palopó, dos.

Mientras tanto, San Pedro La Laguna y San Lucas Tolimán no poseen drenajes, sino canales abiertos para uso exclusivo de aguas pluviales. Ambas comunas regulan, mediante acuerdo municipal, que las viviendas y comercios tengan pozo ciego.

Información Importante

Tras inspecciones y monitoreos a 15 municipalidades, el MARN ha iniciado los procesos de sanciones administrativas.

Para conocer más sobre los resultados de las inspecciones, ingresa aquí https://t.co/ULINWPnw9r pic.twitter.com/zCapIaE0rR
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) October 9, 2025

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¿Qué es la licencia ambiental en Guatemala? requisitos, sanciones y quienes están obligados a tramitarla

Wed, 01 Oct 2025 23:44:48 +0000

economía

¿Qué es la licencia ambiental en Guatemala? requisitos, sanciones y quienes están obligados a tramitarla

La licencia ambiental en Guatemala busca reducir impactos ecológicos. Aunque ya no hay plazo fijo, proyectos sin autorización pueden enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos, según las reformas aprobados por los congresistas el 30 de septiembre.

Glenda Burrión

1 de octubre de 2025 | 17:44h

El trámite de la licencia ambiental en Guatemala sigue siendo obligatorio para proyectos, obras e industrias; omitirlo puede derivar en sanciones económicas de hasta Q100 mil (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

La licencia ambiental en Guatemala es un instrumento legal que busca garantizar que todo proyecto, obra, industria o actividad minimice su impacto en el entorno natural.

Aunque desde 1986 la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente exige este requisito, el debate sobre su obligatoriedad se intensificó en el 2016, cuando se aprobó el reglamento respectivo, Acuerdo Gubernativo 137-2016, y se establecieron plazos para que las empresas se regularizaran.

Tras dos prórrogas, la última fecha límite estaba fijada para el 27 de septiembre del 2025. No obstante, el 9 de septiembre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció en sus redes sociales que dicho plazo quedaba sin efecto, dejando a discreción de cada interesado el inicio del trámite.

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Sin embargo, el anuncio generó dudas entre la población, por citar algunos: ¿qué implica realmente este cambio? ¿Sigue siendo obligatoria la licencia ambiental en Guatemala? ¿Existen multas o sanciones por no tramitarla? Y, ¿qué instituciones y actividades están obligadas a cumplir con este requisito?

¿Ya no es obligatoria la licencia ambiental en Guatemala?

De acuerdo con José Rodrigo Rodas, viceministro del MARN, la licencia sigue siendo un requisito legal:

“Desde 1986, la ley exige que todo proyecto, obra, industria o actividad en Guatemala cuente con su instrumento ambiental”. José Rodrigo Rodas

Lo que cambió es que ya no habrá multas automáticas de Q5 mil por no haber iniciado el proceso antes de septiembre de 2025. Ahora, el trámite se podrá hacer de manera voluntaria, aunque la normativa sigue vigente.

¿Por qué se eliminó la fecha límite para la licencia ambiental?

Según explicó José Rodrigo Rodas, viceministro del MARN, la práctica de otorgar prórrogas a quienes incumplen genera desventaja frente a las personas y empresas que sí cumplen con la normativa ambiental. Esto, además, transmite la idea de que los infractores no enfrentan sanciones reales.

“La concesión de prórrogas frecuentes puede interpretarse como una falta de voluntad para hacer cumplir la legislación ambiental, lo que desalienta a quienes desean cumplir y fomenta una cultura de incumplimiento”, puntualizó Rodas.

Multas y sanciones por no cumplir

Con la cancelación del plazo fijado para el 27 de septiembre del 2025, también quedó sin efecto la multa de Q5 mil establecida en el Acuerdo Gubernativo 148-2024 para las empresas que no hubieran iniciado el trámite de la licencia ambiental en Guatemala hasta esa fecha.

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Esto significa que la licencia ambiental continúa siendo obligatoria y que los proyectos que operen sin ella pueden enfrentar sanciones.

¿Quiénes están obligados a tramitar la licencia ambiental?

Según el Decreto 68-86, deben tramitar la licencia ambiental en Guatemala los siguientes sectores:

Proyectos de construcción: centros comerciales, urbanizaciones, edificios de vivienda.

Industria manufacturera: fábricas, plantas de producción y agroindustrias.

Minería y explotación de recursos naturales: canteras, minas, extracción de petróleo y gas.

Agricultura y ganadería intensiva: explotaciones a gran escala.

Proyectos de infraestructura: carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas.

Hoteles y desarrollos turísticos, especialmente en áreas ecológicas sensibles.

Pesca y acuicultura: granjas piscícolas y proyectos de gran escala.

Comercios con desechos peligrosos: talleres mecánicos, gasolineras, plantas de tratamiento de aguas residuales.

Centros de salud: hospitales, clínicas y consultorios que generan desechos biomédicos.

Industria de energía: hidroeléctricas, plantas solares y eólicas.

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Reformas recientes a la Ley Ambiental

El 30 de septiembre del 2025, el Congreso aprobó con 83 votos reformas al decreto ambiental mediante la iniciativa 5698. Estas modificaciones:

Mantienen la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental para proyectos industriales y comerciales.
Iglesias, cultos y asociaciones religiosas: están exentas de presentar el instrumento ambiental correspondiente.
Instituciones del Estado: están exentas de presentar el instrumento ambiental correspondiente.

Se eliminó la responsabilidad de los funcionarios públicos para exigir instrumentos ambientales.

Se reafirmaron las sanciones económicas para los particulares que incumplan con la normativa, aunque con una reducción en los montos. Las multas ahora oscilarán entre dos y diez salarios mínimos, mientras que anteriormente se establecían entre Q5 mil y Q100 mil.

En síntesis, cualquier empresa, institución o persona que desarrolle proyectos de construcción, infraestructura, industria, energía o actividades agrícolas intensivas debe tramitar su licencia ambiental ante el MARN para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a la protección del medio ambiente.

Nota actualizada el 2 de octubre a las 10:31 horas.

MARN retira ultimátum para regularizar licencias ambientales

Thu, 11 Sep 2025 06:03:00 +0000

Guatemala

MARN retira ultimátum para regularizar licencias ambientales

La cartera de Ambiente dejará sin efecto el plazo fijado en el Acuerdo Gubernativo 148-2024, que obligaba a las empresas de distintas áreas a presentar su licencia ambiental antes del 27 de septiembre del 2025.

Carlos Gómez

11 de septiembre de 2025 | 00:03h

Las empresas que se dedican a la construcción en Guatemala están obligadas a presentar ante el Ministerio de Ambiente, los instrumentos ambientales correspondientes para que les sea emitida la licencia ambiental. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) anunció que dejará sin efecto la fecha límite, 27 de septiembre del 2025, para la presentación de los instrumentos ambientales que dispone el Acuerdo Gubernativo 148-2024. Los instrumentos son evaluaciones sobre el posible impacto de un proyecto, obra o actividad en el medio ambiente y permiten prever riesgos, así como proponer medidas para su prevención, mitigación o compensación los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad existente.

Esta disposición se aplicará mediante una reforma al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Recsa), contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 137-2016. Con la eliminación del plazo para regularizar la situación ambiental se suprime también una multa de Q5 mil para quien no se haya puesto al día. Sin embargo, quedan vigentes multas que van hasta los Q100 mil.

El Marn informó que se elimina la fecha límite contenida en el Recsa para que todo proyecto, obra, industria o actividad que pueda generar algún impacto sobre el ambiente natural cuente con un instrumento ambiental aprobado por el Ministerio. Los instrumentos son esenciales para tramitar licencias ambientales.

Con la nueva disposición, se busca propiciar que los responsables de proyectos, obras, industrias o actividades que ya operan sin estudio ambiental puedan regularizar voluntariamente su situación ante el Ministerio, según explicó el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas.

“La obligatoriedad de contar con instrumento ambiental viene desde 1986 con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en su artículo 8, por lo que no es necesario establecer una fecha para su cumplimiento. Ya está establecido que todo proyecto, obra, industria o actividad debe tener un instrumento ambiental”, afirmó el funcionario.

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Desde su aprobación en 2016, el Ministerio de Ambiente había autorizado dos prórrogas para el trámite de la licencia ambiental.

La primera se otorgó mediante el Acuerdo Gubernativo 298-2022, por el cual se amplió el plazo para que las empresas pudieran regularizar su situación hasta el 27 de septiembre del 2024. En esa ocasión la cartera indicó que la prórroga fue autorizada “derivado del incremento en la presentación de solicitudes de instrumentos correctivos para regularización ante el MARN”, por lo que se consideró necesario ampliar el plazo.

La segunda fue establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 148-2024, que amplió el plazo hasta el 27 de septiembre del 2025. En dicho acuerdo el Ministerio indicó que las modificaciones estaban encaminadas a simplificar los procedimientos administrativos y reducir la carga regulatoria, en cumplimiento con la Ley de Simplificación de Trámites. El objetivo era facilitar el cumplimiento normativo sin comprometer los estándares ambientales.

Asimismo, se indicó que algunos negocios con impacto mínimo quedarían exentos de presentar la licencia, como las tiendas de barrio y tortillerías, que inicialmente estaban obligadas a realizar dicho trámite.

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¿Por qué se elimina la fecha límite?

Según explicó Rodas, al observar que quienes incumplen reciben plazos adicionales sin consecuencias reales, las personas y empresas que sí cumplen con la normativa ambiental pueden sentirse desmotivadas o en desventaja. Esto también genera la percepción de que los infractores no enfrentan sanciones efectivas por incumplir la ley.

“La concesión de prórrogas frecuentes puede interpretarse como una falta de voluntad para hacer cumplir la legislación ambiental, lo que desalienta a la población que sí desea cumplir con ello y, además, nos ha llevado a una cultura de incumplimiento”, puntualizó Rodas.

De esa cuenta, con la cancelación del plazo fijado para el 27 de septiembre del presente año, también quedará sin efecto la multa de Q5 mil establecida en el Acuerdo Gubernativo 148-2024 para las empresas que no hubieran iniciado el trámite de la licencia ambiental hasta esa fecha.

No obstante, de manera automática se aplicarán las multas establecidas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente para todas las actividades que no cuenten con dicho instrumento que van desde los Q5 mil para las actividades establecidas dentro de la categoría “C” hasta los Q100 mil para todas las actividades establecidas dentro de la categoría “A”.

El artículo 8 de la Ley de Protección y mejoramiento del Medio Ambiente contempla sanciones de Q5 mil hasta Q100 mil, según la categoría del proyecto, por no cumplir con el estudio de impacto ambiental.

En julio, la titular del Ministerio de Ambiente, Patricia Orantes, indicó durante una citación en el Congreso que el Acuerdo Gubernativo 148-2024 estaba en proceso de reformas para eliminar la fecha límite establecida para la presentación de los estudios requeridos para la licencia ambiental.

Se espera que en los próximos días el Ministerio publique en el Diario de Centro América el acuerdo mediante el cual se oficializa la cancelación de la prórroga fijada para finales de septiembre, según confirmaron las autoridades de la cartera.

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CIG : preparados para cumplir

Por medio de su Departamento de Comunicación Social, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) brindó su postura a Prensa Libre respecto de la nueva disposición del Ministerio de Ambiente.

“Esto significa que el plazo establecido para el 27 de septiembre de este año queda sin efecto. A partir de ahora, todas las actividades existentes que no cuenten con dicho instrumento, serán multadas según lo que establece la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”, indica la CIG.

También aclara que “aquellas actividades que estén registradas o hayan iniciado operaciones antes de 1986 no pagarán multa, ya que ese fue el año en que se creó la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”.

En el caso de la actividad industrial, la CIG señala que, desde 2016, ha promovido que las actividades industriales cumplan con tener su instrumento ambiental aprobado y su respectiva resolución. Este trabajo se ha llevado a cabo mediante herramientas como guías ambientales y actualizaciones orientadas a mejorar la gestión ambiental, las cuales se encuentran vigentes, y se ha cumplido con la fecha prevista para contar con dicho instrumento.

Sin embargo, “ven con preocupación que las micro y pequeñas empresas, así como las actividades que no generan un impacto ambiental, también se ven obligadas a contar con un instrumento ambiental aprobado”, lo que les acarreará multas y, al mismo tiempo, puede convertirse en un incentivo para mantenerse en la informalidad.

De esa cuenta, la CIG recomienda que, para las actividades que generan menor impacto, se continúe aplicando la multa mínima de Q5,000 sin importar su categoría, tomando en cuenta que el país necesita promover la generación de empleo formal y fortalecer, al mismo tiempo, las capacidades para mejorar la gestión ambiental, entre otros aspectos.

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¿Qué empresas deben contar con un instrumento ambiental?

La licencia ambiental es emitida por el Ministerio de Ambiente y constituye el instrumento oficial que certifica que las empresas cumplen con el procedimiento administrativo establecido en la legislación ambiental. Esta licencia permite iniciar o continuar actividades empresariales que puedan generar impacto en el medio ambiente o causar riesgos o molestias derivadas de sus operaciones.

El Ministerio clasifica los proyectos en las siguientes categorías, según su impacto potencial: A, B1, B2, C y CR. Cada categoría exige diferentes requisitos, como contar con un consultor ambiental o realizar monitoreos y estudios adicionales. Para su clasificación, se utiliza el Listado Taxativo emitido por la cartera:

A: Proyectos de alto impacto.
B1: Impacto moderado alto.
B2: Impacto moderado bajo.
C: Proyectos de bajo impacto.
CR: Categoría de registro, la de menor impacto ambiental.

Según la normativa el trámite de la licencia ambiental debe ser realizado por parte de las empresas que se dedican a las siguientes actividades:

Proyectos de construcción (para edificios, viviendas, urbanizaciones, centros comerciales entre otros).
Proyectos de infraestructura (carreteras, puentes, redes de distribución eléctrica, proyectos de alcantarillado, entre otros)
Minería y explotación de recursos naturales (explotación minera, extracciones petroleras y de gas propano, extracción de materiales de construcción).
Industrias que se dedican a la manufactura (fabricas, plantas de producción)
Ganadería y agricultura.
Hospitales, centros de salud, consultorios y clínicas (a consecuencia de la generación de desechos biomédicos).
Comercios que se dediquen al manejo de substancias peligrosas o que puedan generar contaminación como gasolineras, talleres mecánicos, plantas de tratamientos residuales).
Hoteles y desarrollos turísticos (particularmente aquellos situados en áreas de alto valor ecológico).
Pesca y acuicultura (granjas piscícolas, proyectos de pesca en gran escala).
Industrias para la generación de energía (hidroeléctricas, plantas solares, plantas de energía eólica).
Iglesias y asociaciones religiosas. Según la ley estarán exentas del pago por ingreso del instrumento ambiental, así como para la obtención de la licencia, pero deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el articulo 8 de la ley.
Las instituciones del Estado también estarán exentas de los pagos correspondientes a los trámites, pero deberán cumplir con el trámite completo únicamente en los casos de obras de infraestructura.

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Ana Lucía Ola

28 de agosto de 2025 | 00:05h

El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes obligaba a la clasificación de la basura en orgánicos, reciclables y no reciclables, con la declaración de inconstitucionalidad de la CC, la normativa queda suspendida. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes —Acuerdo Gubernativo 164-2021—, cuando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) trabajaba en varias modificaciones a la normativa.

Con la resolución de la CC, el reglamento quedó sin efecto, aunque desde el 11 de febrero del 2025 había entrado en vigor la obligatoriedad de clasificar la basura en orgánicos, reciclables y no reciclables. Sin embargo, la separación en tres grupos no logró consolidarse debido a desacuerdos con las municipalidades, recolectores y recicladores.

Por tal motivo, el Marn había anunciado cambios al reglamento, entre ellos, que las municipalidades podrían solicitar mantener la clasificación únicamente en orgánicos e inorgánicos; además, se reconocería a los recicladores de base en el proceso de separación de desechos, así como la vacunación del personal involucrado en la cadena de reciclaje, entre otros aspectos.

Ahora, esos cambios no llegarán, y el reglamento queda en suspenso. Ante esa situación, Miguel Ángel Carrera, presidente y representante de la gremial de recolectores a escala nacional, señaló que con la resolución de la CC deberán trabajar directamente con las municipalidades, que son responsables de contar con un lugar adecuado para depositar los desechos. Agregó que están dispuestos a retomar el reglamento con cada comuna.

Por su parte, el gremio de recolectores que opera en la Ciudad de Guatemala indicó que si el Acuerdo Gubernativo 164-2021 pierde vigencia, solo les afectará en que las personas dejarán de entregar la basura separada en orgánicos, reciclables y no reciclables. “Cuando hay una preclasificación, para nosotros es más práctico”, dijo uno de los entrevistados.

Añadió que para este viernes fueron citados por la Municipalidad de Guatemala para trabajar en el Plan de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, reunión que, hasta este miércoles, se mantenía en pie.

Un reglamento para cada municipalidad

Desde que entró en vigor el Acuerdo Gubernativo 164-2021, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) expresó su desacuerdo con el reglamento, al considerar que no era funcional para las comunas, y propuso trabajar en uno nuevo.

Sebastián Siero, presidente de la Anam, indicó que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad busca garantizar la autonomía municipal, de modo que cada comuna pueda emitir su propio reglamento, acorde con las condiciones y necesidades de su territorio.

Añadió que, como asociación, están preocupados por la problemática de la basura, la cual considera un asunto de urgencia nacional que debe abordarse con la colaboración de la población, el gobierno central —con financiamiento— y las municipalidades, que deben trabajar de la mano con el Marn para alcanzar consensos.

Siero afirmó que intentaron acercarse al Marn para elaborar un reglamento conjunto y que, pese a convocar a sus autoridades a varias reuniones, no fueron atendidos. Aseguró que están dispuestos a colaborar con el ministerio para contar con una normativa efectiva.

“Lo que toca ahora es seguir trabajando para encontrar una solución”, dijo Siero. Añadió que, como Anam, presentaron en el Congreso de la República la iniciativa de ley del fondo verde, que avanzó en tercera lectura, pero no prosperó porque fue bloqueada por la bancada oficialista.

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Compromiso continúa

Desde febrero pasado, se abrió una mesa de diálogo para alcanzar consensos sobre la separación de la basura, con la participación de recolectores y recicladores de base, el Marn y la Municipalidad de Guatemala. En ese espacio se plantearon modificaciones que serían incorporadas al reglamento y anunciadas por las autoridades, pero que ahora quedan en pausa tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

No obstante, la Municipalidad de Guatemala aseguró que, con o sin reglamento, mantiene su compromiso con el manejo responsable de los residuos, para garantizar una ciudad limpia, ordenada y sostenible.

“Nuestros programas de clasificación en origen, reciclaje y transformación del Sitio de Disposición Final avanzan con firmeza y se fortalecen, garantizando a los vecinos continuidad y certeza en la gestión de los desechos. Al conocer el detalle de la resolución, estudiaremos si es necesario realizar algún ajuste a nuestros programas y proyectos”, indicó la Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala.

Se informó que la comuna capitalina impulsa varias acciones en el manejo de los residuos, como la Guía Municipal de Clasificación, que orienta a los vecinos en la correcta separación; también centros municipales de reciclaje, la transformación técnica del Sitio de Disposición Final en la zona 3, y campañas permanentes de comunicación y educación ciudadana para promover la clasificación desde los hogares.

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La municipalidad añadió que ha fortalecido las alianzas con recolectores, recicladores y el sector privado, y que desarrolla proyectos innovadores como el compostaje y el aprovechamiento energético de los residuos.

Asimismo, trabaja en conjunto con otras municipalidades por medio del Plan de Manejo de los Desechos, con el objetivo de lograr una gestión integral y sostenible.

“Hemos venido ejecutando estos programas y vamos a seguir adelante con los mismos. La Municipalidad de Guatemala continuará impulsando estas acciones porque la sostenibilidad y el cuidado del ambiente siguen siendo prioridad”, añadió la comuna, al señalar que los resultados concretos apuntan al bienestar de los vecinos y la protección ambiental.

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Guatemala recupera el Campo Xan después de 40 años de explotación petrolera en plena área protegida

Tue, 12 Aug 2025 02:20:11 +0000

economía

Guatemala recupera el Campo Xan después de 40 años de explotación petrolera en plena área protegida

El Gobierno de Guatemala asumirá el control del Campo Xan en Petén el 12 de agosto de 2025, tras finalizar el contrato petrolero con Perenco Guatemala, priorizando la recuperación ambiental del área protegida.

Glenda Burrión

11 de agosto de 2025 | 20:20h

Infraestructura del Campo Xan, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén, que el Gobierno de Guatemala asumirá el control a partir del 12 de agosto de 2025, tras el cierre del contrato petrolero con Perenco Guatemala. (Foto, Prensa Libre: archivo Perenco).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que el próximo 12 de agosto el Estado guatemalteco recibirá oficialmente las instalaciones, equipos e infraestructura que operaba la empresa Perenco Guatemala Limited en el Campo Xan, situado dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén.

Este hecho marca el cierre definitivo de un contrato que inició en 1985 y que, tras una prórroga, concluye después de 40 años de operación petrolera en una de las áreas protegidas más extensas del país.

Entre los activos que pasarán a manos del Gobierno figuran la infraestructura del sistema estacionario de transporte de combustible, una pista de aterrizaje, un centro de salud y un ferry que presta servicios de cruce sobre el río San Pedro, en la aldea El Naranjo.

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Estos bienes serán administrados por instituciones gubernamentales para garantizar su continuidad operativa y evitar su deterioro.

Un contrato con cuatro décadas de historia

El contrato 2-85 fue firmado en 1985 entre el Estado de Guatemala y la empresa Basic Resources (que posteriormente fue adquirida por Perenco Guatemala) para la explotación del Campo Xan, uno de los yacimientos petroleros más importantes del país.

Originalmente, el acuerdo tenía una vigencia de 25 años, pero en el 2010 fue prorrogado por 15 años más.

El 12 de agosto del 2025 marca el punto final de este convenio, que ya no podía extenderse debido a la legislación vigente.

Intentos de reformar la ley o aprobar nuevas modalidades para prolongar la operación fracasaron tanto en el gobierno anterior como en el actual.

Declaratoria de emergencia y cierre técnico ambiental

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que existe un vacío en la legislación petrolera que impide obligar a las empresas a realizar un cierre técnico ambiental al finalizar sus operaciones.

Esto implica que, sin intervención estatal, los pozos podrían quedar abiertos y representar un riesgo de contaminación para el medio ambiente y las comunidades cercanas.

Ante esta situación, el MEM declaró un estado de emergencia institucional, lo que permitirá la contratación directa de una consultoría especializada que supervise el cierre técnico de los pozos y la rehabilitación del área.

“El contrato de Perenco se termina, la firma entrega las instalaciones y, para evitar daños ambientales, debemos actuar de inmediato. De lo contrario, los pozos quedarían abiertos como foco de contaminación para el medio ambiente y la población”, señaló Ventura.

Impacto ambiental y controversias

La operación de Perenco en el Campo Xan ha estado acompañada de críticas por parte de organizaciones ambientales y sectores sociales, debido a que el proyecto se ubica dentro de un área protegida.

Ambientalistas han cuestionado la ausencia de un estudio de impacto ambiental aprobado bajo las normativas actuales y han señalado riesgos para la biodiversidad de la Laguna del Tigre, uno de los humedales más grandes de Centroamérica y hábitat de especies en peligro de extinción como el jaguar y el tapir centroamericano.

El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales explicó que el proceso de cierre de operaciones de Perenco inició hace un año. El objetivo del MARN y del INAP es recuperar los hábitats naturales del Parque Nacional Laguna del Tigre, con el fin de permitir la restauración ecológica del agua, el bosque, el suelo y la fauna de la zona.

“Se tomarán decisiones que abarcarán cinco factores ambientales importantes: biótico, hídrico, suelo, desechos sólidos y aspecto social. Se implementarán acciones para propiciar la regeneración natural de las áreas protegidas y para restaurar los hábitats naturales de la fauna terrestre y acuática”. José Rodrigo Rojas, viceministro de ambiente y recursos naturales.

Por otro lado, defensores de la operación argumentan que la explotación petrolera ha generado ingresos fiscales, empleos y desarrollo en comunidades cercanas, además de contribuir a la producción nacional de hidrocarburos.

Futuro de la infraestructura y nuevos planes

Las autoridades del Gobierno anunciaron que se convocarán mesas de diálogo con representantes de la sociedad civil, autoridades locales, sector privado y expertos para definir el destino de la infraestructura y evaluar la posibilidad de modernizar la exploración petrolera en Guatemala.

Este análisis incluirá la viabilidad técnica y financiera de continuar con proyectos extractivos en la zona o bien reconvertir los activos para otros fines productivos o de conservación.

Marco legal y antecedentes de prórrogas

De acuerdo con el MEM, desde el 2010 se sabía que el contrato finalizaría en agosto del 2025, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la falta de previsión de gobiernos anteriores para iniciar a tiempo el proceso de cierre y transición.

La ley actual no establece con claridad la obligación de un cierre técnico ambiental, lo que obligó a las autoridades a declarar la emergencia para actuar una vez que la empresa entregue oficialmente las instalaciones.

Importancia estratégica del Campo Xan

El Campo Xan es considerado un punto clave en la producción petrolera en Guatemala, ya que ha sido uno de los yacimientos con mayor volumen de extracción.

Además, contaba con una red de oleoductos que conectaba con la refinería y otras instalaciones de procesamiento, representando un eslabón importante en la cadena energética nacional.

Manejo de desechos: separación en dos grupos se extenderá hasta que las comunas se adapten a las reglas

Fri, 08 Aug 2025 06:09:00 +0000

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Manejo de desechos: separación en dos grupos se extenderá hasta que las comunas se adapten a las reglas

El MARN anunció reformas al reglamento de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes, y las municipalidades tendrán más tiempo para implementar la clasificación en tres grupos.

Ana Lucía Ola

8 de agosto de 2025 | 00:09h

Las modificaciones al Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes permitirán a las municipalidades clasificar la basura en dos grupos . (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Cómo se debe clasificar ahora la basura? La respuesta sigue en el limbo. El Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes —acuerdo gubernativo 164-2021 — establece que desde el 11 de febrero del 2025 la separación es en orgánicos, reciclables y no reciclables. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) modificará la normativa, lo que abre la puerta a que las municipalidades mantengan la clasificación solo en orgánico e inorgánico, hasta que tengan la capacidad de hacerlo en tres grupos.

Según las autoridades del MARN, las municipalidades deben hacer la solicitud para mantener la clasificación en dos grupos, y especificar el tiempo que les llevará avanzar para que la separación se haga en tres categorías, de acuerdo con sus condiciones y con su plan de manejo de desechos. La cartera hace la salvedad que esto será temporal, pero, por ahora no hay tiempo límite para hacer dichos ajustes.

En la ciudad de Guatemala la clasificación se hará en dos grupos, el argumento del ministerio es que de esta manera el material reciclable seguirá llegando al vertedero para que los recicladores de base puedan aprovecharlo como medio de vida. Este será uno de los cambios que se realizará al reglamento, y que se habría acordado en la mesa técnica que se estableció el pasado 26 de febrero para discutir reformas al reglamento.

Acuerdos deben firmarse

Una fuente cercana a esa mesa de diálogo —participan recolectores, recicladores de base, la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) —, menciona que se han discutido otros cambios al reglamento, pero son propuestas, no se ha llegado a consensos formales.

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Señala que otra de las propuestas para cambiar en el reglamento es la inmunización del personal involucrado en cadena de reciclaje. El artículo 8 indica que todos deben recibir dosis contra la hepatitis B, la rabia y el tétanos; sin embargo, la Ley de Vacunación indica que recibir vacunas es un acto voluntario, por lo que, el entrevistado menciona que este no puede ser un acto obligatorio, y debe modificarse en la normativa.

Otro planteamiento que hacen los recolectores es que se derogue por completo el artículo 19, referente a las responsabilidades generales que tiene dicho gremio, como garantizar que los espacios en donde se realiza la limpieza y guardan los vehículos y equipos tengan ventilación y medidas para el control de vectores, y también de los lixiviados —líquidos que genera la basura— pasen por un sistema de tratamiento.

El MARN informó que dichos artículos están en la lista de los que serán reformados, y se hará la adición al reglamento del reconocimiento de los recicladores de base en el proceso de clasificación de los desechos.

“Hemos dialogado, y ha habido propuestas, pero no hemos firmado nada para concretar lo que se ha discutido en la mesa técnica”, dice el entrevistado.

Por su parte, el MARN señala que desde principios de julio se alcanzaron los acuerdos para satisfacer las demandas de los recolectores y los recicladores de base, y que, si se llega a firmar algún documento, será cuando la Municipalidad de Guatemala (MuniGuate) lo indique, pues fue la que convocó a la mesa de trabajo. Mientras que la comuna espera la respuesta oficial sobre los acuerdos alcanzados.

“Una vez recibida la respuesta, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) iniciará el proceso administrativo para modificar el acuerdo. Una vez publicado, se procederá a actualizar el Plan Integral de Residuos Sólidos (PIRDES)”, informa la Unidad de Prensa MuniGuate.

En los cambios del plan participarán los sectores involucrados, bajo el acompañamiento del MARN.

Los acuerdos que se alcancen se formalizarán con la firma de un documento por todos los participantes de la mesa técnica que se ha desarrollado desde febrero. Según la Unidad de Prensa de MuniGuate, el documento final está en revisión por el Gobierno Central, y se espera la versión definitiva para firmarlo.

¿Retroceso?

El pasado 21 de julio, Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales, indicó que las municipalidades que lo soliciten podrán clasificar la basura en dos grupos ―orgánico e inorgánico―, lo que considera como “un retroceso”.

Pero, esto ocurre porque son contadas las comunas que tienen la capacidad y las condiciones para poder implementar una clasificación en tres grupos, como lo establece el reglamento.

“De qué sirve que usted entregue al recolector la basura clasificada en tres grupos, si cuando llega al vertedero de la zona 3, toda la basura va a dar al mismo lugar”, señala, y agrega que una solución sería abrir más vertederos.

La mesa técnica se estableció el 26 de febrero, y según Castellanos se celebraron 11 reuniones en las que se alcanzaron consensos para reformar el reglamento. Sin embargo, en las últimas tres semanas estas fueron suspendidas.

“Temo que ya no nos llamen, pero, si nos dejan así, podría haber un nuevo conflicto, si no se respeta lo que se habló. Tenemos que firmar un documento donde respetamos los acuerdo, porque esa es la finalidad de la mesa técnica”, señala el entrevistado.

Las autoridades del MARN indicaron que gestionan la reforma del reglamento lo que se concretará al emitir un nuevo acuerdo gubernativo que reformará los artículos necesarios, este proceso podría ocurrir en dos meses, para que puedan implementarse.

El ministerio señala que cualquier reforma que se haga al reglamento será de aplicación nacional, y que la solicitud para optar a la clasificación de desechos en dos grupos (orgánicos e inorgánicos) debe hacerla cada municipalidad que lo requiera de acuerdo con sus condiciones y en base a su plan de manejo de desechos.

La solicitud debe indicar el tiempo que llevará a la comuna hacer el cambio para realizar la clasificación en tres grupos en su jurisdicción, pues el aplazamiento es de carácter temporal, aunque no hay un tiempo establecido.

¿Qué efectos tiene el terbufos sobre la salud, el producto químico al que estuvieron expuestos vecinos de Villa Nueva?

Sat, 02 Aug 2025 01:00:00 +0000

Comunitario

¿Qué efectos tiene el terbufos sobre la salud, el producto químico al que estuvieron expuestos vecinos de Villa Nueva?

El plaguicida terbufos puede causar daños a la salud humana, según el grado y el tiempo de exposición.

Ana Lucía Ola

1 de agosto de 2025 | 19:00h

El Ministerio de Ambiente tomó muestras de agua del río Villalobos, donde se detectó la presencia del plaguicida terbufós. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El olor a aceite quemado que se percibió el 3 de julio en las zonas 5 y 6 de Villa Nueva no era normal, y menos aún los síntomas de dolor de cabeza, vómitos, irritación ocular y molestias en la garganta que algunos vecinos comenzaron a experimentar.

De acuerdo con análisis realizados por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa), del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los malos olores provenían del químico terbufos, almacenado en una bodega cercana.

El terbufos es un plaguicida agrícola utilizado en suelos para proteger cultivos de maíz, plátano, caña de azúcar y agave contra plagas como la gallina ciega, el mayate rayado, la diabrótica, el gusano de semilla, el gusano de alambre, nematodos, comején y termitas.

Aunque resulta efectivo para el control de esas plagas, representa un riesgo para la salud humana. Al aplicarse en el suelo, puede filtrarse hasta los mantos acuíferos y contaminarlos.

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Según un prospecto de uso del producto, se deben esperar 48 horas antes de ingresar a las áreas tratadas. La aplicación requiere el uso de equipo de protección adecuado, como mascarilla contra polvos y vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule, para evitar su inhalación o contacto con la piel.

César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud (LNS), explicó que el terbufos es eficaz para el control de plagas en cultivos, pero debe utilizarse con extrema precaución, ya que se trata de un plaguicida “muy tóxico”, tanto para animales —como perros, gatos y aves de corral— como para los seres humanos. Advierte que los niños pueden resultar afectados más rápidamente.

Detalló que el terbufos, al estar expuesto a altas temperaturas o mal almacenado, puede evaporarse y ser absorbido a través de las vías respiratorias. Sin embargo, no es la única forma de exposición, ya que también puede representar un riesgo si se ingiere o si entra en contacto con la piel.

Independientemente de la vía de exposición, los síntomas agudos de intoxicación incluyen miosis —contracción de las pupilas—, sudoración, salivación, lagrimeo excesivo, dificultad para respirar, broncoespasmo, náuseas y vómitos. Estos efectos son característicos de una exposición de corta duración.

“No es lo mismo decir que inhalé cierta cantidad de gases —podría estar en un ambiente abierto y no afectarme tanto—, a decir que lo consumí vía oral. Dependiendo de la vía de ingreso, los efectos pueden manifestarse más rápido, pero los síntomas van a presentarse igual”, explicó Conde.

En casos de exposición prolongada, el terbufos —de naturaleza neurotóxica— puede provocar debilidad muscular, contracciones involuntarias (fasciculaciones), bradicardia o taquicardia. En cuadros graves se han reportado convulsiones, daño renal o hepático e incluso afectaciones genéticas.

Conde añadió que la investigación a cargo del Marn está en desarrollo, por lo que aún no se puede establecer el nivel de exposición de las personas al compuesto químico.

Químico peligroso

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el terbufos está clasificado en el grupo 1A de los plaguicidas, categoría que incluye los compuestos más tóxicos para el ser humano. Por ello, su uso debe manejarse con extrema precaución.

El director del Laboratorio Nacional de Salud (LNS) indicó que el diagnóstico clínico por parte de un médico es el primer paso para confirmar una intoxicación. Posteriormente, pueden realizarse pruebas sanguíneas que corroboren ese diagnóstico. El terbufos afecta la enzima acetilcolinesterasa, presente en las uniones nerviosas, lo que provoca alteraciones neurológicas y neurotóxicas. La disminución de esta enzima puede detectarse mediante análisis de sangre.

Agregó que el manejo clínico de los pacientes intoxicados comienza con su estabilización, y luego se administra tratamiento conforme a los síntomas que presenten. Es fundamental identificar la causa del problema y alejar a la persona de la fuente de exposición.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó que no existe restricción para el uso de terbufos, siempre que el producto y la empresa cuenten con el registro correspondiente para su comercialización.

Es importante señalar que todo agroquímico o plaguicida debe manejarse con responsabilidad y conforme con las normas nacionales e internacionales para su uso seguro.

Caso en investigación

Tras la denuncia por olores fétidos en el sector de Villa Nueva, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tomaron muestras de agua del río Villalobos para determinar la posible presencia de algún contaminante.

Los análisis confirmaron la existencia de terbufos, sustancia que provenía de las bodegas de una empresa local que carece de licencia ambiental para almacenar dicho compuesto. Como resultado, el MARN presentó una denuncia penal el pasado 11 de julio.

La Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación para establecer lo ocurrido con la filtración de la sustancia tóxica en el afluente. Las pesquisas comenzaron de oficio, luego de que vecinos de las colonias afectadas denunciaran la situación a través de redes sociales. La investigación continúa en curso.

Presencia de alga conocida como “sargazo” afecta playas del Caribe guatemalteco

Fri, 01 Aug 2025 16:00:00 +0000

Comunitario

Presencia de alga conocida como “sargazo” afecta playas del Caribe guatemalteco

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales confirmó la presencia de sargazo en playas de Izabal, lo que ha encendido las alarmas ambientales y turísticas.

Carlos Gómez

1 de agosto de 2025 | 10:00h

En varias playas de Izabal se ha notado la acumulación del alga marina conocida como Sargazo, ante lo cual el Ministerio de Ambiente esta desarrollando varias estrategias para su limpieza y manejo. (Foto Prensa Libre: MARN)

Las playas de Izabal, en el Caribe guatemalteco, son conocidas por sus arenas blancas, un atractivo para muchos visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, este panorama está cambiando, ya que en los últimos meses se ha reportado la acumulación de grandes cantidades de un alga marina conocida como sargazo, lo que ha comenzado a generar complicaciones en varias localidades de ese departamento.

El fenómeno del incremento y acumulación de sargazo en las playas del mar Caribe fue reportado por primera vez hace más de una década en países como México. En playas como Cancún, ubicada en la Riviera Maya, se observó una acumulación considerable de esta alga.

Esta situación no solo afecta a México, sino también a otros países ubicados en el litoral del Caribe, como República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y ciertas playas de Estados Unidos.

En estas naciones, la presencia de sargazo ha traído consecuencias ambientales, ecológicas y económicas, debido a su impacto negativo en el turismo.

Ante la presencia del alga en playas guatemaltecas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) implementa acciones para mitigar los efectos que esta puede causar en el ecosistema y las playas de Izabal.

A lo largo de las playas en varias localidades de Izabal se puede notar que comienza a acumularse el sargazo proveniente del atlántico por lo que se están analizando las estrategias para su recolección. (Foto Prensa Libre: MARN)

¿En qué playas hay sargazo?

Regina Sánchez Castañeda, asesora especializada en temas marino-costeros del Departamento de Ecosistemas del MARN, explicó que se ha reportado la acumulación de sargazo en varias playas de Izabal. “Tuvimos acercamiento con las comunidades. Principalmente hemos ido a Playa Cocolí, Quehueche, Siete Altares y Punta de Palma, entre Lívingston y Puerto Barrios, donde informamos sobre el manejo y atención de este fenómeno”, afirmó.

Agregó que, según habitantes de esas localidades, desde el 2017 se había notado la presencia del alga. “Dentro del intercambio de experiencias con los habitantes de estas localidades, nos comentaban que habían visto sargazo aproximadamente desde el 2017, pero no habíamos tenido un reporte como tal, solo comunicación verbal. Hasta este año sí tuvimos este reporte y nos hicimos presentes en el área para cuantificar el problema”, indicó.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es una especie de alga marina flotante que forma parte del ecosistema marino. Sirve de alimento, refugio y área de reproducción para tortugas, camarones, peces y aves marinas. Se caracteriza por su color marrón, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Aunque tiene un rol beneficioso en el mar, representa un problema cuando se acumula en la costa, fenómeno conocido como “inundación de sargazo”. Este afecta los ecosistemas costeros y genera gases nocivos durante su descomposición, según la EPA.

La acumulación de sargazo en las playas también afecta a países como México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: MARN)

¿Por qué se acumula?

La acumulación responde a varios factores. Según Regina Sánchez, las elevadas temperaturas del mar, consecuencia del cambio climático, han alterado las corrientes oceánicas, lo que ha llevado al sargazo a zonas fuera de su lugar de origen.

Según la EPA, estas algas estaban concentradas en el mar de los Sargazos, ubicado entre el océano Atlántico y las costas de Norteamérica y África. Desde el 2011 se expandieron formando el Gran Cinturón del Sargazo del Atlántico, que va desde África Occidental hasta el mar Caribe y el golfo de México.

Otras instituciones internacionales señalan como causas: el calentamiento del mar, el cambio en las corrientes, los nutrientes de ríos como el Amazonas, Congo y Níger —producto de la agricultura—, y el polvo del Sahara.

Un boletín de la Universidad del Sur de Florida, (USF), publicado en mayo del 2025 estima que hay unas 37.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico, el doble de lo reportado en el 2018, lo que representa una cifra récord.

Según las proyecciones de la USF en el 2025 podría darse un récord en el pico de acumulación de sargazo en las costas que podría alcanzar los 40 millones de toneladas métricas, lo que puede afectar seriamente la biodiversidad marina y los ecosistemas en las costas de los países que se encuentran afectados por este fenómeno.

Manejo y recolección

El MARN trabaja en coordinación con municipalidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) para planificar estrategias de recolección del sargazo.

“Estamos en una fase de planeación estratégica en la cual estamos haciendo desde muestreados para luego establecer un plan de monitoreo y tener acciones puntuales en territorio, como, por ejemplo, tener cuadrillas que puedan hacer esta extracción. Y si alguna persona tiene algún avistamiento, que pueda llamar a las municipalidades o a las ONG para hacer el reporte”, explicó Sánchez.

Recomendaciones

Respecto a su manipulación, advirtió que no debe hacerse sin protección, como guantes o botas, pues el contacto puede provocar alergias y molestias en la piel. Además, la descomposición del sargazo produce gases de ácido sulfhídrico, que pueden causar la proliferación de moscas y mosquitos, representando un riesgo para la salud.

Sánchez concluyó que es necesario tomar medidas y diseñar estrategias para evitar que el sargazo se convierta en un problema mayor en playas guatemaltecas.

En las dos fotografías se puede observar que en la playa de Placencia, Belice, también hay acumulación de Sargazo. Este fenómeno comienza a afectar las playas de Izabal según indica el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (Fotografías Prensa Libre: Cortesía J.Rivera)

Denuncian a empresa por filtración de sustancia tóxica que causó contaminación y olores fétidos en Villa Nueva

Tue, 29 Jul 2025 00:13:28 +0000

Comunitario

Denuncian a empresa por filtración de sustancia tóxica que causó contaminación y olores fétidos en Villa Nueva

Una empresa en Villa Nueva fue denunciada penalmente por almacenar terbufos sin licencia ambiental, sustancia que generó fuertes olores y síntomas de intoxicación entre vecinos.

César Pérez Marroquín

28 de julio de 2025 | 18:13h

Personal del MARN toma muestras del río Villa Lobos para determinar la presencia de sustancias tóxicas, tras reportes de olores fétidos en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó una denuncia penal contra una empresa que almacena terbufos —una sustancia tóxica— sin contar con la licencia ambiental correspondiente, situación que ha generado olores fétidos en sectores de Villa Nueva, según informaron este lunes 28 de julio fuentes oficiales.

El 3 de julio, vecinos de las zonas 5 y 6 de Villa Nueva denunciaron que la noche anterior percibieron un olor similar al del aceite quemado de vehículo, el cual les provocó síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, vómitos, irritación en los ojos y molestias en la garganta.

En respuesta, personal de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa), del MARN y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tomó muestras del río Villa Lobos para determinar si hubo derrame de sustancias peligrosas.

Las pruebas confirmaron que el terbufos almacenado en bodegas de una empresa local es el causante de los malos olores. El MARN verificó que la compañía no posee licencia ambiental para resguardar dicha sustancia, motivo por el cual presentó una denuncia penal el 11 de julio.

“Luego que la empresa realizó medidas para evitar filtraciones, la cartera afirma que detectó que la compañía no cuenta con licencia ambiental para almacenar el producto. De esa cuenta, presentó una denuncia penal el pasado 11 de julio”, indicó el MARN en un comunicado.

Inspecciones y hallazgos

Entre el 16 de junio y el 4 de julio, el MARN efectuó inspecciones en el área para identificar el origen de las emanaciones. Posteriormente, visitó las bodegas de la empresa señalada, donde se halló el producto presuntamente responsable del problema.

Amsa y el Ministerio de Salud tomaron muestras del producto y de aguas residuales en el barranco afectado. Los análisis confirmaron que se trata de terbufos, una sustancia peligrosa para la salud humana y el medioambiente. El MARN requirió a la empresa cubrir y aislar los contenedores, medida que ya fue implementada. También reiteró que coordina con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el retiro de los contenedores, los cuales permanecen desde hace 26 años en el Almacén Fiscal-SAT y están judicializados.

Comunicado del MARN

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Terbufos son insecticidas utilizados en la agricultura para controlar plagas que atacan raíces de cultivos.

MARN presentará nuevas denuncias contra empresas mineras en Izabal por irregularidades ambientales

Tue, 22 Jul 2025 02:30:00 +0000

comunitario

MARN presentará nuevas denuncias contra empresas mineras en Izabal por irregularidades ambientales

El MARN denunciará a empresas mineras en Izabal por irregularidades en proyectos que podrían poner en riesgo el agua de más de 50 comunidades.

Glenda Burrión

21 de julio de 2025 | 20:30h

El MARN presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras en Izabal por presuntas violaciones ambientales, según informó en conferencia de prensa la ministra Patricia Orantes el 21 de julio de 2025. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras que operan en la Sierra Santa Cruz, Izabal, por presuntas irregularidades detectadas en sus proyectos, los cuales podrían afectar fuentes de agua que abastecen a más de 50 comunidades locales.

El 21 de julio de 2025, en conferencia de prensa, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que el MARN presentará más denuncias ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades detectadas en los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, ambos en trámite para obtener licencia minera.

“Cada día que pasa encontramos más irregularidades legales y técnicas. Este 21 de julio se estarán poniendo nuevas denuncias por estas anomalías, pero queremos manejar el proceso de manera muy responsable”, Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales.

Estas acciones se suman a las denuncias penales previas presentadas el 10 de junio de 2025, tras inspecciones ambientales que revelaron actividades presuntamente ilegales realizadas por las empresas responsables.

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Denuncias por exploraciones ilegales

El conflicto por el otorgamiento de licencias mineras en la Sierra Santa Cruz, en Izabal, ha escalado en las últimas semanas, luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentara el pasado 10 de junio de 2025 dos denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) contra los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, por presuntas irregularidades detectadas durante una inspección ambiental.

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reconoció que las comunidades manifestaron su preocupación desde abril de 2025 por la existencia de 10 licencias ambientales otorgadas en noviembre de 2023, durante el gobierno anterior. Señaló que el ministerio está revisando si el proceso fue adecuado y que el 30 de julio se entregará la resolución del procedimiento administrativo.

“Las comunidades quieren que anulemos las licencias, pero debemos seguir el debido proceso legal. No podemos actuar fuera del marco jurídico”, expresó Orantes en una entrevista radial, en junio. Añadió que los estudios ambientales entregados por las empresas “no son concluyentes ni suficientes” para garantizar la protección de los recursos hídricos.

De acuerdo con documentos proporcionados por autoridades locales en Izabal en el proyecto Santa Anita se detectaron dos calicatas (excavaciones exploratorias en el suelo), mientras que en Santa Anita II se localizaron cuatro más. Estas actividades habrían sido realizadas sin autorización minera, lo que podría constituir un delito ambiental.

Ambos proyectos forman parte de las seis solicitudes de licencia presentadas por la empresa Río Nickel S. A., que también impulsa los proyectos Bongo, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I. Los otros cuatro proyectos (Tzultaka I, II, III y IV) pertenecen a Producciones del Atlántico, S. A.

Preocupación comunitaria por el agua

En los meses de abril y junio, comunidades de Livingston realizaron bloqueos en la ruta CA-13, exigiendo la cancelación de las licencias mineras por temor a que estas afecten los nacimientos de agua, esenciales para consumo, agricultura y subsistencia.

Uno de los puntos más sensibles, es el Cerro 1019, ubicado en la Sierra Santa Cruz, ha sido identificado como un punto estratégico para el suministro de agua potable, riego y subsistencia de al menos 54 comunidades.

Según un informe técnico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), la zona posee alta biodiversidad y fue declarada Reserva de Biosfera en 2009 por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

El documento advierte sobre posibles impactos ambientales graves, como contaminación con metales pesados, residuos tóxicos y desecación de nacimientos de agua, lo cual pondría en riesgo la salud, la agricultura y la fauna silvestre.

Protestas y tensión social en la región

El conflicto ha desencadenado tensión social en Izabal. En junio, se reportaron enfrentamientos y un herido durante manifestaciones. Según la ministra Orantes, hubo agresiones contra vehículos oficiales, incluido el del viceministro de Ambiente.

Miembros de las comunidades Creek Maya, San Juan, Chocón Machacas, Río Dulce y barrios urbanos de Livingston, han sido quienes han expresado su oposición al proceso de licenciamiento. Los líderes comunitarios han documentaron sus reparos en actas comunitarias, argumentando que el proceso violó su derecho a una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Empresas aseguran que no han iniciado operaciones

En una entrevista telefónica con Prensa Libre en junio, Mark Billings, CEO de Central American Nickel (CAN), empresa propietaria de Río Nickel S.A., negó haber realizado actividades ilegales.

“Los proyectos están en trámite. No hemos sido notificados oficialmente de las denuncias y presentaremos las pruebas de descargo”, afirmó Billings.

Sobre las calicatas señaladas, explicó que se trata de procedimientos exploratorios que, según la categorización del MARN, pertenecen a la categoría C más Plan de Gestión Ambiental (PGA), correspondiente a proyectos de bajo impacto. Los dos proyectos de explotación, agregó, se clasifican como categoría B, al tratarse de minería metálica formal.

Billings también afirmó, en esa ocasión, que hay antecedentes históricos de minería en la zona, incluso desde los años 60, cuando la empresa Inco operó en el área. Entre 2004 y 2014, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también otorgó licencias a otras empresas, las cuales podrían haber dejado estructuras como las calicatas identificadas en la inspección.

MEM: “No se han otorgado licencias de exploración ni explotación”

Por su parte, el MEM aclaró que, hasta la fecha, no ha otorgado licencias de exploración ni de explotación minera a ninguna de las empresas señaladas.

Además, explicó que el proceso inicia con una licencia ambiental aprobada por el MARN, luego se realiza una revisión técnica y finalmente debe efectuarse una consulta a pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT.

Debido a que el proceso aún está bajo investigación, el MEM se reservó el derecho de emitir más declaraciones, pero aseguró que dará acompañamiento conforme a la ley.

¿Cuál es el proceso administrativo para obtener una licencia de exploración minera en Guatemala?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el procedimiento para que una empresa minera obtenga una licencia de exploración incluye los siguientes pasos:

Solicitud de licencia ambiental ante el MARN:
La empresa interesada debe presentar una propuesta de evaluación ambiental, que incluye un plan de gestión ambiental (PGA), según la categoría del proyecto (por ejemplo, C para exploraciones de bajo impacto).

Aprobación del instrumento ambiental:
Una vez evaluada, el MARN otorga (o no) la licencia ambiental, con base en los estudios presentados. Esta aprobación es requisito previo para continuar el proceso.

Solicitud de licencia minera ante el MEM:
Con la licencia ambiental en mano, la empresa presenta la solicitud formal de licencia de exploración minera al MEM, junto con la documentación técnica y legal requerida.

Revisión técnica y legal del MEM:
El MEM analiza internamente la viabilidad técnica, legal y administrativa del proyecto.

Consulta a pueblos indígenas:
En cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el MEM debe realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en el área de influencia. Esta etapa es fundamental y obligatoria antes de otorgar la licencia.

Otorgamiento (o no) de la licencia de exploración:
Tras cumplir todos los requisitos y procedimientos, y si no hay objeciones fundadas, el MEM puede aprobar la licencia de exploración.

La Sierra Santa Cruz: un conflicto entre desarrollo y sostenibilidad

El caso pone en el centro del debate el uso del territorio, los mecanismos de licenciamiento ambiental y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mientras las empresas aseguran que cumplirán con los requisitos y que pueden operar de forma sostenible, las comunidades afirman que el desarrollo minero en esta región afectaría irremediablemente sus medios de vida.

Además, diversas organizaciones locales han recordado que la Sierra Santa Cruz es un área protegida, por lo que cualquier intervención debe considerar su valor ecológico y las leyes que garantizan su conservación.

En tanto, el proceso legal sigue su curso. Las autoridades del MARN continúan el análisis de los expedientes y las pruebas recabadas durante las inspecciones, mientras que las comunidades exigen la anulación total de las licencias y el respeto a su derecho al agua, al territorio y a un ambiente sano.

Por último, la ministra Orantes invitó a los medios de comunicación y a la población al evento programado para el 30 de julio, según indicó, se presentará toda la información recabada junto a las comunidades afectadas.

MARN permitirá que municipalidades clasifiquen desechos solo en orgánico e inorgánico

Mon, 21 Jul 2025 20:03:42 +0000

Comunitario

MARN permitirá que municipalidades clasifiquen desechos solo en orgánico e inorgánico

El MARN reformará el reglamento que obliga a clasificar los desechos en tres tipos, para permitir que algunas municipalidades lo hagan solo en dos: orgánicos e inorgánicos.

César Pérez Marroquín

21 de julio de 2025 | 14:03h

Recolectores de desechos protestaron por el impacto económico del reglamento de clasificación en el vertedero de la zona 3. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes será reformado para que algunas municipalidades puedan recibir la basura clasificada en dos tipos, y no en tres, como lo establece la normativa implementada desde marzo pasado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

En conferencia de prensa, este lunes 21 de julio, autoridades del MARN dieron a conocer los avances de las mesas de diálogo entre ellos, la Municipalidad de Guatemala y los recicladores del vertedero de la zona 3 capitalina, quienes, luego de que el acuerdo entrara en vigor el 11 de febrero pasado, se mostraron inconformes porque la medida impactaría en su economía.

Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales, informó que, luego de 11 reuniones, se lograron acuerdos importantes respecto a la clasificación de los desechos.

“Hemos llegado a importantes compromisos que nos permiten avanzar en el adecuado manejo de los residuos en el área metropolitana. Estos compromisos buscan un reconocimiento de los recicladores de base y del trabajo valioso que ellos han hecho durante años sin ser reconocidos. Ahora serán mencionados en el reglamento. También se ha establecido el compromiso de que los recicladores deben registrarse ante la municipalidad para que puedan entrar a los respectivos vertederos”, dijo Castellanos.

Agregó que lo más importante es que se logró una reforma al reglamento, la cual permitirá que las municipalidades que así lo consideren puedan revertir la clasificación de los desechos de tres tipos a únicamente dos: orgánico e inorgánico.

Castellanos dijo que la finalidad de esa reforma es que el material reciclable continúe llegando al vertedero y que los recolectores puedan aprovecharlo como medio de vida.

“Solo se hará en los municipios que lo requieran y que lo hagan con base en su plan de manejo”, agregó el funcionario.

Reiteró que, para que eso se haga efectivo, se creará un acuerdo gubernativo que estará vigente entre dos y tres meses.

Además, Castellanos indicó que, sumado a las reformas, se logró contar con el apoyo del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de vida de los recicladores, y se obtuvieron mil cien vacunas contra la hepatitis y más de mil 200 contra el tétanos.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo dijo en la misma conferencia de prensa que, durante mucho tiempo, Guatemala ha tenido una crisis de tratamiento de desechos que se había normalizado porque todos se acostumbraron a ver basura tirada en las carreteras y cuencas, sin que nadie hiciera nada al respecto.

“Nosotros estamos enfrentando esta crisis real de contaminación porque consideramos que, como país, no podemos seguir postergando soluciones y heredar el problema a nuevas generaciones”, dijo el mandatario.

“Desde el Ministerio de Ambiente iniciamos el proceso de reforma al reglamento de residuos y desechos sólidos, y lo estamos haciendo con firmeza y determinación”, agregó.

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Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Thu, 19 Jun 2025 11:10:00 +0000

Izabal

Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Comunidades de Lívingston bloquearon la ruta CA-13 durante tres días en rechazo a proyectos mineros. El MARN se comprometió a entregar el 30 de julio un informe sobre 10 licencias ambientales, el MEM indicó que los proyectos aún no tienen licencia de operación y detalla de cuáles se trata.

Rosa María Bolaños, Andrea Domínguez y Óscar García

19 de junio de 2025 | 05:10h

Los manifestantes han colocado toldos y troncos sobre la carretera para impedir la movilidad, los pobladores piden la cancelación de licencias autorizadas para la actividad minera en ese municipio. (Foto Prensa Libre: Joseph Domínguez).

Tras tres días de bloqueos en un tramo carretero en Izabal, del 16 al 18 de junio, y varias horas de diálogo entre autoridades y líderes comunitarios este miércoles, se tomaron diversas decisiones.

Los pobladores se oponen a varios proyectos mineros, por lo que mantuvieron bloqueado el paso durante tres días en el kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, aldea San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal.

Las medidas de hecho se extendieron al área comercial. El miércoles 18 de junio, medios locales informaron que grupos de manifestantes se desplazaron por calles del municipio para obligar al cierre de negocios como medida de protesta. Según videos divulgados desde Río Dulce, fueron cerrados varios comercios, y un grupo de manifestantes, algunos portando bates, verificaban que los comerciantes cerraran sus locales.

La comunidad expresó su malestar porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no llegó el lunes a una mesa de diálogo. Algunos manifestantes afirmaron que, por ello, decidieron tomar medidas de hecho, mientras otros se quejaban de no poder abrir sus negocios.

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Fracasa diálogo y estallan disturbios en Río Dulce por conflicto minero

En una reunión efectuada por la tarde en la sede de la subalcaldía de Río Dulce, el MARN se comprometió a entregar, en seis semanas (el 30 de julio próximo), el informe de las inspecciones realizadas a 10 proyectos mineros ubicados en el área boscosa de Lívingston. Según el ministerio, a estos proyectos se les otorgó licencia ambiental durante 2023, cuando aún ejercía la administración anterior.

Los líderes comunitarios solicitaron que las autoridades del MARN lleguen ese día a Río Dulce para presentarles el informe. Indicaron que podrían levantar el bloqueo el miércoles, pero hasta horas de la noche este continuaba. En esa sesión, expresaron que seguirán oponiéndose a la minería, y que, si la resolución no les es favorable, efectuarán manifestaciones permanentes a partir la fecha de la entrega de dicho informe.

Las autoridades informaron que entregarán el informe, que podrá ser consultado en la alcaldía y en las oficinas centrales del MARN. Sobre su presencia en Río Dulce, el 30 de julio, explicaron que analizarán la posibilidad si se les garantiza su seguridad, esto lo expresaron antes de que se dieran los disturbios al final de la tarde noche.

Durante la reunión, el ambiente se tornó tenso. Los comunitarios pedían conocer el contenido de las resoluciones de las inspecciones, pero se les explicó que el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, quien participó en la reunión por parte del MARN, no podía emitir opiniones ni anticiparlas, ya que se podría afectar el proceso. Las autoridades, por su parte, pedían el compromiso de desbloquear la vía. Los comunitarios expresaron que podrían hacerlo para respetar el debido proceso, mientras que representantes de la corporación municipal ofrecieron trabajar en conversar con las comunidades para lograr el desbloqueo. Tras unas tres horas y media de reunión, se firmó un acta. Aunque el bloqueo aún continuó por la noche.

Inspección

El MARN informó el 16 de junio, en un comunicado, que en abril funcionarios de esa institución asistieron a una citación con diputados distritales de Izabal para escuchar a representantes de 53 comunidades de Lívingston, preocupados por el impacto ambiental de la actividad minera en la Sierra Santa Cruz, fuente de agua para la zona. El ministerio indicó que se comprometió a inspeccionar los 10 proyectos mineros, de los cuales dos son de explotación y ocho de exploración. Estos recibieron licencia ambiental en 2023, pero aún no tienen licencia de operación del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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El MARN detalló que las inspecciones concluyeron el 15 de mayo y que el 16 de junio envió los informes a todas las partes interesadas, mientras que el viceministerio está analizándolos hallazgos.

Por la noche el ministerio emitió un boletín indicando que en la reunión de este miércoles la institución volvió a informar a las comunidades que, como resultado de los hallazgos de las inspecciones ambientales realizadas, el proceso administrativo continúa su curso en estricto cumplimiento de la normativa ambiental, y lo cual requiere agotar todos los pasos que establece la ley. Agregó que en aras de la transparencia el ministerio se comprometió con las comunidades a informar de los resultados del proceso administrativo el 30 de julio.

Durante la tarde se mencionó que ya se había presentado una denuncia contra una empresa, aunque no se detalló.

Estatus de los proyectos

Según el MEM, los 10 proyectos son: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia, Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III, Tzultaka IV y Coatepeque I. De estos, cinco son solicitados por Río Nickel, S. A., y uno por Nichromet Guatemala (también de Río Nickel, S. A. según se indicó en las respuestas). Estas empresas tienen otras solicitudes en trámite, pero no operan, añadió el Ministerio de Energía. Otros cuatro proyectos son de Producciones del Atlántico, S. A., indicaron.

Estos son 10 proyectos mineros que buscan operar en Lívingston, Izabal. (Foto, Prensa Libre: Infografìa).

Julio Luna, director de Minería del MEM, explicó que ya se aprobó el plan de trabajo y el polígono donde se desarrollará la actividad. El MARN otorgó las licencias ambientales en 2023. Actualmente, el MEM continúa con el proceso de revisión a través de la Unidad de Gestión Socioambiental (UGSA) y posteriormente se efectuará la consulta a los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT.

De las 10 solicitudes, ocho son de exploración y dos de explotación, pero el MEM no ha otorgado licencias mineras, explicó. Luna advirtió que no puede haber extracción de material sin esa licencia porque constituiría explotación ilegal.

El MEM no ha recibido del MARN información sobre las inspecciones. Según Luna, el MEM fue invitado a una mesa de diálogo, pero no asistió porque esperaba respuesta del MARN, que analiza las licencias ambientales por posibles inconsistencias y considera revocarlas.

Hasta el miércoles, el MARN no ha revocado las licencias ambientales, si lo hace lo que procede es que se informe al MEM, y luego este tendría que detener los procesos y cancelar las solicitudes, explicó Luna.

El director de Minería indicó que se espera un entorno propicio para implementar una mesa técnica.

Respecto a las manifestaciones, Luna lamentó la desinformación solicitando la cancelación de licencias mineras, ya que ninguna ha sido otorgada y aún están en trámite.

Ambos ministerios enfrentan presión por los posibles permisos y nuevas protestas si no hay resultados favorables para los comunitarios.

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Otros impactos

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó los bloqueos, que afectan a la industria, educación, comercio y a la ciudadanía. Señaló que estos repercuten en los costos de la cadena productiva y encarecen los productos de la canasta básica.

Mientras que la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), indicó que los bloqueos interrumpen la logística, en este caso en el corredor nororiental que es clave para la conexión con la Franja Transversal del Norte y Petén.

Impactos específicos:

Miles de camiones de carga detenidos, con filas de hasta 5 kilómetros.
Riesgo de desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en comunidades rurales.
Pérdidas económicas por entregas incumplidas, cancelaciones y productos perecederos deteriorados.

Productos más afectados:

Alimentos perecederos (frutas, verduras, lácteos, pescados).
Víveres y productos básicos.
Materiales de construcción, insumos agrícolas y bienes de consumo general.

Negocios más afectados:

Tiendas y pequeños comercios en Río Dulce y Livingston.
Mercados y abarroterías, con escasez y alza de precios.
Empresas de transporte y logística.
Turismo y servicios asociados (hoteles, restaurantes, farmacias).

Sector minero

La Gremial de Recursos Naturales de Minas y Canteras (Grenat) respondió que Río Nickel, es una empresa socia de dicha organización, pero que no opera actualmente y está en trámite de permisos. La Gremial pidió respeto a los derechos de las personas y a la gobernanza, y solicitó que se investigue la causa real del conflicto en la zona y que se respeten los derechos humanos y la legislación nacional.

𝐄𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚: pic.twitter.com/yvMeUbjPLD
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) June 19, 2025

En contexto

El bloqueo comenzó el 16 de junio, en rechazo a proyectos mineros en Lívingston. Medios locales mostraron imágenes de largas filas de transporte pesado. Manifestantes colocaron toldos y troncos para impedir el paso y exigieron la cancelación de licencias mineras.

También se cerraron comercios. En videos se observa a manifestantes, algunos con bates, verificando cierres. Hoteles, restaurantes y farmacias operan con normalidad.

Comerciantes afirman que la situación es tensa y que algunos negocios están cerrados desde el lunes 16. No pueden abastecerse de víveres debido al bloqueo.

Algunos manifestantes indicaron que buscan diálogo con el MARN para proteger los nacimientos de agua en la Sierra Santa Cruz. Advirtieron que, si no son escuchados, podrían ampliar las medidas a otros tramos carreteros.

Marn se pronuncia por video de descarga de aguas contaminadas en playa de Monterrico

Wed, 16 Apr 2025 21:42:46 +0000

Sucesos

Marn se pronuncia por video de descarga de aguas contaminadas en playa de Monterrico

El Marn emitió un comunicado donde se pronuncia por un video donde se observa la descarga de aguas contaminadas en una playa de Monterrico.

Pavel Arellano

16 de abril de 2025 | 15:42h

El Marn se pronunció este 16 de abril por un video donde se observa la descarga de aguas contaminadas a una playa de Monterrico. (Foto Prensa Libre: javierarango1978)

Este 16 de abril, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) se pronunció sobre un video en el que se observa la descarga de aguas residuales en una playa de Monterrico.

De acuerdo con un comunicado publicado por el MARN en redes sociales, el hecho —grabado y difundido en dichas plataformas— ocurrió el pasado 14 de abril y fue reportado a las autoridades mediante una denuncia ciudadana.

El MARN asegura que, un día después, realizó un reconocimiento de campo junto con la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil, con el fin de localizar la tubería que se muestra en el video.

Agrega que dicha tubería pertenece a una empresa productora de camarón. Personal de la empresa confirmó que la tubería que descarga hacia la playa y el mar es de su propiedad, indicó el MARN.

EN ESTE MOMENTO

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Finalmente, las autoridades señalaron que la empresa cesó la descarga y añadieron que se realizará una auditoría para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la licencia ambiental.

INFORMACION IMPORTANTE

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informa a la opinión pública. pic.twitter.com/GLAh3tVyTy
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) April 16, 2025

Terrible realidad de Monterrico, vaya que tenemos un Ministerio de Ambiente que nos cuida. pic.twitter.com/L5z284raAd
— Filóchofo (@JosMChacn2) April 15, 2025

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¿Es más segura la firma electrónica que la análoga? Aquí hay 10 trámites que ya la usan en Guatemala

Tue, 15 Apr 2025 15:26:19 +0000

gobierno digital

¿Es más segura la firma electrónica que la análoga? Aquí hay 10 trámites que ya la usan en Guatemala

La firma electrónica en los trámites emitidos por el Estado garantiza trazabilidad, un proceso seguro y digitalización total, según expertos. En Guatemala existe un paquete casi de 400 trámites que ya utilizan esta herramienta digital.

Ximena Fernández

15 de abril de 2025 | 09:26h

En Guatemala funciona la firma electrónica avanzada, pero todavía no es obligatoria. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La firma electrónica avanzada es más segura que la firma manuscrita, así lo aseguró Sigfrido Lee, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). Esto se debe a que, según Lee, este tipo de firma es más difícil de falsificar. Según su definición, la firma electrónica avanzada es “un identificador electrónico único que se generó de manera segura”.

Según el artículo 33 del Decreto 47-2008, también llamado Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, para que una firma sea considerada electrónica avanzada, deberá incorporar, entre otros aspectos específicos, la posibilidad de detectar cualquier alteración realizada después del momento de la firma, tanto en la firma electrónica como en la información firmada. De acuerdo con el artículo, esto permite a cualquier persona demostrar la fiabilidad de una firma electrónica.

Por otro lado, según la página web de la Cámara de Comercio —entidad certificadora de firmas electrónicas avanzadas—, estas firmas deben cumplir con tres principios esenciales:

Autenticidad: permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje.
Integridad: asegura que los datos o la información relevante no han sido alterados.
No repudio: implica que el emisor no puede negar el conocimiento de la información contenida en el mensaje ni los compromisos adquiridos a partir de la firma.

Además, Lee señaló que al firmar un documento con firma electrónica avanzada, se certifica electrónicamente a través de un proceso seguro que garantiza trazabilidad, es decir, permite identificar el origen, posibles modificaciones y quiénes han tenido acceso al documento.

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Digitalización total

El investigador mencionó que la firma electrónica garantiza que los trámites emitidos por el Estado, así como aquellos que se realizan entre partes privadas, sean válidos. “Abarata los trámites”, afirmó el asociado del Cien.

Por su parte, Ana Isabel Antillón, quien lidera la mesa de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, indicó que dentro de los trámites, la firma electrónica avanzada debería ser utilizada tanto por el usuario como por el ministerio al emitir una resolución. A partir de ello, destacó que el proceso de aprobación es mucho más ágil.

Al utilizar firma electrónica, nunca se debería recurrir al papel, expresó Antillón: “Si la resolución que emite el ministerio está escaneada, es decir, primero la firman en papel y luego la suben, el proceso de digitalización se rompe”.

A los documentos que comienzan de manera digital, pero se imprimen para ser firmados, Lee los definió como análogos. Para evitar ese tipo de documentos, subrayó que la firma electrónica es esencial, pues ayuda a que un proceso que nace digital se mantenga digital y garantiza la confiabilidad del trámite.

¿Qué trámites usan firma electrónica avanzada en Guatemala?

Según datos proporcionados por Eddie Cux, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), 373 trámites de diversas instituciones del Estado son emitidos actualmente con firma electrónica avanzada. Entre las instituciones que gestionan trámites firmados digitalmente se encuentran el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); el Ministerio de Economía (Mineco), entre otros.

A continuación, se presentan 10 trámites que son emitidos con firma electrónica avanzada desde los ministerios.

1. Licencia ambiental en categoría A

Entidad: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Según una nota publicada por Enlace Profesional de Consultores, esta licencia es esencial para quienes deseen realizar proyectos que puedan afectar el medioambiente. Para obtenerla, es indispensable contar con evaluaciones de impacto ambiental y realizar consultas públicas.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del MARN.
Hacer clic en la opción “Saga”, ubicada en la parte superior derecha.
Iniciar sesión o crear una cuenta.
Al abrirse el portal, aparecerán cuatro opciones; dirigirse a la última y hacer clic en “Licencias ambientales”.
En el menú “Solicitud Licencias Saga”, hacer clic en esa opción.
Al abrirse el espacio para la solicitud, hacer clic en “Solicitar licencia”.
Ingresar los datos y enviar la solicitud.

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2. Licencia ambiental en categoría B1

Entidad: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Esta licencia aplica a proyectos con impacto ambiental de moderado a alto. Se requieren evaluaciones detalladas para mitigar efectos significativos, según una nota publicada por Enlace Profesional de Consultores.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del MARN.
Hacer clic en la opción “Saga”, ubicada en la parte superior derecha.
Iniciar sesión o crear una cuenta.
Al abrirse el portal, aparecerán cuatro opciones; dirigirse a la última y hacer clic en “Licencias ambientales”.
En el menú “Solicitud Licencias Saga”, hacer clic en esa opción.
Al abrirse el espacio para la solicitud, hacer clic en “Solicitar licencia”.
Ingresar los datos y enviar la solicitud.

3. Licencia ambiental en categoría B2

Entidad: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
La categoría B2 corresponde a proyectos con impacto ambiental de moderado a bajo. Por ello, se necesita una evaluación menos rigurosa, según lo indica una nota publicada por Enlace Profesional de Consultores.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del MARN.
Hacer clic en la opción “Saga”, ubicada en la parte superior derecha.
Iniciar sesión o crear una cuenta.
Al abrirse el portal, aparecerán cuatro opciones; dirigirse a la última y hacer clic en “Licencias ambientales”.
En el menú “Solicitud Licencias Saga”, hacer clic en esa opción.
Al abrirse el espacio para la solicitud, hacer clic en “Solicitar licencia”.
Ingresar los datos y enviar la solicitud.

4. Licencia ambiental en categoría C

Entidad: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Esta licencia se solicita para proyectos con bajo impacto ambiental. Se aplica a procesos sencillos y requiere menos documentación para su tramitación.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del MARN.
Hacer clic en la opción “Saga”, ubicada en la parte superior derecha.
Iniciar sesión o crear una cuenta.
Al abrirse el portal, aparecerán cuatro opciones; dirigirse a la última y hacer clic en “Licencias ambientales”.
En el menú “Solicitud Licencias Saga”, hacer clic en esa opción.
Al abrirse el espacio para la solicitud, hacer clic en “Solicitar licencia”.
Ingresar los datos y enviar la solicitud.

5. Inscripción de comercializadores, incluyendo importadores y exportadores

Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Según el sitio oficial del GAE, esta inscripción permite habilitar a comercializadores, tanto importadores como exportadores, para efectuar transacciones en el mercado.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del MEM.
Hacer clic en la opción “Trámites MEM”.
Seleccionar “Trámites en línea”.
Iniciar sesión o crear un usuario.
Elegir la opción “Dirección General de Energía”.
Ingresar el nombre de la empresa y el trámite deseado.
Completar los requisitos y enviar la solicitud.

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6. Registro y aprobación de contratos de adhesión

Entidad: Ministerio de Economía
Según el Manual de normas y procedimientos del Ministerio de Economía, un contrato de adhesión es aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por el proveedor. El registro busca otorgar certeza jurídica a los consumidores y usuarios.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de la Diaco.
Hacer clic en la opción “Trámites Diaco”, ubicada en la parte izquierda de la página.
Elegir la opción correspondiente al trámite.
Hacer clic en “Solicitud electrónica”.
Descargar el formulario y completarlo según las instrucciones.
Tomar en cuenta otros requisitos adicionales indicados.
Presentar la solicitud en las oficinas físicas de la Diaco.

7. Solicitud de certificado de apostilla

Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores
Una presentación del Ministerio, titulada La apostilla en Guatemala, explica que este certificado acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario del país emisor.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del Minex.
Hacer clic en “Solicitudes y trámites en línea”.
Seguir el enlace indicado que redirige al apartado de solicitud de apostilla.
Hacer clic en el botón rosado “Nuevo sistema de apostilla”.
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8. Solicitud de certificado de legalización de documentos

Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores
Según la página web de GAE, esta solicitud es necesaria para que los documentos provenientes del extranjero sean admisibles en Guatemala, así como para legalizar documentos emitidos en el país que deban surtir efecto en el exterior.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del Minex.
Hacer clic en “Solicitudes y trámites en línea”.
Acceder al enlace externo para iniciar sesión en el sistema de certificación.
Seguir las instrucciones detalladas en la página para la legalización del documento.
Completar cada paso a través de los enlaces proporcionados.
Llenar los datos solicitados y enviar el trámite.

9. Verificación de los certificados de calibración de instrumentos de medición y pesaje

Entidad: Ministerio de Economía
Según el Manual de normas y procedimientos del Mineco, este trámite garantiza los derechos de los consumidores y usuarios y evita la defraudación. Se requiere para certificar los resultados de calibración de los instrumentos.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de la Diaco.
Hacer clic en la opción “Trámites Diaco”, ubicada en la parte izquierda de la página.
Seleccionar la opción correspondiente al trámite.
Hacer clic en “Solicitud electrónica”.
Descargar el formulario y completarlo según las indicaciones.
Considerar los requisitos adicionales que se señalan.
Presentar la solicitud en las oficinas físicas de la Diaco.

10. Licencia de distribución, venta y transferencia

Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Según un documento del Ministerio de Energía y Minas, esta licencia es esencial para distribuir, vender y transferir equipos generadores de radiaciones ionizantes y sustancias radioactivas.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del MEM.
Hacer clic en la opción “Trámites MEM”.
Seleccionar “Trámites en línea”.
Iniciar sesión o crear un usuario.
Elegir la opción “Dirección General de Energía”.
Ingresar el nombre de la empresa y seleccionar el trámite.
Llenar los requisitos y enviar la solicitud.

Clasificación de la basura en la capital se mantiene en orgánico e inorgánico

Wed, 26 Feb 2025 18:44:11 +0000

Comunitario

Clasificación de la basura en la capital se mantiene en orgánico e inorgánico

Por tiempo indefinido la clasificación de la basura en la capital continuará en orgánico e inorgánico hasta que se hagan las modificaciones al Acuerdo Gubernativo 164-2021.

Ana Lucía Ola

26 de febrero de 2025 | 12:44h

En la capital la clasificación de los desechos sólidos continúa en orgánico e inorgánico hasta que se modifique el Acuerdo Gubernativo 164-2021. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Recolectores de desechos y recicladores de base que operan en la ciudad capitalina tuvieron su primera reunión, este miércoles 26 de febrero, con los representantes de la Municipalidad de Guatemala y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), una semana después de los bloqueos que paralizaron el tránsito en protesta contra el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.

En la mesa técnica se sostiene que la clasificación de los desechos sólidos en la capital continuará en orgánico e inorgánico hasta que el Marn haga las reformas al Acuerdo Gubernativo 164-2021.

“Seguimos en fase uno, orgánico e inorgánico, que es el acuerdo que se obtuvo la semana pasada, mientras se modifica el acuerdo. Nos permitirán trabajar en lo que se modifica; están conscientes de que necesitamos comer y que vivimos al día”, dijo Aura Hernández, representante de los recicladores al salir de la reunión.

Aseguró que no habrá más bloqueos en la ciudad por parte del sector al que representa y que continuarán con las mesas técnicas, el próximo encuentro será el miércoles 5 de marzo.

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“Vamos a seguir en pláticas para que se dé una pronta solución a nuestro derecho al trabajo, y pedimos que sea lo más pronto posible”, agregó.

Inconformidades

El pasado 11 de febrero entró en vigencia la clasificación obligatoria de los desechos en orgánico, reciclable y no reciclable, establecida en el Acuerdo Gubernativo 164-2021. Esto provocó que recolectores de desechos y recicladores que operan en el relleno sanitario de la zona 3 bloquearan distintas calles de la ciudad el miércoles 18 de febrero

La manifestación hizo que la Municipalidad de Guatemala pusiera pausa a la normativa y tomara la decisión de seguir con la separación en orgánico e inorgánico, aunque para el resto del país sigue vigente la clasificación en tres grupos, según Patricia Orantes, ministra de Ambiente.

Los recolectores y recicladores de base que trabajan en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina bloquearon las calles el pasado 18 de febrero, la intención era que se derogara el Acuerdo Gubernativo 164-2021. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ese día, los recolectores de desechos y los recicladores, representantes de la comuna y del Marn acordaron que cada semana tendrán una reunión técnica para reformar el acuerdo gubernativo.

Orantes dijo que las modificaciones serán “quirúrgicas” y “pequeñas”, apuntando al tema de la separación de la basura.

Por otro lado, los cambios en el reglamento deben involucrar a los recolectores y recicladores, y garantizarles acceso al material reciclable. Una de sus principales quejas es que, con la nueva clasificación de desechos en orgánico, reciclable y no reciclable, el material reciclable ya no llega al relleno sanitario. Esto afecta sus medios de vida.

Reunión con Anam

Este jueves 27 de febrero se espera que la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) se reúna con el Marn para hablar de la implementación del reglamento, que Orantes ha insistido en que está vigente y que no hay prórroga para su cumplimiento.

La propuesta que la Anam pondrá sobre la mesa es que la normativa sea derogada y trabajar uno nueva que sea funcional para las municipalidades, los recolectores y la población, como ha dicho Sebastián Sierro, presidente de la asociación.

Siero ha señalado que el reglamento actual es “dictatorial”, pues solo considera la postura del ministerio y excluye la opinión de los miembros de la Anam, los recolectores, los recicladores de base y la población. Ha dicho que no está en contra de limpiar el país, pero que el Acuerdo Gubernativo 164-2021 no es la vía correcta.

El reglamento establece que las municipalidades son responsables de su cumplimiento y que, para implementarlo, necesitan un Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. Sin embargo, solo 33 comunas han trabajado dicho instrumento, según el registro del Marn.

Lea también: “Falta voluntad política”: la principal razón por la que solo 33 municipalidades tienen un plan para la gestión de desechos

Clasificación de la basura: Guatemala no es el único país con desafíos, ¿cómo están los demás en Centroamérica?

Tue, 25 Feb 2025 02:13:15 +0000

Guatemala

Clasificación de la basura: Guatemala no es el único país con desafíos, ¿cómo están los demás en Centroamérica?

Guatemala no es el único país con dificultades para las clasificación de los desechos. ¿Cómo enfrentan el desafío El Salvador, Honduras o Costa Rica, y qué tienen en común?

Sandy Pineda

24 de febrero de 2025 | 20:13h

Camiones llegan a diario a depositar desechos el vertedero de la zona 3 de la capital. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala no es el único país con desafíos en la separación de basura, de hecho, varios países de Centroamérica también han intentado establecer sus propias normativas desde años anteriores, pero enfrentan obstáculos similares.

Las iniciativas en papel para la gestión de los residuos existen, pero la falta de infraestructura, de regulaciones claras promovidas por municipalidades y de conciencia ciudadana, han dificultado su implementación efectiva en la región.

Guatemala intentaría clasificar todavía más la basura desde el 11 de febrero del 2025, pero la medida no se cumplió, y una semana después la capital se paralizó por una masiva protesta por grupos de recolectores y recicladores.

No obstante, no es una resistencia única. La situación también se refleja en otras naciones de la región. ¿Qué tan avanzados están a comparación de Guatemala?

El Salvador: en marcha, pero sin obligatoriedad

En El Salvador la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje busca promover la separación de desechos, pero aún no se ha implementado de manera obligatoria.

La mayoría de los municipios depende de vertederos a cielo abierto, y aunque hay esfuerzos de reciclaje, estos se llevan a cabo en su mayoría por iniciativas privadas y organizaciones no gubernamentales.

Los salvadoreños creen que se debe clasificar la basura en los hogares, pero solo la tercera parte lo hace, según la encuesta más reciente de agosto del 2024.

Los principales resultados mostraron que el 33.8% de los entrevistados respondieron que “sí, siempre” separan la basura que se genera en su hogar, entre desechos orgánicos y no orgánicos. Otro 30.4% de la muestra contestó que “a veces”, y el 35.5% respondió que nunca lo hace.

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A pesar de que ni la separación de la basura, ni el reciclaje, son una práctica generalizada, más de la mitad afirmó estar consciente de que la basura plástica es principal fuente de contaminación de cuerpos de agua, como ríos, lagos y océanos.

Incluso un 82.2% afirmó que “hay más inundaciones” que antes en sus comunidades, asociado a la acumulación de basura en los tragantes.

Honduras: sin una efectiva separación de residuos

Honduras enfrenta problemas similares los de Guatemala y El Salvador.

A pesar de algunas campañas para promover el reciclaje, la separación de basura no es un proceso generalizado.

Si bien cuentan con Reglamento para el Manejo Integral de Residuos Sólidos desde el 2011, este tampoco exige a los ciudadanos la separación obligada de los desechos.

El marco legal para la gestión de desechos en Honduras está disperso en varias instituciones y, además de que es básico, están ausentes las políticas y estrategias específicas o unificadas, lo que dificulta la coordinación entre el sector y finalmente, con los vecinos.

Así lo describe un diagnóstico del 2016 sobre el proceso de gestión que trabajó la sección de Ambiente de las Naciones Unidas junto a otras entidades locales. En este se resalta también que la infraestructura para su gestión sigue siendo limitada.

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A diferencia de Guatemala, Honduras no cuenta con una política nacional para la gestión de residuos, lo que resta fuerza a sus otros instrumentos legales.

En el 2014 se creó una guía dirigida a las municipalidades para que tuvieran mayor nivel en la toma de decisiones y se encargaran de promover la metodología de las ‘3R’s’ (reducir, reutilizar y reciclar). Sin embargo, esa cultura de reciclaje sigue sin permear en las comunidades.

De manera general, los estudios revelan que si bien no hay datos periódicos sobre cuánta población hondureña separa la basura que produce desde sus hogares, otros indicadores reflejan lo débil o lo poco que se gestionan los residuos sólidos. Uno de estos indicadores es el destino final de la recolección.

En Honduras, por ejemplo, según datos de municipios evaluados en el 2018, solo el 8.4% de la población tenía acceso a rellenos sanitarios, otro 38.14% en botaderos controlados y el dato más elevado, es que en el 49% su basura llega a botaderos a cielo abierto.

Es similar a Guatemala, donde la disposición final más utilizada es la misma, pues la basura se arroja sin tratamiento sanitario.

Según la ONU (2018), esta técnica es perjudicial a nivel global, ya que estos vertederos generan gases de efecto invernadero debido a la descomposición de materia orgánica y representan un riesgo de combustión.

Otro indicador clave en las zonas urbanas es la existencia de botaderos clandestinos y en áreas rurales, que se acostumbra a quemar o enterrar la basura, por lo que las estimaciones de la generación real de residuos podrían ser mayor.

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Nicaragua: esfuerzos sin impacto a nivel nacional

En Nicaragua, la separación de residuos ha sido promovida por algunas municipalidades y organizaciones no gubernamentales, pero no hay un sistema nacional obligatorio.

A pesar de iniciativas para reducir los desechos plásticos, el país sigue dependiendo en gran medida de vertederos abiertos y rellenos sanitarios sin una gestión eficiente de los residuos reciclables.

La recolección de residuos se realiza en 120 de los 153 municipios mediante camiones operados por las autoridades municipales.

Sin embargo, prácticas como el entierro de basura por parte del 3.7% de las familias, especialmente en áreas rurales, y el uso limitado del compostaje (0.5% a nivel nacional) indican una separación de residuos poco desarrollada, según un informe del 2019.

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Costa Rica: avance en conscientización

Costa Rica es el país centroamericano que tuvo más previsión del reciclaje y la separación de basura. En 1995 aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Su proceso ha sido más gradual, considerando que tiene más tiempo de haberse enfocado en el tema, estableciendo centros de acopio y plantas de reciclaje.

Sin embargo, aunque cuenta con regulaciones que exigen la clasificación de residuos en distintos contenedores y promueve el reciclaje a través de programas municipales, el hábito de la separación aún es ausente.

Un sondeo de finales del 2024 elaborado por la Universidad Nacional (UNA) en apoyo de los Ministerio de Ambiente, Salud y Energía del país, muestra que similar a Guatemala, existe resistencia para la clasificación y lo singular es que las razones son bastantes parecidas.

Según los datos, un 57% de encuestados no separa residuos sólidos como una tarea cotidiana por falta de conocimiento o tiempo.

En contraste, el sondeo permitió entender que las personas sí son conscientes de la importancia del tema con un 95% de encuestados que consideró que sí era importante entregar la basura separada y preparada para facilitar su reciclaje.

Mientras que un 15% expresó que daba igual no hacerlo porque es una tarea en puntos de recolección, y un 10% dijo que no lo hacía porque “todo termina revuelto”.

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Panamá: normativas vigentes, pero con dificultades en la aplicación

Panamá también es otro de los países que cuenta con una normativa que pide separar residuos desde el 2018, pero su aplicación ha sido desigual.

Aunque en la capital y en algunas comunidades hay programas de reciclaje, la infraestructura sigue siendo insuficiente y, de nuevo, la concienciación ciudadana es un desafío.

Al igual que el resto de los países, tanto en las áreas urbanas como en contextos rurales, el manejo de residuos recae sobre los municipios.

Una evaluación en Tonosí, un municipio de Panamá que se tomó como referencia en el 2021, marca lo mismo sobre la limitada clasificación, infraestructura y tecnología avanzada.

No obstante, se resalta que existen esfuerzos por juntas comunales y vecinos que pagan por el servicio de recolección de residuos que, en el mejor de los casos, son llevados a los vertederos, y en el peor, se queman, o se disponen clandestinamente en ríos y costas.

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Guatemala: mismos desafíos que gran parte de la región

En Guatemala, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos estableció en el 2021 la separación de la basura, pero aún sigue frenada.

La ausencia de un sistema de recolección diferenciado desde hogares, recolectores y disposición final en vertederos, han impedido que la medida se vuelva una práctica generalizada.

Las comunas representadas en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) rechazan modificar el reglamento actual y, por el contrario, busca reemplazarlo por uno nuevo, pese a que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) mantiene su posición de que el reglamento actual sigue en firme.

El próximo 27 de febrero del 2025, los sectores tienen programada una reunión para comenzar a debatir sus diferencias sobre la normativa.

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Esta comparativa entre países muestra que si bien Guatemala enfrenta dificultades en la separación de residuos, no es un caso aislado en Centroamérica.

Aunque han avanzado en regulaciones ambientales, aún no consiguen implementarlas en parte, según los informes y datos disponibles, por la falta de protagonismo de las municipalidades y la limitada fuerza política para impulsarlas efectivamente.

Las dificultades en la gestión de residuos a nivel regional también recaen en la falta de infraestructura, recursos financieros y participación ciudadana en el reciclaje.

Lea también: Cómo clasificar la basura en Guatemala: guía visual para hacerlo correctamente

“Falta voluntad política”: la principal razón por la que solo 33 municipalidades tienen un plan para la gestión de desechos

Sat, 22 Feb 2025 06:05:00 +0000

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“Falta voluntad política”: la principal razón por la que solo 33 municipalidades tienen un plan para la gestión de desechos

El Ministerio de Ambiente indica que 33 municipios ya tienen un plan para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Esta es la lista de los que sí cumplen con esa parte del reglamento.

Ana Lucía Ola

22 de febrero de 2025 | 00:05h

Por el momento, solo 33 comunas cuenta con un Plan Municipal para la Gestión Integral de residuos y desechos sólido, como lo establece el Acuerdo Gubernativo 164-2021. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Han trascurrido 42 meses desde que entró en vigor el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, el 11 de agosto del 2021, el cual establece que las municipalidades deben tener un plan para atender la problemática de la basura en su jurisdicción, con el fin de prevenir y mitigar el deterioro del medio ambiente.

Pero a la fecha solo 33 municipalidades tienen el denominado Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, según el registro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), lo que representa el 10 por ciento de los 340 municipios del país.

En Sacatepéquez hay seis municipios que ya cuentan con dicho instrumento como lo establece el acuerdo gubernativo 164-2021. Mientras que Alta Verapaz tiene tres, al igual que Chiquimula y Sololá. Con dos están Quiché, El Progreso, Zacapa, San Marcos, Guatemala, Quetzaltenango e Izabal, y con una comuna que cumple con lo establecido están Retalhuleu, Jutiapa, Baja Verapaz y Petén.

De acuerdo con el reglamento, el plan tiene objetivos, estrategias, aspectos técnicos, económicos, administrativos, sociales, educativos y legales para establecer, ampliar y optimizar la prestación de los servicios municipales relacionados a la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.

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La falta de voluntad política es la principal razón de que la mayoría de las comunas aún no tengan dicho plan, según Eddy Cifuentes, analistas en asuntos municipales, pues hay 34 alcaldías que han probado que sí es posible desarrollarlo, como Santa Catarina Barahona, en Sacatepéquez, que cuenta con una planta de tratamiento de desechos sólidos, en la que ya elaboran abono orgánico.

Por otro lado, señala que el gobierno de Alejandro Giammattei retrasó la entrada en vigor del reglamento, y muchos alcaldes “apostaban” a que se postergaría por un plazo mayor. “Allí perdieron tiempo valioso para planificar y hacer lo que establece la normativa”, dice el analista.

Bayron González, profesor investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ceur-Usac), coincide con Cifuentes en que la poca voluntad política por parte de las municipalidades dificulta el proceso de tener dicho plan.

Aunque también pasa por falta de recursos financieros y la poca capacidad técnica que hay en las comunas, pues no todas tienen personal capacitado en gestión ambiental y planificación para elaborar estos instrumentos. Se suman el poco interés para priorizar el manejo de la basura y el cambio de autoridades que hubo en el 2023.

“Para muchas municipalidades no es un tema prioritario, pues constantemente están en campaña y prefieren cubrir otras necesidades, como carreteras, mejorar la red vial, trabajar proyectos de agua y saneamiento. Lo otro es el cambio de autoridades, ya que varias municipalidades estaban realizando sus planes y ahora tienen que hacerlo de nuevo porque hubo cambio de personal”, indica González.

Patricia Orantes, ministra de Ambiente, reconoció esta semana que los gobiernos municipales tienen desafíos para la implementación de la normativa y de esa cuenta implementarán una estrategia nacional para darles apoyo en el manejo correcto de los desechos y tratamiento de aguas residuales. Además de asistencia técnica, recibirán ayuda con crédito subsidiado y cofinanciamiento para trabajar en dichos temas.

Cuesta arriba

Elaborar el plan municipal de la gestión integral de desechos sólidos no ocurre de la noche a la mañana, esto depende de la capacidad técnica y financiera que tenga cada comuna; puede llevar unos seis meses, pero si es un municipio con limitaciones, el tiempo podría alargarse a años, como indica el investigador del Ceur.

“Se necesita un proceso de diagnóstico, de consulta ciudadana, diseño del plan, aprobación y su puesta en marcha, y sobre todo, es necesario tener voluntad política”, agrega.

El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos establece que el Marn debe coordinar con las municipalidades la creación del plan, y elaborar guías para su desarrollo, que deben ir acorde con las políticas generales del Estado. Además, señala que la cartera debe promover su uso y aplicación por las comunas y verificar que se sigan las regulaciones, normas y especificaciones técnicas.

Lo anterior se ha cumplido por parte del ministerio, informó días atrás Jorge Grande, director de la Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos de la entidad. Señaló, además, que darán acompañamiento técnico a las 307 comunas que aún no tienen dicho instrumento que les permitirá atender la problemática de la basura en su jurisdicción. Aunque la falta de personal en dicha unidad limitaría la atención a todas las municipalidades, como refiere el investigador del Ceur.

En la primera quincena de febrero, a través de cartas enviadas a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, las municipalidades de Pueblo Nuevo Viñas y Casillas, Santa Rosa; Estanzuela, Zacapa, y San Manuel Chaparrón, Jalapa, solicitaron el acompañamiento técnico para el proceso de transición hacia una gestión más responsable de los desechos.

Hay que continuar

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) se reunirá el próximo 27 de febrero con representantes del Marn y pondrá sobre la mesa que el reglamento sea derogado.

A criterio de Cifuentes, revocarlo no sería beneficioso para el país, y ve poco probable que las autoridades den marcha atrás en la vigencia de la normativa, más bien se llegará a acuerdos para atender “un problema agudo y grave”, como lo es la basura.

“Ya hay municipios que son ejemplo, que han tomado la iniciativa de abordar el tema de los desechos sólidos junto a la población. No hay excusa para no ponerlo en práctica”, dice Cifuentes.

Santa Catarina Barahona, en Sacatepéquez, es una de las municipalidades que cuenta con un plan de gestión integral de desechos, y tiene una planta de tratamiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Estas son las 33 municipalidades que tienen plan de gestión integral de desechos

San Miguel Uspantán, Quiché
San Sebastián, Retalhuleu
San Miguel Dueñas, Sacatepéquez
San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso
Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez
Sumpango, Sacatepéquez
Camotán, Chiquimula
Concepción las Minas, Chiquimula
Jocotán, Chiquimula
San Diego, Zacapa
Morazán, El Progreso
Yupiltepeque, Jutiapa
Senahú, Alta Verapaz
Salamá, Baja Verapaz
Zacapa, Zacapa
San Pedro la Laguna, Sololá
Santa Clara la Laguna, Sololá
El Quetzal, San Marcos
San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos
Concepción, Sololá
Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez
Palencia, Guatemala
Santa María de Jesús, Sacatepéquez
San Juan Chamelco, Alta Verapaz
Cabricán, Quetzaltenango
San Andrés, Petén
Cobán, Alta Verapaz
Puerto Barrios, Izabal
Pachalum, Quiché
Quetzaltenango, Quetzaltenango
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez
Morales, Izabal
Guatemala, Guatemala