La Cancillería de Panamá no ha recibido la solicitud de un tribunal local para tramitar la extradición desde Guatemala de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) detenidos en ese país desde hace más de un año, afirmó este lunes 9 de agosto la canciller, Erika Mouynes.

“No hemos recibido hasta el momento. La Cancillería es el conducto por el cual se tramitan todas estas solicitudes (…) nosotros tramitaríamos esa solicitud, pero no la hemos recibido”, dijo Mouynes a la cadena panameña TVN noticias.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares están detenidos desde hace más de un año en Guatemala por pedido de la Justicia de Estados Unidos, que los solicita en extradición por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En mayo pasado el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco autorizó la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares a Estados Unidos.

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En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “Blue Apple”, y la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde se desarrolla desde la semana pasada la audiencia preliminar, dijo que pidió su extradición.

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Un total de 54 ciudadanos están imputados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales), corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir) y falsificación en el caso “Blue Apple”, una trama de pago de sobornos a cambio de contratos con el Estado que involucra a empresas locales y extranjeras, de acuerdo con la información judicial.

Este caso se inició en septiembre de 2017 e involucra “más de US$82 millones que se utilizaron para blanqueo de capitales” dijo el jueves 5 de agosto el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

La Justicia panameña solicitó la extradición de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), presos en la capital guatemalteca por un proceso de extradición a Estados Unidos, dijo este viernes una fuente del caso.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá autorizó una petición para extraditar desde Guatemala a los hermanos Martinelli a la nación panameña por estar supuestamente involucrados en el caso “Blue Apple”, imputados por delitos económicos.

EFE tuvo conocimiento que el jueves el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, presidido por la jueza Mayra de León, celebró una audiencia desde la cárcel de Mariscal Zavala, donde están internos los hermanos Martinelli Linares, para conocer la nueva solicitud de extradición.

Un fiscal del Ministerio Público guatemalteco aseguró a EFE, sin embargo, que tiene mayor peso la primera solicitud procesada en cualquier caso y, además, también tiene mayor incidencia en el caso la acusación por el delito más grande, que, en este caso, es el señalado por el país norteamericano.

Ambos hijos del exgobernante panameño son requeridos por la justicia de su país desde mayo de 2019, cuando se supo que habían salido de Panamá, pues los asocian a las tramas del pago de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y el esquema “Blue Apple”, que involucra en total a 59 personas, entre las que también está su madre, Marta Linares de Martinelli.

La trama “Blue Apple”, según la Fiscalía panameña está relacionada con un desfalco por arriba de los US$78 millones y que implica delitos como blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.

Según la Fiscalía de Panamá, entre 2009 y 2014 operó una red de corrupción en los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, donde ex altos cargos exigían presuntamente millonarias comisiones ilegales a varias contratistas del Estado a cambio de agilizar los trámites administrativos de las obras que desarrollaban o a cambio de nuevos contratos.

La Fiscalía, que comenzó las investigaciones en septiembre de 2017, decomisó más de US$10 millones en dinero y bienes, y firmó cinco acuerdos de colaboración mediante los que recuperó otros 25 millones.

Más de un año presos

Luis Enrique, de 38 años, y su hermano mayor, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición de EE. UU. debido al supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Los hermanos Martinelli Linares se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados a solicitud de EE. UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

El pasado 1 de julio, los hermanos fueron ubicados en otro sector de la cárcel donde se encuentran, que se ubica dentro de una brigada militar al norte de la capital guatemalteca llamada Mariscal Zavala, porque inteligencia estadounidense y de las fuerzas armadas de Guatemala descubrieron un presunto plan de fuga de ambos, que no se concretó.

Luego de un mes de haber permanecido aislados en un calabozo contiguo al área “VIP”, como se le conoce al sitio donde están recluidos presos de alto perfil, como el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), los Martinelli Linares fueron movidos a otro sitio dentro de la misma prisión, con vigilancia extra de guardias “élite”, según el Sistema Penitenciario de Guatemala.

Denis Cuesy, abogado de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se quejó de que la sala de Apelaciones no les otorgó el período de tres días para presentar pruebas. 

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Ceusy se quejó de que, si se lee la resolución de la Sala Primera de la corte de Apelaciones, “lo que hizo fue no otorgar el período de prueba” porque dijo que estas constaban dentro del proceso”.

A criterio del abogado, es una decisión que les afecta, porque “las pruebas llevan diferentes momentos (…) y ellos no pueden saber qué pretendo yo con las pruebas”.

“Cuando usted ofrece la prueba dice qué pretende comprobar con cada una de ellas”, expresó.

De esa cuenta, el abogado explicó que presentaron un recurso de enmienda “para que se respete el debido proceso”, especialmente a Ricardo Alberto Martinelli Linares.

Martinelli, junto con su hermano Luis Enrique Martinelli Linares, fueron detenidos en Guatemala, señalados de lavado de dinero en un caso vinculado con la constructora Odebrecht. 

Los Martinelli fueron detenidos en julio pasado, cuando en Guatemala intentaban subir a un avión privado que los llevaría a su país.

La Corte de Nueva York que lleva el caso contra ellos formalizó la solicitud de extradición de los hermanos a comienzos de septiembre. 

Ambos tribunales, el Tercero y el Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, que tienen a cargo los casos de Ricardo y Luis, respectivamente, fueron recusados por la defensa de los hermanos Martinelli, según confirmaron este lunes.

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Los hijos de Martinelli se aferran en su solicitud legal a la supuesta violación del debido proceso y de la inmunidad de ambos en su calidad de diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacén).

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron capturados el 6 de julio en Guatemala, cuando intentaban viajar a Panamá en un vuelo privado, tras más de un año de paradero desconocido. Su arresto obedeció a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero.

Casos por separado

Desde que fueron detenidos los dos hijos del exmandatario panameño, han llevado un proceso por separado en el sistema judicial guatemalteco. Ricardo Alberto en el Tribunal Tercero y Luis Enrique, en el Quinto.

La última acción judicial sucedió la semana pasada, cuando la defensa de Luis Enrique Martinelli recusó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, luego de que esta diera trámite a la solicitud de extradición solicitada por Estados Unidos, que reclama a ambos hermanos por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.

Por su parte, Ricardo Alberto, a través de su defensa, había recusado al Tribunal Tercero el 10 de julio, en la audiencia en la que los jueces debían darle a conocer la solicitud hecha por EE. UU., pero el panameño prefirió recusarlos porque estos no reconocieron su calidad de diputado suplente del Parlacen con goce de inmunidad diplomática, pese a que aún no ha sido juramentado, al igual que su hermano.

Una fuente del Tribunal Tercero comentó a Efe este lunes que el pasado 10 de julio “la defensa no permitió el desarrollo de la audiencia”, debido a la recusación, por lo que “no hemos podido resolver como corresponde” y “estamos a la espera de la decisión de la Sala Primera, el ente jurisdiccional de este tribunal”.

En tanto, una fuente que trabaja en el Tribunal Quinto, el que lleva el caso de Luis Enrique, aseguró que la Sala jurisdiccional del caso para la recusación aún estaba a la espera de una notificación para poder resolver posteriormente si procede o no la misma.

Los hermanos permanecen en la prisión preventiva de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, dentro del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentran tras las rejas alrededor de 250 personas, la mayoría reos de alto perfil acusados por corrupción como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015).

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los dos hijos de Martinelli habrían intermediado entre 2009 y 2014 en el pago de US$28 millones por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

De acuerdo a la acusación en el tribunal de Nueva York, entre 2009 y 2014, durante la Presidencia de su padre, los hermanos Martinelli Linares participaron de la trama de Odebrecht con acciones que incluyeron “la apertura y administración de cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones extranjeras”.

El exmandatario de 66 años, quien se exilió en Miami en 2015, fue detenido el 12 de junio del año pasado y desde entonces ha estado recluido en una prisión federal en esta ciudad.
Ahora, sin obstáculos en la esfera judicial, el caso de Martinelli pasará al Ejecutivo, que decidirá si extradita o no al expresidente y bajo qué condiciones.

La moción indica que Ricardo Martinelli “conversó con las partes apeladas y ellas no se oponen al alivio solicitado. Cada parte correrá con sus propios costos”.
Estas “partes apeladas” son el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson; el fiscal general, Jeff Sessions; y el guardián interino del centro de detención en Miami, Robert Wilson.

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“Para evitar toda duda”, continúa el documento obtenido por AFP, “el apelante seguirá peleando contra su extradición por medio de otras vías y no accede al pedido de extradición”.

Objetivo de Martinelli

El abogado Sidney Sitton explicó que el objetivo de Martinelli es “quedar en manos del Departamento de Estado para que se le envíe a Panamá”, pero amparándose en una cláusula que garantiza al extraditado que será procesado en su país por los delitos por los que fue pedido en extradición –y no por otros.

Horas antes, Martinelli había expresado este deseo en una carta manuscrita, con fecha de este jueves, donde pedía “que divulguen ya a todo el mundo” su renuncia a continuar peleando el caso.

Cláusula de especialidad

“Me estoy acogiendo a lo que dice el Tratado de Extradición de 1905 con su cláusula de especialidad. Está en manos del Departamento de Estado tomar la decisión final”, escribió Martinelli.
El expresidente fue pedido por la justicia panameña porque está acusado de malversar fondos para crear una red de espionaje que alcanzó a 150 personas durante su mandato.

Pero en Panamá la justicia lo investiga en más de una veintena de otros casos de corrupción, cinco de los cuales llegaron a la Corte Suprema. Y ninguno de ellos está vinculado al pedido de extradición.
“Que él desista voluntariamente del recurso (de hábeas corpus) no quiere decir que acepta la extradición ni que está aceptando volver voluntariamente a Panamá”, dijo a la AFP en Miami su vocero Luis Eduardo Camacho.
“Sencillamente está limpiando el camino a que, quien tiene que tomar la decisión, la tome”.
“Él tiene que venir extraditado, para venir amparado en el tratado de extradicion”, continuó Camacho. Este amparo le asegura que “sólo puede ser procesado por la causa por la que se le pidió”.

Al volver a su país, prosiguió el portavoz, Martinelli tiene la intención de presentar su candidatura como alcalde o diputado, ya que no han pasado los 10 años requeridos para volver a postular a la Presidencia.
La decisión del ejecutivo estadounidense podría ocurrir tan pronto como en un mes.
En agosto pasado el juez federal Edwin Torres lo había considerado extraditable, una decisión que ratificó en enero de este año la jueza federal Marcia Cooke. La defensa apeló entonces este último fallo ante una corte superior en Atlanta, Georgia.

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Tras la revisión del caso, el magistrado ha llegado a la conclusión de que la petición de extradición panameña “satisface todos los requerimientos legales”.

El ex mandatario, de 65 años, fue arrestado el 12 de junio en Miami en virtud de una orden de detención contra él emitida por Interpol a petición de la Justicia de Panamá. Pese a los requerimientos, Martinelli se había negado a comparecer ante los tribunales de su país.

Su defensa, no obstante, había indicado antes de conocerse la decisión del juez que apelaría el fallo en caso de que el juez garantizara la extradición.

El Gobierno estadounidense podría frenar la extradición si quisiera porque siempre tiene la última palabra, pero no es previsible que eso suceda.

Martinelli está acusado en su país de haber espiado a políticos de la oposición mientras estaba en el poder y de haberlo hecho con fondos públicos.

La abogada trabajaba para dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero, por haber recibido al menos 22 millones de dólares que fueron congelados por Suiza, de acuerdo con el Ministerio Público.

Según medios locales, Vargas gestionó al menos cinco sociedades con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales.

La letrada abandonó el principal aeropuerto de la capital panameña entre fuertes medidas de seguridad y sin hablar con los periodistas y llegó a las instalaciones del Ministerio Público para rendir declaración, según constató Acan-Efe.

El abogado de Vargas, René Rodríguez, afirmó en el canal TVN-Noticias que su cliente “va a colaborar con las investigaciones, va a hablar con la verdad por delante y no va a encubrir a nadie” .

La entrega de la abogada tuvo lugar poco después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, recomendase ayer a los implicados en el escándalo de Odebrecht confesar detalles sobre la red corrupta lo antes posible para poderse acoger así a una futura reducción de pena, gracias a la recién aprobada ley de “delación premiada” .

El Ministerio Público adelanta en Panamá 6 investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos Vargas y los hijos de Martinelli.

Las confesiones, añadió Porcell en una rueda de prensa, deben darse antes del 1 de junio, fecha en la que Brasil empezará a compartir información sobre el caso con otros países.

La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y frica, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.

La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos 2.047 millones de dólares.

El argentino Carlos Menem  (1989-1999) acaba de ser condenado de nuevo, en esta ocasión por el pago de sobresueldos en su Gobierno, y el brasileño Fernando Collor de Melo  (1990-1992) es uno de los políticos investigados por la trama de corrupción en la petrolera Petrobras, lo que le ha traído como consecuencia por ahora la incautación de cuatro automóviles de lujo.

La sombra del escándalo de Petrobras ronda a otro exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2011) , pues varios conocidos y allegados suyos están entre los investigados y condenados, al igual que ocurrió en el anterior gran escándalo de corrupción en su país, conocido como “mensalao”.

Sobre el guatemalteco Pérez Molina  (2012-2015) , el salvadoreño Flores  (1999-2004) y el hondureño Callejas  (1990-1994) pesan acusaciones de corrupción, mientras que la justicia busca al panameño Martinelli por escuchas ilegales, aunque además tiene abiertas otras causas por supuesto mal uso de fondos públicos.

El Tribunal Supremo de Panamá dictó el lunes último una orden de detención contra Martinelli, quien reside en EE. UU. desde enero del 2015 y afirma ser un perseguido del actual jefe de Estado de Panamá, Juan Carlos Varela, quien previamente fue su vicepresidente.

Antes de esta decisión que puede abrir el camino hacia una orden de búsqueda y captura internacional, Martinelli, un empresario metido a político, fue declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia en la causa de las escuchas ilegales, en la que está acusado de delitos que pueden costarle 21 años de cárcel.

También está en EE. UU. el expresidente hondureño Rafael Callejas  (1990-1994), quien este mes viajó voluntariamente a ese país para hacer frente a una acusación relacionada con la trama de corrupción destapada dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) .

Callejas, que era miembro de la Comisión de Mercadotecnia y Televisión de la Fifa y hasta el pasado 1 de agosto era también presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, se declaró no culpable ante un juez de Brooklyn, quien días después le concedió la libertad bajo una fianza de US4 millones.

El pasado 17 de diciembre pagó la suma solicitada y, según dicen los medios hondureños, está viviendo en Nueva York en casa de un excompañero de universidad.

No obstante, el juez dispuso una serie de medidas para evitar que Callejas se fugue.

Las acusaciones contra Callejas tienen que ver con las concesiones de los derechos de transmisión por televisión de partidos de la selección nacional de fútbol de Honduras, no con su mandato presidencial.

Al salvadoreño Francisco Flores  (1999-2004), que desde este lunes cumple arresto domiciliario, se le acusa de apropiarse de cinco millones de dólares y desviar otros US$10 millones hacia una cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista.

El dinero fue donado por Taiwán a El Salvador para financiar programas de reconstrucción y atención a las víctimas de dos sendos terremotos que asolaron al país centroamericano en el 2001.

El inicio del juicio contra el exmandatario, quien desde el 2014 ha estado encarcelado y también durante algún periodo en arresto domiciliario, beneficio del que vuelve a gozar ahora, está previsto para el 18 de enero del 2016.

El caso más resonante es, sin embargo, el del guatemalteco Otto Pérez Molina  (2012-2015), quien cumple prisión preventiva después de haber tenido que renunciar en septiembre pasado a la Presidencia por ser uno de los presuntos dirigentes de una trama de corrupción enquistada en las aduanas del país.

Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que renunció antes que él, han sido acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y en enero próximo se conocerá si van o no a juicio por corrupción.

En una reciente entrevista con el diario español El País, Pérez Molina, que renunció presionado por movimientos civiles anticorrupción e insiste en su inocencia, señaló que “no basta con meter a un presidente en la cárcel para lograr un futuro mejor”.

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Díaz presentó su solicitud ante la secretaría general de la Corte Suprema, encargada de investigar al exgobernante debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

El expresidente no se presentó este viernes a una audiencia del proceso que se le sigue por el espionaje a opositores durante su gobierno  (2009-2014) .

“Lo procedente es señalar que el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido y es declarado en rebeldía en este acto de audiencia”, dijo el juez del caso, Jerónimo Mejía, antes de suspender la vista, porque la ausencia del exmandatario “no permite que se discuta ningún otro tema”, dijo.

“Para poder pedir una detención tiene que haber una condena y para condenarme tengo que estar presente”, respondió Martinelli en una entrevista telefónica con el canal panameño Telemetro.

El exmandatario, quien lleva desde enero fuera de su país, dijo estar “contento”  y “confiado”  de “seguir viviendo en los Estados Unidos porque es un pais donde se respeta la ley”  y “hay presunción de inocencia” .

Martinelli consideró también que Mejía actuó “arbitrariamente”  y de manera “absurda”  sin “tan siquiera resolver previamente los recursos legales interpuestos por mis abogados”, dijo.

El 10 de octubre, Díaz acusó a Martinelli de espiar a opositores y solicitó emitir una alerta a través de Interpol para dar con el paradero del exgobernante.

Martinelli está acusado, junto al exdirector de la policía Gustavo Pérez y al exsecretario del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, de interceptar las comunicaciones de unas 150 personas entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores a su gobierno.

Varias causas

El expresidente “está huyendo y hay que buscarlo”  para que sea “conducido por los delitos que cometió”, dijo el exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata) Mitchel Doens, una de las víctimas del presunto espionaje, mientras que para el escritor Mauro Zuñiga, también espiado, la ausencia del exmandatario “es un acto de cobardía” .

Llegaron mas @CaDemocratico @rmartinelli amigo el pueblo esta contigo! @martamartinelli pic.twitter.com/8IRZrsQ2Si

— GISELLE JURADO (@gisellejurado) December 11, 2015

La Corte Suprema también investiga a Martinelli por la supuesta sobrefacturación en un contrato por US$45 millones en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.

Magnate del sector de supermercados que alcanzó la presidencia prometiendo una cruzada contra la corrupción, Martinelli es mencionado en otra decena de casos que investiga la justicia en relación a delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones por el pago de impuestos.

Varios ministros y altos funcionarios de su gobierno, así como empresarios ligados al expresidente, están en prisión preventiva o enfrentan cargos por corrupción, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, mientras que otros afrontan medidas cautelares.

Sin embargo, el expresidente y sus seguidores aducen que todo se trata de una persecución política de Varela, antiguo aliado de Martinelli hasta que lo cesó de su cargo de canciller en el 2011.

En el caso de Martinelli, la máxima instancia electoral avaló la solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de levantar el fuero al exgobernante para investigarlo por un fraude millonario a la casa de valores Financial Pacífic (FP) , en el que se menciona su nombre.

El TE suspendió el fuero penal electoral que ostenta el exgobernante en su condición de presidente y representante del opositor partido Cambio Democrático (CD) , al considerar que la investigación penal que adelanta la CSJ no guarda relación directa o indirecta con un proceso electoral interno del colectivo político.

El pasado 23 de septiembre, la Corte Suprema admitió dos nuevas causas penales que supuestamente vinculan a Martinelli, dirigente del partido Cambio Democrático, con actos de corrupción.

Una de estas dos causas está relacionada a un expediente administrativo que le fue remitido a la CSJ por la Superintendencia del Mercado de Valores  (SMV) sobre un fraude millonario a la casa de valores Financial Pacífic  (FP) .

Versiones de prensa local apuntan a que Martinelli estaría vinculado a FP con una cuenta bancaria con la que presuntamente hizo transacciones ilegales con base en el conocimiento de información privilegiada.

La CSJ ha señalado que se admitió este expediente enviado por la Superintendencia “para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine si se ha incurrido en la posible comisión de un delito tipificado por el Código Penal” , que serían delitos financieros o de blanqueo de capitales, según medios locales.

La sala de acuerdos del TE también accedió a la petición de la Fiscalía Primera Anticorrupción de levantar el fuero penal a la exprimera dama por un caso de corrupción relacionado con la compra de unas bolsas de comida durante las Navidades de 2013 a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional  (PAN) .

Los tres magistrados del TE decidieron que la Fiscalía puede continuar con la investigación a Linares de Martinelli ya que no afecta sus derechos políticos como candidata a las elecciones internas del partido que dirige su esposo, Cambio Democrático.

La Justicia panameña investiga la adquisición con supuestas irregularidades de 110 mil bolsas de comida que el despacho de la Primera Dama repartió por el país en la Navidad del 2013.

La compra, por US$5 millones, se hizo a través PAN, que es investigado por distintas corruptelas en la pasada Administración.

En el caso del hijo del exmandatario, el TE indicó en su acuerdo de sala que no es necesario levantarle el fuero, como lo solicitó la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, pues ya “renunció de manera tácita al mismo”  al no haber advertido ante la funcionaria judicial de instrucción que gozaba de ese beneficio procesal como convencional principal en las elecciones internas de CD.

La Fiscalía solicitó levantar el fuero a Martinelli Linares para investigarlo por su presunta vinculación a la obtención de manera irregular de una concesión del Estado a la empresa Grupo de Inversión Mundial, S.A, para operar el bingo televisivo conocido como Buko Millonarioña.

Martinelli rechazó las denuncias en su contra al afirmar que “los casos que me tienen a mí en Panama son políticos, no hay ninguna evidencia de ninguna especie”.

El 10 de octubre, la fiscalía acusó a Martinelli de espiar a opositores y solicitó a la policía panameña emitir una alerta a través de Interpol para dar con el paradero del exgobernante.

También es investigado por la Corte Suprema de Justicia por la supuesta sobrefacturación en un contrato por US$45 millones en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.

Martinelli, un magnate del sector supermercados que alcanzó la Presidencia prometiendo una cruzada contra la corrupción, es mencionado en otra decena de casos que investiga la justicia en relación a delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones por el pago de impuestos.

Sin embargo, Martinelli dijo ser un “chivo expiatorio” del actual gobierno de Juan Carlos Varela, excanciller por 26 meses durante su gobierno, para desviar la atención de los problemas del país y por ser un feroz crítico a su gestión.

Varela “tiene el miedo más grande, pánico y terror”  a que regrese porque “soy la única persona que le dice lo que está pasando” en Panamá, dijo Martinelli.

“Me han violado todos mis derechos sin importarles nada”, escribió Martinelli en su cuenta de Twitter.

Según el exmandatario, quien dijo ser “inocente de todo”, se han ofrecido prebendas y “ayudas”  y hay “amenazas”  para que sea inculpado en los distintos casos que se le siguen.

“Mi caso es como una violación carnal, sin asco”, añadió Martinelli, quien fue acusado el pasado viernes por el fiscal Harry Díaz de espiar opositores durante su gobierno (2009-2014).

Díaz responsabilizó a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública por peculado, por lo que solicitó a la Policía panameña emitir una alerta a través de Interpol para dar con su paradero.

Caso

Martinelli es acusado, junto al exdirector de la Policía Gustavo Pérez y al exsecretario del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, de interceptar las comunicaciones de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos críticos a su gestión.

Mi caso es como una violación carnal,sin asco y kayen,por una persona q ahora un grupo de 8 mas deben decidir si participan o corrijen

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) October 12, 2015

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, restó importancia a las declaraciones de Martinelli durante un acto público: “El expresidente tiene muchos abogados y yo estoy aquí para defender los intereses del pueblo, que fue el que me eligió”, dijo Varela a periodistas.

Es investigado por supuesta sobrefacturación en un contrato por US$45 millones en la compra de comida deshidratada para escuelas del país, y se lo vincula con casos de compra de granos con sobreprecios, posibles delitos financieros a través de una casa de valores, cobro de comisiones por el pago de impuestos e indultos otorgados bajo su administración.

Sin embargo Martinelli, quien lleva desde enero fuera del país y dice estar en Miami, ha manifestado que las acusaciones se deben a una persecución política del gobierno actual de Varela, exaliado político y excanciller hasta que Martinelli lo cesó en el 2011.

“Sin escucharme y sin evidencias sólidas han formulado cargos contra mí violando todos mis derechos. En Panamá no hay ley ni orden”, manifestó Martinelli en la red social Twitter.

Urriola participó este martes de una audiencia en el Juzgado Primero de lo Penal, en la capital panameña, en contra de Fábrega, a la que éste se presentó de forma sorpresiva después de estar casi cinco meses prófugo de la justicia.

Según Urriola, Fábrega habría declarado que se reunía con Martinelli y Shamah “en la Presidencia y le pedían que verificara todo lo que tuviera que ver con Financial Pacific y que los mantuviera informados”.

Medios locales revelaron en el 2012 una supuesta vinculación de Martinelli con Financial Pacific, en la que tendría una cuenta secreta para el uso de información privilegiada para hacer negocios.

Martinelli, quien ha sido salpicado por varios casos de corrupción durante su mandato  (2009-2014) , siempre negó tener esa cuenta para cometer actos fraudulentos y manipular acciones, aunque reconoció ser cliente de esa casa de valores.

En su declaración indagatoria, Fábrega “señalo que él consideraba que tanto el expresidente como el exministro eran accionistas de Financial Pacific”, dijo Urriola.

A Fábrega se le vincula con la desaparición del investigador de la Superintendencia, Vernon Ramos, cuyo paradero se desconoce desde el 2012 cuando investigaba posibles irregularidades en la SMV y Financial Pacific, actualmente en proceso de liquidación.

La SMV se querelló contra Fábrega por el delito de corrupción de funcionarios públicos por supuestamente revelar información confidencial que recibía debido a su cargo en la entidad reguladora del mercado de valores panameño.

Fábrega se declaró “culpable”  de los hechos aunque aclaró que seguía instrucciones, según Urriola.

Aun así, la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore pidió la pena máxima de ocho años en su contra.

En otro caso, Cuatro integrantes del gabinete de Martinelli -quien está fuera del país desde enero- están presos por enriquecimiento ilícito y corrupción, mientras que otros enfrentan medidas cautelares.

El expresidente es investigado por la Corte de Justicia por la presunta compra sobrevalorada de comida deshidratada para escuelas del país y por espionaje ilegal a opositores.

“En los próximos días la señora Burillo enfrentará este proceso y cualquier otro en el cual se le quiera vincular”, dijo Carlos Carrillo, abogado de la exfuncionaria.

Según el letrado, a Burillo, quien se encuentra fuera del país, se le acusa por “delito de peculado”.

“Se está hablando de diferencia en precios de alquileres de vehículos y de pólizas de seguros”, añadió Castillo.

Según este abogado, la denuncia contra Burillo fue presentada el pasado 1 de julio por su sucesora en el cargo, Ada Romero, quien fue cesada también por el actual mandatario Juan Carlos Varela.

Burillo se convierte en la séptima integrante del gabinete de Martinelli que enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito y corrupción.

Los exministros de Economía, Frank De Lima, de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino y de Desarrollo Agropecuario, Oscar Osorio, se encuentran presos.

Además, otros tres exministros tienen medidas cautelares por distintos casos de corrupción, que ha llevado a la cárcel también a otros altos exfuncionarios y empresarios ligados al pasado gobierno.

El propio Martinelli, que se encuentra fuera de Panamá desde enero, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por la presunta compra con presuntos sobreprecios de comida deshidratada para escuelas del país y escuchas ilegales a opositores.

Orden de conducción contra Giselle Burillo es por supuesto alquiler de autos a $3 mil el día http://t.co/VGGhARefH3 pic.twitter.com/QAyeE9Q4Hq

— ECO TV (@ecotvpanama) July 21, 2015

Entre los que presentaron estas querellas están el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático  (PRD) Mitchell Doens; la excandidata presidencial de este colectivo político Balbina Herrera; y su correligionario Bernabé Pérez.

Otros en la lista de querellantes que alegan haber sido víctimas de las escuchas telefónicas, son el constitucionalista y activista Miguel Antonio Bernal y el diputado José Luis Varela, del gobernante Partido Panameñista  (PPa) y hermano del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela

Martinelli está fuera del país desde que salió de Panamá el 28 de enero pasado, horas antes de que la CSJ decidiera abrir un proceso para investigarlo por supuestos delitos contra la administración pública.

Los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional  (CSN) en el Gobierno de Martinelli Gustavo Pérez y Alejandro Garúz permanecen detenidos de manera preventiva en la Cárcel La Gran Joya desde mediados de enero pasado y han sido llamados a juicio para agosto próximo por los “pinchazos”  telefónicos ilegales.

Entre los que deberán comparecer al juzgado decimosexto de Circuito Penal, que fijó la audiencia para el 17, 18, 19 y 20 de agosto próximo, además de Pérez y Garuz, están Ronny Ramiro Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro, ex funcionarios del CSN, quienes se encuentran con paradero desconocido.

La audiencia se enmarca en el proceso seguido de oficio a los cuatro exfuncionarios por la supuesta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

En febrero pasado, el MP informó que para esa fecha recibió un total de 44 declaraciones juradas de personas víctimas de estas supuesta vulneración de sus derechos fundamentales en el caso de las escuchas ilegales.

Los pinchazos telefónicos fueron operados por personal del CSN con un equipo tecnológico de espionaje comprado a una empresa israelita, y que hoy día se encuentra desaparecido, reveló la fiscalía tras sus investigaciones.

Según Fernández, la SBP advirtió en 2014 a los directivos de Banco Universal de una serie de “deficiencias y vulnerabilidades” financieras que ponían en riesgo “la sana gestión” de esa entidad bancaria y le requirió una serie de medidas correctivas que no se habrían cumplido en su totalidad.

Ante el “incumplimiento” de esas prohibiciones y restricciones impuestas, la SBP decidió “tomar control de las operaciones de Banco Universal para salvaguardar los mejores intereses de sus clientes y depositantes” para “proteger sus ahorros”, dijo Fernández.

Espera

La intervención será por 30 días prorrogables por igual periodo, según la resolución.

La intervención de Banco Universal, perteneciente a la familia de Virzi, se produce dos días después de la detención del ex vicepresidente, aunque Fernández rechazó que el acto tuviera que ver con las investigaciones que se realizan contra Virzi por posible corrupción.

La Superintendencia “actúa de manera diferente” a las autoridades judiciales y esta intervención es “preventiva” y “administrativa”, señaló el funcionario.

Caso

Virzi, vicepresidente segundo durante el gobierno de Ernesto Prez Balladares (1994-1999), fue detenido por órdenes de la Fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleika Moore, por su supuesta vinculación con pagos irregulares por parte de una empresa para lograr la adjudicación de un fallido proyecto durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Por este caso, también fue detenido el jueves el ex ministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio.

Según las investigaciones, el Estado panameño pagó a la empresa ecuatoriana Hidalgo&Hidalgo más de US$37 millones por un proyecto de riego que nunca se realizó y en el cual Virzi, cercano a Martinelli, habría participado como intermediario.

Tras ser favorecida con el contrato, la empresa giró en agosto de 2012 un cheque a favor de Virzi por más de US$5 millones, cantidad que habría sido repartida posteriormente a cuentas de personas y sociedades relacionados al gobierno anterior, incluido Martinelli.

Mario Martielli pagó una millonaria fianza para no ir preso.

Su hermano Ricardo no consiguió que este lunes sus abogados echaran por tierra el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por peculado en la compra de comida deshidratada por más de 40 millones de dólares para las escuelas públicas en el quinquenio pasado.

El gobierno de “los locos somos más”, como popularmente el mismo Martinelli lo proclamó en campaña, que llegó al poder con más del 60 % de los votos válidos, ve ahora como se acrecientan los casos judiciales en su contra, que juntos superan los 1 mil 200 millones de dólares en supuesto peculado y tienen subiendo y bajando escaleras y en prisión, domiciliaria o carcelaria, a varios de su “círculo cero” .

Llevar a Martinelli al estrado lo convertirá en el primer exmandatario panameño en dar cuentas a la justicia por corrupción desde que se instauró la democracia en Panamá en 1989.

A pocas semanas de cumplir su primer año de mandato, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, mantiene su posición de tomar distancia de los procesos judiciales en contra de su predecesor, del que fue su vicepresidente, con el que rompió en noviembre del 2011 luego que Martinelli lo despidiera, vía twitter, de la Cancillería.

“Yo estoy preocupado por servir a mi país, él (Martinelli) que se preocupe de defenderse con sus abogados ante la justicia” , afirmó con cierto tono de desdén Varela al ser preguntado por el proceso que se le sigue a su antiguo aliado en el tribunal supremo.

Mientras tanto, el exgobernante se mantiene en Miami (EE.UU.) , a donde llegó luego de pasar por Guatemala el 28 de enero pasado a una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen) , del que forma parte.

“El volverá a Panamá cuando tenga que volver y existan las garantías” , dijo escuetamente el presidente encargado del partido Cambio Democrático (CD) de Martinelli, Rómulo Roux.

Parece que se les olvidó la actitud agresiva del exgobernante, quien luego de la aparatosa derrota de mayo de 2014 de su candidato José Domingo “Mimito” Arias, se golpeaba el pecho gritando “péguenme a mi, que yo soy un hombre” , al trascender los primeros casos de corrupción que el gobierno de Varela iba a investigar.

De esa cuenta, al día de hoy cuatro ministros de Martinelli están en la mira de la justicia, dos en prisión preventiva: Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social) y Frank de Lima (Economía y Finanzas) y dos con casa o país por cárcel: Lucy Molinar (Educación) y José Suárez (Obras Públicas) , por otros casos de corrupción.

Dos exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, están presos en la misma cárcel del exgeneral Manuel Antonio Noriega, de El Renacer, lo mismo que el exjefe del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia, considerado el “cantante” de todos los supuestos latrocinios que cometió el gobierno anterior a través de esa institución de ayuda social.

Además, Giacomo Tamburelli, otro exdirector del PAN, está en casa por cárcel y es quien con sus declaraciones sobre el caso de comida deshidratada tiene a Martinelli bajo investigación.

El juez de garantías del caso contra Martinelli, Jerónimo Mejía, fue claro el lunes en la audiencia de control, que “se abstenía” de pronunciarse sobre la petición de la defensa de no iniciar el proceso porque no correspondía hacerlo bajo el sistema penal acusatorio.

“Ya tomé mi decisión, me abstengo en esa y cualquier otra petición en ese sentido, porque no estamos en la etapa procesal intermedia” , fue categórico Mejía, por lo que la defensa, encabezada por el exprocurador Rogelio Cruz, se guardó las otras 13 peticiones que tenía en ese sentido y el proceso seguirá.

El sistema penal acusatorio busca que las causas se lleven con el debido respeto a los derechos del imputado, pero también vela porque los abogados o fiscales no usen tácticas dilatorias para evitar el procesamiento.

Eso le da dos meses al magistrado fiscal, Oyden Ortega, para reunir las pruebas y presentar la formulación de cargos contra el multimillonario Ricardo Martinelli, el gran impulsor de obras de infraestructura en Panamá que ha cedido su partido y su cadena de supermercados, para refugiarse en Miami, quizá recordando sus palabras “se puede meter la pata, no las manos” en el erario.

La decisión de la Corte se produce luego de que el pasado 8 de abril el Tribunal Electoral anunciara que levantaba el fuero penal contra Martinelli para que fuera investigado por un supuesto delito contra la administración pública.

La Corte había solicitado el 16 de marzo el levantamiento del fuero penal de Martinelli para abrirle una investigación por presuntos hechos de corrupción después de rechazar todos los recursos de la defensa del exmandatario (2009-2014).

Las investigaciones contra Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, se originan en la supuesta sobrefacturación por unos 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para las escuelas del país.

Esas compras se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), un plan de emergencia para combatir la pobreza y cuyos dos últimos directores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, están detenidos por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Guardia y Tamburelli habrían declarado durante los interrogatorios que Martinelli obligaba a firmar los contratos con los presuntos sobrecostos, argumentación que fue confirmada también ante la Fiscalía por el exministro de la Presidencia -encargada del PAN- Jimmy Papadimitriu.

Varios ministros y altos funcionarios de Martinelli, empresarios y un exmagistrado de la Corte -apoyado por el expresidente- están presos o enfrentan procesos judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.

Martinelli siempre ha negado las acusaciones y ha manifestado que todo se debe a una persecución política del actual gobierno en su contra.