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Gobierno necesita más de Q7 mil millones para electrificar todo el país, solo supera a Haití y Honduras en cobertura

Mon, 29 Sep 2025 20:30:39 +0000

Energía

Gobierno necesita más de Q7 mil millones para electrificar todo el país, solo supera a Haití y Honduras en cobertura

Guatemala necesita una inversión de aproximadamente Q7 mil 500 millones para llevar electricidad a 344 mil hogares y alcanzar la cobertura universal. Alta Verapaz registra la menor cobertura con solo 56.35%, según índice.

29 de septiembre de 2025 | 14:30h

Con proyectos de electrificación rural se busca ampliar la cobertura del servicio. En al país aún casi el 10% de población n o tiene ese servicio en su hogar o comunidad. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reporta que hay 344 mil hogares que no cuenta con electricidad, lo que equivale a un 9.2% de falta de cobertura en el país, según el Índice de Cobertura Eléctrica (ICE) del 2024.

Dicho índice alcanzó un 90.76% de cobertura nacional, clasificada en cuatro niveles por departamento, desde el más alto hasta el más bajo. El departamento con menor cobertura es Alta Verapaz.

Alta Verapaz alcanza un 56.35% de cobertura, pero algunos de sus municipios no llegan al 50%: Santa María Senahú, 27%; San Agustín Lanquín, 37%; Panzós, 41%; Chahal, 42%; y Fray Bartolomé, 50%, según datos divulgados el lunes 29 de septiembre por el ministro Víctor Hugo Ventura.

En el segundo grupo con menor cobertura se ubican siete departamentos. Después de Alta Verapaz, Petén tiene 81.07%, seguido de Baja Verapaz y Chiquimula, luego Huehuetenango, Quiché e Izabal, todos en un rango de entre 82% y 83%, y Jalapa con 89.17%.

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Siete departamentos tienen cobertura de entre 90% y 95%. El más bajo es Zacapa, con 90.32%, y el más alto, Jutiapa, con 94.64%.

En el grupo con mayor cobertura (95% en adelante) están otros siete departamentos. Totonicapán alcanza 96.14%, y según el ministro, solo tres departamentos “pueden decirse que están totalmente electrificados”: Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla, que aparecen con 99.99%, 99.93% y 99.50%, respectivamente.

Ventura añadió que, a nivel internacional, Guatemala solo supera a Haití y a Honduras en cobertura eléctrica.

¿Cuánto se requiere?

El ministro explicó que se necesita una inversión para conectar a los 344 mil hogares restantes mediante sistemas de distribución o sistemas aislados. También se requieren inversiones en redes, líneas de transmisión y subestaciones. La inversión estimada es de entre US$900 millones y US$1 mil millones, equivalentes a unos Q7 mil 500 millones.

“Eso es lo que tiene que invertir el país para lograr la universalización del servicio de energía”, expresó el funcionario.

Desde el inicio del gobierno, las autoridades han anunciado como meta alcanzar el servicio universal de electricidad. Según la Ley General de Electricidad, en el área de generación existen unos 125 generadores, entre privados y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), explicó Ventura.

El INDE sigue siendo un actor importante en generación, pero actualmente aporta entre el 15% y 17% de la producción total de energía, en transporte y transformación operan unas 10 empresas, siendo el INDE responsable de cerca del 45% de estos servicios, según añadió.

La distribución está a cargo de tres grandes compañías: la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), y las dos distribuidoras de Energuate (Deocsa y Deorsa). Además, existen unas 14 empresas eléctricas municipales.

“El Estado como tal no presta el servicio final de electricidad. Sin embargo, a través de nuestro ministerio se coordinan las políticas, planes y programas para que la energía no nos falte”, dijo el funcionario.

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Nuevas licitaciones

Añadió que en el 2025 se lanzaron tres licitaciones, dos en abril y una en agosto.

Las licitaciones lanzadas en abril corresponden a la quinta convocatoria de contratos a largo plazo del Plan de Expansión de Generación de Electricidad (PEG 5), mediante el cual las tres distribuidoras buscan proveerse de 1 mil 550 megavatios, a la tercera licitación del Plan de Expansión de la Red de Transmisión Eléctrica (PET 3), enfocado en cuatro bloques.

En tanto el INDE lanzó en agosto el otro evento, que consiste en la primera de cuatro licitaciones para ejecutar proyectos como parte del Programa de Infraestructura de Electrificación Rural (PIER), con el cual se espera ampliar la red. En la primera licitación estima una inversión de US$17.5 millones, según se dio a conocer en esa oportunidad.

El financiamiento para el PIER proviene de un préstamo de US$120 millones, que brindó por partes iguales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación de Corea del Sur por medio del Fondo Coreano de Inversión. Con este se prevé que en total 40 mil hogares nuevos en zonas rurales con población indígena tengan acceso a electricidad. Incluiría nuevas líneas de distribución eléctrica y se prevé que aumente en 2.78 puntos porcentuales el índice de cobertura eléctrica.

Según Ventura, se tienen altas expectativas de participación, ya que con estas grandes licitaciones históricamente podría ser la mayor inversión en el sector energético, con más de US$4 mil millones.

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El ministro reconoció fallas en el avance en el área de transmisión, debido a que la última licitación de este tipo, lanzada en 2015, ha tenido muy poco avance en una década. Por ello, la PET 3 incluye requisitos más estrictos para asegurar la participación de empresas idóneas.

En cuanto a la universalización del servicio eléctrico, Ventura dijo que se promueve desde el INDE con apoyo del Gobierno Central, financiamiento externo y recursos institucionales.

Ventura también mencionó que se trabaja en brindar el servicio de energía eléctrica a 52 mil personas, mediante 8 mil 750 proyectos de electrificación rural, con una inversión de Q157 millones, enfocados en Alta y Baja Verapaz, Petén, Izabal, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula. Estos serían con fondos propios del INDE por medio de Proyectos de Electrificación Rural.

Por emergencia, MEM adjudica operación de pozos petroleros en Quiché y Alta Verapaz

Mon, 01 Sep 2025 06:06:00 +0000

Guatemala

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Por emergencia, MEM adjudica operación de pozos petroleros en Quiché y Alta Verapaz

La explotación, exploración y cierre técnico de las áreas Atzam y Tortugas, que estuvieron a cargo de Latin American Resources, se concedió a Insersa por un plazo de diez años.

José Manuel Patzán

1 de septiembre de 2025 | 00:06h

La explotación y exploración petrolera en Quiché y Alta Verapaz se concedió por un plazo de diez años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó, por emergencia, la exploración y explotación de los pozos petroleros Atzam y Tortugas a la empresa Industrial de Servicios, Sociedad Anónima —Insersa, por su nombre comercial—.

Los pozos, que deben someterse a un cierre técnico al cabo de los diez años del contrato, generan rendimientos diarios de alrededor de US$65 mil, de acuerdo con fuentes informadas sobre la extracción petrolera.

El contrato de servicios petroleros de emergencia para el bloque 7a número cero uno guion dos mil veinticinco (01-2025), celebrado el 8 de agosto entre el Ministerio de Energía y Minas e Insersa establece que la contratista podrá realizar los trabajos de exploración indirecta y directa que considere necesarios, para obtener una mayor producción y que los ingresos obtenidos sean destinados conforme a la distribución indicada para la ejecución del cierre, desmantelamiento y abandono.

Por años, los pozos estuvieron administrados por Latin American Resources, compañía vinculada con Gregory Charles Smith, esposo de la excandidata a la presidencia Zury Ríos.

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Señalamiento

La explotación de los pozos Atzam y Tortugas, ubicados en Ixcán, Quiché y Cobán, Alta Verapaz, estuvo marcada por señalamientos de daños ambientales y sociales.

En 2023 el MEM puso fin al contrato con LAR “por incumplimientos legales y contractuales”, de acuerdo con los antecedentes expuestos en el contrato 01-2025 con Insersa. Luego de los trámites internos, en febrero de 2025 el MEM acordó “declarar de emergencia la contratación de servicios petroleros”, según se indica en el contrato “para garantizar la seguridad de las personas y comunidades circunvecinas, el medioambiente , así como las instalaciones, bienes e intereses del Estado” mediante la continuidad de las operaciones petroleras.

Las empresas que buscaron obtener la operación de los pozos son las sociedades anónimas Arcadia Exploraciones; Calidad; Operadores Mineros; Islanda Oil Exploration Services; Tritan Energy Guatemala, e Industrial de Servicios (Insersa).

Insersa se constituyó el 11 de enero de 2024 bajo la fe de la notaria Emily Antonieta Cacoj Pérez. Según registros oficiales, sus socios fundadores son Charles Edward Coates Villacorta y José Ramón Soto Gálvez.

Fuentes del sector petrolero y representantes comunitarios señalan que Insersa podría estar vinculada con las mismas personas que integraban LAR. Los pozos Atzam y Tortugas, según estimaciones, podrían generar rendimientos diarios cercanos a los US$65 mil, lo que explicaría el interés de diversas empresas por mantener su explotación operativa de forma inmediata.

Los representantes de LAR como los de Insersa niegan cualquier vinculación directa.

En 2024, el MEM resolvió cancelar el contrato de LAR por atraso en el pago de regalías, multas y otros adeudos que ascendían a aproximadamente US$1.5 millones, más intereses. Además, las comunidades locales de Alta Verapaz denunciaron reiteradamente promesas incumplidas de indemnización, desarrollo y compensaciones laborales que LAR no cumplió.

Investigaciones de los medios No Ficción y ConCriterio han detallado cómo LAR, bajo diferentes nombres corporativos —como Mexpetrol, Petro Latina o Quetzal Energy—, atrajeron inversiones millonarias desde Australia, cuyos fondos desaparecieron sin generar los beneficios esperados. Algunos exdirectivos fueron señalados por desfalcos y desvío de recursos, mientras que la empresa enfrentaba demandas judiciales tanto en Guatemala como en el extranjero.

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Además, investigaciones periodísticas han señalado que Smith intentó incidir en las decisiones del MEM mediante contactos con funcionarios y aliados políticos, en un esfuerzo por evitar la revocación de los derechos de explotación. Sin embargo, la cartera resolvió dar por terminado el convenio.

Se pidió al Ministerio de Energía y Minas una explicación sobre la concesión del contrato pero durante una semana no se obtuvo respuesta.

Sin conexiones

La exrepresentante legal de Latin American Resources, Andrea María Fajardo López, explicó que trabajó para esa compañía durante más de doce años y que, desde 2018, denunció actos de corrupción cometidos por directivos y funcionarios vinculados con el sector de hidrocarburos. Según relató, ella misma filtró información a medios de comunicación sobre presuntas irregularidades y asegura que, a raíz de eso, ha sido objeto de señalamientos y campañas en su contra.

En cuanto a las acusaciones de que los socios de Insersa —la empresa que actualmente administra los pozos Atzam y Tortugas— serían los mismos que operaban Latin American Resources, Fajardo lo calificó como “100 % falso”. Subrayó que no mantiene ninguna relación con los inversionistas anteriores y que, por el contrario, algunos de ellos formaron parte de empresas competidoras.

Afirmó que Insersa cuenta con respaldo financiero y técnico propio, distinto al de los inversionistas de Latin American Resources. Reiteró que los ataques en su contra responden a los intereses de competidores y exfuncionarios del sector energético.

“No soy dueña, ni socia, ni accionista de ninguna de estas compañías. Lo único que hago es dar la cara y trabajar con transparencia”, afirmó.

Fajardo recalcó que, en su caso, únicamente prestó servicios de consultoría a Insersa para que pudieran participar en el evento. Relató que, en el pasado, enfrentó procesos legales y embargos personales derivados de conflictos con exempleados de LAR.

En relación con los señalamientos de contaminación ambiental en Alta Verapaz por parte de LAR, Fajardo sostuvo que se trató de acusaciones falsas. Según su versión, durante la inspección se comprobó que los residuos encontrados no provenían de la operación petrolera, sino que habían sido colocados por pobladores con aceite quemado.

“Fue lo mismo que ocurrió en Fray Bartolomé de las Casas, un montaje provocado por actores interesados en apropiarse del campo”, afirmó.

La exrepresentante señaló que, en ese entonces, recomendó al presidente de LAR, Gregory Smith, que la empresa debía cumplir con sus pagos de regalías, las cuales ya acumulaban multas y moras millonarias. Según sus cálculos, la deuda total podría rondar los US$5 millones, considerando penalidades e intereses.

Además, Fajardo mencionó que interpuso denuncias en el Ministerio Público relacionadas con la captación irregular de capitales en el extranjero por parte de LAR. Una de estas fue presentada en abril de 2021, pero aseguró que el abogado Steve Galindo, vinculado a la petrolera, logró que se desestimara. Sin embargo, este año el caso volvió a reactivarse, y ella continúa aportando información al proceso.

Aseguran que no hay nexos

Daryn Barahona, director de Industrial de Servicios, Sociedad Anónima (Insersa), negó que exista algún tipo de relación con la compañía Latin American Resources, anterior operadora de los pozos petroleros Atzam y Tortugas, en Alta Verapaz.

“Eso es totalmente falso. Somos una empresa mexicana, 100% independiente y no tenemos nada que ver con Latin American”, aseguró el directivo en comunicación con Prensa Libre.

El ejecutivo explicó que la confusión se ha generado porque Insersa está actualmente a cargo de la explotación de los pozos, luego de que Latin American dejara diversas deudas en el país.

“La gente piensa que somos la misma empresa, pero no es así. Incluso estamos pagando compromisos que no nos corresponden. Lo que queremos es reactivar la economía local”, indicó.

Además, invitó a la prensa a visitar las operaciones en Alta Verapaz para constatar el trabajo en campo.

Sobre Latin American, Barahona señaló que la firma perdió totalmente el control de los pozos por incumplimientos con el Estado. “Ellos no pagaron lo que debían y por eso se les retiró la operación”, afirmó.

El directivo aclaró que los pozos están cerrados desde hace cuatro años, por lo que actualmente “no hay absolutamente nada de producción; es cero”. No obstante, adelantó que Insersa planea invertir de inmediato para reactivar los campos:

“Inicialmente estamos hablando de una inversión de US$3 millones para mitigar la emergencia, pero a largo plazo la cifra podría alcanzar los US$10 millones.”

Sobre el tema ambiental, reconoció que el proceso está en desarrollo debido a la naturaleza de la adjudicación. “Como es un contrato de emergencia, estamos trabajando en paralelo con la actualización del estudio de impacto ambiental. Hay que retomar el que ya existía y luego hacer uno con más detalle”, señaló.

Finalmente, invitó a visitar el área para constatar las condiciones en que recibieron los campos y los trabajos en marcha: “Sería muy bueno que fueran a ver cómo está ambientalmente el estado del campo, el estado de los pozos y las comunidades.”

Precio del gas en Guatemala: cuánto bajó en la última semana y cuánto cuesta el cilindro

Sat, 23 Aug 2025 00:48:17 +0000

Precios al consumidor

Precio del gas en Guatemala: cuánto bajó en la última semana y cuánto cuesta el cilindro

Según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), los precios de referencia del gas licuado de petróleo (GLP) en todo el país presentan una reducción respecto del inicio de semana.

Rosa María Bolaños

22 de agosto de 2025 | 18:48h

El precio del gas propano reporta baja que varía según la presentación en cilindro. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las cifras divulgadas por la institución con el monitoreo al 21 de agosto, reflejan que por libra el nuevo precio se ubica en Q4.40, lo que significa una baja de Q0.40 por libra, equivalente a 8.33%. Y los precios vuelven a niveles de enero del 2025.

Por presentación en cilindros al 21 de agosto, el MEM reporta estos precios:

Cilindro de 25 libras: Q110, una baja de Q10
Cilindro de 35 libras: Q154, bajó Q14
Cilindro de 100 libras: Q440, disminuyó Q40

Las empresas Zeta Gas y Tropigas informaron en sus redes sociales sobre estas rebajas en las presentaciones citadas.

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Aunque no aparecen en el monitoreo del MEM ni en los reportes de las compañías, al aplicar la baja por libra, el cilindro de 40 libras se estimaría en Q176, con una reducción de Q16, y el de 60 libras en Q264, con una baja de Q24.

Los precios están regresando a los niveles registrados hasta enero del 2025, cuando posteriormente durante febrero se reportaron dos incrementos en ese mismo mes.

Lea más en: Precio del gas propano en Guatemala: ¿Cuánto ha aumentado en los últimos cinco años y qué esperar?

El MEM aún no informa en su monitoreo las razones de esta variación.

De noviembre del 2021 a junio del 2023 el gas contó con subsidio, debido al alza drástica registrada por las condiciones del mercado internacional. El resto del tiempo ese beneficio ya no se aplicó.

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El MEM reportó en sus redes sociales que lo precios del gas bajaron según el monitoreo del 21 de agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla Instagram memguatemala).

¿Cuál es el impacto en la economía por el cierre de operaciones del campo petrolero Xan que estuvo a cargo de Perenco?

Fri, 15 Aug 2025 06:10:00 +0000

Industria extractiva

Suscriptores

¿Cuál es el impacto en la economía por el cierre de operaciones del campo petrolero Xan que estuvo a cargo de Perenco?

El Banguat estima que hay una pérdida millonaria, pero manejable en el producto interno bruto (PIB) por el cierre de Perenco, pero considera que el efecto se reflejará en las comunidades aledañas a donde operaba la empresa.

Rosa María Bolaños y Urias Gamarro

15 de agosto de 2025 | 00:10h

El contrato 2-85 operado en Petén, inicialmente fue por un plazo de 25 años, de 1985 al 2010, luego una prórroga por 15 años basados en la ley que creó Fonpetrol. El nuevo plazo venció el 12 de agosto. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Con el vencimiento del contrato de explotación petrolera 2-85, con el que operaban el campo Xan y la refinería en Petén, se analiza el impacto económico que representaría su cierre.

El Banco de Guatemala (Banguat) indicó que el cese de esa explotación equivale aproximadamente al 0.07% del producto interno bruto (PIB).

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, explicó que en el 2024 la extracción de petróleo y gas natural representó el 17.1% de la actividad de explotación de minas y canteras, y que de ello se estima la incidencia mencionada en el PIB.

Agregó que en 2024 el PIB fue de Q878 mil 263.3 millones. Con base en ese dato, se calcula que el 0.07% representa alrededor de Q615 millones, cifra que equivaldría al impacto económico nacional.

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Además, el valor agregado nominal de la extracción de petróleo y gas natural en el 2024 fue de Q639.5 millones. Esa cifra ha disminuido en comparación con años anteriores: en el 2013, esta actividad registró un mayor aporte al PIB con un 0.43%, con un valor agregado de Q1 mil 797.4 millones y un PIB nominal de Q416 mil 383.2 millones.

Impacto será local

No obstante, González Ricci señaló que el análisis debe contemplarse en dos vertientes: “Si lo vemos en términos del PIB, diría que es bajo, no es representativo, pero se debe tomar en cuenta otro factor importante, que es el impacto en Petén”, principalmente en las comunidades de los municipios de San Andrés y La Libertad, donde se ubican el campo petrolero y la refinería.

Según fuentes comunitarias, podrían resultar afectadas entre 5 mil y 6 mil familias, lo que representa entre 25 mil y 36 mil personas, dijo el el presidente de la banca central.

Además del impacto en el PIB, las alcaldías dejarán de percibir ingresos derivados de esta actividad, con los cuales mantenían escuelas, centros de salud y otros servicios, dado ese escenario, el Estado deberá asumir tales responsabilidades, refirió.

El funcionario recordó la existencia del Fondo de Petróleo (Fonpetrol), cuyos recursos, en un 90%, eran generados por Perenco, la empresa operadora del campo Xan. Con ese fondo se distribuían recursos a las municipalidades, provenientes de regalías y otros rubros.

“Entonces, aunque en el PIB no es representativo, no podemos dejar de ver la importancia que tiene para Petén, especialmente para esos dos municipios, porque ayuda a generar inversiones, empleos y otros beneficios”, manifestó.

Gráfica de producción petrolera en el campo Xan de 1986 a julio del 2025, según datos del MEM. (Foto, Prensa Libre: Infografía).

Distribución de fondos

En cuanto a los riesgos fiscales, González Ricci afirmó que el impacto en ingresos tributarios sería marginal. Añadió que la producción fue descendiendo por falta de inversión en los pozos, no por escasez de petróleo, sino por la incertidumbre sobre la continuidad del contrato.

Recordó que ese tipo de crudo se usa para la producción de asfalto, un insumo necesario en el país.

Los fondos de Fonpetrol se distribuían de la siguiente forma: el 5% para los consejos de desarrollo en general, y el 20% para los consejos departamentales donde se realizan operaciones petroleras, que en este caso eran Petén y Alta Verapaz, de manera proporcional a su producción anual.

El campo Xan se ubica en San Andrés, Petén; la refinería, en La Libertad. El oleoducto conecta con Piedras Negras, Izabal.

Impacto puede ser mayor

Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas y actual presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, comentó que con el fin del contrato que generaba la mayor producción petrolera del país, esta caerá drásticamente. Calcula que el impacto sería del 1.1% al 1.2% del PIB y considera que el Banguat debe ajustar sus proyecciones de crecimiento para 2025 y años siguientes.

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Estrada advirtió sobre el riesgo que corre el oleoducto, que fue devuelto por la empresa antes de la finalización del contrato. Ahora el Estado deberá cuidar los aproximadamente 300 kilómetros de ducto para evitar su deterioro, como ocurrió con la red ferroviaria. Afirmó que esa infraestructura es clave para futuras exploraciones y conexiones con otros pozos.

Otro efecto sería el costo del cierre técnico del campo, que según el Ministerio de Energía y Minas podría rondar los US$50 millones.

El exministro responsabiliza tanto al gobierno anterior como al actual, por no haber gestionado de forma ordenada la transición, y considera que la falta de planificación daña la imagen del país ante posibles inversionistas. “Hay mucho petróleo en Guatemala; dejar que un contrato expire sin un plan, convierte todo en un problema administrativo”, concluyó.

Estrada también advirtió sobre la pérdida de empleos, demanda e ingresos públicos derivados de esa actividad.

Aporte de Perenco era importante

Olav Dirkmaat, director de UFM Market Trends, identificó cuatro efectos principales: pérdida de ingresos fiscales y aportes locales en Petén; caída en la producción de asfalto, lo que encarecería ese material y se tendría hasta un 30% de sobrecosto en las obras; reducción de actividad económica sin alternativa directa, y el costo del cierre técnico, que el Estado asumiría.

Dirkmaat considera que la decisión de cerrar los pozos sería económicamente y ambientalmente irracional, ya que podrían seguir produciendo durante varios años más, y que la deforestación podría intensificarse ante la falta de recursos para proteger áreas como el Parque Nacional Laguna del Tigre.

Contrario a lo que se dice, asegura que la extracción petrolera sí dejaba ingresos importantes al país.

Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas, explicó que la producción se regía por el modelo de “costos recuperables”, mediante el cual la empresa cubría sus inversiones con los ingresos generados, y al Estado solo se le entregaban las regalías, que aumentaban según la calidad del crudo y el volumen extraído. Posteriormente, se sumaron otros aportes como fondos privativos y donaciones.

En cifras

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, entregados a la bancada Vos en abril de este año, en el plazo del 2010 y del 2024 las operaciones del contrato 2-85, a cargo de Perenco Guatemala Limited, generaron ingresos por US$750.73 millones.
Los costos recuperables reconocidos por el MEM a la empresa por las inversiones efectuadas fueron de US$945.7 millones.
Los ingresos destinados al fondo común se dividieron así: US$140.93 millones en regalías; US$584.87 millones por participación estatal de hidrocarburos; y US$3.68 millones para Fonpetrol, pero en este último rubro otros informes reportan una cifra de US$16 millones.
En fondos privativos: US$4.68 millones para capacitación; Q790 mil en cargos anuales y tasas administrativas.
Contratos de donación: US$11.83 millones para el Batallón de Infantería de la Selva (US$0.30 por barril), y US$3.95 millones para Conap (US$0.10 por barril).
También se reportaron US$136 millones en ISR durante ese periodo (según datos del MEM publicados por UFM Market Trends).

Ministerio de Energía y Minas y Perenco oficializan traspaso de activos petroleros en Petén

Wed, 13 Aug 2025 09:00:00 +0000

Petróleo

Ministerio de Energía y Minas y Perenco oficializan traspaso de activos petroleros en Petén

Autoridades de energía y de seguridad así como ejecutivos de la compañía Perenco participaron en Petén en el acto de traspaso del campo Xan, refinería y oleoducto al Estado, tras el fin del contrato petrolero 2-85.

Rosa María Bolaños

13 de agosto de 2025 | 03:00h

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y el gerente de Perenco Guatemala, Geoffroy Martin-Denavit, se reunieron el martes 12 de agosto del 2025 en la refinería La Libertad en Petén, para hacer el protocolo de traspaso de activos petroleros de la compañía al Estado, ya que el contrato venció en esta fecha. (Foto, Prensa Libre: cortesía MEM).

Otra de las medidas fue entregar oficialmente al Estado de Guatemala los activos que deja la empresa en dicha infraestructura petrolera.

El proceso se inició alrededor de las 18 horas y culminó a medianoche del martes 12, se informó.

A partir del 13 de agosto el Estado asume la posesión de los activos, que incluye el área donde se ubica el campo petrolero Xan, además de la refinería y el oleoducto. Según explicó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, a partir de este día ya no se podrá efectuar explotación petrolera.

Ventura explicó que se encontraba en Petén, ya que el martes 12 de agosto fue el último día del contrato.

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El contrato se inició con otras dos empresas, Hispanoil y Basic Resources; luego fue transferido a Perenco.

El plazo total fue de 40 años: un período inicial de 25 años a partir de 1985, y posteriormente, en el 2010, se amplió por 15 años con base en modificaciones legislativas con las cuales se creó Fonpetrol y se abrió la posibilidad de esa prórroga.

El funcionario indicó que se reunieron con ejecutivos de la empresa para recibir de forma oficial todos los activos operados por Perenco, que comprenden tres grandes instalaciones: los pozos productores en el campo Xan, ubicado en el área protegida del Parque Nacional Laguna del Tigre; la minirrefinería La Libertad, donde se produce asfalto; y el oleoducto Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), que traslada los productos hacia el Atlántico, en la terminal Piedras Negras del Puerto Santo Tomás de Castilla, para su exportación.

También fueron entregados al Estado otros activos estratégicos como la pista de aterrizaje, el centro de salud y el sistema de transporte fluvial conocido como Ferry, que cruza el río San Pedro en El Naranjo.

El ministro señaló que cuentan con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala para el resguardo de las instalaciones, ya que se trata de activos importantes para el Estado y deben permanecer bajo custodia para su posterior utilización.

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Confirmó que la administración del Ferry y de la pista de aterrizaje quedará a cargo del Ejército, en tanto la seguridad y el resguardo estarán bajo la responsabilidad del Ejército y la PNC. El centro de salud será administrado por el Ministerio de Salud, mientras que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se instalará en el campamento de Xan para iniciar labores de conservación y recuperación del Parque Nacional Laguna del Tigre, con énfasis en el polígono que ocupaba la empresa Perenco en ese campo.

Pasos para los pozos, refinería y oleoducto

La ley establece que, al tratarse de infraestructura estratégica, también puede ser objeto de accidentes, incluso provocados, lo que se pretende evitar. Por ello, se decretó la emergencia en el área de Xan para proceder al cierre técnico, invitando a empresas a manifestar interés en prestar el servicio. Si cumplen los requisitos, deberán presentar su oferta económica, y se asignará a la que presente la propuesta más conveniente para el país, en un proceso que —aseguró— será totalmente transparente.

El mismo procedimiento se aplicará en la refinería y el oleoducto.

Posteriormente se invitará a compañías a reactivar campos que puedan producir petróleo, con el fin de reactivar en corto plazo la refinería, continuar la producción de asfalto y mantener en operación el oleoducto.

Ventura indicó que ya hay productores de petróleo que enfrentan dificultades para transportar su producto, pues, al no estar operativo el oleoducto, el traslado se complica.

El proceso incluye cierre técnico y ambiental, así como desmantelamiento y cierre de operaciones.

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El gobierno convocará a mesas de diálogo con representantes de la sociedad civil, autoridades locales, sector privado y expertos para definir el destino de la infraestructura y evaluar la posibilidad de modernizar la exploración petrolera.

“Finaliza un periodo muy importante de la historia petrolera de Guatemala, de 40 años”, afirmó, y recordó que esta etapa formó parte de casi un siglo de historia petrolera en el país.

El primer pozo se perforó en 1958, y las primeras producciones comenzaron en la década de 1970, junto con la certificación de reservas.

El ministro destacó la importancia que la actividad petrolera ha tenido para el Estado y para el país, así como la relevancia de los activos estratégicos.

Añadió que la finalización de este contrato fue significativa por haberse cumplido en los términos establecidos, a diferencia de otros contratos petroleros en los cuales el MEM ha tenido que recurrir a una terminación no automática, con juicios posteriores contra operadores que incumplieron lo pactado.

Lea también: La extracción de petróleo bajó casi 50% en los últimos años y el Gobierno anterior buscaba ampliar plazos de contratos con una nueva modalidad

También resaltó los aportes sociales, tanto dentro de Fonpetrol como en actividades propias de la empresa.

Geoffroy Martin-Denavit, gerente de Perenco, quien asistió al protocolo de entrega de los activos, comentó a periodistas que en el ámbito social contaban con programas de salud, reforestación y construcción de infraestructura desde el campo Xan hasta Puerto Barrios, que incluye varias comunidades a lo largo de 500 kilómetros.

Reunión de autoridades del MEM y ejecutivos de Perenco, llevaron a cabo el 12 de agosto el proceso de transición de los bienes petroleros que incluyen el campo Xan, la refinería y el oleoducto. (Foto, Prensa Libre: César Soler).

El ejecutivo indicó que fue un trabajo conjunto entre la empresa privada, el Estado, las comunidades y autoridades locales.

Aseguró que Perenco cumplió con todas las obligaciones contractuales y legales, y que dejan las instalaciones en muy buen estado de funcionamiento. Argumentó que en esa refinería se producía el mejor asfalto de Centroamérica.

Con información de César Soler

Los ministerios Energía y Minas, de la Defensa Nacional, de Ambiente y de Gobernación así como Conap informan sobre el vencimiento, el 12 de agosto, del contrato 2-85 con el que Perenco opera el campo petrolero Xan. El viceministro de Minas Carlos Ávalos explica @prensa_libre pic.twitter.com/2i4R7VAOeG
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Guatemala recupera el Campo Xan después de 40 años de explotación petrolera en plena área protegida

Tue, 12 Aug 2025 02:20:11 +0000

economía

Guatemala recupera el Campo Xan después de 40 años de explotación petrolera en plena área protegida

El Gobierno de Guatemala asumirá el control del Campo Xan en Petén el 12 de agosto de 2025, tras finalizar el contrato petrolero con Perenco Guatemala, priorizando la recuperación ambiental del área protegida.

Glenda Burrión

11 de agosto de 2025 | 20:20h

Infraestructura del Campo Xan, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén, que el Gobierno de Guatemala asumirá el control a partir del 12 de agosto de 2025, tras el cierre del contrato petrolero con Perenco Guatemala. (Foto, Prensa Libre: archivo Perenco).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que el próximo 12 de agosto el Estado guatemalteco recibirá oficialmente las instalaciones, equipos e infraestructura que operaba la empresa Perenco Guatemala Limited en el Campo Xan, situado dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén.

Este hecho marca el cierre definitivo de un contrato que inició en 1985 y que, tras una prórroga, concluye después de 40 años de operación petrolera en una de las áreas protegidas más extensas del país.

Entre los activos que pasarán a manos del Gobierno figuran la infraestructura del sistema estacionario de transporte de combustible, una pista de aterrizaje, un centro de salud y un ferry que presta servicios de cruce sobre el río San Pedro, en la aldea El Naranjo.

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Estos bienes serán administrados por instituciones gubernamentales para garantizar su continuidad operativa y evitar su deterioro.

Un contrato con cuatro décadas de historia

El contrato 2-85 fue firmado en 1985 entre el Estado de Guatemala y la empresa Basic Resources (que posteriormente fue adquirida por Perenco Guatemala) para la explotación del Campo Xan, uno de los yacimientos petroleros más importantes del país.

Originalmente, el acuerdo tenía una vigencia de 25 años, pero en el 2010 fue prorrogado por 15 años más.

El 12 de agosto del 2025 marca el punto final de este convenio, que ya no podía extenderse debido a la legislación vigente.

Intentos de reformar la ley o aprobar nuevas modalidades para prolongar la operación fracasaron tanto en el gobierno anterior como en el actual.

Declaratoria de emergencia y cierre técnico ambiental

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que existe un vacío en la legislación petrolera que impide obligar a las empresas a realizar un cierre técnico ambiental al finalizar sus operaciones.

Esto implica que, sin intervención estatal, los pozos podrían quedar abiertos y representar un riesgo de contaminación para el medio ambiente y las comunidades cercanas.

Ante esta situación, el MEM declaró un estado de emergencia institucional, lo que permitirá la contratación directa de una consultoría especializada que supervise el cierre técnico de los pozos y la rehabilitación del área.

“El contrato de Perenco se termina, la firma entrega las instalaciones y, para evitar daños ambientales, debemos actuar de inmediato. De lo contrario, los pozos quedarían abiertos como foco de contaminación para el medio ambiente y la población”, señaló Ventura.

Impacto ambiental y controversias

La operación de Perenco en el Campo Xan ha estado acompañada de críticas por parte de organizaciones ambientales y sectores sociales, debido a que el proyecto se ubica dentro de un área protegida.

Ambientalistas han cuestionado la ausencia de un estudio de impacto ambiental aprobado bajo las normativas actuales y han señalado riesgos para la biodiversidad de la Laguna del Tigre, uno de los humedales más grandes de Centroamérica y hábitat de especies en peligro de extinción como el jaguar y el tapir centroamericano.

El viceministro de Ambiente y Recursos Naturales explicó que el proceso de cierre de operaciones de Perenco inició hace un año. El objetivo del MARN y del INAP es recuperar los hábitats naturales del Parque Nacional Laguna del Tigre, con el fin de permitir la restauración ecológica del agua, el bosque, el suelo y la fauna de la zona.

“Se tomarán decisiones que abarcarán cinco factores ambientales importantes: biótico, hídrico, suelo, desechos sólidos y aspecto social. Se implementarán acciones para propiciar la regeneración natural de las áreas protegidas y para restaurar los hábitats naturales de la fauna terrestre y acuática”. José Rodrigo Rojas, viceministro de ambiente y recursos naturales.

Por otro lado, defensores de la operación argumentan que la explotación petrolera ha generado ingresos fiscales, empleos y desarrollo en comunidades cercanas, además de contribuir a la producción nacional de hidrocarburos.

Futuro de la infraestructura y nuevos planes

Las autoridades del Gobierno anunciaron que se convocarán mesas de diálogo con representantes de la sociedad civil, autoridades locales, sector privado y expertos para definir el destino de la infraestructura y evaluar la posibilidad de modernizar la exploración petrolera en Guatemala.

Este análisis incluirá la viabilidad técnica y financiera de continuar con proyectos extractivos en la zona o bien reconvertir los activos para otros fines productivos o de conservación.

Marco legal y antecedentes de prórrogas

De acuerdo con el MEM, desde el 2010 se sabía que el contrato finalizaría en agosto del 2025, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la falta de previsión de gobiernos anteriores para iniciar a tiempo el proceso de cierre y transición.

La ley actual no establece con claridad la obligación de un cierre técnico ambiental, lo que obligó a las autoridades a declarar la emergencia para actuar una vez que la empresa entregue oficialmente las instalaciones.

Importancia estratégica del Campo Xan

El Campo Xan es considerado un punto clave en la producción petrolera en Guatemala, ya que ha sido uno de los yacimientos con mayor volumen de extracción.

Además, contaba con una red de oleoductos que conectaba con la refinería y otras instalaciones de procesamiento, representando un eslabón importante en la cadena energética nacional.

Perenco rompe contrato del oleoducto por lo que pasará a control del Estado, así como los pozos del campo Xan y la refinería

Fri, 08 Aug 2025 06:10:00 +0000

Petróleo

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Perenco rompe contrato del oleoducto por lo que pasará a control del Estado, así como los pozos del campo Xan y la refinería

El contrato de la operación del oleoducto concluía en junio del 2044 y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza su futuro. También recibirá los activos derivados del contrato 2-85 que vence el 12 de agosto.

Rosa María Bolaños

8 de agosto de 2025 | 00:10h

La compañía Perenco Guatemala Limited opera con el contrato 2-85 el campo petrolero Xan, en San Andrés, Petén, así como la refinería, este vence el 12 de agosto. Aparte, con otro contrato opera el oleoducto. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Estado recibirá el 12 de agosto los activos y el área del campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén, así como los que corresponden a la refinería y el oleoducto, tres operaciones que están actualmente a cargo de la compañía Perenco Guatemala, informó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura.

Al menos ocho empresas han mostrado interés en ofrecer los servicios petroleros para el cierre técnico de los pozos, y se prevé que el 23 de septiembre se defina cuál será la seleccionada, según el MEM.

El funcionario explicó a Prensa Libre que Perenco decidió retirarse también del oleoducto, aunque este contrato aún no vence.

El contrato 2-85, que incluye el campo petrolero Xan, los pozos respectivos, así como la refinería, vence el 12 de agosto próximo. Dicho campo genera alrededor del 80% del petróleo producido en Guatemala.

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El plazo original fue de 25 años y tuvo una prórroga de 15 más; sin embargo, con la ley y el contrato actual ya no había opción de una nueva extensión, y no se lograron aprobar iniciativas legislativas que buscaban, bajo distintas modalidades, alguna ampliación, tanto en el gobierno anterior como en el actual.

“El contrato tiene vigencia hasta el día 12 a las 12 de la noche, entonces los diputados del Congreso tienen la última palabra. Solo ellos tienen la facultad de aprobar o modificar leyes”, señaló Ventura. Añadió que únicamente se podría ejecutar un cierre técnico con aprovechamiento del yacimiento mediante una reforma a la Ley de Hidrocarburos, como la que se planteó.

Oleoducto: Perenco se retira

La refinería, al igual que los pozos, es parte del contrato 2-85 y, por tanto, debe ser entregada al Estado según las condiciones pactadas.

El caso del oleoducto, denominado Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), finaliza por terminación unilateral del contrato por parte de Perenco, según el MEM. Por ello, también se recibirán los activos e instalaciones.

La compañía administró el oleoducto durante 25 años con el primer contrato, luego dos años más con contratos de emergencia, y en junio del 2019 se le adjudicó nuevamente por 25 años, plazo que finalizaría en junio del 2044.

“Perenco se retira del oleoducto por voluntad propia y, ante ello, habrá que proceder conforme a los mecanismos previstos en la Ley de Hidrocarburos”, dijo Ventura.

Está pendiente de que el MEM informe si en este caso se aplicará alguna multa o fianza por la terminación anticipada del contrato.

El ministro indicó que la refinería y el sistema de transporte podrían seguir operando con la producción de otros pozos del país, gestionados por otras empresas. La intención es reactivar la producción petrolera nacional y buscar nuevos operadores con experiencia.

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Ventura acudió al Congreso a una citación de la bancada Vos, pero se retiró al no iniciar la sesión a la hora prevista, argumentando que tenía otra reunión.

Durante esa citación, el viceministro de Minería, Carlos Ávalos, explicó que, dado que la refinería y el oleoducto no se encuentran en un área protegida, no será necesario desmantelarlos, por lo que se prevé contratar compañías para operarlos.

Ocho empresas interesadas en cerrar pozos

Para el 23 de septiembre debe estar definida la empresa que prestará los servicios de cierre técnico de los pozos, indicó el viceministro.

Tras declarar de urgencia la contratación de esos servicios —incluido el desmantelamiento de instalaciones y el abandono del campo Xan— el MEM publicó un aviso para recibir manifestaciones de interés.

Ávalos señaló que, hasta el momento, ocho empresas han mostrado interés, aunque será la próxima semana cuando se reciban oficialmente las propuestas.

Según un informe presentado al Congreso el 5 de agosto, seis de las compañías interesadas son:

Selrae Holdings Ltd. (Canadá)
Simmons Edeco / Durum Capital Inc. (Canadá)
Tritan Energy Guatemala / Técnica Profesional Mexicana (México)
Repstim (México)
Concremat (Brasil)
Hupecol Operating Sucursal Colombia LLC (Colombia)

Este jueves, Ávalos indicó que dos más se han acercado, sin revelar los nombres.

Tres de las empresas afirmaron tener experiencia en cierres ambientales.

El proceso no será por licitación abierta, sino con base en el procedimiento interno de emergencia, conforme a la Ley de Hidrocarburos y el Acuerdo AG 006-2006.

Las empresas que presenten manifestaciones de interés serán evaluadas. Las que cumplan con los requisitos técnicos y financieros serán precalificadas y podrán presentar sus ofertas económicas.

Señalamientos en el Congreso

Los diputados Orlando Blanco y José Chic, y Carlos Barrera, del Parlacén, todos del partido Vos, solicitaron a la Comisión Nacional contra la Corrupción y a la Contraloría General de Cuentas que auditen el proceso de contratación, debido a presuntas irregularidades.

El 23 de septiembre debe estar definida la contratación de la empresa que se encargará del cierre técnico de los pozos del campo Xan, en San Andrés, Petén, actualmente operado por Perenco, dijo el viceministro de Energía y Minas, Carlos Ávalos, en el Congreso. @prensa_libre pic.twitter.com/xLhcAJEYXu
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) August 7, 2025

Se cuestionó si Perenco está participando de forma indirecta, lo que fue negado por Ávalos. Sin embargo, los diputados advirtieron que esta podría hacerlo mediante un consorcio conformado por Tritan Energy Guatemala y Técnica Profesional Mexicana.

Barrera señaló que la segunda habría financiado un viaje de personal MEM a México para capacitarse en el cierre de pozos, lo que a su criterio podría influir en la selección del oferente y caer en cohecho pasivo. Añadió que Otto Leonel García Quinteros, representante legal de Tritan, fue abogado de Perenco.

El viceministro afirmó que analizarán los datos, pero recordó que así como cualquier empresa puede presentar su expediente, cualquier persona puede presentar o interponer una oposición.

Prensa Libre solicitó declaraciones a Perenco, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

Coordinación interinstitucional

Consultado sobre si aún hay tiempo, considerando que el Congreso no ha incluido la iniciativa 6575 en la agenda de esta semana, el ministro respondió: “ya no daría tiempo”.

“A veces, por querer correr a última hora, no salen bien las cosas. Quizá sea mejor a partir del 13 buscar un mejor camino, ya que el 12 el Estado estará puntual recibiendo todos los activos que actualmente tiene Perenco”, expresó.

Este proceso será coordinado con varios ministerios e instituciones gubernamentales para iniciar la tarea correspondiente al Ministerio de Ambiente, que es la recuperación del Parque Nacional Laguna del Tigre. En esta área, solo una parte corresponde al polígono petrolero; el resto está ocupado por actividades no autorizadas, como la ganadería, entre otras, según el funcionario.

La recepción no será a medianoche, sino en el transcurso del día, e incluirá los inventarios ya trabajados. También se definirá quién administrará dichos bienes, comentó Ventura.

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La pista aérea será totalmente administrada por el Ejército. Los pozos, la refinería y el oleoducto quedarán bajo supervisión del MEM.

Otra de las medidas es evitar que ingresen invasores, por lo que la seguridad será clave, y tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como el Ejército tendrán un papel importante en el resguardo del sitio petrolero y en la recuperación del parque.

Respecto de los pozos, el ministro indicó que de los 59 existentes, algunos son productores y otros inyectores. Todos están asegurados para evitar accidentes por maniobras incorrectas. Reactivarlos no sería sencillo, pero sí viable, explicó.

En cuanto a la estimación de 10 millones de barriles de reservas aún existentes en el área, dijo que son aproximaciones, pero el objetivo es no explotarlos en beneficio del parque nacional.

Destacó que es un gran esfuerzo por parte del país, ya que se compensará dentro de los mecanismos de desarrollo limpio y de lucha contra el cambio climático.

Según el cronograma del MEM, el cierre sin producción de los pozos se extendería hasta el 2028 y costaría unos US$500 mil por pozo, aunque el monto será ofertado por las empresas interesadas. El Estado asumirá ese gasto. El viceministro Juan Fernando Castro estimó anteriormente un total de US$50 millones.

MARN presentará nuevas denuncias contra empresas mineras en Izabal por irregularidades ambientales

Tue, 22 Jul 2025 02:30:00 +0000

comunitario

MARN presentará nuevas denuncias contra empresas mineras en Izabal por irregularidades ambientales

El MARN denunciará a empresas mineras en Izabal por irregularidades en proyectos que podrían poner en riesgo el agua de más de 50 comunidades.

Glenda Burrión

21 de julio de 2025 | 20:30h

El MARN presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras en Izabal por presuntas violaciones ambientales, según informó en conferencia de prensa la ministra Patricia Orantes el 21 de julio de 2025. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras que operan en la Sierra Santa Cruz, Izabal, por presuntas irregularidades detectadas en sus proyectos, los cuales podrían afectar fuentes de agua que abastecen a más de 50 comunidades locales.

El 21 de julio de 2025, en conferencia de prensa, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que el MARN presentará más denuncias ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades detectadas en los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, ambos en trámite para obtener licencia minera.

“Cada día que pasa encontramos más irregularidades legales y técnicas. Este 21 de julio se estarán poniendo nuevas denuncias por estas anomalías, pero queremos manejar el proceso de manera muy responsable”, Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales.

Estas acciones se suman a las denuncias penales previas presentadas el 10 de junio de 2025, tras inspecciones ambientales que revelaron actividades presuntamente ilegales realizadas por las empresas responsables.

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Denuncias por exploraciones ilegales

El conflicto por el otorgamiento de licencias mineras en la Sierra Santa Cruz, en Izabal, ha escalado en las últimas semanas, luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentara el pasado 10 de junio de 2025 dos denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) contra los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, por presuntas irregularidades detectadas durante una inspección ambiental.

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reconoció que las comunidades manifestaron su preocupación desde abril de 2025 por la existencia de 10 licencias ambientales otorgadas en noviembre de 2023, durante el gobierno anterior. Señaló que el ministerio está revisando si el proceso fue adecuado y que el 30 de julio se entregará la resolución del procedimiento administrativo.

“Las comunidades quieren que anulemos las licencias, pero debemos seguir el debido proceso legal. No podemos actuar fuera del marco jurídico”, expresó Orantes en una entrevista radial, en junio. Añadió que los estudios ambientales entregados por las empresas “no son concluyentes ni suficientes” para garantizar la protección de los recursos hídricos.

De acuerdo con documentos proporcionados por autoridades locales en Izabal en el proyecto Santa Anita se detectaron dos calicatas (excavaciones exploratorias en el suelo), mientras que en Santa Anita II se localizaron cuatro más. Estas actividades habrían sido realizadas sin autorización minera, lo que podría constituir un delito ambiental.

Ambos proyectos forman parte de las seis solicitudes de licencia presentadas por la empresa Río Nickel S. A., que también impulsa los proyectos Bongo, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I. Los otros cuatro proyectos (Tzultaka I, II, III y IV) pertenecen a Producciones del Atlántico, S. A.

Preocupación comunitaria por el agua

En los meses de abril y junio, comunidades de Livingston realizaron bloqueos en la ruta CA-13, exigiendo la cancelación de las licencias mineras por temor a que estas afecten los nacimientos de agua, esenciales para consumo, agricultura y subsistencia.

Uno de los puntos más sensibles, es el Cerro 1019, ubicado en la Sierra Santa Cruz, ha sido identificado como un punto estratégico para el suministro de agua potable, riego y subsistencia de al menos 54 comunidades.

Según un informe técnico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), la zona posee alta biodiversidad y fue declarada Reserva de Biosfera en 2009 por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

El documento advierte sobre posibles impactos ambientales graves, como contaminación con metales pesados, residuos tóxicos y desecación de nacimientos de agua, lo cual pondría en riesgo la salud, la agricultura y la fauna silvestre.

Protestas y tensión social en la región

El conflicto ha desencadenado tensión social en Izabal. En junio, se reportaron enfrentamientos y un herido durante manifestaciones. Según la ministra Orantes, hubo agresiones contra vehículos oficiales, incluido el del viceministro de Ambiente.

Miembros de las comunidades Creek Maya, San Juan, Chocón Machacas, Río Dulce y barrios urbanos de Livingston, han sido quienes han expresado su oposición al proceso de licenciamiento. Los líderes comunitarios han documentaron sus reparos en actas comunitarias, argumentando que el proceso violó su derecho a una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Empresas aseguran que no han iniciado operaciones

En una entrevista telefónica con Prensa Libre en junio, Mark Billings, CEO de Central American Nickel (CAN), empresa propietaria de Río Nickel S.A., negó haber realizado actividades ilegales.

“Los proyectos están en trámite. No hemos sido notificados oficialmente de las denuncias y presentaremos las pruebas de descargo”, afirmó Billings.

Sobre las calicatas señaladas, explicó que se trata de procedimientos exploratorios que, según la categorización del MARN, pertenecen a la categoría C más Plan de Gestión Ambiental (PGA), correspondiente a proyectos de bajo impacto. Los dos proyectos de explotación, agregó, se clasifican como categoría B, al tratarse de minería metálica formal.

Billings también afirmó, en esa ocasión, que hay antecedentes históricos de minería en la zona, incluso desde los años 60, cuando la empresa Inco operó en el área. Entre 2004 y 2014, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también otorgó licencias a otras empresas, las cuales podrían haber dejado estructuras como las calicatas identificadas en la inspección.

MEM: “No se han otorgado licencias de exploración ni explotación”

Por su parte, el MEM aclaró que, hasta la fecha, no ha otorgado licencias de exploración ni de explotación minera a ninguna de las empresas señaladas.

Además, explicó que el proceso inicia con una licencia ambiental aprobada por el MARN, luego se realiza una revisión técnica y finalmente debe efectuarse una consulta a pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT.

Debido a que el proceso aún está bajo investigación, el MEM se reservó el derecho de emitir más declaraciones, pero aseguró que dará acompañamiento conforme a la ley.

¿Cuál es el proceso administrativo para obtener una licencia de exploración minera en Guatemala?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el procedimiento para que una empresa minera obtenga una licencia de exploración incluye los siguientes pasos:

Solicitud de licencia ambiental ante el MARN:
La empresa interesada debe presentar una propuesta de evaluación ambiental, que incluye un plan de gestión ambiental (PGA), según la categoría del proyecto (por ejemplo, C para exploraciones de bajo impacto).

Aprobación del instrumento ambiental:
Una vez evaluada, el MARN otorga (o no) la licencia ambiental, con base en los estudios presentados. Esta aprobación es requisito previo para continuar el proceso.

Solicitud de licencia minera ante el MEM:
Con la licencia ambiental en mano, la empresa presenta la solicitud formal de licencia de exploración minera al MEM, junto con la documentación técnica y legal requerida.

Revisión técnica y legal del MEM:
El MEM analiza internamente la viabilidad técnica, legal y administrativa del proyecto.

Consulta a pueblos indígenas:
En cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el MEM debe realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en el área de influencia. Esta etapa es fundamental y obligatoria antes de otorgar la licencia.

Otorgamiento (o no) de la licencia de exploración:
Tras cumplir todos los requisitos y procedimientos, y si no hay objeciones fundadas, el MEM puede aprobar la licencia de exploración.

La Sierra Santa Cruz: un conflicto entre desarrollo y sostenibilidad

El caso pone en el centro del debate el uso del territorio, los mecanismos de licenciamiento ambiental y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mientras las empresas aseguran que cumplirán con los requisitos y que pueden operar de forma sostenible, las comunidades afirman que el desarrollo minero en esta región afectaría irremediablemente sus medios de vida.

Además, diversas organizaciones locales han recordado que la Sierra Santa Cruz es un área protegida, por lo que cualquier intervención debe considerar su valor ecológico y las leyes que garantizan su conservación.

En tanto, el proceso legal sigue su curso. Las autoridades del MARN continúan el análisis de los expedientes y las pruebas recabadas durante las inspecciones, mientras que las comunidades exigen la anulación total de las licencias y el respeto a su derecho al agua, al territorio y a un ambiente sano.

Por último, la ministra Orantes invitó a los medios de comunicación y a la población al evento programado para el 30 de julio, según indicó, se presentará toda la información recabada junto a las comunidades afectadas.

Estado asumirá US$50 millones por cierre de campo Xan a cargo de Perenco y el MEM plantea dos escenarios

Sat, 19 Jul 2025 06:10:00 +0000

explotación

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Estado asumirá US$50 millones por cierre de campo Xan a cargo de Perenco y el MEM plantea dos escenarios

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó el acuerdo para contratar servicios de cierre del campo Xan, en San Andrés, Petén, que concluye en agosto, por lo que se interpreta que el Ejecutivo ya no prorrogará el contrato y que la explotación en esa área llegó a su fin.

Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

19 de julio de 2025 | 00:10h

El MEM publicó los servicios para contratar a una empresa para ejecutar el cierre, desmantelamiento de instalaciones y abandono del campo petrolero Xan. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala pondrá fin a la explotación petrolera en los campos Xan, ubicados en San Andrés, Petén, debido a que el contrato de prórroga otorgado por el Ejecutivo en el 2010 por quince años vence en agosto próximo y no será renovado.

En el Congreso de la República se da por hecho que el Ejecutivo no continuará el proceso relacionado con la iniciativa que propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y a los contratos de explotación petrolera.

El Estado deberá asumir el costo de alrededor de US$50 millones (Q385 millones) para el cierre técnico y ambiental de los pozos en el campo Xan, a cargo de la compañía Perenco. Según el MEM, se analizan dos escenarios.

Cierre técnico

El MEM anunció que contratará de urgencia a una empresa para ejecutar el cierre, desmantelamiento de instalaciones y abandono del campo petrolero Xan, en el bloque H-2-84, San Andrés, Petén, debido a que el 12 de agosto vence el contrato de explotación 2-85, actualmente a cargo de Perenco Guatemala Limited.

El contrato fue firmado en 1985 por un plazo original de veinticinco años y venció en 2010. Con base en la Ley de Fonpetrol (Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación), se otorgó una ampliación por quince años, vigente hasta el 2025.

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Para declarar la emergencia, el MEM emitió el Acuerdo Ministerial 207-2025/SG, el 10 de julio del 2025, publicado el mismo día. Este fue derogado por el Acuerdo Ministerial 219-2025/SG, emitido el 17 de julio y publicado el 18.

Contribuyentes asumirán costos

El viceministro de Energía, Juan Fernando Castro —firmante del primer acuerdo— explicó que, según la legislación vigente, el Estado deberá asumir el costo del cierre, lo que representará un desembolso de unos US$50 millones. El cierre podría durar cuatro años y se pedirá al Ministerio de Finanzas (Minfin) asignar presupuesto proporcional para este ejercicio fiscal y programar el resto para los años siguientes.

“El contrato no contemplaba el cierre técnico ni la compensación por pasivos ambientales, aspecto que debió incluirse en la ampliación otorgada en 2010. La posición del MEM es que el contrato concluye por vencimiento”.

Juan Fernando Castro , viceministro de Energía y Minas

Castro aclaró que el contrato no contemplaba el cierre técnico ni la compensación por pasivos ambientales, aspecto que debió incluirse en la ampliación otorgada en 2010. Reiteró que la posición del MEM es que el contrato concluye por vencimiento.

“El cierre de los pozos no es llegar y echar llave; es un proceso de ingeniería que requiere asegurar el sellado adecuado”, explicó Castro. Agregó que personal técnico del MEM ya inició una capacitación especializada en México.

Inventario y extracción

Castro detalló que hay unos 70 pozos abiertos y se estima que aún hay unos ocho millones de barriles de petróleo. Sin embargo, bajo la legislación y contrato actual, ya no se pueden explotar.

Escenarios posibles

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, en una entrevista radial, explicó que la compañía Perenco operó conforme a la legislación y el contrato vigente. Reconoció que la extracción tiene impacto ambiental, pero recordó que la legislación de 1983 solo contempla el eje económico.

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Ventura indicó que se evalúan dos escenarios: uno con la legislación actual, que implicaría el cierre en unos 36 meses; y otro, si se aprueban reformas para un cierre técnico programado, que permitiría extender el proceso a seis u ocho años, financiado con ingresos petroleros, sin costo para el Estado.

Consultado sobre la posibilidad de que Perenco continúe, Ventura respondió: “Ojalá pudiera ser otra empresa”. Añadió que este segundo escenario permitiría operar la refinería de asfaltos y el oleoducto.

Sin propuesta oficial

El diputado Julio Héctor Estrada, de la Comisión de Energía del Congreso, indicó que desde marzo se alertó sobre el vencimiento del contrato y la necesidad de reformas para un cierre técnico y financiamiento de la recuperación ambiental en la zona de explotación.

Al igual que el ministro Ventura, el diputado, mencionó que la idea era que el Congreso aprobará una ampliación del contrato (temporal) para hacer un cierre paulatino de los pozos de explotación y con la producción petrolera los recursos estuvieran pagando el cierre técnico, la recuperación ambiental y la continuidad de una parte de asignaciones a las comunidades y municipalidades de Petén por tres o cuatro ejercicios.

Confirmó que ni el MEM ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentaron propuesta después de Semana Santa.

Señaló que existió un borrador de iniciativa, pero no se presentó. Estrada lamentó que el Ejecutivo no enviara la iniciativa y concluyó que ahora se deberá contratar una empresa que realice el cierre técnico, financiado con fondos públicos.

Cuáles son los efectos del alza del petróleo, en qué actividad se refleja antes y qué recomienda el MEM

Sat, 21 Jun 2025 14:00:00 +0000

Conflicto Geopolítico

Cuáles son los efectos del alza del petróleo, en qué actividad se refleja antes y qué recomienda el MEM

Los efectos en las actividades económicas del país dependerán de la duración e intensidad del choque petrolero que en la actualidad se deriva de enfrentamiento bélico entre Israel e Irán. Aunque hay alzas los precios aún no llegan al nivel de crisis anteriores.

Rosa María Bolaños

21 de junio de 2025 | 08:00h

En la actualidad, el precio del petróleo ha subido en junio derivado del conflicto de Israel e Irán, pero aún se encuentra en niveles inferiores a los de escaladas anteriores como el conflicto de Ucrania y disminución de la producción en el 2022 y 2023, según el MEM. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) expuso cómo los efectos por el alza en el petróleo se van reflejando en las actividades económicas del país.

En la actualidad, el precio ha subido durante junio derivado del conflicto de Israel e Irán, pero aún se encuentra en niveles inferiores a las escaladas anteriores como el conflicto de Ucrania y disminución de la producción en el 2022 y 2023.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura indicó que los efectos en los precios de los combustibles dependerán de la duración e intensidad del choque petrolero.

En general, los choques petroleros impactan en todas las actividades económicas, pero especialmente en tres ámbitos, además del alza directa en los combustibles, explicó:

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El primer afectado es el transporte, lo cual impacta tanto el traslado de personas como el comercio y la industria por el traslado de carga, insumos, commodities, mercaderías y otros. Estos efectos pueden darse tanto a nivel nacional como regional o internacional.
El segundo efecto se da en las actividades económicas de transformación, especialmente las intensivas en el uso de energía como la industria del cemento, alimentos, acero y otros, añadió el ministro.
Y el tercero afectado es la producción de electricidad; en este caso, el efecto dependerá de la matriz energética de cada país, por ejemplo, del grado de dependencia de hidrocarburos y combustibles fósiles.

La mayor parte de los efectos inciden de forma directa en la producción y comercialización de los commodities energéticos, sin embargo, también afectan desde la demanda o el consumidor final.

Ventura ejemplificó con los impactos más recientes y de mayor magnitud, como la invasión a Ucrania y sus consecuencias, así como la pandemia de covid-19, que en este caso afectó la demanda.

En la actualidad, este impacto se deriva de las acciones de “operaciones militares preventivas”, refiriéndose a los enfrentamientos entre Israel e Irán.

“El petróleo sigue siendo el principal insumo energético; su afectación se transmite inmediatamente a todos los derivados del petróleo, al gas natural y al carbón”, explicó el ministro.

Canales de transmisión

Entre los principales canales de transmisión de los choques petroleros a la economía, Ventura menciona tres:

El incremento de los costos de producción, que se traduce en una presión hacia los márgenes de ganancia. Al respecto, explicó que en los países desarrollados el uso intensivo del petróleo en las actividades productivas ha disminuido en las últimas décadas; por tanto, el efecto sobre la oferta agregada es menor respecto del observado hace unas décadas. Contrario a ello, los países en vías de desarrollo siguen siendo consumidores intensivos de hidrocarburos; en consecuencia, los impactos son significativos. “En el caso guatemalteco, debe pensarse en el transporte, que sigue presentando eficiencias decrecientes”, recomendó.
El segundo canal de transmisión corresponde al impacto sobre los precios. En este surgen los riesgos inflacionarios, y la magnitud del efecto depende de la reacción de la autoridad monetaria (relacionado con temas de inflación y tasa de interés líder), pero también de los consumidores, quienes buscarían compensar la reducción de su poder adquisitivo mediante medidas específicas, como el cambio de hábitos de compra.
El tercer eje de transmisión se deriva de la duración esperada del choque petrolero. Por ejemplo, una duración prolongada debe enfrentarse con grandes transformaciones, como la transición energética, que se refiere al mayor y mejor uso y aprovechamiento de las energías renovables —tradicionales y modernas— y de tecnologías, así como a la modernización del transporte: carreteras, ferrocarril, metro metropolitano, metrobús y otros. Según el ministro, medidas como los biocombustibles también ayudan.

Hay otras medidas de corto plazo que también deben promoverse. En el caso de Guatemala, por ser un país importador de hidrocarburos, las acciones se deben implementar más por el lado de la demanda. Entre ellas, el monitoreo de los mercados y sus posibles implicaciones, que puede dar la pauta para las siguientes acciones.

Precios del petróleo

Refirió que, en la actualidad, el precio se encuentra en niveles inferiores a los de escaladas anteriores, pero lamentó que existen posibilidades de que se alcancen o incluso se superen. Entre los precios más altos respecto a los actuales, datos del MEM refieren el de US$131.30 durante los primeros meses de la guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada en febrero del 2022, o el de US$97.01 de septiembre del 2023, derivado de los recortes de producción en Arabia Saudita y Rusia.

Al 20 de junio del 2025, el WTI se reporta en US$74.03 (preliminar, revisar cierre). Las alzas comenzaron en junio, derivadas del enfrentamiento entre Irán e Israel.

“Somos un país consumidor; las medidas tienen que ser tomadas desde el punto de vista de la demanda” para hacer más eficiente el uso de combustibles. Entre otras, mencionó el escalonamiento de horarios, el uso compartido del automóvil (carpooling), el teletrabajo o actividades a distancia donde sea posible.

Mencionó que, según la experiencia en el país, salir a las 5 o a las 5:30 horas implica una diferencia de desplazarse a 30 o 40 kilómetros por hora o desplazarse a 5 kilómetros por hora y perder en el tránsito dos o tres horas. Por ejemplo, esas son las medidas inmediatas que se pueden tomar, así como medidas de ahorro de energía en hogares, industrias o empresas.

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También refirió que existen medidas más severas, pero que habría que estudiar para detectar su aplicabilidad en Guatemala, como la práctica de circulación de vehículos según tengan placas pares o impares, o por días y terminaciones de placas. Sin embargo, advirtió: “Eso requiere estudiarlo más; creo que todavía no estamos preparados para eso”.

El ministro de Energía dijo que es muy difícil indicar cuánto subirá el petróleo y en cuánto tiempo, pero refirió que instituciones especializadas en monitoreo de mercado indican que pudiera llegar a US$90 el barril, y luego empezar a bajar.

Precios del Gas

Respecto al gas propano, el MEM indicó que este no ha subido de precio. Según el monitoreo de precios de la entidad, se mantiene en Q120 la presentación de 25 libras (a Q4.80 por libra), y las empresas aún no han avisado a sus usuarios sobre posibles alzas.

Ventura, consultado acerca de acciones a tomar ante un posible aumento del GLP dijo que se tendría que hacer una inspección más rigurosa en toda la cadena de gas licuado de petróleo (GLP). Mencionó que se ha detectado comercialización ilegal del producto, que se han hecho las denuncias, y que los agentes deben hacer un traslado racional de los sobrecostos que puedan derivarse de los eventos internacionales.

Carpooling y teletrabajo: las recomendaciones del MEM por el incremento al precio del petróleo

Fri, 20 Jun 2025 16:20:48 +0000

Comunitario

Carpooling y teletrabajo: las recomendaciones del MEM por el incremento al precio del petróleo

Este 20 de junio el ministro de Energía y Minas habló con conferencia de prensa sobre el impacto del precio de los combustibles y dio algunas recomendaciones para los guatemaltecos.

Pavel Arellano

20 de junio de 2025 | 10:20h

Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, durante una conferencia de prensa este 20 de junio. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Victor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, habló este 20 de junio acerca del impacto que el conflicto entre Irán e Israel ha causado en el precio de los combustibles y del petróleo.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Palacio Nacional este viernes, el ministro indicó que, el incremento en los precios de combustibles tiene como consecuencias el incremento en los costos de producción.

“Los márgenes de ganancia se comprimen y hay un ajuste de precios, lo que afecta a todos los usuarios, principalmente en el tema de transporte“, dijo el ministro.

Ante esto, Ventura dijo que la población puede emplear diferentes prácticas que puedan hacer más eficiente la movilidad.

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“Somo un país consumidor, y las medidas deben ser tomadas desde el punto de vista de la demanda, por lo que tenemos que efectuar prácticas que nos permitan ser más eficiente el uso del combustible“, dijo el ministro.

Entre las medidas mencionadas por el ministro es emplear el teletrabajo o actividades a distancia en aquellos trabajos donde sea posible y llevar a cabo el carpooling, actividad que consiste en que varias personas utilicen un solo vehículo para reducir el costo.

“Entre salir a las 5 o a las 5.30 de la mañana ya implica una diferencia de que las personas se desplacen entre 30 kilómetros por hora o 5 kilómetros por hora. Por supuesto, también empleamos medidas de ahorro de energía en los hogares e industrias“, señaló Ventura.

Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt https://t.co/qg6dk0EBZp
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 20, 2025

Lea también: MARN presenta denuncias penales contra proyectos de minas, empresa minera rechaza señalamientos por posible explotación ilegal

Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Thu, 19 Jun 2025 11:10:00 +0000

Izabal

Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Comunidades de Lívingston bloquearon la ruta CA-13 durante tres días en rechazo a proyectos mineros. El MARN se comprometió a entregar el 30 de julio un informe sobre 10 licencias ambientales, el MEM indicó que los proyectos aún no tienen licencia de operación y detalla de cuáles se trata.

Rosa María Bolaños, Andrea Domínguez y Óscar García

19 de junio de 2025 | 05:10h

Los manifestantes han colocado toldos y troncos sobre la carretera para impedir la movilidad, los pobladores piden la cancelación de licencias autorizadas para la actividad minera en ese municipio. (Foto Prensa Libre: Joseph Domínguez).

Tras tres días de bloqueos en un tramo carretero en Izabal, del 16 al 18 de junio, y varias horas de diálogo entre autoridades y líderes comunitarios este miércoles, se tomaron diversas decisiones.

Los pobladores se oponen a varios proyectos mineros, por lo que mantuvieron bloqueado el paso durante tres días en el kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, aldea San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal.

Las medidas de hecho se extendieron al área comercial. El miércoles 18 de junio, medios locales informaron que grupos de manifestantes se desplazaron por calles del municipio para obligar al cierre de negocios como medida de protesta. Según videos divulgados desde Río Dulce, fueron cerrados varios comercios, y un grupo de manifestantes, algunos portando bates, verificaban que los comerciantes cerraran sus locales.

La comunidad expresó su malestar porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no llegó el lunes a una mesa de diálogo. Algunos manifestantes afirmaron que, por ello, decidieron tomar medidas de hecho, mientras otros se quejaban de no poder abrir sus negocios.

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Fracasa diálogo y estallan disturbios en Río Dulce por conflicto minero

En una reunión efectuada por la tarde en la sede de la subalcaldía de Río Dulce, el MARN se comprometió a entregar, en seis semanas (el 30 de julio próximo), el informe de las inspecciones realizadas a 10 proyectos mineros ubicados en el área boscosa de Lívingston. Según el ministerio, a estos proyectos se les otorgó licencia ambiental durante 2023, cuando aún ejercía la administración anterior.

Los líderes comunitarios solicitaron que las autoridades del MARN lleguen ese día a Río Dulce para presentarles el informe. Indicaron que podrían levantar el bloqueo el miércoles, pero hasta horas de la noche este continuaba. En esa sesión, expresaron que seguirán oponiéndose a la minería, y que, si la resolución no les es favorable, efectuarán manifestaciones permanentes a partir la fecha de la entrega de dicho informe.

Las autoridades informaron que entregarán el informe, que podrá ser consultado en la alcaldía y en las oficinas centrales del MARN. Sobre su presencia en Río Dulce, el 30 de julio, explicaron que analizarán la posibilidad si se les garantiza su seguridad, esto lo expresaron antes de que se dieran los disturbios al final de la tarde noche.

Durante la reunión, el ambiente se tornó tenso. Los comunitarios pedían conocer el contenido de las resoluciones de las inspecciones, pero se les explicó que el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, quien participó en la reunión por parte del MARN, no podía emitir opiniones ni anticiparlas, ya que se podría afectar el proceso. Las autoridades, por su parte, pedían el compromiso de desbloquear la vía. Los comunitarios expresaron que podrían hacerlo para respetar el debido proceso, mientras que representantes de la corporación municipal ofrecieron trabajar en conversar con las comunidades para lograr el desbloqueo. Tras unas tres horas y media de reunión, se firmó un acta. Aunque el bloqueo aún continuó por la noche.

Inspección

El MARN informó el 16 de junio, en un comunicado, que en abril funcionarios de esa institución asistieron a una citación con diputados distritales de Izabal para escuchar a representantes de 53 comunidades de Lívingston, preocupados por el impacto ambiental de la actividad minera en la Sierra Santa Cruz, fuente de agua para la zona. El ministerio indicó que se comprometió a inspeccionar los 10 proyectos mineros, de los cuales dos son de explotación y ocho de exploración. Estos recibieron licencia ambiental en 2023, pero aún no tienen licencia de operación del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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El MARN detalló que las inspecciones concluyeron el 15 de mayo y que el 16 de junio envió los informes a todas las partes interesadas, mientras que el viceministerio está analizándolos hallazgos.

Por la noche el ministerio emitió un boletín indicando que en la reunión de este miércoles la institución volvió a informar a las comunidades que, como resultado de los hallazgos de las inspecciones ambientales realizadas, el proceso administrativo continúa su curso en estricto cumplimiento de la normativa ambiental, y lo cual requiere agotar todos los pasos que establece la ley. Agregó que en aras de la transparencia el ministerio se comprometió con las comunidades a informar de los resultados del proceso administrativo el 30 de julio.

Durante la tarde se mencionó que ya se había presentado una denuncia contra una empresa, aunque no se detalló.

Estatus de los proyectos

Según el MEM, los 10 proyectos son: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia, Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III, Tzultaka IV y Coatepeque I. De estos, cinco son solicitados por Río Nickel, S. A., y uno por Nichromet Guatemala (también de Río Nickel, S. A. según se indicó en las respuestas). Estas empresas tienen otras solicitudes en trámite, pero no operan, añadió el Ministerio de Energía. Otros cuatro proyectos son de Producciones del Atlántico, S. A., indicaron.

Estos son 10 proyectos mineros que buscan operar en Lívingston, Izabal. (Foto, Prensa Libre: Infografìa).

Julio Luna, director de Minería del MEM, explicó que ya se aprobó el plan de trabajo y el polígono donde se desarrollará la actividad. El MARN otorgó las licencias ambientales en 2023. Actualmente, el MEM continúa con el proceso de revisión a través de la Unidad de Gestión Socioambiental (UGSA) y posteriormente se efectuará la consulta a los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT.

De las 10 solicitudes, ocho son de exploración y dos de explotación, pero el MEM no ha otorgado licencias mineras, explicó. Luna advirtió que no puede haber extracción de material sin esa licencia porque constituiría explotación ilegal.

El MEM no ha recibido del MARN información sobre las inspecciones. Según Luna, el MEM fue invitado a una mesa de diálogo, pero no asistió porque esperaba respuesta del MARN, que analiza las licencias ambientales por posibles inconsistencias y considera revocarlas.

Hasta el miércoles, el MARN no ha revocado las licencias ambientales, si lo hace lo que procede es que se informe al MEM, y luego este tendría que detener los procesos y cancelar las solicitudes, explicó Luna.

El director de Minería indicó que se espera un entorno propicio para implementar una mesa técnica.

Respecto a las manifestaciones, Luna lamentó la desinformación solicitando la cancelación de licencias mineras, ya que ninguna ha sido otorgada y aún están en trámite.

Ambos ministerios enfrentan presión por los posibles permisos y nuevas protestas si no hay resultados favorables para los comunitarios.

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Otros impactos

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó los bloqueos, que afectan a la industria, educación, comercio y a la ciudadanía. Señaló que estos repercuten en los costos de la cadena productiva y encarecen los productos de la canasta básica.

Mientras que la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), indicó que los bloqueos interrumpen la logística, en este caso en el corredor nororiental que es clave para la conexión con la Franja Transversal del Norte y Petén.

Impactos específicos:

Miles de camiones de carga detenidos, con filas de hasta 5 kilómetros.
Riesgo de desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en comunidades rurales.
Pérdidas económicas por entregas incumplidas, cancelaciones y productos perecederos deteriorados.

Productos más afectados:

Alimentos perecederos (frutas, verduras, lácteos, pescados).
Víveres y productos básicos.
Materiales de construcción, insumos agrícolas y bienes de consumo general.

Negocios más afectados:

Tiendas y pequeños comercios en Río Dulce y Livingston.
Mercados y abarroterías, con escasez y alza de precios.
Empresas de transporte y logística.
Turismo y servicios asociados (hoteles, restaurantes, farmacias).

Sector minero

La Gremial de Recursos Naturales de Minas y Canteras (Grenat) respondió que Río Nickel, es una empresa socia de dicha organización, pero que no opera actualmente y está en trámite de permisos. La Gremial pidió respeto a los derechos de las personas y a la gobernanza, y solicitó que se investigue la causa real del conflicto en la zona y que se respeten los derechos humanos y la legislación nacional.

𝐄𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚: pic.twitter.com/yvMeUbjPLD
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) June 19, 2025

En contexto

El bloqueo comenzó el 16 de junio, en rechazo a proyectos mineros en Lívingston. Medios locales mostraron imágenes de largas filas de transporte pesado. Manifestantes colocaron toldos y troncos para impedir el paso y exigieron la cancelación de licencias mineras.

También se cerraron comercios. En videos se observa a manifestantes, algunos con bates, verificando cierres. Hoteles, restaurantes y farmacias operan con normalidad.

Comerciantes afirman que la situación es tensa y que algunos negocios están cerrados desde el lunes 16. No pueden abastecerse de víveres debido al bloqueo.

Algunos manifestantes indicaron que buscan diálogo con el MARN para proteger los nacimientos de agua en la Sierra Santa Cruz. Advirtieron que, si no son escuchados, podrían ampliar las medidas a otros tramos carreteros.

¿En qué consiste la licitación de ampliación de la red de transmisión eléctrica PET-3? Las líneas en algunas áreas ya están saturadas

Fri, 25 Apr 2025 15:00:00 +0000

Energía

¿En qué consiste la licitación de ampliación de la red de transmisión eléctrica PET-3? Las líneas en algunas áreas ya están saturadas

El Gobierno divulgó la licitación para ampliar la red de transmisión de electricidad en la que se prevé poner en concurso la construcción de 14 nuevas subestaciones eléctricas y más de 500 kilómetros de líneas nuevas.

Rosa María Bolaños

25 de abril de 2025 | 09:00h

Las obras para ampliar la red de transmisión son agrupadas en cuatro lotes o bloques, según el Ministerio de Energía y Minas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La presentación del evento se hizo junto al lanzamiento de la licitación pública del Plan de Expansión de Generación de Electricidad (PEG 5) por 1 mil 400 megavatios para 15 años que efectuaron las distribuidoras privadas de electricidad.

Sin embargo, el concurso conocido como la tercera licitación del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PET 3) se oficializará el viernes por medio de un acuerdo que se publicará en el Diario Oficial.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y el viceministro, Fernando Castro, dieron a conocer los detalles el 23 de abril. Para este viernes se tiene previsto presentar ambos concursos en el Gabinete Económico, según Ventura.

Castro explicó que serán licitados cuatro lotes con un total de 14 nuevas subestaciones eléctricas y más de 500 kilómetros de líneas nuevas.

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Se estiman inversiones por unos US$200 millones. El monto es aproximado, ya que por ejemplo las longitudes qué se muestran de líneas de 1 kilómetro son proyectos bajo una línea existente y si se construye abajo de la línea la inversión es cero y en los términos de Referencia se define un radio de 5 kilómetros, comentó Castro.

Los costos son valores medios de la actividad eléctrica que pueden subir o bajar, otra incertidumbre se tiene en el pago de derechos de vía, normalmente inician con bajo costo y terminan caros, añadió el funcionario.

Lote 1: Se brindará un punto de conexión a los proyectos de generación solar y eólica de la región suroriente. Incluyen una subestación en Jalpatagua y cuatro líneas, entre estas una que va del Pacífico a Jalpatagua por 115 kilómetros.
Lote 2: Con esta se busca brindar una red de transporte que pueda contribuir a la conexión en las regiones Norte y Nororiente del país. Dirigido a áreas de Petén e Izabal, con cuatro subestaciones y cuatro líneas, incluyendo una línea de Livingston a Modesto Méndez por 54 kilómetros.
Lote 3: Se brindará una red de transporte que pueda contribuir a la conexión de nuevos usuarios de Alta Verapaz, agrega el MEM. Son seis subestaciones y nueve líneas que suman 267 kilómetros.
Lote 4: Se busca brindar una red de transporte que pueda contribuir a la conexión de nuevos usuarios del suroccidente del país. Incluye 3 subestaciones y tres líneas por 69 kilómetros.

Para todo el proceso se prevé un plazo de 6 meses, según la Ley de Contrataciones del Estado.

Las inversiones de las dos licitaciones, Peg 5 y PET 3, pueden superar los US$5 mil millones, dijo Mario Naranjo, gerente general de EEGSA, mientras que Paulo Parra, gerente general de Deocsa y Deorsa, expresó las buenas condiciones que tiene el país para invertir @prensa_libre pic.twitter.com/gYFnbREGLe
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) April 23, 2025

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Guatemala lanza las licitaciones de generación y transmisión de energía (PEG-5 y PET-3) e inversión se estima en US$5 mil millones

Wed, 23 Apr 2025 18:37:49 +0000

energía

Guatemala lanza las licitaciones de generación y transmisión de energía (PEG-5 y PET-3) e inversión se estima en US$5 mil millones

La quinta licitación pública de largo plazo por 1 mil 400 Megavatios del Plan de Expansión de Generación de Electricidad (PEG 5) para cubrir la demanda de EEGSA y Energuate por 15 años se lanzó en el país, junto con la tercera licitación del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PET 3).

Rosa María Bolaños y Natiana Gándara

23 de abril de 2025 | 12:37h

El Gobierno de Guatemala lanzó las licitaciones de energía y transmisión PEG-5 y PET-3 con una inversión estimada en conjunto por US$5 millones. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez).

Durante el lanzamiento, se informó que se espera la contratación de hasta 1 mil 400 MW de potencia garantizada como oferta firme eficiente para cubrir la demanda firme y de hasta 150 MW de potencia instalada, a fin de asegurar el suministro a los usuarios del servicio de distribución final.

Esta contratación se regirá por los contratos de Diferencias con Curva de Carga, Opción de Compra de Energía y Energía Generada, conforme a lo establecido en la Norma de Coordinación Comercial N° 13 del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) y tendrá un plazo de hasta 15 años a partir del 1 de mayo del año de suministro.

Las plantas de generación nuevas pueden ofrecer su inicio de suministro para el 1 de mayo del 2030, 1 de mayo del 2031, 1 de mayo del 2032 o el 1 de mayo del 2033. Y su adjudicación solo puede ser por 15 años.

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Las inversiones conjuntas de las dos licitaciones, tanto para la PEG-5 y la PET-3, pueden superar los US$5 mil millones, indicó Mario Naranjo, gerente general de EEGSA.

En ese sentido, Paulo Parra, gerente general de Deocsa y Deorsa distribuidoras de Energuate, expresó que es el momento de invertir y las buenas condiciones que tiene el país para ello.

En el evento de lanzamiento participó el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, el presidente de la CNEE, Luis Ortiz, ejecutivos de las distribuidoras de Electricidad y representante del sector privado,

Arévalo dijo que con las licitaciones se busca atender tres objetivos concretos:

Garantizar abastecimiento de energía a la población.
Reducir los costos para los usuarios. al fomentar la competencia de generación y transmisión se puede fomentar mejores precios.
Ampliar y fortalecer la red de transmisión eléctrica, para llevar servicio a las zonas más apartadas del país.

Arévalo afirmó que el país tiene condiciones para invertir e invitó a los inversionistas a que “no dejen que el ruido de quienes siguen intentando alterar el curso político del país por medio de distintas argucias legales los distraigan, es necesario vivir dignamente y libres de cuadrilla corruptas”.

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Publicarán bases

Las bases de las licitaciones se publicarán este 23 de abril, para todos aquellos interesados en estos procesos de contratación competitivos. Las consultas que surjan de su lectura y revisión podrán ser despejadas durante una reunión informativa que convocará la Junta de Licitación en los próximos días.

Como adelanto durante el acto del día de hoy, Luis Romeo Ortiz Peláez, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) anticipó que en materia de generación buscan asegurar el suministro entre 2030-2045 y su volumen representa el 63% de la demanda regulada que atienden en conjunto todas las distribuidoras.

“Los contratos que se firmen de todo este proceso serán respetados hasta el final de su vida natural. Todos los participantes pueden tener la confianza de que este proceso fue estructurado con responsabilidad y que la transparencia es absoluta. Sean pues bienvenidos a participar con nosotros en una nueva etapa”, aseguró el titular de la CNEE.

Dos modalidades

Las plantas de generación en operación pueden participar mediante dos modalidades:

Una es mediante la combinación de tecnología no renovable con renovable, renovable con renovable o con cambio de tecnología; si se dan estas condiciones también será por 15 años y su inicio de suministro tendrá las mismas condiciones que las centrales nuevas, es decir, que de una forma escalonada podrán ofrecer su suministro a partir del 1 de mayo del 2030, 1 de mayo del 2031, 1 de mayo del 2032 o el 1 de mayo del 2033.
La otra modalidad de las centrales existentes que no realicen ninguna transformación de tecnología o no combinen tecnologías con renovables, el periodo de contratación será solo por 5 años a partir del 1 de mayo del 2030, 1 de mayo del 2031, 1 de mayo del 2032 o el 1 de mayo del 2033.

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Siguientes pasos

El cronograma para dar cumplimiento al debido proceso de licitación contempla que a partir de este 23 de abril del 2025 da inicio el periodo de adquisición de bases de licitación y reuniones informativas.

Quienes tengan comentarios sobre los pliegos de las bases podrán entregar solicitudes de aclaración hasta el 10 de octubre del 2025. Mientras que, el 31 de octubre será el último día para poder emitir las adendas que corrijan, aclaren, agreguen valor a los documentos.

Todo esto llevaría a que el 21 de octubre se realice el acto de recepción y apertura de las ofertas técnicas de los participantes.

Aproximadamente dos meses después, se haría la evaluación económica de las ofertas, la fecha prevista es el 15 de enero del 2025. Y la adjudicación se efectuaría el 30 de enero del 2025. De allí, los adjudicados tendrán hasta 3 meses para la suscripción de cada contrato de abastecimiento.

Las bases de las licitaciones se publicarán este 23 de abril, para todos aquellos interesados en estos procesos de contratación competitivos.

Las consultas que surjan de su lectura y revisión podrán ser despejadas durante una reunión informativa que convocará la Junta de Licitación en los próximos días.

Verificamos por usted: ¿Subió el precio de la gasolina en Guatemala?

Sat, 22 Mar 2025 00:57:31 +0000

economía

Verificamos por usted: ¿Subió el precio de la gasolina en Guatemala?

Este 21 de marzo de 2025, circuló información sobre un supuesto aumento en el precio de la gasolina. Prensa Libre analizó datos oficiales y realizó un monitoreo en distintas gasolineras.

Glenda Burrión

21 de marzo de 2025 | 18:57h

Un monitoreo de Prensa Libre y datos oficiales del MEM confirman que el precio de la gasolina en Guatemala no ha aumentado significativamente y, en algunos casos, ha bajado. (Foto, Prensa Libre: Erick Ávila)

Este 21 de marzo de 2025, algunas publicaciones en redes sociales informaban sobre un supuesto aumento en el precio de la gasolina, y señalaban un incremento de entre Q0.50 y Q0.80 por galón.

Según esta información, los precios alcanzaron los siguientes valores por galón:

Gasolina superior: Q29.88

Gasolina regular: Q28.17

Diésel: Q29.08

Sin embargo, un análisis de los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y una comparación de los precios en diferentes estaciones de servicio permiten determinar cómo ha fluctuado el precio de los combustibles en los últimos meses.

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¿Realmente subió la gasolina?

Según los registros del MEM, en los últimos 27 meses (enero 2023 – marzo 2025), diciembre de 2024 fue el mes con los precios más bajos del periodo analizado. Con precio por galón entre Q28.63 y Q25.24, según los tipos de gasolina del mercado guatemalteco.

Durante enero y febrero de 2025, se observó un aumento en comparación con diciembre de 2024, aunque sin alcanzar los valores máximos de meses anteriores.

Además, al comparar los primeros tres meses del año, marzo ha registrado los precios más bajos.

Los datos del MEM, correspondientes a los monitoreos del 10 y 17 de marzo de 2025, reflejan una disminución en los precios.

Precios en autoservicio, variación de precio entre la semana del 10 y 17 de marzo:

Gasolina superior: de Q29.88 a Q29.68 (-Q0.20)

Gasolina regular: de Q28.39 a Q28.17 (-Q0.22)

Diésel: de Q26.81 a Q26.08 (-Q0.73)

Los datos indican que, si bien los precios de la gasolina han fluctuado, no se ha registrado un aumento significativo en los últimos días.

De hecho, los valores actuales se encuentran dentro del rango de las últimas dos semanas y, en algunos casos, han disminuido.

Precios de gasolina según monitoreo de Prensa Libre

Además del análisis del MEM, se verificaron los precios en cuatro empresas gasolineras ubicadas en distintas zonas de Guatemala.

Los valores registrados este 21 de marzo de 2025 muestran diferencias mínimas entre las estaciones:

Zona 1, Ciudad de Guatemala

Gasolinera A: Superior Q29.69 | Regular Q29.09 | Diésel Q25.79

Gasolinera B: Superior Q29.47 | Regular Q27.97 | Diésel Q26.07

Gasolinera C: Superior Q29.69 | Regular Q28.19 | Diésel Q25.79

Gasolinera D: Superior Q30.59 | Regular Q29.09 | Diésel Q27.69

Zona 11, Ciudad de Guatemala

Gasolinera A: Superior Q30.49 | Regular Q28.89 | Diésel Q25.69

Gasolinera B: Superior Q30.77 | Regular Q29.27 | Diésel Q27.67

Gasolinera C: Superior Q30.79 | Regular Q29.29 | Diésel Q27.69

Gasolinera D: Superior Q29.69 | Regular Q28.19 | Diésel Q27.39

Zona 8, Mixco

Gasolinera A: Superior Q28.99 | Regular Q27.49 | Diésel Q27.49

Gasolinera B: Superior Q30.77 | Regular Q29.27 | Diésel Q26.87

Gasolinera C: Superior Q29.69 | Regular Q28.19 | Diésel Q25.79

Gasolinera D: Superior Q30.47 | Regular Q28.91 | Diésel Q25.67

Villa Nueva

Gasolinera A: Superior Q29.69 | Regular Q28.19 | Diésel Q25.79

Gasolinera B: Superior Q29.67 | Regular Q28.17 | Diésel Q26.07

Gasolinera C: Superior Q29.69 | Regular Q28.19 | Diésel Q25.79

Gasolinera D: Superior Q30.63 | Regular Q30.79 | Diésel Q27.79

La diferencia en los precios entre estaciones se debe a varios factores, incluyendo la ubicación y el modelo de negocio de las gasolineras.

Tal como se observa en algunas estaciones incluso los precios están por debajo de los reportados por el ministerio de energía.

¿Por qué varían los precios entre gasolineras?

En Guatemala, las gasolineras operan bajo un modelo de franquicia. Esto significa que cualquier inversor puede abrir una gasolinera bajo una marca específica, pero los precios pueden variar según la ubicación y los costos operativos de cada propietario de la sucursal.

Aunque un usuario frecuente de una misma marca pueda notar diferencias en el precio, estas dependen de la zona y el propietario no necesariamente de un incremento generalizado del combustible.

No hay un aumento generalizado en el precio de la gasolina

Los datos del MEM y de las gasolineras monitoreadas indican que, en lugar de un aumento, el precio de la gasolina ha registrado una leve reducción en marzo de 2025.

A pesar de la información difundida en redes sociales, los registros oficiales y la recolección de datos en diferentes gasolineras y zonas reflejan una tendencia a la baja, al menos en el corto plazo.

El MEM afirma que las credenciales de exportación de Mayaniquel están en proceso

Wed, 16 Oct 2024 20:36:27 +0000

minerÍa

El MEM afirma que las credenciales de exportación de Mayaniquel están en proceso

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el procedimiento de otorgamiento de las credenciales de exportación de la mina Mayaniquel están a la espera porque falta un requisito que debe cumplir la empresa, sin embargo, esta asegura que hay peticiones tardías y falta de resolución por parte de esa institución.

Natiana Gándara y Rosa María Bolaños

16 de octubre de 2024 | 14:36h

Aunque la licencia minera fue reactivada por el Ministerio de Energía y Minas, en agosto último, la empresa no puede empezar a operar porque el 70% sale del país y a la fecha no se le ha emitido la credencial de exportación. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Según el comunicado de prensa enviado por el MEM, el procedimiento de otorgamiento de las credenciales de exportación de la mina Mayaniquel están a la espera que dicha empresa cumpla con la información solicitada por la Dirección General de Minería.

El ministerio, también explicó que a finales de 2022 empresas mineras con operaciones en Guatemala fueron sancionadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). Esa situación llevó a las referidas empresas a solicitar al MEM, la suspensión de sus actividades.

“Con la administración del MEM, que comenzó el 14 de enero de 2024, las nuevas autoridades iniciaron la revisión de los principales procesos y actividades relacionadas con la minería”, señala la entidad en un comunicado sobre el proceso de la minera Mayaniquel.

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Según el Ministerio, en cumplimiento de la legislación vigente y los principios de transparencia, rendición de cuentas, se revisaron los procedimientos de otorgamiento de las concesiones, licencias y credenciales de exportación, poniendo especial atención en la congruencia de estos documentos. “También se ha documentado y comprobado el contenido de minerales del material que se exportan”, afirmó la institución.

Además, detallaron que la Dirección General de Minería del MEM ha realizado inspecciones, tomó muestras con estricto protocolo de levantamiento de testigos, y realizó el análisis en reconocidos laboratorios y servicios geológicos de países amigos. También realizó análisis en un moderno equipo de reciente instalación en los laboratorios del ministerio.

Sobre la situación de las empresas sancionadas por la OFAC, estas solicitaron al MEM el reinició de sus operaciones una vez aclarada la situación que las motivó a la suspensión (las sanciones de la OFAC habrían sido levantada en los primeros meses de 2024), “las cuales se atendieron diligentemente”, enfatizaron las autoridades del MEM en el comunicado.

Reclaman atrasos

La minera se pronunció, este miércoles por la noche, acerca de lo expresado por el MEM, indicando que la compañía solicitó desde el 20 de diciembre del 2023 una credencial de exportación de productos mineros, pero que a la fecha no ha sido emitida.

Expuso que hasta antes del 11 de octubre del 2024, el ministerio no había notificado ninguna providencia a la empresa en seguimiento a la petición de credencial, pero que ese día les hizo una solicitud, y aseguran que ya se respondió.

Basada en esas fechas, la compañía añade que les llama la atención que luego de 10 meses de haber solicitado la credencial de exportación y tres días después de que denunció públicamente que ésta aún no se les había otorgado, el MEM haya notificado a la empresa respecto a movimientos administrativos relacionados a su solicitud.

En su pronunciamiento la minera asegura que desde diciembre del 2023, cuando hizo la solicitud, ha tenido la solvencia financiera que el MEM requiere y que la institución ha realizado más de una inspección física a las operaciones de la minera en el transcurso del año.

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Proceso de arbitraje

Los accionistas de la minera Mayaniquel, S. A., empezaron el proceso para un arbitraje internacional de inversión en contra del Estado de Guatemala porque no se les ha aprobado la credencial de exportación, informaron ejecutivos de dicha firma.

La intención del reclamo internacional fue presentada al Ministerio de Economía (Mineco) el 13 de junio pasado, y según el procedimiento, se tienen seis meses para conciliar; de no lograrlo, se puede llegar al arbitraje, explicó Estuardo Asturias, director de Asuntos Corporativos de la minera.

En tanto que el Mineco dio a conocer que la solicitud de consultas e intención de arbitraje fue presentada por la empresa International Metal Supply Holding, S. A., en nombre de su subsidiaria guatemalteca Mayaniquel, S. A.

El reclamo asciende a US$100 millones, más gastos y costas, dijo el Mineco a Prensa Libre.

Nota del editor: El presente artículo fue actualizado el 16 de octubre a las 21:45 horas con la postura de la empresa Mayaniquel.

La minera Cerro Blanco y el Marn inician batalla legal por revocatoria de autorización

Tue, 25 Jun 2024 11:00:00 +0000

licencia ambiental

La minera Cerro Blanco y el Marn inician batalla legal por revocatoria de autorización

Cinco días de concluir la administración gubernamental anterior, la empresa obtuvo autorización para operaciones o cielo abierto, lo que fue detenido recientemente por las autoridades actuales.

Rosa María Bolaños

25 de junio de 2024 | 05:00h

Las operaciones de la mina Cerro Blanco están suspendidas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Elevar Resources)

La compañía Elevar Resources presentó ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) una solicitud de revocatoria a la suspensión de la Actualización del Plan de Gestión Ambiental (APGA 2024) para el proyecto minero Cerro Blanco, emitida por dicha cartera.

La minera había solicitado un cambio de modalidad de extracción pasando de subterráneo o cielo abierto, lo cual fue aprobado en enero del 2024, cinco días antes de finalizar el período del gobierno anterior.

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Sin embargo, el 14 de junio último, por la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, anunciaron la medida tomada. Ante esto, la empresa presentó una solicitud de revocatoria el 20 de junio, califica de “notoriamente ilegal” la resolución de enmienda con la que el Marn emitió la suspensión.

La compañía expuso en un comunicado que, al presentar la solicitud de revocatoria, se mantiene vigente la aprobación de la actualización mencionada, aparte de que fue autorizada por ese ministerio después de 26 meses de proceso y aunque se cumplió con todos los requisitos legales y normativas establecidas por el Marn y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tardó más tiempo de lo habitual que se estima en nueve meses.

“La Actualización del Plan de Gestión Ambiental se mantiene vigente, está en regla y continuará implementando acciones que garanticen la legalidad”.

En otra parte de su boletín, elevar Resources afirma que “ha sido transparente en todas sus acciones y ha proporcionado la documentación que le ha sido formalmente requerida en los tiempos y momentos en que se le ha indicado, por lo tanto, considera que la decisión de dejar sin efecto la resolución de que aprobó el APGA 2024 viola los principios del debido proceso, poniendo en riesgo la certeza jurídica de una inversión que supera los $350 millones, y sienta un mal precedente a nivel internacional en un momento en el que se busca atraer más inversión extranjera directa por parte del gobierno actual”.

Marn: Está suspendido

A la consulta de Prensa Libre, el Marn respondió que la licencia ambiental del proyecto Cerro Blanco “no se encuentra vigente por lo que deberá tramitar una nueva solicitud por ser un proyecto diferente al actual de explotación subterránea”.

Agregó que durante el presente mes, el ministerio decidió enmendar el procedimiento de actualización de la licencia ambiental que fue otorgada el 9 de enero de 2024 por el anterior gobierno.

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Y que derivado de la constantes denuncias internas y externas, el ministerio concluyó que no correspondía una actualización de licencia ambiental, sino que, por ser un proyecto diferente y nuevo, debe presentarse una nueva solicitud de licencia ambiental para explotación a cielo abierto, ya que este nuevo método de minado conlleva potenciales riesgos e impactos ambientales mayores y diferentes.

Además, presentó tres denuncias penales ante el Ministerio Público sobre este caso, mientras que Elevar Resources ha presentado dos amparos, los cuales han sido suspendidos por la Sala Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Ante esto, la compañía replicó que una resolución no cobra firmeza hasta que pase el plazo para ser impugnada; en este caso, dentro de los 5 días hábiles para impugnar la resolución se interpuso el recurso se revocatoria, lo cual hace que no cobre firmeza la misma. En caso la ministra ilegalmente no dé con lugar el recurso de revocatoria, se acudirá a la instancia judicial de lo contencioso administrativo, pues el plazo para revocar la resolución venció en enero del 2024, por lo que ya estaba firme y ejecutada. “Entonces, es notoriamente ilegal y extemporánea este intento de revocación 6 meses después de plazo, es un fraude de ley y violación flagrante de la certeza jurídica que debe de regir todos los actos públicos”.

Argumentos de ambas partes

La minera Cerro Blanco cuenta con licencias de operación subterránea desde el año 2007.
En el 2021 solicitó cambio de método de minado para pasar a cielo abierto.
Elevar Resources expone que esta modalidad permite un aprovechamiento óptimo de los minerales existentes, aspecto que conllevaría más inversión y empleos. Además, que es más seguro para las personas, además de tener una planeación y control minero más sencillos.
Añade que el cambio se solicita con base a los artículos 39 y 40 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) y que en 2021 presentó una solicitud de opinión al Marn para consultar el procedimiento para ese cambio.
Según la empresa, el Marn respondió por escrito que debía presentarse una Actualización del Plan de Gestión Ambiental (APGA), para lo cual también indicó por escrito a la empresa los Términos de Referencia que detallaban lo que debía contener esta solicitud de actualización al momento de presentarse. Y argumenta que esa solicitud se realizó durante más de 8 meses y tuvo un costo de varios millones de dólares, pues participaron firmas nacionales e internacionales de alta reputación, por lo que presentó más de los requerimientos detallados en los términos de referencia del MARN.
La actual ministra de Ambiente explicó el viernes 14 de junio que la compañía aplicó a la figura de actualización, pero que esta no procedía porque el cambio de actividad implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al original.
El ministerio está solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental y presentó una denuncia adicional contra el exdirector de Gestión Ambiental por supuestas irregularidades detectadas.

La CorteIDH le ordena al gobierno de Guatemala titular tierras y consultar a población indígena sobre la minera Fénix

Sat, 16 Dec 2023 01:15:05 +0000

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes 15 de diciembre a Guatemala por una serie de violaciones a los derechos de la comunidad indígena maya q’eqchi’ de Agua Caliente, y le ordenó titular y demarcar sus tierras, así como efectuar un proceso de consulta comunitaria sobre una mina a cielo abierto.

El caso se trata de la mina Fénix, ubicada en el Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), cuya licencia fue aprobada en el 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, leyó este viernes la parte resolutiva de la sentencia contra Guatemala, la cual da 6 meses al país para “comenzar a adoptar las medidas requeridas para ofrecer a la comunidad indígena maya q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9 un título comunitario colectivo de sus tierras y adoptar las medias para delimitar y demarcar adecuadamente la propiedad”.

La CorteIDH también ordenó a Guatemala llevar a cabo un “proceso adecuado de consulta” a la comunidad sobre una mina de níquel a cielo abierto que se ubica en la zona de influencia del pueblo.

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Esta consulta debe permitir la participación de todos los miembros de la comunidad de Agua Caliente Lote 9, y como requisito previo, se ordenó “que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e independientes”, con el fin de que los habitantes cuenten con información antes de pronunciarse.

El tribunal también determinó que Guatemala debe abstenerse de realizar actos en los que agentes del Estado o terceros puedan afectar la existencia, el valor, el uso o el goce del territorio de la comunidad indígena y que el Estado debe tomar medidas legislativas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas en el país.

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en perjuicio de la Comunidad Maya qeqchí de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva tras 40 años de solicitudes. El caso también abarca el establecimiento del proyecto minero de níquel a cielo abierto en la zona de influencia del territorio indígena.

La CorteIDH encontró a Guatemala responsable por las violaciones a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, las garantías judiciales, a la propiedad, al acceso a la información, a los derechos políticos y a la protección judicial del pueblo indígena, agrega otra agencia.

La Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9, está ubicada en el municipio de El Estor, Departamento de Izabal, y cuenta con alrededor de 400 personas y abarca más de 1 mil 353 hectáreas.

En 2006 las autoridades guatemaltecas concedieron la licencia de explotación minera; en 2018 una acción de amparo cuestionó la licencia y en junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó observar la consulta previa y suspendió la explotación minera.

Durante 2021 se llevó a cabo un proceso de consulta con comunidades indígenas, con la participación del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’. A pesar de oposiciones, se firmó un acuerdo para la continuidad del proyecto minero.

La CorteIDH determinó que el proceso de consulta “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”.

La sentencia considera además que “la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva y la actividad minera impactaron la vida comunitaria y se vincularon a diversos actos de violencia y hostigamiento”.

“Guatemala (es) responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la información, a la propiedad, a los derechos políticos y el derecho a la protección judicial” de la comunidad indígena Agua Caliente, según el fallo.

La comunidad tituló en 1974 las tierras a su nombre, pero no fue hasta 2019, y tras una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se les hizo entrega formal de los documentos, ya que se habían extraviado, precisó la Corte IDH.

En ese tiempo de demora, en parte del territorio maya q’eqchi’, se instaló el proyecto minero Fénix. La concesión minera “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”, advirtió la Corte.

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¿Qué hay detrás de la suspensión de operaciones en Guatemala de dos empresas mineras?

La mina es operada por dos subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group y suspendió operaciones en marzo pasado, luego de que Estados Unidos le impuso sanciones económicas por una trama de corrupción y tráfico de influencias.

Además, la comunidad fue víctima de actos de agresión y violencia, incluyendo atentados contra la vida, hostigamientos y amenazas a miembros entre 2006 y 2019, mientras aguardaban la entrega del extraviado título de propiedad, reseñó la sentencia, según reportan las agencias internacionales.

Problemas recurrentes

El caso se trata de la mina Fénix, ubicada en el Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). La licencia minera fue otorgada en 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en el 2019 fue suspendida temporalmente y posteriormente retomó operaciones. Aunque posteriormente, en marzo del 2023 volvió a suspender sus operaciones por decisión de la empresa, pero no derivado de ese caso, sino de una sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos basado a dos ejecutivos de la firma. En octubre la mina logró una licencia de la OFAC que le permite comercializar con empresas estadounidenses por lo que anunciaron que retomarían operaciones.

Posturas

Solway Investment Group, indicaron que esta firma y sus subsidiarias “no fueron parte de este caso, pero valoran el proceso transparente y cualquier resultado sensato que establezca principios claros, elimine ambigüedades y beneficie a las comunidades vecinas a nuestra área de concesión. Los desacuerdos sobre la discrepancia en la demarcación de tierras comenzaron incluso antes de que nuestra empresa adquiriera el proyecto. No participamos ni en los procedimientos guatemaltecos ni en los posteriores; tampoco llevamos a cabo actividades en esta zona, ni minería ni exploración geológica, respondió la compañía por medio de su oficina de prensa, al ser consultada al respecto”, respondió a Prensa Libre la oficina de prensa de dicha firma por escrito.

En tanto, Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, indicó que esta cartera analizará la sentencia en detalle para determinar las acciones puntuales a seguir. Si procediera, se sugeriría al Estado de Guatemala por medio de los órganos competentes, plantear algunas consultas en caso de que sea necesario.

Respecto a la consulta a los pueblos indígenas, afirmó que ya se realizó y se incluyó a representantes de esta comunidad, por lo que este derecho minero posee licencia de explotación vigente.

Precio de combustible en Guatemala: MEM prevé nueva alza para las próximas semanas

Mon, 07 Aug 2023 17:57:19 +0000

El precio de los combustibles en Guatemala ha mantenido una tendencia al alza en las últimas semanas, cuyas causas serían por recortes de producción de los países exportadores, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Este lunes 7 de agosto, autoridades del Ministerio de Energía y Minas dieron a conocer cuál es la previsión de los precios para las próximas semanas en Guatemala.

Manuel Eduardo Arita, titular del Ministerio de Energía y Minas, indicó que en mayo y junio los precios de los combustibles estuvieron estables, pero desde la segunda quincena de julio y los primeros días de agosto se registró una tendencia al alza.

“Los productores han reducido su producción diaria en más de 1.5 millones de barriles de petróleo, lo cual ha hecho que los precios de los derivados del petróleo sean más elevados en esta última quincena”, explicó Arita.

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Según el ministro, el precio internacional del petróleo subió Q2.62 por galón, cuyo costo para los derivados como el diésel y la gasolina, subió Q6.24 y Q4.24, respectivamente.

“En cuanto a los precios locales, el alza en los precios ha sido más o menos el mismo. El diésel ha subido en promedio Q6.30 en las últimas dos o tres semanas; mientras, la gasolina, Q4.80”, detalló.

Arita añadió que además de la reducción de la producción, se registran paros en mantenimiento en refinerías en EE. UU. y el incremento de la demanda en el hemisferio norte, lo cual ha afectado.

El ministro indicó que no tienen planificado presentar iniciativas en el Congreso de la República para aprobar subsidios para los consumidores, como se hizo anteriormente.

Nuevos incrementos

El titular del MEM indicó que, respecto a la previsión de precios, durante la semana en curso los precios se mantendrán “estables”.

Sin embargo, aseguró que es probable que durante el resto de agosto se registren nuevos incrementos debido a la tendencia al alza.

Los ministros de Economía y de Energía y Minas renunciaron a sus cargos, dejan avances y tareas pendientes

Wed, 12 Jul 2023 01:54:43 +0000

Los ministros de Economía, Janio Moacyr Rosales, y el de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, renunciaron hoy al frente de sus cargos, según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, quien confirmó las dimisiones la tarde de este martes 11 de julio.

“El día de hoy tenemos la renuncia de dos ministros del Organismo Ejecutivo, y esto se debe a asuntos estrictamente personales del ministro de Economía Janio Rosales y del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. El cambio es de urgencia personal y no cambia las condiciones del pacto colectivo de los trabajadores del ministerio de Economía. En las próximas horas se estará dando a conocer el nombre de las personas que asumirán la dirección de ambas carteras de cara al proceso de transición del gobierno”, expuso.

La dimisión de los funcionarios que integran el Gabeco se da 15 días después de la realización de las elecciones generales, y se indicó que el presidente Alejandro Giammattei aceptó ambas renuncias.

Los evalúan bien

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que son personas muy capaces que hicieron una buena tarea.

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“Para los efectos de la inversión que vino al sector de vestuario y textiles, que va a representar duplicar la capacidad de producción para llegar a dos millones de libras de tela diaria, ambos funcionarios de gobierno fueron clave. Estamos muy agradecido con ambos, pero especialmente con el extitular de Economía que brindó un gran impulso y con quien se trabajó más de cerca”, añadió.

Sobre las personas que lleguen a ser nombradas, el empresario reiteró que sean personas capaces y que comprendan las necesidades del sector exportador.

En tanto, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), afirmó que durante la gestión del ministro Rosales, hubo un aumento importante de la inversión extranjera directa y un acompañamiento muy claro a la agenda para la mejora de la calificación de riesgo-país.

Resaltó que hubo un esfuerzo para fortalecer capacidades del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y programas como el del Sello Blanco para apoyar a la pequeño y mediana empresa, por lo que “en términos generales, en la agenda económica hubo buenos avances y el país debe seguir trabajando en temas relacionados”.

En el caso de la gestión de Pimentel, el directivo considera que en su gestión se impulsó una agenda de expansión con la electrificación rural, fortaleciendo las capacidades internas en el sector eléctrico, aunque reconoce que este sector tiene una legislación mucho más robusta y el MEM es un facilitador. También queda pendiente seguir con la licitación de largo plazo por 235 megavatios para la que se recibirán ofertas este año, como parte del Plan de Expansión de Generación conocida como PEG 4.

“En minería hubo avances en las consultas, pero hay un tema pendiente como el reglamento del convenio 169 no solo para el sector minero, sino en general, para ayudar a reducir la conflictividad”.

Respecto a combustibles, refirió que Guatemala es un país importador por lo que tampoco podía hacer mucho con las alzas, y lo que se hizo fueron acciones para poder subvencionar, por medio de iniciativas aprobadas en el Congreso.

Voz disidente

A diferencia de lo anterior, el diputado Carlos Barreda, integrante de la Comisión de Economía del Congreso, señaló algunos aspectos que deja pendientes el exministro Rosales Alegría (no opinó sobre Pimentel), y destacó que no se alcanzaron las cifras anunciadas respecto a la atracción de inversión extranjera directa (IED); tampoco se muestran las cifras reales del capital externo como porcentaje del producto interno bruto (PIB), y Guatemala esta rezagada en la atracción de capitales frescos.

Por otro lado, “mantuvo una actitud conservadora en materia de política arancelaria, en medio de una crisis de precios sobre todo en la división de alimentos; no actuó para liberar aranceles de importación, como sí lo hicieron México, El Salvador y Nicaragua en los últimos tres años para influir en la disminución de algunos precios de la Canasta Básica de Alimentos (CBA)”.

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Sobre el manejo de la inflación, el diputado cuestionó que en la junta directiva de Instituto Nacional de Estadística (INE) entidad adscrita al Mineco, no se han actualizado metodologías para mantener actualizados indicadores importantes como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la gestión del expresidente Jimmy Morales, por lo que hay desconfianza respecto a la precisión de los datos. Tampoco se avanzó en promover una iniciativa de ley de Competencia acorde a la realidad de la economía nacional.

El ritmo inflacionario al primer semestre se ubicó en 4.93%, por lo que el indicador ingresó al rango meta de 4.0% +/- 1 punto porcentual, luego de 12 meses en que estuvo fuera de control.

Trayectorias

Janio Rosales también fungió en esta administración como secretario privado de la Presidencia y fue nombrado ministro el 9 de marzo del 2021, luego de la renuncia del empresario textil Antonio Malouf, quien también dejó la cartera en medio de una espiral inflacionaria y la ausencia de medidas urgentes desde el Estado para controlar el alza general de precios.

En tanto que Pimentel Mata inició su gestión el 14 de enero del 2020 y durante su mandato tuvo a su cargo la ejecución del subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica. Con los decretos 17-2022 (y sus reformas en el 45-2022) y el 5-2023, entre el 2022 y el 2023 se ejecutaron Q624.6 millones, de subsidio al gas, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al 30 de mayo.

El subsidio a la energía eléctrica también estuvo vigente desde el 2020 con varias prórrogas y reformas. El último monto aprobado fue por Q197 millones y su vigencia finalizó el 30 de junio. Por aparte, según información del ministerio, por el subsidio temporal para la gasolina y el diésel, con base en los decretos 20-2022 y sus reformas, el 28-2022 y el 42-2022, se ejecutaron Q2 mil 339.7 millones.