Minex da seguimiento a menores guatemaltecos en EE. UU. tras fallo judicial que suspende su deportación

El Ministerio de Relaciones Exteriores intensificó las acciones consulares para garantizar la protección de los menores guatemaltecos en riesgo de deportación, tras un fallo judicial que suspendió su expulsión del país del norte.

Carlos Gómez

23 de septiembre de 2025 | 00:05h

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Unos 600 menores guatemaltecos no acompañados que se encuentran en Estados Unidos están en riesgo de ser deportados, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta dando seguimiento su situación en ese país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Luego de que un juez federal ordenara la suspensión, por tiempo indefinido, de las deportaciones desde Estados Unidos de los primeros 327 menores no acompañados —de un total de 600— que se encuentran resguardados en varios albergues en ese país, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que lleva a cabo varias acciones para determinar las condiciones en que se encuentran los menores guatemaltecos y brindarles el apoyo requerido.

Según información del Minex, desde que se conoció esta medida cautelar —que aún puede ser apelada por las autoridades gubernamentales de Estados Unidos— comenzaron las gestiones con abogados y representantes legales de los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados (NNA) beneficiados con la orden judicial.

De esa cuenta, se indicó que durante el fin de semana se llevaron a cabo visitas consulares a los centros donde se encuentran los menores guatemaltecos, con el objetivo de verificar el respeto del debido proceso en cada caso, evitar vulneraciones a sus derechos y velar por su protección.

Se conoció que los menores —quienes estuvieron a punto de ser deportados a inicios de septiembre— vivían en albergues y lugares de acogida en distintos estados, por lo que el Minex giró instrucciones a los consulados guatemaltecos en Estados Unidos para que den el seguimiento correspondiente. En Texas, el Consulado en Houston da seguimiento al caso de los menores guatemaltecos que permanecen en varios albergues en ese estado.

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Los 26 consulados de Guatemala en Estados Unidos recibieron instrucciones del Minex para dar seguimiento a los casos correspondientes en sus jurisdicciones.

El Minex también indicó que se mantiene comunicación con los familiares de los menores en Guatemala, a quienes se les brinda información sobre el proceso migratorio. Además, se recopila información para conocer el contexto en el cual migró el NNA a Estados Unidos, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades a las que pueda estar expuesto en Guatemala y brindar la asistencia correspondiente.

La información oficial indica que se da seguimiento oportuno a los casos, con el objetivo de determinar si los menores serán reunificados en Estados Unidos, si obtendrán resguardo a través de algún programa de protección internacional o, en último caso, si se emitirá una orden de salida voluntaria.

El pasado jueves, el juez federal del distrito de Columbia, Timothy J. Kelly, suspendió indefinidamente las deportaciones de los menores hacia territorio guatemalteco. Esto ocurrió luego de que organizaciones defensoras de la infancia y de migrantes presentaron una demanda para impedir la expulsión de los menores, bajo el argumento de que “muchos de ellos huían del abuso o de la violencia”, y que el gobierno estadounidense estaba eludiendo los procedimientos legales establecidos para brindarles protección.

El gobierno de Estados Unidos justificó la deportación de los menores como parte de un “programa de reunificación familiar”. Sin embargo, los defensores afirmaron que estos no deseaban volver al lugar de donde huyeron y que podrían ser víctimas de violencia al regresar.

El juez Kelly puso en duda la afirmación de las autoridades estadounidenses de que habían sido los padres quienes “habían solicitado su retorno”, por lo que decretó la suspensión indefinida de las deportaciones.

Según documentos de la Administración de Migración de Estados Unidos, citados por medios internacionales, se identificó a 457 menores para su posible deportación a Guatemala. Sin embargo, la lista se redujo a 327.

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Se han violentado sus derechos

A criterio de Fernando Castro, analista en temas migratorios, la administración de Donald Trump ha vulnerado los derechos fundamentales de los menores, ya que, según las leyes estadounidenses, estos gozan de protecciones especiales, por lo que consideró acertada la decisión del juez federal.

“El grupo de abogados que promueve la defensa de los menores inmigrantes no acompañados, comprendidos entre los 10 y 16 años, ha argumentado que la administración Trump violentó el debido proceso, ya que los casos aún están pendientes de resolverse en los tribunales migratorios, y los menores cuentan con protecciones especiales, como las contempladas en la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas en donde se establece que los menores inmigrantes no acompañados al ingresar a Estados Unidos tienen el derecho de poder comparecer ante un juez migratorio, quien será el que emita la resolución de permanencia o deportación a sus países de origen”, afirma Castro.

El experto considera que el Minex debe tomar medidas pertinentes para garantizar que no se sigan vulnerando los derechos de los menores guatemaltecos, y verificar, en cada albergue o centro de atención, las condiciones en que se encuentran mientras se resuelve el proceso legal.

“El canciller guatemalteco debe ordenar visitas, por parte de funcionarios consulares, a los lugares donde permanecen recluidos los menores inmigrantes no acompañados, a fin de rendir un informe pormenorizado sobre sus condiciones, y así cumplir con la asistencia y protección consular a la que tienen derecho, al ser el sector más vulnerable de la migración”, indica Castro.

Además, señala que la Cancillería debe informar cuántos de estos menores están por cumplir la mayoría de edad y qué sucederá con ellos, así como rendir un informe público sobre las acciones realizadas con los padres en Guatemala, para saber si quieren que permanezcan en Estados Unidos o si efectivamente han solicitado su retorno al país, como aseguran las autoridades estadounidenses.

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Ana Lucía Ola

20 de septiembre de 2025 | 05:00h

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Del 1 de enero al 18 de septiembre han retornado 901 niñas, niños y adolescentes desde Estados Unidos, según el Instituto Guatemalteco de Migración. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el 2024, más de 5 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes fueron retornados a Guatemala desde Estados Unidos. El 2.37% llegó al país sin compañía de algún familiar. Este año, hasta el 18 de septiembre, se reporta el ingreso de 901 menores, pero esta vez el 14.3% viajaba solo, según un reporte del Instituto Guatemalteco de Migración.

Mientras, la situación de unos 600 menores en albergues gubernamentales en Estados Unidos es incierta, pues iban a ser devueltos al país, pero un juez federal bloqueó el pasado jueves 18 de septiembre el plan de deportación de la administración de Donald Trump.

“No son cifras: son sueños frustrados. Son niños que buscan reinsertarse en un país que los expulsó una vez, y que al regresar encuentran brechas institucionales que vulneran sus derechos al no recibir una atención integral en sus comunidades, ya que los programas de recepción de retornados están enfocados en personas adultas”, destaca en los resultados del sondeo periodístico: Inserción socioeconómica de NNA retornados a Guatemala, desarrollado para el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI), en Guatemala.

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“El Estado necesita analizar y reforzar toda esta coordinación interinstitucional, porque encontramos muchos vacíos. Pareciera que es un asunto de todos, pero que a la vez no es de nadie”, dijo el consultor Juan Pablo Guzmán, al referirse a la falta de una instancia que garantice el seguimiento en la atención de los NNA desde su llegada al país hasta su reunificación familiar, y que continúe con acciones a largo plazo.

Como parte del sondeo, se entrevistó a nueve niños y adolescentes migrantes retornados, originarios de Huehuetenango, quienes expresaron que el apoyo de las instituciones de gobierno terminó al salir del centro de recepción. Otros indicaron que, al llegar a sus comunidades, no pudieron reincorporarse al ciclo escolar, pese a los años estudiados en Estados Unidos.

“El país les ha fallado tres veces: se van porque no hay una respuesta institucional, no tienen acceso a servicios ni a educación, no hay condiciones básicas de vivienda y sus padres no tienen empleo. Luego, el país les falló allá (EE. UU.), porque tienen una débil representación consular. La tercera es que regresan y encuentran las mismas condiciones que los expulsaron”, indicó Jorge Luis Medrano, director de PAMI.

Agregó que, al retornar los menores sufren estigmatización entre su propia gente, porque para la población “la migración debe ser exitosa”, y regresar es percibido como un fracaso.

Esto representa, según Medrano, una carga emocional fuerte para los menores ―frustración, ansiedad, incertidumbre, principalmente en los adolescentes―, lo cual afecta su autoestima y frena las oportunidades para salir de la pobreza. Hay una “revulneración” de este grupo, agrega, pues no se generan las condiciones para que rehagan su vida en un entorno mejor.

Guzmán señala que esas condiciones provocan autoexclusión: los mismos menores se privan de oportunidades de estudio. En el caso de quienes hablan inglés, manifestaron durante las entrevistas que la educación bilingüe no existe en sus comunidades ni hay programas que les permitan desarrollarse. El riesgo, advierte, es que intenten cruzar nuevamente la frontera en busca de un Estado que responda a sus necesidades.

El estudio concluye que hay debilidad en los mecanismos de acogida y orientación a NNA al momento de llegar a sus comunidades, y que su integración ha dependido del apoyo de redes familiares y organizaciones comunitarias. También se mencionan las barreras para la inserción educativa y el desconocimiento de derechos y servicios por parte de las instituciones encargadas de apoyar su retorno.

Los adolescentes enfrentan la falta de acceso a educación diversificada, a programas de formación técnica para conseguir un empleo digno, y el riesgo del desempleo, la informalidad o la remigración forzada.

Recomendaciones

“Hacemos un llamado para que en la agenda política se tome en cuenta la primera infancia, niñez y adolescencia en retorno, porque definitivamente se están vulnerando sus derechos, y lo que se requiere es el interés superior de la niñez”, dijo Karina Arriaza, subdirectora del PAMI.

Según los entrevistados, se requiere que las municipalidades y los gobernadores asuman un papel protagónico en la atención a la NNA retornada, para que puedan reinsertarse a sus comunidades y retomar sus vidas.

También se demanda que se apliquen de manera efectiva los marcos normativos vigentes sobre niñez y adolescencia; que se consoliden rutas claras de atención por parte de ministerios, secretarías, gobiernos locales y entidades de protección; y que se diseñen protocolos de atención a la primera infancia, así como cobertura a la salud psicoemocional de los menores.

Acciones de gobierno

El Ministerio de Educación indicó estar consciente del escenario complejo que representa retornar al país y encontrar barreras, situación que afecta especialmente a niños y adolescentes. Por ello, mantiene coordinación con diversas instituciones y organizaciones para facilitar mecanismos que les permitan continuar con sus estudios.

“Nuestra misión es asegurar la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes mediante la inclusión en las direcciones departamentales a las que retornan. Estamos procurando apoyar con formaciones técnicas y certificación de calificaciones a los jóvenes y adultos en su retorno. La atención que pretendemos es integral”, mencionó la cartera.

Agregó que al momento no se ha reportado al Mineduc ningún caso de niños que hablen solo en inglés. Al momento que esto ocurra, “se gestionaría una atención personalizada para su incorporación al sistema educativo”.

Respecto de ese tema, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que, en el marco del Plan Retorno al Hogar, se brinda atención por medio de los padres, ya que el Instituto Guatemalteco de Migración únicamente se comunica con los adultos, y todo el proceso de reintegración de NNA no acompañados corresponde a la Procuraduría General de la Nación, que “desarrolla un proceso de localización, identificación y evaluación de posibles recursos familiares”.

Agregó que, en la fase 3 del Plan Retorno al Hogar, habrá un espacio para “discutir a nivel comunitario el desarrollo de la comunidad, para implementar planes de vida”.

¿Qué pasará con los niños guatemaltecos que no serán deportados por Estados Unidos?

Un juez federal estadounidense bloqueó el jueves un plan de la administración de Donald Trump para deportar a territorio nacional a cientos de niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.

Abner Guoz

19 de septiembre de 2025 | 06:00h

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Las deportaciones de menores han sido frecuentes en los últimos meses como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia) .

Un documento judicial establecía un convenio entre Estados Unidos y Guatemala para recibir días atrás, a unos 600 menores guatemaltecos que viajaron en forma irregular a aquel país y sin acompañamiento de adultos. Pero el Centro Nacional de Derecho Migratorio en compañía de varios abogados, presentó una demanda en contra de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, y ahí inicio el camino legal que impediría la repatriación de los menores. La demanda se encaminó a que la justicia bloquee las deportaciones, alegando que varios menores estaban expuestos a peligros y no se estaba cumpliendo con el debido proceso en ese retorno.

La jueza de distrito en Washington DC Sparkle Sooknanan bloqueó las deportaciones por 15 días. En el límite del vencimiento de ese plazo, el juez de distrito Timothy Kelly, también en DC, resolvió ayer extender ese bloqueo mientras los casos de los menores permanezcan abiertos, explicaron los abogados. Una de las razones que atendieron los togados es que establecieron que las autoridades norteamericanas habían mentido al sostener que los padres de los menores pidieron su retorno a Guatemala.

Otra razón es que la justicia norteamericana no ha comprobado que hay en territorio nacional una persona claramente identificada que pueda recibirlos y garantizar su acceso a salud, educación y todas las condiciones necesarias para su desarrollo.

Los niños están a salvo

Efrén Olivares, vicepresidente de litigio y estrategia legal de NILC, dijo a la agencia de noticias AFP que “la decisión judicial representa una victoria significativa para los cientos de niños que ahora están a salvo del intento ilegal de la administración Trump de expulsarlos de Estados Unidos”. Mishan Wroe, abogada del Centro Nacional para el Derecho Juvenil, detalló que estos niños “huyeron a Estados Unidos en busca de seguridad” y muchos de ellos “estaban aterrorizados, tenían el rostro empapado en lágrimas” con el hecho de volver.

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Además, los niños, en su mayoría no hablan español, proceden de distintos pueblos mayas y tampoco hablan inglés. Timothy J. Kelly, juez federal del Distrito de Columbia criticó duramente a la Administración Trump al asegurar que actuó de mala fe cuando intentó deportar a los menores bajo el argumento de que simplemente quería “reunir” a padres e hijos según consigna la agencia EFE. “No hay pruebas ante el Tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso”, escribió Kelly. El argumento del Gobierno Trump “se derrumbó como un castillo de naipes”, agregó.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, en inglés), los menores inmigrantes que ingresaron solos a EE.UU. generalmente tienen la oportunidad de comparecer ante un juez migratorio antes de ser deportados. Estados Unidos tenía bajo custodia a 2 mil 11 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), aunque no detalla sus nacionalidades según la agencia EFE.

Aproximadamente unos 600 niños iban a ser devueltos en virtud de un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, según un documento judicial. Los niños migrantes sin un padre o tutor legal en Estados se encuentran en albergues gubernamentales.

Algunos de estos están en Texas, desde donde a finales de agosto unos 76 estuvieron a punto de ser deportados de madrugada, según denunciaron organizaciones humanitarias como el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC, en inglés) y una asociación de abogados que trabaja con personas en riesgo de deportación llamada ProBAR.

En aquel momento, NILC presentó una demanda contra la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios gubernamentales, pidiéndole a la justicia que bloquee las deportaciones, alegando que varios menores estaban expuestos a peligros y no se estaba cumpliendo con el debido proceso en ese retorno.

Los abogados de la administración Trump aseguraron que familiares de los menores estaban incluso aguardando su llegada en Guatemala.

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La jueza de distrito en Washington DC Sparkle Sooknanan bloqueó las deportaciones por 15 días. En el límite del vencimiento de ese plazo, el juez de distrito Timothy Kelly, también en DC, resolvió este jueves extender ese bloqueo mientras los casos de los menores permanezcan abiertos, explicaron los abogados.

“Si bien los acusados se lanzaron a la acción en plena noche con su plan de ‘reunificación’ y luego le declararon al juez que un padre o tutor había solicitado el regreso de cada niño, esto resultó ser falso“, sostuvo el juez en su resolución.

“Según el expediente, parece que pretenden enviar de regreso a Guatemala a muchos niños no acompañados sin un padre o tutor legal identificado allá”, agregó, en un nuevo revés legal para la política antiinmigratoria de Trump.

Para Efrén Olivares, vicepresidente de litigio y estrategia legal de NILC, “la decisión judicial representa una victoria significativa para los cientos de niños que ahora están a salvo del intento ilegal de la administración Trump de expulsarlos de Estados Unidos”.

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Mishan Wroe, abogada del Centro Nacional para el Derecho Juvenil, detalló que estos niños “huyeron a Estados Unidos en busca de seguridad” y muchos de ellos “estaban aterrorizados, tenían el rostro empapado en lágrimas” con el hecho de volver.

De acuerdo con el NILC, la mayoría de los niños guatemaltecos bajo custodia estadounidense son indígenas y hablan idiomas distintos del inglés o el español.

La demanda se presentó en nombre de 10 menores, siendo el caso principal el de una niña de 10 años cuya madre falleció y que sufrió abuso y negligencia a manos de otros familiares en Guatemala.

Más de mil menores han sido deportados de EE. UU. en 2025 y Arévalo informa de plan para apoyarlos

Bernardo Arévalo informó que, en lo que va del 2025, al menos 22 mil guatemaltecos han sido deportados, entre ellos más de mil menores.

Óscar García

7 de julio de 2025 | 11:45h

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Durante el 2025 más de mil menores han sido deportados a Guatemala desde Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Bernardo Arévalo, presidente de la República, se refirió este lunes 7 de julio a los migrantes irregulares guatemaltecos en Estados Unidos, entre ellos a menores de edad.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que continúan con el Plan Retorno al Hogar, el cual genera condiciones que permiten el regreso digno de guatemaltecos retornados.

Explicó que este plan es un esfuerzo interinstitucional que busca ampliar la capacidad de acción para facilitar los procesos de recepción y reintegración de migrantes retornados.

Arévalo indicó que, al 3 de julio del 2025, han recibido a 22 mil 123 personas, de las cuales mil 123 son menores.

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Añadió que, en ese sentido, han creado un programa para recibir y atender de forma especial a este sector de la población.

Se refirió, en particular, a una iniciativa que desarrollan para lograr que menores no acompañados que se encuentran en centros de atención en EE. UU. puedan regresar a Guatemala antes de cumplir los 18 años, ya que, al alcanzar la mayoría de edad, serían enviados a centros de detención a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Recordó que, durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se le expuso la necesidad de mantener coordinación para identificar a estos menores y facilitar su regreso en condiciones de seguridad, así como para identificar a sus familias y procurar una eficiente reintegración a la sociedad guatemalteca.

Durante su visita a Guatemala, el pasado 26 de junio, Noem afirmó estar agradecida con el presidente Arévalo por su disposición en el ámbito migratorio y aseguró que, cuando los guatemaltecos quieran regresar, recibirán apoyo.

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Agregó en esa ocasión que ya han identificado a cientos de menores no acompañados que fueron víctimas de trata.

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A través de un comunicado, el ejecutivo hondureño aseguró que fue este jueves cuando las autoridades estadounidenses le notificaron lo ocurrido.

Según la información recibida, el adolescente fue trasladado a un hospital después de ser encontrado inconsciente. Tras una hora de intentos de reanimación cardiopulmonar, fue declarado muerto.

Las autoridades estadounidenses confirmaron este viernes la noticia, aunque no proporcionaron más detalles “debido a temas de privacidad y seguridad”, según expusieron en un comunicado.

“Como suele ocurrir en cualquier situación relacionada con la muerte o un problema de salud grave de un niño no acompañado, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (…) está analizando los detalles del caso, incluyendo sus antecedentes médicos. Se está realizando una autopsia“, se lee en el texto.

Exigen investigación

El gobierno de Honduras solicitó que se realice “una investigación exhaustiva del caso para esclarecer este hecho y de existir alguna responsabilidad se aplique todo el peso de la ley”, tuiteó el canciller de ese país, Enrique Reina.

“Este terrible hecho subraya la importancia de trabajar conjuntamente en la agenda bilateral migratoria sobre la situación de los menores no acompañados, para encontrar soluciones, tema que ha sido abordado por la presidenta Xiomara Castro a varios niveles con los EE.UU.”, agregó.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud del gobierno estadounidense es responsable de alojar y cuidar a los niños y adolescentes migrantes que llegan a la frontera entre EE.UU. y México sin tutores legales.

Los funcionarios fronterizos deben transferir a la ORR a los menores no acompañados dentro de las 72 horas siguientes a su llegada.

La noticia de la muerte de este adolescente hondureño llega en un momento en el que EE.UU. está implementando nuevas políticas de asilo y deportación para migrantes, después de que en la medianoche del jueves al viernes expirara el Título 42.

Desde el inicio de la pandemia de covid-19, el Título 42 permitió la expulsión inmediata de miles de migrantes que ingresaban a EE.UU. de manera irregular y que eran devueltos principalmente a México sin oportunidad de presentar su caso para solicitar asilo.

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En un comunicado de prensa, las autoridades mexicanas detallaron que junto a los 57 niñas, niños y adolescentes originarios de Guatemala no acompañados iba una mujer y su hija, así como ocho hombres adultos, también guatemaltecos.

Explican que los 67 guatemaltecos viajaban hacinados en el remolque del vehículo, el cual fue ubicado en un punto de verificación migratoria del INM y la Secretaría de la Defensa Nacional en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Los menores están comprendidos entre las edades de 14 y 17 años y son 43 niños y 14 niñas, todos no acompañados. Además, ocho hombres adultos y un núcleo familiar integrado por una madre y su hija, todos con estancia irregular en México.

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“Los hechos se registraron en el punto de verificación migratoria Precos, ubicado en el kilómetro 311 al 315 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, donde se detectó y marcó el alto al vehículo que, tras su revisión, permitió el auxilio a las personas en condición de vulnerabilidad”, cita el comunicado de las autoridades migratorias mexicanas.

Agreta que el núcleo familiar y los menores de edad no acompañados quedaron bajo la tutela de la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Bravo del estado de Chihuahua.

Señala que el conductor de la unidad que trasladaba a las personas migrantes quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“EI INM refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda de los derechos de quienes ingresan y transitan por territorio nacional en contexto de movilidad”, concluye el comunicado.

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En el segundo caso, se interceptó en el kilómetro 187 de la ruta Interamericana, Totonicapán, a 22 personas de origen hondureño, 11 eran adultos y 11 menores de edad, de los cuales tres viajaban sin el acompañamiento de un adulto, detalló la Policía.

En ambos casos los agentes de la Dipafront confirmaron que los migrantes ingresaron al país sin pasar los pasos fronterizos correspondientes.

Los extranjeros fueron trasladados a la Comisaría Regional de Quetzaltenango donde la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) verificó las condiciones de los inmigrantes que afirmaron que su destino era México y Estados Unidos.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) trasladó a los tres menores que viajaban solos a un albergue en Xelajú mientras localizan a sus familiares para notificarles que fueron interceptados y retornarlos a Honduras.

La Dipafront informó que durante julio interceptaron en Quetzaltenango a 200 inmigrantes, entre ellos a 80 africanos, que pretendían ingresar a México por pasos ilegales en Tacaná, San Marcos.

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Al presentar su informe, Niñez sin Fronteras este 13 de agosto, la Ciprodeni recopiló datos de enero a junio del 2019 del Instituto Guatemalteco de Migración, y las secretarías de Bienestar Social y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, según los cuales fueron devueltos al país nueve mil 739 menores de edad, un incremento del 32% respecto del mismo periodo del 2018.

De estos, el 79.2% eran menores no acompañados y el 90.5% fueron devueltos desde México, lo cual demuestra el reforzamiento de las medidas de seguridad en el vecino del norte, sobre todo desde mayo pasado cuando EE. UU. comenzó a presionar a ese país para que detuviera a más migrantes a cambio de no imponerle aranceles a sus productos.

También suben las detenciones en EE. UU.

Pero el endurecimiento de las políticas migratorias en México no ha sido suficiente para que miles de menores, ya sea solos o con sus familias, lleguen hasta suelo estadounidense, según la recopilación de datos de Ciprodeni.

De hecho, las estadísticas que reporta la Patrulla Fronteriza desde octubre del año pasado hasta julio del 2019 también van al alza y son más abrumadoras.

Por ejemplo, reporta que en esos 10 meses fueron detectados 28 mil 694 niños, niñas y adolescentes que ingresaron sin ningún acompañante a EE. UU., un incremento del 28%. Asimismo, el número de unidades familiares que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en ese lapso fue de 177 mil 142, un aumento de 251%.

Cada unidad familiar se compone por un adulto, padre o madre, y por lo menos uno de los hijos, aunque hay algunas que viajan con dos o tres, e incluso familias completas, eso significa que a los 28 mil 694 niños detenidos en la frontera sur de EE. UU. por lo menos hay que sumarle otros 177 mil 142.

Causas

Pero, qué es lo que hace que los niños guatemaltecos estén viajando desproporcionadamente a EE. UU.

Según Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Ciprodeni, existen problemas “torales” que causan la alarmante huida de los menores de edad hacia EE. UU. y que toda vez no se atiendan, la migración de la niñez continuará, aunque se endurezcan las políticas de migración.

De esa cuenta, la Coordinadora cita a las “múltiples manifestaciones de violencia”, la pobreza y la pobreza extrema, el poco acceso a salud, educación y recreación el que Guatemala sea incapaz de brindar “ofertas para retener a los niños en el país”.

“Si no se atacan y enfrentan las causas estructurales que motivan la migración de las niñas y niños seguirán yéndose. Se pueden endurecer las políticas y de hecho se han endurecido, pero eso no ha detenido la migración, más bien, ha sido un estímulo”, subrayó Rivera.

Culpable

Al hablar de quién es el responsable de la huida de los menores de edad, Rivera señala al Estado, y para respaldar su afirmación cita los principales indicadores que, asegura, muestran que “absolutamente” en los últimos años ha habido un retroceso en el tema de niñez y adolescencia.

Por ejemplo, en educación, hoy en día la cobertura de preprimaria apenas alcanza al 46%, y aunque sube a 78% en primaria, cae estrepitosamente en básicos al 42% y aún más cuando se trata de diversificado, cuya cobertura apenas es del 24%.

“Eso significa que solo cuatro de cada siete niños entrarán a básicos al dejar la primaria y apenas dos llegarán a diversificado”, apunta Rivera.

Otro de los indicadores que muestra un retroceso, afirma el secretario ejecutivo de la Coordinadora, es el relacionado a la desnutrición crónica, puesto que este mal ha aumentado hasta el 70%, y en algunas regiones la cifra se dispara hasta 90%, mientras la desnutrición aguda también ha subido en 36%.

Ante este panorama, Rivera cuestiona, “si los niños no tienen una buena oferta recreativa, educativa, deportiva y de salud, entonces, ¿qué hacen en el país?”.

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La parte sensible de la población de estos cuatro conglomerados humanos está emigrando en forma masiva, principalmente desde Venezuela, hacia países vecinos, y hacia el norte quienes tienen mayores posibilidades de hacerlo, lo cual en algunas regiones ya amenaza con desencadenar una crisis alimentaria de insospechadas consecuencias, como ya comenzó a ocurrir en Colombia.

Los países del triángulo norte de Centroamérica tienen un largo historial en esa materia, el cual adquirió visos preocupantes en los últimos años, cuando miles de niños no acompañados recorrieron miles de kilómetros para tratar de reunirse con sus familiares en Estados Unidos, un drama que transcurría de manera silenciosa hasta que se convirtió en un tema de seguridad nacional para las autoridades de aquel país.

Las impulsivas y radicales medidas del actual gobierno estadounidense desembocaron en respuestas radicales que ocasionaron un nuevo drama: la separación de miles de menores de sus familiares, hasta que la justicia frenó la inhumana práctica y obligó a la Casa Blanca a cesar con las inhumanas órdenes del presidente Donald Trump.

Como en el cualquier país del mundo, las decisiones judiciales se cumplen y el gobierno trumpista cesó con la separación de los niños migrantes de sus familiares. Además, debía cumplir en un tiempo determinado con la reunificación familiar, hasta que el avanzado sistema de migración estadounidense colapsó y no pudieron cumplir a cabalidad el reencuentro de miles de menores con sus parientes.

Esto condujo a algo más espantoso: la pérdida de toda huella sobre casi mil 500 niños que habían sido llevados a hogares de patrocinadores, de los cuales posteriormente las autoridades federales no obtuvieron respuesta. Esto desnudó la peor pesadilla para cualquier ser humano y mostró el enorme riesgo que representa para cualquier sistema ese flujo irregular y lo vulnerable que es también uno de los países más desarrollados del mundo.

Ninguna explicación técnica puede haber ante las demoledoras investigaciones de congresistas estadounidenses que dieron a conocer esas preocupantes cifras, lo cual se convierte en el mayor drama humanitario en suelo estadounidense, uno de los países más ejemplares en desarrollo, seguridad e imperio de la ley, pero que ahora ve su imagen manchada, ante una de las políticas más controversiales de la actualidad.

La política de tolerancia cero que implementó Trump no solo ha sido un desastre humanitario, sino que es demoledora para la conciencia de un pueblo como el estadounidense, de enorme solidaridad con el mundo. Su presidente se ve como un político populista y despiadado, propio de alguna dictadura, pero no de la primera potencia mundial, que parece haber perdido el corazón.

Ese constante flujo de personas, por muchas otras causas, entre ellas la violencia, la falta de empleo o de oportunidades para alcanzar una vida digna, ha llevado a extremos incomprensibles la respuesta de gobiernos como el de Estados Unidos, como la reciente promulgación de un decreto presidencial de tolerancia cero a la inmigración, el cual ante la indignación mundial fue derogado.

La semana anterior, en el marco del segundo coloquio entre la Santa Sede y México, el papa Francisco hizo un llamado al mundo para tener el “valor de destruir el muro de esa complicidad cómoda y muda que agrava la situación de desamparo de los migrantes”.

El Papa llama a dar una respuesta digna a ese desafío humanitario, el cual involucra a autoridades y poblaciones de numerosos países, como se observa con la llegada de barcos cargados de africanos a las costas europeas, en búsqueda de ayuda, o con la muerte de migrantes latinoamericanos en territorio estadounidense a manos de guardias fronterizos o en separos policiales.

El llamado del Sumo Pontífice insiste en poner atención a las miles de personas que huyen de la precariedad o la violencia, atendiendo el recorrido desde los países de origen, destino y aún la respuesta gubernamental desde las naciones expulsoras, las cuales, en el caso centroamericano, han alcanzado niveles de dramatismo nunca antes vistos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Guatemala y Honduras tienen dos casos dramáticos que hacen necesaria la revisión de esas respuestas ante el clamor de quienes tocan las puertas de su frontera. Hace poco menos de un mes, guardias fronterizos de Laredo dieron muerte, de un disparo en la cabeza, a la migrante guatemalteca Claudia Patricia Gómez González, originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, quien se había graduado de perito contador en el 2016, pero al no encontrar trabajo intentó buscar otro destino.

El 11 de mayo, el hondureño Marco Antonio Muñoz intentó ingresar en Estados Unidos, y fue detenido junto a su esposa y su hijo de 3 años, de quienes fue separado y conducido a una prisión, donde a los pocos días apareció muerto en una de las celdas, en un aparente caso de suicidio.

Esta semana el problema alcanzó dimensiones de escándalo mundial cuando se conocieron imágenes y videograbaciones del indignante trato dado por las autoridades migratorias de Estados Unidos a miles de menores, quienes fueron separados de sus padres y tratados como delincuentes peligrosos, lo que desató la mayor ola de indignación mundial contra la administración de Trump.

Las medidas tomadas por Trump y su secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, han dejado al menos cinco mil inmigrantes detenidos desde los primeros días de mayo, y de ellos casi la mitad son menores que buscaban reunirse con alguno de sus padres en Estados Unidos y que fueron brutalmente separados de parientes o tratados como delincuentes y encerrados en jaulas para iniciarles un proceso de deportación.

Las represivas acciones causaron una inusitada ola de indignación en Estados Unidos y en varios países que mantienen algún nexo con los menores detenidos, como es el caso de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero en la Unión Americana se dieron las mayores muestras de repudio contra el Gobierno y los funcionarios responsables de haber aplicado esas medidas impopulares porque una característica del verdadero pueblo estadounidense, no de ciertos políticos, es su espíritu solidario.

Ante la oleada de indignación, ayer congresistas de ambos partidos iniciaron acercamientos para revisar la política de Trump e implementar nuevas normas que frenen de inmediato la brutal e inhumana separación familiar, por considerar que no refleja el espíritu ni los valores estadounidenses.

Ayer, Washington también anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, supuestamente por ser una plataforma al servicio de países como China, Venezuela y Cuba, y por considerar que es una fuente de ataques contra la política de Israel en territorios ocupados, aunque esto ocurre precisamente un día después de que dicha instancia criticara la separación de familias.

Guatemala también dio ayer un tardío giro de 180 grados al emitir un comunicado en el que pide a Estados Unidos reconsiderar su política y garantizar los derechos de los migrantes y la unidad familiar. Luego, el Gobierno también anunció la destitución del vocero presidencial Heinz Harold Hiemann, por supuestamente haberse expresado de manera incorrecta respecto del drama migratorio que sacude a Washington y a sus cuatro vecinos más cercanos.

Aunque no hubo la menor alusión a los términos en los que en la mañana se había expresado la canciller Sandra Jovel, quien declaró que los menores están en albergues donde se les está “dando el mejor trato”, sin siquiera informarse de los deplorables procesos que afrontan muchos indocumentados ante las autoridades migratorias. Esto significa que la salida del vocero gubernamental estaría fundamentada en la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de eliminar esa plaza, por innecesaria.

Ninguna crisis había hecho reaccionar al unísono a los gobiernos de estos países, cuya actitud pusilánime ha sido el principal ingrediente para la falta de respeto de gobernantes como el que ahora ocupa la Casa Blanca, que no parece tener el menor rasgo de humanidad.

Esta es una de las más lamentables y despiadadas percepciones de quien hoy es el hombre más poderoso sobre la Tierra, pero sin sensibilidad humana ante el nuevo drama de la separación de familias de migrantes. Su esposa, Melania Trump, debió hacer un llamado a congresistas y senadores para que hagan algo para frenar esa inhumana política implementada en las últimas semanas por Washington.

Tan lamentable es la actitud del mandatario estadounidense, como la de los padres de familia que toman esa aberrante decisión, pero también de los presidentes de los países como los del triángulo norte de Centroamérica, de donde fluye la mayor carga de migrantes, por su repudiable silencio ante una de las más inhumanas políticas migratorias estadounidenses, mientras gastan millones en campañas para interferir en la política exterior de EE. UU.

Nicaragua es ahora el más patético ejemplo de cómo el deterioro de las condiciones socioeconómicas y políticas pueden desencadenar una masiva huida de sus habitantes, como también ocurrió en Venezuela, ante el abuso de poder, el silencio cómplice de la diplomacia estadounidense y la violencia extrema utilizada para reprimir las protestas contra el régimen ortega-murillista.

Sin embargo, Honduras, El Salvador y Guatemala siguen siendo la principal fuente de migrantes menores de edad, motivo del implacable endurecimiento de la política impuesta por Washington desde hace dos semanas, con cero tolerancia al ingreso de menores no acompañados.

Trump incluso ha llevado mucho más lejos esas medidas, y ahora al llegar a la frontera los menores son separados de sus padres y empiezan un proceso de deportación. Estados Unidos no solo ha endurecido las medidas de hecho, sino la virulencia de su discurso en su afán por frenar el ingreso de menores.

Ante el reclamo de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Trump dijo ayer: “Estados Unidos no será campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será”, al comentar la crisis migratoria en Europa. La secretaria de Seguridad Nacional afirmó tajantemente que su país no ofrecerá disculpas por la separación de menores.

A Trump le asiste la razón en su pretensión por proteger su territorio, pero estropea toda posibilidad de comprensión cuando asume una actitud inhumana que solo busca resolver de manera imprudente una de las mayores crisis humanitarias, sin impulsar cambios de fondo en las causas que originan la problemática.

Mientras la política exterior estadounidense no combata de manera decidida el abuso de poder y la corrupción en estos países, no podrá tener paz en sus fronteras, porque la enorme irresponsabilidad con la que los mandatarios centroamericanos enfrentan su obligación de generar un mínimo de bienestar es la principal causa para migrar.

Aunque algunas ciudades importantes han manifestado que no colaborarán con inmigración para detener a indocumentados, los menores temen que sus padres sean retornados a sus países de origen.

“Por favor, mantengan a nuestras familias juntas. Queremos estar juntos, vivir juntos”, expresó Angélica Jimenez, una niña estadounidense de 13 años cuyo papá fue deportado a Guatemala hace cuatro años tras haber sido arrestado por manejar con una licencia de conducir vencida.

“Tengo miedo porque mi papá fue deportado y mi mamá nos cuida y nos protege. No queremos estar con otras familias sustitutas”, dijo la chica en nombre de ella y sus cuatro hermanos.

A su lado, Melanie González, de 11 años, coincidió en que su deseo de Navidad también era mantener unida a su familia.

“Los quiero mucho. Tengo miedo y no quiero que se vayan lejos sin nosotros”, afirmó la niña nacida en Estados Unidos, cuyos padres llegaron hace 10 años sin papeles.

Los niños vestidos con gorros rojos de Navidad le entregaron un centenar de cartas al alcalde de Miami, Carlos Giménez, en las que expresan que su deseo para esta época es que sus padres no sean deportados y sus familias se mantengan unidas.

“Miami no es una ciudad santuario (…). Cuando una agencia federal desea ayuda, los ayudamos, pero no somos agentes de inmigración. Cumplimos con las leyes federales”, manifestó Giménez ante los niños que acudieron a su despacho a pedirle que mantuviera unidas a sus familias.

“Tenemos ciertas políticas de inmigración. No preguntamos si son legales o no”, expresó y de inmediato dijo que estaba en favor de una reforma migratoria integral y también de asegurar las fronteras.

El condado de Miami-Dade no será un santuario para los inmigrantes que se encuentren en el país de manera ilegal, pero sus funcionarios no realizarán tareas que les corresponden a los agentes federales de inmigración, remarcó Giménez.

Numerosas ciudades de EE. UU., entre ellas Nueva York, Los Angeles y Chicago, han manifestado abiertamente que funcionarán como santuarios de inmigrantes y no colaborarán con las autoridades de inmigración para detener a extranjeros que permanecen en el país sin autorización.

En el condado de Miami-Dade vive una numerosa comunidad de inmigrantes. Aunque su perfil ha cambiado y es cada vez más diverso, la mayoría de ellos, sin embargo, es de origen cubano y por ello está amparada bajo normativas que le concede a poco de llegar un estatus legal.

Las declaraciones de Giménez tuvieron lugar en momentos que los inmigrantes que están sin papeles temen que Trump cumpla con sus promesas electorales de deportar a 11 millones de indocumentados.

Visitó Huehuetenango para compartir con expertos de diversos centros de estudio nacionales y de México, quienes investigarán sobre la migración en la región.

¿Cómo están los guatemaltecos en Estados Unidos?

Hay más de un millón de guatemaltecos en Estados Unidos. Están ubicados principalmente en Los Ángeles, Nueva York, Washington DC, Miami y Chicago.

¿Qué aspiraciones puede tener un indocumentado?

Hay algunos que trabajan en la agricultura, las mujeres son empleadas domésticas y otros hombres son albañiles. No es un grupo que gana bien, y eso es por falta de papeles y educación. No es un grupo que ha llegado a un nivel de sueldo promedio, y muchos están en las ciudades grandes y salen de los pueblitos.

Si se hace una comparación con los otros migrantes, los guatemaltecos no han llegado a un nivel alto, están más bajo que el resto de los migrantes.

¿Qué perspectiva hay para las familias que se quedan en el país de origen?

Lo que deben hacer es estar más organizados. El año pasado fueron US$6 mil millones en remesas, pero no han tenido un impacto significativo. Hay otras poblaciones donde han construido hospitales, escuelas, salones comunales. Parece que en Guatemala la gente solo construye viviendas mejores, se ayudan en la salud y alimentación; pero si se organizaran, podrían estar mejor.

¿A qué se enfrentan los guatemaltecos?

Sabemos mucho de los destinos, pero poco de los miles de lugares de donde salen. Huehuetenango es un lugar que expulsa mucha gente, no solo a Estados Unidos. Ahora hay muchos que trabajan en México, porque es difícil entrar en otro país.

Lo básico es la educación. ¿Quiénes están saliendo de Guatemala? Son los que no terminaron los básicos y solo pueden aspirar a los trabajos más duros, mientras pagan hasta Q50 mil a un coyote para ir al Norte. Si pagaran una pequeña porción para estudiar, podrían mejorar en su país.

¿Han crecido los riesgos para viajar hacia el Norte?

La migración irregular es un tema importante, porque es muy peligroso; se ha convertido en un negocio donde los únicos que están ganando son los coyotes.

Mucha gente pierde la vida, principalmente los jóvenes que tratan de cruzar. Lo que se necesita es migración regular, no irregular. Hoy en día es bien difícil, y los únicos que están ganando son los coyotes.

Antes, un compañero de la comunidad llevaba a los vecinos por poco dinero; pero ahora es negocio de hasta US$8 mil por persona.

¿Qué futuro tienen las migraciones?

Guatemala tiene más migrantes que hace 10 años; hay un movimiento de las personas por la violencia y las maras. Lo que se necesita son fronteras abiertas, como en el sur de América, que permite a las personas de varios países movilizarse solo con identificación.

Lo otro que se debe ver es cómo va a cambiar el sistema de migración en Estados Unidos, donde no ha habido una reforma seria en los últimos 30 años. La última fue en 1986. Ahora, algunos candidatos hablan de expulsar a todos los ilegales.

¿Qué beneficios hay actualmente para los migrantes?

Uno importante es el Daca —Consideraciones de Acción diferida para los llegados en la Infancia, Daca—, que les permite trabajar, estudiar y manejar. Ayuda bastante a los migrantes.

¿Se detienen las migraciones con reforzar la frontera?

Más migrantes están cruzando por zonas desérticas difíciles de controlar; son lugares donde mueren. Es un camino lleno de peligro y posiblemente nunca vayan a llegar. Nunca es imposible cruzar la frontera. Es un sueño ir al Norte, ganar dinero y tener una vida mejor, pero las familias quedan fracturadas, los padres salen y no regresan por 10 años y los hijos quedan abandonados. La vida no es larga, se necesita a la familia.

Marie Price

Es experta en migraciones, y llegó a Guatemala para dialogar con expertos sobre ese fenómeno.
 

• Es docente de la Universidad George Washington, con especialidad en migración y ciudades globales, desarrollo, geografía ambiental y cultural.
• Cuenta con 30 años de experiencia y antecedentes en asuntos internacionales.
• Ha publicado libros sobre migración y  colaborado con autores reconocidos en la investigación de movilidad humana.
• Cree que las migraciones se han convertido en un negocio de pandillas y narcotráfico y está convencida de que se necesita educación en las comunidades.