Hace cuatro años murieron 41 niñas y 15 más sobrevivieron al incendio que ocurrió en el aula de pedagogía del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La situación que atravesaban los menores que residían en estos hogares acapararon la atención de medios de comunicación, organizaciones y ciudadanos, porque se supo que sus derechos eran violentados.

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El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una residencia de abrigo y protección que estaba bajo la tutela de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), y albergaba a más de 600 menores con diferentes perfiles y necesidades. Durante años se supo sobre denuncias de malos tratos, malas condiciones de vida, y violaciones de derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad que padecían alguna discapacidad.

Hasta que el 7 de marzo del 2017 un grupo de adolescentes escapó del Hogar Seguro como reacción a los malos tratos, malas condiciones y vejámenes que sufrían en el lugar. No obstante, los menores fueron capturados, algunos por la Policía Nacional Civil (PNC) y otros por el personal de la SBS, en San José Pinula, carretera a El Salvador y otros lugares. Por esa razón en la madrugada del 8 de marzo 56 niñas fueron encerradas en el aula y 43 niños en un auditorio. Los dos salones fueron cerrados con candados y quedaron bajo custodia policial.

Pero un incendió comenzó en el aula de las menores, el cual se supone fue provocado por ellas para que las dejaran salir del lugar, según la investigación del Ministerio Público, en donde murieron 41 niñas y 15 sobrevivieron.

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El informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Un camino hacia la dignidad”, elaborado e impreso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala en noviembre del 2018, concluyó que pese a las acciones y esfuerzos institucionales quedaban pendientes de realizar cambios en el modelo de protección de la niñez con reformas estructurales que permitan garantizar sus derechos, pero de forma particular para los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza.

Además, resaltó que el Estado tenía la oportunidad de extraer las lecciones aprendidas de la tragedia para avanzar en la adecuación de medidas, cambios y reformas necesarias para transformar las perspectivas de las niños y adolescentes.

Además, entre sus recomendaciones instó a revisar los criterios de institucionalización de los menores para que sea con un propósito legítimo y necesario, establecido en ley para evitar las estigmatizaciones como “riesgo social”.

Acciones

Para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento, el tema de sobrepoblación en los hogares les preocupa, por lo que sostienen una comunicación más estrecha con los jueces para hacerles de su conocimiento cuáles son los limites en las residencias. Además, formaron un equipo de respuesta inmediata, el cual está integrado por personal del Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y SBS para reducir la sobrepoblación y mejorar la atención a los menores y personas mayores de edad que siguen en las residencias.

Gómez resalta que el año pasado hubo una desinstitucionalización al proceso, en donde buscaron el recurso familiar idóneo de los menores, por lo que redujeron el 66 por ciento el hacinamiento en relación al 2019. Mientras que en el tema de estigmatización señala que la población tiene una percepción de que todos los menores que están en las residencias son agresivos y problemáticos, pero han lanzado campañas en las redes sociales en donde exponen las actividades lúdicas que hacen con ellos.

Además, indica que el año pasado solicitaron una ampliación presupuestaria de Q59 millones en el Congreso, pero están a la espera de la respuesta a su solicitud. El funcionario agrega que en mayo del 2020 formaron una comisión de evaluación integrada por dos profesionales para efectuar supervisiones en todas las residencias y diseñaron un instrumento con 25 indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos y atención a la niñez y adolescencia. Bajo estos indicadores, entre tres y cuatro residencias deben mejorar aspectos de los que evalúan.

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También implementaron un protocolo para conocer denuncias presentadas por la niñez, adolescencia, los familiares de los residentes y los trabajadores de la SBS. Gómez resalta que el año pasado hicieron 355 talleres para el personal con el fin de que aprendieran cómo hacer contención mecánica o psicológica para mejorar la capacitación y profesionalización entre los trabajadores.

A raíz de la tragedia en el Hogar Seguro, las autoridades implementaron 21 residencias en donde en una hay hasta 80 menores, porque son primera infancia, pero en promedio tienen entre 20 y 25 menores para que la atención sea personalizada y el manejo de los niños y adolescentes sea el adecuado. Gómez detalla que en las residencias hay 660 niños, adolescentes y mayores con discapacidad sin familia, y 89 en el programa de acogimiento familiar. La SBS reporta que 431 menores abandonaron el proceso de protección especial en el 2018, 608 en el 2019, 207 en el 2020, y 31 del 1 de enero al 26 de febrero del presente año.

Mayores esfuerzos

Para Carlos Carrera Cordón, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Guatemala, expresa que después de la tragedia ha habido algunas mejoras en el sistema de protección infantil, pero no son suficientes para construir un verdadero sistema integral que proteja a los niños de los abusos.

Además, señala que no existe un marco legal apropiado que deje claro los roles y funciones y debería de discutirse la propuesta de ley 5285, que tiene como fin crear un sistema de protección integral a la niñez y adolescencia, el cual funcionaría como ente rector para absorber a la SBS y PGN.

“Consideramos que es una propuesta interesante que deberían tomar en cuenta los miembros del Congreso y analizarla, porque puede mejorarse. Tiene grandes fortalezas. Primero crea una verdadera instancia rectora y coordinadora, el Instituto de la Niñez, que podría acabar denominándose”, explica. También que es importante que el sistema de protección tenga presencia en todos los municipios del país.

Carrera Cordón indica que han dado acompañamiento a la SBS en algunos servicios como en el proceso de deportación de menores migrantes no acompañados, han puesto a prueba algunas programas alternativos para que los menores sean acogidos por programas de acogimiento temporal.

Mientras que Otto Rivera, director del Observatorio de los Derechos de la Niñez, opina que el país no tiene ningún sistema de protección para la niñez y adolescencia, sino que lo que tiene son instituciones que trabajan de forma aislada y de manera directa e indirecta en sus derechos, con una mirada de poco alcance.

Agrega que debería apuntarse a 340 sistemas municipales de prevención a la violencia y como mecanismo operativo establecer entornos protectores de los niños y adolescentes. Rivera afirma que cuando se conforme el sistema integral de protección tendrán prioridad para el Estado, porque ahora no lo son.

Tres procesos

Por la muerte de las niñas, 15 personas, entre trabajadores del gobierno, defensores de la niñez y exfuncionarios, están ligados a proceso y por enfrentar juicio. Pero los sindicados están divididos en tres procesos.

El fiscal Carlos Gómez explica que en el primer grupo están a la espera de que inicie el juicio en su contra Anahí Keller, subsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social (SBS); Carlos Rodas, exsecretario, y Santos Torres, exdirector del Hogar. Todos están acusados por incumplimiento de deberes, maltrato contra menores, abuso de autoridad, homicidio y lesiones culposas.

“El proceso está pendiente de que regrese de la Sala de Apelaciones, porque quien conoce es el Tribunal Séptimo, pero en diciembre celebró una audiencia de medidas de coerción y le dio medida a Anahí Keller y Santos Torres. El Ministerio Público y los querellantes apelamos esta resolución, pero la Sala la confirmó. Es factible que estén con medida sustitutiva. Cuando baje el expediente se conocerá una solicitud de Carlos Rodas para revisión de medidas”, precisa.

En el segundo proceso, Harold Flores y Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato del Hogar Seguro, están ligados por homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato a menores e incumplimiento de deberes. El subcomisario, Luis Armando Pérez Borja, por abuso de autoridad; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), por maltrato a menores de edad, y Eva Lucinda Marroquín, subinspectora, por homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra menores.

Mientras que en el tercer grupo están ligados a proceso Rocío Murillo Cruz, Flor de María López y Ofelia Pérez desde enero del 2020. Gómez explica que todos tenían medida sustitutiva, por lo que le dieron tres meses de investigación para presentar el acto conclusivo el 27 de abril, pero no se lo recibieron en el Juzgado Cuarto por la pandemia, pero hasta el viernes pasado le notificaron que fue recibido el expediente.

En opinión de Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, organización que es querellante en el caso del Hogar Seguro, ve estancado el proceso por las acciones legales que presentan los acusados para recuperar su libertad, como el caso de Keller, Torres y Rodas, porque este último por medio de un amparo logró la medida sustitutiva, pero no fueron notificadas de esa acción.

“De alguna manera el proceso está parado, porque ya cuatro años y no logramos avanzar en ninguno de los tres grupos a un juicio. Todavía se está discutiendo la etapa intermedia del grupo uno, que es ofrecimiento de prueba, y el dos, entrar a conocer la etapa intermedia. La discusión es si se toman y si es el Juzgado o el Tribunal que debe escuchar los anticipos de prueba de las niñas que faltan por declarar en anticipo de prueba, y así como algunos medios probatorios que el juez dejó afuera y se lograron reincoporar”, explica.

Entre la pandemia y las acciones presentadas, el caso está parado y es preocupante por la falta de compromiso con las víctimas y sus familiares para que obtengan justicia pronta, señala Barrios.

Los cuatro niños, de menos de 3 años, estaban bajo el resguardo de la Patrulla Fronteriza en McAllen Texas, y no habían recibido atención médica, por lo que los abogados obligaron al Gobierno a hospitalizarlos, según consigna el sitio huffpost.com.

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Los togados dijeron a ese medio que una de las niñas, de 2 años, estaba tan enferma que sus ojos se volteaban hacia arriba y estaba completamente insensible.

Los peor del caso, es que estos y otros niños estaban bajo el resguardo de tutores adolescentes, por lo que los niños, que se mostraban totalmente aterrorizados, estaban en el abandono.

“Es una mirada fría y aterrorizada que nunca debería reflejar un niño de esas edad. Los miras y piensas: ‘qué es lo que ves'”, refirió, conmovido, uno de los abogados.

Otra madre tenía en brazos a su bebé recién nacido prematuramente entre toallas sucias. 

Los profesionales están convencidos de que si no se hubieran presentado a la sede migratoria, los niños hubieran muerto, pero ¿cuántos casos más habrá de este tipo?

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“Es un desprecio internacional por los niños, los guardias los deshumanizan y los tratan peor que animales”, dijo a HuffPost el abogado Toby Gialluca.

Cuestionados sobre el hecho, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se negó a dar declaraciones, pero, de hecho el gobierno cree que no debería brindarles insumos de higiene a los migrantes detenidos.

Así lo hizo ver un abogado de del Departamento de Justicia, consigna HuffPost, cuando la Associated Press informó en un reportaje que los niños migrantes detenidos carecían de alimentos, agua, jabón y duchas. 

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“Los abogados están muy preocupados por el surgimiento y propagación de enfermedades dentro de los albergues de la Patrulla Fronteriza”, dice el reporte de HuffPost. “Cinco niños murieron en custodia desde diciembre, algunos reportados inicialmente por las autoridades con resfriado común o gripes”, agrega el artículo.

Entrevistado por estos casos, uno de los agentes dijo que los niños no estaban tan graves como para recibir atención médica. 

Sin embargo, pediatras y otros especialistas ya han advertido de que por sus bajas defensas, este tipo de enfermedades pueden empeorar en los niños de un momento a otro y resultar fatales.

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Este lunes a las 6 horas terminó la reubicación y se permitió a los jóvenes privados de libertad comunicarse con sus familiares para informar de los cambios que implementó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

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La reasignación de los 748 jóvenes privados de libertad se implementó tomando en cuenta la directriz que establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Pina). En este reacomodo hay 220 mayores de edad y 528 menores.

“Lo único que estamos tratando de hacer es brindar esas herramientas que no tuvieron los adolescentes. Un trato digno y una alimentación digna para poder reinsertarlos y resocializarlos a la sociedad”, argumentó Molina.

La reubicación

La jueza de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal, Verónica Galicia, explicó que los adolescentes privados de libertad provisionalmente aún está su caso en investigación y no definen su situación legal, mientras que los jóvenes sancionados deben cumplir la amonestación que se dictó por su conflictividad con la Ley.

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“La mayor preocupación fue que no se había efectuado la separación de los adolescentes provisionales con los sancionados”, expuso Galicia.

Las autoridades explicaron que en centro de reinserción Gaviotas se alojaron a 349 jóvenes y en Anexo 127, en la zona 13, fueron separados entre menores y mayores de edad, todos son sancionados.

Molina explicó que se efectuó la elaboración de perfiles de los jóvenes y se determinó que de cada 10 hay dos de alto riesgo, el resto es de mediano y menor conflicto.

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“El 80 por centro de adolescentes sí quieren readaptarse”, expuso el subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

La (SBS) invierte Q14 millones en la readecuación de los cuatro centros de reinserción de menores en conflicto con la Ley penal. Etapa en los últimos dos años estuvo suspendida y se eliminaron bartolinas en las que fueron castigados adolescentes, esos fueron cambios para la renovación y rehabilitación de esa sede.

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Las posturas surgieron dentro de una audiencia de la comisión específica que analiza la iniciativa y tomó nota de los insumos.

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Erika González, de FADS, planteó ante los diputados de la comisión que no se debería dar  una reducción de pena a algunos delitos, entre ellos los de violencia sexual, contra niños y adolescentes y el femicidio.

Agregó que también se debe plantear una forma para que exista una respiración digna al daño que se provocó.

César Sigüenza, de la Fundación Guatemala 2020, señaló que el trámite debería ser llevado en una sola audiencia, aunque no quiere decir que se haga en un solo día pues esto brindaría certeza al procedimiento.

Coincidió con que se debería excluir de la aplicación de esta ley a los delitos de lesa humanidad y contra la libertad, identidad sexual y trata.

Agregó que la reincidencia debería desaparecer como concepto agravante, pues es un castigo doble por un mismo hecho. “Recomendamos que no quede la reincidencia, pero, si queda, que el juez evalué si un reincidente puede o no optar a la aceptación de cargos”, dijo.

Otro punto en el que concordó es en el de la relación. “Es la mejor forma que la sociedad tenga una respuesta justa a un acto delictivo. De nada sirve encarcelarlas si no existe una reparación a la víctima”, añadió el experto.

Rodolfo Díaz, de la Fundación Sobrevivientes, enfatizó que hay normas que no se deben trasgredir, resaltó que estos son los convenios internacionales pues al hacerlo se podría caer en una inconstitucionalidad.

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Díaz indicó que la aceptación de cargos “podría ser un retroceso a algunas legislaciones que protegen a  grupos vulnerables como los niños y adolescentes”, y por tanto es necesario excluir a este tipo de delitos, además de violencia contra la mujer y femicidio.

Agregó que otros puntos que se debería tomar en cuenta la opinión de la víctima sobre la petición del sindicado para adherirse a este tipo de legislación.

Rubí Hernández, de Unamg, consideró que la verdadera solución para evitar la mora judicial es que “se deben crear más juzgados y evitar el litigio malicioso” y que ideas para estas deberían privilegiarse antes que la reducción de penas, como resolvió recientemente la Corte de Constitucionalidad sobre el delito de femicidio.

“No podemos pensar que una rebaja de la pena nos va a permitir solventar la problemática. Una de las grandes debilidades está la generalización del delito, manifestamos preocupación por los delitos sexuales, femicidio y delitos contra la vida”, añadió Hernandez.

Consideró que si se dejan esos delitos sería una burla para las víctimas y que consideran que la aplicación de esta legislación no garantiza que se disminuya la mora judicial.

La activista consideró necesario que esta ley solo se aplique a delitos menores y bajo ninguna circunstancia a los delitos antes descritos pues eso podría considerarse como un “un retroceso” a los logros que se han obtenidos hasta hace poco tiempo.

El representante de Ipnusac, Lisandro Acuña, dijo que se está sobrelegislando la reparación digna y la reincidencia, por lo que recomendó a la comisión hacer un análisis sobre esto.

De la misma forma opinó que hay que revisar la legislación de los delitos de la violencia sexual, la ley contra el femicidio para “evitar una antinomia jurídica”.

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Agregaron que deben revisarse los convenios internacionales para evitar contradicciones y que deben excluirse los delitos de explotación sexual y debe existir una ponderación basada en principio de igualdad procesal.

Diputados

Enrique Alvarez, miembro de la comisión, indicó que es necesario sistematizar las propuestas para que se involucren los asesores de la comisión y diputados para identificar coincidencias que puedan ser fácilmente abordadas.

Álvarez añadió que es necesario identificar los puntos donde hay disenso porque eso permitirá trabajar para lograr consensos.

La diputada Alejandra Carrillo, quien estuvo en la reunión pero no es parte de la comisión, indicó que la iniciativa puede ser un retroceso para la defensa de las mujeres y pidió atención particular a lo que las instituciones expusieron.

El legislador Raúl Romero indicó que la propuesta que se entregará al pleno debe ser aceptable de forma técnica y política.

“Hay que lograr tener legitimidad para la iniciativa, este tipo de trabajo es lo que lo logra. Es vital que este tipo de iniciativas no procuren impunidad para nadie”, señaló Romero.

Mientras tanto, el presidente de la comisión, Manuel Conde, afirmó que tomarán todos los insumos que han recibido de las instituciones y los colocarán en una matriz para que ese análisis sea más factible.

Informó que el próximo lunes la comisión recibirá a representantes de  jueces y magistrados del Organismo Judicial lo cual calificó será un valioso aporte.

Iniciativa

El proyecto fue presentado hace casi un año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pretende dar beneficios a quien se declare culpable.

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La propuesta contiene 15 artículos que modificarían el Código Penal. En esta iniciativa se contempla la rebaja de penas a cambio de una reparación digna a la víctima o al Estado, es decir, el que viole la ley podría pagar de otra forma y no con cárcel.

La iniciativa también daría la oportunidad a quien acepte sus cargos de convertirse en colaborador para coadyuvar al Ministerio Público (MP) en las investigaciones.

Propuestas

FADS

• No se debe dar  una reducción de pena a delitos violencia sexual, contra niños y adolescentes y el femicidio.
• Hay que pensar en algún tipo de reparación digna para las víctimas y agraviados.

Fundación Guatemala 2020

• Aceptación de cargos debería ser en una sola audiencia
• El juez debe pronunciarse si acepta o no la solicitud de pena que hace el MP
• Es necesario que se excluya los delitos de lesa humanidad, libertad e identidad sexual y trata de personas
• La persona que se declare culpable debería cumplir la pena, aunque resultare conmutable
• La reincidencia debería desaparecer como concepto agravante.

Fundación sobrevivientes

• La norma no debe trasgredir convenios internacionales
• La aceptación de cargos podría ser un retroceso a algunas legislaciones que protegen a  grupos vulnerables como niños y adolescentes
• Como está la legislación es una disminución a las garantías a las víctimas y se debe excluir a la violencia contra la mujer y el femicidio

Unamg

• Hay convenios internacionales que se deben tomar en cuenta.
• Se deben crear más juzgados y evitar el litigio malicioso.
• La rebaja de la penas nos va a solventar la problemática de mora judicial.
• Se debe excluir los delitos sexuales, femicidio y contra la vida.
• La iniciativa no hace referencia al querellante adhesivo, se debería agregar.
• La iniciativa puede fomentar la corrupción e impunidad ya que aplica para cualquier persona y funcionarios en ejercicio de su cargo.

Ipnusac

• La reparación digna de las víctimas parece estar sobrelegislada.
• La figura de reincidencia debería desaparecer porque lo que genera es un mayor entrampamiento al proceso.
• La Ley contra la Violencia Sexual y la Ley Contra el Femicidio deben ser revisadas  para evitar una antinomia jurídica.
• Hay que tomar en cuenta la equidad y las capacidades económicas de las personas que son sindicadas.
• Se debería excluir los delitos de explotación sexual debe y existir una ponderación basada en principio de igualdad procesal.

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Parecía ser una noche normal en el anexo del Hogar Seguro, ubicado en la 18 avenida y 4a. calle de la zona 1.

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Vecinos de la zona 15 inconformes por el Hogar Seguro

Tres de ellos se encontraban bajo protección del Estado por consumo de marihuana, uno de ellos se vinculaba a una pandilla y otro por abandono y orfandad.

La PNC informó que realizaron operativos en el perímetro con el objetivo de encontrar a los menores, pero no los localizaron.

La Unidad de Comunicación de la SBS confirmó que fueron cinco los adolescentes los que abandonaron el proceso, según explicó Pamela Mota, llegaron al Hogar la madrugada del martes bajo efectos de alguna sustancia y que en el transcurso del día “empezaron con la abstinencia, que fue lo que posiblemente los alteró e hizo que abandonaran el proceso”.

La Secretaría asegura que los casos de ese tipo son recurrentes y que trabajan en una implementación de protocolos, por lo que han fortalecido los equipos multidisciplinarios y de contingencia. Además, indicaron que sumado a la denuncia levantaron alertas Alba Keneth y elaboraron un informe circunstanciado sobre el caso.

En el anexo de San Cristóbal

Cecilia López, una vecina del anexo del Hogar Seguro, ubicado en la 22 avenida y 14 calle de la zona 8 de Mixco, San Cristóbal 2, dijo a Prensa Libre que es recurrente que los niños se salgan de la casa donde están bajo protección, algunas veces de noche, y como vecinos les preocupa la seguridad de los menores.

“Se escapan y es problema para los vecinos, pero también para ellos, porque en la calle andan y uno no sabe qué les va a pasar”, dijo López.

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“Le cayó a mi carro, en la calle y a un conocido le cayó en el carro y le quebraron el vidrio —de su carro— (…) y quién va a reponer los daños hechos por ellos, porque no es solo la solución retirarlos, sino que quién va a responder”, denunció López.
López también explicó que el lunes se escaparon por el techo y se subieron a las casas vecinas al anexo del Hogar Seguro, inclusive causando daños a las láminas de una vivienda.

La SBS aseguró que los menores que están en este hogar son de 13 a 17 años, y que el problema se originó porque dos adolescentes estaban inconformes por estar ahí, pero que el equipo multidisciplinario accionó y pudieron estabilizarlos.

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Jonathan Allen, de 29 años, y su pareja, Ina Rogers, de 30, fueron detenidos después de que las autoridades hallaran 10 niños viviendo en condiciones miserables en una casa en Fairfield, al norte de San Francisco, oeste de Estados Unidos.

Ambos sometieron a los menores, de entre 4 meses y 12 años, a torturas como el submarino, les dispararon con una ballesta y les lanzaron agua hirviendo, informaron las autoridades.

En una entrevista para el canal KGO-TV desde prisión, en la que está encerrado bajo fianza de US$5.2 millones, Allen negó haber cometido los abusos: “no hice lo que dicen que hice”, afirmó.

“No soy perfecto, nadie es perfecto”, argumentó, “pero no soy un animal ni un torturador ni un monstruo. No lo soy”, se defendió el detenido, padre biológico de algunas de las víctimas, que se mostró seguro de que la investigación demostrará que no abusó de ningún niño.
Allen está acusado de siete cargos de tortura y nueve de abuso de niños. Los fiscales de California detallaron los abusos en una moción para incrementar la fianza de Rogers, madre de los niños, que quedó fijada en US$495 mil.

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“Continuamente los niños eran golpeados, estrangulados, mordidos, atacados con armas como ballestas o pistolas de aire comprimido, golpeados con palos y bates y sometidos al submarino”, una técnica de tortura que consiste en mantener a la víctima bajo el agua hasta que comienza a ahogarse, según la moción a la que tuvo acceso la AFP.

“Debido al continuo abuso, los niños tienen distintos tipos de cicatrices, incluidos brazos fracturados”, añadió la fiscalía, que aseguró que la pareja hervía agua y se la lanzaba a los chicos.

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Este jueves se conocieron datos más específicos del abuso al que fueron sometidos los 13 hijos de David Allen Turpin y su esposa Louise Anna, que el pasado domingo fueron liberados de su encierro en su vivienda en Perris, California.

Según detalló el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, los Turpin recibieron cargos de tortura, abuso y detención ilegal y se enfrentan a una posible condena de 94 años a cadena perpetua en prisión.

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El matrimonio compareció ante el tribunal y se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.

Hestrin dijo que los 13 hijos de la pareja estaban severamente desnutridos y presentaban lesiones nerviosas y cerebrales.

Planes de fuga y duros castigos

El fiscal informó que la adolescente que huyó de la casa el pasado domingo y dio la voz de alarma sobre lo que pasaba planeó durante dos años la fuga con sus hermanos.

Finalmente logró huir a través de una ventana con uno de los hermanos, pero este se asustó y regresó a la vivienda.

Los hijos de la pareja, con edades entre los 2 y los 29 años, recibieron educación en casa, en la escuela privada Sandcastle, registrada a nombre del padre.

Pese a que no se tienen muchos detalles sobre este aspecto, algunos de los hijos saben leer y escribir.

La policía encontró en la casa cientos de diarios, lo que indica que se les permitía escribir.

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El fiscal Hestrin señaló que los padres castigaban a sus hijos atándolos, primero con cuerdas y posteriormente encadenándolos a sus camas con candados.

Estas son algunas de las escabrosas revelaciones que hizo el fiscal sobre los padecimientos de los hijos de la pareja:

• Estaban acostumbrados a golpizas frecuentes, incluidos amagos de estrangulación.
• Sólo se podían duchar una vez al año.
• Permanecían despiertos hasta las cuatro o las cinco de la madrugada y dormían durante el día.
• No se les permitía jugar con juguetes, muchos de los cuales aparecieron dentro de la casa en su embalaje original.
• Si se lavaban las manos por encima de la muñeca, se les sometía a castigos por “jugar con el agua”.
• Los padres les dejaban comer una vez al día, pero a veces compraban ciertos alimentos, como pasteles de calabaza, y los colocaban donde los hijos podían verlos pero no comerlos.
• No han visto nunca un dentista y no han ido al médico en más de cuatro años.
• Les faltan conocimientos básicos de la vida y no sabían qué era un agente de policía.

Los castigos duraban semanas o incluso meses en algunos casos.

El pequeño de 2 años tiene el peso normal, pero los demás están desnutridos. Uno de los menores, de 12 años, tiene el peso de alguien de 7, y el adulto de 29 años pesa 37 kg.

Hestrin confirmó que, cuando llegó la policía, tres de los hijos estaban encadenados a sus camas.

Los 13 hijos están siendo tratados en varios hospitales desde su liberación.

Las acusaciones contra David y Louise Turpin son:

• 12 cargos de tortura.
• 1 cargo contra David Turpin por un acto indecente con un menor.
• 7 cargos de abuso contra adultos dependientes.
• 6 cargos de abuso/abandono infantil.
• 12 cargos de detención ilegal.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) indicó este martes en un comunicado que una investigación permitió detectar el camión en el que eran transportados sobre la carretera Cárdenas-Villahermosa, en el municipio de Cunduacán.

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Le sorprenderá la razón por la que estos inmigrantes centroamericanos detuvieron su camino en Oaxaca, México.

Los indocumentados, procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, quedaron a disposición de las autoridades migratorias en Villahermosa, capital de Tabasco.

El personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvo a José “N” y Óscar “N”, conductor y acompañante, respectivamente.

Miles de indocumentados cruzan cada año el territorio mexicano con rumbo a EE. UU., un recorrido en el que están expuestos a robos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como a abusos de autoridades corruptas. 

Estados Unidos fue criticado este martes por su retiro de un tratado mundial en favor de las migraciones. 

La decisión de EE.UU. de abandonar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada impulsado por la ONU deja una “gran brecha”, afirmó el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing.

“Si (Estados Unidos) no toma parte, se abre una gran brecha porque es el país que acepta más refugiados al año, más que el resto de países juntos, así que tengamos esperanza” de que habrá una solución consensuada, dijo el titular de la OIM.

Swing hizo estas declaraciones en el marco de una cumbre en Puerto Vallarta, en el oeste de México, que pretende avanzar en el logro de este Pacto Mundial que considera vital un mecanismo que promueva flujos migratorios ordenados.

Unas horas antes del inicio de este encuentro en México, Estados Unidos anunció su abandono del acuerdo -firmado por Barack Obama en 2016-, con el argumento de que es “incoherente” con sus políticas migratorias e incompatible con su soberanía.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, utilizó las redes sociales para señalar que las dos islas han sido devastadas por Irma, aunque sin precisar los daños y si el fenómeno se ha cobrado vidas humanas.

Browne resaltó que los daños estructurales son gravísimos y pidió a la población máximo cuidado, aunque, a pesar de los severos daños, dijo que “Dios nos ha protegido de lo peor de Irma” .

Medios del pequeño territorio caribeño señalan que desde hace horas no hay prácticamente dato alguno de qué está pasando en estas dos pequeñas islas de las Antillas Menores.

En la vecina Barbados, las marejadas han provocado que el mar ganara varios metros en la costa provocando graves inundaciones, por lo que las autoridades locales llevan a cabo trabajos de rescate, aunque no existe información precisa de la situación.

El presidente del territorio de San Martín, Daniel Gibbs, señaló en declaraciones a medios locales “nunca antes se había vivido algo parecido, incluso, las paredes de algunos edificios llegaron a temblar” .

En la isla de San Bartolomé, la estación meteorológica local llegó a registrar vientos por encima de los 200 kilómetros por hora y ráfagas superiores.

Medios locales de San Bartolomé hablan de una situación apocalíptica, aunque de momento no se conocen datos concretos ya que el huracán Irma golpea en estos momento el área.

Los informes de los medios locales señalan que en San Bartolomé los propios equipos de rescate y bomberos tuvieron que interrumpir sus trabajos debido a las inundaciones, que llegaron a superar en algunos edificios estatales hasta un metro.

Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 312 kilómetros por hora.

José puede volverse huracán esta noche

 La tormenta tropical José, que se formó este martes en el Atlántico, podría convertirse en huracán esta noche, mientras una nueva tormenta tropical, Katia, se formó esta madrugada en el Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes  (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Se espera que mantenga una trayectoria oeste y oeste-noroeste con algún aumento de la velocidad en las próximas 48 horas, apuntó el NHC.

Los meteorólogos prevén “un fortalecimiento adicional”  de José en las próximas 48 horas, por lo que podría convertirse en huracán esta noche.

Tormenta Katia se convertirá en huracán frente a costas del Golfo de México

Katia, una nueva tormenta tropical, se formó este miércoles en el Golfo de México y se espera que se convierta en huracán para luego dirigirse a la costa del mexicano estado de Veracruz, informaron autoridades.

Se trata del tercer fenómeno ciclónico simultáneo en el océano Atlántico, junto con el monstruoso huracán Irma de categoría 5 y la tormenta José, según el Centro Nacional de Huracanes  (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami.

Katia “alcanzó el nivel de categoría de tormenta tropical hace unas horas (…) y se pronostica que se convierta en las siguientes horas en un huracán categoría uno” , declaró Roberto Ramírez, director general de la Comisión Nacional del Agua de México  (CONAGUA) .

 “El día viernes por la noche su centro podría impactar en el estado de Veracruz con un potencial alto de lluvias” , afectando gran parte del territorio mexicano con fuertes precipitaciones, añadió.

Hacia las 15.00 GMT, la tormenta estaba a 280 kilómetros del importante puerto de Veracruz y se desplazaba a 7 km/h con vientos máximos de 75 km/h, indicó el NHC.

Se trata del segundo ciclón que ingresa a territorio mexicano por el océano Atlántico, tras el paso de Franklin a inicios de agosto, y se espera que se debilite a depresión tropical el próximo sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional de México.

A esta siguieron Bret, Cindy, Don, Emily y Franklin, que se convirtió en el primer huracán de la temporada, luego Gert, el segundo huracán, Harvey, que alcanzó la categoría 4, Irma, que ha alcanzado la categoría 5, la máxima, y José y Katia.

Por su ubicación geográfica y su amplia línea costera, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, México es uno de los países más vulnerables al embate de los huracanes, con al menos una decena de fenómenos climáticos al año.

 En tanto, la tormenta tropical José se encuentra a unos 1.825 km de las Antillas Menores y se espera que se convierta en huracán este mismo miércoles.

Ratzinger, de 93 años, fue director musical del coro entre 1964 y 1994 y cuando salieron a la luz pública los primeros indicios del escándalo, en 2010, hablando entonces de unos cincuenta casos de abusos, calificó esas informaciones de “locura” .

Ni él ni el resto de sacerdotes tomaron medidas, al imperar lo que el autor del informe denomina una “cultura del silencio” , lo que ha dificultado la investigación ahora de esos casos.

En el estudio se recogen casos que van de caricias y tocamientos a violaciones, así como castigos físicos tales como palizas, bastonazos y golpes con todo tipo de objetos, fueran llaveros o gruesos anillos.

Asimismo se podía obligar a los niños a comer, cuando no querían, o se les negaba todo alimento, a modo de castigo.

Identifican a 49 personas

Weber ha identificado en su informe a 49 personas que “con alta probabilidad”  incurrieron en esas prácticas, de las cuales nueve perpetraron las agresiones sexuales.

En el centro se respiraba un ambiente “infernal” , relata el autor del informe, según el cual algunas de esas víctimas describían su situación en el lugar como similar a un “campo de concentración” .

Como responsable de esa situación señala Weber, por razones de jerarquía, al entonces obispo de Ratisbona, Gerhard Ludwig, quien no abordó con la responsabilidad debida la tarea de esclarecer lo que ocurría ahí.

El obispado reaccionó ante ello con el pago de los que denominó “reconocimiento de servicios” , por los que cada afectado percibió entre 5 mil y 20 mil euros y tras lo cual se daba por zanjado el asunto.

El representante del colectivo de víctimas, Peter Schmitt, elogió el trabajo de Weber, por considerar que ha contribuido enormemente a sacar a la luz esos casos, aunque advirtió que sigue habiendo una “cifra oscura”  de víctimas anónimas que no se han atrevido aún a relatar la experiencia vivida.

Este escándalo se dio a conocer en el 2011, 10 años después de que un estudiante de la Universidad de Pennsylvania reportara un abuso sexual por parte del entrenador Jerry Sandusky a un niño de 10 años. Fue condenado a entre un mínimo de 30 y máximo de 60 años de prisión después de demostrar que, además, abusó de otros 10 menores.

Pero Jerry no fue el único condenado, Pacino tendrá que interpretar a uno de los entrenadores más valorados de la historia del fútbol americano universitario en el peor momento de su carrera y de la universidad: Joe Paterno, fallecido en el 2012, era el responsable directo de los entrenadores, por lo que en este filme se narra su caída, al haber encubierto los abusos.

Otros proyectos cinematográficos

Este proyecto será el más reciente dentro de una serie de proyectos para HBO en el que participa el Al Pacino, incluyendo las películas You Don’t Know Jack y Phil Spector, y la miniserie Angels in America.

Pacino también protagonizará junto a Robert De Niro The Irishman, la nueva cinta de Martin Scorsese, que pudo seguir adelante adelante gracias a la inversión de US$100 millones  por parte de Netflix.

También tendrá el papel principal en Hangman, cuyo estreno está previsto para este año en Estados Unidos, y The Trap, una  película en el que aparecerá junto a Robert Pattinson y Benicio Del Toro.

Las fotografías de niños con quemaduras en los pies y manos son solo algunas de las pruebas que la Procuraduría General de la Nación (PGN)  guarda para comprobar ante los juzgados las agresiones  de las que son víctimas los niños. Según expertos, el problema persiste por  falta de educación y hábitos culturales de los padres.

Tres niños, entre 3 y 5 años, juegan en una de las salas contiguas a las oficinas de la PGN. Quien los observa posiblemente dirá que no sufren de  problemas, pero expertos de esa dependencia refieren que muchos tienen “marcas que les quedan para toda la vida”.

Ayer se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y Niñas, mientras en el país el Ministerio Público contabiliza, hasta octubre, más de 10 mil denuncias de maltrato infantil y 5 mil más por violencia sexual contra menores.

En la PGN las historias de menores maltratados, la mayoría de veces por sus padres, son contundentes. Fotografías de un pequeño de 6 años con los pies quemados es, por ejemplo, uno de los casos documentados por la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, de la PGN.

Otro fotograma confirma el abuso físico contra un niño de 7 años en Quetzaltenango. El menor sufrió quemaduras graves en sus manos y necesito ser intervenido en un centro asistencial, luego de ser rescatado por la PGN.

Hasta julio, la Procuraduría había intervenido y rescatado a 3 mil 942 menores cuyos derechos fueron vulnerados de distintas formas.

De la cifra total, mil 492 han sido enviados a un albergue temporal de la PGN, debido a que han sido víctimas de abuso emocional, agresión física , agresión sexual y maltrato negligente, según las estadísticas.

Para el sociólogo  Edmundo Urrutia, el maltrato hacia la niñez continúa por la falta de educación y porque los padres creen que golpear a sus hijos es un valor.

Agregó: “Si todos tuvieran estudios de bachillerato o universitarios  tendrían mejores conductas. En esta sociedad a la gente le cuesta salir adelante. Esto los frustra, los pone agresivos y se desahogan con sus hijos”.

El procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores, coincidió en que el maltrato se debe a las malas costumbres de disciplina inculcadas en los padres; sin embargo, se puede superar.

Flores explicó el caso de una menor de 7 años que fue rescatada en el mercado La Terminal, en la  zona 4. “La niña regresó a la escuela y ahora es abanderada, las terapias no logran que olviden lo que les  pasó, pero sí que vivan de mejor manera”, explicó.

Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos,  a través de un comunicado reconoció que la niñez no vive con dignidad y es víctima de maltratos. “La pobreza agrava las posibilidades de que este sector de la población sea víctima de maltrato por sus padres y familiares  y esa dependencia familiar dificulta que los casos sean denunciados”, aseveró.

Lesiones más comunes

El médico Forense Jorge Destarac, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicó que se diferencian los golpes accidentales y los provocados con diferentes objetos.

• Se ha   determinado que las lesiones más comunes  en menores agredidos  son  en la espalda, piernas y glúteos.
• También  se encuentran fracturas en brazos y piernas, razón por la cual algunos  son hospitalizados.
• Los objetos  más utilizados en el maltrato físico a niños  son las correas o cinchos, y los alambres de conducción eléctrica.
• Las mordeduras de adultos en el cuerpo de bebés recién nacidos también son comunes, detalló   Destarac.
• El Síndrome del niño sacudido,  se refiere a la agresión en contra de un bebé cuando es sacudido en repetidas ocasiones sujetándolo  de los brazos.
• El síndrome del niño sacudido provoca hemorragias cerebrales y fracturas en los brazos de los menores.
• Con la tecnología digital  se puede establecer si las fracturas y otras lesiones en el infante  son antiguas o recientes,  según los forenses del Inacif.
• Las agresiones físicas, sexuales y emocionales, se dan en menores de 0 a 18 años, refieren los expertos en  análisis forenses consultados.

El sepelio se llevó a cabo este lunes en un cementerio privado de la cabecera de Jutiapa, a donde se dieron cita unas 400 personas para dar el último adiós a Anthony, cuyo cadáver fue localizado el sábado último en el río Salado, después de que desapareciera el 24 de este mes.

La muerte del menor originó diversos comentarios en la población, respecto de la protección que se les debe dar a los niños en los hogares, ya que según algunos vecinos, Ramírez no era cuidado de forma adecuada, pues en ocasiones  permanecía en la calle o junto al río Salado, donde el día que desapareció jugaba junto a su perro.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses detalla que el niño murió por asfixia por sumersión y no tenía señales de violencia. Investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) presumen que Anthony Emanuel Ramírez resbaló de la baranda del puente Los Cachos y fue arrastrado por el agua del afluente.

El sepelio fue acompañado por estudiante de la Escuela del Barrio Latino, quienes portaban flores y comentaban que conocieron a Anthony porque en algunas ocasiones acompañaba a su hermano mayor en algunas actividades deportivas del establecimiento educativo. 

“Es una lástima que haya muerto de la forma como sucedió, Anthony unió a todo el pueblo de Jutiapa que hizo grandes esfuerzos para tratar de encontrarlo. Decenas de personas hicieron grupos de búsqueda durante cuatro días. Es una muestra que si el pueblo se une puede conseguir cosas muy grandes”, manifestó el vecino German Domínguez.

Abuela trabaja para alimentar a nietos

Santos Ramírez, abuela materna de Anthony, agradeció a la población por el apoyo y lamentó la muerte de su nieto. “Yo por estar trabajando no me di cuenta de que el niño se había ido para el río, ese día el nene llegó a la casa y se quitó los zapatos, se puso unas sandalias de hule y se fue a jugar con su perro  Spyke. Antes que saliera le pregunté para dónde iba y me dijo que jugaría cerca de la casa”, afirmó.

Agregó que ella lo cuidaba, porque la mamá es agente de la PNC en la capital y fueron pocas las veces que lo visitó. “Por los compromisos que tengo para cubrir los gastos de Anthony y los otros nietos que cuido, tengo que trabajar en diferentes oficios”, resaltó.

Tener más cuidado 

“La muerte de Anthony tiene que ser un llamado de atención a todos los padres de familia de Jutiapa. Hay personas que dejan a sus hijos con los abuelos o en el peor de los casos los dejan solos en la casa, cualquier tragedia puede suceder cuando un niño no está cerca de un adulto responsable”, manifestó Gerson Arana, vecinos jutiapaneco.

Sobre el ataúd  que contenía los restos del menor, fueron colocados un trompo de plástico y un carrito color amarillo, ya que eran sus juguetes favoritos. 

Se trató de conocer la versión de la mamá del niño, Magda Ramírez, pero no quiso brindar declaraciones. 

Asimismo, la Dirección General de Migración de Guatemala  (DGM) reportó 22 mil 940 niños y adolescentes retornados, mientras que el Instituto Nacional de Migración  (INM) hondureño registró 17 mil 716 menores repatriados que migraron de forma ilegal.

De estas 55 mil 301 personas, aproximadamente el 26.5 % fueron salvadoreños, un 41.5 % hondureños y el restante 32 % guatemaltecos, de acuerdo con datos facilitados a EFE por la Organización Internacional para las Migraciones  (OIM) .

El número de menores de 18 años retornados en los primeros cuatro meses del 2016 -seis mil 247-, es un 3.6 % superios que en el mismo lapso del año pasado.

En El Salvador, el incremento es del 39.8 % y en Guatemala del 0.9 %, mientras que Honduras fue el único que registró una reducción en las repatriaciones con un 17.7 % menos.

Según el jefe de la misión de la OIM en el Triángulo Norte de Centroamérica, Jorge Peraza, la razones por las que los menores migran son la violencia, y la búsqueda de la reunificación familiar y mejores condiciones de económicas.

Peraza señaló a EFE que la deportación de niños y adolescentes “casi que se ha duplicado”  en el 2015 y los primeros cuatro meses del 2016, en comparación con el 2014, cuando Estados Unidos declaró emergencia por el incremento en el flujo irregular de niños y adolescentes que migran a los Estados Unidos sin sus padres.

En el 2014 la región alcanzó los 19 mil 770 menores retornados, mientras que entre enero del 2015 y abril del 2016 llegaron a los 35 mil 531, aproximadamente un 80 % más.

Añadió que “no se ha llegado a duplicar, pero estamos con un incremento sustancial”  por lo que los gobiernos de estos tres países deben “seguir redoblando esfuerzos en esta materia”  para que “se puedan atender las causas estructurales”  que generan la salida de los niños y adolescentes.

Con el Acuerdo 12-2016, publicado ayer en el Diario de Centro América, la CSJ da a estos juzgados la competencia para conocer y resolver, a partir de hoy, las solicitudes de autorización de matrimonios entre adolescentes de 16 años.

Esta publicación se hace luego de que en noviembre del 2015 entraran en vigencia las reformas al Código Civil, que establecen  que la edad mínima para contraer matrimonio, tanto  para hombres como para  mujeres, es de 18 años y que solo se puede autorizar estas uniones a los 16 si se trata de un caso especial.

Requisitos

La publicación señala que una vez recibida la solicitud, el juez deberá pedir a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una opinión sobre la petición, y dicho pronunciamiento deberá incluir varios estudios a los adolescentes.

La investigación contempla un  estudio socioeconómico del solicitante, donde se indiquen sus condiciones para asumir las responsabilidades de la procreación, alimentación, vivienda y educación de los hijos, así como para auxiliarse entre sí.

La CSJ señala que si el solicitante es mayor de edad, el estudio deberá establecer si estuvo casado con anterioridad, si existen personas que dependan económicamente de él y las causas por la que se disolvió el matrimonio anterior.

La PGN también deberá presentar un estudio psicológico de ambos solicitantes, donde se indique la estabilidad emocional y si existe una posible relación de desigualdad de poder, además de la viabilidad psicológica de los dos.

La indicación de la CSJ es que en toda resolución judicial, el juez deberá priorizar el interés superior de los adolescentes y respetar su derecho de opinión.

También establece que, de existir indicios sobre amenaza o vulneración de derechos de los adolescentes, el juez debe remitir a donde corresponda, con el fin de proteger los derechos de los menores.

Debilidades

El 9 de noviembre del 2015, cuatro días después de aprobadas las reformas al Código Civil, la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a los jueces que no se abuse de la excepción.

A través de un comunicado, la ONU indicó que permitir la boda a los 16 años vulneraría convenios internacionales de derechos humanos.

Una de las debilidades, según la organización internacional, es que no se establecieron las circunstancias en las que se podría aceptar la relación matrimonial a tan temprana edad por lo que  se deja a discreción  de los jueces.

“Es sumamente importante desarrollar legalmente y definir con precisión las causas o situaciones en las cuales aplica la excepción, sin dejarse influenciar por la cultura y la tradición”, señala el comunicado.

Paso adelante

La directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), Mirna Montenegro, afirma que la publicación de la CSJ representa un avance para  la aplicación de la norma, pues desde noviembre pasado, cuando se aprobaron las reformas al Código Civil, no existía un estándar para la autorización de  matrimonios en menores de edad.

Montenegro también afirma que, si bien la PGN debe intervenir, preocupa que no tenga el recurso humano suficiente para cumplir con su papel, pues aún en los casos de violencia sexual, cuando las niñas están en el hospital, se debe esperar a que haya delegados  para atender el caso.

La profesional asegura que la sociedad civil  debe verificar la aplicación en la provincia  y que también se debe hacer conciencia en las comunidades sobre la vulnerabilidad de las menores.

Reformas al código civil

• Los cambios legales a la edad del matrimonio en menores de edad entraron en vigencia en noviembre del año pasado.
• Las reformas al Código Civil fueron aprobadas de urgencia nacional el 5 de noviembre del 2015.
• Hombres y mujeres deben tener 18 años para poder contraer matrimonio.
• La edad para que un juez autorice el matrimonio, con circunstancias especiales, se elevó de 14 a 16 años

• Se buscaba elevar de 14 a 16 años la edad mínima de las mujeres para sostener    relaciones sexuales, aunque el cambio no se aprobó.  

Fuente: Decreto 8-2015

 Estadísticas conseguidas por la Associated Press que abarcan hasta enero indican que más de la mitad de los menores que pidieron asilo en San Francisco y Los Ángeles fueron autorizados a quedarse en ese país, mientras que en sitios como Chicago y Houston fueron aprobados menos del 20% de los pedidos.       

Activistas a favor de la causa de los inmigrantes dicen que algunas regiones se muestran más solidarias con los menores y que las disparidades reflejan asimismo diferencias en las técnicas empleadas en las entrevistas y en la cultura de cada oficina.       

Huyen a la violencia

En los dos últimos años decenas de miles de menores de edad procedentes mayormente de Honduras, El Salvador y Guatemala que le huyen a la violencia de sus países y solicitan asilo en EEUU abrumaron los refugios para esa población y atascaron más todavía los tribunales del servicio de inmigración.       

La ley estipula que estos menores pueden solicitar asilo siguiendo un proceso que involucra entrevistas con un agente en alguna de las ocho oficinas regionales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Para conseguir asilo, deben demostrar que han sido perseguidos o corren peligro de serlo.       

Hasta enero, los agentes que analizan los pedidos de asilo se habían pronunciado en torno a casi cinco mil 800 solicitudes de menores que llegaron a partir de mayo del 2014, de acuerdo con la información obtenida por la  AP .       

En total, el 37% recibió asilo, pero hubo marcadas diferencias en el porcentaje de aprobaciones, que van desde el 86% en la oficina de San Francisco, que se ocupa de toda la región del noroeste, hasta el 15% en Chicago, que abarca 15 estados desde Ohio hasta Idaho.       

Abogados de inmigración dicen que esperaban que hubiese algunas diferencias entre las oficinas regionales, dado que en algunas partes del país hay mucha más tolerancia hacia los inmigrantes que están en el país ilegalmente. Pero que no debería haber disparidades tan grandes.       

Asunto de vida o muerte

“La calidad de la justicia no debe ser como tirar los dados, una lotería” , sostuvo Karen Musalo, directora del Centro para Estudios de Género y de Refugiados del Hastings College of the Law de la Universidad de California. “Esto no solo es decepcionante: es algo que puede ser un asunto de vida o muerte para estos chicos” .       

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración no pudo explicar las disparidades. Las solicitudes son analizadas caso por caso y reciben una segunda evaluación de un supervisor, según la portavoz de esa agencia Claire Nicholson.       

Los menores cuyas solicitudes son rechazadas pueden apelar sus casos ante un juez del servicio de inmigración. Si tampoco esa instancia prospera, pueden ser deportados.

Abogados de inmigración dicen que la mayoría de los menores que pidieron asilo están esperando que los tribunales se pronuncien, algo que puede tomar meses, si no años.

Pero estudios previos revelan que hay marcadas diferencias en la frecuencia con que se aprueban los pedidos de asilo.      
Los funcionarios que analizan las solicitudes deben guiarse por los dictámenes de los tribunales federales sobre los casos de inmigración y los juzgados de apelaciones de la costa oeste tienden a ser más liberales.

La cultura imperante en una oficina y las técnicas empleadas en las entrevistas también pueden incidir.       

“Para nosotros, es un misterio, que nos resulta desconcertante”, dijo Lisa Koop, del National Immigrant Justice Center  (Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes) de Chicago.      

Experiencias traumáticas

Abogados de inmigración de San Francisco dicen que los agentes que consideran las solicitudes de asilo en esa oficina se toman su tiempo y usan un lenguaje apropiado para menores durante las entrevistas en un esfuerzo por hacerlos hablar de experiencias traumáticas que tal vez no quieran recordar ante extraños.

El abogado de inmigración Pablo Lastra dijo que estos agentes tratan de buscar las razones por las que hay que concederles asilo a los menores, no justificaciones para rechazar sus solicitudes.       

Un adolescente hondureño contó que le dieron una bola blanda para estrujar si se ponía nervioso durante la entrevista en San Francisco.

El agente le dijo que respirase hondo y se tomase su tiempo para responder preguntas sobre las pandillas que fueron a verlo a él y a su hermano cuando su madre, dueña de un negocio de golosinas, no pudo pagar las extorsiones que le cobraban, según relató.

El muchacho recibió asilo, pero pidió que no se revelase su nombre por temor a que los pandilleros tomasen represalias contra sus familiares en Honduras.       

Los menores deben solicitar asilo en las oficinas de la región donde viven. Generalmente quedan bajo la custodia de familiares que ya residen en ese país.       

“Si una persona tiene que elegir entre un familiar que vive en Texas y otro que vive en la Bay Area (la bahía de San Francisco), nosotros sin duda trataremos de que lo manden con el de la Bay Area” , afirmó Manoj Govindaiah, abogado de RAICES, una organización sin fines de lucro de San Antonio.       

Al margen del asilo, muchos menores que vienen a Estados Unidos tratan de ampararse en un programa del gobierno para niños abandonados o víctimas de abusos.

Desde que comenzó la ola, más de 15 mil menores se acogieron a ese programa y la mayoría pudieron quedarse en el país, según estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.       

La información obtenida por la  AP  indica que más de 10 mil menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos desde mayo del 2015 han solicitado asilo. Más del 90% proceden de Centroamérica.       

Solicitudes de las mujeres

En las oficinas regionales, las mujeres son aprobadas en un porcentaje mayor que el de los hombres. Hasta enero, se habían aprobado el 43% de las solicitudes de las mujeres, comparado con el 33% de las de los varones.       

Alejandro López, un salvadoreño que trabaja como jardinero en Iowa, dijo que sabía que conseguir asilo sería una dura batalla cuando trajo a su hijo Jonathan a Estados Unidos en el 2014.       

El chico viajó dos horas y media hasta Omaha, Nebraska, para ser entrevistado por un agente en la oficina de Chicago.

El muchacho respondió nerviosamente todas las preguntas durante una hora y dijo que pandilleros amenazaron con matarlo y con rociar su motocicleta con balas.       

La solicitud de López, quien hoy tiene 18 años, fue rechazada y el chico tiene ahora que apelar el fallo ante un juez en febrero.       

“El abogado nos dijo que será muy difícil ganar” , expresó el padre. “La única solución podría ser que se enamore de una muchacha estadounidense y se case.

Es joven, pero eso puede ser la única salida”, el sur de California, Jhonathan Rivas cuenta una historia diferente.

Dijo que estaba nervioso cuando se dirigió a una oficina en las afueras de Los Ángeles, pero que la agente que le tocó fue gentil y le hizo preguntas a través de un intérprete.       

A lo largo de 90 minutos, Rivas relató cómo era hostigado por pandilleros que intentaban reclutarlo cuando regresaba a su casa tras ir a la iglesia. Un tío y un primo fueron asesinados. Dos semanas después de la entrevista, Rivas supo que lo habían autorizado a quedarse.     

“Gracias a Dios todo salió bien. Me alegra mucho no tener el temor de tener que regresar a mi país” , dijo el muchacho, quien hoy tiene 19 años y planea incorporarse al Ejército y ser mecánico de aviones.

La Unicef manifestó además su preocupación por la cantidad de palestinos menores detenidos por Israel, que ya llegó a la cifra más alta de los últimos siete años.
 
Durante los últimos tres meses del 2015, “niños palestinos, entre ellos cinco muchachas, murieron y mil 300 fueron heridos en conjunto en el Estado de Palestina” , indicó el informe.
 
“Veintitrés niños (19 chicos, 4 chicas) murieron en Cisjordania y Jerusalén Este y dos en la Franja de Gaza” , indicó la agencia de la ONU para la infancia en el informe sobre el último trimestre del 2015.
 
En el mismo período, “tres muchachos israelíes fueron heridos cerca de las colonias en Cisjordania y en Jerusalén Oeste en Israel” , agregó el informe.
 
La Unicef manifestó que estaba “muy inquieta por el uso excesivo de la fuerza”  particularmente en casos de “niños palestinos abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes tras haber atacado o ser sospechosos de haber atacado con un cuchillo” .
 
La organización de la ONU denunció que no se abren diligencias judiciales contra los responsable de muchas muertes dudosas.
 
La UNICEF citó el caso de una joven de 17 años que murió de cinco balazos como mínimo tras ser registrada en un retén del ejército cerca de Hebrón, sur de Cisjordania.
 
“Las autoridades israelíes afirman que intentó apuñalar a un policía, pero un testigo sostuvo que no representaba ningún peligro cuando fue baleada y gritaba que no tenía ningún cuchillo” , sostuvo el informe.
 
Por otra parte, la Unicef denunció que a fines del 2015 “menores de 12 a 17 años, entre ellos ocho mujeres, estaban detenidos en edificios militares”  israelíes.
 
“Se trata de la cifra más elevada desde marzo del 2009” , indicó la Unicef.

Fuentes consultadas muestran preocupación por la situación de vulnerabilidad en que viven los menores de edad en el país, ya que incluso ni en sus hogares o centros de estudio viven seguros.

De acuerdo con el reporte de necropsias practicadas de enero a marzo últimos, 138 de las mil 374 fueron a menores de edad, equivalente a un 10 por ciento.

La principal causa de muerte fueron armas de fuego, ya que reportó 80 casos. Le siguen 24 por asfixia por sumersión o ahogamiento —el Inacif considera susceptible de investigación criminal— y 17 por suspensión —ahorcados—.

Los datos reflejan que el departamento de Guatemala reporta más hechos violentos, con 63 necropsias a menores, seguido de Petén, con nueve; Escuintla, ocho; Santa Roca, siete; Chimaltenango, seis; y Jalapa y Zacapa con cinco.

Durante el 2015, el Inacif practicó 640 necropsias a menores de edad, de las cuales 435 fueron por arma de fuego. Las muertes de menores de edad representó ese año el 11.2 por ciento, del total de autopsias por hechos violentos —cinco mil 718—.

Análisis

Un informe presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), con datos del Inacif, indica que de las muertes de menores de edad, 11 corresponden a primera infancia —entre 0 y 6 años—, 12 a niños comprendidos entre 7 y 12 años, y 116 a adolescentes de entre 13 y 17 años.

La PDH señala que el total de necropsias practicadas en el primer trimestre de este año refleja que los lunes y domingos son los días en que se registra más violencia.

Asimismo, indica que los departamentos con más casos de violencia son Guatemala, Escuintla, Petén, Izabal y Chiquimula.

Según el informe de la PDH, durante el primer trimestre del 2015 se reportaron 31 muertes de niños de entre 0 a 13 años, y 110 de entre 14 y 17 años, lo que hace un total de 141.

Sergio René Rodas Muñoz, jefe del Departamento Técnico Científico del Inacif, informó que la mayoría de muertes violentas en menores de edad se debe a heridas producidas por proyectil de arma de fuego y regularmente las víctimas son mayores de 15 años y los más próximos a los 18.

“En niños no son muy frecuentes (…) Cuando suceden muertes en menores de 15 años, regularmente se dan como casos accidentales o fortuitos. Al decirles accidentales me estoy refiriendo a que ellos están presentes en un hecho armado y casualmente reciben un impacto o más de uno, pero no es ataque directamente a ellos”, explicó.

Sin protección

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia, señaló que son alarmantes las cifras de muertes y considera que, en cuanto a seguridad ciudadana, el Estado está en deuda con los guatemaltecos, porque su deber es proteger la vida de cada uno, en especial de la niñez y la adolescencia.

Castro afirmó que llama la atención que la mayor cantidad de muertes es causada por arma de fuego.

“Creo que tiene que ver con la falta de políticas de prevención, del tema de cómo se obtienen las armas, cómo se arman las personas en este país, qué es lo que está sucediendo con esto, que a pesar de que organizaciones no gubernamentales desarrollan una serie de campañas para que las personas no utilicen armas, vemos que son ineficientes”, dijo.

Castro recordó que a veces las muertes ocurren porque existen personas que portan arma para defenderse de la delincuencia; los delincuentes las utilizan para cometer delitos, y en algunos momentos las personas con armas no tienen control de sus emociones y disparan al aire, con lo cual violentan la vida de un menor de edad.

Leonel Dubón, de Refugio de la Niñez, señaló que es preocupante que la edad de las víctimas menores ha disminuido, pues hay más casos de niños de 4 o 6 años muertos por arma de fuego, arma blanca o estrangulamiento.

“Esto no se daba tan recurrentemente, era de manera aislada. Un caso de un niño tan pequeño que fue acribillado en enero es que él estaba viendo televisión y allí recibió cuatro impactos de bala, o el de la semana pasada, cuando atacaron a dos estudiantes en Villa Nueva”, refirió.

Dubón subrayó que también alarma que no haya espacios seguros ni en la propia casa ni en el ámbito escolar.

“Tenemos el caso de oriente, donde asesinaron a un maestro y todos los niños estaban expuestos (…) Pareciera que la violencia ya no distingue entre los niños y los adultos, que quienes ejercen la violencia en general en el país lo están haciendo de manera pareja”, enfatizó.

En el análisis que Refugio de la Niñez efectúa con datos del Inacif, registra 179 muertes de menores de edad, ya que incluye de 0 a 19 años, en el cual se muestra que 157 casos corresponden a muertes causadas con arma de fuego.

Hipótesis

Luis Fernando Mack, sociólogo, considera que en todas partes del mundo es prioridad el cuidado y atención de los niños y adolescentes, pero en países violentos como Guatemala se necesitan más medidas de protección.

Mack opina que una hipótesis del aumento en muertes violentas de menores podría ser de un fenómeno que ha ido en incremento —pero que habría que investigar un poco más—, y es el caso de los ninis —jóvenes y adolescentes que ni trabajan ni estudian—, que buena parte de su tiempo lo pasan en la calle o con amigos.

Agregó que el aumento de muertes podría deberse a mayor actividad de las pandillas y de grupos delincuenciales que, en la práctica, han crecido porque estos grupos tratan de cautivar a los jóvenes y adolescentes que no son atendidos y que no tienen oportunidades laborales ni de estudios. “Eso podría ser un indicador de una situación de aumento de riesgo para jóvenes y adolescentes”, comentó.

Agregó que el Gobierno no solo debe atender, sino proteger a los menores, para que no sean víctimas de estos hechos violentos.

Las víctimas son sometidas, por lo regular, a explotación sexual y reclutamiento en pandillas o para el crimen organizado.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) aseguró que aunque el fenómeno no es nuevo, se ha incrementado, por las debilidades institucionales, principalmente por la escasez de personal profesional para atender a los niños, y por la sobrepoblación en los hogares.

El problema también se ha detectado en centros privados, aunque por las medidas y alertas implementadas, los encargados han podido prevenirlo.

Así lo vivió

Hace seis meses, Gloria Pérez —como pidió ser identificada, por temor a represalias— dejó el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la aldea El Platanar, San José Pinula.

Aunque dijo estar agradecida por el apoyo, contó que dos veces se escapó, convencida por sus compañeras, para trabajar en un comedor.

Agregó: “La primera vez que nos escapamos fue de noche. Recuerdo que me llevaron a una discoteca. Los conocidos de la persona con que huí me pidieron que entregara una bolsa a unos hombres que abordaban un vehículo frente al lugar. No sé qué era, solo la llevé. Mi compañera me dijo que era droga. La verdad, solo cumplí la orden y regresé”.

Como Pérez, unos 600 jóvenes y niños se encuentran en riego de ser reclutados para alguna modalidad delictiva, según información de la Defensora de las Personas Víctimas de Trata de la PDH, Sandra Janette Gularte.

“Ahora bien, nosotros hemos tenido información de los profesionales que atienden esos centros, donde llegan jóvenes que han tenido acercamientos con los grupos, pandillas o crimen organizado, y que van con la idea de buscar a adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad, con el fin de engancharlas para que cometan una serie de delitos, para trata de personas o reclutamiento de pandillas y crimen organizado”, comentó Gularte.

Grupos

Los jóvenes son reclutados para integrar alguna pandilla y para la prostitución, según la defensora de la PDH.

“Tengo entendido que es para el ingreso a las maras, y el otro es para la prostitución de niñas o adolescentes, dos modalidades de trata, de alguna manera”, afirmó Gularte.

La representante de la PDH agregó que el problema prolifera por las debilidades institucionales que afrontan las casas responsables de brindar atención y refugio, principalmente por el descuido o falta de atención de las “cuidadoras”, aunado a la sobrepoblación en esas instituciones.

Leonel Dubón, director de la Asociación Refugio para la Niñez, señaló que, como en los hogares estatales, el reclutamiento se da en los privados, aunque allí hay más control.

“El problema se da. En el refugio a mi cargo se dio un caso; sin embargo, por los mecanismos de prevención que se tienen, se detectó a tiempo”, comentó Dubón.

El director del Refugio de la Niñez dijo que conoce cinco casos que ocurrieron fuera de la institución y que ha alertado a las autoridades.

Verónica Galicia, jueza de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, aseguró que no tiene información del problema en esos refugios, aunque reconoció que existen denuncias por ese tipo de reclutamiento en centros educativos.

“Sí nos han llegado adolescentes que han estado en hogares de protección, pero porque al salir han cometido algún delito. Referente a los casos de reclutamiento, solo hemos recibido de escuelas y en los institutos públicos, para pandillas, más que todo, son reclutados”, dijo Galicia.

El Ministerio Público (MP) afirmó que no tiene conocimiento de los reclutadores en los centros de protección ni denuncias sobre algún caso relacionado con el tema.

Violación de DDHH

La defensora de la Niñez declaró que la PDH “ha sido muy clara” al denunciar violaciones de derechos humanos en los hogares seguros. “Las violaciones se dan principalmente en dos de ellos: Mi Hogar, que es para adolescentes mujeres, y San Gabriel, para varones. Se ha comprobado que allí hay poblaciones mezcladas, desde alguien que sufre abusos en su casa hasta quienes utilizan algún tipo de droga”, aseveró.

Aseguró que para abordar el tema se reunió con representantes de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), hace unas semanas. Los puntos abordados fueron la sobrepoblación y falta de personal.

“El último punto nos preocupa, porque desde el año pasado se despidió a varios trabajadores, y a la fecha no se han contratado. Está claro que no tienen la capacidad de atender a las niñas. Tengo entendido que ocho psicólogas atienden a 600”, denunció.

Se intentó obtener la versión del SBS, y pese a la insistencia en el área de Comunicación Social no fue posible contactar a ningún funcionario.

Hogares de protección

• Virgen de la Asunción  atiende a niños y adolescentes de  0 a  18 años, víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve y víctimas de trata, tanto sexual como física y económica. 
• Hogar temporal en Zacapa y Quetzaltenango: atiende  a niños y adolescentes de 0 a 12 años  víctimas de violencia física, psicológica y sexual, además de jóvenes con problemas de adicción y explotación laboral y económica.

• Centro de Abrigo y Bienestar Integral:  atiende a niños y adolescentes de 5 y 18 años, con discapacidad mental en diferentes niveles, que se encuentran en situación de abandono y orfandad.

• Entre los  centros privados de protección de menores  se encuentra el Refugio de la Niñez, una organización que recibe a niños víctimas de trata, violencia sexual, explotación y trata de personas. Además ofrece además asistencia legal. 

Y se produce en un momento en que los aspirantes a la nominación presidencial del Partido Republicano presionan para acciones más firmes en materia de inmigración       

Responsables de Seguridad Nacional siguieron con un ojo puesto en la frontera desde que más de 68 mil niños y jóvenes no acompañados de adultos y otras tantas personas que viajaban en familia fueran descubiertas entrando al país de forma ilegal en el 2014.

La decisión de reforzar los controles contra aquellas familias y menores se reactivó en medio de una nueva oleada de llegadas de este tipo de migrantes.      

Iniciativas anteriores para frenar los cruces ilegales parecieron funcionar inicialmente, ya que el número de niños y familias que accedieron por esta vía a suelo estadounidense bajó alrededor de un 40% entre el 2014 y el 2015. Pero la cifra volvió a crecer de nuevo a finales del verano pasado.

Ahora, el gobierno de Barack Obama, está reforzando sus esfuerzos para encontrar y deportar a las familias y a aquellos menores que ahora son adultos para devolverlos a casa. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, destacó el trabajo de su departamento con las deportaciones.       

Uno de aquellos niños no acompañados que ahora son mayores de edad y están buscados por Inmigración, es Wildin David Guillén Acosta, de 19 años. Llegó a Estados Unidos desde Honduras en un viaje que realizó en autobús, coche y a pie después de que un miembro de una pandilla amenazase con matarlo.       

“No salía por la noche. El me llamaba y decía:  Te voy a matar, te voy a matar” ’, dijo Acosta. “Se lo conté a mi madre y ella me dijo que viniese a Estados Unidos” .       

Acosta, que habló desde un centro para migrantes en una rural de Georgia, dice tener miedo de regresar a su país. 
“Tengo miedo, no quiero regresar. Hay mucha violencia, mucha muerte” , manifestó. “Te matan por un teléfono, cómo es posible?” .       

Su madre, Dilsia Acosta, dijo que su hijo llegó a Estados Unidos en junio del 2014, en el punto álgido de la oleada de niños migrantes que entraron al país. Su padre, Héctor Guillén, llegó a ese país también de forma ilegal en el 2005, y su madre hizo lo mismo en el  2013. Wildin Acosta fue arrestado en enero después de que un juez dictaminase que debía ser deportado.       

Wildin Acosta, que desde su llegada a North Carolina iba a la escuela y trabajaba, espera ahora obtener asilo. Pero las probabilidades están en su contra ya que tiene una orden de deportación pendiente.       

Defensores de los derechos de los migrantes se han unido en torno al caso de Wildin Acosta y otros y presionan al gobierno para que retroceda en su decisión.       

Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no da marcha atrás.       

Desde octubre, más de 800 migrantes que llegaron a ese país como menores no acompañados han sido devueltos a sus naciones de origen, según las estadísticas del departamento. Otros en esta situación y con órdenes de deportación pendientes fueron detenidos antes de ser expulsados de suelo estadounidense.