El exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez dijo el lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que teme por su integridad y la de su familia, tras denunciar actos delictivos en su contra en respuesta a sus fallos en casos de corrupción y crímenes de guerra, y abandonar el país en diciembre.

Durante la audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó el tribunal al Estado guatemalteco, el titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Ramiro Contreras, dijo que se cumplieron todas las medidas para garantizar la seguridad del magistrado, pero que una vez que el juez abandonó Guatemala se devolvieron los vehículos y el personal de seguridad.

Contreras subrayó que Gálvez renunció al cargo y abandonó el país de forma voluntaria después de anunciar hostigamiento y persecución.

Gálvez, quien abdicó al no encontrar respaldo en la Corte Suprema de Justicia, rechazó la respuesta del Estado guatemalteco y aseguró que no se investigaron las acusaciones de hostigamiento y amenazas por parte de integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha que defiende a acusados de corrupción y crímenes de guerra.

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“No quise proporcionar mayor información al Ministerio Público porque no me da ninguna confianza. Parte de la criminalización viene del Ministerio Público y del Organismo Judicial”, aseveró.

“Tengo desconfianza de las mismas instituciones, incluso de las mismas personas que están aquí. Desde ya los responsabilizo de algo que me pueda pasar, no solo a mi integridad sino a mi familia en Guatemala”, dijo.

Alarmante situación denuncia el exjuez Miguel Ángel Gálvez ante la @CorteIDH:
“Tengo desconfianza de las instituciones, incluso de algunas personas que están aquí, desde ya los responsabilizo de algo que pueda pasar no solo a mí sino a mi familia”. pic.twitter.com/OnJmIDe59d

— Ricigt (@Ricigt1) March 21, 2023

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dijo que era necesario mantener la protección de Gálvez y su núcleo familiar pues “si el Estado no garantiza la protección, la actividad de justicia puede ser gravemente afectada”.

Con el apoyo de la fiscalía, la Fundación contra el Terrorismo ha tomado acciones penales contra operadores de justicia que han participado en casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos, impuso sanciones contra dos de sus directivos, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, por socavar la democracia en el país.

Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público, indicó que en Guatemala no se criminaliza a los jueces.

Angel Pineda, fiel representante de Consuelo Porras ante la @CorteIDH: "En Guatemala no se criminaliza a jueces". Tiene la cara de decirlo frente al propio Juez Gálvez quien se vio forzado al exilio por la decisión de criminalización por parte del MP. #YoApoyoAlJuezGalvez pic.twitter.com/60SvwEySuP

— Ricigt (@Ricigt1) March 20, 2023

Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, más de 30 operadores de justicia, así como abogados, periodistas y activistas por los derechos humanos, han abandonado el país por una supuesta persecución en su contra.

El acoso contra Gálvez aumentó en 2022, tras enviar a juicio a nueve exmilitares y policías acusados por la tortura, desaparición y ejecución de cientos de personas en un caso conocido como el Diario Militar.

El “Diario Militar” es una bitácora policial de 74 páginas que documentó las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de más de 180 personas durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996.

Tras ser localizado en 1999, el informe fue entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington en Estados Unidos para su resguardo.

El caso actualmente se encuentra detenido y familiares de las víctimas han dicho que temen que no se haga justicia.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombraron a la jueza Eva Recinos como nueva titular del juzgado de Mayor Riesgo B, que era dirigido por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien renunció del cargo porque aseguraba que no tenía independencia judicial.

Recinos fungió como jueza de Mayor Riesgo E y fue quien el 8 de enero de 2020 le otorgó arresto domiciliario a Sandra Julieta Torres Casanova, actual candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien estaba vinculada al caso Financiamiento UNE.

Torres recibió el arresto domiciliario se le impuso una multa de Q800 mil y por eso logró su libertad.

El 6 de febrero de 2019 cuando el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de inmunidad de Torres Casanova. Diez días después se puso a disposición del juzgado y entregó su pasaporte, luego de perder la segunda vuelta de las elecciones del 11 de agosto de ese año frente a Alejandro Giammattei, actual presidente.

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Fue el 2 de septiembre de 2019 que Torres Casanova fue arrestada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador, por su presunta responsabilidad al no reportar al Tribunal Suprema Electoral (TSE) Q19.5 millones de la campaña electoral de 2015.

El 17 de noviembre de 2022 el MP solicitó que Sandra Torres enfrente juicio por asociación ilícita y financiamiento electoral . Doce días después, el 29 de noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez, decreta el cierre del proceso a favor de Sandra Torres y no deberá enfrentar juicio ni por asociación ilícita ni financiamiento electoral.

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Otros casos de Eva Recinos

El viceministro de Gobernación en el anterior gobierno, Remberto Ruiz, y dos señalados se favorecieron con falta de mérito el 7 de agosto de 2019 por la muerte del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez.

La jueza Eva Recinos consideró que no existían indicios suficientes para el procesamiento de Ruiz y Fermín Iván Ortíz Maquín y Marvin René Donis Orellana, piloto y asistente de atención al público en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), respectivamente.

A criterio de la jueza no existieron indicios suficientes para vincularlos con la investigación relacionada con el asesinato del sindicalista, ocurrido el 1 de junio de 2012.

La renuncia de Gálvez

Miguel Ángel Gálvez renunció el martes 15 de noviembre al cargo de juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B, días después de que abandonara el país en medio de un proceso en el que se buscaba retirarle la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de cuatro delitos.

Gálvez fue acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.

Los militares que Gálvez envió a juicio son nueve exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Los casos que verá Recinos

Los casos que ahora conocerá la jueza Recinos son Cooptación del Estado y el Diario Militar entre otros.

Un tribunal de sentencia escuchó este lunes 21 de noviembre la “última palabra” de un grupo de exfuncionarios, entre ellos el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, previo a dictar sentencia por un caso de defraudación aduanera descubierto en 2015.

Los primeros ocho de 29 acusados en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea, utilizaron su derecho de declarar por última vez ante el Tribunal, dirigido por la jueza Jeanette Valdez, previo a que la judicatura cite para emitir su sentencia.

Una de las primeras en hablar en la audiencia de este lunes fue la exintendente de aduanas, Claudia Méndez, acusada de coordinar los pagos que la organización criminal hacía a empresarios importadores para reducir el pago de impuestos en algunos puertos del país.

Méndez aprovechó su tiempo para criticar el actuar del juez Miguel Ángel Gálvez, quien la envió a juicio en 2017, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y caso especial de estafa.

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Durante la audiencia también declararon otros siete implicados, quienes son descritos por la Fiscalía como los “operadores externos” de la estructura, no trabajaban para el Estado, pero funcionaban como enlaces entre los funcionarios y los empresarios que pagaban para reducir impuestos.

Con frases como “Dios me liberará” y citando versículos bíblicos, los acusados pidieron al tribunal dictar la sentencia que consideren justa.

Entre el martes y miércoles deben declarar el resto de los acusados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, quien fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), por supuestamente liderar la banda que habría defraudado al Estado por 3.5 millones de dólares entre 2012 y 2014.

El caso La Línea se reveló en abril del 2015 y provocó la caída del Gobierno de Pérez Molina que decidió renunciar en septiembre de ese año.

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Pérez Molina, de 71 años, ha permanecido en prisión preventiva durante 7 años, tiempo que tomó al sistema de justicia de Guatemala agotar todas las fases del proceso penal, de este emblemático caso.

Además, esta investigación fue el parteaguas de decenas de casos revelados de estructuras criminales que operaban en el Estado guatemalteco.

Sin embargo, siete años después más de una decena de fiscales que investigaron este tipo de casos de corrupción han tenido que salir al exilio por presiones y persecución penal en su contra.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que investigó este caso, fue reestructurada y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal que Estados Unidos sancionó quitándole la visa, acusado de fabricar casos contra operadores de justicia.

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Incluso el Juez Miguel Ángel Gálvez quien envió a juicio al expresidente Pérez Molina, renunció a su cargo y se refugió fuera de Guatemala a inicios de noviembre de este año.

Después de que los 29 acusados sean escuchados por el tribunal, la jueza Valdez notificará la fecha en la que dará a conocer si Pérez Molina y compañía son sentenciados o absueltos.

Un día después de que el exjuez Miguel Ángel Gálvez anunciara su renuncia desde el exilio, el Organismo Judicial (OJ) comunicó este miércoles 16 de noviembre que su dimisión fue aceptada y que la plaza para dirigir el Juzgado de Mayor Riesgo “B” salió a convocatoria.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinó aceptar la renuncia de Gálvez, quien la noche del pasado martes durante una entrevista con la cadena CNN en Español se declaró oficialmente en el exilio, pues asegura que en Guatemala no hay garantías para regresar.

“En relación a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, se confirma que fue aceptada. También se ha ordenado sacar la plaza a convocatoria”, dice un mensaje de texto enviado por Esquivel.

Gálvez, quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, renunció el martes pasado denunciando falta de independencia judicial en Guatemala.

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“El día de hoy (martes) presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal”, dijo Gálvez en un video difundido en la red social Twitter.

Gálvez salió a inicios de noviembre a Costa Rica a un foro, pero se desconoce su paradero y según ha confirmado el jurista se quedó en el extranjero, aunque el destino exacto se desconoce.

El juez enfrentaba un proceso para despojarlo de su inmunidad a petición de una organización que lo acusa de ordenar “detenciones ilegales” de militares retirados.

“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde”, afirmó Gálvez, quien desde 2016 cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.

Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.

El Ministerio Público (MP) ha negado en varias oportunidades los señalamientos que hacen los exjueces y exfiscales que han salido del país y señala que es obligación constitucional que la Fiscalía investigue todas las denuncias interpuestas.

“El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo recientemente la Fiscalía.

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“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.

El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada y sin su presencia porque fue diagnosticado de demencia y otras enfermedades.

El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.

Gálvez en su mensaje hizo un llamado a la población guatemalteca para que se organice y no le roben “las posibilidades de una justicia que añoramos”.

Con información de AFP

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, renunció a su cargo el pasado martes 15 de noviembre, días después de haber abandonado el país en medio de un proceso en su contra que buscaba quitarle la inmunidad para así ser investigado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de cuatro delitos.

La salida de Gálvez del país se confirmó el 5 de noviembre pasado, luego que él mismo denunciara que es víctima de persecución a consecuencia de sus fallos judiciales.

Este 16 de noviembre, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), emitió un comunicado para respaldar el trabajo del juez Gálvez, quien está en Costa Rica a donde había ido durante su período vacacional.

La AGJI, dijo que “manifiesta su respaldo al juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar, fundador de esta asociación, en su decisión de renunciar a la judicatura y salir del país , por los ataques en su contra y la imposibilidad de continuar ejerciendo la judicatura en Guatemala”, se lee en el documento.

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Añade que dicha asociación refrenda su compromiso por la defensa de la independencia y la integridad judicial.

Comunicado AGJI 11-2022.

La AGJI manifiesta su apoyo a Miguel Ángel Gálvez Aguilar @Miguelgalvezag

https://t.co/tg4koQUwIC pic.twitter.com/pjVPQmZfWz

— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) November 16, 2022

Por su parte, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), publicó también este 16 de noviembre un comunicado en el que “Manifesta su enorme preocupación al observar el rápido y grave deterioro del sistema de justicia en Guatemala. El uso del derecho penal para criminalizar operadores de justicia es un ataque directo al Estado de derecho, sobre todo cuando no se garantizan las condiciones mínimas del debido proceso”.

Afirma que las instituciones que deberían ser las primeras garantes y protectoras de la independencia judicial son las mismas que facilitan la estrategia de criminalización que afecta a personas en lo particular, pero genera un efecto intimidatorio en jueces y juezas en el cumplimiento de sus funciones.

Lea además: Los casos de alto impacto que conoció Miguel Ángel Gálvez y que marcaron su trayectoria como juez

“La renuncia de Miguel Ángel Gálvez, juez de carrera de reconocida trayectoria a nivel internacional y nacional, es clara evidencia del desgaste del Estado de derecho y retrocesos del sistema democrático”, se lee en el documento.

La organización reiteró  “su respaldo a juezas y jueces independientes, como el juez Miguel Ángel Gálvez, lamentando su renuncia, consecuencia de ataques sistemáticos en su contra”.

La @FECAJUD respecto a la renuncia del Juez Miguel Ángel Gálvez @Miguelgalvezag

Comunicado 09/22: https://t.co/ArGHr6E7BF pic.twitter.com/RMb78qvk2u

— FECAJUD (@FECAJUD) November 16, 2022

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Desde Costa Rica, Gálvez explica a Prensa Libre y Guatevisión, las razones que lo llevaron a presentar su renuncia.

Gálvez menciona que no existen condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El juez Miguel Ángel Gálvez abandonó el país y renunció a su cargo luego de haber denunciado ser víctima de persecución por sus resoluciones en casos de alto impacto, sumándose a una amplia lista de funcionarios y jueces anticorrupción que están en el exilio.

Gálvez, quien denunció amenazas tras ordenar enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”, por un crimen de lesa humanidad que ocurrió en los años 1980, confirmó su renuncia en un video que publicó en sus redes sociales. Horas después le confirmó a la cadena CNN en Español que se considera un exiliado más.

Recordó que durante su carrera como juez conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos del conflicto armado.

“Conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de ellos, especialmente a las audiencias y las resoluciones”, dijo Gálvez.

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“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, advirtió Gálvez en su mensaje.

El mensaje se da luego que el juez denunciara ataques, hostigación e incluso persecuciones ilegales. Amenazas que aseguró, se intensificaron tras ordenar en mayo de 2022, que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos de tortura, asesinato y desaparición forzada entre 1983 y 1985.

Denuncia amenazas

Gálvez, reiteró en varias ocasiones que consideraba vulnerable su derecho de defensa por múltiples procesos en su contra. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, negó que existiera una persecución contra operadores de justicia y aseguró que seguía una “ruta objetiva e imparcial”.

El juez cobró notoriedad en 2013 por enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada, al ser diagnosticado de demencia y otros padecimientos.

Casos de alto impacto designados al juez Miguel Ángel Gálvez

Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Gálvez conoció diversos casos de alto impacto.

• Diario Militar

Los militares que Gálvez ligó a proceso y envió a juicio a exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar”. Están acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno.

A raíz de la decisión de enviarlos a juicio, Gálvez denunció que existía una campaña de desprestigio en su contra. Justo cuando se solicitó el retiro de antejuicio promovido por el MP, por una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo.

• La Línea

El juez Gálvez también envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción por el caso La Línea. La fase final del proceso judicial está próximo a iniciar y la sentencia podría dictarse en los primeros días del 2023. 

• Cooptación del Estado

El caso surgió del caso La Línea. Según la investigación, Pérez Molina y Baldetti, junto con exfuncionarios de su gobierno, acordaron adjudicar contratos a determinadas empresas a cambio del pago de comisiones ilícitas.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, declaró como colaborador eficaz por este caso y reveló la trama en que se acordaron los tratos ilícitos.

Monzón dijo que en su caso se le nombró “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”.

Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Tras diversas acciones legales que frenaron el avance del proceso penal, el caso entraría a la etapa intermedia.

• Sepur Zarco

En junio de 2015, el juez Gálvez aceptó las pruebas presentadas por el caso Sepur Zarco, marcado por la violencia sexual durante el conflicto armado que enfrentaron 15 mujeres Q’qchi’. El juez envió el expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo para que llevara el debido proceso.

El juicio finalizó en febrero de 2016 dictando una sentencia condenatoria.

¿Cómo nacieron los juzgados de Mayor Riesgo?

Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019 en Guatemala. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.

Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, para conocer los delitos como crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción. 

Miguel Ángel Gálvez renunció este martes 15 de noviembre al cargo de juez de Primera Instancia Penal, días después de que abandonara el país en medio de un proceso en el que se buscaba retirarle la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de cuatro delitos.

La salida de Gálvez del país se confirmó el sábado 5 de noviembre, luego de que el extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” denunciará ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

“Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala!”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal, (…) durante el tiempo trabajado en el Organismo Judicial (OJ) conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado y lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado, y durante el tiempo que conocí los proceso traté de transparentarlos”, dijo en un video publicado en Twitter el ex juez Gálvez, quien no reveló en dónde se encuentra.

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Agregó que “en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizado los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”.

“Durante el tiempo que he laborado (en el OJ) se ha cumplido con todas las garantías y voy a estar a la expectativa de todo lo que está pasando en Guatemala para que podamos vivir el anhelo de justicia”, agregó el profesional.

Además, dijo que solicita “al pueblo de Guatemala que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos”.

“No había entendido que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, concluyó Gálvez.

De momento el OJ no ha confirmado la renuncia de Gálvez.

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Garantías

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó el día que se confirmó la salida de Gálvez del país que el Estado de Guatemala que debía garantizar la seguridad del ahora exjuez de mayor riesgo, quien salió del país el 4 de noviembre por una persecución penal en su contra.

“El Estado debe proteger la integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez y su independencia judicial”, recordó en esa oportunidad la CIDH en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La CIDH explicó que Gálvez fue beneficiado con medidas cautelares desde 2016 debido a amenazas en su contra.

Gálvez, de 64 años, fue acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.

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Los militares que Gálvez envió a juicio son nueve exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Gálvez, que durante 20 años de carrera judicial ha condenado a militares, corruptos, pandilleros y narcotraficantes, advirtió en reiteradas ocasiones que consideraba que se estaba vulnerando el derecho de defensa en el proceso en su contra.

Además, en 2015 fue el encargado de procesar por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien podría recibir una sentencia condenatoria en un caso de defraudación aduanera este año.

Durante 2022, la CIDH entregó un informe donde asegura que “existen graves injerencias sistemáticas contra la independencia judicial del país centroamericano”.

Gálvez es el segundo juez anticorrupción que sale de Guatemala en medio de una persecución penal en su contra en 2022, junto a la jueza Erika Aifán, quien era titular del juzgado de mayor riesgo “D”.

Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala! pic.twitter.com/EVj2ttUa1M

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 15, 2022

El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, informó este sábado 5 de noviembre que se encuentra fuera del país; aunque, el viernes 4, había indicado que permanecía en Guatemala, mientras autoridades de Migración informaron sobre su salida.

Gálvez, quien goza de un periodo de vacaciones desde el 2 de noviembre, no detalló los motivos de su salida ni el lugar donde se encuentra.

El viernes último, se tenía programada una audiencia en la que presentaría pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, pero fue su abogado, Herbert Pérez, quien entregó la información ante la Sala Segunda de Apelaciones.

El proceso contra Gálvez es promovido por la referida fundación que lo señala de “haber abusado de la prisión provisional” durante su labor de juez en el caso Diario Militar, en el que el Ministerio Público señala a exmandos del Ejército de haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1982 y 1986.

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Gálvez y su defensor indicaron que se esperaba que la referida audiencia fuera pública para garantizar la transparencia del proceso; sin embargo, señalaron que se dictó una resolución que aduce que “la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

El juez pesquisidor del proceso de antejuicio contra Gálvez es Roaldo Chávez.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, aseguró Gálvez en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que la salida de Gálvez se registró a las 6 horas del viernes último; mientras, su abogado defensor, Herbert Pérez, indicó que su representado “puede viajar a donde quiera como cualquier ciudadano” y que goza de un periodo vacacional.

La salida de Gálvez al extranjero toma relevancia debido a que ha denunciado ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

Al ser consultado sobre si en algún momento se exiliaría, indicó que debía analizarlo.

Este martes 4 de octubre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, entregó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un memorial en el que se detalla la ratificación de las medidas de protección urgentes a su favor.

Gálvez informó por medio del memorial respecto de la protección, esto con la finalidad de que los magistrados conozcan sin excusa alguna la resolución.

Las medidas de resguardo para el juez también incluyen a su familia. En la ratificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que Gálvez está en peligro y el juez asegura que hay persecución judicial en su contra por su labor.

El juez afirmó que según la resolución que entregó, el relator hace referencia de que Guatemala “debe dejar inmediatamente de abusar de la ley”.

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También dejar de acosar a los jueces, quienes deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil y penal.

Añadió que en 2021 y 2022, la CIDH constató la injerencia sistemática contra la independencia del sistema de justicia y advirtió sobre la intensificación de la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia.

Añadió que la Comisión recomendó proteger a los operadores de justicia contra ataques de intimidación, amenazas y hostigamiento e investigar quienes lo cometen.

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El 19 de septiembre recién pasado, mediante una teleconferencia  el juez  Miguel Ángel Gálvez y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

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La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

Mediante una teleconferencia este lunes 19 de septiembre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

“El último proceso de Mauricio López Bonilla que fue procesado dentro de lo que el Ministerio Público lo denominó Cooptación del Estado fue detenido el 11 de junio de 2016 e inicié la audiencia con 56 sindicados y se realizó la audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencia -del Juzgado- no cabían, allí estaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se inició el día hábil siguiente el 13 de junio, día lunes. Luego de iniciarse la audiencia de forma ininterrumpida el día 27 de junio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva”, explicó Gálvez.

El juez luego señaló que “la resolución del 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al responder el antejuicio planteado ya que únicamente le es permitido hacer referencia al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional”.

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La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

“El juez prevaricador a sabiendas de que este es el único acto por medio del cual una persona ingresa a un centro de detención decidió arrogarse facultades legislativas y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación por virtud de la cual no escuchó a las personas sindicadas, no escuchó a los abogados y, violentando los más elementales derechos de un ser humano decide remitirlos a prisión provisional”, criticó Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.

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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio recién pasado a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

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Denunció amenazas a su función

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

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En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidad Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, participó este lunes 5 de septiembre en una reunión virtual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde se abordó la situación de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en Guatemala.

La exposición de Gálvez se centró sobre el riesgo que corre el estado de Derecho y la independencia judicial, así como el hostigamiento a jueces de tribunales de mayor riesgo, especialmente por procesos relacionados con conflicto armado y crimen organizado.

El 6 de mayo de 2022, el juez Gálvez dictó un fallo judicial que ordenaba enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar, por su presunta participación y responsabilidad de cometer delitos de lesa humanidad entre los años 1983 y 1985, hechos que afectaron a 183 personas.

Luego de la resolución Gálvez Aguilar denunció ser víctima de constante hostigamiento y acusaciones.

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“Estamos siendo perseguidos por grupos que buscan ganar impunidad en el país”, dijo Gálvez ante el Parlamento Europeo, a quien le expuso que el sistema de justicia de Guatemala actúa de forma concertada con esos grupos y que “los jueces independientes estamos desprotegidos”.

También expuso que en Guatemala se perdió la separación de poderes y “prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político”.

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Respecto al retraso en el cambio de cortes en Guatemala, señaló que eso ha provocado un desgaste en la administración de justicia porque no hay garantías para que jueces ejerzan justicia independiente.

“El poder político de turno llegó a tomar todas las instituciones, especialmente el Organismo Judicial (OJ), que va para 4 años sin plazo constitucional, porque los diputados no han podido elegir magistrados”, dijo Gálvez.

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Gálvez concluyó su participación con tres solicitudes al Parlamento Europeo: que se conceda audiencia a operadores de justicia en Guatemala para “escuchar de primera mano la grave crisis de la administración de justicia”, que una delegación del Parlamento visite Guatemala para que “vean los riesgos que enfrentan los operadores de justicia” y que “se exhorte al Estado a que cumpla con obligaciones internacionales en materia de independencia judicial”.

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, se presentó este martes 28 de junio a la Corte de Constitucionalidad para interponer una acción de amparo por un antejuicio en su contra.

“Después de 23 años, nunca había venido a este lugar y menos acompañado de un abogado. No pensé que iba a tener la necesidad de hacerlo; lamentablemente la necesidad y momentos que estamos viviendo me hace necesario ejercer parte de mis derechos de defensa”, indicó el juez Gálvez al presentar papelería en la Alta Corte.

El 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a un procedimiento de solicitud de inmunidad requerido por la Fundación contra el Terrorismo, interpuesto el 11 de mayo.

La Fundación contra el Terrorismo señala al juez de haber cometido el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal”.

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“Como ciudadano, abogado y juez confío en el Derecho y se está interponiendo un procedimiento de amparo, en virtud de que no compartimos el criterio de la Corte al haberle dado trámite a un procedimiento de antejuicio en mi contra”, indicó el juez Gálvez este martes.

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“Siempre he pensado que no solo en estas resoluciones sino en todas las solicitudes y memoriales se tienen que revisar requisitos de forma y fondo. Se tiene que exigir, para darle trámite a un procedimiento de amparo unos requisitos mínimos de razonabilidad, que hagan pensar fundadamente en que si el interponente le asiste el Derecho”, indicó Gálvez respecto a los señalamientos.

“En el presente caso, considero que fue muy apresurado el darle trámite a un procedimiento de estos y no se exigió ni se preguntó si yo llevaba los procesos”, añadió.

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Gálvez ha indicado en anteriores entrevistas a medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas que se han incrementado desde que envió a juicio a nueve exmilitares y expolicías señalados de asesinatos durante el conflicto armado interno.

Seis años después de que Juan Carlos Monzón Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, se convirtiera en colaborador eficaz -en abril de 2016 ratificaron convenios- del Ministerio Público (MP) en el caso La Línea y Cooptación del Estado, las impugnaciones por esos acuerdos estaban resueltos.

Sin embargo, este jueves 23 de junio, en una audiencia de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, en la que la que se cumpliría lo consensuado y se optaría por el procedimiento abreviado, la La Fiscalía contra la Corrupción (Feci) se ausentó y se informó que sometieron a análisis la legalidad de los convenios.

Con la inasistencia de los fiscales de Feci a la audiencia, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le explicó a Alexis Calderón, abogado de Monzón, que se debía resolver la situación en otra audiencia con la presencia de los fiscales.

Monzón en la audiencia esperaba optar al beneficio acordado con la Feci del procedimiento abreviado, figura en la que aceptaría cargos como asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo, lavado de dinero y abuso de autoridad -sindicado en ambos casos-, con el beneficio de la anulación de la pena y no purgaría prisión.

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Según se informó, el titular de la Feci, Rafael Curruchiche, solicitó los informes del caso La Línea y Cooptación del Estado en los que está vinculado Monzón, así como los convenios de colaboración eficaz, que se firmaron en 2016, para tener una opinión de la fiscal general Consuelo Porras, quien podría determinar -de manera unilateral- si se anulan o no.

Calderón dijo en la audiencia de este día que solicitaba que se emplazara al MP a que cumpla con los acuerdos de colaboración eficaz que se firmaron oportunamente y a que se cumpla con el punto quinto de sendos acuerdos de colaboración que es gestionar la vía del procedimiento abreviado, tal y como se planteó.

Dijo que, de lo contrario, en una audiencia donde se presenten estos actos conclusivos de apertura a juicio, el MP solicitaría que Monzón vaya a juicio por delitos que se les se les imputa, pero esos ya fueron resueltos en un acuerdo de colaboración, en un convenio en que se acordó con el MP la forma en que se iba a resolver la situación jurídica del exsecretario de Baldetti.

Calderón dijo que dichos acuerdos fueron puestos a disposición para que fueran homologados y que el juzgado nada ha tenido que ver en estos acuerdos, sino simplemente homologar lo que se llevó a cabo de su oportunidad por el MP, los cuales fueron impugnados y confirmados en una sede jurisdiccional y que, por lo tanto, lo único que tiene que hacer el MP es cumplir con dichos acuerdos.

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El abogado pidió que se resolviera conforme a derecho en el sentido de emplazar al MP a efecto de que se presente a la audiencia que para el efecto se señale y se cumpla con lo firmado oportunamente para resolver la situación jurídica del señor Juan Carlos Monzón.

El abogado de la Procuraduría General de la Nación  que se presentó a la audiencia, le dijo al juez Gálvez que es razonable que el fiscal que se encuentra ahora al frente de esa fiscalía – José Rafael Curruchiche- quiera imponerse a las situaciones que han derivado en los temas de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y que en ese sentido es viable la petición que hace la fiscal en cuanto a acatar ese oficio que le ha sido remitido por su superior jerárquico y asumir la postura que crean conveniente.

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En qué situación quedaría Monzón

Los convenios que permitieron a Monzón ser el colaborador eficaz permitieron que, por medio de su testimonio en el comienzo del caso La Línea, se revelaran siete casos más de corrupción que relacionaron a funcionarios, políticos y empresarios.

Las autoridades, con la declaración del exsecretario de Baldetti -que duró cuatro días en 2018- en las primeras fases de los casos, detuvieron a 57 personas.

Algunas fuentes consultadas sobre el caso de Monzón dijeron que si a este le anulan los convenios de colaboración eficaz y se decide enviarlo a juicio quedaría pendiente de resolver esa situación e incluso si es que finalmente se cambia de juez, puesto que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

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Este proceso podría significar que Gálvez sea separado de su cargo mientras solventa su situación jurídica en donde es señalado por el delito de prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal.

Dijeron que una eventual cancelación de los convenios de colaboración de Monzón podría originar una orden de captura y que aunque el exsecretario de Baldetti está en extranjero tendría que estar huyendo de país en país y algún día la Interpol pudiera atraparlo y enviarlo a Guatemala.

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Por otro lado, el análisis al que ha sometido el MP estos acuerdos de colaboración eficaz buscarían anular los relatos de Monzón y tendrían efectos en los casos Cooptación del Estado, TCQ, la Coperacha, Aceros de Guatemala, Bufete de la Impunidad, Plazas RIC y Redes.

Los siete casos, que podrían ser alterados en caso se anule la versión de Monzón, se encuentran en etapa intermedia.

Caso reciente

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió este martes 21 de junio anular el convenio de colaboración eficaz firmado con el exdiputado Édgar Cristiani.

El exparlamentario había aportado información valiosa que vinculaba a exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP) en actos de corrupción.

La solicitud fue planteada ante el Juzgado A de Mayor Riesgo.

Cristiani había dado información clave para los casos Caja de Pagos RIC y Plazas en el Congreso de la República, entre otros.

Ahora, la sede del Ministerio Público en Barrio Gerona busca que no sea tomado en cuenta en esas investigaciones, pese a que los convenios ya fueron autorizados por un juez y están vigentes.

Édgar Cristiani fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota en 2015 y 2016. 

En el caso de Plazas del Congreso se investiga el hecho de que varias que personas contratadas no asistían a sus labores y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas entre el 2014 y el 2016.

El cardenal Álvaro Ramazzini se reunió este lunes 20 de junio   con el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez.

La conversación se dio en la sala de audiencias del juzgado, donde Gálvez le mostró un folder con imágenes de ataques en redes sociales.

Ramazzini dijo que ciudadanos que quieren apoyar al juez han decidido hacer público el apoyo y han firmado un documento.

Añadió que esto que sucede causa una desconfianza “enorme en la administración de la justicia en el modo cómo se está realizando, en quiénes lo están haciendo y entonces se puede cumplir aquel dicho de hoy por él, mañana por nosotros, es decir, entramos en una especie de círculo en el que nadie va a estar libre”.

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Agregó: “Porque si están tocando a personas honorables como el juez Miguel Ángel Gálvez con una trayectoria de más de 23 años de servicio, qué no pueden hacer con el ciudadano común”.

Ramazzini mencionó que otras personas sufren también lo que el juez está sufriendo y nadie dice nada por ellas, porque no tienen los medios para hacerlo.

Dijo que esta situación “mina no solo la confianza, sino la realidad de un sistema jurídico que se aplique de manera imparcial, objetiva y éticamente responsable, porque el tema es también moral, porque el que dice mentiras, está actuando inmoralmente”.

“Hoy estamos aquí diciendo juez estamos con usted”, resaltó.

Hizo referencia de una cita bíblica de cuando llevaban a Jesús en el camino de la cruz y el Señor se paró delante de las mujeres que lo miraban y les dijo: “miren, si esto están haciendo con el árbol verde, qué no harán con el árbol seco”.

“Es decir, si esto están haciendo con un juez que ha ejercido su función tal como lo decimos aquí, durante tantos años, qué podemos esperar nosotros los ciudadanos de a pie. Nos van a involucrar en procesos en donde no va a haber ningún fundamento, nadie va a tener ya confianza en la administración de justicia en este país, mejor dicho, ya no tenemos confianza delante de hechos que estamos viendo”, señaló.

Cuando le preguntaron de que no hay derecho de defensa en Guatemala y estado de derecho y que muchos de los que están detrás probablemente son católicos, Ramazzini dijo que se debe ser coherente con lo que se cree y recordó una frase de San Juan Pablo Segundo cuando vino a Guatemala y esta decía “que ya no haya separación entre fe y obras”.

Añadió que se dan cuenta de la gran incoherencia que hay entre decir “yo soy cristiano y digo mentiras, yo soy cristiano y engaño, es decir, es una incoherencia increíble”.

El cardenal Álvaro Ramazzini señala que el juez Miguel Ángel Gálvez está siendo criminalizado por la "Corte Suprema de Justicia de facto" y en general por "el Estado de Guatemala". pic.twitter.com/q8NePzkF9p

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 20, 2022

Resaltó que si aquí en Guatemala nos atreviéramos todavía a decir que somos 98% de cristianos, “siendo obispo yo diría no creo en eso porque tenemos una fe que no se concretiza en obras, es decir un cristiano autentico tiene que seguir el ejemplo de Jesucristo, y Jesucristo no estuvo a favor de la mentira, no estuvo a favor del daño de los demás, no estuvo a favor de las injusticias. Tenemos en este país un cristianismo muy suave que se vende al mejor postor y en la ocasión que le sea dada”.

Qué dijo el juez Gálvez

Mientras que el juez Gálvez dijo que en los momentos que se viven en el caso de él, son “momentos bastantes difíciles porque es una campaña de criminalización sistemática, constante,  y no solo criminalización, sino tratar incluso hasta de la vida privada de la persona”.

Agregó: “Es increíble, es inconcebible cómo yo pongo de conocimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de un memorial y le digo que necesito que me proteja en la independencia judicial porque he estado sujeto no solo a presiones de determinadas personas, sino que me están limitando en ese ejercicio”.

Dijo que es inconcebible que a él no le conteste la CSJ, pero sí  a la persona que puso el conocimiento ante la Corte y que lo está limitando, esto en relación con el trámite a las diligencias de antejuicio.

“El problema de nosotros es, que nosotros como jueces no quedamos bien con todas las partes, eso es así y siempre hay inconformidad y eso es normal”, afirmó.

Indicó que los pronunciamientos es normal por la libertad de expresión, pero el problema es cuando la persona presenta la denuncia, “me empiezan a seguir, empiezan la redes a ponerse en movimiento, empiezan una campaña a partir del día lunes, una campaña bastante grosera, incluso metiéndose hasta con la vida personal.

Dijo que mostró algunos tuits de páginas de militares en donde uno dice: “porque no pagan a un sicario justiciero para terminar a Gálvez”.

Indicó que ha tratado de que se comprenda en qué consiste la administración de justicia.

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Agregó que le llama la atención la campaña sistemática, incluso, el compromiso de un “personaje” de decir que atrasen los procesos porque él garantiza que Gálvez ya no va a seguir dentro del Juzgado correspondiente.

Señaló que da la impresión de que todas las instituciones las tienen ordenadas y hacen lo que una o dos personas quieren que se haga.

Ejercerá su derecho de defensa “con no muy buena confianza”.

Añadió que está consiente hasta que la juez pesquisidora diga que no procede levantarle el antejuicio y que la CSJ no obstante lo haga.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, lamentó también  este lunes que se quiera “criminalizar” al juez  de Alto Riesgo Miguel Ángel Gálvez.

Rodas expresó su respaldo a Gálvez y resaltó que ha llevado casos de alto impacto, como el del Diario Militar.

#AHORA | El cardenal Álvaro Ramazzini se reúne en estos momentos con el juez de Mayor Riesgo "B", Miguel Ángel Gálvez.
La conversación se da en la sala de audiencias del Juzgado.
Gálvez le muestra un folder con imágenes de ataques en redes sociales. pic.twitter.com/c7BoAa4InM

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 20, 2022

“Todos los que conocen de Derecho saben que Gálvez ha sido pieza fundamental en la justicia guatemalteca”, enfatizó Rodas.

El 15 de junio recién pasado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Integrantes de varias organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para mostrarle su apoyo al juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, debido a que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad a solicitud de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.

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Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.

El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.

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Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.

Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.

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“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas,  por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.

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Solidaridad

El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.

Respaldo a jueces

La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.

Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.

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“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.

Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.

Situación preocupante

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.

Recordó que activistas y defensores de derechos  humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.

Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.

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Quieren sacar a los jueces

Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.

“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.

Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.

“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.

Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.

“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.

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Persecución jurídica y política

Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.

Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.

Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

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Denuncio amenazas a su función

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

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En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidades Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.

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A la pregunta de que si ¿podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez? Respondió: “claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

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Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

Ciudadanos y activistas que integran un movimiento de apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez brindaron una conferencia de prensa en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y confirmaron que Luciano Colorado, el hombre que fue ultimado el miércoles último en el Anillo Periférico, zona 3; estaba vinculado a la organización.

según los activistas, Luciano estaba en el lugar del ataque porque invitaba a personas del asentamiento El Incienso a participar en la manifestación a favor del juez Gálvez del viernes.

Los miembros del movimiento, entre ellos la exdiputada Sandra Morán, conformaron que Colorado llevaba playeras para regalar a las personas que se integrarían a la manifestación, cuando fue ultimado, asimismo piden una investigación del caso porque no descartan sea una amenaza para el resto de los simpatizantes del juez Gálvez.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó recientemente los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a 9 exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes por el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles “los que vive” y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

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La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a 9 exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

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Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

Con información de EFE

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, Solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le otorguen medidas de protección y garantías a su independencia judicial luego que ha recibido amenazas y coacciones luego de enviar a juicio a implicados en el caso denominado Diario Militar.

El documento que presentó el juez Gálvez, también solicita a la CSJ que se pronuncie por las acciones que se han tomado en su contra en el ejercicio de su función jurisdiccional por enviar a juicio a nueve implicados en el caso mencionado.

Hasta el momento el Organismo Judicial solo ha recibido la petición de Gálvez, la cual ingresó la mañana del 17 de mayo a Secretaría de la CSJ, pero los  magistrados primero deben conocer el documento y luego del análisis emitir un pronunciamiento.

El juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El pasado 9 de mayo, el juez Gálvez denunció que luego que el viernes 6 de mayo envió a juicio a implicados en el Diario Militar, empezó a recibir amenazas en redes sociales.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llegó a la oficina del juez Gálvez a expresarle su apoyo y el juzgador mencionó que Guatemala vive momentos difíciles y que la situación está bastante sensible, pero que ya se animaran a amenazar a un juez después de una resolución era más preocupante.

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez.

Ese día Gálvez dijo que haría del conocimiento de la CSJ las amenazas en redes.

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El 12 de mayo pasado, en una publicación de Prensa Libre, el juez señaló que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), estuvo presente en la audiencia en la cual se resolvió enviar a juicio a nueve personas en el caso Diario Militar, en el cual se documenta la desaparición de 183 guatemaltecos contrarios al régimen militar durante el conflicto armado interno.

Qué amenazas son y de dónde vienen

Consultado el procurador Jordán Rodas, el pasado 9 de mayo, sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana.

Apoyo al juez

El 10 de mayo, pasado la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión de enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Dicha asociación también manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el estado de Derecho.

El 17 de mayo pasado, varias organizaciones internacionales solicitaron al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que tome medidas de protección para el juez Gálvez.

En la cuenta de Twitter de Due Procces of Law Foundation (DPLF), o Fundación para el Debido Proceso, se publicó un comunicado en donde ellos y las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights y Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York y Washington D. C., pedían dichas medidas de protección.

Ese día, también varias organizaciones civiles de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraban su respaldo al juez Gálvez e invitaban a una marcha el próximo 20 de mayo a las 10 horas frente al Ministerio Público.

Los representantes de las organizaciones informaron que el “Pacto de Corruptos”, ha cooptado la totalidad de instituciones del Estado y ha emprendido una campaña de criminalización hacia el juez Gálvez y más de 20 operadores de justicia en Guatemala, que han sido encarcelados, procesados o están en el exilio.

Hace un año, Amnistía Internacional firmaba un comunicado advirtiendo del riesgo que enfrentaba la independencia judicial con la criminalización de jueces y otros operadores de justicia.

“Observamos con preocupación que estas prácticas parecen constituir un patrón en el cual el Ministerio Público da trámite sin más a denuncias penales y administrativas manifiestamente infundadas o improcedentes”, señalaba la organización.

Ahora, y luego de las declaraciones públicas del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, de nuevo Amnistía Internacional insiste en el riesgo que existe para la democracia y el estado de Derecho mientras no se garantice la independencia judicial.

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Adeline Neau, investigadora en Amnistía Internacional habló con Prensa Libre y recordó que ya se le solicitó al propio Ministerio Público que cree mecanismos funcionales que permitan reconocer casos espurios y no se judicialicen, porque atentan contra el trabajo independiente de los jueces; el hacerlo, por el contrario, podría hacer cómplices a las instituciones de los grupos que ejercen presión y amenazas a los jueces.

¿Cómo ve Amnistía Internacional los ataques e intimidaciones denunciadas públicamente por jueces como Miguel Ángel Gálvez?

Los ataques a la independencia de jueces son muy graves para Amnistía Internacional. Los jueces deben poder hacer su trabajo sin amenazas ni presiones y tener todo el apoyo en caso de que haya ataques y amenazas, digitales como las hemos visto, así como amenazas de muerte, y hay un deber de investigar del Ministerio Público de estos ataques.

¿Se deben abrir investigaciones de oficio a partir de los temores planteados por jueces?

Es fundamental que se investiguen todos los ataques, porque es un tipo de presión que están sufriendo y pueden vulnerar su independencia. Los jueces deben hacer su trabajo sin presión y sin miedo a represalias, y si están sucediendo, se deben investigar para encontrar quiénes son las personas detrás, porque se amenaza todo el sistema de justicia y de derechos humanos cuando se ataca a un juez o una jueza.

También hay denuncias a jueces y operadores de justicia. ¿Estas también deben tener un proceso distinto para no darle trámite a acusaciones sin fundamento?

En el caso de Guatemala, es interesante, porque deben existir mecanismos para denunciar las acciones de un juez. El problema en Guatemala es que no solo se sigue el proceso normal, porque en el proceso penal se pueden tomar acciones si no se está de acuerdo con el criterio del juez o la jueza. El problema en Guatemala es que se distorsiona el uso de mecanismos legales para convertirlos en herramientas de impunidad y se vuelven herramientas de acoso, represalias, y vemos cómo ciertos sectores comienzan acciones en paralelo a acciones que se están llevando contrarias a sus intereses.

Muchos ataques en contra de jueces y operadores de justicia se sostienen con una carga ideológica. ¿Cómo entender esta variable?

En relación con la supuesta ideología, no sé qué tanto es de izquierda o derecha, lo cierto es que el trabajo de esos operadores de justicia que ahora son criminalizados ha tocado intereses, han tocado elementos consolidados de grupos que han operado de manera impune, al margen de la ley, o violando el Derecho Internacional y los tratados ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos; entonces, más allá de izquierda o derecha, lo que generan estos ataques tan intensos a los operadores de justicia que han aportado, que han contribuido significativamente en atacar la impunidad, en devolver la justicia, de alguna manera, en atacar los hilos, los nudos de la corrupción y de la impunidad son los casos y el tipo de casos que no se había logrado antes.

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Estamos a la espera de que se nombre al nuevo fiscal general. ¿Cómo se ve el futuro de Guatemala en el sector judicial y qué debería esperarse de un nuevo fiscal?

Vemos con mucha preocupación los escenarios actuales en donde se encuentra la justicia en Guatemala.

Vemos fundamental que las autoridades reaccionen. Estoy hablando tanto del Organismo Judicial como del Ministerio Público, para garantizar la independencia judicial y la Fiscalía General, porque el problema que hemos visto antes es que se distorsiona el uso de mecanismos legales. El problema que hemos visto en Guatemala es que las instituciones se han quedado como pasivas, incluso como cómplices, participando de la persecución contra los operadores de justicia.

Yo creo que para garantizar que los operadores de justicia puedan hacer sus actividades sin ninguna presión, también incluye que el Organismo Judicial y el Ministerio Público salgan públicamente a defender la independencia judicial cuando está bajo ataque, que reconozca la labor de los jueces, porque si no hay independencia, no hay derechos humanos, no hay contrapoder, no hay fiscalización, se abre la puerta a más impunidad y más corrupción, que afectan los derechos humanos.

Yo creo que a las autoridades les debería preocupar el estado en que se encuentra la justicia, y que cuando hay señalamientos de que hay amenazas de muerte o vía digital y que hay usuarios anónimos en redes sociales operando detrás, debería haber una reacción por parte de las instituciones, y que no sean los operadores de justicia que denuncien esto los que tengan que salir del país para resguardar su vida.

Como pedido adicional, debe cesar el hostigamiento del uso individual del derecho penal hacia los operadores de justicia y cerrar los casos cuando sean manifiestamente improcedentes.

¿Cuando dice que las instituciones se vuelven cómplices, es por no abrir investigaciones de oficio o el no darle el apoyo directo y más seguridad a los jueces que estén denunciando amenazas?

Al no brindarles seguridad, al no pronunciarse para exigir un alto a la criminalización y dejar que avancen estos procesos, incluso participar del mismo procesamiento, se pueden volver cómplices.

¿En Amnistía Internacional ya han hecho recomendaciones directas a Guatemala para manejar la criminalización de jueces y operadores de justicia?

Sí, hemos hecho una recomendación a Guatemala, en particular al Ministerio Público, a la fiscal general, para reconocer cuando se trata de un caso de criminalización. En este caso, el contexto es muy importante, saber en qué marco sucede la denuncia y cruzar información para ver qué tanto están repetidos los fenómenos, para entender si estamos hablando de una denuncia espuria.

Albio Sires, representante de Nueva Jersey en el Congreso de EE. UU., mostró preocupación por las amenazas que ha sufrido el juez Miguel Ángel Gálvez e instó al Gobierno de Guatemala que garantice su protección para que pueda continuar con su labor.

“El juez Miguel Ángel Gálvez busca justicia para las víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. Pido al gobierno guatemalteco que lo proteja para asegurar que pueda seguir con este trabajo crucial a la luz de las amenazas contra su vida”, escribió el congresista Sires en su cuenta de Twitter.

El mensaje del congresista fue acompañado de una nota de prensa en la que se describe el hostigamiento del cual ha sido víctima el juzgador, quien ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto.

El juez Gálvez fue víctima de amenazas tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a nueve militares y policías en condición de retiro por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes pasado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Además, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por Gálvez. “Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve militares y policías retirados por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

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Los crímenes documentados en el Caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

Judge Miguel Ángel Gálvez is seeking justice for victims who were tortured, disappeared, and extrajudicially killed. I call on the Guatemalan gov to provide increased protection to ensure that he can continue this crucial work. https://t.co/sXr0OmiVtB

— Albio Sires (@RepSires) May 13, 2022

Con información de EFE