La mina Cerro Blanco, con licencia de operación subterránea desde 2007, solicitó en 2021 cambiar su método de extracción de minería subterránea a una de cielo abierto o de superficie, tipo cantera, para lo cual presentó la documentación fundamentada en estudios ambientales.

Según Santiago Correa, gerente senior de Mina Cerro Blanco, esta modalidad permitirá un aprovechamiento más eficiente de los minerales existentes, con lo que la empresa espera atraer una mayor inversión, para promover la creación de nuevos empleos y el desarrollo económico de Asunción Mita, municipio de Jutiapa en el que se encuentra ubicada la mina. Además, destaca que el cambio ofrecerá condiciones de trabajo más seguras, así como una planificación y control minero simplificados.

La importancia de estudios ambientales

El entrevistado explica que los estudios ambientales realizados por la mina Cerro Blanco fueron cruciales para obtener la actualización del plan de gestión ambiental que permitirá la transición a minería de superficie.

Estos incluyeron la definición de unidades de manejo ambiental específicas, que identificaron áreas para la conservación y el manejo durante todas las fases del proyecto. Además, se establecieron líneas base exhaustivas mediante la evaluación detallada de la calidad del agua y se realizaron estudios de biodiversidad locales, así como patrones de uso del suelo.

Es importante resaltar que se analizaron rigurosamente los impactos ambientales potenciales, y se abordaron preocupaciones como la pérdida de cobertura vegetal, generación de residuos mineros y cambios en los sistemas hidrológicos.

Paralelamente, se llevaron a cabo evaluaciones de impacto social para comprender cómo la operación minera podría influir en las comunidades locales en términos de empleo, infraestructura y calidad de vida.

Estos estudios detallados, presentados al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2021, forman parte de un trámite de actualización establecido por el MARN fundamentado en los artículos 39 y 40 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA).

Oportunidad de desarrollo

Por último, Correa asegura que entre los beneficios destacados del cambio a minería a cielo abierto o de superficie se encuentran la optimización de recursos minerales, una mayor eficiencia operativa y potenciales mejoras en los estándares ambientales mediante tecnologías modernas de gestión. La actualización de la licencia ambiental, concedida el 9 de enero de 2024, subraya un paso significativo hacia la implementación de este método de extracción.

La transición de Cerro Blanco a minería de superficie plantea importantes oportunidades económicas y desafíos ambientales que requieren un cuidadoso equilibrio entre el desarrollo industrial y la conservación ambiental, así como la necesidad de un diálogo continuo con las comunidades locales y supervisión regulatoria.

Incertidumbre en el MARN

En junio pasado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) resolvió que la Mina Cerro Blanco debía presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, dejando el proyecto en pausa. La empresa representante de la mina, Elevar Resources, presentó un recurso indicando que esa actuación del MARN es improcedente. Además, el estudio de actualización fue preparado por una firma consultora de prestigio registrada ante el MARN y contó con el respaldo de firmas internacionales, excediendo los términos de referencia que soportan cada impacto evaluado, por lo tanto, se analizan otras alternativas legales.

Las características técnicas, sociales y económicas del yacimiento minero Cerro Blanco motivaron a Elevar Resources a crear “un proyecto de talla mundial con elementos de sostenibilidad que lo harían único en América Latina, por sus prácticas y por su potencial autosuficiencia energética”, indicó Juan Pablo Polanco, gerente de país para dicha compañía minera.

Tras un proceso de socialización en la comunidad de Asunción Mita, donde se ubica el proyecto minero, “la relación con la comunidad ha sido muy positiva y ha expresado su interés en que en el municipio existan oportunidades de trabajo formal”, comentó Polanco.

El proceso de actualización de licencia ambiental

Para llevar a cabo dicho proyecto fue necesario realizar “un análisis riguroso de los resultados de la exploración, la evaluación del modelo geológico y de los aspectos técnicos, de seguridad industrial, gestión ambiental e impacto social”, explicó Polanco.

Para ello se realizaron evaluaciones a lo interno de la empresa por parte de expertos multidisciplinarios nacionales e internacionales. Como resultado “se consideró realizar un cambio en el método de explotación, lo cual está en sintonía con los lineamientos establecidos por la ley y la Constitución Política de la República de maximizar los beneficios que genera el mineral. Esto manteniendo el resto de los procesos unitarios de procesamiento y manejo de relaves bajo el mismo esquema aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental de 2007”, declaró el gerente de país de Elevar Resources.

Los planes se presentaron ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en abril de 2021. La respuesta por parte del MARN fue que procedía una Actualización del Plan de Gestión Ambiental y extendió los términos de referencia a seguir. Con base en dichas directrices, se preparó el instrumento ambiental durante ocho meses, excediendo en contenido los términos de referencia. Este instrumento fue presentado al ministerio indicado en noviembre de 2021.

No obstante, el proceso se alargó y tomó 26 meses, durante los cuales profesionales del MARN y del MEM realizaron visitas al proyecto y emitieron su opinión favorable. “Elevar Resources trabajó de manera diligente y transparente en este proceso de evaluación, que de acuerdo con el Reglamento del MARN para la evaluación de instrumentos ambientales, no debió haber excedido los nueve meses”, agregó Polanco.

Inversión y beneficios en riesgo

Respecto a denuncias interpuestas por el MARN al Ministerio Púbico (MP) por supuestas irregularidades en la aprobación de actualización a la licencia ambiental de esta compañía, Polanco indicó que dichas acusaciones “han sido interpuestas a lo interno del ente regulador y nunca contra Cerro Blanco y/o Elevar Resources. La empresa hizo todas las gestiones por los canales institucionales para solicitar información sobre el estado del expediente y su autorización; nunca se realizaron acciones impropias o fuera del marco regulatorio nacional ni internacional”.

Como referencia a su política de transparencia, el alto directivo indica que “Elevar Resources es una subsidiaria de Bluestone Resources, empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto, Canadá y en el NYSE de Estados Unidos, y por lo tanto está supeditada al Anticorruption ACT de ambos países, y todas sus operaciones están sujetas a las leyes de transparencia, cumplimiento y leyes anticorrupción de los países donde tiene presencia”.

No obstante, el atraso significativo en la actualización de la licencia ambiental “impactó fuertemente la confianza de los inversionistas internacionales”, señaló Polanco. De verse interrumpidas las operaciones en Cerro Blanco, el país podría perder beneficios como la generación de empleo, pago de impuestos y regalías superiores a US$700 millones durante la vida útil del proyecto. Esto significaría unos US$160 millones anuales en pago de salarios, proveedores y suministros locales.

El aporte más valioso de dicho proyecto es “brindar oportunidades de desarrollo a familias que tienen opciones limitadas. En los 14 años de la etapa de producción, se generarán aproximadamente 500 empleos fijos, lo cual se traduce en más de 2,500 empleos indirectos. Y en la etapa de construcción, que dura los primeros dos años, se generarán al menos 1,000 empleos directos, con beneficios como seguros médicos y de vida”, concluyó Polanco.

Prácticas sostenibles y cuidado del agua

El proyecto minero Cerro Blanco busca integrar elementos de sostenibilidad en todos sus aspectos. La gestión de agua, por ejemplo, única en su tipo en Guatemala, está diseñada para cumplir no solo con los requerimientos locales, sino también con normas canadienses y guías ambientales de la Corporación Financiera Internacional, parte del Banco Mundial.

La compañía tiene el propósito de utilizar energía geotérmica para el desarrollo del proyecto minero. “Esto hará que Cerro Blanco sea considerado un proyecto energéticamente autosostenible y de carbono neutral”, comentó Juan Pablo Polanco, gerente de país de Elevar Resources.

El cambio en el método de explotación también ha contemplado innovaciones tecnológicas, como la construcción de una planta de tratamiento de aguas de alta tecnología para prevenir el impacto en la calidad del agua y no generará desabastecimientos de fuentes que surten a las comunidades locales.

El proyecto no tendrá una represa de colas como muchas veces se ha mencionado erróneamente, sino que serán relaves secos que minimizan considerablemente los riesgos en el manejo de agua.

“En este encuentro, la canciller de la República también externo la alta preocupación de nuestro Gobierno con respecto al proyecto de la mina Cerro Blanco. Además, manifestó que elevará el diálogo bilateral, priorizando el bienestar de los salvadoreños”, indicó la Cancillería en un comunicado y en la red social X.

Agregó que Hill “solicitó crear una comisión técnica binacional y potenciar el diálogo bilateral alrededor de este tema, con el objetivo de garantizar el bienestar de los salvadoreños”.

La empresa canadiense Bluestone Resources Inc. informó el 18 de enero pasado que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala autorizó el cambio de mina subterránea a mina de cielo abierto, lo que afectaría el cauce del río Lempa, el más importante de El Salvador y limítrofe con Guatemala.

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Indicó que el Ministerio de Energías y Minas “también ha actualizado, mediante resolución, la licencia minera aprobada del proyecto para reflejar la modificación del permiso ambiental y el cambio al método de minería a cielo abierto”.

Según la empresa, este proyecto producirá 2.6 millones de onzas de oro durante la vida útil, planificada inicialmente para 14 años.

En febrero de 2013, el entonces presidente Mauricio Funes anunció la creación de una comisión que analizaría el eventual impacto de una mina de oro en el lago Güija y el río Lempa.

El río Lempa es el más largo de Centroamérica con una longitud de 422 kilómetros, su cuenca abarca a Guatemala, Honduras y El Salvador y es utilizado principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica.

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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la época, Oscar Luna, y grupos ambientalistas locales pedían acciones al Gobierno salvadoreño para evitar la contaminación de fuentes de agua.

Se desconoce hasta la fecha los resultados de dicha comisión y de la solicitud que hizo Luna en su momento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpusiera sus buenos oficios para prevenir los impactos ambientales en aguas salvadoreñas.

El proyecto de la mina de oro Cerro Blanco se encuentra en Jutiapa, cerca de la frontera con El Salvador.