Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Comunidades de Lívingston bloquearon la ruta CA-13 durante tres días en rechazo a proyectos mineros. El MARN se comprometió a entregar el 30 de julio un informe sobre 10 licencias ambientales, el MEM indicó que los proyectos aún no tienen licencia de operación y detalla de cuáles se trata.

Rosa María Bolaños, Andrea Domínguez y Óscar García

19 de junio de 2025 | 05:10h

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Los manifestantes han colocado toldos y troncos sobre la carretera para impedir la movilidad, los pobladores piden la cancelación de licencias autorizadas para la actividad minera en ese municipio. (Foto Prensa Libre: Joseph Domínguez).

Tras tres días de bloqueos en un tramo carretero en Izabal, del 16 al 18 de junio, y varias horas de diálogo entre autoridades y líderes comunitarios este miércoles, se tomaron diversas decisiones.

Los pobladores se oponen a varios proyectos mineros, por lo que mantuvieron bloqueado el paso durante tres días en el kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, aldea San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal.

Las medidas de hecho se extendieron al área comercial. El miércoles 18 de junio, medios locales informaron que grupos de manifestantes se desplazaron por calles del municipio para obligar al cierre de negocios como medida de protesta. Según videos divulgados desde Río Dulce, fueron cerrados varios comercios, y un grupo de manifestantes, algunos portando bates, verificaban que los comerciantes cerraran sus locales.

La comunidad expresó su malestar porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no llegó el lunes a una mesa de diálogo. Algunos manifestantes afirmaron que, por ello, decidieron tomar medidas de hecho, mientras otros se quejaban de no poder abrir sus negocios.

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En una reunión efectuada por la tarde en la sede de la subalcaldía de Río Dulce, el MARN se comprometió a entregar, en seis semanas (el 30 de julio próximo), el informe de las inspecciones realizadas a 10 proyectos mineros ubicados en el área boscosa de Lívingston. Según el ministerio, a estos proyectos se les otorgó licencia ambiental durante 2023, cuando aún ejercía la administración anterior.

Los líderes comunitarios solicitaron que las autoridades del MARN lleguen ese día a Río Dulce para presentarles el informe. Indicaron que podrían levantar el bloqueo el miércoles, pero hasta horas de la noche este continuaba. En esa sesión, expresaron que seguirán oponiéndose a la minería, y que, si la resolución no les es favorable, efectuarán manifestaciones permanentes a partir la fecha de la entrega de dicho informe.

Las autoridades informaron que entregarán el informe, que podrá ser consultado en la alcaldía y en las oficinas centrales del MARN. Sobre su presencia en Río Dulce,  el 30 de julio, explicaron que analizarán la posibilidad si se les garantiza su seguridad, esto lo expresaron antes de que se dieran los disturbios al final de la tarde noche.

Durante la reunión, el ambiente se tornó tenso. Los comunitarios pedían conocer el contenido de las resoluciones de las inspecciones, pero se les explicó que el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, quien participó en la reunión por parte del MARN, no podía emitir opiniones ni anticiparlas, ya que se podría afectar el proceso. Las autoridades, por su parte, pedían el compromiso de desbloquear la vía. Los comunitarios expresaron que podrían hacerlo para respetar el debido proceso, mientras que representantes de la corporación municipal ofrecieron trabajar en conversar con las comunidades para lograr el desbloqueo. Tras unas tres horas y media de reunión, se firmó un acta. Aunque el bloqueo aún continuó por la noche.

Inspección

El MARN informó el 16 de junio, en un comunicado, que en abril funcionarios de esa institución asistieron a una citación con diputados distritales de Izabal para escuchar a representantes de 53 comunidades de Lívingston, preocupados por el impacto ambiental de la actividad minera en la Sierra Santa Cruz, fuente de agua para la zona. El ministerio indicó que se comprometió a inspeccionar los 10 proyectos mineros, de los cuales dos son de explotación y ocho de exploración. Estos recibieron licencia ambiental en 2023, pero aún no tienen licencia de operación del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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El MARN detalló que las inspecciones concluyeron el 15 de mayo y que el 16 de junio envió los informes a todas las partes interesadas, mientras que el viceministerio está analizándolos hallazgos.

Por la noche el ministerio emitió un boletín indicando que en la reunión de este miércoles la institución volvió a informar a las comunidades que, como resultado de los hallazgos de las inspecciones ambientales realizadas, el proceso administrativo continúa su curso en estricto cumplimiento de la normativa ambiental, y lo cual requiere agotar todos los pasos que establece la ley. Agregó que en aras de la transparencia el ministerio se comprometió con las comunidades a informar de los resultados del proceso administrativo el 30 de julio.

Durante la tarde se mencionó que ya se había presentado una denuncia contra una empresa, aunque no se detalló.

Estatus de los proyectos

Según el MEM, los 10 proyectos son: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia, Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III, Tzultaka IV y Coatepeque I. De estos, cinco son solicitados por Río Nickel, S. A., y uno por Nichromet Guatemala (también de Río Nickel, S. A. según se indicó en las respuestas). Estas empresas tienen otras solicitudes en trámite, pero no operan, añadió el Ministerio de Energía. Otros cuatro proyectos son de Producciones del Atlántico, S. A., indicaron.

Julio Luna, director de Minería del MEM, explicó que ya se aprobó el plan de trabajo y el polígono donde se desarrollará la actividad. El MARN otorgó las licencias ambientales en 2023. Actualmente, el MEM continúa con el proceso de revisión a través de la Unidad de Gestión Socioambiental (UGSA) y posteriormente se efectuará la consulta a los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT.

De las 10 solicitudes, ocho son de exploración y dos de explotación, pero el MEM no ha otorgado licencias mineras, explicó. Luna advirtió que no puede haber extracción de material sin esa licencia porque constituiría explotación ilegal.

El MEM no ha recibido del MARN información sobre las inspecciones. Según Luna, el MEM fue invitado a una mesa de diálogo, pero no asistió porque esperaba respuesta del MARN, que analiza las licencias ambientales por posibles inconsistencias y considera revocarlas.

Hasta el miércoles, el MARN no ha revocado las licencias ambientales, si lo hace lo que procede es que se informe al MEM, y luego este tendría que detener los procesos y cancelar las solicitudes, explicó Luna.

El director de Minería indicó que se espera un entorno propicio para implementar una mesa técnica.

Respecto a las manifestaciones, Luna lamentó la desinformación solicitando la cancelación de licencias mineras, ya que ninguna ha sido otorgada y aún están en trámite.

Ambos ministerios enfrentan presión por los posibles permisos y nuevas protestas si no hay resultados favorables para los comunitarios.

Otros impactos

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó los bloqueos, que afectan a la industria, educación, comercio y a la ciudadanía. Señaló que estos repercuten en los costos de la cadena productiva y encarecen los productos de la canasta básica.

Mientras que la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), indicó que los bloqueos interrumpen la logística, en este caso en el corredor nororiental que es clave para la conexión con la Franja Transversal del Norte y Petén.

Impactos específicos:

• Miles de camiones de carga detenidos, con filas de hasta 5 kilómetros.
• Riesgo de desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en comunidades rurales.
• Pérdidas económicas por entregas incumplidas, cancelaciones y productos perecederos deteriorados.

Productos más afectados:

• Alimentos perecederos (frutas, verduras, lácteos, pescados).
• Víveres y productos básicos.
• Materiales de construcción, insumos agrícolas y bienes de consumo general.

Negocios más afectados:

• Tiendas y pequeños comercios en Río Dulce y Livingston.
• Mercados y abarroterías, con escasez y alza de precios.
• Empresas de transporte y logística.
• Turismo y servicios asociados (hoteles, restaurantes, farmacias).

Sector minero

La Gremial de Recursos Naturales de Minas y Canteras (Grenat) respondió que Río Nickel, es una empresa socia de dicha organización, pero que no opera actualmente y está en trámite de permisos. La Gremial pidió respeto a los derechos de las personas y a la gobernanza, y solicitó que se investigue la causa real del conflicto en la zona y que se respeten los derechos humanos y la legislación nacional.

𝐄𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚: pic.twitter.com/yvMeUbjPLD

— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) June 19, 2025

En contexto

El bloqueo comenzó el 16 de junio, en rechazo a proyectos mineros en Lívingston. Medios locales mostraron imágenes de largas filas de transporte pesado. Manifestantes colocaron toldos y troncos para impedir el paso y exigieron la cancelación de licencias mineras.

También se cerraron comercios. En videos se observa a manifestantes, algunos con bates, verificando cierres. Hoteles, restaurantes y farmacias operan con normalidad.

Comerciantes afirman que la situación es tensa y que algunos negocios están cerrados desde el lunes 16. No pueden abastecerse de víveres debido al bloqueo.

Algunos manifestantes indicaron que buscan diálogo con el MARN para proteger los nacimientos de agua en la Sierra Santa Cruz. Advirtieron que, si no son escuchados, podrían ampliar las medidas a otros tramos carreteros.

Energía y Minas

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Luis Pacheco, viceministro del MEM, detalla avances en consultas comunitarias y estrategias para efectuar procesos previos

El viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Luis Pacheco, da a conocer el estatus de las consultas comunitarias que están en desarrollo para proyectos mineros y de energía y la labor que prevén llevar a cabo respecto de nuevos proyectos.

Rosa María Bolaños

27 de marzo de 2025 | 00:10h

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El MEM tiene en desarrollo cuatro consultas comunitarias, tres de estas por campos de minería y uno por electricidad, pero aún falta varios procesos por finalizar. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Luis Pacheco asumió el cargo en agosto del 2024, cuatro meses después de la destitución el funcionario anterior, sin embargo, fue hasta el presente mes que atendió la solicitud y conversó con Prensa Libre. En el extracto de la entrevista explica los procesos de consulta comunitaria que se están efectuando y la labor respecto a nuevos proyectos.

También, habló sobre la conflictividad social, que persiste y que es muy difícil establecer un cronograma, pero afirma tener buena comunicación con cada comunidad, sin embargo, afirmó que ha sido un poco difícil retomar esa confianza por los daños que distintos gobiernos han causado a las poblaciones.

¿Cuántas consultas comunitarias tienen en proceso?

Se tienen los procesos con sentencia la de San Juan Cotzal (Quiché), San José Nacahuil (municipio de San Pedro Ayampuc en Guatemala), el del Parlamento Xinca (Santa Rosa) y uno en Izabal.

¿En qué fase se encuentran?

En temas de conflictividad no podemos hablar de tiempos porque esto depende bastante de las comunidades indígenas, las sentencias son también basadas en el Convenio 169 que claramente establece que se deben de respetar los usos y costumbres de cada pueblo.

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Sin embargo, se está logrando avanzar con las reuniones y retomando poco a poco la confianza.

En el caso de la consulta de San Juan Cotzal ya nos presentaron una propuesta las autoridades indígenas, estamos tratando de avanzar con el cronograma de actividades.  

Con sentencia tenemos la consulta solo para las torres y las líneas de transmisión, donde la encargada es la empresa Transnova. Palo Viejo es la generadora hidroeléctrica de Enel.

Hay que hacer énfasis que Guatemala no tiene el mecanismo para llevar a cabo una consulta sin sentencia.

Dentro de la actual gestión vamos a implementar lo que se refiere a las consultas previas, porque las que ya se están llevando a cabo son consultas por sentencias, por lo tanto, se deben analizar los riesgos que conlleva cuando ya la empresa está trabajando y no se ha realizado la consulta.

¿Cuál es la situación de la consulta en San José Nacahuil?

En San José Nacahuil, por el proyecto de explotación minera Progreso Derivada VII, hemos mantenido diálogos con las autoridades indígenas que corresponden. Este año llevamos dos reuniones.

Esperamos tener el cronograma de actividades para entrar a la preconsulta. El Estado lleva propuestas (de fechas), pero las autoridades indígenas van a brindarnos los tiempos y las formas en que ellos llevarán la información a las comunidades y la toma de decisión.

En el tema de conflictividad social es muy difícil tener tiempos y establecer el momento, pero con cada una hemos tenido buena comunicación, ha sido un poco difícil retomar esa confianza por los daños que distintos gobiernos han causado a las comunidades.

¿Cómo avanza el proceso para la consulta por el proyecto El Escobal?

Con el Parlamento Xinca estamos avanzando, es una de las consultas que ya lleva bastante tiempo. Ahora ellos están en el traslado de información a las comunidades, y hemos avanzado en un 75% en esta consulta.

Seguimos con los diálogos, a la espera de que nos brinden el resultado de esa etapa y a partir de ahí esperamos tener más clara la ruta.

¿En cuánto tiempo podría finalizar este proceso?

Un cronograma como tal no lo tenemos. En Guatemala todas las comunidades indígenas tienen su propia forma de trasladar información y de toma de decisiones, por lo que se vuelve complejo poder dar un tiempo estipulado. Nos gustaría que este año logremos culminarlo.

A veces se dan tiempos, pero no son reales porque hay comunidades, y no hablo específicamente de Santa Rosa sino de muchas comunidades, en donde la decisión no la toman en una sola asamblea, sino en dos o tres reuniones.

El tema de conflictividad es difícil, el convenio 169 (de la OIT), que es una de las bases fundamentales, establece claramente que el Estado debe de respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

¿Qué proyecto se está consultando en Izabal?

Es en El Estor, Izabal. Tenemos que llevar a cabo una consulta en (Agua Caliente) Lote 9 y mesas de diálogo (relacionadas al proyecto) Fénix. La sentencia únicamente nos indica el Lote 9, pero al estar en el área, otras comunidades dicen que son afectadas y que se les integre. Al Estado se le vuelve complejo porque cuando hay una sentencia, esta nos da ese parámetro para actuar.

¿Para las consultas previas se está definiendo alguna metodología?

Cuando tomé posesión nos dimos cuenta de que las consultas ahorita se han hecho solo por sentencia.

Un mecanismo como tal es difícil de proponer porque, cómo identificar a los líderes que van a estar dentro de esta consulta, o quiénes son dueños de las tierras. Hay muchas fincas que les han cedido terrenos a muchas familias, entonces hay un conflicto de intereses porque luego llega el dueño y dice que solo les ha prestado el terreno y por qué les tienen que consultar.

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Hay muchos temas que surgen en campo, pero por lo menos se está tratando de implementar algo que es necesario para no llegar a los amparos.

Hay un espacio donde se le ha determinado errónea o equívocamente minería no metálica, (segmento) de donde nos llegan expedientes para hacer la revisión de cada documento, ya formamos un grupo donde hay una ingeniera ambiental, un abogado y un antropólogo, quienes salen a visita de campo para determinar las comunidades indígenas.

Luego le damos la información a la Dirección de Minería si fuera un tema de explotación minera, y le informamos que identificamos a comunidades indígenas y recomendamos hacer la consulta.

Entonces ellos nos deberán indicar que hagamos la consulta. Muchas veces se habla con quien propone el proyecto y se le indica que es necesario hacer la consulta para evitar un desgaste a futuro, tanto para el Estado como para el empresario, de esta manera estamos tratando de implementar las consultas previas. No hemos tenido la oportunidad de iniciar una, desconocemos las implicaciones que vamos a encontrar.

¿Esto es para minería no metálica?

Sí, minería no metálica, son temas de areneras, poma, materiales para construcción, entre otros.

¿Para las metálicas también se va a establecer un proceso de consulta previa o ya existe?

Un proceso como tal no lo tenemos, pero va a ser lo mismo. Debemos tener el procedimiento de la identificación de pueblos indígenas y a partir de ahí la consulta, esto es para todo. Es lo que se tendría que haber hecho desde mucho antes para evitarnos un desgaste a como está (en la actualidad).

¿El proceso se va a derivar del convenio 169?

Sí, es el que regula y establece los procesos de consulta.

La Constitución habla de los derechos y de los pueblos indígenas, pero no establece una consulta como tal, entonces el 169 es la norma jurídica que está contribuyendo a que logremos llevar a cabo las consultas.

¿Para ello van a crear un reglamento o un manual?

Un manual para llevar las pautas generales para consultas sí, pero una reglamentación no.

Reglamentar el convenio es imposible en Guatemala por la diversidad de culturas que hay. Tener las pautas para llevar a cabo las consultas es muy distinto porque se basa en las sentencias, la jurisprudencia, convenio internacional, en experiencias de otros países, pero son pautas generales. Las pautas muy particulares de cada comunidad, es otra situación, porque en la toma de decisión incluso influyen las fechas, hay pueblos indígenas que indican que verán el calendario maya, otras refieren que sería una fecha de un domingo.

¿Hay nuevas solicitudes para de proyectos para las que deban hacer consulta previa?

Como viceministerio de Desarrollo Sostenible hemos identificado cuatro. Esperamos poder tener esa experiencia con esas cuatro que todavía están en proceso, no es de que ya se inicie.

¿Cuántas son mineras o hidroeléctricas?

Las cuatro son mineras.

¿De algún material específico?

Para construcción.

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¿Cuándo podrán implementar la consulta previa?

Esperaría que a mediados de este año ya tengamos la primera experiencia. Pero todo es un proceso porque también se necesita antes el trabajo de campo, la inspección.

El área de afectación también es compleja porque dependiendo del tipo de proyectos así va a ser el área.

Para las consultas previas ¿ya elaboraron el documento para ver los pasos y el procedimiento?

Internamente ya tenemos un manual de procedimientos básicos para la consulta y un manual para reconocimiento de pueblos indígenas, estos son básicos porque ya en el campo surgen diferentes situaciones.

El procedimiento para reconocimiento de pueblos indígenas lo implementamos ahora. El de las pautas para llevar a cabo las consultas ya se tenía un documento anterior y se comparó con ideas que dieron profesionales indígenas que conocen bastante del tema. Eso es lo que ayuda a tener una inclusión diversa en las instituciones porque se ven diferentes puntos de vista.

Cuando inició este gobierno se dio a conocer que trabajarían en una moratoria minera. ¿En este momento se está en moratoria minera?

No. Hubo una propuesta, que quedó en propuesta. Ahorita moratoria minera todavía no la tenemos.

El interés era tenerla para contar con los plazos necesarios para ir mitigando estos problemas.

Luego de haber presidido Los 48 Cantones ¿cuál fue el proceso para llegar a este cargo, pasó un procedimiento, se le invitó a participar como funcionario en este gobierno?

Recibí la convocatoria, así como todos. Salió una convocatoria por el presidente (de la República) a las autoridades indígenas. Fueron cinco pueblos los que me pidieron que los represente.

Bajo esos términos empecé y presenté la papelería a la Secretaría General y esperé los procesos. No hubo una invitación directa del gobierno, logré llenar los requisitos.

Puede ser que también el respaldo de estos pueblos, que en su momento, me apoyaron, logró hacer que yo también esté acá, pero, sí se tuvieron que llenar los requisitos que se establecen.

Este espacio (cargo) es de mucho diálogo, es de mucho entendimiento de los pueblos indígenas, mucha comprensión de cómo se toman las decisiones. Parte de ello fue esa capacidad que lograron determinar en mi persona en base a los procesos anteriores que habíamos tenido.

La relación de este vicedespacho es tanto con autoridades indígenas como con empresarios y con comunidad internacional. Entonces hay que saber comunicarse con cada uno y asimilar las propuestas, porque acá vienen empresarios en donde nos exigen que nos apuremos con las consultas, pero no podemos apurarnos; vienen las comunidades y nos dicen que “ustedes nos están imponiendo”, pero no imponemos sino tenemos resoluciones que nos mandatan a hacer cosas; y viene la comunidad internacional y nos pregunta qué está pasando con los procesos de consultas.

Entonces, tenemos que buscar el camino para que vean que estamos haciendo el trabajo y la función, pero que muchas cosas no dependen solo del ministerio.

¿En este momento cuál es su relación con los 48 cantones y con el sector empresarial?

Con ambos es una relación laboral. Como lo hizo 48 Cantones en su manifiesto su autonomía se mantiene, siempre se ha mantenido esa autonomía entre Estado y autoridades indígenas y esa se respeta. Yo soy de Totonicapán, pero ya no represento a las autoridades (de 48 Cantones). Esto no quiere decir que no tengamos comunicación, en cualquier momento podemos tener un diálogo.

Con los empresarios de la misma manera. La atención y el servicio como funcionario público es para todos, tanto como para empresarios como para comunidades indígenas. La comunicación es general y se mantiene para todos.

Nota del editor: El primer párrafo de esta nota fue editado a las 9.30 am, consignando el año correcto en que asumió el viceministro en el año cargo.

¿Qué es la moratoria para la minería metálica? Comisión de Energía dictaminó a favor una nueva propuesta por cinco años

De tres iniciativas que existen en el Congreso para declarar una moratoria minera, la Comisión de Energía y Minas, de ese organismo, emitió dictamen favorable integrado para dos de ellas.

Rosa María Bolaños

8 de octubre de 2024 | 05:00h

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Ponentes ven la moratoria como una posibilidad de ordenar actividades mineras, pero sector lo ve como una amenaza a las inversiones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Con la integración de la iniciativa 6049 presentada por diputados de Semilla en el 2022, y la 6335 propuesta por la bancada VOS en el 2024, la Comisión de Energía y Minas dictaminó a favor de una moratoria de minería metálica por cinco años.

La primera, la proponía por el plazo de 10 años; y la segunda por 3 años. La nueva propuesta integrada incluye seis artículos y deberá ser conocida en el pleno del Legislativo, mientras que la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció en contra.

El presidente de la Comisión mencionada Orlando Blanco, y diputado de VOS, considera que es un tiempo prudente ya que esa moratoria se plantea como un plazo para ordenar las actividades de exploración y extracción minera en el país.

Explicó que está enfocada a la minería metálica, que incluye la explotación de recursos no renovables entre ellos minerales preciosos o de mayor costo, que en el caso de Guatemala incluye: oro, plata y níquel, entre otros.

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Sin embargo, no se contempla moratoria a la minería no metálica que incluye los materiales de construcción. Además, no tiene carácter retroactivo, es decir, las licencias actuales no se verían perjudicadas, agregó el parlamentario.

La idea es que se pueda ordenar por parte de Guatemala todo el tema de minería porque hay mucho desorden, y además que el pago de las regalías es muy bajo, refirió.

Banco de datos

Blanco, agregó que es indispensable que se genere un banco de datos en el que como Estado se pueda tener un inventario de minerales y metales que existen en el suelo y subsuelo y diseñar una política de explotación de esos recursos de forma sostenible, y que se logre consenso para la aprobación de una ley de minería incluyendo el tema de regalías y de licencias.

Esto incluye el tema de las licencias ambientales del Ministerio de Ambiente, y el tema de las consultas comunitarias basado en la obligación de los convenios 169. 

Considera además que si ese proceso de ordenamiento pudiera llevarse en menos tiempo se podría levantar la moratoria antes del plazo en mención.

Se podría modificar plazo

Blanco indicó que tienen expectativas de lograr los votos en el pleno, pero el tema se deberá discutir. Algunos diputados dijeron que no probarían el dictamen porque consideran que es por mucho tiempo, pero el plazo se puede discutir en el pleno y si es necesario para aprobarla se podría reducir modificándolo en el pleno.

Según la propuesta en el dictamen integrado la moratoria de minería metálica es la suspensión temporal del otorgamiento de un nuevo derecho minero o prórroga de una ya existente.

Además de aprobarse así, el MEM deberá establecer en el plazo de dos años un reglamento que contenga aspectos técnicos, administrativos, medidas ambientales y programas sociales. Así como la actualización de registros mineros y de tierras raras en un plazo de tres años.

En el caso del Ministerio de Ambiente, deberá suspender la autorización o prórroga de estudios de impacto ambiental y actualizar, en el plazo de dos años, los reglamentos respectivos.

Revertiría avances

La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) se expresó en contra de esa iniciativa y dictamen.

Cita que el país logró que la agencia Standard & Poor’s confirmara (en abril 2024) la calificación de riesgo BB para Guatemala, con una mejora en la perspectiva, aspecto que refleja la confianza en la estabilidad financiera.

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Sin embargo, Grenat añade que la iniciativa de moratoria minera presentada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas amenaza con revertir estos avances, afecta los derechos adquiridos y proyecta la imagen de Guatemala como un país poco serio para la inversión extranjera.

En cifras la gremial señala que el sector atrajo capitales de más de US$3 mil millones para la construcción de la infraestructura necesaria para la operación de los proyectos mineros que durante el período 2014 a 2016 representaron 1.3% del producto interno bruto (PIB), se crearon unos 35 mil empleos, y generó una huella económica de Q20 mil millones con contribución Estado con más de Q600 millones en regalías e impuestos.

“A nivel mundial, la minería ha sido clave en el desarrollo de países como Canadá, Chile, Noruega, China, Brasil, México, Colombia, República Dominicana, Australia, Suecia, Alemania, Reino Unido, impulsando su crecimiento industrial y económico. Guatemala puede seguir ese camino si se promueven políticas responsables de aprovechamiento de los recursos naturales”, añadió la gremial en un comunicado emitido el 7 de octubre.

Planes oficiales

Desde enero del 2024, funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicaron que implementarían una moratoria minera de entre dos a tres años. El fin era ordenar la actividad y lograr en ese tiempo establecer leyes mineras, separando los dos tipos como la metálica y la no metálica.  

Posteriormente Ventura dijo que no había necesidad de enviar una iniciativa al Congreso porque ya existían varias, y en una conferencia junto al presidente Bernardo Arévalo, ambos funcionarios dijeron que podría ser mediante un acuerdo gubernativo, aspecto que no se ha concretado.

Actualmente, hay cuatro mineras metálicas suspendidas por diferentes motivos. Para una la Corte de Constitucionalidad ordenó en 2018 que el Estado tiene que efectuar consultas comunitarias cuya obligación establece el convenio 169 de la OIT. En otro caso, le falta su consulta. Por último, dos más que pidieron suspensión de operaciones luego de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y las cuales lograron salir de esa lista este año.

Industria Extractiva

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“Las licencias mineras están vigentes y activas”: Directivos de Pronico y CGN explican cuándo podrán comenzar operaciones

Los directivos aseguraron que no tienen ningún inconveniente en operar, hacer extracción o movimiento de material.

Rosa María Bolaños

9 de septiembre de 2024 | 05:00h

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CGN (minera) y Pronico (procesadora), están instaladas en El Estor, Izabal. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Compañía Procesadora de Níquel (Pronico)  y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se aprestan a retomar operaciones, después de que en enero último la Oficina de Bienes Extranjeros (Ofac), del Departamento de Estado de Estados Unidos, les retirara las sanciones emitidas a finales del 2022, y de que la procesadora obtuviera sus credenciales para exportar en agosto de este año.

Marco Aceituno, presidente de CGN y Pronico,  y Denys Shevchenko, director de Operaciones de Solway Investment Group, se refieren a cómo será la reactivación de las operaciones.

¿Cuál es la situación actual y qué les hace falta para empezar a operar?

Aceituno: Las licencias son de dos tipos y en cada empresa es diferente.

CGN tiene dos licencias mineras de extracción en Izabal, y en la actualidad aún no tiene sus credenciales de exportación; fueron solicitadas en noviembre y diciembre del 2022.

¿Las dos licencias están vigentes?

Aceituno: El estatus de las licencias mineras está vigente,  activo, son licencias otorgadas por 25 años prorrogables por 25 años adicionales. La de Fénix fue otorgada en el 2006 y la de Niquegua Montúfar en el 2013. Todavía tienen varios años para continuar vigentes.

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¿Pueden operar o tienen algún aviso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para no hacerlo?

Aceituno: No tenemos ningún inconveniente, podemos operar, hacer la extracción, incluso hacer el movimiento —de material—, ya sea hacia la planta de proceso o hacia el puerto, pero sin la credencial de exportación de mineral de mena de níquel no se puede exportar. Es decir podemos extraer, pero no podemos venderla al mercado internacional. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no rechaza la consulta efectuada en el 2021. Por ende, el proceso sigue vigente y por esa razón nuestra licencia de extracción minera de Fénix, también.

¿Qué hace falta para obtener la credencial de exportación?

Aceituno: Ya no hace falta nada, solo la decisión del MEM del otorgamiento. Pero ellos dicen que están haciendo una revisión, es la primera vez que sucede eso, porque en anteriores ocasiones se cumplía la fase de trámites y la otorgaban.

Shevchenko: Pero no es algo que están haciendo solo con CGN. El MEM también está revisando todos los proyectos de níquel del país para, como dicen ellos, mejorar procedimientos, control y fiscalización.

¿Cómo será la reactivación de operaciones en CGN?

Shevchenko: Tenemos en almacenes mineral que ya fue extraído en el 2022 y que podría ser exportado o procesado. Lo que nos hace falta para arrancar son las credenciales de exportación de mena de mineral níquel y de hierro, y hacer las negociaciones con los compradores.

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Está pendiente una consulta comunitaria sobre el proyecto Fénix, ordenada por la CIDH en diciembre del 2023, y que debe efectuar el Estado. ¿Pueden  operar sin la consulta?

Shevchenko: Cuando reiniciemos —las operaciones de extracción— vamos a hacerlo en áreas más cerca de la planta procesadora, pero el área de esta comunidad está más lejos y en nuestro plan tenemos previsto trabajar en el lugar dentro de ocho o en 10 años. Entonces, hay bastante tiempo para que el Gobierno pueda desarrollar sus actividades y cumplir con la sentencia.

Según el MEM —por declaraciones del director de Minería—,  se debe esperar hasta llevar a cabo la consulta a la comunidad pendiente para que pueda operar el proyecto Fénix. ¿Qué opinan?

Aceituno: Tuvimos reuniones con ellos y nos indicaron que el tema puede ser paralelo.

Shevchenko:  El MEM podría pensar que no se puede trabajar en esta área donde está esa comunidad, pero tenemos otras áreas más lejanas.

Necesitan la consulta

Consultado el director de Minería del MEM, Julio Luna, confirmó que CNG tiene dos licencias mineras, Fénix y Montúfar.

No obstante, dijo que Fénix necesita completar una consulta en las comunidades específicas que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Fénix, posiblemente, no entre a operar de inmediato hasta que resuelva el tema de la consulta”, proceso que debe coordinar e iniciar el viceministerio de Desarrollo Sostenible, explicó.

Agregó que según se expuso en una reunión del MEM, dicho proyecto iba a necesitar dicha consulta y se está hablando de un plazo de cinco o seis meses.

“La licencia de CGN está vigente, pero lo más probable es que las operaciones de CGN y de Pronico van a necesitar tiempo para regularizarse y empezar a operar”, dijo.

Como CGN tiene otra   licencia denominada Montúfar, esta sí puede trabajar y aportar la materia prima para Pronico, que es la procesadora, añadió.

Gremial de minas y canteras señala que incertidumbre jurídica aleja inversiones

Ministerio de Ambiente suspendió autorización que hizo el gobierno anterior para cambio de modalidad de cielo abierto en proyecto Cerro Blanco, pero el sector minero indica que se afectan inversiones.

Rosa María Bolaños

15 de junio de 2024 | 13:10h

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El proyecto minero Cerro Blanco se ubica en Asunción Mita, Jutiapa. (Foto, Prensa Libre AFP).

Luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) suspendiera la autorización que hizo la administración anterior para que la mina Cerro Blanco cambie de modalidad de minería subterránea a cielo abierto, la Gremial del sector pide certeza jurídica para las inversiones.

Valery Zurita, directora ejecutiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), expuso que la información dada a conocer por el MARN pone de manifiesto la falta de una política definida en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables del país.

“Como Gremial demandamos a las autoridades el respeto al principio de defensa y debido proceso, así como el cumplimiento de los procesos administrativos que se han creado para este tipo de solicitudes, los cuales no pueden basarse en criterios que cambian cada 4 años”, señaló.

Además la ejecutiva expresó la preocupación del sector ya esa decisión “demuestra una falta de certeza jurídica que en este momento afecta a las inversiones en el sector minero, pero que en cualquier momento puede impactar a las demás actividades productivas del país”.

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Acerca del impacto de esta decisión, refirió que las compañías mineras, y en especial las de capital extranjero, toman este tipo de acciones muy en cuenta al momento de decidir continuar o no con sus inversiones.

“Al final es un tema de imagen de país y todas las acciones suman o restan a la certeza que un inversionista pueda tener sobre el destino en donde invertir”.

El proyecto minero Cerro Blanco ha invertido ya más de US$350 millones y tiene proyectado invertir US$600 millones más, explica la directiva de Grenat.

A criterio de la organización, también hay desconcierto en los trabajadores actuales y también en los que están a espera de un eventual inicio de operaciones, la empresa tenía una proyección de generación de empleo de 3 mil personas principalmente del área de Asunción Mita y sus alrededores.

Suspenden inversiones

La ejecutiva indicó que en el caso de las empresas que en actualidad están en Guatemala, por ahora solo tienen conocimiento de la decisión de la suspender inversiones de la firma Volcanic Gold Mines Inc. Esta indicó que han decidido suspender futuras inversiones en el país en espera de avances en los principales proyectos mineros metálicos.

En un comunicado fechado en Vancouver en mayo de 2024, dicha firma y su socio Radius Gold Inc proporcionó información sobre la conclusión de la campaña de perforación del primer paso en el Proyecto Motagua Norte en Guatemala y desarrollos recientes en el país.

Sin embargo en el mismo boletín refiere que en otros acontecimientos en Guatemala, el 12 de abril de 2024 se nombró un nuevo Ministro de Ambiente, añade que “los comentarios públicos iniciales del nuevo Ministro no fueron positivos para la exploración y el desarrollo minero en el país” y que “antes de comprometer más fondos en Guatemala, Volcanic monitoreará los dos importantes depósitos de metales preciosos cuyos desarrollos están en suspenso” mencionando el depósito de oro en Cerro Blanco y depósito de plata y plomo El Escobal, ya que además estas minas podrían emplear a miles de personas.

En el corto plazo, la compañía está evaluando oportunidades de exploración o desarrollo en otros lugares, añade el documento.

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Entre otros datos que mencionan acerca del proyecto Motagua Norte, además que Volcanic Gold Mines tiene un acuerdo de opción con Radius Gold Inc. para obtener una participación del 60% en la licencia de exploración Cirilo I y otras licencias bajo solicitud y negociación dentro del proyecto Motagua Norte, así como el Proyecto Holly donde la empresa conjunta ha establecido que hay una reserva de oro a 60 kilómetros al norte del depósito de oro Cerro Blanco.

Contexto del caso de Cerro Blanco

Cerro Blanco posee licencia para explotación de oro y plata en forma subterránea desde 2007 según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) pero en 2021 solicitó el cambio para modalidad a cielo abierto.

El cambio fue aprobado por el MEM el 9 de enero de 2024, 5 días antes del cambio de gobierno.

Sin embargo la actual ministra de Ambiente, Patricia Orantes, explicó el viernes 14 de junio que la compañía Elevar Resources, propietaria de la mina Cerro Blanco, solicitó una actualización de su licencia ambiental en 2021, y el estudio de impacto ambiental que presentó indicaba un cambio de sistema de explotación subterránea a un sistema de explotación a cielo abierto. Sin embargo, según explicó la funcionaria, la empresa aplicó a la figura de actualización, pero que esta no procedía porque el cambio de actividad implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al proyecto original.

El ministerio está solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental y presentó una denuncia adicional contra el exdirector de Gestión Ambiental por supuestas irregularidades detectadas, expuso en conferencia.

En tanto Elevar Resources rechazó las acciones tomadas por el MARN con respecto al intento de dejar sin efecto el instrumento de actualización EIA-329- 2007 para el proyecto minero Cerro Blanco y las declaraciones realizadas por la ministra, expresó la compañía.

Añade que se amenaza la certeza jurídica para los inversionistas internacionales y afecta directamente una inversión de más de US$350 millones.

Además, se reserva el derecho de recurrir a los tratados internacionales de inversión, hará uso de todos los mecanismos legales locales a su disposición para defender su inversión y derechos adquiridos, incluyendo las acciones penales por los posibles delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, entre otros, se añadió en un comunicado.

“Estas acciones son contrarias al Artículo 125 de la Constitución, no tienen fundamento técnico ni legal, y están amparadas únicamente en posibles errores administrativos que nada tienen que ver con Elevar”.

En caso de que se decida una moratoria o suspensión temporal de las licencias en trámite, aún no anticipa los plazos y el mecanismo para implementarla, pero refiere que “tiene que ser breve” ya que, aunque hay señalamientos en el tema ambiental, también se debe tomar en cuenta que los proyectos representan empleo para miles de personas.

Revisión

El funcionario dijo que harán una revisión de las últimas licencias otorgadas, y posteriormente, se revisarán los resultados de las inspecciones que se han efectuado con el fin de asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo que fueron aprobados y si se han aplicado como se fue autorizado.

Derivado de esas revisiones, se informará a donde corresponda si existiera algún tema relacionado con el medio ambiente, agregó.

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El funcionario considera importante evaluar costos y beneficios de la minería, para establecer qué tan sostenible ha sido la minería en los temas ambiental, social y económico, así como los beneficios que ha dejado al país.

“Ese es un estudio fundamental. Cuando vemos la conflictividad en este tema, que es un foco de alarma, quiere decir que algo no se está haciendo bien” dijo el ministro explicando que con ello se quiere determinar las causas de los problemas, cómo se pudieron evitar y revisar el marco legal vigente. “Creo que cada vez hay más consensos sobre esa necesidad”, indicó.

¿Moratoria minera?

Consultado acerca de si podría haber un tiempo de espera o qué se tiene previsto con las licencias que están pendientes de algún trámite, el ministro explicó que se debe revisar caso por caso, pero también tener una respuesta en poco tiempo para definir una hoja de ruta para proceder a un examen.

Y, “si así procede, revisar la minería bajo un nuevo marco o tomar incluso alguna medida más fuerte como pudiera ser, posiblemente una moratoria durante cierto período para que dé tiempo a hacer ese corte y el balance para poder transitar hacia una minería sostenible”, indicó el ministro.

“Queremos asegurarnos de que los daños y afectaciones al ambiente sean las mínimas, y en todo caso estén dentro de lo contemplado en los estudios de impacto ambiental y también que se estén cumpliendo los planes de trabajo que fueron objeto de licencia”, para lo que se solicitará el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Ley de Minería, regalías y otros factores

El otro punto mencionado por el funcionario es la revisión de la Ley de Minería.

“Creo que hay consenso en que la Ley de Minería como está, no es una ley acorde a los tiempos que vive el mundo, la sociedad y lo que necesita el país; entonces, es necesaria una revisión total” mencionando que deber revisarse desde algo tan básico como separar actividades de minería metálica y no metálica, ya que son temas diferentes.

La minería no metálica más bien está asociada a actividades nacionales desde la explotación y casi toda la cadena se queda en el país, la que es fundamental especialmente para la construcción, aunque en algunos casos también hay exportación.

Respecto a la posibilidad de revisar las regalías que están 1% y constantemente se critica que son muy bajas, Ventura comentó que al hacer una “simple comparación nos damos cuenta de que somos los más bajos y la pregunta es si efectivamente eso ha provocado una gran lluvia de inversiones”.

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Otra arista es respecto a la conflictividad que existe, expuso que se tratará de cumplir lo que le corresponde al Estado y que continúen, siempre y cuando los inversionistas hayan  cumplido lo acordado en los programas de trabajo, métodos de explotación y las medidas de mitigación contempladas en los estudios de impacto ambiental.

Necesitaría aprobación del Congreso

Una moratoria para la minería necesitaría aprobación del Organismo Legislativo, explica el consultor y exviceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiu, lo que a su consideración causa preocupación “porque pareciera que el ministro no está relacionado con las leyes y burocracia de la entidad estatal”, la cual le da lineamientos, facultades y obligaciones al MEM y a los diferentes funcionarios de la cartera, como los procesos que se deben seguir para los trámites de licencias, que no pueden solo paralizarse.

Recordó que en el gobierno de Álvaro Colom, se anunció la moratoria y considera que se puso en práctica de forma ilegal porque no se aprobó con un decreto en el Congreso. Si hoy se hace de la misma forma, sería una moratoria ilegal y se caería en incumplimiento de funciones de la cartera y los funcionarios porque no puede solo ponerse en práctica solo por medio de acuerdo ministerial o gubernativo.

“Si ellos (el nuevo gobierno) no están de acuerdo (con la forma en que se ha llevado la minería) tienen que presentar una propuesta al Congreso y pedir la aprobación de esa moratoria”.

En todo caso, refiere que la nueva administración debe enterarse de los detalles de los controles y fiscalización que se puede hacer desde el MEM por medio de la Dirección General de Minería y la Unidad de Gestión Socio Ambiental, entre otras oficinas para poder fortalecer esa labor.

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García Chiu, percibe que hay incertidumbre en el sector porque no se observa aún que el actual gobierno tenga un rumbo definido para esa actividad. Al final, agregó que “la moratoria me parece bien, si ellos creen que hay que revisar todo para verificar que la minería es beneficiosa, pero deben seguir los procedimientos de ley y el único camino es a través del Congreso de la República”.

En la actualidad, la minería metálica está casi paralizada por decisiones anteriores de la Corte de Constitucionalidad y otros entes, mientras que la de materiales de construcción está tratando de desmarcarse de la primera para evitar señalamientos, opinó.

“Afectaría la inversión y el empleo” 

Sobre el particular opinó el sector organizado en la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) por medio de su directora ejecutiva, Valery Zurita, quien indicó que las evaluaciones y auditorías ambientales son indispensables en toda actividad productiva.

Y “desde el sector minero confiamos en que esta medida, lejos de querer frenar a la industria, sea orientada a fortalecer las gestiones ambientales dentro de cada proyecto, sumando recomendaciones para los procesos de mejora continua. Todo lo que fortalezca y sume a la certeza de operaciones del sector siempre será gratamente bienvenido por la industria minera”.

Considera que las auditorías deben hacerse de forma transparente, objetiva, con un cronograma de trabajo y líneas de tiempo claras, orientadas a brindar tranquilidad a las comunidades y aclarar percepciones erróneas, y que exista una comunicación continua, clara y responsable de parte de las autoridades con los proyectos y con las comunidades, “porque es la falta de comunicación lo que más incertidumbre puede generar ante este tipo de medidas”.

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No obstante, expuso que “proponer una moratoria afectaría negativamente la certeza jurídica, generando incertidumbre ante los inversionistas y provocando una reducción en la inversión extranjera. Lo que se necesita es establecer procedimientos claros, con tiempos concretos que garanticen una correcta evaluación ambiental sin generar más atrasos en los proyectos que ya se encuentran en trámite. Ya que esto sería frenar a la minería y las oportunidades de desarrollo que esta puede generar”.

En el caso de los proyectos que ya están operando el procedimiento debería ser el mismo indicado anteriormente: “Este tipo de evaluaciones no requiere que los proyectos estén detenidos. Al contrario, los derechos y compromisos establecidos con el Estado deben respetarse y en caso de que las auditorías arrojen hallazgos, las leyes guatemaltecas son claras y establecen mecanismos para sancionar cualquier anomalía”, comentó la ejecutiva.

Insistió en que “una moratoria para dar paso a una auditoría ambiental y de operaciones a los proyectos que ya cuentan con derechos otorgados, tendrá una implicación económica inmediata afectando especialmente en tema de empleos y desarrollo de las comunidades. Cambiar repentinamente los derechos ya otorgados a las empresas que cumplieron y siguieron todos los procedimientos establecidos en la ley, solo resultaría en seguir empañando la certeza jurídica del país”.

Agregó que los temas de fondo y a mediano plazo deberían resultar en una nueva política minera que brinde un marco de trabajo claro para el sector y como representantes del sector minero “siguen abiertos al diálogo con las autoridades”.

Qué pasará con Cerro Blanco

Ventura indicó que se integró una mesa técnica de trabajo interinstitucional con participación del MEM y el Marn, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso de la mina Cerro Blanco (Jutiapa).

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A este proyecto se le aprobó (en la última semana del gobierno de Alejandro Giammattei) la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para modificar el modelo de extracción pasando de minería subterránea a la de cielo abierto.

Mientras, la administración actual del Marn está realizando una auditoría técnica y otra ambiental, la que se prevé que finalice en dos semanas, indicó la ministra actual María José Iturbide.

En tanto, Ventura afirmó que el MEM no ha autorizado el cambio en la licencia minera, a diferencia de lo que dio a conocer la compañía extranjera propietaria del proyecto en un comunicado.

Dicha cartera espera los resultados de la revisión de Ambiente y del análisis de los documentos y decisiones de la gestión anterior del MEM en ese caso.

“La aprobación del instrumento ambiental no implica que se haya aprobado el cambio de actividad a cielo abierto. Esta solicitud se encuentra aún en fase de análisis y evaluación, por lo que la mina no está operando”. expuso el Gobierno de la República la semana pasada.

Consultado de nuevo, el Marn respondió que verificaron que la administración anterior aprobó el cambio en la licencia ambiental (de la cual están haciendo la revisión anunciada), pero para operar con la nueva modalidad, el proyecto requiere la autorización del MEM.

Esto, tomando en cuenta diversas denuncias, incluso internacionales, de entrega de sobornos y otros ilícitos, para lo cual también espera información que le pueda compartir la embajada de EE. UU.

En sus declaraciones, el funcionario comentó que los principios de la administración del presidente Arévalo son claros, mencionando primero la transparencia y corrupción cero, por lo cual se le preguntó por la postura que tomará el MEM en el caso de la minería, ya que cuando era candidato, el presidente se pronunció de manera poco favorable sobre la extracción minera.

“Hemos discutido una postura, pero no la quiero adelantar porque creo que le corresponderá al presidente anunciarla, pero lo fundamental es que la medida que se tome se hará con base en la historia; o sea, un balance claro de costos y beneficios sociales, económicos, ambientales y financieros de la minería. Se debe tomar en cuenta que no se empezó con la minería en el país hace dos días, sino que son más de 70 años”.

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A su juicio, esa experiencia debe generar lecciones aprendidas, positivas y negativas, y eso se tiene que evaluar de forma muy clara para tomar decisiones, que seguramente van a beneficiar a la población y van a ayudar a reducir la conflictividad. Sin embargo, advirtió que “un proyecto que no tenga impacto social en el área es un mal proyecto; ese es uno de los grandes desafíos”.

Las revisiones

Específicamente sobre el tema de las licencias mineras vigentes, se consultó al ministro si se pedirá una auditoría especial o una revisión de las emitidas por el MEM en los últimos cuatro u ocho años, tomando en cuenta diversas denuncias, incluso internacionales, de entrega de sobornos.

Al respecto, Ventura dijo que “el tema aquí es lo que nos comparta el gobierno de Estados Unidos en el tema de sobornos. Por supuesto, se va a revisar todo lo actuado, especialmente estos temas de procesos críticos que han sido señalados por la prensa”. Agregó que pedirán apoyo a otras instituciones para realizar esas auditorías, y que “sin duda, para esta labor, la Contraloría (General de Cuentas) jugará un papel importante”.

Respecto a las licencias de exportación de las empresas Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) y Mayaníquel, que fueron sancionadas por Estados Unidos en el 2022, y cuya sanción fue levantada en la tercera semana de enero del 2024, el ministro indicó que se está pidiendo a la embajada de Estados Unidos que corrobore información al respecto y con base en eso, se hará lo que proceda para la habilitación respectiva.

Protesta y solicitud

Diversas organizaciones se pronunciaron este jueves 25 de enero, criticando el aval que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó al proyecto Cerro Blanco para modificar su tipo de extracción para pasar de minería subterránea a cielo abierto.

Refieren que los funcionarios del MARN que dieron este aval, deberán responder por permitir la continuidad del estudio ambiental “que falsamente llaman actualización”.

Derivado de estos y otros puntos que mencionan en un comunicado, piden al Gobierno escuchar la petición de las autoridades ancestrales en el sentido de adoptar una moratoria minera para detener la alarmante conflictividad socio ambiental y revisar meticulosamente los procedimientos bajo los cuales se han aprobado licencias de explotación minera e iniciar un debate sobre el desarrollo sin minería.

Piden a la ministra de Ambiente que “de acuerdo al pronunciamiento emitido el 24 de enero, proceda a revisar el expediente, los procedimientos, las anomalías y criterios, bajo los cuales se pretende dar aval a la supuesta actualización del EIA del proyecto Cerro Blanco”, y le exigen “derogar el acuerdo 317-2019” que supuestamente favorece a empresas que han incumplido con compromisos ambientales y cuyas licencias deben ser canceladas.

Y al ministro de Energía y Minas, solicitan la caducidad de la licencia minera del proyecto Cerro Blanco, basados en la ley minera, porque tampoco ha extraído minerales, ni tributado al fisco.

Al ministro de Relaciones Exteriores, atender el llamado de la cancillería de El Salvador y proceder a instalar una comisión binacional de alto nivel para evaluar los impactos en la cuenca y establecer acuerdos y regulaciones en protección de las aguas compartidas a favor de los pobladores.

Las organizaciones que se pronuncian en el comunicado son: la Comisión Ecologista “Laudato Si”; Vecinos organizados en resistencia; Convergencia Democrática; organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador; Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación O.F.M (JPIC); Colectivo Madreselva; Convergencia Nacional de Resistencias -CNR-; Alianza Centroamericana Frente a la Minería; y vecinos y vecinas de Asunción Mita, Jutiapa.

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Un grupo de representantes de diversas organizaciones acudió al Congreso de la República este 25 de enero, y se pronunció también en contra de la aprobación del cambio de mecanismo de extracción en dicho proyecto minero.

Consultado de nuevo el 25 de enero, acerca del anuncio de la empresa propietaria del proyecto Cerro Blanco (Jutiapa) de que los ministerio de Ambiente y de Energía y Minas, en la última semana del gobierno anterior, aprobaron la modificación a las licencias para que efectuar extracción a cielo abierto, el MEM mantuvo la respuesta brindada el miércoles 24 de este mes.

El miércoles el ministro Ventura, respondió, por medio de la oficina de comunicación social, que dicha cartera no ha emitido resolución al respecto y que se está a la espera de la revisión y documentación ambiental del gobierno anterior, antes de tomar una decisión. Por aparte, la nueva administración del Ministerio de Ambiente anunció una auditoría ambiental en ese caso.

Grenat: Se necesita una nueva política minera

La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), considera necesaria una nueva política minera.

Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat, expresa aspectos importantes y necesarios para el desarrollo del sector, ahora que ha llegado el nuevo gobierno.

 El ministro indica que el presidente de la República Bernardo Arévalo está dando a conocer la postura y la ruta que asumirá el nuevo gobierno respecto a la minería. ¿Ya tuvieron algún acercamiento con el presidente o con el ministro?

Hasta el momento no hemos tenido comunicación con las autoridades actuales, sin embargo, ya solicitamos un acercamiento con el ministro para conocer su postura y plan de trabajo. Desde la Grenat permanecemos abiertos a colaborar y encontrar las vías más efectivas para que la industria minera contribuya al desarrollo sostenible del país, siendo parte de los actores que pueden sumar a las importantes metas del Plan de Gobierno, como generación de empleo y fortalecimiento de infraestructura.

Luego de las sanciones de EE. UU. al exministro de Energía y Minas y otras medidas, el nuevo ministro dijo que la cartera establecerá una política de transparencia, que incluye auditorías, revisión de casos y procesos, incluyendo en minería ¿Qué opinan al respecto?

Asegurar la transparencia en todas las actividades económicas es indispensable y más aún, que las medidas queden establecidas en una nueva Política Minera.

En el caso puntual de la industria existe EITI, que es una iniciativa a nivel mundial que busca la transparencia en el sector extractivo; los esfuerzos podrían enfocarse en fortalecer su trabajo y de este modo aprovechar una iniciativa que ya funciona en otros países.

¿En el caso de las mineras CGN, Pronico y Mayaníquel que medidas espera el sector que siga la nueva administración del MEM?

Entendemos que ya aclarados los señalamientos, el siguiente paso es la reactivación de licencias por parte del MEM. Este ya es un proceso que depende de los tiempos internos de la cartera y esperamos que se dé el seguimiento debido para que los proyectos puedan reactivarse a mediano plazo.

De acuerdo con estimaciones que hemos hecho con CABI, la reactivación de estos proyectos podría generar Q4,573 millones en aportes al producto interno bruto (PIB), más de 23 mil empleos directos e indirectos y Q397 millones en aportes al Estado por regalías e impuestos.

El funcionario menciona que se prevé hacer un balance entre costos y beneficios para el sector, la población y el Estado. ¿Qué opinan al respecto?

Estas evaluaciones deben realizarse de forma objetiva.

Actualmente la industria minera y las empresas que le brindan servicios ya contribuyen al Estado a través del pago de impuestos y otras obligaciones; además, se debe evaluar a mediano y largo plazo cuáles son los beneficios que la industria puede seguir aportando al país en materia de empleos, huella económica y pagos al Estado.

Con la ayuda de una nueva Política Minera, medidas de transparencia como EITI y una adecuada fiscalización, esto puede traducirse en herramientas que conduzcan al desarrollo sostenible de Guatemala.

En el caso de Cerro Blanco, la directora ejecutiva de Grenat mencionó el miércoles que “el proceso de aprobación del estudio incluyó todos los pasos de una extensiva revisión técnica de las autoridades correspondientes. Este es un importante paso que permitirá que la empresa pueda retomar sus acciones de gestión social que le permitan garantizar que el proyecto cuenta con la aceptación de las partes involucradas, y sólo cuando ese ocurra, podría iniciar la fase de construcción a mediano plazo”.

Agregó que desde la Grenat ven de forma positiva esta aprobación “considerando que este proyecto estima generar 1 mil empleos locales que beneficiarán principalmente a las comunidades cercanas, contribuyendo así a reducir los índices de migración joven hacia Estados Unidos”.  Las proyecciones económicas son de más de US$160 millones anuales para el país y US$300 millones que se proyecta pagar por concepto de impuestos y regalías, según añadió.

El caso se trata de la mina Fénix, ubicada en el Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), cuya licencia fue aprobada en el 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, leyó este viernes la parte resolutiva de la sentencia contra Guatemala, la cual da 6 meses al país para “comenzar a adoptar las medidas requeridas para ofrecer a la comunidad indígena maya q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9 un título comunitario colectivo de sus tierras y adoptar las medias para delimitar y demarcar adecuadamente la propiedad”.

La CorteIDH también ordenó a Guatemala llevar a cabo un “proceso adecuado de consulta” a la comunidad sobre una mina de níquel a cielo abierto que se ubica en la zona de influencia del pueblo.

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Esta consulta debe permitir la participación de todos los miembros de la comunidad de Agua Caliente Lote 9, y como requisito previo, se ordenó “que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e independientes”, con el fin de que los habitantes cuenten con información antes de pronunciarse.

El tribunal también determinó que Guatemala debe abstenerse de realizar actos en los que agentes del Estado o terceros puedan afectar la existencia, el valor, el uso o el goce del territorio de la comunidad indígena y que el Estado debe tomar medidas legislativas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas en el país.

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en perjuicio de la Comunidad Maya qeqchí de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva tras 40 años de solicitudes. El caso también abarca el establecimiento del proyecto minero de níquel a cielo abierto en la zona de influencia del territorio indígena.

La CorteIDH encontró a Guatemala responsable por las violaciones a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, las garantías judiciales, a la propiedad, al acceso a la información, a los derechos políticos y a la protección judicial del pueblo indígena, agrega otra agencia.

La Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9, está ubicada en el municipio de El Estor, Departamento de Izabal, y cuenta con alrededor de 400 personas y abarca más de 1 mil 353 hectáreas.

En 2006 las autoridades guatemaltecas concedieron la licencia de explotación minera; en 2018 una acción de amparo cuestionó la licencia y en junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó observar la consulta previa y suspendió la explotación minera.

Durante 2021 se llevó a cabo un proceso de consulta con comunidades indígenas, con la participación del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’. A pesar de oposiciones, se firmó un acuerdo para la continuidad del proyecto minero.

La CorteIDH determinó que el proceso de consulta “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”.

La sentencia considera además que “la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva y la actividad minera impactaron la vida comunitaria y se vincularon a diversos actos de violencia y hostigamiento”.

“Guatemala (es) responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la información, a la propiedad, a los derechos políticos y el derecho a la protección judicial” de la comunidad indígena Agua Caliente, según el fallo.

La comunidad tituló en 1974 las tierras a su nombre, pero no fue hasta 2019, y tras una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se les hizo entrega formal de los documentos, ya que se habían extraviado, precisó la Corte IDH.

En ese tiempo de demora, en parte del territorio maya q’eqchi’, se instaló el proyecto minero Fénix. La concesión minera “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”, advirtió la Corte.

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La mina es operada por dos subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group y suspendió operaciones en marzo pasado, luego de que Estados Unidos le impuso sanciones económicas por una trama de corrupción y tráfico de influencias.

Además, la comunidad fue víctima de actos de agresión y violencia, incluyendo atentados contra la vida, hostigamientos y amenazas a miembros entre 2006 y 2019, mientras aguardaban la entrega del extraviado título de propiedad, reseñó la sentencia, según reportan las agencias internacionales.

Problemas recurrentes

El caso se trata de la mina Fénix, ubicada en el Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). La licencia minera fue otorgada en 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en el 2019 fue suspendida temporalmente y posteriormente retomó operaciones. Aunque posteriormente, en marzo del 2023 volvió a suspender sus operaciones por decisión de la empresa, pero no derivado de ese caso, sino de una sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos basado a dos ejecutivos de la firma. En octubre la mina logró una licencia de la OFAC que le permite comercializar con empresas estadounidenses por lo que anunciaron que retomarían operaciones.

Posturas

Solway Investment Group, indicaron que esta firma y sus subsidiarias “no fueron parte de este caso, pero valoran el proceso transparente y cualquier resultado sensato que establezca principios claros, elimine ambigüedades y beneficie a las comunidades vecinas a nuestra área de concesión. Los desacuerdos sobre la discrepancia en la demarcación de tierras comenzaron incluso antes de que nuestra empresa adquiriera el proyecto. No participamos ni en los procedimientos guatemaltecos ni en los posteriores; tampoco llevamos a cabo actividades en esta zona, ni minería ni exploración geológica, respondió la compañía por medio de su oficina de prensa, al ser consultada al respecto”, respondió a Prensa Libre la oficina de prensa de dicha firma por escrito.

En tanto, Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, indicó que esta cartera analizará la sentencia en detalle para determinar las acciones puntuales a seguir. Si procediera, se sugeriría al Estado de Guatemala por medio de los órganos competentes, plantear algunas consultas en caso de que sea necesario.

Respecto a la consulta a los pueblos indígenas, afirmó que ya se realizó y se incluyó a representantes de esta comunidad, por lo que este derecho minero posee licencia de explotación vigente.

La licencia habría sido concedida el 29 de septiembre pasado y allana el camino para que CGN y Pronico reinicien operaciones, se agregó.

Las filiales en Guatemala también informaron al respecto, explicando que el proceso para la reanudación de operaciones de Pronico implica acciones esenciales, como el mantenimiento del horno de fundición y concluir la construcción de una subestación eléctrica. “Dicho proceso abarcará al menos 6 meses, que son cruciales para garantizar que las operaciones se realicen de manera sostenible y eficiente”, añaden.

En tanto las operaciones de CGN se podrán reanudar hasta que las credenciales de exportación respectivas sean renovadas por parte del gobierno de Guatemala, por medio de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), indicaron en su comunicado las empresas.

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“Solway Investment Group se esforzó incansablemente para obtener la licencia de la OFAC, lo que representa un logro significativo. La casa matriz suiza se comprometió a implementar nuevas políticas y procedimientos de clase mundial para continuar asegurando una operación empresarial plenamente cumplidora y ética, y ser reconocida como un ciudadano corporativo global con integridad y compromiso con la sostenibilidad”, expresaron.

Y, el exdirector del FBI, Louis Freeh, y su equipo en colaboración con asesores suizos y europeos liderarán en esta ambiciosa tarea”, indicaron las filiales guatemaltecas en su boletín, información que también fue divulgada por SIG.

Muchos involucrados

Dan Bronstein, presidente de la junta directiva de SIG, expresó que “nuestro más profundo agradecimiento se extiende a todos los que nos apoyaron durante este período. Esto incluye nuestros diligentes equipos en Guatemala y Ucrania, así como nuestro consumado equipo legal liderado por asesores de las firmas de abogados estadounidenses: Seiden Law LLP; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP; Berliner Corcoran & Rowe LLP, Freeh Sporkin & Sullivan LLP”, refiere el comunicado de la empresa extranjera.

Además, expresa agradecimiento al gobierno suizo por su apoyo, al gobierno de Estados Unidos, a la OFAC y al Departamento de Estado, “cuyo profesionalismo fue fundamental para llevar este asunto hacia un resultado positivo”, porque reconocieron los argumentos presentados.

Ahora esperan reanudar el proyecto que es esencial para la cadena de suministro de níquel en su conjunto. “Esperamos sinceramente que las autoridades guatemaltecas ofrezcan su máximo apoyo para acelerar la reanudación de la producción en todas las zonas dentro de su jurisdicción. Solway y sus abogados están ansiosos por colaborar estrechamente con la OFAC para acelerar la resolución de este asunto, avanzando con el objetivo de eliminarlo de la lista”, expresó el ejecutivo, según la comunicación de SIG.

Entrevista:  Las operaciones reanudarán en unos seis meses

Marco Aceituno, presidente de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por medio de la oficina de Comunicación Social de la empresa, respondió por escrito una serie de preguntas de Prensa Libre:

¿Qué operaciones, transacciones o comercio les permite retomar la licencia de OFAC? 

De hecho, la licencia es una autorización para que cualquier persona o entidad comercial estadounidense pueda realizar transacciones comerciales con las compañías CGN-PRONICO, las que estaban prohibidas por la orden ejecutiva 13818 y las regulaciones de sanciones bajo la ley Magnitsky.

¿La licencia es temporal?

La licencia vence el 30 de septiembre del 2024 y el objetivo de la casa matriz suiza es obtener una resolución que elimine por completo a las subsidiarias de estas sanciones.

¿Qué compromisos asumen las compañías?

Solway Investment Group se comprometió a implementar nuevas políticas y procedimientos de clase mundial para continuar asegurando una operación empresarial plenamente cumplidora y ética; y ser reconocidos como un ciudadano corporativo global con integridad y un compromiso con la sostenibilidad. El exdirector del FBI, Louis Freeh, y su equipo en colaboración con asesores suizos y europeos, liderarán esta ambiciosa tarea.

¿En cuánto tiempo empezará de nuevo la extracción CGN? Y ¿qué tienen previsto para retomar operaciones?

Las operaciones de CGN se podrán reanudar hasta que las credenciales de exportación respectivas sean renovadas por parte del Gobierno de Guatemala a través de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

¿Qué sucedió con los contratos que ya tenía CGN con sus clientes antes de la sanción y suspensión?

Se suspendieron los contratos hasta resolver dicha situación. Ahora estaríamos trabajando en resolver dichos casos.

¿En cuánto tiempo empezará a operar Pronico de nuevo?

El proceso para la reanudación de operaciones de Pronico implica acciones esenciales, como el mantenimiento del horno de fundición y concluir con la construcción de la subestación eléctrica. Estos pasos, que llevarán al menos 6 meses, son cruciales para garantizar que las operaciones se realicen de manera sostenible y eficiente.

Antecedentes

Las firmas en Guatemala generaban alrededor de 6 mil empleos, pero en noviembre del 2022, la OFAC informó que sancionó al ruso Dimitry Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, empleados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Kudryakov, era gerente de la CGN y Litviniuk era directora de sostenibilidad, a quienes se señaló de dirigir múltiples esquemas de soborno durante años, a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos.

La OFAC reveló en esa ocasión que Kudryakov y Litviniuk fueron designados por haber “asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos” y sancionó a las empresas filiales en Guatemala.

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CGN y Pronico suspendieron operaciones temporalmente a partir del 1 de marzo del 2023.

Ambas compañías expusieron en esa oportunidad que desde finales del 2022 enfrentaron dificultades imprevistas derivadas por las sanciones impuestas y que, a través de sus representantes legales en Estados Unidos, presentaron una solicitud a las autoridades de ese país en la OFAC para obtener una licencia temporal que les permitiera realizar ciertas transacciones y así cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, refirieron las firmas, “desafortunadamente, el plazo para obtener dicha licencia se retrasa por razones ajenas a las compañías” por lo que ya no es posible continuar con las operaciones en las circunstancias actuales.

Entre estas, que las credenciales de exportación no han sido renovadas por el Gobierno de Guatemala y están sin recibir fondos por las ventas de sus productos.

El sector de minas

Valery Zurita, directora ejecutiva de Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), indicó que la entidad no ha tenido acceso a la licencia mencionada por lo que desconocen los detalles de la misma. Sin embargo, agregó que independientemente, cualquier operación minera que trabaje con responsabilidad en el país siempre será una buena noticia, pensando en los efectos positivos de generación de empleo formal y contribución a la economía nacional que esta puede traer.

Según las estimaciones efectuadas con la firma CABI, la reactivación de los proyectos que actualmente se encuentran suspendidos podría dejar Q4 mil 573 millones en aportes al PIB, más de 23 mil empleos directos y Q397 millones en aportes al Estado en lo que respecta a regalías e impuestos.

Respecto a la emisión de autorizaciones en el MEM depende de las particularidades de cada proyecto, por lo que no tenemos un estimado en tiempos que podrían tardar.

Los proyectos de níquel representan alrededor del 20% del sector minero, estamos hablando de una producción cercana a los Q1 mil 200 millones, agregó Zurita.

La información se ha solicitado como parte de diferentes fases del proceso de consulta que se está llevando a cabo por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El presidente del Parlamento del Pueblo Xinca, Aleisar Arana, expuso el viernes 18 de agosto, que se ha solicitado información a las carteras de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y Salud Pública y Previsión Social, entes que han brindado una parte de lo requerido “lo cual necesita ser analizado por nuestros asesores expertos”, por lo que ya se han solicitado ampliaciones y complementos.

Inicialmente se requirió información general del proyecto, pero dentro de eso “lo que más nos interesa y creo que a todos les debería de interesar es el agua porque es lo más sensible”; pero también está lo referente a la estructura del suelo, entre otros datos, agregó.

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Luis Fernando García, vocero y autoridad en el Parlamento, añadió que también se pidió información acerca del modelo estructural, del modelo hidrogeológico y lo relacionado con el movimiento del agua subterránea en ese lugar. “Hay que tener claro que las comunidades del pueblo Xinca no conocemos esta información ya que nunca fuimos consultados en el territorio. Estuvimos exigiendo el derecho a la consulta desde el año 2010-2011 y nunca se nos atendió”.

El jueves 17 de agosto, representantes de la agrupación se reunieron con funcionarios de la cartera ambiental, pero estos pidieron otro plazo de dos semanas para entregar lo requerido. Cuando la información se reciba, se comparará con la que ya enviaron otros ministerios.

Asimismo, los 59 representantes de la población Xinca efectuaron una visita de campo a la minera junto a sus asesores, para corroborar que tan igual o similar es la información que están levantando, respecto a la de los ministerios. Sin embargo, en esa visita de campo no se pudo tomar muestras de agua en el interior de la minera, por lo que se organiza una segunda visita con comisionados de los diferentes ministerios.

En cuanto al cronograma establecido de la segunda fase del proceso de consulta, señalaron que su cumplimiento dependerá del tiempo que se tomen las autoridades para brindarles la información requerida y su análisis. “Los tiempos van a depender de eso, porque como pueblo queremos tener la claridad sobre lo que es el proyecto minero El Escobal y cuáles serán los impactos positivos y negativos. Ya con esa información, tenemos que llegar a las comunidades para que, a través de sus formas propias de organización y asamblea, determinen si el proyecto es viable o no; si se da el consentimiento o no. La consulta se va a hacer bajo la cosmovisión del pueblo Xinca”, se indicó.

El MEM lo confirma

“Inicialmente, el Parlamento (Xinca) solicitó los expedientes completos, pero los ministerios entregaron un resumen de lo que consideraron como lo más importante”, admitió el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Pérez. La información se ha entregado en dos rondas y actualmente el Parlamento ha solicitado ampliaciones en una tercera ronda, agregó.

El funcionario explicó que existe un cronograma para la fase dos, que es la que actualmente se lleva a cabo, acordada con las partes en abril de este año. La semana pasada se indicó que, según ese cronograma, la fase dos del proceso de consulta finalizaría en octubre próximo.

“Hasta el momento se ha hecho todo lo posible por mantener el cumplimiento de ese cronograma; el resultado de la consulta no está definido. Lo que el Ministerio de Energía y Minas espera, como parte de su competencia y su función en el organismo Ejecutivo, es que con el resultado de la consulta pueda establecerse una serie de acciones y modificaciones a la forma como se ha desarrollado ese proceso minero hasta el momento de su suspensión; y que esas acciones puedan ser consideradas condicionantes o compromisos bajo los cuales este proyecto pueda continuar su operación”, expuso.

La operación de la minera El Escobal se suspendió en julio del 2017 por decisión de las cortes ante amparos que reclamaban que no se habían realizado las consultas comunitarias respectivas a poblaciones indígenas del área de influencia. Y en efecto, la consulta no se llevó a cabo por parte del Estado, argumentando que el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmaban que no había población indígena en los alrededores de la mina.

Roberto Velásquez, gerente de asuntos corporativos de Pan American Silver, la nueva propietaria de El Escobal, respondió recientemente que está participando en el proceso del cual el MEM publica oficialmente los avances. “Existe un cronograma, que validó el ministerio con el representante del Parlamento Xinca, y está contemplado terminar en octubre”. No obstante, agregó que no tienen una fecha de inicio de operaciones porque depende del fin de ese proceso.

Se agrega en el artículo que la corporación Central America Nickel (CAN), con sede en Montreal, es la que planea adquirir Fénix, una reserva de níquel ubicada en El Estor (Izabal) y que está valorada en hasta US$1 mil millones, aunque durante años ha enfrentado señalamientos sociales y ambientales de comunidades indígenas.

Según la revista, la medida se produce cuando Estados Unidos enfrenta una intensa competencia por los metales de tierras raras y otros recursos estratégicos usados en diferentes procesos productivos principalmente equipo tecnológico tanto en las esferas comerciales como en la militar.

El contexto

Newsweek detalla que, en noviembre del año 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk, quienes eran ejecutivos en CGN y en Pronico (subsidiarias de Solway y propietarias de Fenix), por su presunta participación en tráficos de influencias rusos en el sector minero de Guatemala. Fueron señalados de supuestamente liderar múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios del gobierno.

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En ese entonces, estas dos compañías expusieron que dichos ejecutivos fueron suspendidos de inmediato de sus cargos a la espera de los resultados de la investigación por parte de un asesor jurídico externo.

Y se menciona la competencia con China, la cual, se indica que domina el mercado de tierras raras. Unos 35 de los minerales y metales preciosos requeridos para la producción y fabricación estadounidenses están actualmente controlados por Pekín, según un informe de la industria. Entre ellos se encuentran los materiales necesarios para producir teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y una amplia gama de sistemas de armas avanzados, se añade en el artículo.

¿Interés de EE. UU.?

El reportaje añade que el documento mencionado sugiere que la participación de Solway durante una década en Fenix podría estar llegando a su fin y que la compañía CAN está trabajando de forma estrecha con un diplomático de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien ha estado hablando con el Departamento de Defensa en nombre de la compañía.

Esta persona habría conectado a la empresa con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) para buscar fondos adicionales y ya acordó proporcionar un seguro de riesgo político para un proyecto de níquel en Guatemala, consistente en más US$300 millones en financiamiento para instalaciones de procesamiento adicionales.

Se añade que el sulfato de níquel estaría destinado a la venta a fabricantes estadounidenses de baterías y vehículos eléctricos. Newsweek refiriere en su publicación que DFC declinó hacer comentarios, pero que en el documento se indica que, el diplomático mencionado confirmó que “apoyarán a la compañía en sus esfuerzos por adquirir los activos de níquel Solway en Guatemala, luego de las recientes sanciones impuestas a la compañía rusa”.

Se menciona que el plan es transferir posteriormente los activos de níquel de CAN en Guatemala a una firma incorporada en Estados Unidos denominada America Rare Earth Sources Inc. (ARES), la cual será adquirida totalmente por CAN y a su vez, esta comprará dos empresas guatemaltecas llamadas Rio Nickel Inc. y Nichromet Guatemala Inc.

El medio también cita que en el documento se refiere que el CAN espera adquirir activos de Solway con un “descuento significativo sobre el valor actual de los activos, y contará con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos durante todo el proceso; y de la DFC para apoyar un mayor desarrollo e inversión en los proyectos de níquel de la compañía”.

Reacciones

Newsweek informa que el representante legal de CAN les respondió que la compañía “se ha acercado a los gobiernos para discutir los requisitos de la cadena de suministro, así como para crear posibles empresas conjuntas para el suministro de minerales críticos que actualmente están siendo suministrados por China”, y que se reunió con las embajadas de Canadá y Estados Unidos para discutir las subsidiarias de la firma Rio Nickel y Nichromet Guatemala, durante una visita al país en 2022.

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“CAN entiende que el papel de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala es facilitar las actividades económicas que son estratégicas para la transición verde en los Estados Unidos” y la firma, dijo el representante, trabajó en el supuesto de que el “mandato del diplomático era facilitar las discusiones sobre el entorno empresarial en Guatemala con respecto al suministro de minerales críticos a los Estados Unidos”. “CAN, dijo el representante, se enteró de las sanciones contra los activos de Solway a través de informes de los medios varios meses después de haberse reunido con funcionarios diplomáticos estadounidenses y canadienses en Guatemala. Fue entonces cuando la empresa solicitó el consentimiento del Tesoro para adquirirlos”, refiere el medio.

Solway niega intención de venta

Consultada sobre todo lo anterior, la oficina de prensa de Solway respondió a Prensa Libre que “es consciente de la existencia de este memorando (citado por Newsweek) pero no podemos confirmar su autenticidad, ya que CAN nunca se ha acercado directamente a Solway para discutir su oferta”.

Añade que es una práctica comercial muy poco común que una empresa haga ofertas de compra al Gobierno de Estados Unidos en lugar de acercarse primero a la propietaria.

Respecto a la posible venta, la firma expresó que Solway no tiene intenciones de vender sus activos en Guatemala y que están haciendo todo lo posible por salvar el negocio, el cual genera alrededor de 6 mil empleos directos e indirectos y contribuye al bienestar económico del departamento de Izabal. Esta labor, agrega la firma, incluye comunicación continua con los funcionarios estadounidenses a través de un grupo de firmas legales de aquel país.

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Sobre las sanciones, la empresa refirió que “hemos iniciado una investigación independiente sobre las acusaciones que Solway Investment Group (SIG) entiende que condujeron a las sanciones de sus subsidiarias guatemaltecas, como se establece en el comunicado de prensa oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU., y esperamos que los resultados estén disponibles pronto”.

“Sin embargo, deseamos aclarar que existe un error en la información proporcionada por la OFAC con respecto a las sanciones impuestas a nuestras empresas y a los particulares. Hemos informado este error a la OFAC a través de nuestros abogados estadounidenses”, indicaron al agregar que SIG es una empresa minera y metalúrgica de Suiza y niegan de forma categórica “cualquier asociación directa o indirecta con el gobierno ruso, el liderazgo ruso o el dinero ruso y, por lo tanto, no podríamos haber actuado en su interés”.

Solway mencionó además que no están afiliados ni conectados con la empresa MayaNíquel. “Previamente hemos condenado públicamente la invasión rusa y apoyamos al pueblo ucraniano con recursos humanitarios”, dijo en su publicación, al expresar que seguirán trabajando para proteger a sus “empleados, clientes, la reputación comercial y buscaremos reparar de manera enérgica y precisa cualquier acusación falsa o engañosa que se presente contra nosotros”.

En cuanto a las condiciones actuales en Guatemala, la oficina de prensa de CGN-Pronico compartió información actualizada a la semana pasada (4 de abril) indicando que han enfrentado dificultades imprevistas debido a las sanciones impuestas por OFAC desde el 18 de noviembre de 2022.

“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados por nuestros representantes legales en EE. UU., hasta el día de hoy no hemos recibido la licencia temporal solicitada a OFAC, lo que ha detenido completamente nuestras operaciones” y a eso se añade la falta de renovación de las credenciales de exportación por parte del Gobierno de Guatemala y el cierre de sus cuentas bancarias por parte de las instituciones financieras locales, aspecto que los ha dejado en una difícil situación.

“A pesar de que hemos estado en constante comunicación con las autoridades estadounidenses y las instituciones financieras guatemaltecas para encontrar soluciones, no hemos recibido respuesta alguna. En consecuencia, las operaciones de la compañía están completamente paralizadas”, se añadió.

Aunque en Pronico se ha hecho lo posible para mantener el pago de salarios a los trabajadores en los últimos meses, con las actuales condiciones de la compañía, se tomó la decisión de liquidar a los empleados en el área de termoeléctrica. A los trabajadores se les pagaron todas las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización por tiempo servido, compensación por vacaciones, horas extras, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y un bono de Q3 mil 100 (equivalente a un salario mínimo en el país).

CGN contó con alrededor de 400 trabajadores, pero la primera semana de abril se despidió a casi todo el personal que aún quedaba laborando, y ahora cuenta solo con personal administrativo. Mientras que en Pronico, de 1,600 colaboradores, quedan menos de 800. En febrero del 2023 se dio la primera reducción masiva de puestos, cuando se empezó el cierre industrial de la mina. Varios años antes había estado suspendida por orden de la Corte de Constitucionalidad del país, argumentando la falta de la consulta comunitaria.

Sin respuestas

También se consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre el tema, el cual respondió que no puede emitir opinión sobre un artículo periodístico que no se fundamenta en información oficial y que no es de conocimiento de ese ministerio.

Añade que al ministerio “no ha sido remitido nunca el documento aludido en dicha publicación” y que “no corresponde al MEM comentar sobre las decisiones de ninguna empresa que opere en el país”.

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Sobre el estatus de CGN, refirió que la compañía es la titular de los derechos mineros Niquegua Montúfar y Fénix, los cuales se encuentran vigentes.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) respondió que no tendrían pronunciamiento al respecto, en tanto que la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham) y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala no emitieron ninguna respuesta.

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Es así como unas 650 personas hoy se enfrentan al desempleo e indican que deberán buscar otras oportunidades en el municipio, otro departamento o el exterior por medio de la migración. Por otro lado, muchos comercios, restaurantes y hoteles señalan que la derrama económica no les llegó casi nunca, así que no ven ningún impacto.

José Tiul, extrabajador minero en El Estor, dijo que que perdió su trabajo por la suspensión de labores y aunque recibió sus prestaciones laborales y un bono cuando rompió lazos con la mina hace unos días, el dinero le alcanzará por un tiempo. Dice que “hay que salir de El Estor para encontrar empleo” porque muchas personas no tienen terrenos para trabajar, como los agricultores.

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Con otra visión, Renato Yee, hotelero del municipio, afirma que no le afectará la salida de la mina, ya que no recibía huéspedes relacionados con la empresa porque esta contaba con un área habitacional, conocida como Colonia Rusa, en la que “había un mercado, una tienda donde compraban sus artículos de primera necesidad, club y más facilidades, por lo que no necesitaban salir”.

“Entonces la economía del pueblo (los negocios, restaurantes y hoteles) no se benefició en nada”, expresa.

También están quienes refieren que, además de dar pocos beneficios a la comunidad, la mina afronta señalamientos de daños ambientales, represión y violación a los derechos humanos.

El sector en general  

La producción minera ha sido variable en los últimos 10 años. La contribución de esa actividad al Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala pasó de significar 1.6% (unos Q7 mil 372.7 millones) en el 2014, a entre 0.6% y 0.7% en el 2022 (que representaría aproximadamente Q4 mil millones).

Dicha producción fue principalmente sostenida por varios años por la Mina Marlin, ubicada en San Marcos. Sin embargo, 12 años después de la primera explotación de oro y plata y tras agotarse las vetas, concluyó sus operaciones extractivas en mayo del 2017.

En el 2014 empezó su extracción la mina El Escobal (en Santa Rosa) que posee una de las reservas de plata más grandes del mundo, pero en julio del 2017 fue suspendida su operación por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) por no haberse realizado la consulta comunitaria a la población indígena del área de influencia del proyecto.

En consecuencia, la producción minera en el país empezó a caer y no fue sino hasta el 2019 y 2021, cuando se reflejó un leve crecimiento, pero en el 2022 mostró de nuevo una caída, en este caso de -4.6%, según los datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Para el 2023 se calculó un incremento productivo de 18.5% en ese sector, lo que no podría cumplirse porque en diciembre pasado suspendió sus operaciones la minera Mayaníquel, que operaba en Alta Verapaz, y en febrero tomaron igual decisión CGN y su afiliada, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).

Ello se debió a que las empresas fueron sancionadas por Estados Unidos en noviembre de 2022, por presuntamente sobornar a funcionarios y oficiales.

Ahora, según la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), solo están operando tres licencias: El Sastre 1, El Sastre 2, y Cerro Colorado.

Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat, refiere que observan la suspensión de Mayaniquel como algo realmente muy difícil no solo para el sector, sino que para la economía del área del Polochic, ya que era casi la única fuente de empleos formales.

Además, afirma que el total de aporte al PIB de Mayaniquel y CGN era de Q532.5 millones, equivalente al 14% del PIB del sector minero.

“Y ahora que CGN y Pronico suspendieron operaciones, ya prescindieron del 50% de los colaboradores. Antes ocupaban a unos dos mil trabajadores, es preocupante y se vuelve un riesgo latente porque en el corto plazo puede llegar a afectar a alrededor de 12 mil familias, quienes han sido beneficiadas por el trabajo que generaba esa actividad. Esto, porque hay estudios que refieren que, por cada empleo en la minería, se generan 6 más en otras industrias”, explica Zurita.

No obstante, expone que hay expectativas optimistas sobre la reactivación del sector en los próximos meses, con dos campos que estos se ubican en otras áreas y no en Izabal, así como la posibilidad de la reapertura de El Escobal, en Santa Rosa (a cargo de Panamerican Silver), además que se prevé el próximo inicio de operaciones de la minera Cerro Blanco, en Jutiapa.

La suspensión

CGN y Pronico son subsidiadas por el Grupo Solway, una empresa que, según el gobierno de Estados Unidos, es de capital ruso, aunque los directivos mineros lo niegan.

Fénix ya había sido suspendida de forma provisional en el 2019 por la CC por no haber realizado la  consulta comunitaria en el área de influencia. Además, ordenó la reducción del área que cubre la licencia emitida por el MEM de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2) a 6.29 Kms2 porque el resto no contaba con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la CC.

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Fue hasta en febrero del 2021 cuando el MEM suspendió la licencia. En diciembre de ese año se finalizó la consulta y la minera Fénix previó reactivar operaciones en marzo del 2022.

Ahora, ante las sanciones que emitió el gobierno estadounidense contra ejecutivos de las empresas, la firma decidió suspender su operación industrial a partir del 28 de febrero del 2023, lo que conllevó la reducción de personal. Y se llegó a un acuerdo mutuo de retiro con los trabajadores, por lo que de las 1 mil 700 personas que aún laboraban en esa compañía, 650 se acogieron a ese acuerdo que establecía el pago de sus prestaciones con indemnización.

Respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las empresas mencionadas, Zurita dijo que “no es un señalamiento al sector minero como tal, por lo que no lo vemos como algo determinante para el futuro y el rumbo del sector. Por supuesto, es algo que afecta a la imagen del país, pero las dos empresas están trabajando con sus equipos legales para afrontar esa situación y resolverlo de la mejor forma posible para poder seguir operando a mediano o largo plazo”.

Producción y regalías

Según el informe anual de minería emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) la producción minera en el país del 2014 al 2021 fue de Q23 mil 561.3 millones de lo cual, la mayor parte (Q21 mil 35.78 millones) correspondió a minerales metálicos.

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Las empresas deben pagar al Estado el 1% sobre los ingresos brutos, de lo que la mitad se destina al gobierno central (MEM) y la otra parte, a las municipalidades del área de influencia.

En el 2021 la producción minera metálica fue de Q1 mil 390.60 millones y de estos, Q1 mil 326 millones correspondieron a mena con mineral de níquel y ferroníquel. Los reportes del Banguat (citados por la CGAB) refieren que de ferroníquel se exportaron US$365.9 millones en ese año y creció 28.3% llegando a US$469 millones en el 2022.

En tanto, el MEM reporta que los ingresos del Estado por regalías fueron de Q5.8 millones, además de Q8.3 millones por otros rubros provenientes de la minería.

Y en el 2022, las exportaciones de ferroníquel crecieron 28% para llegar a US$469 millones, mientras las regalías pagadas sumaron Q8.9 millones, más otros ingresos por Q5.4 millones.

Durante el primer trimestre del presente año los titulares de licencias de explotación minera deben rendir informe anual por escrito a ese ente, respecto al cierre del 2022.

El caso de El Estor

CGN está a cargo de operar la licencia minera Fénix ubicada en El Estor, en Izabal, y según datos del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), del 2010 al 2021, ese proyecto extrajo 12 millones 234 mil 900.04 toneladas métricas de ferroníquel y mena de hierro con mineral de níquel. En el plazo en mención, pagó Q21.2 millones por regalías.

Se agrega que la mayoría del mineral se ha exportado a Ucrania, aunque en dos ocasiones se envió a Canadá y a Argentina.

El informe también menciona que la compañía tiene otro proyecto ubicado en el municipio de Los Amates, en el mismo departamento el cual, del 2014 al 2021 extrajo 5 millones 715 mil 432.32 toneladas métricas de mena con mineral de níquel y pagó Q14 millones 843 mil 861.82 en regalías. Todo el material se exportó a Ucrania.

Según Guadalupe García, de OIE, en los últimos diez años, de los Q14 mil millones que exportaron las empresas con cuatro licencias mineras en Izabal, solo Q53 millones quedaron para el Estado, lo que representa apenas el 0.37% de los ingresos de las compañías.

“Es poco, considerando todo lo que esto ha implicado en las dinámicas locales. Ha modificado incluso los proyectos de vida de las personas y mucha gente fue encarcelada injustamente, cuyas familias quedaron desintegradas, aparte de personas que han sido perseguidas y acosadas permanentemente por las fuerzas de seguridad”, opina.

En tanto el Informe EITI emitido por Guatemala para los años 2018, 2019 y 2020 con datos reportados por CGN, la empresa pagó en total Q3.2 millones de regalías al municipio de Los Amates, y Q3.01 millones a El Estor.

En el caso del proyecto Fénix, que opera CGN, de 2015 a 2021, dejó Q7.6 millones de regalías, sin embargo, si se divide entre el promedio de los habitantes del municipio durante el mismo período, el dato es de Q13.89 por persona al año, según estimaciones basadas en datos de OIE.

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Ricardo Rodríguez, analista de la firma consultora Central American Business Intelligence (Cabi), expone que es un impacto que va directo a las municipalidades porque la Ley de Minería establece que del 1% obligatorio, el 0.5% debe ir para esas entidades locales. Sin embargo, al consultarle al impacto de esos recursos en el desarrollo de las comunidades, indicó que las municipalidades utilizan el dinero en proyectos específicos, que dependen de la política pública de cada autoridad local.

Pero en un estudio efectuado por la firma en el 2022, se indica que el impacto económico de la actividad puede medirse desde distintas perspectivas: aporte al PIB, los empleos y salarios, inversión extranjera directa (IED) y aporte a la recaudación fiscal.

Esta última incluye pagos por licencias y canon municipales, además de impuestos como el IUSI, ISR, IVA y otros. El informe de EITI cita que, en el 2020, CGN pagó Q31.7 millones en impuestos que van al gobierno central, Q222 mil en arbitrios municipales (de cuatro municipios y el mayor monto fue para El Estor), además del canon de superficie y IUSI por Q2.9 millones.

En tanto, el estudio de Cabi, que se refiere a la huella económica de la actividad, expone que se relaciona con otros sectores de la economía, así con como el dinamismo económico generado por el consumo derivado del pago de salarios y la reinversión de utilidades.

Robin Sicaján, de la Asociación Estoreña de Desarollo Integral, menciona que las regalías llegan al municipio, pero como conforman un fondo que no lleva partida o un destino específico para inversión, muchas veces se usan para pagar salarios a funcionarios de la municipalidad y no se nota un impacto en la comunidad. Al respecto, se intentó contactar Joel Lorenzo, alcalde de El Estor, pero no respondió.

Reacciones divergentes

Según la compañía suspendida, al menos el 60% de los empleados eran residentes de El Estor. Por ello, aparte de lo comenta José Tiul respecto a buscar empleo en otro municipio o departamento, hay quienes incluso piensan en emigrar a otro país.

“Esa era la única fuente de trabajo. Si no, nos toca emigrar a otro lado. La verdad, está difícil dejar a la familia, pero si toca hacerlo, qué más queda”, comenta Edwin Xii, extrabajador minero.

Escuchar este tipo de soluciones es cada vez más frecuente en El Estor y aunque no existen registros oficiales de cuántas personas emigran del municipio cada año, sí hay de los deportados desde Estados Unidos. De 2016 a 2022, el aumento anual promedio de deportados fue del 55%.

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Los trabajadores del sector de servicios, como los restauranteros, los hoteleros y otros comercios, son indiferentes a la mina. El hotelero Renato Yee insiste en que no hay derrama económica a negocios de la comunidad, debido a que los empleados compraban todo en la colonia propia de la minera. Se trata de un terreno privado de 350 metros cuadrados que CGN y Pronico ofrecen a los empleados y los visitantes que viajan a El Estor para colaborar con la mina, según la oficina de prensa de las compañías, que afirma que 22 de las 29 personas que trabajan en el lugar son estoreñas.

Una propietaria de un comedor, que prefiere no dar su nombre, coincide con Yee al indicar que la presencia de la mina “no ha sido de beneficiosa porque monopolizaron los negocios allá”. “No dejaron ningún derrame de economía para el pueblo”, asegura.

En tanto, el agricultor Edín Izaguirre afirma: “El consumo de los granos básicos que nosotros cultivamos acá es suficiente para el consumo local. No veo de qué manera vaya a afectar el que la compañía tenga operaciones o no”.

Sobre ese sentir, Guadalupe García, de OIE, dice que también se debe a que la actividad extractiva no conecta con las lógicas locales económicas, ni hace que sean más fuertes, ya que suele requerir ciertos servicios muy específicos para satisfacer las necesidades de la mina, como cemento, explosivos, transporte y seguridad. Añadió que no necesariamente son locales los principales proveedores que tienen servicios conectados con la mina.

Los expendios de bebidas alcohólicas son uno de los pocos negocios que dicen verse beneficiados con las operaciones mineras y afirman que están siendo afectados con la suspensión de CGN y Pronico. David Zúñiga, administrador de un bar, comentó que en un día “bueno”, como viernes, sábado o domingo, se vendían unos Q1 mil 500. Dijo que, en ocasiones, se llegaba a esa cantidad en tres días o en uno solo, pero ahora se vende, con ganancia neta, alrededor de Q300.

El estudio de CABI sostiene en contraposición que la facturación total del sector implica una fuerte relación con una gran cantidad de otras actividades económicas en el país, además de que el pago de salarios genera un consumo adicional en el país, así como las utilidades empresariales y reinversiones.

“En total, la huella económica del sector llegó a representar más de 4% del PIB y cerca de Q20 mil millones; actualmente representa la mitad de eso”, refiere ese informe con datos del 2021.

Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales (organización que presentó diversos recursos legales contra la minera) opina que con la sanción de Estados Unidos, se está haciendo justicia, luego de batallar con denuncias en Guatemala.

“Creo que no podemos decir que se debe celebrar porque hemos ganado. Es algo importante reconocer cuando hay voluntad de hacer las cosas. Pase lo que pase, Dios nunca se olvida de hacer justicia. Creo que hoy se hizo justicia”, considera el pescador.

Nota del editor: Con fecha 14 de marzo de 2023, esta nota fue editada, debido a la falta de precisión en algunos datos que ya fueron corregidos.

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Se agrega que se adicionan tres días ya que la autoridad edil y la Comisión Específica mencionadas deberán señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro legal de ese Tribunal.

El reglamento en mención está contenido en el acta 4-2022 del 12 de julio del 2022 y se usó para realizar el 18 de septiembre una consulta municipal de vecinos en donde preguntaron si los vecinos están de acuerdo con la instalación y operación de proyecto de minería metálica en cualquiera de sus modalidades el municipio.

La minera que está autorizada para operar en ese municipio es Cerro Blanco, derecho minero a cargo de Elevar Resources, con método minero o de extracción subterránea, pero ha tramitado modificación de la licencia para efectuar minería a cielo abierto, proceso que aún se encuentra en trámite en el MARN, según confirmó la semana pasada el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

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El artículo 1, se refiere a la jurisdicción para realizar consultas, pero al ser suspendido, se observa que es evidente que el municipio no cuenta con jurisdicción para realizar consultas sobre temas competencia exclusiva del ejecutivo, refiere la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).

De los otros dos artículos suspendidos, el número 3  le dan facultad a una Comisión a ejecutar una consulta en lugar de que lo hiciera el Consejo Municipal, y el 20  establece que la consulta es vinculante para la municipalidad.

La CC expone en los considerandos debe decretar suspensión provisional si a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables.

Según la Cámara esta decisión deja sin efecto la consulta realizada por los comunitarios el pasado 18 de septiembre.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de Amcham indicó que lo que se hace con la decisión de la Corte es volverle a dar certeza jurídica al inversionista de que puede seguir adelante con sus operaciones en Guatemala, además de la importancia de que se decisión se tome a tiempo porque se podría tratar de replicar una modalidad similar en otros municipios. “Si la Corte de Constitucionalidad hubiera dejado pasar este asunto así, se hubiera podido replicar en otros municipios, sin embargo ahorita la corte sienta un precedente positivo ya que lo que está haciendo es ejerciendo la ley y no dejando que grupos que no tienen derecho a estar haciendo consultas o que no les compete lo hagan”, agregó la ejecutiva.

Mencionó que con suspensiones de operación de proyectos anteriores se ha  causado a la economía del país un impacto económico importante, ya que en 2018, la suspensión de operaciones del derecho El Escobal ocasionó que la entonces propietaria, Tahoe Resources perdiera US$15.6 millones (Q116.8 millones) en el segundo trimestre de 2018, equivalente a US $0.05 por acción (Q0.37), según datos publicados por la compañía en ese entonces. La operación de esa mina sigue suspendida y ahora es propiedad Pan American Silver Guatemala.

En tanto los propietarios del derecho minero Cerro Blanco (y ubicada en Asunción Mita) cotizan en bolsa, y las acciones de Bluestone Resources Inc. (casa matriz de Elevar Resources) cayeron a su precio más bajo en un año durante dos días consecutivos esta semana después de que se conociera la noticia del referéndum en Guatemala, en la que se rechaza las actividades mineras y que sabemos es ilegal, según datos de Financial Post, cita Amcham.

Elevar Resources se pronunció la semana pasada y señaló que la consulta fue sesgada e ilegal.

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Se intentó conocer la opinión del alcalde de Asunción Mita, Francisco Guardado, pero no respondió a las llamadas telefónicas.

Según la resolución de la CC por ausencia temporal de los magistrados Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemuys y Roberto Molina Barreto, integran el tribunal de magistrados en este caso Claudia Paniagua Pérez, Juan José Samayoa Villatoro y Walter Paulino Jiménez; además de Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera.

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Desde ese entonces se ha realizado un proceso estratégico de reestructuración del proyecto y de la empresa (antes Entre Mares de Guatemala S.A.), y con una esta visión sostenible, en 2021 nació Elevar Resources, afirma la compañía en su página electrónica.

Ahora emitió su postura derivada de la controversia que surgió por la consulta municipal.

La firma refiere que un estudio de factibilidad presentado en febrero del 2022 demostró que dicho proyecto era una operación robusta, de recuperación rápida y de alto grado, que producirá 2.6 millones de onzas de oro durante la vida útil de la mina.

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Sin embargo, aseguró la empresa que el avance logrado en el proyecto “llamó la atención de ciertos grupos anti mineros, conocidos por difundir información errónea sobre los impactos de los proyectos de desarrollo” e indica que estos formaron una comisión para organizar una consulta de vecinos cuestiona de forma injusta las futuras actividades mineras dentro de los límites municipales.

La compañía señala que “durante el proceso de consulta se observaron varias actividades sesgadas e ilegales” y que el martes 13 de septiembre se presentó una medida cautelar contra la consulta de vecinos la cual fue suspendida por resolución de un Juez del departamento de Jutiapa.

La Comisión conformada en el municipio continuó con la consulta en contra de las órdenes del tribunal y debido a la medida cautelar en contra del voto, Elevar Resources no participó activamente, afirma la empresa y asegura que según la legislación guatemalteca ninguna entidad más que las agencias gubernamentales pertinentes tienen la jurisdicción legal sobre las licencias mineras en Guatemala.

En otra parte del comunicado, divulgado en su página electrónica, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a participar en la consulta de vecinos y tampoco proporcionó una lista de votantes registrados, por lo que, según la empresa la misma Comisión fue la responsable de contar los votos, y agrega que no se siguieron ni consideraron los estándares internacionales aceptados para una votación de esta naturaleza, por lo que el resultado no refleja transparencia.

Bob Gill, director gerente de Elevar Resources, expresó, según el boletín, que “en Elevar no creemos que los resultados de esta votación reflejen el sentimiento general de la comunidad hacia el proyecto”, además calificó que el proceso de consulta es ilegal, tiene irregularidades y son referendos sesgados para crear dudas e incertidumbre en torno a proyectos de minería.

Indicó que el objetivo de la compañía es continuar desarrollando el proyecto.

El alcalde del lugar, René Francisco Ruano, explicó el 19 de septiembre que la consulta se realizó a solicitud de un grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros del Consejo Municipal. De 8 mil 503 personas que acudieron a las urnas, 7 mil 481 (87.98%) votaron en contra de la mina.

La comisión organizadora defendió que la consulta es vinculante para el Concejo (municipal) y para el alcalde y también indicativa para el gobierno central del país. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) argumentó que la consulta en mención no cuenta con su aval además que considera que carece de fundamento legal.

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El MEM dio a conocer que la empresa busca el cambio del método de minado para pasar de subterránea a cielo abierto, para lo cual esta efectuando trámites relacionados al estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Ambiente.

De aprobarse dicho estudio, y el aspecto técnico que le correspondería analizar al MEM, se procedería a hacer una consulta con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a dos aspectos: que el cambio de método de minado es drástico y que para la licencia original aprobada en el 2007 no se realizaban consultas en el país porque hacía falta un reglamento.

Este miércoles también se pronunció la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) la cual instó a las autoridades a dar cumplimiento de la ley y el respeto de la certeza jurídica, rechazando las acciones que ponen en riesgo la inversión extranjera.

Agrega que ese tipo de consulta no corresponde a un asunto municipal sino es potestad del gobierno central. “Nos preocupa que se haya dado una consulta municipal en Asunción Mita, Jutiapa, en violación a la ley, así como, un amparo Constitucional vigente, sin supervisión del Tribunal Supremo Electoral, ni observación de los entes competentes del Estado”, se agrega e el comunicado.

#ComunicadoAmChamGT | Hacemos un llamado a respetar la certeza jurídica y el Estado de Derecho, rechazando las acciones llevadas a cabo fuera del marco legal con la consulta municipal en Asunción Mita, Jutiapa. pic.twitter.com/yUuZBs676o

— AmCham Guatemala (@AmChamGT) September 21, 2022

A favor de pronunciamiento

Este viernes 23 de septiembre, la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham), emitió un comunicado de prensa en el que califica de oportuno el pronunciamiento por parte del MEM al señalar que no avala la consulta comunitaria de Asunción Mita.

“Instamos a las autoridades municipales competentes a establecer un diálogo oportuno que permita que los proyectos de inversión extranjera se lleven a cabo dentro del ordenamiento legal adecuado, promoviendo que no se pierdan las oportunidades de desarrollo que estos proyectos conllevan, para que las comunidades aledañas, así como la economía guatemalteca, sea la más favorecida”, indicó la entidad.

En el comunicado se lee también: “Apoyamos el compromiso ineludible de las autoridades del MEM con la transparencia y el respeto a las leyes de la República, para mantener la certeza jurídica y la institucionalidad del país, que es tan necesaria para reactivar la economía de Guatemala y atraer la inversión extranjera de países amigos que desean establecerse en nuestro país”.

pic.twitter.com/d3yawGHlSX

— Cancham Guatemala (@CanchamGT) September 23, 2022

Entrega oficial de resultados

Mientras tanto, la Comisión Específica para la Consulta Municipal de Vecinos, en un acto público entregó este viernes 23 de septiembre, al Concejo de Asunción Mita las actas con los resultados oficiales obtenidos en cada centro de votación, para su trámite y publicación en el Diario de Centro América.

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En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este domingo 14 de agosto que en las últimas horas “se incrementaron los niveles de agua en los pozos dos, tres y cuatro de la mina El Pinabete hasta alcanzar 10.44 metros”.

La reducción del nivel de agua al interior de la mina de carbón es el principal objetivo de las autoridades para intentar el rescatar a los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el 3 de agosto.

Ante este escenario, los especialistas del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía y de la empresa Mimosa diseñan una estrategia para evitar que sigan aumentando, y generar condiciones para rescatar a los mineros.

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En tanto, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, dijo a los familiares de los mineros que trabajan para su rescate luego de que el sábado pidieran la intervención de rescatistas extranjeros y criticarán la lentitud de los especialistas mexicanos en las labores de rescate.

“Que a los familiares les quede claro que no los vamos a abandonar, ni a ellos ni a los mineros atrapados. Compartimos la angustia que ellos sufren, y sepan que no estamos escatimando ningún recurso para lograr el propósito”, dijo Velázquez.

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Destacó que el sistema de Protección Civil en México es uno de los más experimentados del mundo, esto debido a que el país es uno de los más vulnerables a los fenómenos naturales.

Además, les pidió a los familiares “tengan la confianza de que poseemos los conocimientos necesarios y las herramientas para atender la emergencia”.

Velázquez explicó que en la mina El Pinabete se enfrentan a “condiciones extraordinarias” debido a su colindancia, al sur, con la mina Conchas Norte que fue abandonada hace aproximadamente 30 años.

“Durante ese periodo acumuló un volumen muy alto y que será determinado cuando se tenga mayor información”, expuso.

Según registros, a mina Conchas Norte es 100 veces más grande que El Pinabete, ya que ésta comprende 1,8 hectáreas y la de Conchas Norte tiene 180 hectáreas.

El sábado, cuando los mineros cumplieron 10 días atrapados, sus familiares, en conferencia de prensa a las afueras de la mina, pidieron la ayuda e intervención de rescatistas extranjeros y criticaron el actuar de los especialistas mexicanos.

Los familiares dijeron estar “desesperados por lo lento de las maniobras de rescate”.

“Si ellos no pueden, queremos ayuda de otra parte (extranjero)”, expresó una de las esposas de los mineros, quien además exigió una nueva comparecencia en el sitio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo, la Iglesia católica mexicana llamó a la industria minera a garantizar las medidas de seguridad y dignidad necesarias para los mineros, quienes, dijo, son parte de los trabajadores olvidados en este país.

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“Nos hemos acostumbrado a no exigir el nombre y la dignidad de aquellos hermanos que trabajan en las minas y en otros oficios a los que no solemos mirar”, señaló la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario “Desde la fe” de este día.

El derrumbe reactivó la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre.

Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador urgiera “hacer más” esfuerzos para evacuar a los trabajadores, Protección Civil anunció que inspeccionará el socavón con un dron equipado con un cámara acuática antes de que ingresen los socorristas.

“El día de hoy se estará trabajando con un dron submarino que hizo llegar la Marina”, dijo la titular del organismo, Laura Velázquez, durante la conferencia de López Obrador, quien supervisó las labores de rescate in situ el domingo 7 de agosto.

La funcionaria explicó que el aparato tiene una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta unos 250 metros de profundidad, de manera que los buzos de la secretaría de Defensa puedan identificar posibles obstáculos “sin poner en riesgo” la vida de los rescatistas.

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El anuncio de la cámara causó revuelo en el campamento donde aguardan los familiares de los mineros en Agujita, una comunidad del estado de Coahuila (norte y fronterizo con Estados Unidos).

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Algunos comentaban sobre la posibilidad de que esta inspección acelere el ingreso de los buceadores.

Sin embargo, la inmersión a través de un pozo recién se llevaría a cabo a mediados de esta semana, según un diagrama del Ejército presentado en la conferencia presidencial.

De acuerdo con esas estimaciones, el nivel de agua seguro para permitir el acceso de los rescatistas es de 1.5 metros. Actualmente la cota se encuentra en 19.4 metros.

Al mismo tiempo, el gobierno informó que continúan los trabajos para extraer con motobombas el agua de la mina, de entre 30 y 40 metros de profundidad.

“Se están sacando más de 300 litros por segundo (…), es lo necesario de acuerdo a los técnicos y estamos apurando en sacar el agua para que entren ya los rescatistas”, señaló López Obrador.

Refugios salvadores

El mandatario aseguró que el personal en el terreno y las familias mantienen la confianza en que los mineros estén con vida.

“Todos tienen fe, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate”, sostuvo. “Nos explicaban que cuando se trabaja en esas minas, los mismos mineros hacen como huecos o refugios”, añadió.

Sin embargo, la ansiedad es notoria entre los parientes de los mineros, que con el paso de las horas cuestionan la idoneidad del personal de rescate y evitan hablar con los periodistas presentes en el lugar.

En tanto, el cordón de seguridad en torno a la mina fue reforzando, constató la AFP.

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El yacimiento está ubicado a unos  mil 30 km al norte de Ciudad de México, en la región carbonífera de Coahuila, principal productora de este mineral en el país.

Los parientes de los trabajadores están esperanzados en que éstos se encuentren a salvo de la inundación.

El accidente ocurrió cuando la cuadrilla se topó con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse inundó la mina, según las autoridades. Cinco de los obreros lograron escapar.

Los accidentes en minas de Coahuila suceden regularmente. En junio de 2021, siete mineros murieron tras el colapso de otra mina de carbón en Múzquiz.

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El más grave siniestro minero en esta región ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas en la mina Pasta de Conchos, controlada por el conglomerado Grupo México, provocó la muerte de 65 trabajadores. Solo dos cuerpos fueron rescatados.

Los 10 mineros, quienes quedaron atrapados en la mina Las Conchas, ubicada en Coahuila, a más de mil kilómetros al norte de la Ciudad de México, actualmente llevan más de 33 horas atrapados, por lo que la preocupación entre sus familiares ha aumentado con el paso del tiempo.

Con el fin de sacar a los 10 mineros con vida, elementos del Ejército y brigadistas trabajan por turnos para desaguar el pozo con la ayuda de ocho bombas de extracción, mientras esperan la llegada de otros 17 equipos de bombeo con mayor capacidad, reveló Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.

Según la coordinadora de Protección Civil, este incidente ocurrió cuando los trabajadores, mientras estaban excavando, se toparon con un área llena de agua que “al derrumbarse provocó una inundación”.

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En las próximas horas, se espera la llegada de una aeronave de la Guardia Nacional con seis buzos de las fuerzas especiales, quienes ingresarán al pozo para rescatar a los 10 mineros atrapados.

De acuerdo al ingeniero metalúrgico Guillermo Iglesias, estas minas cuentan con infraestructuras artesanales que suelen ser peligrosas ya que no cuentan con las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de posibles derrumbes.

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Otras tragedias mineras en México

En 2011, siete mineros perdieron la vida en la región de Múzquiz, Coahuila, tras el colapso de otra mina de carbón en esta región minera de México.

Sin embargo, el accidente minero más grave en esta región sucedió el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas en la mina Pasta de Conchos provocó la muerte de 65 trabajadores, de los cuales solamente dos cadáveres pudieron ser rescatados.

En los últimos 60 años, el sector ha tenido tres períodos de expansión y el más reciente se dio del 2012 al 2015, cuando llegó a representar 1.6% del PIB anual y unos US$1,800 millones en inversión extranjera directa (IED), expuso Ricardo Rodríguez, analista de Central American Business Intelligence (Ca-Bi), durante el foro “El rol de la minería en el desarrollo económico del país”, efectuado por la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) adscrita a Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Pero luego de la suspensión de varios proyectos (en especial de El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa) y el proceso de cierre programado de extracción de otros, la producción bajó a 0.5% del PIB.

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En el 2015 el sector representaba ingresos en regalías e impuestos por unos Q700 millones y en la actualidad unos Q100 millones, a pesar de que Latinoamérica es en la actualidad el destino más importante de inversiones para explotación minera, seguido por Australia.

“En el caso de Guatemala, la minería ha estado presente en cada etapa de su evolución, desde la época precolombina hasta la industrialización, llegando en el 2013 a representar US$172.4 millones en IED para el país. Para el 2050 se prevé que la demanda de minerales sobrepasará los US$400 billones a nivel mundial y ante este panorama Guatemala tiene el potencial de convertirse en un jugador clave en el mercado”, mencionó Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat.

Por el momento, en el sector de minería metálica trabajan las compañías CGN/Pronico, Mayaniquel, Elevar (proyecto en construcción) y Pan American Silver (El Escobal). Además, Guatemala cuenta con proyectos de minería no metálica como canteras y depósitos de jade, se agregó.

Reglamentarán las consultas que establece el convenio 169

Ante esta situación, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, presente en el foro, afirmó que en breve, el Gobierno emitirá un reglamento para la realización de las consultas comunitarias que estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Admitió que incluso el Estado ha tenido dificultades para tener claro el proceso de realización de las consultas. Señaló que este reglamento no disminuirá la conflictividad, pero si quitará argumentos a otros sectores que se aprovechan de la falta de reglamentación de las consultas para rechazar la minería.

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Zurita dijo que observan con optimismo el anuncio de la próxima aprobación del reglamento, ya que el mismo aportará certeza a las operaciones actuales y también generará confianza en futuros inversionistas, no solo para el sector minero sino de otro tipo de industrias.

“A nivel sector hemos visto ejemplos de otros países que ya cuentan con un marco para realizar las consultas del Convenio 169 y permite que las mismas se reconozcan como un mecanismo de diálogo y acuerdos, que generan un clima de oportunidades para todos los involucrados”, con lo cual coincidió Rodríguez, del Ca-Bi.

Esta semana, el MEM dio a conocer que prevén finalizar la etapa de preconsulta para El Escobal el 20 de julio y llegar a acuerdos finales de la fase de consulta durante febrero del 2023.

Aparte se prepara la etapa de preconsulta para el proyecto Minero Progreso VII Derivada, también conocido como El Tambor o La Puya. Mientras que la del proyecto Fénix de CGN, finalizó en el 2021.

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Pimentel agregó que otra medida es agilizar el análisis y procesos de las solicitudes de licencias mineras, ya que gobiernos anteriores habían puesto en práctica una moratoria y encontraron una presa de más de 600 expedientes sin resolver.

También anunció que se está preparando la Política Nacional Minera, que no solo se base en una reforma a la Ley de Minería, sino un proceso de discusión más amplio con el resto de los sectores del país que serán convocados para hacer el ejercicio de definir el futuro de la minería en el país. También deberán integrarse otros entes como el Ministerio de Ambiente y otros.

Según el funcionario la Política estaría terminada en el 2023, ya que la quiere dejar finalizada antes del cambio de gobierno.

La civilización maya utilizaba el jade, el oro y la plata para la elaborar su joyería. Donde figuraba la recolección de superficie y la minería a cielo abierto, cavando pequeñas fosas para extraer los minerales y piedras preciosas. En la época colonial, se explotó principalmente el plomo, el oro y la plata.

Según el Ministerio de Energía y Minas en Guatemala-MEM-, en su anuario estadístico de 2019, se localizan yacimientos y extracciones mineras de dos categorías: minerales metálicos y no metálicos.

La primera categoría incluye el oro, plata, níquel, plomo y zinc, mientras que en los no metálicos predominan los materias de construcción como el sílice, magnesita y otros. Este estudio indica que la producción de ese año fue de Q242 millones, mientras que la del 2018 fue de Q710 millones, la baja fue por el cierre total de Mina Marlin I, que impactó negativamente el empleo y desarrollo del área.

Aporte a la economía

La industria minera se convierte en un motor de desarrollo no solo a nivel local, sino a nivel nacional, Guatemala también se ha convertido dentro de las naciones con mayor potencial.

Su desarrollo debe ser impulsado y comprender que la minería lleva progreso a las áreas donde se instala, genera empleos directos e indirectos, inyecta la economía y al ser empresas socialmente responsables apoyan la educación, salud, deporte, vivienda, infraestructura, entre otros.

Las exportaciones del sector de minas en países de desarrollo representan una participación, todavía modesta en el mercado mundial si lo comparamos con el de los países desarrollados, pero no dejan de ser una oportunidad para sumarse y contribuir en la satisfacción de la demanda global de estos materiales. Los beneficios deben ser compartidos y reconocidos por todos los sectores.

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS PRODUCTOS DE LA MINERÍA

Según el decreto 48-97, Ley de Minería, artículo 63, el porcentaje de las regalías a pagarse por la explotación de minerales serán distribuidas mitad y mitad al Estado y a las municipalidades donde se ubique la extracción minera.

Del ciento por ciento del territorio nacional, el 32% está denominado como área protegida. El resto, un 0.82% es área de explotación minera, representa una mínima parte en contraposición del beneficio que genera, según el Anuario Estadístico Minero 2019, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

El funcionario expresó que dicha resolución se aprobó luego de haberse cumplido la consulta al pueblo indígena maya q’eqchi’ que fuera ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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El   proceso de consulta a la población de El Estor (Izabal) y de Panzós (Alta Verapaz) finalizó en diciembre del 2021 y a partir del momento en que la compañía sea notificada podría reiniciar la explotación, se agregó.

La licencia que posee la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) fue suspendida en julio del 2019 de forma provisional, además el MEM acató hasta casi siete meses después, en marzo del 2021, la suspensión definitiva que la Corte había emitido en agosto del 2020.

La CC también estableció que se debía delimitar el número de kilómetros ya que de los 17 que operaban solo 6.29 tenían estudio de impacto ambiental (EIA).

La empresa informó el año pasado que al ser habilitada podría reanudar operaciones en marzo del 2022 ya que se debía dar mantenimiento al equipo y contratar personal.

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La operación de dicho campo ha generado posiciones encontradas entre habitantes de varias comunidades, mientras unas la apoyan, otras cuestionaron la falta de la consulta a la población además de daños al medio ambiente.

Para Izabal, incluyendo al municipio de El Estor, han sido decretados varios estados de sitio o de prevención por diferentes problemas que enfrentan, incluyendo las controversias por la minera.

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La resolución se firmó luego de concluido el proceso de consulta al pueblo indígena Maya Q´eqchí, ordenado por la @CC_Guatemala y por el cual fuera suspendido el derecho minero y que diera paso a la consulta según el convenio 169 de la #OIT.#UnidosTransformamosGuatemala pic.twitter.com/wEWxSVojEr

— Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) January 6, 2022

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