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Choque entre CC, ambientalistas y alcaldes por norma que regula el manejo de desechos

Tue, 02 Sep 2025 06:02:00 +0000

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Choque entre CC, ambientalistas y alcaldes por norma que regula el manejo de desechos

Mientras que la CC y las municipalidades señalan que el reglamento para la gestión integral de residuos era inconstitucional porque viola la autonomía municipal, ambientalistas señalan que las comunas están sometidos a los acuerdos ministeriales y gubernativos del Gobierno central.

2 de septiembre de 2025 | 00:02h

Reglamento para gestión de desechos queda sin efecto tras fallo de la CC; municipalidades deben definir el proceso para resolver el problema de la basura. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de declarar inconstitucional el acuerdo gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos comunes, bajo el argumento de que vulnera la autonomía municipal, abre el debate sobre el papel de las comunas en el manejo de la basura.

De acuerdo con Marco Vinicio Cerezo Blandón, director general de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), la resolución de la CC interpreta de forma incorrecta la autonomía municipal, ya que Guatemala es una república unitaria y los municipios son únicamente un nivel organizacional, un instrumento funcional para llevar los servicios públicos a los territorios, pero no constituyen extraterritorialidad y están sometidos a las leyes de la República, así como a los acuerdos ministeriales y gubernativos del Gobierno central.

“Esa autonomía extraterritorial es una interpretación exagerada e incorrecta de la autonomía municipal”, afirma Cerezo Blandón. Añade que las municipalidades deben someterse a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Ambiente, por lo que la resolución debe revisarse. De quedar en firme, postergaría hasta por 30 años la solución a problemas ambientales, como el manejo de los desechos sólidos.

Por otro lado, indica que la gran mayoría de municipalidades no cuenta con capacidades técnicas, institucionales ni financieras —más de 80% de sus ingresos depende del Gobierno central— para enfrentar las problemáticas ambientales de sus municipios. La única forma de abordarlas es mediante una coordinación estrecha entre las comunas, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia.

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“Pretender que las municipalidades son autónomas cuando ni siquiera pueden financiar sus propios gastos operativos es una falacia. Declarar inconstitucional el acuerdo gubernativo no es la vía correcta”.

Marco Vinicio Cerezo Blandón, director general de Fundaeco

Agrega que mantener firme la resolución de la CC implicaría que los responsables civiles y penales de la contaminación del ambiente, de las aguas y de los desechos sólidos serían los consejos municipales y los alcaldes.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) tienen una asignación este año de más de Q12 mil millones, presupuesto del que Cerezo Blandón no descarta que podría utilizarse para financiar el establecimiento de rellenos sanitarios e incluso de plantas de tratamiento de aguas servidas en los municipios. Sin embargo, no se trata solo de construir esos espacios, pues también se necesita contar con capacidades técnicas y financieras para hacerlos funcionar.

En ese punto, indica, se requiere “construir figuras colaborativas” de trabajo entre la cartera de Ambiente y las municipalidades, abriendo la posibilidad de que se sume la sociedad civil y el sector privado.

Sin embargo, hay municipalidades que, con sus propios recursos, han priorizado atender el asunto ambiental dentro de sus jurisdicciones. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) señala que hay 46 plantas de tratamiento de aguas residuales y 17 para manejo de desechos en proceso, en 56 municipios del país.

Sololá es el departamento con más proyectos de este tipo aprobados, pese a que el artículo del reglamento para las descargas y reúso de aguas residuales (2006), que obliga a las municipalidades a construir plantas de tratamiento, se ha prorrogado en varias ocasiones a petición de los alcaldes, quienes indican que no cuentan ni con fondos ni preparación para implementarlo.

Postura de la ANAM

Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), señala que en reiteradas ocasiones plantearon al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) que el acuerdo gubernativo 164-2021 era inconstitucional y que buscaron trabajar en una solución conjunta, partiendo de las necesidades de los municipios; sin embargo, no fueron atendidos.

Indica que dicho reglamento vulneraba la autonomía municipal porque pretendía regular el trabajo de las municipalidades y, además, sancionar a las comunas por lo que hiciera o dejara de hacer el ciudadano.

Resolver el problema de la basura, así como el de los drenajes, requiere de fondos, afirma el presidente de la Anam. Añade que las municipalidades no tienen capacidad técnica ni financiera para hacerlo, y que es necesario incluir este asunto en el Presupuesto General de la Nación.

La propuesta de la asociación consiste en la construcción de 12 plantas de tratamiento de basura en el país, con base en un informe elaborado por el Banco Mundial en el 2022. Estas se ubicarían por regiones y recibirían los desechos de varios municipios. Lograrlo, afirma Siero, requiere fondos que las comunas no poseen, por lo que los recursos económicos tendrían que provenir del Ejecutivo.

El trabajo de los alcaldes consistiría en regular, velar por la recolección de los residuos y garantizar su traslado a las plantas, a donde llegarían ya clasificados, pues —señala— de nada sirve que la población los separe si en los camiones recolectores y depósitos se mezcla con material no reciclable.

De acuerdo con Siero, el reglamento establecía sanciones contra los alcaldes si las personas no clasificaban la basura, aunque estos no tienen la potestad legal para determinar si la población cumple con esa obligación.

“Esto no lo va a arreglar el Gobierno por sí solo, ni lo van a poder arreglar las municipalidades solas. Hay que sentarse a solucionarlo y hacerlo en conjunto”.

Sebastián Siero, presidente de la Anam

Agrega que, si bien el informe del Banco Mundial no detalla el costo de las plantas de separación de basura, estudios de la Anam estiman que cada una costaría entre US$6 millones y US$10 millones. Asegura que es viable, considerando que el Ejecutivo tiene uno de los presupuestos más robustos de los últimos años. La construcción de cada planta tomaría 12 meses.

Afirma que desarrollar estos espacios permitiría reducir la contaminación en un 70%, pues considera que la basura es el principal problema.

Siero es alcalde de Santa Catarina Pinula, donde —según indica— ha logrado construir 23 plantas de tratamiento de aguas residuales gracias a que los recursos municipales se lo permiten. Sin embargo, señala que hay municipios en el interior del país cuyos fondos no lo permiten, y es allí donde se requiere apoyo financiero.

“Más que un reglamento, hay que hacer una ley, para que, cuando estas plantas entren en funcionamiento, lo hagan de forma correcta y se le otorgue a las municipalidades la potestad legal de sancionar a quienes contaminan. Esta ley debe trabajarse en conjunto entre las municipalidades y el Ministerio de Ambiente”, recalcó.

Recuerda que, como Anam, presentaron al Congreso de la República la iniciativa de ley del Fondo Verde, que cada año destinaba Q200 millones para la construcción de plantas de tratamiento de basura y drenajes. Sin embargo, luego de su tercera lectura, fue devuelta a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales.

“Lo único que pedimos es que se tomen en cuenta las propuestas que tenemos para aportar, porque los que estamos en la calle recogiendo la basura somos nosotros”, concluye Siero.

Ministra de Ambiente afirma que anulación de reglamento de separación de desechos “va a tener serias consecuencias”

Thu, 28 Aug 2025 17:28:24 +0000

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Ministra de Ambiente afirma que anulación de reglamento de separación de desechos “va a tener serias consecuencias”

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, afirmó que acatarán orden de la CC y advierte de consecuencias tras anulación de reglamento para la separación de basura.

Óscar García, Luisa Laguardia y Henry Montenegro

28 de agosto de 2025 | 11:28h

Recolectores de desechos se han manifestado contra el reglamento de la separación de desechos en Guatemala . (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El miércoles 27 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) informó que suspendió el reglamento que ordenaba clasificar la basura en Guatemala, al concluir que violaba la autonomía municipal.

La CC llegó a esa conclusión al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos.

La norma anulada estaba contenida en el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y su reforma 184-2023, que establecían el “Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes”, publicado en agosto del 2021 y modificado en el 2023.

El acuerdo provocó inconformidad en cientos de recolectores de desechos, quienes efectuaron jornadas de protesta y bloqueos del tránsito en la capital en febrero recién pasado.

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El propósito de esa regulación era mejorar la gestión de residuos en todas las fases del proceso, permitiendo que, una vez en el vertedero, los desechos llegaran clasificados.

Sin embargo, recolectores y recicladores expresaron su preocupación ante la implementación de la norma, al argumentar que las disposiciones afectarían directamente su actividad y podrían dejarlos sin empleo.

Tras lo resuelto por la CC, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, manifestó este jueves 28 de agosto su sorpresa por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Portillo, del partido Vamos. Esto lo dijo durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

La funcionaria afirmó que resulta contradictorio, ya que fue precisamente esa bancada la que promovió dicho decreto, aunque nunca le dio vigencia.

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Además, advirtió que la resolución representa un riesgo para la salud de la población y fomenta la impunidad en materia ambiental.

Según Orantes, este tipo de acciones se ha vuelto recurrente, pues ocurre una situación similar con la Ley de Tratamiento de Aguas.

“Es tremendamente lamentable que, para la Corte de Constitucionalidad, la autonomía municipal se vuelva vía libre para la contaminación”, externó Orantes.

Para leer más: Por qué cientos de recolectores de basura y recicladores bloquearon calles y colapsaron el tránsito en la capital

Dijo que, en medio de la crisis nacional de contaminación por basura, nuevamente la CC declaró inconstitucional el reglamento de manejo de desechos sólidos.

“Haber declarado inconstitucional este reglamento de desechos va a tener serias consecuencias sobre la salud de nuestras aguas, de los ríos, de los lagos, de nuestras costas; va a aumentar aún más la contaminación de barrancos, calles, carreteras y paisajes; va a elevar enormemente la impunidad ambiental y, claramente, va a poner en riesgo la salud de los guatemaltecos”, advirtió.

Luego indicó que el Ministerio de Ambiente acata la orden de la CC, en apego al sistema legal.

Diputado Ronald Portillo reacciona

Tras lo indicado por la ministra Orantes en la conferencia, el diputado Ronald Portillo le respondió e indicó que, si desea aprobar algo, debe llegar al Congreso.

Según él, cuando se elaboró el reglamento no se escuchó a los sectores de la población que trabajan en la recolección de desechos, una labor que calificó como complicada.

Afirmó que han atendido a ese sector de la población, el cual les planteó varias peticiones, entre estas, poder acceder al Ministerio de Ambiente, donde, según dijo, nunca habrían sido recibidos.

Añadió que este sector le pidió su apoyo para presentar la acción ante la CC, con el objetivo de que se respetaran sus derechos.

También señaló que existe burocracia en el Ministerio de Ambiente para efectuar trámites.

Portillo manifestó que está a favor de la protección del ambiente. “Es en contra de usted —Orantes— que, con su arbitrariedad, ha generado una parálisis en el país y está condenando a la gente a pobreza y pobreza extrema. Le invito a que recapacite, cumpla la Constitución Política y las leyes, y deje de emitir reglamentos sin observar la normativa constitucional”, expresó.

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Lago de Atitlán: inspección del Ministerio de Ambiente revela contaminación y anuncia sanciones

Wed, 20 Aug 2025 13:47:33 +0000

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Lago de Atitlán: inspección del Ministerio de Ambiente revela contaminación y anuncia sanciones

El Ministerio de Ambiente efectuó 42 inspecciones a generadores de aguas residuales y detectó contaminación en el lago de Atitlán.

Óscar García

20 de agosto de 2025 | 07:47h

El lago de Atitlán se ha visto afectado por la contaminación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este miércoles 20 de agosto que efectuó 42 inspecciones aleatorias a generadores de aguas residuales —la mayoría, hoteles— en la cuenca del lago de Atitlán, Sololá, finalizadas en julio recién pasado.

Según los resultados, el 95% de los establecimientos evaluados no cumple con los límites máximos permisibles para la calidad del agua de los vertidos hacia el lago, conforme al Acuerdo Gubernativo 12-2011.

“Entre los parámetros incumplidos destacan: sólidos suspendidos totales, nitrógeno total, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno”, añadió el MARN.

Agregó que, derivado de estos hallazgos, los expedientes entraron al proceso correspondiente de sanciones administrativas.

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También indicó que continuará con inspecciones a entes públicos y privados en la cuenca del lago de Atitlán.

Afirmó que está en disposición de brindar asistencia técnica a empresas y municipalidades para mejorar sus procesos y tecnologías, con el fin de que cumplan con los estándares ambientales necesarios para proteger el referido lago.

Para leer más: “Guardianas del Lago: El colectivo de mujeres que limpia una maravilla natural de Atitlán

Información Importante pic.twitter.com/tsFXUyuymm
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) August 20, 2025

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Manifestantes contra minera cierran comercios en Lívingston; autoridades buscan diálogo

Wed, 18 Jun 2025 18:42:56 +0000

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Manifestantes contra minera cierran comercios en Lívingston; autoridades buscan diálogo

Comerciantes en Lívingston, Izabal, indican que han tenido que cerrar por exigencias de manifestantes que se oponen a la minería.

Óscar García y Andrea Domínguez

18 de junio de 2025 | 12:42h

Manifestantes obligan a cerrar comercios en Lívingston, Izabal, como medida de protesta por proyecto minero. (Foto: captura de pantalla del video de El Informador Veraz)

Las manifestaciones contra la actividad minera continúan en Lívingston, Izabal, pues además del bloqueo en San Antonio Sejá, las medidas de hecho se han extendido al área comercial.

El 16 de junio comenzó la manifestación de pobladores en el kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, donde está interrumpido el paso vehicular.

Este 18 de junio, medios locales informaron que grupos de manifestantes se desplazaron por calles del municipio para obligar al cierre de negocios como medida de protesta.

Según un video de Informador Veraz, en Río Dulce fueron cerrados varios comercios este miércoles.

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En la grabación se observa que un grupo de manifestantes, algunos portando bates, verifica que los comerciantes cierren sus locales.

Sin embargo, hoteles, restaurantes y farmacias sí operan con normalidad.

Un comerciante afirmó que la situación es tensa y que algunos negocios no funcionan desde el lunes 16.

Añadió que tampoco pueden movilizarse porque las vías están bloqueadas por los manifestantes. Además, algunas familias no pudieron abastecerse de provisiones este miércoles.

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Una comerciante expresó que ya registra pérdidas económicas, pues algunos clientes han cancelado contrataciones y también se reportan pérdidas en productos perecederos.

Algunos manifestantes indicaron que buscan el diálogo con autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para lograr que la situación vuelva a la normalidad. Señalaron que su objetivo es proteger los nacimientos de agua en la Sierra Santa Cruz.

Advirtieron que esperan ser escuchados; de lo contrario, las medidas de hecho podrían extenderse a otros tramos carreteros importantes.

Tratarán de buscar el diálogo

La diputada Thelma Ramírez, en una transmisión en redes sociales, se comunicó con autoridades relacionadas con el tema para tratar de plantear una solución a la demanda de los manifestantes.

El objetivo es establecer una mesa de trabajo con líderes de San Antonio Sejá, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y el alcalde de Lívingston, Enrique Xol.

Según se informó en la transmisión, una comitiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sostendrá un diálogo con los pobladores y autoridades locales en Río Dulce.

El propósito es explicarles a los líderes cuál es el procedimiento respecto de los expedientes que contienen las licencias ambientales y trasladar la información a la población.

Aunque, si las condiciones no son idóneas para entablar el diálogo, se podrían utilizar otros medios para adquirir compromisos.

Se estima que la reunión podría celebrarse a las 14 horas de este miércoles en Lívingston.

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Qué busca la iniciativa para proteger el arrecife Corona Caimán y por qué genera debate en el Caribe guatemalteco

Thu, 17 Apr 2025 11:00:00 +0000

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Qué busca la iniciativa para proteger el arrecife Corona Caimán y por qué genera debate en el Caribe guatemalteco

¿Sabía que Guatemala tiene uno de los arrecifes más saludables del Caribe? Le explicamos de qué trata la ley que busca protegerlo.

Sandy Pineda

17 de abril de 2025 | 05:00h

Zona costera del Caribe guatemalteco, donde la pesca artesanal es el sustento de cientos de familias.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

¿Qué pasaría si uno de los arrecifes más ricos del Caribe guatemalteco fuera declarado área protegida? Esa es la propuesta del proyecto de ley 6499, que busca incorporar el arrecife Corona Caimán al área protegida Punta de Manabique, en Izabal.

La iniciativa ha despertado el interés de ambientalistas, autoridades y comunidades costeras, no solo por su potencial para conservar la biodiversidad marina, sino también por los desafíos legales y sociales que implica su implementación.

¿Por qué es tan importante esta zona? ¿Qué opinan los actores involucrados?

Aquí le explicamos los puntos clave para entender el debate.

¿Por qué se quiere proteger el arrecife Corona Caimán?

El Congreso de la República analiza el proyecto de ley 6499, que propone reformas al Refugio de Punta de Manabique para incorporar el arrecife Corona Caimán a dicha área protegida, ubicada en el departamento de Izabal.

Esta propuesta busca ampliar la cobertura legal de conservación marina para fortalecer la protección del arrecife Corona Caimán, uno de los ecosistemas marinos más saludables y biodiversos de Guatemala.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el arrecife Corona Caimán representa un ecosistema marino de alto valor ecológico.

Se considera un refugio de biodiversidad y un área clave para la productividad pesquera sostenible.

Las instituciones explicaron que proteger este arrecife permitiría garantizar los servicios ambientales que brinda, preservar su valor natural y contribuir al bienestar de las comunidades costeras, muchas de las cuales dependen de la pesca artesanal. Sin embargo, el respaldo técnico y legal aún está en proceso.

En un comunicado conjunto, el MARN y el Conap señalaron que, aunque valoran la intención de conservar el arrecife, a su parecer el proyecto de ley aún no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Áreas Protegidas.

Esto incluye la necesidad de un estudio técnico integral aprobado por el Conap, así como la opinión favorable de otras instancias del Organismo Ejecutivo y el respaldo social necesario.

Las autoridades ambientales subrayaron que cualquier nueva declaratoria debe tomar en cuenta factores ambientales, sociales, culturales y económicos, así como los posibles impactos para las comunidades cercanas.

Contexto: preocupaciones sobre la pesca y los límites marítimos

La diputada Karina Paz, promotora de la iniciativa, aseguró que el objetivo central es garantizar la protección de un “súper reef” vital para la biodiversidad marina y para el propio sistema arrecifal mesoamericano.

“El arrecife Corona Caimán es clave para la vida marina en el Caribe guatemalteco. Su conservación no solo es urgente, es esencial”, expresó.

No obstante, reconoció que el avance de la iniciativa enfrenta un desafío geopolítico: la indefinición del límite marítimo entre Guatemala y Belice.

“El diferendo con Belice es un obstáculo real”, explicó.

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La diputada subrayó que el proyecto busca frenar actividades que ya ocurren en la zona núcleo, como la pesca ilegal por parte de embarcaciones extranjeras, y promover una pesca más sostenible para las comunidades nacionales.

“La meta es proteger esta zona, garantizar su abundancia marina y, a partir de eso, permitir que los pescadores de la región pasen de una pesca artesanal a una industrial sostenible”, detalló.

También consideró que parte del rechazo se basa en desinformación o confusión con otras normativas vigentes, como el Acuerdo Ministerial 85-2020, que estableció una veda en el área desde 2019.

“Esta propuesta no tiene relación con conflictos como el de los trasmayos o el conflicto con pescadores beliceños. Es importante no mezclar temas. Lo que queremos es evitar que en poco tiempo no tengamos nada que proteger: mares vacíos completamente contaminados”, enfatizó.

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¿Qué denuncian los pescadores?

En paralelo al debate legislativo, han surgido expresiones de preocupación por parte de pescadores artesanales de la zona.

El grupo de pescadores de San Francisco del Mar, en Izabal, ha solicitado la revisión del Acuerdo 85-2020, que impuso una veda sobre más de 20 mil hectáreas marinas para preservar especies como la corona de caimán y zonas arrecifales.

Alegan que la medida se implementó sin consultarles y que ha afectado gravemente su sustento, ya que limita el acceso a sus zonas tradicionales de pesca.

Además, han denunciado conflictos constantes con pescadores de Belice, quienes ingresan a aguas guatemaltecas, les quitan redes y los amenazan. Esto, aseguran, mantiene un clima constante de tensiones en el área sin que sientan respaldo por parte de las autoridades.

Afirman haber perdido más de mil redes de pesca, cada una valorada en más de Q3 mil. También señalan haber invertido más de Q200 mil en gestiones y reuniones con autoridades sin obtener soluciones concretas.

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Paz, quien ha dado seguimiento a temas en la zona, explicó que parte del conflicto deriva de la falta de una delimitación oficial entre Guatemala y Belice en sectores marítimos, especialmente desde el río Sarstún hasta la Punta de Manabique.

En algunos casos, agregó, la falta de definición ha dificultado la actuación de las autoridades nacionales ante incidentes con embarcaciones extranjeras.

“No hay un límite claro en el mar, y por eso se presentan incidentes entre pescadores. Lo que más molesta a las comunidades es cuando se les decomisan trasmayos o se les detiene, pero son temas que también dependen del fallo pendiente en la Corte Internacional sobre los límites con Belice”, explicó, sin vincular directamente estos hechos con el proyecto de ley 6499.

¿Y cómo se relaciona esto con el proyecto de ley?

Aunque las preocupaciones de los pescadores están ligadas a normativas y conflictos previos, en algunos espacios públicos se ha generado confusión entre esas quejas y el contenido del proyecto de ley 6499.

Tanto autoridades como la diputada han aclarado que la iniciativa legislativa es independiente de los acuerdos ministeriales vigentes y no busca restringir derechos sin diálogo o estudios técnicos.

Por el momento, el futuro del arrecife Corona Caimán depende de que se realicen los estudios necesarios y se fortalezca el diálogo con las comunidades.

En resumen

El proyecto de ley 6499 busca incorporar el arrecife Corona Caimán al área protegida Punta de Manabique.
El MARN y el Conap reconocen el valor ecológico del arrecife, pero señalan que el proyecto aún debe cumplir requisitos legales y técnicos.
El contexto social incluye preocupaciones por normativas previas (como el Acuerdo 85-2020) y conflictos marítimos que afectan la pesca artesanal.
No hay una oposición abierta al proyecto de ley, pero su avance requiere diálogo técnico y social.

REFORMAS AL DECRETO 23-2005 LEY QUE DECLARA AREA PROTEGIDA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE Download

Clasificación de la basura: Guatemala no es el único país con desafíos, ¿cómo están los demás en Centroamérica?

Tue, 25 Feb 2025 02:13:15 +0000

Guatemala

Clasificación de la basura: Guatemala no es el único país con desafíos, ¿cómo están los demás en Centroamérica?

Guatemala no es el único país con dificultades para las clasificación de los desechos. ¿Cómo enfrentan el desafío El Salvador, Honduras o Costa Rica, y qué tienen en común?

Sandy Pineda

24 de febrero de 2025 | 20:13h

Camiones llegan a diario a depositar desechos el vertedero de la zona 3 de la capital. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala no es el único país con desafíos en la separación de basura, de hecho, varios países de Centroamérica también han intentado establecer sus propias normativas desde años anteriores, pero enfrentan obstáculos similares.

Las iniciativas en papel para la gestión de los residuos existen, pero la falta de infraestructura, de regulaciones claras promovidas por municipalidades y de conciencia ciudadana, han dificultado su implementación efectiva en la región.

Guatemala intentaría clasificar todavía más la basura desde el 11 de febrero del 2025, pero la medida no se cumplió, y una semana después la capital se paralizó por una masiva protesta por grupos de recolectores y recicladores.

No obstante, no es una resistencia única. La situación también se refleja en otras naciones de la región. ¿Qué tan avanzados están a comparación de Guatemala?

El Salvador: en marcha, pero sin obligatoriedad

En El Salvador la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje busca promover la separación de desechos, pero aún no se ha implementado de manera obligatoria.

La mayoría de los municipios depende de vertederos a cielo abierto, y aunque hay esfuerzos de reciclaje, estos se llevan a cabo en su mayoría por iniciativas privadas y organizaciones no gubernamentales.

Los salvadoreños creen que se debe clasificar la basura en los hogares, pero solo la tercera parte lo hace, según la encuesta más reciente de agosto del 2024.

Los principales resultados mostraron que el 33.8% de los entrevistados respondieron que “sí, siempre” separan la basura que se genera en su hogar, entre desechos orgánicos y no orgánicos. Otro 30.4% de la muestra contestó que “a veces”, y el 35.5% respondió que nunca lo hace.

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A pesar de que ni la separación de la basura, ni el reciclaje, son una práctica generalizada, más de la mitad afirmó estar consciente de que la basura plástica es principal fuente de contaminación de cuerpos de agua, como ríos, lagos y océanos.

Incluso un 82.2% afirmó que “hay más inundaciones” que antes en sus comunidades, asociado a la acumulación de basura en los tragantes.

Honduras: sin una efectiva separación de residuos

Honduras enfrenta problemas similares los de Guatemala y El Salvador.

A pesar de algunas campañas para promover el reciclaje, la separación de basura no es un proceso generalizado.

Si bien cuentan con Reglamento para el Manejo Integral de Residuos Sólidos desde el 2011, este tampoco exige a los ciudadanos la separación obligada de los desechos.

El marco legal para la gestión de desechos en Honduras está disperso en varias instituciones y, además de que es básico, están ausentes las políticas y estrategias específicas o unificadas, lo que dificulta la coordinación entre el sector y finalmente, con los vecinos.

Así lo describe un diagnóstico del 2016 sobre el proceso de gestión que trabajó la sección de Ambiente de las Naciones Unidas junto a otras entidades locales. En este se resalta también que la infraestructura para su gestión sigue siendo limitada.

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A diferencia de Guatemala, Honduras no cuenta con una política nacional para la gestión de residuos, lo que resta fuerza a sus otros instrumentos legales.

En el 2014 se creó una guía dirigida a las municipalidades para que tuvieran mayor nivel en la toma de decisiones y se encargaran de promover la metodología de las ‘3R’s’ (reducir, reutilizar y reciclar). Sin embargo, esa cultura de reciclaje sigue sin permear en las comunidades.

De manera general, los estudios revelan que si bien no hay datos periódicos sobre cuánta población hondureña separa la basura que produce desde sus hogares, otros indicadores reflejan lo débil o lo poco que se gestionan los residuos sólidos. Uno de estos indicadores es el destino final de la recolección.

En Honduras, por ejemplo, según datos de municipios evaluados en el 2018, solo el 8.4% de la población tenía acceso a rellenos sanitarios, otro 38.14% en botaderos controlados y el dato más elevado, es que en el 49% su basura llega a botaderos a cielo abierto.

Es similar a Guatemala, donde la disposición final más utilizada es la misma, pues la basura se arroja sin tratamiento sanitario.

Según la ONU (2018), esta técnica es perjudicial a nivel global, ya que estos vertederos generan gases de efecto invernadero debido a la descomposición de materia orgánica y representan un riesgo de combustión.

Otro indicador clave en las zonas urbanas es la existencia de botaderos clandestinos y en áreas rurales, que se acostumbra a quemar o enterrar la basura, por lo que las estimaciones de la generación real de residuos podrían ser mayor.

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En Nicaragua, la separación de residuos ha sido promovida por algunas municipalidades y organizaciones no gubernamentales, pero no hay un sistema nacional obligatorio.

A pesar de iniciativas para reducir los desechos plásticos, el país sigue dependiendo en gran medida de vertederos abiertos y rellenos sanitarios sin una gestión eficiente de los residuos reciclables.

La recolección de residuos se realiza en 120 de los 153 municipios mediante camiones operados por las autoridades municipales.

Sin embargo, prácticas como el entierro de basura por parte del 3.7% de las familias, especialmente en áreas rurales, y el uso limitado del compostaje (0.5% a nivel nacional) indican una separación de residuos poco desarrollada, según un informe del 2019.

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Costa Rica: avance en conscientización

Costa Rica es el país centroamericano que tuvo más previsión del reciclaje y la separación de basura. En 1995 aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Su proceso ha sido más gradual, considerando que tiene más tiempo de haberse enfocado en el tema, estableciendo centros de acopio y plantas de reciclaje.

Sin embargo, aunque cuenta con regulaciones que exigen la clasificación de residuos en distintos contenedores y promueve el reciclaje a través de programas municipales, el hábito de la separación aún es ausente.

Un sondeo de finales del 2024 elaborado por la Universidad Nacional (UNA) en apoyo de los Ministerio de Ambiente, Salud y Energía del país, muestra que similar a Guatemala, existe resistencia para la clasificación y lo singular es que las razones son bastantes parecidas.

Según los datos, un 57% de encuestados no separa residuos sólidos como una tarea cotidiana por falta de conocimiento o tiempo.

En contraste, el sondeo permitió entender que las personas sí son conscientes de la importancia del tema con un 95% de encuestados que consideró que sí era importante entregar la basura separada y preparada para facilitar su reciclaje.

Mientras que un 15% expresó que daba igual no hacerlo porque es una tarea en puntos de recolección, y un 10% dijo que no lo hacía porque “todo termina revuelto”.

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Panamá: normativas vigentes, pero con dificultades en la aplicación

Panamá también es otro de los países que cuenta con una normativa que pide separar residuos desde el 2018, pero su aplicación ha sido desigual.

Aunque en la capital y en algunas comunidades hay programas de reciclaje, la infraestructura sigue siendo insuficiente y, de nuevo, la concienciación ciudadana es un desafío.

Al igual que el resto de los países, tanto en las áreas urbanas como en contextos rurales, el manejo de residuos recae sobre los municipios.

Una evaluación en Tonosí, un municipio de Panamá que se tomó como referencia en el 2021, marca lo mismo sobre la limitada clasificación, infraestructura y tecnología avanzada.

No obstante, se resalta que existen esfuerzos por juntas comunales y vecinos que pagan por el servicio de recolección de residuos que, en el mejor de los casos, son llevados a los vertederos, y en el peor, se queman, o se disponen clandestinamente en ríos y costas.

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Guatemala: mismos desafíos que gran parte de la región

En Guatemala, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos estableció en el 2021 la separación de la basura, pero aún sigue frenada.

La ausencia de un sistema de recolección diferenciado desde hogares, recolectores y disposición final en vertederos, han impedido que la medida se vuelva una práctica generalizada.

Las comunas representadas en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) rechazan modificar el reglamento actual y, por el contrario, busca reemplazarlo por uno nuevo, pese a que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) mantiene su posición de que el reglamento actual sigue en firme.

El próximo 27 de febrero del 2025, los sectores tienen programada una reunión para comenzar a debatir sus diferencias sobre la normativa.

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Esta comparativa entre países muestra que si bien Guatemala enfrenta dificultades en la separación de residuos, no es un caso aislado en Centroamérica.

Aunque han avanzado en regulaciones ambientales, aún no consiguen implementarlas en parte, según los informes y datos disponibles, por la falta de protagonismo de las municipalidades y la limitada fuerza política para impulsarlas efectivamente.

Las dificultades en la gestión de residuos a nivel regional también recaen en la falta de infraestructura, recursos financieros y participación ciudadana en el reciclaje.

Lea también: Cómo clasificar la basura en Guatemala: guía visual para hacerlo correctamente

¿Aún se debe clasificar la basura?: Preguntas y respuestas que explican cómo queda el reglamento

Fri, 21 Feb 2025 00:11:57 +0000

Comunitario

¿Aún se debe clasificar la basura?: Preguntas y respuestas que explican cómo queda el reglamento

¿Aún debo separa la basura? Luego de anunciar cambios al reglamento para la clasificación de residuos, esto es lo que sigue vigente, según la Municipalidad de Guatemala.

Sandy Pineda

20 de febrero de 2025 | 18:11h

La separación de la basura sigue vigente, aunque hasta el momento no se vayan a aplicar sanciones. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Cuando los desechos permanecen expuestos al sol, al aire y al agua durante mucho tiempo, liberan partículas altamente tóxicas y contaminantes, a las cuales los guatemaltecos siguen estando expuestos.

Se trata de una “crisis de contaminación” causada por la basura, aseguró este jueves 20 de febrero la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, quien reafirmó que sigue vigente el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos.

Durante la ponencia de Orantes, se proyectó un video que muestra la acumulación de basura y residuos en la corriente de un riachuelo, una imagen que, según ella, se replica en distintos puntos del país.

La declaración de la funcionaria se dio luego de que no logró avanzar la clasificación de la basura en tres grupos —orgánica, reciclable y no reciclable— en la capital, debido a las protestas de recolectores y recicladores.

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Según el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), en Guatemala se producen 3.7 millones de toneladas de basura al año y el 90% no se maneja adecuadamente. Esto provoca que la contaminación se extienda en el suelo, el subsuelo, el agua y el aire, afectando todas las formas de vida.

Estos argumentos, según Orantes, respaldan la necesidad de que la normativa siga vigente y de que no haya prórrogas para su aplicación.

No obstante, persisten las dudas: ¿Qué sigue vigente exactamente?, ¿qué deben hacer los vecinos ante los últimos cambios tras las protestas de recolectores y recicladores del vertedero de la zona 3?

Lea también: ¿Qué pasará con la clasificación de los desechos en orgánico, reciclable y no reciclable? Las autoridades no se ponen de acuerdo

Preguntas y respuestas clave

¿La basura se debe separar?

En la Ciudad de Guatemala, la separación deberá mantenerse en dos grupos —lo que llaman clasificación primaria—, es decir, orgánico e inorgánico.

Esta medida había sido modificada, primero aplazada por 42 meses y luego establecida para entrar en vigencia el 11 de febrero; sin embargo, en la capital su implementación ha fracasado.

Orantes explicó que el reglamento contiene diversas disposiciones y no se centra únicamente en la clasificación de los desechos. De hecho, mencionó que solo dos artículos tratan específicamente este tema.

Por lo tanto, el resto del reglamento, que busca mejorar la cadena de recepción, almacenamiento y manejo de desechos, sigue vigente y debe aplicarse.

Según la funcionaria, esto significa que solo se deben separar los residuos en dos categorías: orgánico e inorgánico.

Al consultar a la Municipalidad de Guatemala para mayor claridad, la comuna confirmó que la única norma vigente es la separación en estos dos grupos.

En los establecimientos públicos, esta clasificación ya se distingue en compartimentos o basureros de dos colores: verde para orgánicos y negro para inorgánicos.

Pero, ¿qué ocurre en los hogares? Según la comuna, la separación debe realizarse en estas dos categorías según la normativa vigente, aunque, como se ha observado en la recolección, los recolectores continúan recibiendo las bolsas, estén separadas o no.

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¿Hay multas o sanciones?

Aunque el reglamento contempla sanciones económicas de hasta 40 salarios mínimos mensuales por incumplimiento de las disposiciones ambientales, por ahora no habrá multas.

El Marn explicó que las municipalidades son responsables de aplicar las sanciones, pero la mayoría aún no cuenta con la normativa necesaria para hacerlo. Mientras trabajan en ello, la cartera les brindará acompañamiento sin un plazo definido.

Aunque la clasificación es obligatoria, las sanciones dependerán de cada municipio, y solo 34 han desarrollado el plan requerido. La implementación del reglamento sigue en pie, pero sin penalizaciones inmediatas.

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¿Qué sigue vigente del reglamento?

En cuanto a la clasificación, aunque no haya sanciones, lo ideal es seguir adaptándose a la práctica de separar los residuos en orgánico e inorgánico.

El resto del reglamento incluye diversas disposiciones para el trabajo conjunto con las municipalidades, como la coordinación de procedimientos para el almacenamiento temporal, la normativa de contenedores en espacios públicos y la integración de acciones entre los ministerios de Ambiente y Salud.

Lea más: Clasificación de basura en Guatemala: 10 preguntas y respuestas sobre la normativa que entra en vigor el 11 de febrero

Ambiente afirma que reglamento sobre la separación de desechos está vigente y no tendrá prórroga

Thu, 20 Feb 2025 14:45:31 +0000

Comunitario

Ambiente afirma que reglamento sobre la separación de desechos está vigente y no tendrá prórroga

El Ministerio de Ambiente afirma que sigue vigente el acuerdo que ordena la separación de desechos y advierte que no habrá prórroga.

Óscar García y Leslie Sánchez

20 de febrero de 2025 | 08:45h

Patricia Orantes, ministra de Ambiente, se refiere al reglamento de la separación de desechos. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, en conferencia de prensa este jueves 20 de febrero aseguró que el reglamento sobre la separación de desechos sólidos está vigente y no tendrá prórroga.

Añadió que en redes sociales han identificado desinformación respecto del reglamento.

Afirmó que hay un abandono “histórico” del manejo de la basura y como consecuencia la contaminación al ambiente y daños a la salud.

La ministra aclaró que es competencia de cada municipalidad, sobre si la basura debe separarse entre orgánico e inorgánico y reciclable.

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Estas declaraciones las dio la funcionaria luego de una jornada de manifestaciones por parte de recolectores y recicladores de desechos el martes 18 de febrero.

Los inconformes han afirmado que no están de acuerdo con el reglamento de la separación de basura, pues dejaría sin trabajo a muchas personas en los vertederos.

El martes los bloqueos terminaron luego de acuerdo de diálogo entre autoridades y los recolectores.

Las manifestaciones provocaron el colapso del tránsito en la capital por al menos 12 horas.

Para leer más: Plantas para separar basura: ¿Los próximos proyectos para alcaldías y empresas?

La Ministra de Ambiente @pattyo502 asegura que el reglamento sobre la separación de desechos sólidos está vigente y no tendrá prórroga. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/LjvzZI7xPX
— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) February 20, 2025

Las 3 razones por las que los guatemaltecos en redes sociales dudan de la clasificación de basura (y por qué el 15% está a favor)

Wed, 19 Feb 2025 19:48:34 +0000

Comunitario

Las 3 razones por las que los guatemaltecos en redes sociales dudan de la clasificación de basura (y por qué el 15% está a favor)

¿Esta a favor o en contra de la clasificación de basura? Descubra qué piensan los guatemaltecos en redes sociales. Un 85% expresó por qué se resiste a la clasificación. ¿Usted qué opina? Comparta su comentario y únase al debate.

Sandy Pineda

19 de febrero de 2025 | 13:48h

La separación de la basura en Guatemala tiene una serie de beneficios, pero en Guatemala falta superar desafíos para que pueda implementarse. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La clasificación de la basura es un paso fundamental hacia un futuro más sostenible.

Sin embargo, un reciente sondeo en redes sociales que llevó a cabo Datalab, con la herramienta de Data Science denominada Goo, reveló que solo el 15% de los usuarios guatemaltecos están a favor de la clasificación de basura, mientras que la mayoría expresó dudas y resistencia al cambio.

Las principales razones de la resistencia son la falta de confianza en el manejo de desechos por recolectores, el costo adicional y, principalmente, la falta de tiempo.

Bajo estas inquietudes, los usuarios se preguntas si ¿vale la pena la clasificación de basura?

Aunque hay quienes han expresado sus molestias, hay un grupo de personas que ven en esta práctica un gran beneficio para el bien común en Guatemala.

Las tres razones que se mencionaron como obstáculos para la clasificación de basura fueron:

Dudas sobre el manejo de desechos por recolectores: Muchos usuarios expresaron preocupación sobre si los recolectores de basura realmente clasifican los desechos de manera adecuada.
Costo adicional: Otros usuarios mencionaron que el costo de la recolección de basura ha aumentado significativamente desde que se implementó la clasificación.
Falta de tiempo: Finalmente, algunos usuarios expresaron que no tienen el tiempo suficiente para clasificar la basura en sus hogares.

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A pesar de la resistencia que pueden haber al adoptar nuevas prácticas, entre los usuarios de redes sociales hay quienes están comenzando a ver los beneficios de esta medida y están adoptando hábitos más conscientes con el medio ambiente.

A continuación, exploraremos cómo esta práctica puede beneficiar a las comunidades y cómo puede ser parte de este cambio positivo.

Lea también: Guatemaltecos se familiarizan con la clasificación de desechos sólidos

¿Por qué nos beneficia clasificar los desechos?

La clasificación de los desechos es fundamental para reducir la contaminación y proteger la salud de las personas. Tirar desechos en un mismo espacio puede generar efectos irreversibles en el ecosistema.

La simple acción de separar y valorizar los desechos sólidos según su naturaleza y composición reduce la contaminación, protege los recursos naturales y previene enfermedades relacionadas con una mala gestión de residuos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos muere una persona en el mundo a causa de enfermedades derivadas del mal manejo de los desechos sólidos.

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Por esa razón, es urgente iniciar el cambio para evitar alcanzar un punto crítico en la sostenibilidad ambiental.

La clasificación de los desechos es fundamental para reducir la cantidad de desechos que se envían a los vertederos y aprovechar los recursos.

La clasificación puede permitir el reciclaje y reutilización de materiales.

La importancia de la clasificación radica en proteger el medio ambiente y prevenir daños irreversibles.

¿Cuál es el impacto de no hacerlo?

Lo fundamental de tomar conciencia de la importancia de la clasificación y adoptarlo como un hábito, es encaminarnos a una mayor sostenibilidad y reducir nuestra huella ambiental.

Desechar los residuos en vertederos comunes, produce contaminación en el suelo, ya que liberan toxinas que afectan su capacidad de ser fértiles, impidiendo la reproducción de especies y alterando el equilibrio del hábitat.

Si los desechos terminan en cuerpos de agua, pueden afectar la vida acuática y la salud humana. Su acumulación en la tierra y el agua libera químicos volátiles, lo que deteriora la calidad del aire y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y otras afecciones en las personas.

Para prevenirlo, es necesario entonces reducir nuestra huella ambiental, que se refiere al impacto que las actividades humanas tienen en el medio ambiente.

Este indicador calcula la cantidad de recursos naturales que se utilizan y la cantidad de residuos que se generan para satisfacer las necesidades de una persona, comunidad, organización o país.

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Además, también se considera el tiempo estimado de degradación de distintos residuos:

Así como una botella de plástico puede tardar 450 años en degradarse, otros desechos pueden necesitar siglos o incluso milenios para descomponerse por completo. Conoce cuáles son los que residuos que el planeta no puede digerir:

Botellas de vidrio: Más de 4 mil años (prácticamente indestructibles en condiciones normales).
Latas de aluminio: 200 a 500 años (Material que si puede reciclarse).
Plásticos (bolsas, envases, envolturas): 150 a mil años, dependiendo del tipo de plástico.
Pilas: Más de mil años, liberando metales pesados. Su mal manejo contamina el agua y los suelos.
Desechos tecnológicos (electrónicos): Hasta mil 500 años, emitiendo sustancias tóxicas.
PVC (policloruro de vinilo): Hasta mil años, con un alto impacto contaminante.
Basura sanitaria (pañales, toallas femeninas, mascarillas, colillas de cigarro): 300 a 600 años, afectando al ecosistema, principalmente fuentes de agua.

Lea también: Por qué cientos de recolectores de basura y recicladores bloquearon calles y colapsaron el tránsito en la capital

Sobre Datalab

Datalab PL, es un laboratorio de datos, que suma Data Science, E-learning y Difusión Digital, un ecosistema que se divide en tres áreas que se complementan.

Además, Goo es una herramienta de Data Science que consta de seis módulos principales y una cobertura de datos 360°.

Conozca más: Datalab pone a la disposición revistas digitales enfocadas en análisis de mercados

Cómo algunas municipalidades comienzan a manejar y reciclar sus desechos

Wed, 19 Feb 2025 06:01:00 +0000

Siete municipalidades del país destacan por impulsar la clasificación de desechos, principalmente en los centros educativos, mientras que los desechos reciclables y orgánicos son enviados a empresas privadas o las mismas comunas los procesan, afirman los alcaldes.

Pachalum, Quiché; Estanzuela y Río Hondo, Zacapa; Olopa, Chiquimula; Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez; Puerto Barrios, Izabal y la cabecera de Chimaltenango, son algunos de los lugares donde según la Alianza por la Cuenca del Motagua, han avanzado las prácticas de clasificación de desechos.

Fidencio Teletor Ceballos, alcalde de Pachalum, Quiché, por ejemplo, dice que la basura no reciclable la donan a una empresa privada ubicada en Chinautla, Guatemala.

En cuanto a los desechos orgánicos, por el momento tienen un acuerdo con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) para que ellos los procesen. Sin embargo, afirma que en el corto plazo tendrán los propios mecanismos para convertir los desechos orgánicos en abono y firmarán un acuerdo con una empresa productora de cemento para que los desechos no reciclables los conviertan en energía eléctrica y la comuna reciba un “incentivo” a cambio.

Teletor Ceballos afirma que desde el 2024 comenzaron campañas de socialización en el municipio para clasificar la basura y se puso en práctica en los centros educativos.

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Ayuda a vecinos

Para el alcalde de Estanzuela, Zacapa, Leandro Morales, los centros educativos son el “potencial” para fomentar la clasificación de desechos, mientras que el ornato es la ayuda de los vecinos para extender las campañas de socialización sobre cómo clasificar los desechos.

En cuanto a los desechos reciclables, Morales afirma que se los dejan a los vecinos o a los recolectores para que los aprovechen y puedan venderlos para reciclaje.

“Ya hemos abarcado bastante terreno y con el acuerdo del gobierno para clasificar la basura tenemos doble compromiso”, afirmó.

Agregó: “Los desechos orgánicos los trabajamos como municipalidad, tenemos maquinaria para hacer composta o abono, y se aprovecha en los viveros municipales”.

El alcalde dice que no tienen toda la infraestructura que necesitan, pero espera ampliarla en corto plazo y extender las prácticas de clasificación al área rural.

Añadió que también invertirán para habilitar dos plantas de tratamiento que fueron construidas en 1996, pero dejaron de funcionar hace varios años.

“Una de ellas era modelo regional y podría decir que hasta modelo nacional”, puntualizó.

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Avanza socialización

A decir del director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae), Mervin Pérez, la socialización para la separación de desechos en esa región avanza y se discute con el gobierno un presupuesto para proyectos en los municipios, principalmente los que tienen que ver con el manejo de desechos sólidos.

El directivo refirió que actualmente otorgan asesoría en la cabecera municipal de Sololá, así como en los municipios de San Pedro la Laguna y San Pablo la Laguna, para mejorar las plantas de tratamiento, la recolección y clasificación de desechos.

“Es para determinar la cantidad y el tipo de basura producen, para saber qué cantidad es reciclable. Con toda esa información de producción y volumen ellos planifican sus rutas de recolección y mejoran sus centros de separación para la producción de abono”, refirió.

En esos procesos según Morales, se busca la participación de los vecinos, pues también se obtienen muestras de los desechos orgánicos y reciclables que se producen en las viviendas.

Petición

En julio del 2024, los alcaldes, representantes de asociaciones y autoridades ancestrales de Sololá urgieron de cambios en Amsclae, así como una reforma a ley que le dio vida.

Los cambios que sugieren van desde un fortalecimiento en las capacidades de la entidad hasta aumento en el presupuesto. El tema se trató durante una mesa de diálogo con la Junta Directiva del Congreso de la República.

“Se debe buscar fortalecer esa ley, que debe funcionar para el lago de Atitlán y su cuenca”, comentaron varios grupos indígenas. También pidieron que sean tomados más en cuenta en los procesos y actividades de cuidado de ese cuerpo de agua.

Datos de la Alianza por la Cuenca del Motagua

En Río Hondo, Zacapa se comenzó la construcción de un Centro de Recuperación, para que quienes clasifican los desechos en los vertederos sean empleados municipales.

En Pachalum, Quiché, desde el 2024 se comenzó el Reciclaje Escolar y se han recolectado 513 mil 500 libras de plástico para que se reciclen en lugar de ir a vertedero.

En Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez, los desechos orgánicos se convierten en abono.

Ambiente anticipa que no habrá prórroga para reglamentos en el manejo de desechos a partir de febrero

Mon, 06 Jan 2025 17:19:02 +0000

Reglamentos

Ambiente anticipa que no habrá prórroga para reglamentos en el manejo de desechos a partir de febrero

A pesar de la posición de la Anam que busca una ampliación, autoridades de ambiente aseguran que se mantiene la puesta en vigencia de los reglamentos 236-2006 y 164-2021, que establecen la separación de desechos.

Urias Gamarro

6 de enero de 2025 | 11:19h

En febrero cobra vigencia la separación de desechos, según el Ministerio de Ambiente. (Foto Prensa Libre: Esbín García)

Las fechas para la vigencia de la clasificación de la basura y su plazo de adaptación es en febrero de 2025, o sea dentro de un mes, por lo que se hará obligatorio la separación de los desechos.

A una solicitud de Prensa Libre realizada el fin de semana, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que en esta ocasión no habrá una ampliación para la vigencia de la medida al consultar sobre las fechas o si habría alguna prórroga.

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“El reglamento sobre desechos sólidos está vigente desde el año 2021. El único punto que tiene fecha diferente para iniciar el cumplimiento es lo relativo a la clasificación de la basura y su plazo de adaptación (febrero de 2025). La postura del Ministerio de Ambiente es que no se puede seguir posponiendo la responsabilidad de las municipalidades, la ciudadanía y el sector privado de clasificar la basura pues esta acción es un pilar importante para comenzar a atajar la crisis nacional de contaminación por basura”, respondieron al requerimiento.

Expusieron que “si bien el manejo clasificado de la basura representa un desafío para las municipalidades, también representa una oportunidad para liberar los basureros municipales de tanta carga y para promover el reciclaje a nivel nacional, generando incluso nuevas oportunidades de negocios. Por ello, no se contempla ninguna prórroga para los plazos establecidos en los Reglamentos 164-2021 y 236-2006 y sus reformas”.

Advertencia a municipalidades

La postura del Marn también mostró la siguiente posición: “los gobiernos municipales tienen la obligación legal de asumir estas responsabilidades y contarán con todo el apoyo del Marn, que continuará brindando asistencia técnica y facilitando mecanismos de apoyo interinstitucional para que puedan cumplir con este compromiso en beneficio del ambiente”.

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Reiteran que como autoridades han trabajado de la mano con las municipalidades para facilitar su implementación; además han impulsado campañas informativas a través de redes sociales, páginas web y diversas capacitaciones dirigidas a autoridades locales, sector privado y ciudadanía en general.

¿Cuál es el contexto?

En el comienzo del 2025, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Serio, afirmó que uno de los temas de interés es frenar los dos reglamentos, ya que obligan a los gobiernos locales a construir plantas de tratamientos de aguas (servidas o negras) y de desechos sólidos.

Ambos reglamentos, la Anam ya los impugnó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero solo consiguió frenar de manera provisional el de aguas residuales.

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Entonces, la fecha de entrada en vigor del reglamento de manejo de desechos sólidos es el próximo febrero, lo que preocupa a las comunas porque no tienen capacidad de cumplirlo.

“La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, salió hace como un mes ofreciendo hacer una prórroga —del reglamento— porque también el Ministerio ha incumplido, porque tienen que tener por 18 meses la socialización —del reglamento— y en el año 2024 no se hizo nada”, justificó el presidente de la Anam.

Trabajo en conjunto

El Marn expuso que, en cuanto al trabajo con la Anam, se coordina a través de la “mesa coordinadora para la gestión y manejo integral de los residuos y desechos sólidos”, la cual se reunió en septiembre del año pasado con la participación del gerente de esa asociación.

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Además de representantes de otras entidades como el Instituto de Fomento Municipal (Infom), Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

La mesa continuará reuniéndose periódicamente durante este año para dar seguimiento a la implementación del reglamento. “El Marn reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con las municipalidades y demás instituciones clave para garantizar la correcta gestión de la basura y de las aguas negras, protegiendo la naturaleza y la salud de las personas”, concluyó la posición institucional.

Diputada Ana Patricia Orantes es nombrada para dirigir el Ministerio de Ambiente

Thu, 11 Apr 2024 17:07:17 +0000

Política

Diputada Ana Patricia Orantes es nombrada para dirigir el Ministerio de Ambiente

La legisladora Ana Patricia Orantes debe pedir permiso al Congreso para poder asumir como ministra de Ambiente.

Óscar García y Henry Montenegro

11 de abril de 2024 | 11:07h

La diputada del Movimiento Semilla, Ana Patricia Orantes, será la nueva ministra de Ambiente. (Foto Prensa Libre: Henry Montenegro)

La diputada del Movimiento Semilla, Ana Patricia Orantes, informó este jueves 11 de abril que solicitará un permiso al pleno del Congreso de República para asumir como la nueva Ministra de Ambiente y Recursos Naturales.

Agregó que el presidente Bernardo Arévalo la nombró para ser parte de su Gabinete, específicamente “para conducir el Ministerio de Ambiente”.

Dijo que necesita gestionar el permiso de los diputados y 81 votos para formar parte del Ejecutivo.

Según la diputada, “Hay un abandono histórico de la gestión ambiental y hay un debilitamiento premeditado del ministerio ambiental por muchos años y eso se ha traducido en buena medida en un deterioro muy fuerte ambiental”.

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Anunció que para su gestión va con una agenda “clara” para “empujar una transición económica verde. No podemos seguir teniendo economía que extraiga y extraiga y no le devuelva nada a la naturaleza”.

Indicó que una prioridad será “defender” y fortalecer el sistema guatemalteco de áreas protegidas.

Ana Patricia Orantes llega al cargo en sustitución de María José Iturbide.

El 7 de abril recién pasado, por medio de un comunicado, Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, informó que el presidente Bernardo Arévalo tomó la decisión de destituir a la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide.

La destitución de la ministra se da luego de que el jueves 4 de abril el medio nativo digital Vox Populi publicó el reportaje “Carros del Estado al servicio de la hija de la ministra de Ambiente” en el que se indica que la hija de la ahora exfuncionaria, María Fernanda Iturbide, utilizaba vehículos y elementos de seguridad del Estado para sus actividades personales.

Congreso otorga permiso

Luego, en la sesión plenaria de este 11 de abril, el pleno del Congreso aprobó con 138 votos el permiso para que la diputada Ana Patricia Orantes pueda dejar por tiempo indefinido su curul y así asumir como Ministra de Ambiente y Recursos Naturales.

También juramentó a Luis Enrique Ventura como nuevo diputado para ocupar la curul que deja por tiempo indefinido Orantes, quien asumirá como su cargo en el Ejecutivo.

#Ahora | El pleno del Congreso juramenta a Luis Enrique Ventura como nuevo diputado, para ocupar la curul que deja por tiempo indefinido la ex diputada Ana Patricia Orantes, quien asumirá como Ministra de Ambiente. pic.twitter.com/nv29Rn4yAO
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) April 11, 2024

#Ahora | La diputada del Movimiento Semilla, Ana Patricia Orantes solicitará un permiso al pleno del Congreso para poder asumir como la nueva Ministra de Ambiente y Recursos Naturales. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/m3ylUnO3Tu
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) April 11, 2024

¿Qué cambios se le piensan hacer al Reglamento para el tratamiento de aguas residuales?

Tue, 12 Sep 2023 11:00:46 +0000

Luis Rodolfo Castro, viceministro del Agua del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, habló con Prensa Libre sobre la situación actual del recurso hídrico en el país.

Las acciones en el río Motagua y posibles cambios al acuerdo gubernativo sobre el manejo de aguas residuales son algunos de los temas abordados en esta charla.

¿Qué abordaje que se le está dando al tema hídrico en nuestro país desde el Ministerio de Ambiente?

Nosotros como Viceministerio del agua estamos conformando mesas técnicas a nivel de cuencas hidrográficas. Hay 38 cuencas en el país y actualmente tenemos 12. Esas mesas técnicas ya están trabajando de manera muy dinámica con sus comisiones, por ejemplo, comisiones de representación, de desechos sólidos, de agua y saneamiento y de riesgo. Se trabajan temas de reforestación, con el Instituto Nacional de Bosques (Inab), y se suman diferentes actores para trabajar en conjunto con el sector público y sector privado todos enfocados a un mismo objetivo.

¿En cuanto a la vigilancia de la calidad del agua, qué trabajo hacen?

En la Dirección de monitoreo y vigilancia del recurso hídrico actualmente estamos con el Acuerdo Gubernativo 236-2006 de descargas de aguas residuales, estamos haciendo revisiones para ver la manera de cómo mejorarlo porque ya tiene 17 años. Lo hacemos en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Salud, de Energía y Minas, Agricultura y diferentes cámaras. Estamos en un proceso en que nos mandan sus propuestas, nosotros la revisamos, entramos en una etapa de debate para al final llegar a un borrador del Reglamento y poder actualizarlo.

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Asimismo, con las municipalidades, el año pasado hicimos un levantamiento de cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales hay, cuántas operan y cuántas no, y revisamos cómo están en el tema de sus estudios técnicos de aguas residuales.

¿Qué es lo que se busca reformar del Acuerdo?

Buscamos fomentar las líneas de recarga hídrica y adaptación al cambio climático y en el tema de parámetros, hacerlos específicos para cada industria porque no es lo mismo tener aguas residuales de un municipio que de una industria de palma africana o de banano. Entonces quisiéramos tener un reglamento para cada ente generador y en función de eso exigirles. Un agua doméstica, por darle un ejemplo, representa una demanda bioquímica de oxígeno de 300 miligramos por litro, pero la de un proceso industrial de palma africana tiene representan una carga de 20 miligramos por litro.

Además, en los procesos agroindustriales, las aguas residuales, no necesariamente se tienen que descargar a una quebrada o a un río, sino que pueden ser aprovechadas para hacer un riego o fertirriego y aprovechar los nutrientes para utilizarlos como abono para sus propios cultivos. También pueden aprovechar los subproductos de las aguas residuales uno de ellos el biogás. Es parte de lo que queremos reformar, no solo poner sanciones, sino también incentivos a quienes realicen ese tipo de prácticas.

¿El artículo que habla de la obligación de construir plantas de tratamiento no se piensa modificar?

Al momento existir una reforma, también las municipalidades que cumplan con tener de sus sistemas de tratamiento y tratar el total de sus descargas, pues se podría dar algún tipo de reconocimiento o beneficio, como la exoneración del pago de la licencia ambiental por algún proyecto cuando al invertir estratégicamente en plantas.

¿Según el inventario, cuál es el déficit de plantas de tratamiento en el país?

Tiene el total del inventario de descargas de aguas residuales, que son más de cinco mil solo municipales se está tratando actualmente solo cerca de 30%, o sea, el 70% se está yendo sin ningún tratamiento. Una descarga es una tubería municipal que descarga sus aguas residuales que lanza sus aguas, tratadas o no, hacia un cuerpo de agua.

¿Cómo están las grandes ciudades en este tema?

En la ciudad de Guatemala lamentablemente son muy pocas las plantas de tratamiento que existen, alrededor de seis, las cuales pues no tratan ni siquiera el 30% del total del caudal que se genera. Nosotros, con el tema del río Motagua que es una cuenca muy importante, estamos realizando un trabajo con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se están gestionando fondos para construir una planta de tratamiento a nivel metropolitano en la zona norte, que es de donde van todas las aguas residuales al río Las Vacas. El caudal que se tiene que tratar ahí son alrededor de 37 millones de metros cúbicos al año. Y para ello se requiere una inversión de alrededor de US$116 millones. Estamos haciendo la gestión para hacer el perfil del proyecto. Será con fondos del Gobierno, por lo tanto, será el Congreso el que se encargue de autorizar ese presupuesto.

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¿En cuánto tiempo podría estar ya funcionando?

En seis años, y después pasaría la planta a ser operada por parte de la municipalidad. Por lo tanto, nos están pidiendo los avales también para que la municipalidad se comprometa a que, cuando se le entregue, ellos le den mantenimiento.

¿Esa es la única planta de esas dimensiones o podría haber más?

De momento, el Motagua es el priorizado, pero no se descarta de que haya más como en el río Samalá que abarca Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu, que esa cuenca se ha visto afectada también por el tema de aguas residuales. Tenemos 12 cuencas en las que trabajamos, pero la del Motagua es la que tienen mayor relevancia por compartirla con Honduras.

Hablando del río Motagua ¿Qué acciones inmediatas se han tomado y cómo está la relación con Honduras?

Tuvimos una reunión bilateral en junio. Nosotros les expusimos cuáles son las acciones inmediatas que hemos realizado por ejemplo las bardas. Hemos logrado captar y evitar que lleguen al mar Caribe más de mil 300 toneladas de desechos. Asimismo, hemos realizado campañas de socialización del Acuerdo 164-2021, que es el de desechos sólidos, en donde cerca de las 96 municipalidades que conforman la cuenca del río Motagua, cerca de 80 de ellas ya cuenta con su plan de manejo para residuos y desechos sólidos comunes.

El lago de Amatitlán también se encuentra altamente contaminado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cuando algún municipio quiere construir una planta de tratamiento nosotros, como Ministerio de Ambiente, les damos acompañamiento, les damos recomendaciones en cuanto a tecnología.

¿Qué tal ha estado la receptividad de los sectores hondureños?

Tuvimos muy buena aceptación por parte de ellos y ellos, de hecho, quieren replicar lo que estamos haciendo nosotros. Ellos han visto que en la Bahía de Omoa por estas fechas estaba repleto de basura, desechos plásticos. La semana pasada, el alcalde de Puerto Barrios habló con el alcalde de Omoa y este le dijo que las playas están limpias y han visto la diferencia.

Recientemente se amplió la entrada en vigor del Reglamento para el manejo de residuos sólidos. El de aguas residuales se amplió hasta 2025 ¿Confía usted en que estas serán las últimas prórrogas?

Yo diría que no —será necesario ampliarlos más—, sin embargo, una cosa es la percepción que tenemos acá en el Ministerio y otra es la autonomía municipal entonces. Pero se les hace ver que, en caso de no cumplir, pueden incluir sanciones o procedimientos administrativos. Entonces creo que es los alcaldes que se reeligieron están anuentes a realizar este tipo de inversiones.

¿Cuántas plantas de tratamiento se han construido y cuántas se necesitan?

Son alrededor de 600 a 680 las plantas de tratamiento operan a nivel nacional y se requieren este más de dos mil, aunque no necesariamente tendría que ser así porque pueden unirse varias descargas que es la mejor opción tener una sola planta grande que tener el montón de miniplantas, es más eficiente operar una planta que operar 100 o más.

Solo el 30 por ciento del agua que ensuciamos en Guatemala se trata, según el viceministro del Agua. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En cinco meses será obligatorio que todos los guatemaltecos separen su basura

Sat, 11 Mar 2023 11:00:01 +0000

El próximo 11 de agosto cobrará vigencia el artículo 64 del Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos; con lo cual, entre otras disposiciones, obliga a todos guatemaltecos a separar sus desechos.

A menos que exista una prórroga de esta disposición es predecible que no será posible dar cumplimiento a este artículo y que los generadores de basura continúen deshaciéndose de sus residuos como o han hecho siempre: revueltos.

Vecinos expresan que hasta el momento nadie, ni alguna autoridad o los recolectores de basura, les ha notificado de tal obligación. De hacerlo alguna autoridad, tendría que informar el procedimiento a utilizar y las clasificaciones especificadas para clasificar la basura.

El artículo 12 del Reglamento dice que todas las personas “individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras” que produzcan residuos o desechos sólidos “deberán separarlos al momento de su generación”.

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El artículo 64 de la norma dice que a partir de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo, que fue el 10 de agosto de 2021, “los entes sujetos a las disposiciones del presente Reglamento tendrán un plazo de 24 meses para ajustarse a estas y cumplir con sus obligaciones”.

Otras normas por cumplir

Sin embargo, el Reglamento también habla de una serie de disposiciones con las que deberían cumplir las municipalidades, así como las empresas que se dedican a la recolección, clasificación, reciclaje y cualquier otro tratamiento que se pretenda dar a los residuos.

Estas, consideradas de primer mundo, se prevén mucho más complicadas de cumplir.

Del artículo 14 al 16 regula los espacios destinados al almacenamiento temporal de la basura, así como las estaciones de transferencia de los residuos, que en general deben estar aislados por medios físicos de las áreas de habitación, comercio o cualquier otra actividad humana de concurrencia, tener fácil acceso y estar construidas a distancias específicas a los cuerpos de agua cercanos.

Del 17 al 19 habla de los vehículos recolectores de basura y, entre otros requerimientos, dice que su carrocería debe estar construida con materiales sólidos, resistentes a la corrosión. Tienen que garantizar la hermeticidad para que no haya derrames de lixiviados —líquidos contaminantes que circulan en la basura—; además, garantizar el transporte separado de los residuos.

Señala, que la recuperación de residuos para ser reciclados debe llevarse a cabo en terrenos estables que no estén en riesgo de inundaciones o deslaves, y que tiene que contar con barreras físicas para aislar el terreno de los alrededores, y barreras naturales para dispersar olores.

Del artículo 28 al 35 el Reglamento regula el tratamiento de los desechos sólidos comunes lo cual podrá hacerse por medio de la incineración o la reducción mecánica del volumen o de su tamaño.

Dice que la incineración de los desechos sólidos comunes debe ocurrir dentro de las primeras 24 horas a partir de su recepción en la planta, y que la temperatura debe estar arriba de 900 grados centígrados.

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La norma también dicta la obligación de que todo el personal que tenga que ver con en el manejo de la basura debe estar inmunizado contra la hepatitis B, el tétanos y la rabia, y contar con áreas de vestidores, duchas y descanso, separadas de donde se procesen los residuos.

Qué dice el Marn

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) afirma que junto con “aliados públicos y privados” han impulsado procesos de divulgación, sensibilización y capacitación del Reglamento, por lo cual “no se considera una ampliación” de plazo de adaptación contemplado en el artículo 64.

“Los plazos deben cumplirse, según la norma”, respondió la oficina de Comunicación del Ministerio, que también destacó que posterior a ser publicada la normativa se efectuó una gira presidencial donde se presentó a los alcaldes.

No obstante, reconoció que la socialización y sensibilización de la población para que implemente las obligaciones que se especifiquen en la norma han sido “uno de los principales retos”. Añadió será hasta que se venza el plazo cuando se haga el análisis de su cumplimiento.

El Marn verifica el cumplimiento del acuerdo, aseveró la oficina de Comunicación, y desarrolla procesos de capacitación principalmente a las municipalidades que tienen “la responsabilidad del cumplimento del Reglamento, en especial sobre el tema de clasificación”.

Los camiones recolectores de basura tendrán que pasar por una reingeniería para seguir con sus actividades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Pedirán prórroga

El alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, Miguel Ovalle, considera que al pasar las elecciones el resto de los jefes ediles se unirá para pedir al Marn una prórroga del plazo de adaptación, lo cual no descarta dado la “sintonía” que hay entre la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y el Gobierno.

Ovalle calcula que el 80% de las municipalidades, en especial de la provincia, no podrán cumplir con los requerimientos del Reglamento porque “no existen plantas de tratamiento de residuos sólidos”. “Cuando bien les va, hay una disposición final de desechos controlada, pero en muchos municipios solo llenan barrancos”, señaló el alcalde de Salcajá, también expresidente de al Anam.

Alex Guerra, director Instituto Privado de Investigación de Cambio Climático

Al hablar de la concientización a los vecinos, expuso que en su municipio separan los desechos desde hace más de un año, pero en el resto pareciera que no. Además, se lamentó de que el Marn no les apoye en habilitar un espacio para depositar los residuos ya separados porque al final terminan mezclándolos.

Por lo menos durante la campaña electoral, dice Ovalle, los alcaldes no abordarán el problema porque es álgido y temen que sus rivales políticos puedan tergiversarlo, por lo cual seguirá como “un tema secundario”.

El presidente de la Anam, Alexis Quevedo, no respondió a una solicitud de comentarios.

Se necesitan campañas de divulgación

Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, coincide en que para agosto la sociedad en general no podrá cumplir con el Reglamento y por lo tanto se solicitará una prórroga al Marn.

El inadecuado tratamiento de la basura contamina los afluentes de agua. Foto aérea del río Las Vacas, en Chinautla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Aunque la norma es positiva porque se habla de un enfoque más integral, Guerra señala que “no se ha dado a conocer el acuerdo, no se le ha dado divulgación y mucha gente desconoce que existe y que hay que cumplirlo”.

En caso de haber una prórroga “ojalá no sea por mucho tiempo y se use para darle mayor divulgación al Reglamento y que se empiece a implementar”, comenta Guerra, porque si no, “todo se va a relajar” y pasará lo mismo que con el Reglamento de las descargas y reúsos de aguas residuales que, a solicitud de alcaldes, se ha ampliado una y otra vez la entrada en vigor del artículo que les obliga a tratar sus aguas.

Enfatizó en que debe haber una gran campaña de divulgación para que la gente separe sus desechos, pero también hacer cumplir el resto de la normativa porque mucha gente piensa “de qué sirve que separe la basura si en el camión lo juntan todo otra vez”.

Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá y expresidente de Anam

“La separación es un bue paso, pero sin el resto del sistema integrado mucha gente no le ve sentido”, subrayó.

Por su parte, el sector privado confía en que si podrán cumplir con lo que dicta el Reglamento. De hecho, afirman que desde hace 10 años llevan a cabo programas de beneficio ambiental. Dentro de los compromisos ambientales del sector empresarial figura “gestionar los residuos y desechos generados de su actividad industrial” y ese punto “se ha atendido muy bien”, afirman Mellany Díaz, directora ejecutiva del Sector Guatemalteco de Plásticos.

No obstante, Díaz considera que en el resto de los sectores involucrados no se ha vista “tanta reacción como para cumplir” con el Reglamento, pero confía en que puedan darse pasos importantes antes del 11 de agosto, aunque, dijo, es una “posibilidad alta” que se amplíe el plazo de adaptación.

Hasta el momento se han implementado algunos esfuerzos para lograr que todos clasifiquen los residuos, pero son insuficientes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vista del vertedero de Amsa, hace algunos años. Las actuales autoridades aseguran que han hecho mejoras a raíz del incendio que causó grave daño ambiental a inicios de 2021. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las 4 grandes preocupaciones de ambientalistas por la iniciativa de ley 6054

Sat, 15 Oct 2022 11:00:33 +0000

Diversas organizaciones ambientales han manifestado su preocupación por la celeridad con el Congreso intenta aprobar la iniciativa de ley 6054, que se le ha llamado “ley del superministerio” porque concentraría en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) las funciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras instituciones ambientales.

Las organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y academia se han pronunciado en contra de la iniciativa porque no fue lo suficientemente divulgada y ahora se intenta aprobar con suspicaz celeridad.

Ambientalistas explicaron recientemente cuáles con los grandes riesgos que ven en esta norma de convertirse en ley.

1. ¿Qué va a pasar con las áreas que administran oenegés y las comunidades?

Cuando surgió el Conap, en 1990, se acordó que las áreas calificadas como protegidas podrían ser coadministradas por organizaciones no gubernamentales o comunidades organizadas.

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Por ejemplo, la oenegé Defensores de la Naturaleza ha desarrollado esta función con la reserva boscosa de la Sierra de las Minas, cuya función ecológica se ha mantenido casi intacta desde entonces, en esta área existen unas 220 comunidades cada una con mil 500 a dos mil familias, muchas de las cuales mantienen acuerdos de coadministración con el Conap para el aprovechamiento de los recursos de una manera sustentable.

Como en esta reserva, también hay una infinidad de convenios que se han celebrado en decenas de comunidades en áreas de la Biósfera Maya y Sierra del Lacandón, entre otras. La iniciativa de ley 6054 disolvería el Conap, sin que a la fecha alguien haya explicado en qué tiempo y de qué manera el Marn absorbería sus funciones, pero lo que más preocupa a ambientalistas es saber qué pasaría con todos estos contratos que hoy permiten a ciertas oenegés coadministrar las áreas y a miles de pobladores habitarlas aprovechar los recursos a cambio de protegerlas.

La actual legislación establece hoy en día de las organizaciones son representantes de la sociedad civil ante el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), pero si se aprueba la 6054 se teme que se les aparte de la administración de las áreas protegidas con lo cual se podría perder más de 30 años de lucha por la protección de los recursos naturales que en ellas cohabitan.

En muchos de estas áreas protegidas que son coadministradas por comunitarios hay pequeños nodos de gobernanza rural y prosperidad por el manejo de los recursos naturales que garantizar la alimentación y el agua. Esto se podría ver afectado, consideran las organizaciones. De tocarse ese modelo de manejo de estas áreas se podría generar más migración, advierten.

En la Sierra de las Minas unas 500 mil personas dependen de estas concesiones que dan derecho del uso múltiple de los recursos naturales a grupos comunitarios, mientras que en la Sierra del Lacandón hay otras 150 comunidades.

Según el Censo 2018, el 47% de la población vive en el área rural, siete de cada 10 lo hacen en un área protegida. En total, se estima que de 3.5 a 4 millones de personas dependen de estos recursos.

2. ¿Quiénes aprovecharán los recursos?

Las organizaciones ambientalistas manifiestan dudas acerca de, si no son a las comunidades, a quiénes se le otorgarán los derechos de aprovechar los recursos naturales y con qué enfoque, puesto que aseguran que en las áreas protegidas hay una enorme riqueza que puede dejar réditos “verdaderamente formidables”.

El interés, en primer lugar, serían los nada despreciables Q600 millones que representan las unidades que serían absorbidas por el Marn y sus cerca de mil 200 plazas de trabajo, pero el premio más grande, aseguran, son los recursos que hay en las áreas protegidas.

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Aparte hay programas y proyectos como el Fondo Verde del Clima que representa US$100 millones en los próximos años y el enorme valor que representa el carbono que los bosques retienen.

Solo en la Sierra de las Minas se estima que tiene 50 millones de toneladas de carbono, cada una valorada en US$10, asegura Defensores de la Naturaleza, coadministradora de la reserva.

Otro recurso muy preciado es el agua. La misma oenegé estimó con ayuda de modelos matemáticos, que el recurso hídrico existente en la Sierra de las Minas podría significar hasta US$1 mil 600 millones si se pone a trabajar en turbinas.

Uno de los elementos más importantes del Conap, coinciden, es su consejo. Un órgano colegiado integrado por representantes de tres instituciones del Gobierno, de la Anam, de la Universidad de San Carlos, del Instituto de Antropología e Historia y de las oenegés relacionadas al con los recursos naturales.

Un bosque en Cabañas, Zacapa. Los guarda recursos del Conap son insuficientes para vigilar todas las áreas protegidas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este consejo hace peso y contrapeso ante la posibilidad de explotar recursos en un área protegida y deliberan qué actividades se aprueban dentro de estos sitios.

Pero la ley eliminaría la función del consejo, aseguran las organizaciones, y estos avales podrían quedar a discreción de un ministro o una pequeña oficina dentro del Marn. Por esta razón consideran que puede haber intereses económicos poderosos que están empujando esta ley, porque el actual modelo permite la coadministración de las áreas protegidas a la sociedad civil y entidades comunitarias, pero no a entidades lucrativas.

3. Recursos quedarán en peligro

Otra de las preocupaciones es la vulnerabilidad en que quedarán los recursos naturales una vez se cierre el Conap. Los ambientalistas coinciden en que no se trata solo de desenchufar a la institución y conectarla al Marn, sino que antes debe pasar por un proceso de liquidación el cual puede tardar mucho tiempo.

Aseguran que el cierre del Fondo Nacional para la Paz se inició en 2015 y hasta este año todavía no ha concluido. Además, si el Conap se redujera a una oficina, crear una unidad ejecutora puede tardar hasta un año. También tendrían que tomar en cuenta que el personal quedará en el limbo y tendrá que pasar cierto tiempo para volver a ser contratados.

En ese tiempo, las áreas quedarán desprotegidas y a merced de ser atacadas.

La Reserva de la Biosfera Maya es el hogar de miles de especies, gracias a su riqueza natural. También la habitan comunidades organizadas que protegen los recursos. (Foto Hemeroteca PL)

Con ello, dicen, la capacidad que el Conap ha construido —aunque se ha degradado en los últimos años con la pérdida de guarda recursos que ya no se contratan— desaparecerá.

Asimismo, dicen desconfiar en que el Conap tal como funciona hoy en día se traslade al Marn. Hoy, por ejemplo, toma las decisiones basadas en el plan maestro que se hace para cada área protegida y que define las áreas núcleo, donde no se puede desarrollar ninguna actividad. La de amortiguamiento, donde se permiten algunas, y de usos múltiples donde hay un poco de más libertad.

Ya sin un consejo del Conap que delibere con base a estos planes maestros, las decisiones ya serán discrecionales de una persona, que presumiblemente puede ser el ministro, en última instancia.

Javier Márquez, Defensores de la Naturaleza

Las oenegés ambientalistas afirman que la propuesta de ley también deja fuera a las comunidades y advierte de que, si se despoja del manejo sostenible a estas peligrarán los recursos. Hay estudios que dicen que un 70% de la conservación de la Biósfera Maya ha sido posible por el manejo comunitario, aseveran.

4. Rapidez por aprobarla

Por último, las oenegés también manifiestan inquietud por la celeridad con que se pretende aprobar esta ley y por la poca divulgación que ha tenido entre los sectores ambientales, de los principales interesados.

La insistencia se da a pesar de los múltiples pronunciamientos que ha habido en contra de la iniciativa de organizaciones sociales, académicas y científicas. Por esa razón, afirman que parece que nada los detendrá porque los incentivos son demasiado grandes y a la ley al han defendido, desde el presidente Alejandro Giammattei, diputados hasta el propio titular del Marn, Mario Rojas.

Las organizaciones cuestionan dónde están los estudios que dicen qué va a haber una mejoría en la administración y conservación de los lugares y en el bienestar de las personas al aprobase la iniciativa 6054.

Defensores de la Naturaleza dice que la iniciativa la conocieron hasta marzo pasado, cuando ya estaba en el Congreso, aparentemente antes la entregaron a la secretaría ejecutiva del Conap, pero no a todo el consejo, lo que siembra más dudas, porque, aparte de la celeridad se ha manejado con mucho secretismo.

El Ministerio de Ambiente no ha sido capaz de implementar la normativa que obliga a las municipalidades a tratar sus aguas residuales, las consecuencias las pagan los ríos. Foto del río Motagua, contaminado. (Foto Prensa Libre: AFP)

Opinión

“En 40 años se ha construido un sistema de gobernanza sobre las áreas protegidas, el gran temor es que esos años de trabajo y éxito se vayan por la borda”, advirtió Javier Márquez, director de Defensores de la Naturaleza.

Dijo que la importancia del consejo de Conap radica en que dentro de él hay dos sillas, una de las oenegés y otra de la universidad de San Carlos, que hacen contrapeso a las decisiones del Gobierno. Así se han frenado autorizaciones o se han puesto denuncias porque a pesar de la oposición se han concretado.

Otro temor es porque un sinfín de comunidades que habitan las áreas protegidas han firmado convenios con el Conap que podrían quedar en el aire. Estos convenios le dan la certeza legal del área que cada comunidad ocupa, indicó Márquez.

Pareciera que la mayoría de los diputados están alineados con el presidente Alejandro Giammattei, el secretario ejecutivo del Conap y el ministro de Ambiente, Mario Rojas, porque todos han defendido la iniciativa. Eso preocupa, puntualizó.

Congreso agenda discusión de iniciativas polémicas, entre ellas la que pretende crear un “superministerio” de Ambiente

Wed, 05 Oct 2022 02:20:50 +0000

Pese a la oposición de algunos diputados, la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República programó para este miércoles 5 de octubre el inicio de la aprobación de la iniciativa que busca crear la “Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental”, que ha sido criticada por pretender liquidar varias instituciones.

La propuesta, que fue presentada el 22 de marzo por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, será conocida este miércoles en su primer debate.

Durante la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, ocho diputados votaron a favor de eliminar de la agenda la propuesta, ya que consideran que es un retroceso en la descentralización de las entidades estatales en materia ambiental.

De ser aprobada la normativa, se liquidan instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Petén Itzá, además de darle al Ministerio de Ambiente el control sobre unos Q900 millones del presupuesto estatal.

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“Volver a centralizar lo único que va lograr es generar no solo una burocracia mayor, sino que es crecer y crear un superministerio de Ambiente que se prestaría a más ineficiencia y corrupción”, argumentó el diputado Álvaro Arzú, quien propuso descartar la propuesta de la agenda para este miércoles.

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El parlamentario también aseguró que, a su criterio, hay “rechazo” generalizado de parte de varios sectores y no es prudente conocerla en estos momentos.

El diputado Fidel Reyes Lee defendió la propuesta y aseguró que hoy en día hay instituciones que tienen más preponderancia que el Ministerio de Ambiente, lo cual descalifica al Organismo Ejecutivo.

“Es vergonzoso que el Ministerio de Ambiente pida permiso porque no puede actuar con sus políticas ambientales”, justificó el parlamentario.

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La diputada Sonia Gutiérrez también se opuso a incluir en la agenda la iniciativa de ley, ya que, a su criterio, crear un “superministerio” significa darle todo el poder a la cartera que considera que solo ha demostrado “incapacidad” en la ejecución de los recursos, y además, puede representar un peligro y un retroceso en materia de descentralización.

Ley de Adquisiciones del Estado

Este miércoles también continuará la aprobación en segundo debate de la iniciativa que busca crear una nueva Ley de Adquisiciones del Estado y suprimir la Ley actual, la cual como principales cambios contempla una ampliación de los techos para que las entidades de gobierno hagan compras directas que se prestan a discrecionalidad.

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Uno de los principales cambios es el que se podrán hacer compras sin licitación por montos de hasta Q2 millones, cuando actualmente debe ser por montos menores a Q900 mil.

La diputada Lucrecia Hernández Mack propuso descartar de la agenda la segunda lectura de la propuesta; sin embargo, solo tres bloques votaron a favor del planteamiento.

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“Es una iniciativa de 140 artículos que se dictaminaron en dos horas. No se hizo un verdadero estudio y análisis técnico, no hubo una verdadera discusión y estamos hablando de una de las leyes clave para la administración pública”, justificó Hernández Mack.

Compensación económica

La Instancia de Jefes de Bloque también decidió incluir la segunda lectura de la iniciativa que busca aprobar la “Ley Temporal de Desarrollo Integral” que contempla un pago de Q36 mil por un lapso de tres años a los veteranos del Ejército, por medio de un programa ambiental, y que ha generado discordia entre los grupos de exmilitares.

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“Esta ley nos va a meter en aprietos por tratar de engañar a las personas. Los militares que están afuera del Congreso desean otra ley, y no esta, que nos quieren meter de forma electoral. No engañen al pueblo, no engañen a los militares que va a salir peor”, dijo el diputado Manuel Rivera durante la citación.

Ambiente afirma que no dará más prórrogas a municipalidades para tratar aguas servidas y a Amsa para cerrar vertedero

Tue, 20 Sep 2022 02:15:48 +0000

Las 340 municipalidades del país ya no obtendrán más prórrogas para no implementar el acuerdo gubernativo 236-2006, referente al “Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos” y que establece que todas las comunas están obligadas a implementar plantas de tratamiento, según confirmaron este lunes 19 de septiembre autoridades del MARN.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la última prórroga que los alcaldes obtuvieron por parte del gobierno anterior esta por vencer; sin embargo, la postura de las autoridades actuales es que se debe cumplir con la ordenanza, por lo que han tenido acercamientos con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para llegar a entendidos.

“El acuerdo 236 viene del gobierno anterior, en el cual los alcaldes tienen que cumplir la ordenanza de tratar aguas residuales. El gobierno anterior lo que hace es que da una prórroga de 3 años, la cual está por vencerse en el presente año y ese acuerdo imposibilita al Ministerio (de Ambiente) en su acción para hacer que se cumpla”, señaló el ministro de Ambiente, Mario Rojas.

Agregó que, debido a las prórrogas, el MARN no ha tenido la facultad de supervisar el funcionamiento de las plantas de tratamiento; sin embargo, Rojas asegura que esta administración no dará más plazos para implementar el acuerdo, aunque asegura que hay “buena voluntad” de parte de algunos alcaldes.

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“El Ministerio de Ambiente ya no va a dar prórrogas, nos sentamos a conversar con las autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades y afortunadamente tenemos autoridades y tenemos alcaldes muy comprometidos con su medioambiente y hemos llegado a un acuerdo. Ellos lo que van a hacer es a partir de que se venza esta prórroga que deja el gobierno anterior iniciar con el cumplimiento de la normativa, ya el gobierno no daría más prórrogas”, dijo Rojas.

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Vertederos tienen que cerrar

El ministro de Ambiente también dijo que los vertederos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa) y el de la zona 3 capitalina debe dejar de operar, pues esa cartera ya ordenó su cierre técnico.

“El Ministerio de Ambiente ha cumplido su responsabilidad con los dos vertederos. Nosotros emitimos una orden de cierre técnico para que Amsa cese sus actividades en el presente año, de hecho, hace un mes, Amsa envió una solicitud de una prórroga de otros dos años, la cual fue denegada por el Ministerio de Ambiente, ellos si o si, tienen que cerrar”, dijo Rojas.

Agregó que el argumento de Amsa para no cerrar es que no cuentan con recursos, pero, según dijo, el MARN le ofreció Q20 millones para agilizar el cierre.

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Agregó que “en el caso del de la zona 3 es exactamente el mismo escenario, el Ministerio de Ambiente ya ha emitido la orden de cierre técnico y ahora es responsabilidad de los señores alcaldes”.

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El pasado 30 de agosto, Amsa publicó en el Diario de Centro América una invitación para que personas individuales o jurídicas dentro de Villa Nueva para que presentaran un Interés de Venta con lo cual se iniciará un proceso de identificación, selección y compra de terreno(s) para la ubicación de un nuevo sitio de disposición final de desechos sólidos.

Entre las especificaciones del terreno está que posea un área comprendida entre 230 mil a 300 mil metros cuadrados, no tener procesos legales, gravámenes u otras restricciones que limiten el proceso de compraventa y tener características favorables para la ubicación de un sitio de disposición final de desechos sólidos, entre otros.

Mientras el Congreso busca crear un superministerio de Ambiente, el Ejecutivo le quita presupuesto

Fri, 16 Sep 2022 11:00:49 +0000

En medio de la discusión del proyecto de ley que pretende centralizar todas las funciones y recursos de siete instituciones ambientales en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), esta dependencia del Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de modificaciones a su presupuesto que le han dejado un salto negativo este año de Q64.5 millones.

Las partidas presupuestarias que fueron más afectadas son: elaboración de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a la cual se le restó espacio por Q66.8 millones; mecanismos de conservación y protección del recurso hídrico, Q3.1 millones; capacitación socio ambiental, Q1.3 millones; y sensibilización y concientización ambiental, Q1.1 millones.

La modificación de estos espacios presupuestarios, que al final repercuten en que la entidad a la que se los restan no pueda ejecutar esos recursos, no hace sentido cuando desde el oficialismo se impulsa una legislación cuyo objetivo es dejar bajo la coordinación del Marn las funciones de siete instituciones, propuesta que es acuerpada por el actual ministro de Ambiente Mario Rojas.

El Marn informó que la reducción de su presupuesto obedece a que Q50 millones se utilizarán para el Fondo Nacional de Cambio Climático, cuya creación se oficializó en mayo pasado con la publicación del acuerdo gubernativo, pero que, a la fecha —a menos de cuatro meses de que termine el año—, todavía no se ha creado la unidad ejecutora.

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No está claro por qué se le restan recursos al Marn para la creación de este fondo cuando la misma institución estará a cargo de su ejecución. La oficina de Comunicación de esta cartera no respondió las preguntas al respecto.

Cierre de vertedero

Dentro de las modificaciones, informó el Marn, también se incluye un traslado de Q24 millones destinados a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Amatitlán (Amsa) que se utilizarán “para el apoyo al cierre técnico del relleno sanitario” que se encuentra en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

La administración de este vertedero está a cargo de Amsa y el cierre se anunció a inicios del año pasado luego de un incendio de gran magnitud, provocado por el mal manejo de los desechos, que tardó semanas y causó serios problemas de contaminación en el aire.

En abril pasado el director de Amsa, Edgar Zamora, anunció que se instalaría una planta separadora de desechos sólidos justo por Q24 millones; sin embargo, Amsa tampoco respondió a la consulta de cómo avanza este proyecto, así como el cierre del vertedero.

El Marn informó que para recuperar “algunos” espacios presupuestarios que fueron cedidos se autorizó una ampliación por Q9.5 millones.

Algunas partidas presupuestarias de la institución fueron beneficiadas con el aumento de recursos. Estas son: dirección y coordinación, Q1.4 millones; planificación y programación, Q1.8 millones; administración, Q5.2 millones, emisión de licencias resoluciones e informes ambientales, Q3.6 millones; y asesoría y control en la gestión de residuos y desechos sólidos con Q1 millón 14 mil.

Poco interés

Ambientalistas consultados coinciden en que el manejo de un presupuesto refleja la priorización que un gobierno da al medio ambiente y los recursos naturales.

El especialista ambiental del Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y Forestales, Marlon Romero, subrayó que quitarle recursos al ministerio “más débil” es una muestra clara de la poca importancia que se tiene por el medioambiente y los recursos naturales, que a su vez garantizan el bienestar y la calidad de vida de los guatemaltecos.

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Romero considera que existe una política enfocada a eliminar regulaciones y controles para el resguardo ambiental “con tal de facilitar su depredación y uso irracional”. Asimismo, señala que esto refleja un irrespeto por las leyes nacionales y compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en materia ambiental.

“El medioambiente no ha sido prioridad para los gobiernos de turno, aun sabiendo que nuestra economía y bienestar tiene una fuerte vinculación con los recursos naturales, permiten su contaminación y degradación”, remarcó.

Por su parte, Jorge Cabrera, ambientalista y primer coordinador de la Comisión Nacional del Medioambiente, expuso que con el pasar de los años los partidos políticos vieron en el Marn “una oportunidad para colocar a su gente con lo cual se fue perdiendo la mística y calidad de los funcionarios”.

Remarcó que los recortes presupuestarios reflejan el poco interés de las autoridades por el medioambiente y remarcó que “los intereses van por otro camino” como colocar en puestos de decisión a allegados políticos, en detrimento de los recursos naturales.

Desechos industriales provocan un alto nivel de contaminación en el río Villa Lobos de Guatemala. Las comunas son las obligadas a tratar las aguas residuales que se generan en sus municipios pero el Ministerio de Ambiente el obligado a hacer que las comunas cumplan. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Cabrera considera que la población sí tiene conciencia acerca de la importancia de proteger los recursos naturales, pero no sucede lo mismo a nivel gubernamental donde “no se valoran los recursos, que son importantes para el presente y el futuro”.

Ley es muestra de desatención

Los ambientalistas coincidieron en que una muestra del poco interés y falta de seriedad con que las autoridades abordan el tema ambiental es la propuesta de ley para convertir al Marn en un “superministerio” con funciones y recursos que hoy tiene siete instituciones.

“Nuestros gobiernos nunca han priorizado el tema ambiental lo cual es ilógico, porque nuestros recursos naturales son nuestro mayor tesoro”, expuso Vida Amor de Paz, ambientalista y columnista de prensa.

Dijo que en países como Paraguay antes de que un presupuesto general sea aprobado debe ser avalado por la autoridad ambiental, pero el problema en Guatemala es que los que respaldan dicha propuesta “quieren ponerle atribuciones que no le competen al ministerio”.

El MARN está liderado por el ministro Mario Rojas, hermano de uno de los diputados ponentes de la iniciativa de ley, Aníbal Rojas. Fotografía: Prensa Libre.

Para el diputado Luis Fernando Pineda, miembro de la Comisión de Ambiente del Congreso, “llama poderosamente la atención” que justo cuando el oficialismo promueve una agenda de leyes, en teoría para fortalecer el medioambiente y el cambio climático, pero que para él son “regresivas”, le quiten recursos al Marn.

“El medioambiente no ha sido prioridad para este Gobierno”, señaló el legislador, quien cuestionó qué se ha hecho, por ejemplo, para sanear los ríos, entre ellos el Motagua que sigue arrastrando miles de toneladas de basura a las playas de Guatemala y Honduras sin que se implementen soluciones serias.

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Ambientalistas se preparan para lucha legal si el Congreso aprueba el “superministerio de Ambiente”

Wed, 31 Aug 2022 11:00:49 +0000

Solo el conseguir las firmas necesarias para dictaminar de manera favorable la iniciativa 6054 ya es un peligro, según ambientalistas que no ven con buenos ojos la iniciativa impulsada por el oficialismo y sus aliados.

Esta propuesta de ley busca concentrar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) toda la potestad en materia ambiental, lo que significa el cierre de cualquier otra oficina de gobierno en esa rama.

Lo anterior traería consigo que todo el destino de los recursos naturales de Guatemala; áreas protegidas, reservaciones, parques, ríos, lagos y más estén sujetos a decisiones políticas y no técnicas, evalúan los expertos.

El cierre del resto de oficinas de gobierno encargadas en el manejo ambiental, junto a la eventual concentración de poderes en el MARN ha llevado que la iniciativa 6054 sea conocida como la ley del “súper ministerio de Ambiente”.

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La iniciativa fue impulsada por la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso e integrante del bloque oficial, acuerpada por diputados amigos entre ellos Aníbal Rojas, integrante de la Directiva y hermano del actual ministro de Ambiente, Mario Rojas.

Aunque la iniciativa no fue incluida para su discusión esta semana cualquier diputado podría presentar una moción dentro del Pleno para incluirla a último minuto, como ha ocurrido con otros proyectos de ley que son del interés de la alianza oficialista.

El articulado de la iniciativa 6054 además de colocar en una “bandeja de plata” los recursos naturales limita una serie de derechos, que a criterio de los ambientalistas y su equipo jurídico raya en lo inconstitucional, por lo que se preparan ante cualquier intento para que la misma sea aprobada.

Comunidades en riesgo

La iniciativa 6054 contempla el cierre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.

Lo anterior también dejaría en manos de una entidad política como un ministerio de Estado el destino de los recursos naturales, que ya no contarían con la visión técnica y experta de las instituciones que se busca clausurar.

“Con esto no solamente se elimina al Conap sino todos los convenios internacionales que van adheridos al Conap, su cooperación internacional; sin Ocret pueden dañar incuso a comunidades indígenas, esta ley es peligrosa y yo jamás había visto una le tan ‘leonina’”, explicó Vida Amor de Paz, ambientalista.

El ciudadano Juan Carlos Godoy, experto en temas medio ambientales, explicó a título personal que esta propuesta puede llevar al desplazamiento de comunidades indígenas y a eventuales restricciones a los recursos que por historia han utilizado para su existencia y desarrollo.

“No se piensa en los bienes y servicios que generan las áreas protegidas, en muchas de ellas obtenemos leña, agua y bienes para la economía local, no hablamos de resguardar la naturaleza de una manera romántica sino resguardar el patrimonio esencial para el desarrollo económico y social”, refirió.

Lea también: Ley que busca crear un “súper ministerio de Ambiente” consiguió dictamen favorable este lunes

Fondo político

Otro peligro que existe en esta iniciativa es que todos los recursos de las dependencias que estarían cerrando llegarían a un MARN en pleno año electoral, lo que permitiría concentra un estimado de Q900 millones.

Marvin Flores, ambientalista, considera que el dejar todas las decisiones ambientales en un ente político significa peligro, ya que podrían existir trasfondos políticos en las decisiones del “súper ministerio”.

“Es una ley ‘entreguista’ porque está planteada para darle con toda libertad los recursos naturales a quien mejor plantee una propuesta de aprovechamiento, creo que con la base de recursos naturales que ayudan al desarrollo y a la nación no se tendría que jugar de esta manera”, indicó.

Amor de Paz es más directa al considerar que otro posible fondo político de la iniciativa sería la campaña electoral del 2023, “están en peligro todos los presupuestos de estas instituciones ¿Para qué les puede servir? Para muchísimas cosas, incluso hasta podrían servir para campaña política del año entrante”.

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Queda menos de un año para que los guatemaltecos aprendan a clasificar sus desechos

Sat, 20 Aug 2022 11:00:12 +0000

Marina Aguilar vive en la zona 7 de Mixco. Es ama de casa y todos los martes, jueves y sábados saca su bolsa de basura a la puerta de su casa. No la separa porque requiere mucho trabajo, dice, y porque es más sencillo “juntarlo todo en una sola bolsa”.

Marina, de 55 años, no ha escuchado hablar del Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, que el pasado 10 de agosto cumplió un año de estar vigente. Por lo tanto, ignora que tiene menos de 12 meses para aprender a separar sus residuos, porque entonces será obligatorio.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) confía en que la divulgación que se ha hecho de la normativa en los 340 municipios del país haya empezado a tocar la conciencia de los guatemaltecos.

Sin embargo, analistas temen que en un año el país aún no esté preparado para manejar los residuos casi como se hace en los países del primer mundo y que los artículos de la norma que ponen fechas límites para cumplir con las exigencias se prorroguen, tal como ha sucedido por más de 15 años con el Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales.

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Disposiciones

Según el Reglamento, en los primeros dos años de vigencia, es decir del 10 agosto del 2021 al 10 de agosto del 2023, los guatemaltecos deberían separar sus residuos entre orgánicos e inorgánicos. Después, será obligatorio separar los segundos en papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapas y otros.

Entre otras especificaciones, también ordena que las carrocerías de los vehículos que transporten basura deben ser de material resistente a la corrosión y garantizar la hermeticidad a manera que no derramen líquidos contaminantes que emanen de la descomposición de la basura —lixiviados —.

El reglamento también define una serie de disposiciones para el manejo y la construcción de estaciones de transferencia de los residuos y de las plantas de recuperación, reciclaje, tratamiento y disposición final.

De igual forma regula todo el proceso de tratamiento de los desechos y da las pautas de protección y seguridad para los trabajadores que estén involucrados en su manejo. Por ejemplo, dice que todos deberán ser vacunados contra la hepatitis B, el tétanos y la rabia.

De esa forma, se perfila una dificultad para cumplir con esta normativa, no solo para quienes producen residuos, sino para los responsables de recolectar, transportar, reciclar y dar el tratamiento final que ya deberían estar haciendo fuertes inversiones para cumplir con el Reglamento.

También tienen menos de un año para hacerlo puesto que el artículo 64 de la normativa dice que “los entes sujetos a las disposiciones del presente Reglamento tendrán un plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para ajustarse a éstas y cumplir con sus obligaciones”.

No creen en avances

Analistas en temas ambientales coinciden en que se ha escuchado muy poco sobre la implementación del acuerdo y temen que el tiempo que queda muy es muy corto para que todos los actores involucrados en la generación y manejo de desechos puedan cumplirlo a cabalidad.

Raúl Maas, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar, dijo que no se sabe mucho del proceso de implementación del Reglamento, por lo tanto “los avances deben ser mínimos, si no es que nulos”.

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“El problema de la gestión de desechos sólidos sigue en todo el país. En la comunidad más remota encontramos plástico o duropor si ninguna opción de manejo no digamos en los entornos urbanos”, señaló el especialista.

En tal sentido, Maas no duda en que los plazos que dicta la norma serán ampliados “dado el poco interés y las capacidades limitadas de los entes administrativos encargados de manejar este tema”, en referencia al Marn y a las municipalidades.

Expuso que el manejo de los residuos se aborda como un “problema periférico” que se pierde en la “marea de problemas ambientales que caracterizan la crisis socioambiental en la que estamos” como país.

Maas señaló que existen asimetrías financieras muy marcadas entre las comunas y que, probablemente las más grandes podrían contar con recursos para cumplir el Reglamento, pero si ni estas lo hacen será más difícil que lo hagan las pequeñas.

Mucha gente lanza sus desechos a los barrancos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Deben ampliar el plazo

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) no respondió a una solicitud de comentarios, pero el alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, Miguel Ovalle, expuso que los jefes ediles tienen que pedir una prórroga para implementar el Reglamento.

“Es algo que deben pedir ahorita, antes de las elecciones”, subrayó el jefe edil, también expresidente de la Anam.

“Hacer un acuerdo en el despacho es fácil pero que las municipalidades tengan las condiciones financieras, de espacio y de logística para la recolección… lo veo bastante difícil. El ministro solo salvó su responsabilidad y nos tiró la papa caliente a los alcaldes”, señaló.

Ovalle considera que la iniciativa de reglamentar el manejo de los residuos sólidos es “buenísima” porque todos tiene que contribuir con la limpieza de un municipio, pero la experiencia, enfatizó, “nos ha demostrado que cambiar la cultura de las personas no se logra en dos años”.

Recalcó que el Marn lo que hizo fue trasladar la responsabilidad a los alcaldes, pero que estos la trasladen a la población “no es fácil”.

El alcalde de Salcajá agregó que, en la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, llevan 17 buscando soluciones para resolver el problema de forma regional, pero no la han encontrado. Añadió que su municipio tiene la capacidad de recolección de basura por una cuota pequeña, Q5 al mes, “y todavía así se quejan” los vecinos.

Los basureros clandestinos es otro problema que enfrenta el medio ambiente en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Alex Guerra, director del Instituto Privado de Cambio Climático, opina que el Reglamento “es un paso en la dirección correcta”, pero solo un de lo que debe hacerse para alcanzar una gestión integral de los residuos y desechos sólidos.

Cualquier política, dijo, debe ir acompañada de legislación, educación a la población y acciones sociales en favor de cientos de familias que hoy en día sobreviven de reciclar en los basureros municipales.

Guerra está de acuerdo con que dos años es muy poco tiempo para implementar la totalidad del Reglamento y cree muy probable que se amplíen los plazos; sin embargo, confía en que este tiempo al menos sirva para que los guatemaltecos adopten la práctica de separar los residuos entre orgánicos e inorgánicos.

Si es factible cumplie

El Marn afirmó que desde el año pasado desarrolla actividades de divulgación del Reglamento, a través de sus redes sociales, medios de comunicación, foros y talleres, entre otras modalidades. Además, se socializó la norma con los alcaldes de “todo el país”.

Otto René Sandoval Calderón, asesor ambiental del Marn, afirmó que las comunas han dado una “respuesta positiva” al Reglamento y han solicitado apoyo, por ejemplo, para cerrar vertederos, buscar lugares idóneos para plantas de procesamiento sobre cómo gestionar los residuos.

Sandoval considera “factible” cumplir con las disposiciones del Reglamento “toda vez la sensibilidad de los actores involucrados continúa a un nivel adecuado”. En ese sentido afirmó que el Marn seguirá con acciones de capacitación, socialización y educación ambiental.