El dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, permiten que la policía nicaragüense y grupos paramilitares asesinen brutal y vilmente a ciudadanos cansados de la represión que confrontan el régimen del FMLN y piden elecciones prontas como salida a la crisis. Es inconcebible que en pleno siglo XXI sucedan todavía esas cosas, y no solamente ahí.

Mientras la UE y los EE. UU. han pedido insistentemente el cese de la violencia, la OEA ha llegado tarde, como suele ser habitual, aunque con idéntica solicitud. Lamentablemente los gobiernos latinoamericanos de izquierda y aquellos subvencionados con dinero o petróleo venezolano, votaron en contra o sencillamente se ausentaron o abstuvieron: Venezuela, El Salvador, Bolivia, Belice y la mayoría de países caribeños ¿Cómo que no tiene sentido hablar de ideologías? En determinados momentos y para algunos son más importantes que la vida humana.

Los gobiernos mencionados no han sido los únicos que se han solidarizado —directa o indirectamente— con la dictadura nicaragüense. El grupo parlamentario de izquierda del Parlacen hizo una bochornosa declaración que alienta, apoya y reconoce el actuar sandinista; el resto de grupos guardó silencio complaciente. El partido político guatemalteco URNG-Maíz tuiteó que reconoce “el legítimo derecho a la defensa, ejercido por el gobierno sandinista frente a las agresiones perpetradas en su contra por los lacayos del imperio”, y justifica miserablemente la represión desde el Estado que es lo que condenan, precisamente, del actuar del ejército durante el conflicto armado interno ¡Enmarquemos el tuit, para recordarle esa contradicción cuando pidan el voto en el 2019!

El Congreso de la República, por su parte, tampoco aprobó un comunicado de rechazo ¿La razón?, los votos en contra de la UNE y CREO, la ausencia de los partidos de izquierda: Convergencia, Winaq y URNG y el voto en contra de otros “honorables” congresistas ¡Ahí quiero ver a los “diputados de la dignidad” emitiendo un comunicado que echo en falta! Las iglesias, también están ausentes en esta necesaria condena fratricida.

Entre los aduladores del régimen asesino de Nicaragua, sorprende el presidente de la fundación contra el terrorismo quien escribió en su Twitter: “Hubo un tiempo en el que Ortega orientó de manera correcta a Nicagua (sic) y le aplaudí…”. Darle ese beneficio de la duda —como hizo en varias ocasiones y declaraciones de adulación al tirano— deja claro que cuando conviene se relativizan valores democráticos y principios éticos. No señor, Daniel Ortega siempre fue un déspota, un autoritario y un violador sexual, no se haga el ignaro ni utilice lisonjas que contrastan hipócritamente con diatribas permanentes: vamos camino a ser como Venezuela o la constante fustigación a la izquierda guatemalteca, mientras reconoce cándidamente haber aprobado, elogiado y agradecido a ese otro revolucionario, sobradamente autoritario y delincuente. Mucha inmadurez, incongruencia o intereses, suelen ser razones suficientes para no haber condenado desde el principio las actitudes criminales del nicaragüense. Personajes “gallo-gallina” —más de lo segundo que de lo primero— que cacarean permanente en medios, pero terminan mostrando su naturaleza totalitaria. De ser candidato en 2019, habrá que tener en cuenta también su debilidad por el despotismo y la tiranía, como la de URNG-Maíz y otros del mismo hato.

No olvidemos que en Nicaragua muchas personas son asesinadas con el beneplácito, el silencio o la aquiescencia de quienes desprecian la vida. Lo descrito arriba, no son más que distintas formas de expresión de un fenómeno desideologizado: el autoritarismo ¡Vergonzosos y canallas esos extremistas!

Con frecuencia escucho en reuniones de amigos el deseo de cambiar, progresar, avanzar, ser mejores en definitiva. Países desarrollados y con seguridad nos provocan sana envidia, y soñamos, debatimos y discutimos —pública y privadamente— sobre lo hermoso que sería dejar atrás este mundo de corrupción, inseguridad y pobreza que nos envuelve ¡Y no es porque estemos en época festivo-melancólica, es una preocupación que nos embarga todo el tiempo!

Al despertar de esos buenos deseos, observamos que en el partido que sustenta al gobierno hay unos 15 diputados procesados por diferentes delitos y que además negocian el presupuesto y la directiva del Congreso —con sus honorables pares— para arrancar 2018 con una agenda elaborada por las mafias que sostienen a una sustancial parte de parlamentarios. Se suman a la piñata por estas fechas, los sindicatos depredadores del presupuesto público —entre otros los del MP, OJ, Salud o Educación— que reciben montos insostenibles para las finanzas estatales, repartidos por políticos inescrupulosos que, con dinero público y espurios intereses, negocian a cualquier precio mientras reclaman un aumento de gastos porque es “insuficiente” el asignado para el “desarrollo del país” ¡Valientes caraduras!

Por su parte, la justicia oficial retarda todo lo que puede los expedientes judiciales bajo la excusa, en el mejor de los casos, de hay mucho trabajo y pocos funcionarios —a pesar de que cuando ingresan al sistema ya lo saben y eso no los frena— o a través de abogados, jueces y magistrados que sonríen a quienes les favorecen aprovechando un sistema judicial absolutamente tramposo en el que se mueven como peces limpiadores de fondo. Todo cabe bajo ese paraguas del “debido proceso” y entre antejuicios a funcionarios, falta de salas para las vistas, vacaciones o cargas de trabajo, pasan años sin tomar decisiones mientras muchos detenidos permanecen en prisión y otros señalados nunca entran a ella. La justicia indígena no lo hace mejor. El último caso fue el azote de un policía con absoluta inobservancia de los derechos humanos que muchos de quienes la defienden reclaman, aunque frente a esa flagrante violación suelen callar. En el fondo ocurre lo que en la política: una lucha por el liderazgo —local en este caso— por el que también se compite, obviando la observancia de normas universales y promoviendo el autoritarismo sobre un discurso sustentado en lo ancestral.

En lo cotidiano no es menor la decepción. Los buses de transporte público circulan sin luces, medio derruidos y en lamentables condiciones, mientras se les otorga millonaria subvención para que teóricamente funcionen. Las calles se utilizan como parqueos a voluntad del que tira el carro aunque el letrero indique aquello de “le estamos filmando” o las aceras se ven invadidas por irrespetuosos motoristas que deciden utilizarla como carril cuando no pueden culebrear entre los vehículos detenidos porque seguramente alguien bloqueo el cruce con absoluta impunidad.

No se cambia un país con quejarse en foros de amigos o en círculos de opinión. Para mejorar se requiere aceptar el problema y tomar una postura personal activa. Es preciso que cambiemos cada uno de nosotros y exijamos al otro que lo haga y no quedarnos callados por pena, temor o prudencia. Si no aceptamos que estamos mal —muy mal— seguiremos por años alabando el amanecer diario y soñando que todo esto cambiará, sin darnos cuenta que jamás ocurrirá porque requiere otra actitud que, además de en el optimismo, se nutra de un realismo que desconocemos frecuentemente.

Nunca es tarde para comenzar y el inicio del año nuevo puede animar a ello.

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Cinco hechos significativos relacionados con el tema ocurrieron en las últimas semanas y conformaron una particular sensación. Uno de ellos corresponde a la manifestación contra las hidroeléctricas, promovida y financiada por Madre Selva, y otro, a la convocatoria de CODECA, ambos con asistencia muchísimo menor de la esperada, anunciada y acostumbrada, y poca acogida de las organizaciones convocantes. Los tres restantes son más explicativos y reveladores: la retirada de la referencia al derecho indígena de las reformas constitucionales, anunciada por “autoridades ancestrales”, la escasa y confusa discusión pública de esos temas por políticos indígenas y el indignante rol autoritario de Bernardo Caal, autodesignado como “representante” de un sector indígena.

Percibo que hay una enorme división en el colectivo que aglutina el vocablo “indígena” y que quienes se sienten incluidos en él son más conscientes cada vez de la manipulación a que están sometidos, tanto por el acarreo y pago de personas —MadreSelva y CODECA— como por personajes que se erogan una cuestionable autoridad o representatividad: Caal, Pop, Rigoberto Juárez, etc.

Se ha cometido la torpeza —o la ligereza, según se mire— de contemplar “lo indígena” como un todo, como un referente único al que contraponer lo ladino, y claramente no es así. La conquista española —los dioses me salven de nombrarla— encontró una división importante que fue utilizada por un grupo de “exploradores” para someter a toda una “civilización”. El divisionismo es una realidad, al igual que ocurre en toda sociedad, producto del fomento de grupos de interés. La plural comunidad indígena debe reflexionar sobre qué desea, en qué condiciones lo quiere y los costos que está dispuesta a asumir. Algunas personas han encontrado, al convertirse en portavoces no autorizados de aquella, una forma de vida, de reivindicación social o de autodefinición étnica, aunque ello sirve únicamente a sus fines y a un círculo muy próximo, pero no a la comunidad que pretenden encarnar. De ahí que cuando una indígena, como lo es la señora Menchú, opta en dos ocasiones por la presidencia del país, apenas alcanza el 3% de votos; que el diputado Amílcar Pop no consiga aglutinar ese 40-50% de la población no ladina o que, finalmente, Bernardo Caal sea rechazado porque se apropia del liderazgo de una comunidad, a pesar de vivir a decenas de kilómetros de distancia y sin relación con aquella.

Hay que empoderar a las autoridades indígenas, pero a las verdaderas, a las comunitarias, a las que son y están, a aquellas que cuentan con el respeto de su entorno. Ese apoyo debería ser la columna vertebral del reglamento del artículo 169 —por hacerse— y del cual ciertos personajes y grupos no quieren saber nada porque en la medida que se reconozcan las verdaderas autoridades y se fijen los procedimientos de discusión, terminará su artificial y arbitraria pero jugosa intromisión.

La división, la carencia de debate, el desconocimiento del derecho indígena que se ha querido impulsar, la falta de liderazgo real frente al sustituto de personajes y grupos conflictivos y la necesaria reflexión interna de todo grupo social, son elementos que deben abordarse entre los indígenas, al igual que se hace en otros grupos sociales o étnicos. No es de recibo seguir hablando de un bloque homogéneo, unificado ni mucho menos liderado. Hay que promover fuertemente a quienes representan a sus comunidades y con ellos hacer converger el ideal de sociedad al que se aspira. Lo demás: luchas de poderes espurios sin avances ni logros, pero con pingües beneficios para algunos vividores de todo esto.

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La semana cerró con una imaginaria lid jurídico-mediática: Morales vs. Stalling. La detención del hermano y de uno de los hijos del presidente, y la loable, respetuosa e institucional actitud del jefe del Ejecutivo contrastó con el ruido que hizo la magistrada en defensa de su hijo encarcelado.

Ambas situaciones —tristemente similares y altamente emotivas— deslegitiman a aquellos que desean a toda costa sacar a la Cicig del país y torpedean continuamente las actuaciones del MP, pero también a esos otros que quieren tomar por asalto el poder que les niega las urnas. A los primeros, se les debilita la base sobre la que construyen el discurso de que Cicig/MP actúan con oscuros intereses. Los segundos, fueron rápidos —aunque sin éxito— en pedir la renuncia presidencial para crear el vacío de poder que necesitan. Unos y otros salen de la jugada por la actitud firme e institucional del presidente Morales y otra contrapuesta y titubeante del Poder Judicial respecto de Stalling; muestran quiénes están detrás de cada una y, sobre todo, qué esperar en el corto plazo. De la justicia poco, hasta que no se depuren las más altas magistraturas y se cambie el corrompido proceso de postulación/selección/elección. En la política avanzamos, pero hay que sacar del juego a mañosos habituales y a viejas glorias de la corrupción. Hay, en definitiva, que salir rápidamente de diputados vetustos y de juzgadores manoseados por grupos de presión.

La corta memoria nacional olvida que las otras dos opciones posibles en las pasadas elecciones —en función de los votos— eran Líder y UNE. Sobra explicar por qué estamos mucho mejor de lo que estaríamos con cualquiera de los otros dos candidatos. Se ha escrito tanto de Baldizón y de Sandra Torres que no merece la pena dedicar siquiera una par de líneas a repetirlo. Soy optimista racional, y aunque un mal menor no representa un bien, creo que relativamente estamos mejor de como podíamos estar con cualquiera de aquellos, aunque en valor absoluto me siento insatisfecho.

De hacer caso a quienes piden la renuncia presidencial, nos encontraríamos en una situación con alta incertidumbre que sería aprovechada por espurios diputados para catapultar a sus delincuenciales pares al Ejecutivo o por grupos ávidos de poder que no obtienen votos. En el mejor de los casos, tendríamos otro inservible gobierno como el que se despachó el señor Maldonado. El país no puede —ni merece— más impasse político y aunque este gobierno no es de transición sino de tránsito, puede alentar la esperanza de quienes por años han considerado que las cosas se deben hacer como la justicia fuerza ahora. En ese punto, las declaraciones del hijo del presidente justificando su actuar son reveladoras cuando manifiesta que hizo lo que cualquier guatemalteco hubiera podido hacer.

Lo ocurrido, lejos de ser una nueva “tragedia”, es un ejemplo y una oportunidad para posicionar el principio de que la ley debe aplicarse a todos por igual y mostrar que un país tropical y pequeño es el único en el mundo capaz de enjuiciar/encarcelar a un binomio presidencial y a familiares del presidente. ¡Ya quisieran muchos países que pretenden dar lecciones de ética contar con la capacidad de reacción de esta sociedad nuestra!

Ahora, más que nunca, es preciso mantener el apoyo a la justicia y al Gobierno, y lejos de pensar en dimisión, apoyar a un padre, afectado emocionalmente, que ha dado ejemplo de entereza y “savoir faire”. ¡Mi respeto!

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La emblemática cabaña de Los Cuchumatanes, en Chiantla, que fue destruida el pasado martes por el fuerte viento, causó indignación en las redes sociales, por lo que huehuetecos se han unido para conformar un grupo para la restauración.

“La cabaña fue construida en 1987, por el arquitecto Ronaldo Castillo, y con el paso de los años se convirtió en un ícono del mirador”, relató el cronista Rolando Gutiérrez.

Algunos internautas señalaron que el viento derribo el techo y algunos pobladores aprovecharon para llevarle la madera, por lo que solo quedaron los cimientos de la cabaña. 

“La situación despertó interés en muchas personas que en redes sociales han ofrecido colaborar para recuperar la cabaña, que la llaman parte del patrimonio no solo de Huehuetenango sino del país”, agregó Gutiérrez.

• Lea también. Viento destruye emblemática cabaña de Los Cuchumatanes 

Autoridades han decidido integrar un comité pro recuperación de la cabaña, para que sea este el encargado de realizar las verificaciones respecto a la propiedad del terreno que corresponde a los médicos Ricardo Jaramillo y Francisco Rojas, además de establecer qué tipo de materiales se necesitan. 

En el mirador Juan Diéguez Olaverri se habían edificado dos cabañas, una que fue destruida por el viento el pasado martes y otra que está deteriorada y puede caerse.

Buscan apoyo

El vecino Rodrigo Morales afirmó que para los amantes del turismo fue una noticia triste, por eso a través de Guatepassport iniciaron un llamado a voluntarios interesados en realizar la reconstrucción de esta obra.

Morales explicó que no se hacen colectas de dinero sino todo será en especie, los interesados pueden buscar información con  #MiradorDieguezOlaverriGP donde se darán detalles de fechas y formas para colaborar, también pueden pedir detalles a través del correo  guatepass@gmail.com y al  5459-3184 con su persona.

Ronaldo Castillo, arquitecto, realizó una visita al mirador y afirmó que  el vandalismo, el abandono, falta de mantenimiento y la misma gente provocaron que se destruyera una de las cabañas la cual se pudo haberse rescatado.

Detalló que él está dispuesto a formar parte de la iniciativa para recuperar esta obra, y que la otra cabaña a su criterio está con daños graves y debe ser reparada antes que colapse. 

Sergio Miranda, un visitante, asegura que las autoridades municipales deben liderar cualquier iniciativa porque la obra es icono del país. “Los dueños de las cabañas nunca imaginaron la importancia que estas obras tendrían con el paso del tiempo, por ello es necesario que se unan a la reconstrucción y que permitan que sea una oportunidad para los turistas”, comentó. 

Feminicidio, no “femicidio”, es la palabra que el diccionario de la lengua española (DEL) utiliza para nombrar el asesinato de una mujer por razón de su sexo.

Semanas atrás, la diputada Sandoval (FCN) levantó polvareda al proponer cambios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la parlamentaria únicamente pretendía modificar —según explicó— algo no específico de dicha ley que incide en todo el ámbito de la justicia, como es el castigo a quien haga denuncias falsas. ¡Ya que destapó la jaula de grillos, abramos la discusión!

La famosa ley obedece a la moda, la presión y el hembrismo (también fuera del DLE) existente en el mundo y que se refleja en esta zona del hemisferio. Una majadería legal que se focaliza en lo particular obviando lo general y brinca parámetros universales que deberían cumplir las normas. Sustancialmente es una ley contra hombres, sobre la base apriorística de que las relaciones de poder entre hombre y mujer son desiguales (Art. 6), lo que no es verdad y habría que demostrar en cada caso. Similar argumento de desequilibrio imaginario podría utilizarse para otras relaciones y eludir el postulado de la “generalidad”, es decir, la validez para todos los individuos, sin distinciones ni prebendas, que sustenta el principio de que “la ley es la misma para todos”. Sin embargo y lamentablemente, el femicidio (feminicidio), según el original acotamiento que hace el artículo citado, únicamente puede ser cometido por hombres.

Podría el legislador —si hubiese querido— haber modificado las circunstancias contempladas en el Código Penal para el asesinato (Art. 132), agregando alguna más o aumentado la pena o las agravantes, pero prefirió, por presión de ciertos grupos, crear un modelo específico que el tiempo ha mostrado inservible, salvo para hacer más “eficiente” —y discrecional— la persecución masculina. Triunfó en el debate la ley del péndulo que oscila entre el machismo a descartar y el ideologizado hembrismo a imponer.

En el continente americano ocurren muchos homicidios, lo que no significa que porcentualmente la relación entre los de mujeres y hombres sea la más alta. Por el contrario, es la menor de los cinco continentes (10%), siendo Europa, con un 27%, la que ocupa el primer lugar del mundo (Global study on homicide 2011, pág. 64). Dicho ratio se mantiene en el siguiente informe de 2013. Es decir, el femicidio “no debería ser una prioridad” de política pública y el norte del político en su actuar responsable tendrían que ser los homicidios en general. Tampoco se puede argumentar como razón justificativa de la ley la “elevada” mutilación femenina. El Inacif muestra en sus estadísticas que es mayor en hombres; incluso el doble en 2015.

La propuesta de la diputada Sandoval me parece anecdótica en el contexto de esta ley, pero muy importante respecto del funcionamiento de la justicia. Es preciso castigar contundentemente a quien promueva denuncia falsa, sin importar el motivo. No hay que complicar los procedimientos legales, sino hacerlos más eficientes y, sobre todo, que la razón prime sobre la emoción y se destinen eficientemente los recursos públicos para la persecución penal de todos lo crímenes. Las políticas de discriminación, positiva o negativa, son un despropósito que obedece al interés particular y a la presión de un grupito de tarambanas. Lo siguiente será eso de la “inclusión” y las cuotas, así como tildar de machista, misógino y otros calificativos similares a quien les refute los prefabricados argumentos que suelen utilizar ¡Así están las cosas!

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Una revolución es una revuelta social cuyo fin es cambiar el poder político establecido. Normalmente intervienen fuerzas militares del país o se conforma un grupo paralelo armado para enfrentar el poder estatal. Referentes son la Revolución Francesa y la Rusa de principios del XX.

Aquí, sin parecerlo, vivimos una con identidades pero con diferencias propias del siglo actual. El cambio del sistema político está teniendo su origen en un sistema judicial apoyado por una comisión internacional y no en una violenta imposición popular o de élites, como las referidas. No se ha decapitado a nadie como en la francesa —los guillotinados rondaron los 15 mil— ni asesinado, como en la rusa, a unos 20 millones de personas. Sin embargo, no está exenta de la sed de odio y venganza que ambas padecieron. Esa parte de la revolución chapina se refleja en redes y ciertos medios de comunicación que primero “disparan”: información o chismes y luego preguntan.

El pasado jueves fue un ejemplo de lo dicho. Noticias falsas alimentaron titulares y redes a la vez que se emprendió una campaña desinformativa por quienes más tarde serían señalados de formar parte de un esquema de corruptela estatal. Sobre eso, ciertos ciudadanos ávidos de revancha utilizaron las redes sociales para congratularse, despotricar, insultar, amedrentar y amenazar. Al rato se descubrió el pastel: algunas noticias eran mentira y otras orquestadas, pero ya se había guillotinado o enviado al Gulag a mucha gente.

El binomio dueños de medios-periodistas conforma una matriz con cuatro posibilidades. Una es que ambos sean conspiradores; otra que sean lo contrario, y dos más en la que cada uno adopta un papel opuesto al otro. No obstante, esa pléyade de jacobinos dieciochescos confunde todo y piensa que quien ejercita el periodismo está invariablemente asociado a los intereses del propietario del medio, y no es así. La mayoría de profesionales hace su trabajo de forma independiente en cualquiera de los medios de comunicación existentes. En lo particular, colaboro con dos y en ninguno me han coartado, impuesto o sugerido temas o información a difundir, y tampoco lo hubiese permitido.

El dueño de un medio es un empresario con intereses variados: económicos, expansionistas e incluso personales, entre los que caben políticos, sociales, altruistas y un sinfín más. Eso no obliga a quienes trabajan en ellos a seguir una pauta establecida por la dirección, caso de que así sea, y separan en la práctica la labor directiva de la colaborativa. Lamentablemente, algunos promueven malévolamente esa falsa “unidad” con el fin de “guillotinar” a varios de una vez.

La verdad pareciera no interesarles, sobre todo cuando el rencor toma su lugar y se ancla con discursos falaces o posiciones insostenibles, y siempre injustificables. Somos, aunque nos truenen los oídos al escucharlo, una sociedad bastante chismosa y poco racional. Nos encanta el morbo, nos recreamos con accidentes de tránsito y últimamente justificamos, sin rubor y con “energía”, la pena de muerte como solución a nuestro fracaso. Esa frase: “el que nada debe nada teme”, con la que se justificaba el martirio, se hace favorita en ese “club robesperriano” que cambia lo justo por lo vengativo.

¡A la Bastilla!, sería un grito oportuno si no fuera porque el siglo XXI frena la irracionalidad. Pero cuidado, aquellas sociedades lo único que generaron tras la revolución fue un sistema peor, o tan malo como el que tenían, como recientemente ocurrió con la primavera árabe. Al menos, aprendamos algo.

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En una sociedad autoritaria o sin división de poderes se podría considerar la figura jurídica del antejuicio para ciertos funcionarios públicos. Sin embargo, no es el caso nacional, por lo que debe promoverse un debate sobre la supresión de tal privilegio.

El antejuicio, además de generar muchas reflexiones, representa un beneficio especial e innecesario en una sociedad que promulga la igualdad de derechos y obligaciones y en la que el ciudadano es el dueño del poder legítimo y el político, un administrador delegado. Además, no todos los procesos de antejuicio van precedidos de una acción judicial. Los magistrados de la CSJ, por ejemplo, deben ser desaforados por el Congreso, lo que se traduce en una decisión que no asegura el correspondiente criterio técnico, sino el interés político del momento. Otra cosa sería que fuese un tribunal superior quien tomase la decisión. Muy importante en la discusión es que se esgrimen razones que ponen en duda la capacidad y el criterio certero y honesto del juez que pudiera llevar el caso y se presupone que “como seguramente el juez lo hará mal”, es necesario un antejuicio antes de que aquel decida qué hacer. Si fuera así, idéntico razonamiento debería considerarse para con todas las actuaciones de los magistrados y, consecuentemente, actuar para mejorar la judicatura pero no conceder beneficios como excusa. Finalmente (aunque caben más razones), agregar que el antejuicio ha sido el refugio de muchos canallas y las instancias correspondientes están llenas de solicitudes que no se resuelven en tiempo convirtiéndose la inmunidad en impunidad ¡Razones sobran para que tal figura deje de existir!

Pero como la discusión está caliente en el ambiente, es posible que se busquen, como en toda obtención de privilegios, arreglos que cedan en aspectos formales pero no de fondo, lo que aconseja incursionar en ese escenario de propuestas. Si el antejuicio se quiere dejar —aunque sea por conveniencia política— hay que considerar varias cosas. Debe limitarse a cargos elegidos/electos y no a candidatos durante procesos electorales. Incluso así, deberían dejarse fuera a los alcaldes, cuna de la mayor corrupción de este país. De mantenerse tal figura habría, inexorablemente, que fijar un máximo de 30 días improrrogables para que el organismo encargado de resolverlo —de preferencia, judicial— lo hiciera y, transcurrido ese tiempo, el silencio administrativo se considere positivo y automáticamente quede levantado. La investigación del MP no tiene que sujetarse a tal privilegio, aunque sí la apertura de procedimiento. Si se trata de “no perturbar” el devenir político del “dignatario”, es aceptable que el proceso penal requiera levantar el antejuicio pero no afecte la investigación, porque de lo contrario, mientras se debate su concesión se pueden anular pruebas, modificar conductas o amedrentar a testigos. Por último, habría que castigar muy marcadamente las denuncias falsas y promover qué tanto el MP como el juez puedan desestimar rápidamente aquellas que no tengan contenido o estén maliciosamente formuladas, castigando a quienes se prestan a esas maniobras y gastan tiempo y recursos del Estado. Elevar el costo de la denuncia falsa haría que desaparecieran o tuvieran altísimo costo, así no afectarían con inútil asistencia a tribunales a ningún ciudadano.

Soluciones sobran. ¿Habrá capacidad para adoptar la más conveniente y dejar de un lado privilegios que han marcado una etapa histórica y una forma inmoral y delictiva de actuar? ¡Esa es otra cuestión! y el presidente parece no tenerla clara.

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Salvo desinformados o contumaces ideologizados, ¡que los hay! , es difícil negar que los sistemas estatales de salud y educación, entre otros, son un estrepitoso fracaso. Aquel modelo soñado de atención estatal “gratuita” para todos los ciudadanos —asumido erróneamente como derecho— quedó en el baúl de las utopías.

Sin embargo, a pesar del enorme déficit en educación y en salud, el Gobierno no ha dejado de dilapidar anualmente miles de millones de quetzales en esos rubros. El dinero se destina para sostener inútiles y costosos sistemas, mantener infraestructura obsoleta, mediocre e ineficiente y pagar planillas abultadas que, por medio de los sindicatos, han sido un permanente grupo de poder al servicio de la dirigencia del momento, de sus amigos y familiares.

Observando los principios que sostienen ambas barbaridades, la Constitución resalta, en Salud, que el Estado debe garantizarla y velar por ella (Art. 51) y que tal cometido lo desarrollará a través de instituciones (Art. 94), sin especificar que tengan necesariamente que ser estatales. En Educación, el texto legal es más preciso e indica que hay que proporcionarla y facilitarla (Art. 71) y que el fin de la misma es el desarrollo integral de la persona (Art. 72).

Es decir, se destaca que la finalidad de esos servicios es promover el desarrollo de la persona, por lo que la atención tendría que enfocarse en el ser humano. De esa cuenta, el Estado debería buscar la forma de satisfacer las necesidades de los individuos que lo necesiten y, consecuentemente, facilitarles dichos servicios, pero no es así. No hay obligación de crear un suministrador de salud (IGSS), sino ayudar o acompañar a las personas que lo requieran, utilizando, por ejemplo, métodos alternativos, como puede ser el váucher médico. De igual forma, el Estado podría becar a las personas que lo necesiten en los colegios o en las universidades (públicas incluidas) que deseen, fijando un monto a otorgar a cada uno en función de parámetros previamente determinados: váucher educativo.

Lamentablemente, el modelo político dista mucho de cumplir la finalidad que indica la Constitución: favorecer al individuo. Lo que hace, en contraposición, es subvencionar dos estructuras que han resultado un fiasco: los modelos públicos de salud y de enseñanza. Se construyen colegios, se pagan salarios magisteriales negociados por sindicatos depredadores y voraces, se costea una monopólica universidad estatal o se destina un importante volumen de recursos a una inoperante sanidad pública. El presupuesto financia instituciones ineficientes en lugar de destinar esa cantidad a implementar un váucher (de salud o educación) para que el ciudadano pueda emplearlo en el lugar que considere satisface mejor sus expectativas y soluciona mejor sus necesidades. Eso sí sería un sistema generador del desarrollo personal, pero requeriría competitividad —y transparencia—, algo que no están dispuestas a asumir las instituciones públicas.

Aun en momentos de cambio pareciera que no vemos los que tenemos frente a nuestros ojos. Más de un 30% del presupuesto 2016 está destinado a salud y educación, algo recurrente todos lo años. Analice en qué aspectos es más deficiente el país y saque sus propias conclusiones.

Es preciso dejar de subvencionar inútiles instituciones e implementar otras formas. Establezcamos el váucher y promovamos la competencia, ¡a ver cuántas subsisten! Lamentablemente quienes reciben subvenciones no están dispuestos a mejorar la calidad y prefieren seguir viviendo delictiva e ineficientemente a costa del contribuyente.

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Si mi saturada memoria no me falla, creo que el primer incidente lamentable del gobierno de Pérez Molina fue el mal manejo de aquella crisis de la cumbre Alaska, en la que fallecieron seis personas y resultaron heridas más de treinta. El origen de todo, a mi juicio, fue que el gobernante no entendió qué debía hacer para exigir que se cumplieran los derechos y no resolvió a tiempo ni contundentemente la situación.

En aquel entonces, como ahora, aunque en menor medida, surgió el frágil debate sobre la artificial contraposición del derecho a la manifestación y de libre locomoción. Sin extender indefinidamente la discusión, está claro que todos los derechos deben observarse por igual y que no hay uno superior al otro; de lo contrario, es necesario aceptar que alguien debe ponerlos en orden y ahí surgiría la arbitrariedad no deseada. ¡Creo que es muy comprensible y sencillo el argumento!

El pasado miércoles se volvió a repetir la historia, señal de que no aprendimos. Cierta dirigencia delictiva y ladrona de energía eléctrica decidió bloquear el paso por casi todas las carreteras del país, con la correspondiente pasividad gubernamental. Los perjudicados fuimos los ciudadanos que no pudimos transitar libremente y se volvió a cuestionar el irrespeto a los derechos de los demás y la necesidad de cumplir la ley. No contentos con los pactos sindicales, producto de la coacción y con insoportable costo económico que sale de nuestros bolsillos, hay que seguir aguantando a grupos que falsamente se denominan “campesinos e indígenas” y que responden a intereses espurios de personajes identificados —algunos ya encarcelados— y de organizaciones con fines de lucro y marcada ideología.

Determinados individuos y organizaciones deciden, cuando les viene en gana, chantajear y extorsionar al gobernante de turno y por ende al resto de la ciudadanía que “tiene la obligación” de soportar sus imposiciones. Esos autoritarios reclaman sus derechos mientras violentan los de los demás, sin empacho ni sonrojo, todo un contrasentido que cobarde, pasiva y sumisamente aguantamos. En el fondo, golpistas que no ganan elecciones pero quieren imponerse. ¡Demasiados ejemplos recientes por el hemisferio!

En redes sociales, el día de los cortes, pude observar escasísimos defensores de esas acciones criminales, todo un avance en la percepción de los bochinches y un reflejo del respaldo que tienen, más allá de pagar a los asistentes o incluso forzarlos a asistir, so pena de asumir el riesgo de ser agredidos o penalizados en sus comunidades. ¡La nueva ola del chantaje!

Sin embargo, me sigue impresionando que quienes responden agresivamente usan el nacionalismo rancio como fondo argumentativo —como aquello de: “usted no es de aquí”— para evitar escuchar razones universales o dicen “defender a nuestra gente”, erigiéndose en propietarios de personas humildes y construyendo, con el más rancio reflejo autoritativo, su parcela de poder.

La plaza no debió ser únicamente para los gobernantes. Expulsados y encarcelados, se lleva actualmente una importante depuración del sistema judicial y la exigencia fiscal y penal a quienes han evadido por años impuestos que tanto empresas como particulares hemos pagado. Sin embargo, hay más “líneas” ocultas. Queda pendiente de desmantelar, por tener cautivo al Estado en idéntica medida que quienes ya están siendo depurados, sindicatos, grupos de presión, ciertas ONG violentas y criminales y la financiación que sustenta todo ese modelo. La revolución en marcha es pacífica, pero no estúpida ni inconsciente.

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El arqueólogo Richard Hansen manifestó que se debe cuidar el lugar, así como reducir el impacto humano, y para ello propone algunas opciones como la utilización de senderos, globos aerostáticos, bicicletas ecológicas y un tren pequeño.

“Es necesario asegurar la conservación de la zona, los ingresos deben ser comunitarios, hay que mantener un área virgen para que las futuras generaciones puedan apreciar el legado ancestral, cultural y natural del sitio”, enfatizó el estadounidense.

Actualmente se puede ingresar al lugar por vía terrestre tras recorrer 64 kilómetros —cuatro días de marcha— a través de la selva petenera, a pie o en mula, desde la comunidad Carmelita, o por medio de helicóptero.

Tag Airlines, hotel Bolontikú y Fundación Fares ofrecen la tercera temporada de viajes aéreos de dos días hacia la Cuenca El Mirador, a un costo de US$ 1 mil 350, y que se realizará del 24 de junio al 9 de julio.

Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, comentó que el país posee una joya cultural que promover. Además, solicitó que se apoye a los proyectos que sean de beneficio para el desarrollo del sector.

El sitio arqueológico del Preclásico tardío, que data del año 600 a. C., se considera cuna de la civilización maya.

Habitada unos mil años antes que Tikal, también en Petén, es cuatro veces más grande que esta capital del Clásico maya.