Un adolescente inmigrante guatemalteco, de 16 años, murió en un accidente laboral en una planta avícola en Misisipi, Estados Unidos, confirmaron las autoridades este martes 19 de julio informó Infobae.

La tragedia se registró la noche del pasado 14 de julio en la planta de procesamiento de pollos Mar-Jac Poultry MS LLC, en la ciudad de Hattiesburg.

En un comunicado de prensa citado por la televisora WDAM, la Compañía informó que el guatemalteco efectuaba operaciones de saneamiento cuando murió por las lesiones que sufrió durante el accidente laboral.

El adolescente fue declarado muerto en el lugar del accidente, afirmó el Departamento del Forense del condado Forres.

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Identifican a víctima

Infobae informó que familiares del trabajador lo identificaron como Duvan Pérez, oriundo de Guatemala. Los resultados de la autopsia serán entregados en los próximos días.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) abrió una investigación por la muerte del joven y la empresa coopera con las indagaciones, según informó la empresa, que reportó la muerte de otros dos trabajadores en 2020.

La investigación busca establecer si la avícola incumplió con las leyes laborales que regulan el trabajo de menores en Estados Unidos.

Mientras que una investigación federal este 2023 reveló que más de 100 menores estaban empleados ilegalmente en trabajos peligrosos en EE. UU.

A María Guadalupe Domingo se le quiebra la voz al hablar de que su bebé, Jakelin, de un año, no la reconoce cuando le habla a través de videollamadas. A la más pequeña de su familia aún le daba pecho hace un año cuando ocurrieron las fatídicas redadas en Misisipi y donde esta migrante de origen mexicano y casada con un guatemalteco fue apresada.

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La vida sigue siendo dura para decenas de familias guatemaltecas que viven en este estado de la Unión Americana, el más pobre del país, un año después de estos operativos en las cuales fueron detenidos 680 trabajadores de siete compañías procesadoras de pollo.

Familias como la de María quedaron y siguen devastadas porque fueron separadas y porque a la fecha no se han podido reunir.

El drama aumenta de tono debido a que desde entonces los migrantes que no fueron detenidos o aquellos que fueron liberados posteriormente con un grillete en el pie no han podido conseguir empleo y deben mantener a sus familias. Organizaciones que los han ayudado, así como iglesias, se van quedando sin recursos ni donaciones porque, reconocen, “ya casi nadie se acuerda de las redadas”.

A la mente de María, que tenía 13 años de vivir en Misisipi, aún llegan las escenas de la mañana de ese 7 de agosto cuando, sin decirle una palabra, agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas, en inglés) llegaron a su trabajo la engrilletaron y se la llevaron.

Las peores horas de su vida transcurrieron desde el momento de su detención hasta las 6 horas del día siguiente cuando por fin pudo hablar con su esposo, Miguel Tambriz, y confirmar que él no había sido detenido y que estaba con su bebé y con sus otros dos hijos de Alan, 4, y Henry, 10 años.

María trató de luchar, pero la justicia no le dio muchas opciones para pelear su caso de asilo. El que sus tres hijos son estadounidenses puesto que nacieron en ese país no fue un atenuante de su situación migratoria. Fue así como en enero, cinco meses después de su detención, desesperada, firmó su salida voluntaria de EE. UU.

Hoy en día se encuentra en Cancún, México, donde radica con un hermano, y ahora solo piensa en la forma de reunirse de nuevo con sus hijos. Su intención era regresar a Guatemala, pero no le permitieron ingresar porque cuando lo intentó las fronteras ya estaban cerradas.

No hay empleo para ellos

La situación por la que atraviesan no solo las familias que fueron separadas, sino las que de alguna forma lograron permanecer unidas en Misisipi es muy difícil. Sin empleo fijo, con hijos a quienes mantener y las cuenta que no para de llegar, organizaciones humanitarias no dudan en calificar su situación como una tortura.

Muchos de los detenidos que fueron liberados bajo fianza se aferran a quedarse en EE. UU. y, a pesar de que tienen una orden de deportación, mantienen el litigio legal para permanecer en ese país. La mayoría tenía años de radicar en Misisipi y, como María, tienen hijos que nunca han estado en Guatemala, y que ni siquiera se imaginan vivir.

“Yo me pregunto ¿Qué hago?”

Magdalena Mateo Pedro es otra de las migrantes guatemaltecas que fue detenida en las redadas. Tuvo la “suerte” de que a ella la justicia le permitió salir libre bajo fianza después de dos meses de estar en prisión.

Con un grillete en su tobillo derecho está consciente de que vive en una enorme prisión que se llama Misisipi, puesto que no puede abandonar el estado, ni trabajar formalmente. Le advirtieron que de hacerlo podía pasar de cinco a 10 años en la cárcel.

Magdalena es de Santa Eulalia, Huehuetenango, y su esposo de Tejutla, San Marcos. Tienen tres niñas que nacieron en EE. UU., Diana Liseth, de 12 años; Joselin, 5; y Jessica, 4.

Hace 13 años que se marchó de su tierra natal porque su exesposo, ebrio, la maltrataba y no tenía como mantener a sus dos primeros hijos que ahora ya son casi alcanzan la mayoría de edad y que permanecen en Guatemala.

Comenta que en estos años tuvo dinero para mandarle “unos sus US$100 cuando podía”, pero a partir del año pasado no les ha podido mandar casi nada porque lo que gana en trabajos eventuales apenas les alcanza para sobrevivir en Misisipi.

“Cabal el año pasado pensaba empezar a ahorrar para comprar un mi terrenito en Santa Eulalia, porque allá no tengo nada, y en eso nos cayó la redada”, cuenta con resignación.

Con ansiedad, afirma que su caso judicial no avanza, y desde el 7 de octubre, el día que salió libre bajo fianza cada mes se presentaba a declarar a la corte y con la llegada de la pandemia lo comenzó a hacer vía telefónica, pero no le han dado una respuesta de qué sucederá con su caso.

Debido a lo caótico que se ha vuelto vivir en estos últimos meses en Misisipi, a veces piensa en regresar a Guatemala.

“Da mucha tristeza porque ya no pude hacer nada aquí y me pongo a pensar en regresarme a Santa Eulalia, porque aquí con grillete… No puedo hacer nada, pienso en irme, aunque sea a buscar lavar ropa allá porque aquí -en EE. UU.- ya no tengo nada”, expresa Magdalena.

La ayuda se diluyó

Las organizaciones que apoyan a los migrantes ven con preocupación como la solidaridad se ha esfumado con el paso de los meses y buscan donaciones para auxiliar con el pago de algunas cuentas a los migrantes.

“Es una situación muy triste, muy difícil. La gente trata de trabajar en los alrededores y tratan de sobrevivir y muchos viven de la caridad. No les gusta, pero qué pueden hacer más que recibir una caja de comida a la semana”, comenta Luis Espinoza, directivo de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Misisipi (MIRA, en inglés).

La ayuda ha mermado al mismo tiempo que la cantidad de familias necesitadas se ha incrementado ya que después de las redadas las compañías empezaron a despedir a los trabajadores que no fueron detenidos con lo cual la necesidad aumentó.

Para Espinoza la peor secuela es la desesperación de no saber qué futuro les espera a los migrantes que anhelan quedarse en EE. UU. lo cual considera “una tortura moderna”.

“Es un limbo, una situación que no se sabe cómo ni cuándo va a terminar. El Gobierno debería decidir si les va a permitir quedarse aquí y no tener sufriendo a la gente”, expone el dirigente de MIRA. “Algunos se han ido a sus países, pero la mayoría está aquí. Otros que fueron deportados han visto la manera de volver a ver a sus hijos y están aquí”, añade.

El miedo persiste

El sacerdote guatemalteco Roberto Mena ha vivido de cerca el sufrimiento de la comunidad migrante en Forest una de las ciudades en donde se efectuaron los operativos y en donde radican muchos connacionales.

Asevera que un año después de estas redadas el miedo y la desconfianza siguen haciendo mella en las personas puesto que la policía local colabora con ICE para remitirles a migrantes en situación irregular que son detenidos, por ejemplo, al conducir un vehículo cuando no tienen licencia.

“Aquí todos los migrantes son vistos como delincuentes listos para ser deportados”, se lamenta Mena, al mismo tiempo que señala, muchas personas llevan meses con padecimientos psicológicos y emocionales como ansiedad, depresión y en el caso de los menores de edad con bajo rendimiento escolar.

Considera que esta persecución se ha acentuado y se fortalecerá en lo que queda del 2020 por ser un año electoral, lo cual preocupa porque las iglesias tienen cada vez menos recursos para ayudar a los migrantes necesitados.

Lorena Quiroz, integrante de la Coalición de Inmigrantes de Misisipi, dio a conocer que muchos migrantes optan por ir a buscar trabajo a otras ciudades del estado con el riesgo de ser detenidos, otros han ido a las polleras en donde ocurrieron los operativos y estas los han contratado, puesto que la mano de obra es escasa para esos oficios y más aún con la llegada del covid-19.

La organización de Quiroz, entre otras llevarán a cabo este fin de semana actividades para recordar las redadas, con el objetivo de recordar que los migrantes no se dan por vencidos a pesar de que sigue el sufrimiento y el dolor como en las familias citadas en este artículo.

“Cada día que pasa me pongo más triste y deprimida. A veces llamo a mis niños y ya no quieren hablar conmigo solo lloran y lloran, es muy triste estar separado de las personas a las que amas y que son parte de tu corazón”, dice María.

Para decenas de familias guatemaltecas que viven en Misisipi la pesadilla que comenzó el pasado 7 de agosto con las sorpresivas redadas de migrantes no ha terminado —y no se prevé que vaya a terminar pronto—; es más, las secuelas han empeorado en los niños, sobre todos los más pequeños que no terminan de comprender por qué no tienen a su papá o mamá (o a ambos) cerca.

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En aquella fecha, siete redadas coordinadas por el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) llegaron en horas de la mañana de forma sorpresiva a plantas procesadoras de pollo en seis ciudades de Misisipi y capturaron a 680 personas, casi 400 de ellas guatemaltecas.

Aunque al día siguiente dejaron en libertad a cerca de 300 por cuestiones humanitarias, hoy en día, por entre 200 y 250 esperan audiencias judiciales en cortes de inmigración y también federales puesto que son acusadas de varios delitos como usurpación de identidad y uso de documentos falsos ya que habrían utilizado documentos de seguro social que no son de ellos para conseguir trabajo.

Uno de los casos es el de María Domingo García, una madre mexicana cuyo esposo, guatemalteco, se ha tenido que hacer cargo de los tres niños Henry, de 11 años, Alan, 3 y Jakelin de apenas siete meses.

Vía telefónica el padre de los menores, Manuel (nombre ficticio, ya que prefiere no ser citado por motivos de seguridad), contó a Prensa Libre lo difícil que ha sido llevar la vida desde el pasado 7 de agosto y cómo los planes familiares cambiaron, ya que pasaron del regocijo de haber comprado una casa en Misisipi a pensar seriamente a regresar a vivir a Guatemala.

“Han sido días difíciles”

Manuel tiene 17 años de vivir en Misisipi. Narra que desde el pasado 7 de agosto le ha tocado vivir “días difíciles”, debido a que ha tenido que decirle a Alan que su madre está trabajando; además, recuerda que la pequeña aún era amamantada.

“Han sido días tristes porque yo estoy encargado de los tres niños. Para tratar de que la pena no sea tan grande, pues lo que me queda es ir a la iglesia y pedirle a Dios; además, tengo que aguantarme para no demostrar ante mis hijos esta tristeza que tengo… tengo que luchar porque no hay de otra”, dice este migrante de 34 años evidentemente afectado al hablar de su esposa.

Cuenta que le ha costado hallar la forma de cuidar a sus hijos ya que los días en los que debe trabajar debe encontrar a alguien que los cuide. Al salir del trabajo los pasa a traer y luego los lleva a casa donde cocina para ellos.

A Manuel le gustaría cuidar a sus hijos todos los días, pero tiene que trabajar; sin embargo, el empleo es algo que escasea estos días por Misisipi para los migrantes en condición irregular o que hayan enfrentado problemas con Inmigración, por ese motivo debe de conformarse con el empleo que le da un “conocido estadounidense” a veces una, dos o tres veces por semana.

Manuel, originario de Suchitepéquez, dice que espera un milagro de Dios para que su esposa pueda salir libre y reencontrarse con la familia.

“Yo solo pido que no la encierren por mucho tiempo porque no se lo merece. Queremos que nos den una oportunidad en este país porque el único error que cometimos es estar aquí si papeles. Nosotros no hacemos nada malo, solo trabajamos, buscamos una vida mejor, trabajando honradamente”, asegura Manuel.

No obstante el anhelo de una mejor vida para su familia, este padre guatemalteco dice que debido al sufrimiento que atraviesan están pensando renunciar a la pelea del caso de asilo de María y regresar a Guatemala con su esposa y los tres niños.

Aunque María nació en Chiapas, México, no tiene a ningún familiar allá puesto que sus padres son guatemaltecos.

Si María, a quien no le han querido otorgar fianza en varias comparecencias ante un juez, acepta firmar una orden de salida voluntaria podría salir de prisión en días, pero estaría obligada a abandonar EE. UU.

“No podemos aferrarnos a algo que no podamos lograr, a estar en un lugar donde ya no nos quieran porque en este país quizás hay un odio hacia nosotros. Mire los maltratos que nos dan, entonces mejor es renunciar, para que no salgan tan afectados los niños porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando”, dice Manuel con resignación.

Concluye con la única esperanza a la cual también se aferran decenas migrantes guatemaltecos: “Esperamos un milagro de Dios porque como dice en su palabra para él nada es imposible”.

Más de 200 casos

Pero el sacerdote Roberto Mena, a cargo de la iglesia San Miguel de Forest, una de las ciudades más golpeadas por las redadas, cree que quienes sopesan regresar a sus países de origen son los migrantes que tienen hijos pequeños, puesto que los padres que tienen niños en edad escolar o ya son adolescentes, lo piensan dos veces ya que estos se han acostumbrado al estilo de vida estadounidense.

El sacerdote de origen guatemalteco explicó que muchos niños y jóvenes han experimentado problemas de depresión a consecuencia del trauma que representó para ellos las redadas, otros han bajado sensiblemente en su rendimiento académico.

Expuso que unas 250 personas continúan en prisión sin que se sepa qué ocurrirá con ellos. Hoy en día, añade, pareciera que al mismo Gobierno de EE. UU. no le interesa lo que pasará puesto que su atención está volcada hacia un eventual juicio político en contra del presidente Donald Trump y la campaña presidencial de próximo año.

Mena refiere que tres meses y medio después del fatídico 7 de agosto la ayuda aún fluye pese a que los gastos de las familias afectadas son elevados. A cada una de estas, cuyos padres se quedaron sin trabajo o están detenidos se les paga la renta de la vivienda más los servicios, y solo en Forest la suma de las cuentas llega a US$32 mil mensuales.

En ese sentido, el sacerdote destaca la reacción de organizaciones sociales e iglesias que han aportado fondos que se han canalizado a través de Caridades Católicas, pero está consciente de que es una ayuda que no durará siempre.

“Yo supongo que son pequeños negociantes que son caritativos, pero se dice que esta ayuda llegará hasta enero y después quién sabe cómo seguirá la cosa”, se pregunta el religioso.

Más drama

Así como Manuel, decenas de guatemaltecos más padecen las secuelas de las redadas.

Lorena Quiroz, activista que coordina una coalición de organizaciones que se han dedicado a recaudar fondos para las familias afectadas, contó el caso de una familia guatemalteca en donde la madre fue detenida y el padre quedó con tanto miedo que apenas salía para conseguir alimento para sus tres niñas.

También el caso, un tanto más dramático, de Lucrecia, una madre soltera que al ser detenida un vecino se hizo cargo de sus tres hijos que son de padres distintos. Aún no ha salido de prisión y corre el riesgo de ser deportada.

Los menores son estadounidenses por lo cual para salir del país tendrían que tener pasaportes de EE. UU. y la autorización de los padres. Este permiso también lo requeriría si su deseo fuera tramitarles a sus hijos la ciudadanía guatemalteca.

En todo caso la madre no puede hacer nada porque permanece en una cárcel de Luisiana.

A todos estos problemas, se suma la escasez de recursos. Quiroz confirmó que las organizaciones han logrado canalizar fondos, pero el dinero “está a punto de acabarse y no hay más”.

Por ese motivo están por organizar una actividad para recaudar fondos para seguir auxiliado a las familias puesto que no consiguen trabajo en Misisipi, y al tener un grillete localizador no puede abandonar el estado para buscar empleo en otro lugar, y si pudieran hacerlo se enfrentarían a un incremento de policías en las carreteras y se expondrían a ser detenidos.

Otro reto, añadió Quiroz, es la falta de abogados sin costo. Actualmente hay unos 80 que prestan ese servicio para una demanda de 300 migrantes que fueron liberados un día después de las redadas, de 680 que fueron detenidos; del resto, algunos ya fueron deportados, otros 200 a 250 siguen presos, y a muy pocos les han otorgado una fianza.

“Necesitamos la atención mundial para que todo el mundo se dé cuenta de todo lo que hizo esta administración encabezada por el presidente de EE. UU. Son cientos de niños y familias afectadas y como indocumentados no hay opciones para ellos”, concluye Quiroz.

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Doce días habían transcurrido desde que el gobierno de Jimmy Morales firmó un acuerdo con EE. UU. para recibir a hondureños y salvadoreños solicitantes de asilo, y así aliviar la crisis en la frontera sur de aquel país, cuando ocurrió la redada más grande en la historia de Misisipi, en la que cerca de 400 migrantes guatemaltecos fueron detenidos y muchos de ellos aún esperan con angustia su deportación.

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No en balde tanto los migrantes, como líderes religiosos y activistas humanitarios califican ese evento como una “tragedia” y un “desastre” para las familias hispanas, la mayoría guatemaltecas, aunque también hay mexicanas y hondureñas.

Al llegar a estas ciudades es imposible no conmoverse al escuchar los relatos de los connacionales quienes se preguntan qué pasará con sus seres queridos que están en prisión, muchos de los cuales ya tenían 10, 15 y hasta 20 años o más de vivir en EE. UU.

En algunas familias detuvieron al padre, en otras a la mamá, y los casos más dramáticos son aquellos en los que detuvieron a ambos, los cuales no son pocos, según los propios guatemaltecos.

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“¿Cuándo volverá mamá?”

Con su hijo de 4 años en brazos que lleva puesta una playera de Xelajú, M. C., a Elver T. se le quiebra la voz cuando cuenta que sus niños están muy dolidos con la partida de su madre y los más pequeños le preguntan a cada momento cuándo regresará.

Elver, quien lleva 20 años de vivir en EE. UU., es de Comitancillo, San Marcos, como muchos en Carthage, la ciudad donde reside. Cuenta que sus dos hijos pequeños aún son amamantados y que el mayor, de 10 años, aún no supera el trauma de que se llevaran a su mamá en “el día más triste de nuestras vidas”.

“Ellos están muy afectados porque necesitan a su mamá. Siempre me preguntan cuándo va a venir, los más pequeños me dicen ‘vamos a traerla papá’, porque siempre lo hacíamos en las tardes, y es muy difícil responderles simplemente que ya no está”, dice este migrante de 41 años, quien se salvó de ser detenido porque el día de la redada tenía el turno de noche.

Pero a Elver también le quita el sueño su hijo de 10 años que el día de la redada estaba en la escuela y cuando lo fue a traer y le dio la mala noticia se desmayó en medio de gritos e histeria.

“Él antes me había dicho, ‘papá el día que se lleven a alguno de ustedes yo me voy a matar’, porque así no podría vivir, era tanto su miedo que lo tuve que llevar con el psicólogo”, comenta Elver.

Las ciudades de Carthage, Morton, Canton y Forest, cuatro de las ciudades afectadas por las redadas, desde años se han poblado poco a poco de muchos guatemaltecos de San Marcos y Huehuetenango, atraídos, no solo por la prosperidad económica que representó la industria del pollo, sino también por su tranquilidad para vivir.

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Unidas por amplias carreteras regularmente transitadas (por no decir poco utilizadas), estas áreas semejan al occidente guatemalteco, por lo menos por sus bosques de pino y más en otoño e invierno en las que las temperaturas descienden hasta los 0 grados centígrados, aunque raras veces nieva.

Sus hijos están solos

El caso de Lucrecia es más dramático todavía. Es mamá soltera y el día de las redadas fue detenida.

Sus tres hijos, de 11, 7 y 3 años, están con un vecino que los cuida, pero todos los días preguntan por su mamá, el pequeño todavía era amamantado. Para sumar más drama a su caso, Lucrecia tuvo su primera audiencia el miércoles de la semana pasada en la Corte Federal de Jackson, en Misisipi, pero un juez no le concedió la libertad bajo fianza que solicitó su abogado, a pesar de que para conseguir la medida el hijo mayor testificó.

“Cuando tienes niños y están tan pequeños, ¿cómo les puedes explicar que ella está detenida y cuánto tiempo va a estar así? Esto impacta tremendamente a los niños todos los días”, explicó Dalila Reynosa, activista de la organización Justicia Para Nuestros Vecinos, que se dio a la tarea de apoyar legalmente a los migrantes afectados.

Otro caso. Lisa T. tiene tres hijos. Su esposo, que tiene 18 años de estar en EE. UU., está preso porque fue detenido en un retén de la policía local que de una vez remitió su caso a ICE (Inmigración y Control de Aduanas, en inglés).

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Es de San Lorenzo, San Marcos, y asegura que previo a que se llevaran a su esposo y antes de las redadas “todo estaba muy bien” en Morton, otra ciudad habitada por muchos guatemaltecos.

Con cierta tranquilidad dice que “menos mal” que el día de las redadas ella tenía turno de noche porque si se la hubieran llevado, sus hijas, de 13, 6, y 3 años, estarían solas y desamparadas.

“Ahora no salgo, tengo mucho miedo de dejar a mis hijas sin papá ni mamá como le pasó a muchos aquí. Pienso buscar trabajo, pero tengo que saber primero qué va a pasar con mi esposo y cuando digan que él va a salir entonces veremos, si no trataremos de irnos a Guatemala si no conseguimos trabajo acá o nos moveremos a otro lado (estado)”, asegura con resignación, algo que no será sencillo, puesto que las tres niñas han vivido toda su vida en Misisipi.

Cuentas qué pagar

Para las familias las penas no se limitan a la incertidumbre de qué pasará con sus seres queridos detenidos durante las redadas. Los días siguen y al final del mes las facturas para el pago de la renta, energía eléctrica y el resto de los servicios seguirán llegando y en muchas familias en donde el padre de familia fue detenido, la madre tuvo que dejar de trabajar para cuidar a los niños, con lo cual no hay cómo sostener el hogar.

Aquellos que por alguna razón no fueron capturados ese día (porque estaban en el turno de noche o simplemente no llegaron ese 7 de agosto) los despidieron de las compañías “polleras”, como les llaman en esas ciudades, por no tener problemas, y a otros que aún laboran en ellas ya les advirtieron de que a fin de año se quedarán sin trabajo.

Lidia, por ejemplo, dice que aunque tiene planes de buscar empleo sabe que desde el  7 de agosto pasado las empresas no contratarán más a personas que no tengan un permiso legal para trabajar.

Mucho menos si fueron detenidos por ICE y luego liberados con grillete. Freddy López es uno de ellos.

Con cinco hijos que mantener, todos estadounidenses, este migrante guatemalteco de Carthage dice que “estaba todo listo” para celebrarle su fiesta de 15 años a la mayor, que cumplirá esa edad el próximo 12 de septiembre. De la noche a la mañana su sueño se convirtió en pesadilla.

Siempre ha sido un luchador y desde hace 22 años que viajó desde Comitancillo trabajó en muchos oficios y de esa forma llegó a una de las polleras de Misisipi donde fue detenido. Aunque por razones humanitarias fue dejado en libertad con un grillete en uno de sus tobillos sabe que será muy difícil encontrar un empleo.

“Ahorita estamos sin empleo y muchas personas con grilletes en los pies no podemos trabajar ni llevar alimentos a la casa y no podremos pagar las cuentas y las rentas”, lamentó López, quien indica que la vida cambió para la comunidad guatemalteca en esa ciudad de Misisipi, puesto que ahora andan con miedo, tristeza e intranquilidad.

Preocupan las deudas y los hijos, y a aquellos que no tenían ni un año de haber llegado también el pago para el coyote que los llevó hasta EE. UU.

Fue una tragedia

El sacerdote Roberto Mena, párroco de la iglesia San Miguel, de Forest, considera que lo ocurrido el pasado 7 de agosto fue “una tragedia” que ha causado mucho sufrimiento en las familias guatemaltecas.

Asegura que lo que más preocupa es la inestabilidad de las personas ya que muchos que se libraron de ser detenidos y ahora están desempleados se han comenzado a ir a otros estados como Alabama, Florida y Georgia; además, “los niños están sufriendo enfermedades nerviosas, traumas, falta de concentración en la escuela, ansiedad y depresión”.

También el hecho de que las familias no encuentran cómo pagar sus deudas, ya que, aunque grupos humanitarios y las iglesias se han organizado para apoyarlos, Mena reconoce que la ayuda no puede ser “para siempre”, de hecho, dio a conocer que para se gasta un promedio de US$2 mil semanales en cada familia para ayudarles a mantener sus hogares.

A eso se suma que las personas no pueden buscar trabajo en ciudades distantes puesto que, sin permiso para conducir, se arriesgan a ser arrestados por la policía local y ser enviados a ICE, además, a aquellos que liberaron y tienen grillete en uno de sus pies no pueden salir de Misisipi.

Urgen de un consulado

Ahora más que nunca, los guatemaltecos en ese estado necesitan contar con sus documentos de identificación en orden por dos asuntos puntuales: por sus citaciones en las cortes de Inmigración, y para que los padres puedan inscribir a sus hijos como guatemaltecos y así garantizarse de que, si son deportados, EE. UU. también envíe a los menores, de los contrario podrían quedarse dentro del sistema legal estadounidense y en el peor de los casos se perderían y podrían ser dados en adopción.

El clamor por un consulado móvil es unánime dentro de la comunidad de guatemaltecos en esas ciudades de Misisipi, el sacerdote Mena pidió que este no cobre por los trámites puesto que las familias no tienen dinero; además los migrantes, dicen que les es imposible viajar a Miami, la jurisdicción que debe atenderlos, puesto que el miedo de circular en carreteras es enorme y tendrían que gastar entre US$500 y US$600 en un viaje, dinero que hoy en día no tienen.

Al respecto, Marta Larra, portavoz de la Cancillería guatemalteca, respondió que un consulado móvil llegará a Forest el próximo 7 de septiembre —un mes después de las redadas— y aunque dijo que no cobrarán por los trámites civiles no se puede hacer lo mismo con el trámite de pasaporte y la tarjeta consular porque “son tasas del estado”.

Los guatemaltecos se quejan de la tardanza para la extensión de los documentos, por ejemplo, de hasta un año para obtener un pasaporte; no obstante, Larra aseguró que por tratarse las redadas de un evento extraordinario “se solicitará a la Dirección General de Migración y al Registro Nacional de las Personas que agilicen los trámites”.

Expuso que “nada más” que con la certificación de nacimiento de ambos padres se puede tramitar la inscripción como guatemaltecos sus hijos nacidos en EE. UU., esto con el objetivo de que tengan doble nacionalidad y los puedan reclamar en caso de que un juez los sentencie a su deportación.

Por el momento, los guatemaltecos en Misisipi tendrán que esperar algunos días en lo que llega el consulado móvil. Ellos reconocen que entraron, residían y trabajaron sin permiso en EE. UU., pero todos coinciden en que no tenían alternativa, en que su aspiración fue la misma de cualquiera vivir, trabajar, ser feliz…

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Eran las ocho de la mañana y Leydi, una joven mexicana que lleva diez años en Estados Unidos, vio hecho realidad uno de sus mayores temores: agentes migratorios irrumpieron en la planta procesadora de pollo en la que trabajaba en Misisipi como parte de una redada que concluyó con 680 detenidos, muchos de ellos indocumentados.

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Una semana después de la mayor operación de este tipo en al menos una década en EE.UU., “el miedo sigue ahí”, dijo Leydi, que fue arrestada junto a su madre y su tía, aunque fueron puestas en libertad poco después con la condición de resolver su situación migratoria ante un juez.

“Nunca nos imaginamos que ese día nos iba a tocar”, confesó esta joven de 23 años, que llegó al país después de que su madre decidiera traerla tras la muerte de su abuela, que entonces cuidaba de ella.

“Muchas de las historias que he escuchado es que (a otros detenidos) no les apuntaron con las pistolas. A nosotros sí que nos apuntaron con pistolas, nos dijeron que levantáramos las manos”, relató Leydi, quien aseguró que estaban en el área de producción y que en otros casos las detenciones se hicieron fuera del comedor de la fábrica.

Esta migrante se dedicaba en ese momento a supervisar la entrada y salida de la producción de la planta, que cuenta con clientes en Texas, Kansas, Georgia y Carolina del Norte.

“Lo que hizo mucha gente es correr, el departamento tiene salidas de emergencia, pero como eran muchos los agentes nos rodearon rapidito a todos”, rememoró.

Según estimó Leydi, en el lugar se encontraban unas 100 personas en el momento de la redada, en la que participaron “como unos 25 oficiales” migratorios.

“Nos soltaron al final de la noche”, añadió Leydi, quien ese día, el 7 de agosto, llegó a su casa junto a su madre y tía entre las 10 y las 11 de la noche, aunque hubo muchos liberados en la madrugada e incluso al día siguiente.

Una semana después, el esposo de su tía continúa detenido, al igual que otros 376 inmigrantes que continúan arrestados, mientras que ella aguarda para asistir dentro de cuatro meses a una cita con las autoridades de Inmigración donde se definirá si podrá seguir en el país o será deportada.

“No estamos trabajando, no se nos permite trabajar”, apuntó Leydi, quien expresó su preocupación ante el momento en que se agoten los ahorros y por su suerte frente el juez migratorio.

“Mucha gente tiene miedo de salir, de estar fuera por si pasa esto, por si pasa lo otro -lamentó Leydi-. Ves las calles, pues totalmente vacías. No es que de repente antes de que pasara esto ibas a Walmart, ibas a acá, ibas por las tardes a comprarte un helado, estaba ahí la gente hispana comprando y haciendo todo esto, ahorita no ves a nadie en las calles”.

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Siete días después de la redada, muchas familias siguen divididas por la detención de los padres, como un caso que conoce Leydi, en el que el marido debe atender a cuatro pequeños, ya que su esposa está arrestada.

Además, muchos de los liberados que regresaron a trabajar han sido “sacados” debido a que portan un grillete electrónico para evitar su fuga.

Consultada sobre la situación en Misisipi, Julia Solórzano, abogada de la organización Southern Poverty Law Center, la consideró “muy caótica”, ya que “hay muchas necesidades inmediatas”.

“Las familias necesitan pagar sus cuentas, no tienen a sus miembros que trabajaban para esas plantas, necesitan dar comida a los niños, necesitan cuidar de ellos, ellos han sufrido mucho trauma a causa de esa redada”, comentó Solórzano.

Según esta jurista, existe mucha preocupación: “Hay familias que no saben dónde están sus familiares, no han oído nada de ellos, no han recibido llamadas, no saben en qué estado están encarcelados. Entonces, ahora es un periodo de mucha confusión y mucha ansiedad”, sostuvo.

“Es muy lamentable que el Gobierno esté enfocando ese tipo de operaciones en esos trabajadores que son tan vulnerables y que los empleadores, aunque supuestamente son también parte de la operación, no sufren las consecuencias que los trabajadores siempre sufren”, concluyó la experta, al afirmar que contra esa industria hay denuncias de acoso sexual, robo de salarios y tráfico de personas.

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“Gobierno, por favor, muestra algo de corazón. Deja que mis padres sean libres y también todos los demás, por favor, no dejen a los niños llorando”, sollozó. “Mi papá no hizo nada, no es un criminal”, dijo.

Así como ella, otros niños con la mirada triste reposaban sus cabezas en las manos, abrazaban sus mochilas de la escuela o recibían el consuelo de desconocidos en un gimnasio de la ciudad de Forest, una en las cuales hubo redadas.

Jordan Barnes, el dueño de las instalaciones, es un buen samaritano que se ha asegurado de que los niños tengan comida, lugar donde dormir y transporte a la escuela.

Little girl sobs for her father after he was taken during the Mississippi ICE raids. She pleads for him to be let go: "I need my dad." https://t.co/XUQAftIVXF pic.twitter.com/68rru8iVvv

— CBS News (@CBSNews) August 8, 2019

“Entiendo la ley y cómo funciona todo y todo debe tener un sistema. Pero todo el mundo necesita tener a los niños en primer lugar en sus mentes y eso es lo que hemos tratado de hacer aquí es darles un lugar para quedarse y aliviar un poco el dolor”, dijo Barnes a WJTV.

Mathew Albence, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de visita en Guatemala, informó que durante las redadas hubo 390 guatemaltecos detenidos.

Señaló que, como parte de los operativo, fueron liberados algunos del total de 680 indocumentados arrestados.

La Cancillería guatemalteca reportó la noche de este 8 de agosto que son 176 los guatemaltecos detenidos, según un reporte del oficial de ICE a cargo del operativo.

El llanto desconsolado de dos niñas se convirtió este jueves en símbolo del drama que viven los hijos de los inmigrantes indocumentados que son detenidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos.

En este caso el escenario fue Misisipi, donde agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) realizaron el miércoles una serie de redadas coordinadas en siete plantas procesadoras de alimentos en distintas localidades de este estado sureño.

• Arrestan a 680 inmigrantes en Misisipi en la mayor redada de la última década en EE.UU.

En total, las autoridades detuvieron a 680 inmigrantes, convirtiendo la operación en la mayor redada de la última década en EE.UU. y la más grande que se realiza en un único estado en la historia del país.

Este jueves, casi la mitad de ellos quedaron en libertad, según le confirmó a la BBC Brian Cox, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

Pero entre un día y otro, las imágenes de los menores que se quedaron desamparados por unas horas fueron ampliamente compartidas por los medios y en redes sociales.

Primer día de escuela

El miércoles era el primer día de colegio en Misisipi. Muchos niños de origen latino no olvidarán este comienzo del curso escolar.

La detención inesperada de sus padres en su puesto de trabajo en las plantas procesadoras de alimentos hizo que muchos menores encontraran vacías sus viviendas al regresar de clase.

En una de las poblaciones afectadas, Forest, extraños y vecinos se ofrecieron a llevar a los niños que no tenían dónde ir a un gimnasio local para pasar la noche.

Otras personas distribuyeron bebidas y alimentos. Pero, según contó el periodista Alex Love del canal local WJTV, la mayoría de los niños lloraron en lugar de comer.

Children of those arrested in Wednesday’s #ICE raids near Forest, MS. are being put up in a local gym tonight by neighbors/strangers. Many are left scared & crying after coming home from school & being locked out without their parents. Donated food & drinks are being provided. pic.twitter.com/d2juMdK1Vj

— Alex Love (@AlexLoveWJTV) August 8, 2019

En Canton, otra de las localidades, el alcalde William Truly dijo estar preocupado por el impacto que los arrestos podían tener en la economía y la comunidad.

“Reconozco que ICE queda bajo el Departamento de Seguridad Nacional y esto es una orden de Estados Unidos. No hay nada que podamos hacer”, declaró. “Pero mi principal preocupación ahora es, ¿qué pasa con los niños?“.

La súplica de Angie

La tristeza de dos niñas fue particularmente impactante.

Angie, de 11 años, pudo ver cómo subían a su madre en uno de los autobuses de ICE a las afueras de su lugar de trabajo.

La niña estaba acompañada por Elizabeth Iraheta, empleada de la misma planta procesadora que compartió en las redes un video de la niña suplicando que le permitieran ver a su mamá.

“Por favor, por favor, ¿puedo ver a mi mamá?”, pidió Angie entre lágrimas.

En la grabación, se oyen las explicaciones del agente migratorio, que intenta tranquilizar a Iraheta y Angie diciéndoles que la mujer saldría en libertad en unas horas por ser la única tutora legal de la pequeña.

Fuentes locales confirmaron este jueves que madre e hija se pudieron reencontrar por la noche.

Otra niña de 12 años, Magdalena, apareció ante las cámaras de una televisión local llorando por su padre.

“Mi papá no hizo nada, no es un criminal”, repetía la menor mientras miraba a uno y otro lado.

Razones humanitarias

Las autoridades reaccionaron este jueves a la preocupación general por el destino de los menores y anunciaron que decenas de los detenidos quedaron en libertad “por razones humanitarias”.

“A todos los detenidos el miércoles se les preguntó al llegar a los centros si tenían niños que estuvieran en la escuela o en la guardería y necesitaran ser recogidos”, declaró el HSI en un comunicado.

“Para hacer posible que los detenidos se pusieran en contacto con miembros de la familia, HSI puso teléfonos celulares a su disposición para que pudieran organizar el cuidado de sus hijos u otras personas dependientes.

“En los casos en que HSI encontró que ambos padres fueron detenidos, dejó a uno de ellos en libertad por razones humanitarias y lo llevó al lugar donde había sido arrestado. De la misma manera, HSI dejó en libertad a cualquier padre o madre solteros con un menor en casa por razones humanitarias.

“Según estos procedimientos, tenemos la confianza de que todos los niños estaban al menos con uno de sus padres el miércoles por la noche“.

El fiscal del distrito sur de Misisipi, Mike Hurst, confirmó esta información en Twitter:

.@ICEgov @DHSgov conducted yesterday's operation w/ respect & dignity for fellow man/woman. HSI procedures ensured child/parent were united afterwards

We are unaware of any child presently w/o a parent as a result of this operation

If so, let us know & call CPS 800-222-8000 https://t.co/ja2b5TCnRd

— US Attorney Mike Hurst (@USAttyHurst) August 8, 2019

“No estamos al tanto de ningún niño sin padre como resultado de esta operación”, concluyó Hurst.

“Defendemos firmemente el canon de los derechos humanos para los seres humanos. Las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en inglés) son deshumanizantes e ineficaces como táctica para proteger a los ciudadanos de posibles daños”, dijo Lumumba en una declaración publicada en sus redes sociales.

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Capturan a 680 indocumentados en plantas de procesamiento de alimentos en Misisipi

Las autoridades migratorias arrestaron a esos 680 indocumentados durante operativos en siete plantas procesadoras de alimentos de ese estado sureño por cargos de violación a leyes migratorias.

El edil señaló que las redadas “solo alejarán aún más a las comunidades de las fuerzas del orden público, interrumpirán los esfuerzos de vigilancia comunitaria y harán que las fuerzas del orden público pierdan credibilidad y confianza entre las personas a las que han jurado proteger y servir”.

Hasta el momento se desconoce qué nacionalidades tienen los detenidos, pero los empleados eran mayoritariamente latinos.

Jackson es la capital y la ciudad más poblada de Misisipi.

De acuerdo con BBC, entre 2000 y 2010 se duplicó el número de hispanos en el estado, pero activistas sociales creen que la cifra real es mucho mayor.

Misisipi se encuentra en la región más pobre de Estados Unidos y cuenta con una historia de racismo.

Una encuesta de CNN relacionada con las primarias republicanas de 2016 arrojó que el 51 por ciento de los consultados quiere deportaciones antes de que los inmigrantes tengan un mecanismo de residencia legal.

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El supermercado donde se registró el hecho pertenece a una cadena mundial, las autoridades policiales atendieron la emergencia minutos antes de las siete de la mañana de este martes.

Según el alguacil del condado de DeSoto County, informó que aún desconocen las causas del tiroteo.

Hasta el momento se reportó la muerte del sospechoso y un oficial que respondió al ataque, además de dos personas heridas. Las autoridades creen que las dos personas muertas son empleados del supermercado y que el sospechoso trabajaba ahí hasta ayer.

“Estaba saliendo de la tienda cuando escuché un montón de disparos, como una docena de disparos”, declaró un testigo a los noticieros locales.

Para los guatemaltecos ha sido común escuchar sobre esta bacteria ya que ha sido la responsable de contaminar los lagos de Amatitlán y Atitlán. Sin embargo, la cianobacteria recientemente se convirtió en una visitante indeseable para los habitantes del Golfo de Misisipi, Estados Unidos.

Las autoridades de Misisipi alertaron por primera vez la presencia de esta alga el 22 de junio de este año y, para entonces, el Departamento de Calidad Ambiental indicó que el contacto con la cianobacteria puede ocasionar erupciones en la piel, calambres estomacales, náuseas, diarreas y vómitos, tanto en personas como en animales.

Dos semanas más tarde, las algas se lograron expandir por todo el Golfo de México, provocando que las 21 playas ubicadas cerca de Alabama y Florida, conocidas por sus aguas cristalinas, se encuentran cerradas al público.

“El Departamento de Calidad Ambiental de Misisipi recomienda a los ciudadanos y turistas evitar el contacto con el agua. También recomienda evitar comer pescado o cualquier otro animal que se haya pescado en estas aguas hasta nuevo aviso”, escribieron en un comunicado.

Actualmente existe un constante monitoreo de las condiciones del agua debido al temor que esta bacteria se pueda propagar hacia la costa del Golfo de México.

“Las aguas que llegan al Golfo de México desde el río Misisipi contienen grandes cantidades de nitrógeno de los fertilizantes”, explicó el experto Brian Lapointe en una entrevista con el medio británico BBC.

“Sabemos que al menos tres personas murieron” en el lugar, dijo Miller.

El jefe de bomberos de Biloxi, Joe Boney, añadió más tarde que una cuarta persona falleció después de la colisión, según informó el diario local Sun Herald.

“Ahora es una escena caótica y terrible, pero la tenemos bajo control”, comentó Miller.

De las 43 personas que viajaban en el bus, 35 resultaron heridas, informó el Sun Herald.

ÉTATS-UNIS : Collision entre un train de marchandises et un car à Biloxi, dans le Mississippi. Au moins 4 morts et de nombreux blessés. pic.twitter.com/ZojWhp80sX

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 7, 2017

El autobús turístico venía de Austin, Texas, y probablemente se dirigía a un casino de Beloxi, dijo Miller a periodistas.

Las fotos publicadas en las redes sociales muestran el autobús atravesado en los rieles, impactado al medio por la parte frontal del tren, y rodeado de decenas de rescatistas, bomberos y paramédicos.

Mark Robinson, un testigo del choque, dijo al Sun Herald que el autobús se atascó en la vía del tren unos cinco minutos antes de que llegara la locomotora. El chofer “estaba haciendo de todo para intentar sacar el bus de los rieles”, contó.

Por ahora no está clara la razón por la cual ambos vehículos colisionaron o el motivo del atascamiento.

Y sin embargo, los inmigrantes siguen llegando hasta este rincón rural, atrasado y hermoso del Sur profundo estadounidense, buscando su sueño americano en el lugar más inverosímil posible para encontrarlo.

Han peleado contra la pobreza y el prejuicio ancestral de su hogar adoptivo. Y están empezando a salir adelante.

Pero muchos temen que por cuenta de Donald Trump amanezcan el 9 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales, en la boca del lobo: rodeados de un mar de intolerancia creciente atizada por el discurso incendiario del candidato presidencial republicano.

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A balazos

Entre 2000 y 2010 el número de hispanos en Misisipi se duplicó y de acuerdo a cifras oficiales, se acerca a los 80 mil, aproximadamente un 3% de la población del estado.

Activistas pro inmigrantes aseguran que la cifra real es más del doble de eso.

Para hablar con algunos de ellos, salgo una mañana de sábado de mi hotel ubicado en el condado de Rankin, una localidad de Misisipi en donde operan no una sino dos ramas distintas del Ku Klux Klan, según informa el Southern Poverty Law Center, una organización que rastrea la actividad de los grupos racistas en el país.

Camino a mi cita escucho en la radio que en otro rincón de Misisipi amaneció perforado, con 30 balazos, un monumento conmemorativo a la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en los años 60.

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“Nos necesitan”

Poco después llego a un parque donde una comunidad de inmigrantes mexicanos está llevando a cabo un festival para recolectar fondos para su iglesia.

En el estado que es la cuna del blues, sorprende un poco escuchar la cumbia a todo volumen con la que bailan docenas de parejas de inmigrantes mexicanos. Otros juegan fútbol.

Prácticamente todos trabajan en la construcción, en la agricultura y en fábricas que descuartizan y empacan pollos para ser vendidos en el resto del país.

Empleos mal pagos, peligrosos, que otros evitan.

“Hay una demanda por el trabajo que hacemos. De alguna manera dicen que no nos quieren, pero nos necesitan”, le dice a BBC Mundo Joel Montoya, trabajador de la construcción y líder comunal.

Trump es tema recurrente en sus conversaciones.

“Están diciendo que si gana, van a echar a todos los mexicanos para afuera”, comenta Rosalinda Montoya, desde su puesto de venta de pozole.

La hermana Lourdes González, religiosa mexicana, lleva siete años trabajando con esas comunidades y comparte su preocupación.

“La gente tiene miedo. Si gana Trump, tendré que rezar por ellos”, le dice a BBC Mundo, medio en serio, medio en broma.

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Alianza con los afrodescendientes

Otros están tomando una aproximación más política al problema.

Bill Chandler es un activista sindical al frente de la Alianza para los Derechos de los Inmigrantes de Misisipi (MIRA, por sus siglos en inglés) que lleva años ayudando a organizar a las minorías étnicas en este estado sureño.

Muchos de los latinos ahí están lejos de obtener la ciudadanía o el derecho al voto.

MIRA se enfoca también en tareas más básicas.Por ejemplo, en lograr que el censo los cuente adecuadamente, para garantizar la provisión de servicios sociales, o enseñarles sobre sus derechos ciudadanos básicos.

Su esperanza al futuro la tiene puesta en el cambio demográfico. Misisipi tiene el mayor porcentaje de población afroamericana en Estados Unidos, con casi 37% del total de la población del estado.

Y la población hispana no para de crecer.

MIRA ha ayudado a sumar esfuerzos entre afrodescendientes y latinos, con la esperanza de pelear unidos por los derechos de las minorías.

“Aquí en Misisipi somos el único estado del Sur que ha conseguido detener 282 proyectos de ley anti-inmigrante”, le dice a BBC Mundo.

“El peor estado”

Melinda Medina es otra activista con MIRA.

“Misisipi es el peor estado para los indocumentados. Aquí fue donde ocurrió la guerra civil. La bandera oficial del estado todavía lleva el símbolo de los confederados. Sabes que ese odio está en el ambiente”, le dice a BBC Mundo.

“Hace poco en Bay St Louis, cerca de acá, el Ku Klux Klan estaba repartiendo panfletos de reclutamiento. Eso tiene que estar en la mente de los hispanos”, agrega.

“La gente está cansada”

El Klan, que hasta mediados del siglo 20 se paseó rampante por el sur de Estados Unidos, es hoy un grupo minoritario. Su ideología extrema de odio racial no es compartida ampliamente en la población.

Pero una porción significativa de la población de Misisipi sí está en contra de la presencia de indocumentados.

Una encuesta realizada por la cadena CNN durante las elecciones primarias de este año entre votantes republicanos de 40 estados reveló que Misisipi era el único estado donde la mayoría de los encuestados, el 51%, efectivamente quiere que deporten a los indocumentados en vez de ofrecerles un mecanismo de residencia legal.

Echar a los indocumentados es, por supuesto, lo que viene proponiendo Donald Trump, un candidato que todos esperan que gane en este estado.

Spencer Ritchie, director ejecutivo del partido republicano en el estado de Misisipi, le dice a BBC Mundo que eso no refleja una posición racista.

“La gente aquí ciertamente no está de acuerdo con ningún comentario ofensivo acerca de las minorías. Pero lo que Trump está haciendo es tomar el asunto seriamente. La gente de Misisipi y en el Sur del país en general, está cansada de oír soluciones que nunca resultan en nada. Creo que ellos ven a Trump como alguien que hará algo acerca de la frontera”.

“Compran BMW”

Tampoco todos los latinos ven tan compleja o difícil su posición en Misissipi.

“Depende de la perspectiva con que lo mires. En Ciudad de México también hay mucho racismo”, le asegura a BBC Mundo René Melo, mexicano quien vive en Misisipi desde 1999 y asegura que su experiencia en el Sur de Estados Unidos ha sido positiva.

Un taxista le dice a la BBC que en el hospital universitario de la capital del estado, Jackson, ha visto llegar médicos y otros profesionales latinoamericanos, encantados con esta región del país, especialmente por el bajo costo de vida que les permite darse lujos no disponibles en otras partes. “Lo primero que hacen al mudarse aquí es comprarse un auto BMW”.

Pero otros están llegando a su límite.

Marisa Marmasi, quien trabaja como enfermera, asegura haber experimentado personalmente la discriminación.

“Quiero moverme a otro estado. Si por mi fuera, me iba de aquí. Misisipi es muy racista”, asegura.

“No importa quien gane”

La irrupción en la política de Donald Trump, gane o pierda en las elecciones del 8 de noviembre, les ha complicado la vida a los latinos de esta región, haciendo más explícito el prejuicio con el que se enfrentan a diario.

La opinión general que se escucha entre ellos es la voluntad de resistir.

“Esta es nuestra casa también”, es una frase que oigo una y otra vez.

“A veces la vida es tan frustrante aquí que me quiero ir. Pero me quedo. Por que si no peleamos por el cambio, ¿quién lo va a hacer por nosotros?”, le dice a BBC Mundo Melinda Medina, la trabajadora comunitaria de MIRA.

Ella cree que las cosas van a cambiar en Misisipi después del 8 de noviembre. Pero no necesariamente para bien.

“Con esta elección, el odio que estaba enterrado en mucha gente está empezando a manifestarse. No importa quién gane la elección presidencial. Han estado revolviendo la olla demasiado. Esto eventualmente va a estallar”.

El sondeo de encuestas de la BBC reseña las cinco encuestas más recientes en Estados Unidos a nivel nacional y toma el valor de la mediana. Es decir, el valor entre las dos cifras más altas y las dos más bajas.

Un muro de contención que protegió la ciudad sufrió pequeños daños.

El caudal del río Misuri, en el este de Misuri, también fue en declive.

Las peores inundaciones se registraron en un río más pequeño, el Meramec.       

Cuatro personas están desaparecidas como resultado de las fuerte lluvia, dos en el estado de Misuri y otras dos en Illinois.       

A pesar del descenso en el nivel de las aguas, el transporte seguía en una situación complicada en las inmediaciones de San  Luis.

Parte de la Interestatal 55 estaba cerrada al sur de la ciudad; y más de 32 kms  (20 millas) de la I-44 estaban cerrados también al tránsito en los suburbios de sur.

No está claro cuando se reabrirán.

El acceso al río Misisipi estaba cortado en un tramo de 8 kilómetros  (5 millas) en San Luis, ralentizando el tránsito de barcazas.

Tanto Union Pacific como Amtrak suspendieron el servicio de trenes en algunas zonas del área de San Luis área.       

La peor parte de los daños se registró en localidades próximas al río Meramec como Eureka, Valley Park y Arnold, todas ellas al suroeste de San Luis, donde el caudal superó en más de 1.2 metros  (4 pies) su anterior record.

Cientos de viviendas quedaron dañadas por las inundaciones y cientos más fueron evacuadas, además de docenas de negocios.

Además se cerraron dos plantas de gestión de residuos — en Fenton y Valley Park — lo que hizo que las aguas residuales llegaran al Meramec. 

Hasta el momento se han cuantificado 24 muertos, principalmente entre conductores que fueron sorprendidos por las crecidas en las planicies de la cuenca del río Misisipi y sus afluentes más importantes: el río Ohio y Arkansas.

El gobernador de Misuri, Jay Nixon, declaró el estado de emergencia y movilizó a la Guardia Nacional para asistir a las comunidades que han quedado anegadas por la subida del nivel de las aguas, muchos de las cuales se han quedado sin luz ni agua corriente.

El cauce del Misisipi sigue creciendo tras las lluvias, lo que ha obligado a cortar importantes vías de comunicación como la Interestatal 55 y la 44 en las cercanías de San Luis  (Misuri) .

Los alrededores de San Luis son de los más afectados debido a que las lluvias se han dado en la confluencia de los ríos Misisipi y Misuri y de otros afluentes menos importantes como el Meramec.

El crecido cauce del Misisipi sigue camino hacia el sur hacia Luisiana, lo que ha llevado a autoridades en toda la cuenca a cerrar esclusas y colocar sacos para evitar desbordamientos y nuevas inundaciones.

Expertos del Servicio Meteorológico están sorprendidos por la potencias de las inundaciones en una época tan temprana, con que podrían llegar a los 17 metros.

Los servicios de emergencia en el estado de Misuri siguen evacuando a personas, algunas de las cuales han tenido que refugiarse en los tejados de sus casas, mientras que una planta depuradora de agua a las afueras de San Luis ha tenido que ser detenida, lo que está afectando al suministro de agua corriente.

Esta es la segunda planta de tratamiento de aguas que tiene que ser cerrada al verse inundada con aguas residuales empujadas por la subida de los cursos fluviales.

En la localidad de Valley Park, a las afueras de San Luis, se ha ordenado la evacuación obligatoria de todos los residentes ante el temor de que el sistema de diques ceda y empeore el impacto de las lluvias.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense se está encargando de vigilar y controlar los diques para que contengan las crecidas.

El alcalde de Valley Park, Mike Pennise, indicó al canal local de NBC que no esperan que la orden de evacuación pueda ser levantada hasta mañana.

Los muertos por las inundaciones han ocurrido en los estados de Misuri, Illinois, Arkansas y Oklahoma tras casi una semana de lluvias torrenciales.

El estado de Luisiana, donde se encuentra la desembocadura del río Misisipi ha declarado el estado de emergencia ante el avance del caudal crecido hacia Nueva Orleans.

Unos 12 millones de personas están siendo afectadas por las inundaciones en toda la cuenca del río Misisipi de norte a sur.

La crecidas podrían darse cauce abajo durante más de una semana, con el avance de las aguas hacia Memphis  (Tennessee) , Alabama y Luisiana.

La mayores inundaciones del río más largo de Estados Unidos, como las de los años 1973, 1993, 1995 y 2011, ocurrieron tras el deshielo y en épocas de tiempo cálido, por lo que lo ocurrido esta semana es altamente inusual.

Poco después de las 11.30 hora local, Delta State University emitió un alerta urgiendo a los estudiantes a “quedarse dentro y lejos de las ventanas”, luego de que se detectara a un “tirador activo”  en el campus.

Ordenó además el cierre del recinto universitario, para que nadie pudiera entrar ni salir.
https://www.youtube.com/watch?v=-qWECBwftqM

(Video Youtube: GOSPEL TALK TV )

Poco después confirmó, de nuevo a través de la red social Twitter, que había un fallecido, y volvió a urgir a los estudiantes a esconderse.

Medios locales indicaron que el fallecido era un profesor.

Delta State es una universidad pública con más de cuatro mil estudiantes. Está localizada en la pequeña ciudad de Cleveland, unos 200 kilómetros al norte de Jackson, Misisipi.

Estados Unidos ha sido escenario de balaceras en campus universitarios que han sacudido a la opinión pública y reactivan periódicamente el debate sobre la venta de armas en el país.

AVANCE #MUNDO | Balacera en Mississippi deja un muerto. Hecho se registra en la Universiad Delta State en Cleveland. pic.twitter.com/DfpDzXMb3l

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 14, 2015

La ley estatal obliga a un proceso con tres sustancias: un sedante, seguido de un agente paralizador y un fármaco que detiene el corazón del sentenciado.  

Jim Craig, abogado de dos reos, señaló que Wingate emitió su decreto de manera oral el martes durante una conferencia telefónica con él y otros abogados.

Supuestamente el juez iba a dar la sentencia por escrito, pero no se ha obtenido una copia del documento.    

Grace Simmons Fisher, portavoz del Departamento de Correccionales de Misisipi, señaló en un correo electrónico que la orden prohíbe que el estado utilice cualquier otro fármaco para ejecutar a un prisionero condenado.

Las autoridades estatales no tardaron en tomar nota y aseguran que solicitarán a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que revierta la decisión de Wingate.    

“Hace apenas unos meses, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el método de inyección letal de Oklahoma. El método de Misisipi es similar al de Oklahoma. Creemos firmemente que la corte distrital aplicó mal la ley”.

Craig anticipa que Wingate emita una orden judicial preliminar que congele todas las ejecuciones hasta que se complete el caso. Señaló que el juez les dijo a los abogados que lo acelerará.    

Misisipi es uno de varios estados que enfrenta desafíos legales con respecto a la inyección letal. La oficina de Hood solicitó en julio a la Corte Suprema que fijara una fecha de ejecución para el martes del asesino condenado Richard Jordan, uno de los demandantes, pero que la corte estatal nunca tomó cartas en el asunto.

Los prisioneros aseguran que enfrentan el riesgo de un dolor extremo y tortura durante la ejecución, y que dicho dolor viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo cruel e inusual.    

La demanda señala que no existe una garantía de que Misisipi pueda mezclar de manera segura un anestésico efectivo para poner a los prisioneros en un estado de inconciencia, y que incluso si lo logra, es posible que los reos puedan permanecer conscientes durante la ejecución.    

El atacante efectuó un disparo con una pistola semiautomática, dijo Randy Tucker, jefe policial del condado de Madison. La víctima recibió un disparo en el pecho y murió en el mismo lugar, agregó.

El atacante fue identificado por la policía del condado de Madison como William B. Wells, de 24 años.    Tucker y el fiscal de Madison, Michael Guest, dijeron desconocer el motivo del ataque que puso fin a la vida de Kendrick Armond Brown, de 37 años.

Brown enfrentaba cargos de venta de cocaína y había estado preso antes por delitos de drogas. Brown debía comparecer el lunes para responder a los nuevos cargos por drogas pero no era testigo ni sospechoso en otros casos, precisó Guest.

El ataque del sábado fue también en Canton, indicó el fiscal y la víctima que era informante y estaba relacionada con el sospechoso fue sometida a una operación quirúrgica.    

En el ataque del lunes, el sospechoso descendió de un automóvil, se acercó a la víctima y le disparó una vez, dijo Tucker. Varios policías salieron del tribunal y el atacante arrojó su arma y fue arrestado sin resistencia, añadió.    
El fiscal dijo que la víctima aguardaba frente al tribunal acompañado de su abogado, Rusty Willard. La fiscalía anticipaba que la víctima rechazaría una propuesta de acuerdo y que el juez remitiría el caso a juicio, agregó.

El incidente ocurrió frente al tribunal penal de Madison en Canton, un pueblo histórico famoso por su festival de luces navideñas en la plaza central.

Frente al tribunal había una fuerte presencia policial, con 15 patrulleras. Algunos agentes manejaban detectores metálicos. El tribunal está a un par de cuadras al norte de la plaza central de Canton y el barrio histórico.

Canton, sede del condado de Madison, tiene 13 mil habitantes y se encuentra a unos 25 kilómetros al norte de Jackson.  

Las autoridades respondieron a un aviso en un aparcamiento tras un concierto de Widespread Panic, y se les informó de que Goode podría estar sufriendo una sobredosis de LSD, dijo el jefe de policía local, Tom Long. El personal de emergencia detuvo Goode y lo llevó a un hospital.

Davic McLaughlin, abogado de Memphis, dijo haber presenciado el incidente y subió a YouTube un video del arresto en el que según dijo, se ve cómo se ata a Goode boca abajo en una camilla, con las piernas flexionadas y atadas atrás por los tobillos.

El cuerpo de Goode se enviará a Jackson para realizar una autopsia y un informe de toxicología y determinar la causa de la muerte.

Davic McLaughlin, abogado de Memphis, dijo haber presenciado el incidente y subió a YouTube un video del arresto en el que según dijo, se ve cómo se ata a Goode boca abajo en una camilla, con las piernas flexionadas y atadas atrás por los tobillos. (Video: snirkyd).   

Man dies after being allegedly hogtied facedown by Mississippi police http://t.co/Z9YfKchX3O pic.twitter.com/XioKcL1g8c

— Ora Politics (@OraPolitics) July 21, 2015