Estrada informó que las unidades fueron presentadas a la población el lunes 10 de diciembre último y que estas cuentan con cámaras de seguridad, computadora, reconocimiento facial, detector de velocidad y verificación directa con la base de datos de multas de la municipalidad.

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Dudas

“Comprar nuevos vehículos no va a funcionar para combatir la delincuencia, porque los capturan y al otro día los jueces los dejan libres. Lo idóneo es que se mejore el sistema judicial, mejor entrenamiento a la policía, mejores armas y vehículos para las fuerzas de seguridad”, opinó la vecina jalapaneca Carol Navarro Súchite.
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“El tiempo dirá si fue una mala inversión o una opción adecuada en comprar los dos vehículos para reducir la delincuencia, espero que le den buen uso porque fueron comprados con dinero del pueblo. Ojalá que esto no sea un engaño por parte del jefe edil para que volvamos a reelegirlo”, cuestionó el comerciante Gerber Reyes Pérez al preguntarle sobre la compra de los dos vehículos.

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En la marcha pacífica, que recorrerá las principales calles de esa ciudad, participarán feligreses de tres parroquias de la cabecera, informó el sacerdote Celestino Alvizúrez.

“Queremos iluminar con la luz de Cristo Resucitado el momento actual que vive nuestra ciudad de Jalapa.  Al revisar la realidad, vemos que la prestación de ciertos servicios municipales ha sido condicionada por el crecimiento demográfico, la disminución de recursos como el agua, y la necesaria búsqueda de una administración eficiente de dichos servicios”, manifestó el religioso.

Añadió que la municipalidad local ha intentado dar respuesta, con la aprobación de nuevos reglamentos para algunos servicios municipales. 

“Tenemos entendido que esos reglamentos ya han entrado en vigencia.  Por nuestra parte hemos revisado dichos reglamentos y vemos plasmado que ha quedado se ha establecido incremento a las tarifas”, señala un comunicado difundido por las parroquias Nuestra Señora del Carmen, Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de la Expectación.

Falta Claridad

El documento añade que se ha encontrado una serie de disposiciones que no están del todo claras, como la posibilidad de que se privaticen algunos servicios como el agua entubada y la extracción de basura, entre otros.

Señala que eso afectaría la economía de la población y que los reglamentos sean elaborados de nuevo, con la participación y consenso de los diversos sectores de la sociedad jalapaneca.

Alvizúrez, representante de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, explicó que se pretende concienciar a la población para dar respuesta a las necesidades actuales.

“Haremos esta caminata pacífica convocada por los consejos pastorales de las tres parroquias y hacemos un llamado a participar en paz”, expresó el sacerdote.
    
Cecilia Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, indicó que esa institución tiene conocimiento de la protesta, por lo que ha preparado a su equipo de observadores para dar acompañamiento a los participantes.

“Vemos que esta vez se han organizado las parroquias, lo que nos hace entender y saber que será una marcha de grandes dimensiones, por ser la institución de la Iglesia Católica la que convoca”, comentó la funcionaria.

Recibirán peticiones

Aldo Rivas, subgerente de la municipalidad, afirmó que la comuna se prepara para esa protesta, y se establecerán comisiones para recibir las peticiones de los manifestantes. Además, se tomará en cuenta lo que ha sostenido el alcalde Mario Alejandro Estrada, quien respeta la manifestación de los vecinos.

Los parientes del funcionario, quien fue electo para desempeñar el cargo del 2012 al 2016, han manifestado durante tres años consecutivos en el mismo lugar, para que el crimen contra Valdez no quede impune. 

Sonia Valdez, hermana de la víctima, indicó que este lunes también se colocó un pequeño altar con la fotografía del funcionario, quien fue ultimado por sicarios que se conducían en una motocicleta, luego de haber salido de una reunión con el Concejo. 

Dolor persiste

“Estamos nuevamente haciendo el plantón con la familia, para que se escuche de que no se nos ha terminado el dolor de haber perdido a mi hermano; en estos tres años nos dan la misma información y solo nos dicen que están investigando, pero sinceramente creo que el Ministerio Público (MP) no está haciendo nada”, manifestó la hermana del edil. 

“Hubo cámaras que  pudieron haber grabado el crimen y ahora dicen que ninguna estaba funcionando, y fue hasta los 22 días después del asesinato que el MP llegó a estos lugares para pedir los videos. Nos han venido engañando y no hay ningún resultado positivo en estos tres años, por eso es que estamos aquí y  vamos a seguir haciendo esto hasta que hagan algo por esclarecer el hecho”, enfatizó.

Según Luis Valiente, amigo de la víctima,  el Concejal fue un defensor de los derechos de los vecinos de la ciudad Jalapa; además,  denunció actos de corrupción en la administración municipal.

“Es lamentable que el MP no haya hecho nada por esclarecer este crimen. Exigimos que  hagan algo para dar con los responsables de la muerte del amigo y funcionario municipal”, resaltó Valiente.

Tres fiscales

El MP en Jalapa informó que el caso ha pasado por tres fiscales asignados a la unidad de investigación de homicidios.
    
Nidia Asaba, nueva fiscal que tiene asignado el expediente, se limitó a indicar que por ser un caso difícil y delicado, sigue en fase de investigación. “En este momento no tenemos una prueba reina como la definimos en el MP, que pueda ayudarnos a la investigación; es del conocimiento de la familia que yo no inicie conociendo este expediente y por una reacomodación del personal de la fiscalía me asignaron este caso”, afirmó la funcionaria.

“Hay muchos casos que se quedan en proceso de investigación y no cumplen con la resolución y esclarecimientos. Hay muchas muertes que no han sido investigadas ni han encontrado a los responsables, es por ello que el MP  debe de garantizarle a la población la pronta investigación”, expresó Cecilia Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Algunos de los afectados señalaron que mientras otras instituciones laboraron este martes de forma normal, y algunas lo harán mañana miércoles hasta el mediodía, la comuna jalapaneca brindó atención a los vecinos hasta el lunes último, y será hasta el 28 de este mes cuando se reanuden las actividades.

“Nos hubieran avisado a través de los medios de comunicación. Solo escuchamos que el nuevo alcalde se promociona todos los días, pero estos avisos son los que deberían de transmitir en la radio”, indicó la vecina Rosemary Gómez.

Sebastián López, otro residente de la referida cabecera, comentó: “Yo aproveché este martes para venir a hacer mis pagos, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que la municipalidad está cerrada. Ahora tendré que esperar toda la semana”.

Empleados molestos

Aparte, algunos empleados comentaron que no se les informó con anticipación lo del asueto que se les brindaría para Semana Santa. Resaltaron que tampoco se les ha hecho efectivo el pago de salarios.

“Vamos a pasar la Semana Santa sin dinero. Esperábamos que nos pagaran en estos días para tener dinero, pero eso no se dio. No sabíamos que no se trabajaría desde este martes”, aseguró un empleado de la comuna que pidió el anonimato.

En varias ocasiones se trató de conocer la versión del acalde Mario Alejandro Estrada Ruano, pero se informó que durante un mes no estará en funciones por un permiso que solicitó al Concejo. 

@prensa_libre Cierre de comuna desde este martes genera malestar.en vecinos de #Jalapa. pic.twitter.com/veJRXSlnGg

— Hugo Oliva (@HOlivaRossill) March 22, 2016

Los inconformes manifestaron frente a la comuna para que autoridades ediles escucharan su demanda; además, anunciaron que de no obtener respuesta de parte del Concejo, continuarán con las medidas de hecho.

Afirmaron que según un acta de la cooperación municipal, fueron autorizadas unas 60 líneas, las cuales se presume fueron adjudicadas a familiares de los funcionarios.

Érick Vinicio Recinos Orellana, representante de pilotos y de propietarios de mototaxi, enfatizó que no permitirán que la actual corporación siga cometiendo abusos.

“Tenemos conocimiento de que el Concejo quiere dejar 60 nuevas líneas. Esto viene a perjudicarnos a todos los que desde hace varios años prestamos el servicio”, expresó Recinos.

Se trató de conocer la versión de las autoridades ediles, pero fue imposible.

La instalación se inició el 10 de marzo del 2013 y fue ejecutada por la comuna local. El costo de la obra es de Q500 mil, de los cuales Q400 mil ya fueron aportados por el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

El centro de monitoreo se ubica en la Comisaría 22 de la Policía Nacional Civil, donde los mandos se abstienen de opinar, debido a que desconocen qué institución se hará cargo del proyecto.

Jairo Melgar, delegado de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, indicó que el sistema de vigilancia fue incorporado en el Codede como un programa para la seguridad ciudadana.

Resaltó que la municipalidad contrató a la empresa que efectuó la instalación y esta es la responsable de que las cámaras aún no tengan tierra física para funcionar.

Exigen a comuna

Vecinos consultados indicaron que el sistema de vigilancia es importante, ya que ayudaría a resolver crímenes.

“No es justo que el equipo se esté deteriorando, ya que lo invertido es dinero del pueblo”, dijo el vecino Edwin Gonzalo.

Édgar Trigueros refirió que si las cámaras hubieran estado habilitadas se avanzaría en la investigación de crímenes como el cometido contra el concejal Carlos Valdez, en noviembre del 2013.

Se trató de conocer la versión del alcalde Élmer Guerra y miembros del Concejo, pero no fueron localizados.

Se informó que los 10 funcionarios ediles viajaron del 19 de febrero al 1 de este mes para asistir a una convención de cooperativas de energía eléctrica, en la que harían entrevistas para conseguir apoyo para mejorar la red de distribución.

Una fuente del Concejo indicó que cada concejal habría gastado unos US$300 diarios —unos Q2 mil 287— durante los 10 días que duró el viaje.

Sin embargo, en el portal Guatecompras aparece la compra de 11 boletos aéreos. En copias de dos facturas a las que tuvo acceso Prensa Libre consta que se adquirieron por Q105 mil 642.

Según informó la subgerente de la Empresa Eléctrica de Jalapa, Claudia Guerra, el Concejo aprobó Q26 mil 776.28 para gastos de cada funcionario edil, lo cual suma Q400 mil 181.

Críticas

Josué Lemus Navas, abogado de 184 empleados que fueron despedidos en octubre del año pasado, criticó que los representantes de la corporación edil incurran en gastos con fondos públicos.

El líder comunitario Roberto González manifestó que no es coherente el gasto, ya que se ha informado que la comuna está en crisis.

Cecilia Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que la población tiene el derecho de hacer una auditoría social.

Se trató de conocer la versión de los integrantes del Concejo, pero no atendieron las llamadas telefónicas.

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