Exalcalde de El Tejar contrató a familiares que no llegaban a trabajar

Greyman Manolo Méndez García, exalcalde de El Tejar, consintió la sustracción de más de Q200 mil en un caso de corrupción.

Óscar García

7 de junio de 2024 | 15:39h

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Greymar Manolo Méndez García, exalcalde de El Tejar, Chimaltenango (centro), fue condenado bajo la figura de aceptación de cargos por un caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)  

El Ministerio Público (MP) informó que el exalcalde de El Tejar, Chimaltenango, Greyman Manolo Méndez García, fue condenado por los delitos de peculado por sustracción y nombramientos Ilegales.

Las pruebas las presentó la Fiscalía contra la Corrupción y la sentencia la dictó el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango.

Por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, el exfuncionario fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión.

También el Tribunal le impuso una multa de Q15 mil, pago de reparación digna de Q114 mil 673.00 y la suspensión de sus derechos políticos.

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De acuerdo con el MP, durante su gestión, Méndez García consintió la sustracción de Q211 mil 802.06 del erario municipal al autorizar la contratación ilegal de varios familiares y el pago de salarios, sin que se presentaran a trabajar.

En el mismo sentido, el Tribunal se dictó sentencia condenatoria contra Mirna Liliana López Aceituno por el delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial, toda vez que cuando ejerció como coordinadora de la Oficina de la Mujer en la Municipalidad de El Tejar, Chimaltenango, presentó formularios de declaración jurada patrimonial con datos falsos, lo que fue confirmado por la Contraloría General de Cuentas.

Por esto fue condenada a un año y ocho meses de cárcel, multa de Q20 mil 834.00 y el pago de Q18 mil 172.95 en concepto de reparación digna.

Para leer más: Condenan a cinco años de prisión a exalcalde de Nuevo Progreso, San Marcos por los delitos de peculado y cohecho pasivo

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Condenan a exalcalde de El Tejar, Chimaltenangohttps://t.co/4PNabHAHFZ pic.twitter.com/f5ekCAPA2u

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 7, 2024

Las familias “notables” del reino de Guatemala surgieron en el siglo XVI, con la Conquista, y sustentaron su poder por medio del privilegio, por encima de la riqueza, aunque esta fue siempre un elemento importante en su influencia social, explica el estudio Poder y control financiero en el Reino de Guatemala: los Contadores de Cuentas Reales (1645-1769), de Rodolfo Hernández, Édgar Fernely Chután y Norma Ramírez, Digi/Usac (2012).

El cargo u oficio de contador de cuentas reales y resultas fue uno de los “oficios vendibles —asignados por medio de un remate— y renunciables —se le otorgaba al titular libertad y derecho de transferirlo a determinada persona, de su red social o familiar—”. Este funcionario público se encargaba de revisar las cuentas generales de todas las finanzas del reino, lo que equivale a la actual Contraloría General de Cuentas.

Durante el reinado de Felipe II (1527-1598) comenzó la venta de nombramientos a gran escala. Su reinado se caracterizó por la exploración global y expansión territorial, derivado de lo cual España llegó a ser la primera potencia de Europa y el imperio español alcanzó su apogeo. Mediante esta práctica se vendieron en subasta pública ciertos puestos hereditarios y transferibles. Entre estos los escribanos, los regidores y otros que cobraban honorarios.

Durante el siglo XVII, la cantidad de empleos se amplió y se incluyeron los puestos de salario fijo. Felipe IV (1605-1665), bajo la presión de los grandes gastos para mantener el imperio —su reinado sufrió una recesión económica que afectó toda Europa por la necesidad de mantener una costosa política exterior— decidió vender los cargos de la Real Hacienda, aun en contra de la opinión del Consejo de Indias. A mediados de ese siglo esta práctica ya era muy común.

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El nepotismo no es nada nuevo

El mismo documento destaca que las estrategias que utilizaron miembros de las familias notables para ocupar el cargo de contador de cuentas reales se fundamentaron en el grado de sociabilidad, no solo en el nivel de sus relaciones personales, sino familiares.

A partir de 1646 comenzó el ejercicio de este cargo y terminó en 1770, cuando llegó a Guatemala el designado o enviado por la Corona para imponer una nueva forma de administrar las finanzas públicas. El primer contador de cuentas reales fue Juan Rodríguez de Ocampo, y el último, Miguel Mariano de Iturbide.

Según documentos consultados para esta investigación, se descubrió que a partir de 1700 una familia acaparó ese cargo, por medio de la designación de los sucesores del titular, quien, por enfermedad o por vejez, renunciaba para trasladarlo a un hijo o un pariente cercano como primo o cuñado. Esta familia era de apellido Herrarte, y tenía propiedades como la hacienda Los Ocotes y El Naranjo, en el Valle de la Ermita, y de San Ildefonso, en el Valle de Jumay. Pero, en su mayoría, eran hijos de burócratas, casi siempre escribanos. Además se encargaban de otras actividades económicas.

En 1700, el contador Patricio Roche renunció al cargo y lo trasladó a don Antonio de Herrarte, sobrino de su esposa. A partir de este, los sucesivos contadores fueron miembros de su familia, sus descendientes o aliados matrimoniales, como su hijo José Antonio de Herrarte, quien a su vez entregó el cargo a su yerno Manuel Antonio de Lazalde.

La forma de obtener los cargos públicos vendibles y renunciables era participando en el concurso de oposición por medio de una postura, un poco mayor que el “valor” del cargo, que correspondía a varios miles de pesos, expone la historiadora Norma Ramírez, de la Escuela de Historia de la Usac.

Solo quienes ostentaban poder económico tenían a su alcance este capital. Una vez que el interesado era nombrado por el presidente de la Audiencia, tenía cinco años para efectuar el trámite de confirmación ante el Consejo de Indias. Pesaban mucho los méritos y servicios prestados a la Corona y familiares. En los 125 años que comprende este estudio (1645-1769) ocuparon este cargo 10 personajes, varios de los cuales designaron como sucesores a sus parientes. Con la venta de este cargo el nepotismo era inevitable.

El cargo se ofreció en venta, por primera vez, por medio de cédula real, el 11 de octubre de 1645, en la que también se incluyeron funciones como la de escribano mayor de visitas, tasaciones y padrones y defensor general de bienes de difuntos y menores. Rodríguez de Ocampo hizo oposición por el puesto, por 2 mil 500 pesos pagados al contado. Su hijo José de Ocampo Loizaga pagó por el cargo 5 mil 500 tostones, en 1647, y se le adjudicó un salario de 650 pesos anuales.

Mala administración

A pesar de que el cargo de contador de cuentas reales fue muy apetecido por el prestigio social que detentaba y las posibilidades de obtener beneficios, varios de los titulares se encontraban un tanto frustrados por el sueldo y los emolumentos bajos y el trabajo arduo que tenían que realizar, por lo que prácticamente abandonaron su obligación de revisión de las cuentas. Esta situación, a la larga, tuvo sus efectos en la mala administración y control de las finanzas públicas, pues muchas cuentas de la Real Hacienda no fueron fiscalizadas durante muchos años, a tal punto que no se sabía la cantidad que había en la caja matriz ni quienes debían.

El historiador Rodolfo Esteban Hernández Méndez, coordinador de la investigación, expone que los oficios vendibles y renunciables eran vitalicios, por lo que no eran susceptibles a la venta los de corregidor y alcalde mayor, pues tenían vigencia de cinco años.

Los contadores de cuentas reales tenían un sueldo fijo, que varió con los años. A fines del siglo XVII era de 650 pesos anuales. Con otras actividades contables, propias del cargo, llegaban a percibir mil pesos anuales. En comparación, un maestro de pueblo recibía de sueldo 96 pesos anuales y el portero de la Audiencia, 32 pesos anuales, en 1688, refiere Hernández.

El historiador y catedrático Edgar Fernely Chután, primer secretario en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, refiere que era obvio que la venta de cargos y oficios no garantizaba la buena administración de la Corona, pues los beneficios estaban sujetos a intereses particulares. Al mismo tiempo, no se garantizaba la idoneidad de las personas que ocuparían los cargos, y se generaba el acceso de criollos a puestos que regularmente ocupaba la burocracia española.

“Los accesos a estos cargos ponían en riesgo la gobernabilidad externa de la Corona, al fomentarse las alianzas económicas y políticas de ciertas familias y de ciertos grupos”, dice Chután. Además de beneficiarse de las transacciones que se desarrollaban alrededor del cargo, quien renunciaba a este podía negociarlo y reponer lo invertido.

Los beneficios que obtenían provenían de actividades económicas ajenas al cargo, como abastecedores de carne de res en algún pueblo o compra de legumbres en localidades indígenas, en subasta pública, para luego revenderlos al por menor, afirma Hernández.

José de Ocampo afrontó juicios penales ante el tribunal de la Audiencia de Guatemala: era deudor de la Real Hacienda (el fisco), extendió un testimonio viciado que favorecía a sus hermanos y permitió que los oficiales reales (contador y tesorero) de la caja de Guatemala pasaran varias partidas fraudulentas en la presentación de sus cuentas.

En el cabildo

Gustavo Palma Murga, en su investigación Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII, Revista Mesoamérica (1989), indica que la mayor parte del siglo XVI, salvo pocas excepciones, los cargos de funcionarios como alcaldes ordinarios, alguacil mayor, correo mayor, alférez mayor o depositario general fueron proveídos por la autoridad real, sin distinción, a los ciudadanos de mérito. Sin embargo, con el enorme incremento en los gastos públicos de la Corona, esta se vio en la necesidad de declararlos oficios vendibles.

Así, una real cédula de 1591 incluye en la lista estos cargos que podían ser sometidos a subasta. Los dos requisitos indispensables eran ser “persona idónea y suficiente”, así como poder pagar en efectivo el valor del cargo pretendido.

Al ser de categoría “vendibles y renunciables”, tales cargos se “elitizaban”, pues no toda la población podía acceder fácilmente a ellos.

Esta restricción para llegar al ayuntamiento representaba que los cargos eran acaparados por determinados grupos sociales locales o, por el contrario, eran muy pocos quienes se mostraban interesados por hacer ese tipo de inversión, que resultaba elevada.

Por ejemplo, el cargo de alférez mayor fue rematado tres veces durante el siglo XVIII; la primera en 1706, por tres mil pesos; la segunda en 1742, por mil; y la tercera en 1761, por dos mil. El puesto de correo mayor era bastante apetecido, y el precio más elevado por el que se vendió fue de 20 mil pesos. Además era vitalicio.

Los oficios de privilegio se vendían separadamente y en forma colectiva durante el siglo XVIII, lo que denotaba intereses colectivos para controlar el cabildo. La primera compra en masa se efectuó en 1773 y fue de cinco regimientos, a 750 pesos cada uno. A principios del siglo XIX, dicha situación no había mejorado. En 1807 se llegó a fijar un precio de 300 pesos para los puestos dobles y los sencillos.

Las ventas localizadas durante el siglo XVIII y principios del XIX no son numerosas, lo que puede indicar que tales cargos, al ser adquiridos de por vida, permitían la presencia continua y prolongada de sus adquirientes en ellos. Al revisar las listas anuales de miembros del cabildo se estableció que entre 1770 y 1821 se sucedieron 99 grupos familiares, la mayoría peninsulares, que se dedicaban al comercio de importación y exportación. No todos llegaron al cabildo en la misma época ni todos compraron los cargos.

Se detectó que 28 familias tuvieron presencia, en por lo menos dos generaciones sucesivas, en el cabildo. De ellas, cinco participaron, al menos durante 20 años, y son Batres, Pavón, Aycinena, Asturias y Barrutia. Durante el período estudiado siempre estuvo presente en el gobierno municipal más de un miembro de cada una de estas familias.

Uno de los grupos más importantes es la familia Batres —o González Batres—, que se asentó en Guatemala a mediados del siglo XVII. En 1689 aparece el primero de ellos como regidor del cabildo. Para el período de 1770 a 1821 se ubicó a dos generaciones sucesivas de esta familia en cargos municipales. José Antonio Batres Muñoz fue alcalde segundo en 1807 y alcalde primero en 1810. Esta familia aparece en el cabildo durante unos 33 años.

Otra familia importante fue la Aycinena. Su fundador, el comerciante y millonario navarro Juan Fermín Aycinena Irigoyen, marqués de Aycinena (1729-1796), llegó a Guatemala en 1754, procedente de México, y ocupó varios cargos públicos importantes, como alcalde ordinario, en 1759. Seis de los miembros de esta familia ocuparon puestos en el ayuntamiento durante 31 años.

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El reforzamiento de su participación familiar se daba en la medida en que se establecían alianzas y compromisos sociales como matrimonios, lo que facilitaba la integración de unos y la permanencia de otros, a fin de preservar la defensa de los intereses grupales.

“Podemos suponer que la existencia de relaciones de carácter familiar —estar casado con la hija de un regidor, tener un tío o pariente en el cabildo o ser hijo de cabildante— también facilitarían enormemente el ingreso a esa institución”, explica Palma. Un “recién llegado” peninsular tendría mayores probabilidades de integrarse a ese cuerpo colegiado si se encontraba en una de las situaciones antes descritas.

En el cabildo residía el manejo de la vida cotidiana de la ciudad: sus abastos y su desarrollo físico como sede de las principales instituciones de poder local y regional. La pertenencia al cabildo permitía a sus miembros orientar la política de desarrollo local, de tal manera que, sin salirse de las normas y reglamentos vigentes, podían favorecerse individual o familiarmente mediante prerrogativas o concesiones de todo tipo.

Ante estos privilegios a redes familiares surgió oposición de parte de grupos sociales. En un memorial enviado a la Corte por 24 personas, la mayoría comerciantes y cabildantes, con fecha 3 de octubre de 1820, se exponía a la autoridad real el disgusto y desaprobación que suscitaba entre ellos el hecho de que ciertas familias de esta ciudad acapararan un número considerable de empleos públicos, en detrimento de otra serie de personas de mérito que también podrían desempeñarlos. El memorial era un ataque directo a la familia Aycinena.

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La presencia de estas familias no se limitó al ámbito del cabildo municipal y de unos cuantos puestos de la burocracia regional, sino que también fueron parte continua de la nómina de priores y cónsules de la directiva del consulado de comercio, que agrupaba a comerciantes de todo el reino, que ejercían poder económico local mediante monopolio de actividades comerciales. Esta presencia familiar prolífica y variada dentro de las principales instancias de poder local demuestra un claro acaparamiento o monopolio por parte de la élite social en todos los niveles.

Las vías de acceso a esta instancia de poder, dado lo reducido del grupo dirigente y de las plazas disponibles, debían ser estrechas y selectivas: tener capital suficiente para poder pagar el valor del cargo y alcanzar méritos personales para ser aceptado por las autoridades que daban la sanción a tales transacciones administrativas, concluye Palma.

Desde España

En el artículo La justicia en venta. El beneficio de cargos americanos de audiencia bajo Carlos II (1683-1700), de Ángel Sanz Tapia, Universidad de Valladolid, Anuario de Estudios Americanos (2012), se expone que si bien Carlos I decretó en 1523 la prohibición de vender y comprar oficios en España e Indias —América—, muchos años después, su sucesor en el trono español, Carlos II (1661-1700), tuvo que aceptar como necesario el mercadeo de los cargos americanos de justicia.

Era prerrogativa del monarca español proveer los cargos estatales de la administración americana, que habitualmente ejercía por medio del Consejo de Indias o de su Cámara, salvo los casos ya delegados en las autoridades americanas. Para elegir a los funcionarios idóneos se valoraban méritos, servicios y cualificación de los aspirantes, designando a los más adecuados. Pero durante el siglo XVII la Corona, paulatinamente, fue aceptando la recepción de dinero como factor de valoración —por oferta del aspirante o por petición al pretendiente— y principal determinante de la provisión. En ambos casos, la fórmula, denominada “beneficio”, fue considerada un donativo o servicio al monarca, cuya primera aplicación americana, en 1632, afectó a los cargos de Real Hacienda, como “servicio” de valor creciente ante las agudas necesidades de la Corona, afirma Sanz.

El sistema se amplió en 1674 a los oficios políticos o de gobierno como presidencias audienciales, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos y, a partir de 1683, la oferta mercantil se completó con los puestos judiciales, es decir las magistraturas de las audiencias, de modo que a fines del reinado de Carlos II (1661-1700) la designación por dinero del funcionariado estatal indiano fue la fórmula dominante. Al llegar el siglo XVIII, las primeras buenas intenciones de Felipe V no evitaron tan extensa venalidad —vendible o que se deja sobornar por dádivas—, que prosiguió muy activa en su primera mitad, y solo con Carlos III (1716-1788) se intentó remediar la corrupción denunciada, pero aceptada como necesaria.

Aunque juristas y teólogos atacaron radicalmente la presencia pecuniaria en provisiones de audiencia, en cambio sí la toleraron en los hacendísticos —oficiales de Cajas Reales y miembros de Tribunales de Cuentas—.

Pero también las magistraturas audienciales acabaron negociándose. El primer caso conocido data de 1637 y es bien peculiar. Durante el gobierno del conde-duque de Olivares, el Consejo de Indias recibió orden de designar para la primera plaza de oidor, alcalde del crimen o fiscal en la Audiencia de Lima al oidor de Bogotá Juan Padilla, por ofrecer 14 mil ducados. Los oficios de justicia eran vitalicios, pudiendo los ministros ser removidos por voluntad regia a otros puestos o lugares, al igual que ser depuestos por ciertos delitos o faltas. Para evitar el escándalo de ver la justicia en venta, se omitió toda referencia al beneficio en los títulos correspondientes, citando solo los servicios y méritos —ciertos o supuestos— prestados a la Corona, dice Sanz.

No obstante, el asunto era bien conocido en la Corte, al extremo de que se alzaron voces contrarias denunciando que tal negocio estaba prohibido por derecho.

Así, pues, desde 1683, a un ritmo irregular, la Corona otorgó por donativo pecuniario 59 plazas de las 147 detectadas como provistas hasta fin de siglo, lo que supone un porcentaje mínimo beneficiado del 40%. Por servicios y méritos fueron 73, en tanto que 15 son aún desconocidas.

Pilar Ponce-Leiva, en su artículo Teoría y práctica política en la provisión de oficios (Quito, 1675-1700), Universidad Complutense de Madrid, Revista Indias, 2013, en el intenso debate suscitado desde el siglo XVI en torno a la licitud y conveniencia de vender los oficios públicos, juristas y teólogos expertos en teoría política centraron sus críticas en el más que probable perjuicio que causarían al bien público quienes habían recibido el oficio no por sus méritos, sino por su dinero. Se da por sentado que la venta acarrearía notables abusos, generando “una administración ineficaz (…) difícil de controlar y abiertamente corrompida”.

La ocultación del servicio pecuniario fue algo habitual en muchos nombramientos, circunstancia que imposibilita identificar la totalidad de los precios abonados. Fueron numerosos los desembolsos de dinero que no quedaron registrados en los títulos de cargo, por lo que las nóminas que los pacientes burócratas del Consejo de Indias reconstruyeron años después no contabilizan como beneficiados cargos que realmente fueron obtenidos por esos “servicios pecuniarios”, refiere Ponce.

En el artículo El mercado de venta de cargos de Indias durante el último cuarto del siglo XVII. Una nueva interpretación, de Francisco Andújar Castillo, Universidad de Almería, Revista de Historia Moderna (2018), el cargo más alto vendido fue el de gobernador de Yucatán y Campeche, por el que se pagaron, en 1676, cien mil pesos, por parte de Antonio Laiseca. Las ventas se realizaban mediante abono de la suma pactada como préstamo o como donativo.

La rentabilización de la compra de los oficios, en muchas ocasiones, más que por la adquisición del sueldo se producía por el poder político que podían conllevar el honor y el prestigio que conferían a sus nuevos titulares, refiere Antonio Jiménez Estrella en su artículo Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un estado de la cuestión, Universidad de Granada, Cuadernos de Historia Moderna (2012).

Oficios militares, magistraturas de Audiencias y Chancillerías y consejos de la monarquía, corregimientos, hidalguías, hábitos de órdenes militares, títulos de nobleza y hasta grandezas se subastaron por precios realmente elevados durante el reinado de Felipe V —1683-1746—.

“Podría decirse que algo similar sucede hoy día, por ejemplo, con las diputaciones o alcaldías municipales —aunque hay muchos más—, que son cargos con los que regularmente se buscan gratificaciones y resarcimientos crecidos; otras veces son financiados por terceros que tienen intereses detrás del poder. Los cargos que se adquieren por inversión y no por capacidad le quitan seriedad y los convierten en mercancías al portador, sujetos a la corrupción”, dice Chután.

La corona necesitaba fondos

Todas las ventas de cargo u oficios durante el siglo XVII se consideraron necesarias para cubrir los gastos bélicos de la corona española —Guerra de Holanda, iniciada en 1672; Guerra de Mesina, también en ese año; colaboración con el Sacro Imperio Románico Germánico y la Guerra de los Nueve Años, entre 1688 y 1697—. Pero el dinero recaudado también se utilizó para el oneroso gasto cortesano; por ejemplo, la obra del palacio del Buen Retiro, en Madrid, cuya construcción ascendió a 2 millones y medio de ducados, que se obtuviron por medios extraordinarios y no de la renta ordinaria de Real Hacienda.

En 1680 se calculaba que para cubrir las necesidades urgentes de la monarquía se precisaba de cerca de 20 millones de escudos, en tanto que la disponibilidad era de 9 millones 500 mil. Una consulta de la Cámara de Indias del 12 de enero de 1682 informó al soberano lo mucho que se debía a los ministros de la Cámara, consejeros y oficiales de las secretarías del Consejo de Indias en salarios y gajes.

Las “necesidades de la guerra” o los “aprietos presentes” serían la coartada perfecta argüida por los monarcas en sus discursos de legitimación y justificación de las campañas de ventas de oficios emprendidas desde mediados del XVI y extendidas a los siglos XVII y XVIII.

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El primero caso es por supuesto nepotismo en la contratación fraudulenta de Ever Eduardo de Jesús Suchité Túnchez, sobrino del exministro Suchité, en enero del 2019, cuyo contrato fue renovado en enero del 2020 por un monto de Q95 mil 741.94.

El extitular de la cartera también es señalado de tráfico de influencias al haber influido en el exviceministro del Deporte y la Recreación, Mario Monterroso, para que le incrementara el sueldo a Obdulio Alberto Ramos León en la renovación del contrato para el segundo semestre de 2019.

Según la investigación, Suchité Vargas le dijo a Monterroso que el beneficiado también era su sobrino. Hasta junio del 2019 había recibido honorarios por Q10 mil.

La fiscalía cuenta con fotografías y grabaciones de las negociaciones. Además, se conoce que el exministro no habita en la casa en que se efectuó el allanamiento desde que empezó la emergencia por coronavirus.

El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó que la investigación determinó que “hay más familiares del exministro que fueron contratados” y advirtió que “en su momento ante los tribunales se harán las sindicaciones pertinentes”.

El segundo hecho es la compra ilegal de comida para un supuesto evento deportivo escolar en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

La fiscalía detalló que la directiva magisterial de ese municipio solicitó seis mil raciones de comida para los estudiantes que participarían en la 37 edición de Juegos Escolares a celebrarse del 1 al 5 de abril de ese mismo año. La investigación señala que dichos juegos deportivos nunca se realizaron, pero se pagaron alimentos para los niños por Q347 mil.

La alimentación se compró a las empresas Tamales Huehuetecos, propiedad de Flor Idalia Muñoz, por Q137 mil 160. La segunda compañía que supuestamente proveyó comida fue BBQ Texas Style, propiedad de Bárbara Rosa Solares, y recibió Q139 mil 590; la empresa Event Center, propiedad de Andrea Paola Muñoz, recibió Q70 mil 890 de comida que no proporcionaron según la fiscalía.

“A sabiendas que la adquisición debía efectuarse bajo la modalidad de compra por contrato abierto, en la cual ya existía un proveedor previamente seleccionado por parte de la dirección general de adquisiciones del estado, Banquetes de Guatemala S.A. tenía precios más bajos a los ofrecidos por parte de las entidades contratadas”, señalaron los fiscales.

La investigación descubrió que el 30 de abril del 2019 empleados públicos del ministerio se reunieron para “buscar los mecanismos ilícitos para dar una apariencia de legalidad a las adquisiciones anómalas de alimentos que habían sido realizadas, decidiendo entre otros aspectos, fraccionar las compras que en su conjunto ascendían a la cantidad de Q.347,640”.

Las canchas

El tercer hecho es el supuesto fraude en la adjudicación de contratos para mantenimiento en las canchas de Gerona, zona 1, y en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5.

Exfuncionarios y exempleados habrían confabulado para beneficiar a la Constructora Sol, que fue beneficiada en un concurso a pesar de que había otras ofertas más convenientes para los intereses del Estado.

Por el mantenimiento y reparación de las canchas de Gerona, dicha constructora, propiedad de Leopoldo Solís Icó, fue beneficiada con un contrato por Q690 mil. A esta misma empresa le fue adjudicada el proyecto de servicio y mantenimiento de las instalaciones del centro deportivo Campo Marte, por un monto de Q890 mil 701.56.

1. Mario Renato Monterroso García, exviceministro del Deporte y la Recreación
2. Francisco Javier Estrada Colindres
3. Francisco Alejandro Galdámez Samayoa
4. José Alejandro Palomo López
5. Roxana Edith Orellana Valdéz
6. Marvin Emanuel Marcos Tzaloj
7. Angélica Victoria Morales Batres
8. Milton Obdulio Carrillo
9. Rodolfo Estuardo Ibañéz Cabrera
10. Priscila Custodio Lemus
11. Denis Damaris Mendoza Campos
12. Leopoldo Solís Icó, empresario

Guatemala, El Salvador y Honduras recibieron el año pasado US$750 millones de Estados Unidos como parte de la iniciativa Alianza para la Prosperidad, que busca reducir la violencia, así como disuadir a la población de migrar ilegalmente a la nación del norte. En Guatemala 1.6 millones de personas reciben remesas de Estados Unidos, Canadá y México. Ahora se enfrentan a una deportación masiva, junto a la Mara Salvatrucha, por la insistencia de Trump de vincular la inmigración con la criminalidad y atarla a la reforma del sistema migratorio. Cuenta con $25 mil millones para construir un muro en la frontera con México, refuerza la vigilancia fronteriza, interrumpe la inmigración familiar, recorta el cupo de inmigrantes legales. Además, la “remoción inmediata” de inmigrantes en situación irregular en el sorteo de visas, con lo que el futuro nuestro no es halagador.

En el acto de inauguración del ciclo de reservas militares 2018, Arzú participó junto con el presidente Jimmy Morales, algo sin importancia para él, pues habló de imposiciones extranjeras y mostró su rechazo hacia los periodistas que cuestionan su trabajo como funcionario. El jefe edil metropolitano instó al Ejército a “pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación”. En tanto la Cicig y el MP señalaron al alcalde capitalino de haber recibido bienes y servicios para su campaña política pagados con fondos municipales, por lo que existe una solicitud para retirarle la inmunidad por utilizar fondos de uno de los fideicomisos de la Municipalidad de Guatemala. El antejuicio contra el Alcalde capitalino es por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.

“La SIP, con sede en Miami, manifestó preocupación por lo que califica como “ataques oficiales contra periodistas y medios de comunicación en Guatemala, sigue atenta a los comentarios del presidente Morales contra los periodistas críticos. Y hace un llamado para que la comunidad internacional se imponga al discurso violento e irracional del alcalde Arzú y lo conmine a respetar la libertad de expresión garantizada en la Constitución Política de la República, así como tratados y convenciones internacionales de derechos humanos”.

Los alcaldes presentes representan el poder constitucional del Estado: “¿Que va a haber un golpe de Estado? ¿cómo? ¿de qué se trata? ¿quién lo va a dar? si el Estado somos todos nosotros. Ahora resulta que todos representan a la sociedad civil. Entonces ¿a quién representamos nosotros? Y amplió ¿Entonces, mis queridos amigos, el desafío es grande, pero, nosotros también… yo firmé la paz, dijo Arzú, pero también puedo hacer la guerra”. Ante este reto, Arzú llegó a estructurar un gobierno nepotista, al darle empleo a familiares como la presidencia del Congreso a su hijo y otros más sin pensar que “el nepotismo es favorecer a familiares o amigos con trabajos en el Estado sin importar el mérito, violando el Artículo 35 de la Ley Contra la Corrupción.

alfonsoyurritacuesta@gmail.com

“Tengo tanta familia que no la podía dejar sin el pan diario, hay muchos que trabajan en el Gobierno antes que yo llegara a ocupar esta posición”, remarcó Cabrera.

En junio Francisco Gross Hernández-Kramer, esposo de la hija del vicepresidente, Elizabeth Cabrera Cortez, asumió el cargo de Embajador de Guatemala en Suecia y Fernando Molina Girón, suegro de Lisset Cabrera Cortez, la segunda hija del vicepresidente, recibió el cargo de Embajador de Guatemala en España. 

Cabrera defendió los nombramientos y aseguró que no intervino en las decisiones de Cancillería. “En torno al consuegro (…) les pido que le digan a la Cancillería, porque -él- trabaja ahí hace 50 años”, respondió el vicepresidente.

Agregó: “El yerno vive en Europa hace mucho tiempo y su experiencia en temas internacionales le permite, y me imagino que por eso el ministro de relaciones exteriores lo nombró, no tuve nada que ver en ese nombramiento, aunque ustedes pueda pensar lo contrario”, señaló.

El vicegobernante remarcó que sobre el llamado nepotismo “Deberían de ir a la Real Academia Española a ver lo que dice el texto, porque no es como lo están interpretando”, puntualizó.

Esta es la definición de nepotismo: "Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos." RAE

— MC Aceña (@LineasFrescas) August 31, 2016

“Si es un delito que un Cabrera trabaje en el Estado, perdónenme pero hay una equivocación”, resaltó Cabrera.

Planta 

Durante la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales, San Agustín Las Minas, en Boca del Monte, el vicepresidente remarcó que es la segunda que se rehabilita en los siete meses de gobierno y cuya operación evitará que aguas negras confluyan en el lago de Amatitlán.

Información de la página de vicepresidencia señala que la planta tratará agua de tipo doméstico con un caudal de 5 mil 300 metros cúbicos por día beneficiando a por lo menos 45 mil habitantes de los municipios aledaños.

“La planta no funcionaba desde hace cinco años, y dejó de tratar 9 millones 672 mil 500 metros cúbicos de agua”, establece la página gubernamental. 

El mes pasado, otra planta se rehabilitó en Ciudad San Cristóbal, Mixco, y sirve para tratar las aguas que corren hacia el municipio de Villa Nueva.

“Son cinco plantas más las que estamos por inaugurar, falta mucho por hacer y queremos concienciar al pueblo de Guatemala a través de la educación”, expresó el  Vicepresidente según información del portal de Gobierno. 

Agregó que espera que una vez sea presentada la iniciativa de Ley de Aguas ante el Congreso, esta sea aprobada. Indicó que el instrumento legal servirá como directriz que centralice los procesos de desarrollo y rescate en las cuencas a nivel nacional.

“Hemos dado instrucciones precisas a los ministros para hacer las cosas correctamente. La responsabilidad de los alcaldes en este tema es grande también. El Gobierno tiene tantas cosas que hacer que muchas veces se queda corto en las acciones, pero si trabajamos en conjunto con los alcaldes, las cosas se van a facilitar”, concluyó. 

El Vp @drjafethcabrera visita planta de tratamiento de aguas residuales finca San Agustín las Minas, Boca del Monte. pic.twitter.com/iJkyevjIRb

— Vicepresidencia (@ViceGuatemala) August 26, 2016

También nombró a su esposa en la secretaría de Acción Social, y a dos de sus hermanos en las áreas de Asuntos Legales y de Compras de la alcaldía.

“Es legal, la Carta Orgánica permite esto, mientras que lo ético es cuestión personal de cada uno”, dijo el alcalde al canal TN al rechazar acusaciones de nepotismo.

El jefe comunal fue elegido por una lista aliada al excandidato presidencial Sergio Massa, un peronista de centroderecha que resultó tercero en los comicios generales de octubre.

Sobre el nombramiento de su hijo, egresado el año pasado de la escuela secundaria, aseguró que posee experiencia suficiente para desempeñar la gestión del área deportiva.

“Mi hijo tiene experiencia en todas las áreas deportivas, es jugador de voley, tiene un equipo de profesores de educación física”, señaló.

Consultado sobre la preferencia de designar a familiares en la función pública, el alcalde explicó que trató de conseguir “un blindaje de personas de extrema confianza”.

El sitio losandes.com.ar  publicó una recopilación de los “memes” que circulan en ese país sudamericano, luego del anuncio del alcalde.

Imágenes tomadas del sitio: losandes.com.ar

Por esa agrupación también fue electa como diputada titular Aixa Marilú Aguilar Revolorio, quien ha sido persona de toda confianza de Luis Rabbé, presidente del Congreso.

Sandra Torres, excandidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no se queda atrás: su hija Nadia Lorena de León Torres fue electa.

Entre quienes la acompañarán durante los próximos cuatro años se encuentran Haroldo Rodas, excanciller y financista del partido; José Flores Divas y Joaquín Flores España, hermano y padre del diputado al Congreso Jairo Flores.

Cercanos a Arzú

En la coalición de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Partido Unionista fueron electos Ricardo de la Torres Gimeno, actual gerente de la Municipalidad de Guatemala, y Diego Arzú García-Granados, hijo del primer matrimonio del alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

Del partido Todos fue electo Roberto Alejos Vásquez, padre de Gustavo Alejos —prófugo de la justicia— y de Roberto Alejos, dirigente de esa agrupación política.

Inoperante

El Parlacén es un ente regional cuyas resoluciones no tienen implicaciones jurídicas ni políticas en sus países miembros. Varios analistas consideran que es inoperante y resaltan la necesidad de reformarlo. Además, es utilizado por políticos para colocar a familiares y amigos. En algunos casos, ciertos exgobernantes aprovechan la inmunidad que ese parlamento otorga.

El ejemplo más reciente es Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, quien fue muy crítico del Parlacén pero tras acusaciones de corrupción en su contra intentó integrarse a ese ente, en busca de impunidad.

Práctica perversa

El politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) José Carlos Sanabria considera que incluir a familiares de políticos demuestra poca democratización de los partidos.

“Se puede ver el nepotismo y que los cargos son otorgados de una manera poco democrática”, expuso Sanabria.

“La designación de los cargos dados de esta forma contribuye a desgastar la imagen del Parlacén. Recordemos que desde ya se le critica por las acciones que toma y que son tenues en la integración centroamericana. Se deslegitima y erosiona la imagen que se tiene de este órgano regional”, indicó el politólogo.

El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos Cristhians Castillo señaló que los políticos utilizan esos cargos a fin de obtener privilegios para sus parientes, a costa de recursos de los países miembros.

“Es una beca pagada en dólares. El Parlacén tiene una operatividad errática. La mayoría del tiempo está inactivo y solo se reúnen cada cierto período. A las personas no les genera desgaste político porque no están expuestas al escrutinio público”, dijo Castillo.

Uno de estos ejemplos sucedió durante el mandato del presidente José María Reina Barrios (1892-1898), quien disolvió la Asamblea Legislativa en agosto de 1897 y convocó a una Asamblea Constituyente en la que abundaron sus amigos, lo cual le fue útil, ya que lo nombraron gobernante por cuatro años más, lo que le permitiría finalizar su período hasta 1902.

“Los diputados electos en esa ocasión para sustituir la Asamblea (Legislativa) que disolvió el general José María Reina Barrios fueron escogidos con cuidado por el gobernante, especialmente los empleados suyos del Ejecutivo, para que fueran leales y obedientes servidores de sus designios”, escribió el periodista José Santacruz Noriega en el libro Vida pública de don Rosendo Santa Cruz, recopilado por Zoila Santa Cruz de Moll.

Pocos meses antes, el abogado Manuel Estrada Cabrera había sido nombrado el primer designado a la presidencia, con lo cual principió a abrirse paso, para, posteriormente, convertirse en el dictador que por 22 años gobernó el país.

“Estrada Cabrera fue el más beneficiado de esta selección, pues tuvo el inteligente cuidado de mantener a algunos funcionarios en sus puestos públicos y a otros en goce de prebendas”. Sin embargo, hubo algunos (…) que no lograron tomar posesión, y otros que fueron elegidos por los vecinos, pero prefirieron no presentarse.

Estrada Cabrera consideró estas vacantes como una oportunidad propicia para llevar a la Asamblea a sus amigos, agrega Santacruz.

Descontento

Estas maniobras las llevó a cabo Reina Barrios, quien era sobrino del general Justo Rufino Barrios, pese a que había perdido mucha popularidad, relata el historiador Rodrigo Fernández Ordóñez.

El país estaba endeudado por la Exposición Centroamericana y habían bajado los precios del café, por lo que extender su período presidencial generó más descontento. El 7 de septiembre de 1897 estalló una revolución en Quetzaltenango que buscaba derrocarlo.

Reina Barrios fue asesinado a tiros la noche del 8 de febrero de 1898, antes de comenzar su segundo período presidencial. Algunos coinciden en que el autor intelectual fue Estrada Cabrera, el siguiente en ocupar la silla presidencial, refiere Fernández Ordónez.

Según datos del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los comicios pasados se postularon 19 redes familiares, pero los resultados de los comicios fueron adversos para 11 de esos grupos.

Vínculos

Las organizaciones políticas que lograron colocar familiares en cargos de elección popular fueron Libertad Democrática Renovada (Líder), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la coalición Compromiso Renovación y Orden (Creo-Unionista) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La UNE, por ejemplo, llevará al Legislativo a los hermanos Fidel y Édgar Reyes Lee, electos por los departamentos de Guatemala y Petén.

FCN-Nación tampoco se quedó atrás, porque logró llevar a Javier Hernández Ovalle —fue diputado en la legislatura anterior—, y junto con él estará su hijo, Javier Hernández Franco.

Otro clan familiar de reciente surgimiento es el de la diputada Delia Back, quien consiguió la reelección por Líder y tendrá como compañera de bancada a su hija Eva Nicolle Monte Back.

Una de las redes de familia que logró permanecer y crecer es la de Jaime Martínez Lohayza, quien fue reelecto como diputado, junto con su hijo, Carlos Martínez Castellanos. Este diputado, sobre quien pesa una solicitud de antejuicio, también logró introducir a su hijo menor, Jaime Martínez Castellanos, en el Parlamento Centroamericano (Parlacén).

Binomios

Uno de los dos binomios presidenciales de los partidos FCN-Nación y UNE podrá establecer una relación familiar en el poder, luego de las elecciones del 25 de octubre.

En la primera vuelta fue electo diputado Jafet Cabrera Cortez, hijo de Jafet Cabrera Franco, candidato vicepresidencial de FCN-Nación.

Nadia de León Torres fue electa diputada al Parlacén y su madre, Sandra Torres Casanova, es la candidata presidencial de la UNE.

Alcaldías

Entre los alcaldes afortunados que tendrán un familiar en el Congreso está Álvaro Arzú Irigoyen, que repetirá al frente de la comuna capitalina y contará con su hijo, Álvaro Arzú Escobar, como miembro del Legislativo.

Arnoldo Medrano, el alcalde sobre quien pesan varias solicitudes de antejuicio, cantó victoria porque mantendrá el control de la comuna de Chinautla de la mano de su sobrina Elizabeth del Cid Medrano, que a partir del 2016 será la alcaldesa de esa jurisdicción.

Pero la fortuna también le favoreció porque Líder logró que su hijo, Gustavo Medrano, se reeligiera como diputado.

Quedan fuera

Los resultados de la primera vuelta electoral no fueron positivos para otros grupos familiares.

Ese fue el caso de la familia Rabbé, ya que solo fue reelecto Luis y quedó fuera Alfredo, del mismo apellido.

Mirma Figueroa de Coro no consiguió la reelección como diputada con Líder y a su esposo, Antonio Coro, tampoco le fue bien porque no pudo alzarse con la alcaldía capitalina.

A Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, no le sonrió la fortuna porque perdió la comuna de Mixco, y su pareja, Stella Alonso, quedó fuera del Legislativo.

Un triunfo a medias obtuvo Rubelio Recinos, porque si bien perdió la Alcaldía de Barberena, Santa Rosa, sí consiguió que su esposa, Aracely Chavarría de Recinos, fuera electa como diputada por el Partido Patriota.

Los hermanos Haroldo y Eduardo Quej también tuvieron suerte a medias. Solo el primero fue reelecto como diputado por la UNE y el segundo no ganó la Alcaldía de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Agregó que Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi y detenida esta mañana, pagaba Q2 mil a cada agente en efectivo, y por aparte endosaba cheques para trasladar montos más altos a la empresa PSE, S.A., cuyo gerente general “siempre ha sido” el diputado.

Además, Bolaños Morales también aparece como representante legal de esa compañía.

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, precisó que, durante seis meses, de junio a diciembre del 2013, pese a que el contrato decía que su sueldo era de Q8 mil mensuales, los 15 guardias de seguridad nunca tuvieron acceso a su propio pago, sino solo a los Q2 mil que la secretaria les daba en efectivo.

Después, Bolaños hacía cheques por Q8 mil o Q7 mil que eran depositados en la cuenta bancaria de la sociedad anónima de Muadi.

“En ese periodo aproximadamente Q630 mil fue lo que se apropió en lo que hemos concluido en la investigación ahora, este grupo que fue consignado, a las cuentas de la empresa PSE, S.A.”, expresó Velásquez.

De esa cuenta, José Estuardo Blanco Aguilar, también detenido, porque era quien instruía a los 15 guardias a que abrieran sus cuentas bancarias.

Allanamiento en el Congreso

Esta mañana hubo allanamientos de agentes del MP en las oficinas de Recursos Humanos del Congreso para obtener documentación de cómo se contrató a 15 guardias de seguridad.

Muadi fue presidente del Congreso durante 2013 y fue elegido por el Partido Patriota (PP), representante en el partido del sector privado organizado. Actualmente integra la bancada del patido Compromiso Renovación y Orden (Creo) y busca su reelección con la alianza de partidos Creo-Unionista.

Gestión cuestionada

El exceso de pago en sueldos y viáticos, así como la supuesta creación de plazas fantasmas, son algunos de los señalamientos que crecieron durante la gestión de Muadi al frente del Congreso durante 2013.

Sólo en los últimos cuatro meses de ese año, el informe de gastos del Congreso dio cuenta del incremento en el pago de sueldos para Muadi, en vista de que en el primer cuatrimestre se erogaron Q115.8 millones, mientras que subió a Q175.4 millones de septiembre a diciembre de 2013.

Además, se determinó que Muadi gastó 14.4 por ciento más comparado con el 2012.

A mediados del año pasado, Acción Ciudadana denunció la existencia de plazas fantasma en el Legislativo, porque había quejas de personas contratadas que nunca llegan al Parlamento o que es inexistente, pero no se determinó el origen de dichas contrataciones.

Asimismo, a seis días de que terminara su mandato como presidente del Parlamento, se compraron 250 cámaras de seguridad por Q6.8 millones.

Muadi justificó la compra porque cada semana había denuncias de allanamientos y robos en las oficinas de diputados en los 16 edificios que renta ese organismo.

Previo a la adquisición, se contrataron a expertos en cámaras de seguridad para que realizaran un estudio y asesoraran las bases de licitación, servicio que costó Q40 mil más.

El entonces presidente del Congreso reconoció que otras tres empresas ofrecieron las cámaras a menor precio, pero fueron rechazadas porque no estaban completas sus ofertas. También rechazó los señalamientos de afinidad con la junta licitadora.

Con información de G. Sánchez / J. Gramajo / H. Alvarado / B. Vásquez

El documento refiere que el edificio que arrenda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a la empresa Comercial & Constructora Siboney fue adquirido por la esposa del diputado, Maritza del Rosario Montes Gómez.

Además, señalan de que el accionista mayoritario —80 por ciento— de la firma Comercial Siboney es el legislador Hichos.

El 1 de junio, Prensa Libre publicó un reportaje en el que se evidencia que el Seguro Social pasó de pagar un alquiler de Q24 mil mensuales a Q90 mil, luego de que firmara un contrato con Comercial Siboney, de la que el diputado de Líder es accionista mayoritario.

La comunidad basa su solicitud en el artículo 28 de la Constitución, inciso b), en donde se establece que no pueden ser diputados los contratistas del Estado, y acompañan su solicitud con la certificación del Registro Mercantil que señala a Hichos como accionista de Comercial Siboney al momento de suscribir el contrato con el Seguro Social.

Nepotismo

También se solicitó a la Corte Suprema de Justicia que traslade a los magistrados de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula, debido a que el presidente de esa judicatura, César Augusto Ávila Aparicio, es esposo de Heidy Mariela Hichos, sobrina del congresista.

“Son fuertes y continuos los señalamientos respecto de la parcialidad con que actúan estos magistrados en Chiquimula, y que inclinan la balanza hacia los intereses de Baudilio Hichos”, refiere el documento, que fue acompañado de dos mil 91 firmas.

El diputado aseguró que la CSJ debe determinar si es procedente el traslado. “Yo no tengo ningún interés en que permanezcan los magistrados actuales en ese puesto”, aseguró.

Hichos negó ser contratista del Estado. “En su momento lo demostraré ante los órganos competentes”, puntualizó.

López Angulo, quien es psicóloga, también es señalada de vulnerar los derechos de personas drogodependientes.

En el memorial, trabajadores y extrabajadores de Seccatid también señalan como “deficiente el resultado que en tres años ha llevado a cabo la institución que se debiera dedicar a promover los programas de prevención de drogas”.

Un extrabajador, que por temor prefirió no revelar su nombre, manifestó que cuando laboró en la Seccatid sufrió maltratos por parte de López Angulo.

“Al manifestar alguna situación que no le parezca a la señora López Angulo inmediatamente procede a remover del cargo a la persona”, expuso el denunciante.

Contrata familiares

En el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) consta el hallazgo cuatro, de incumplimiento a la Ley de Probidad, por haber contratado a su hermana Dina Patricia López Angulo.

En el informe consta que la contratación fue del período del 1 de agosto al 31 de diciembre del año pasado, por Q11 mil 160.

Se revisó el listado general de órdenes de compras de la Seccatid de este año, en el cual se detectaron pagos efectuados por Q2 mil 500 a la hermana de la funcionaria, identificada como Dina Patricia López Angulo, quien factura por servicios técnicos profesionales.

En la denuncia, los trabajadores detallaron que López Angulo contrata a quien supuestamente es su exesposo Raúl Fernando Barrios, quien aparece en listados de pagos del 2014 con Q10 mil mensuales en renglón 029.

Además denuncian la contratación de dos de las hijas de la funcionaria, quienes, para cobrar, facturan con la colaboración de una persona que sí está contratada en la institución.

Las declaraciones fueron difundidas el pasado viernes por la noche, en el programa televisivo Noticentro, que se transmite en Chiquimula a través del cable local. Durante la entrevista, Hichos intentó relacionar el reportaje investigativo con pugnas locales e inventó que fueron sus detractores los que habrían pagado a este medio para dar a conocer la noticia.

“Yo he tenido la madurez de aceptar la crítica, porque en oportunidades es saludable…, pero no vamos a aceptar chantajes ni calumnias sin fundamento. Hay mucha gente indignada, pero por otro lado me felicitan porque ¡qué publicación han hecho! Las portadas de ese diario que circula a nivel nacional, cada página cuesta no menos de Q40 mil, más de Q250 mil pagaron por esa publicación”, afirmó Hichos.

Más adelante, en la entrevista, aseguró que recibió amenazas en las que le exigían que se retirara de la política o, de lo contrario, recibiría ataques contra él y su familia. Dijo que ya accionó en el Ministerio Público.

El 1 de abril último, Prensa Libre publicó el reportaje “Red de nepotismo copa Chiquimula”, en el que se evidenció que Hichos mantiene el control de ese departamento mediante la colocación de miembros de su familia en puestos claves que le permiten poder político y judicial, lo que ha provocado miedo y zozobra entre los habitantes de esa localidad.

Algunos de los consultados evitaron dar sus nombres, por temor a represalias. “Si le hablo, me mata”, dijo más de uno.

Exigirán retiro de curul

La Asociación de Comunidades Indígenas de Quezaltepeque presentará una acción en el Congreso para exigir que se declare vacante la curul de Hichos, ya que en la publicación de Prensa Libre se evidenció que él es el principal accionista de la empresa Comercial & Constructora Siboney, propietaria del edificio donde funciona el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en esa cabecera, por el cual la institución paga Q90 mil mensuales.

También solicitarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no inscriba a Hichos como candidato, ya que el artículo 28, inciso b), de la Constitución, prohíbe a los contratistas del Estado ser diputados.

Medida similar tomó la Asociación Multidisciplinaria de Amigos de Quezaltepeque, que el 4 de junio último solicitó al TSE que declare vacante la curul del diputado, con los mismos argumentos.

La asociación indígena acudirá también a la Corte Suprema de Justicia, para pedir que traslade a los magistrados y jueces que tengan parentesco con el diputado.

Familia en el Congreso

Aunque Hichos aceptó a Prensa Libre la relación familiar con jueces y trabajadores gubernamentales, negó que parientes suyos laboren en el Congreso. “En el Legislativo, donde yo trabajo, no hay ningún apellido Hichos; no tengo recomendados. Otros diputados tienen a sus esposas, hermanas o hijos. Yo no…”, manifestó.

Sin embargo, en la última lista de empleados publicada por el Congreso, en el 2013, se ubicó a Deysi Emilsa Hichos Posadas, sobrina del legislador, quien, según una llamada a la planta del Legislativo, aún mantiene la plaza permanente y trabaja en la oficina del diputado Marvin Orellana.

También se identificó a Italo Humberto Hichos Domínguez, quien presta sus servicios en la oficina de Atención Ciudadana.

El convenio se firmó el 16 de octubre del 2014 entre Álvaro Dubón González, subgerente administrativo del IGSS, y el representante legal de Comercial Siboney, Ricardo Martínez Hernández, quienes acordaron un pago de Q90 mil mensuales por tres pisos de ese edificio.

Con el cambio, el IGSS en Chiquimula dejó el inmueble donde tenía más de 15 años de funcionar y por el que pagaba Q24 mil mensuales, según consta en el contrato 433-DSC del 2013, al que Prensa Libre tuvo acceso.

Vínculo con Hichos

Aunque Martínez Hernández figura como representante legal de Comercial Siboney, Prensa Libre tuvo acceso al contrato de constitución de la sociedad anónima, en la que consta que Baudilio Elinohet Hichos López tiene 80 por ciento de las acciones de esa entidad.

El 20 por ciento restante se divide en 10 de Maritza del Rosario Montes Gómez, esposa del congresista; cinco para Mario Arturo Hichos López, hermano del diputado; y otros cinco para José Rolando Díaz Hernández, quien del 2008 al 2012 fungió como concejal quinto en la Municipalidad de Chiquimula, por el Frente Republicano Guatemalteco.

Además de albergar al IGSS, en el edificio funciona un banco, el Colegio de Abogados, una cafetería, una oficina privada, el Instituto de la Defensa Pública Penal, un spa y un salón de usos múltiples.

Justo cuando Prensa Libre efectuaba la investigación del arrendamiento, la subgerencia de Transparencia del IGSS se encontraba en Chiquimula en una inspección del contrato, debido a que ha recibido varias denuncias.

Otro edificio

Además del edificio del IGSS, la esposa de Hichos, Montes Gómez, da en alquiler una propiedad al Ministerio de Trabajo, donde funciona la Inspectoría de Trabajo en Chiquimula, por la cual se pagan Q8 mil mensuales. En ese inmueble residió el congresista con su familia durante muchos años.

Indignación

A pesar de la insistencia, el gerente del IGSS en Chiquimula, Jorge Mario López Pellecer, se negó a hablar con Prensa Libre.
“Vaya a las oficinas centrales, allí la van a atender. No me haga más preguntas, no le voy a responder”, manifestó.
Mario Flores, secretario de Conflictos del sindicato del IGSS en Chiquimula, afirmó que hay indignación porque se sabe que el edificio es propiedad del diputado Hichos, y tiene deficiencias. “No tenía ni puertas”, dijo.
Se conoció que han subido los gastos. Antes se pagaban Q10 mil mensuales por energía eléctrica, ahora Q16 mil. Además, solo tiene un guardia de seguridad para cubrir tres pisos, y no hay parqueo.