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SBS avanza hacia pequeñas residencias, pero persisten brechas en atención de la niñez y adolescencia

Tras la tragedia del Hogar Seguro, la Secretaría de Bienestar Social se aleja del modelo de internados masivos, aunque persisten deficiencias en la atención a los menores de edad bajo protección estatal.

Fátima Najarro

16 de agosto de 2025 | 00:04h

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La muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017 recuerda las necesidades del sistema de protección para menores de edad.(Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz).

La situación en los hogares que administra la Secretaría de Bienestar Social (SBS) enfrenta desafíos de presupuesto y planificación, según expertos en protección de niñez.

Aunque se han registrado avances desde la tragedia del Hogar Seguro en 2017, aún faltan estándares de derechos humanos por cumplir.

El personal debe recibir capacitación constante y los protocolos de actuación deben actualizarse periódicamente.

El 12 de agosto se dictó sentencia por la muerte de 41 niñas que fueron encerradas en un salón del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a cargo de la SBS. Cuatro exfuncionarios de protección y dos policías fueron condenados por varios delitos a penas de 6 a 25 años de prisión.

Durante el proceso judicial se evidenció que, en 2017, no existían protocolos claros para actuar ante emergencias. Estos fueron creados después de 2020, definiendo roles dentro de los hogares y realizando simulacros con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La SBS asegura que la medida más eficaz para prevenir tragedias es avanzar hacia la desinstitucionalización, sustituyendo las macroinstituciones por acogimiento familiar alternativo.

Mientras tanto, afirma haber reforzado la seguridad con planes de evacuación y protocolos de emergencia.

Estructura y funcionamiento

La Secretaría administra 21 hogares y un albergue a nivel nacional, los cuales acogen a 1,217 menores de edad, según datos oficiales. Los centros de protección están ubicados en la capital, San Lucas Sacatepéquez, Quetzaltenango, Zacapa y Escuintla.

Los niños y adolescentes son enviados a estos hogares cuando una autoridad judicial determina que deben ser retirados del entorno familiar o no cuentan con uno. Como no son centros de privación de libertad, los menores salen constantemente para realizar actividades educativas y deportivas.

Cuando abandonan voluntariamente el proceso de protección al cual están vinculados, se activa una alerta Alba-Kenneth, según la respuesta oficial de la SBS.

La institución cuenta con 106 niñeras, más de 550 monitores, 32 maestros, seis auxiliares de enfermería y tres enfermeras, con salarios de entre Q3 mil y Q4 mil más bonos.

También dispone de dos médicos, dos nutricionistas, 52 psicólogos, 39 trabajadores sociales, 21 terapistas de lenguaje, ocho terapistas de oficios y 16 educadores especiales.

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Respecto de las normas y rutinas, la SBS indicó que varían según el perfil de los menores bajo resguardo en cada hogar.

El tribunal que dictó sentencia en el caso ordenó investigar por qué en los cuerpos de algunas menores se encontraron altos niveles de fármacos. Consultada sobre la administración de medicamentos, la SBS respondió que esta se realiza únicamente bajo receta médica individual.

“Las prescripciones son emitidas por médico colegiado activo responsable de la residencia. La administración está a cargo de enfermeras, salvo el botiquín básico de emergencias menores”.

Presupuesto

El exsecretario de la SBS, Francisco Molina, explicó que, por la naturaleza de la institución, su presupuesto se destina principalmente al pago de salarios y a la prestación de servicios para los menores.

“Las autoridades de turno y los diputados deben comprender que el presupuesto de la institución se va en salarios, pero mientras más se asigne, más personal podrá contratarse y se podrá atender mejor a la niñez”, comentó Molina.

En los últimos cuatro años, los fondos asignados a la SBS aumentaron un 46%. Para este año se asignaron Q425 millones, de los cuales Q113 millones se destinan a menores en conflicto con la ley y Q128 millones a protección y acogimiento.

Otto Rivera, experto en derechos de la niñez, indicó que el presupuesto es uno de los principales desafíos de la SBS y coincidió en que una mayor asignación permitiría contratar más personal. “Cada vez hay más niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. El presupuesto de la SBS nunca es suficiente”, expresó.

Molina y Rivera coincidieron en que un mayor presupuesto permitiría mejorar instalaciones, condiciones y contar con personal más capacitado.

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Cambios y protocolos

Durante el proceso judicial que concluyó recientemente se supo que no existían protocolos que el personal pudiera seguir ante una emergencia.

Según Molina, los protocolos fueron creados después de 2020. Se definieron los roles dentro de los hogares y se realizan simulacros de evacuación junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El exsecretario recomendó que los protocolos deben seguir actualizándose y comunicarse al personal para que sepan actuar ante cualquier tipo de emergencia.

En su argumentación, el tribunal señaló fallas en el sistema de protección, ya que la contención de las crisis en Hogar Seguro, que surgió por denuncias de maltrato, se delegó en  Policía Nacional Civil, sin un abordaje con perspectiva de protección de los derechos de la niñez.

Hacia la desinstitucionalización

En cuanto a la posibilidad de evitar tragedias como la del Hogar Seguro, la SBS asegura que la medida más eficaz es avanzar en la desinstitucionalización, reemplazando el modelo de macroinstituciones por el de acogimiento familiar alternativo.

Mientras tanto, afirma haber reforzado las medidas de seguridad mediante protocolos y planes de evacuación.

“En la actualidad no existe un modelo de macroinstitución, sino uno de pequeñas residencias que facilita la atención”, explicó la Secretaría, al subrayar que el personal es consciente de que “ningún niño sujeto a una medida de protección está privado de libertad, por lo que, en caso de un siniestro, se debe evacuar el inmueble salvaguardando la integridad y la vida de cada uno de ellos”.

“Ningún niño sujeto a una medida de protección está privado de libertad, por lo que, en caso de un siniestro, se debe evacuar el inmueble salvaguardando la integridad y la vida de cada uno de ellos”.

Secretaría de Bienestar Social

Rivera detalló que, según estándares de Naciones Unidas, cada hogar debería acoger como máximo a 10 menores y contar con un médico, un educador, un psicólogo y una persona de apoyo por grupo.

“El problema es que la agenda de la Secretaría se mueve entre dos desafíos: lo importante y lo urgente, y en el tratamiento de la niñez albergada todo es importante y urgente”, indicó.

Agregó que hace falta una planificación estratégica que permita una mejor coordinación entre las instituciones involucradas. Además, el país necesita con urgencia sistemas nacionales y municipales de protección.

Capacitación y metodologías

La SBS sostiene que ha fortalecido sus capacidades para atender a niños, niñas y adolescentes bajo protección, ante las críticas de organizaciones que señalan deficiencias en las especialidades del personal.

“Se han impartido importantes capacitaciones para la atención de los niños, niñas y adolescentes, mediante metodologías reconocidas, tales como la Intervención Relacional Basada en la Confianza (TBRI, por sus siglas en inglés), Comunidades Terapéuticas y otras, con personal certificado internacionalmente. También se trabaja con las Directrices Técnicas de Gestión de Casos para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Acogimiento Residencial, que establecen una clara metodología de atención”, afirmó la institución.

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PGN confirma que 62 menores rescatados de Lev Tahor permanecen bajo protección estatal

La PGN remitió 22 denuncias al MP por abusos contra menores en Lev Tahor. 68 niños fueron trasladados al extranjero y se identificaron 8 familias guatemaltecas vinculadas al grupo.

Sandy Pineda

8 de julio de 2025 | 00:04h

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Personal de la PGN rescata a menores el 20 de diciembre de 2024, durante la intervención en el campamento del grupo Lev Tahor, ubicado en una zona remota de Oratorio, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que 68 de los 160 niños, niñas y adolescentes rescatados por presuntos abusos de la secta ultraortodoxa Lev Tahor el 20 de diciembre de 2024 fueron trasladados al extranjero bajo el esquema de retorno asistido, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Canadá e Israel.

Además, 62 menores continúan bajo medidas de protección en Guatemala, distribuidos en 23 procesos judiciales activos. Las audiencias de verificación siguen en marcha, según explicó la jefa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, Lucrecia Prera.

“La solicitud de PGN ha sido clara: los progenitores no pueden ser considerados recurso familiar mientras no haya una desvinculación real del grupo y se demuestre que no representan un peligro”, puntualizó Prera.

En los casos donde familiares no vinculados a Lev Tahor han demostrado condiciones adecuadas, los jueces han autorizado reunificaciones.

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Nacidos en Guatemala

“El 80% de los niños nacieron en Guatemala, pero no tienen vínculos familiares ni entornos seguros aquí. Por eso se gestionaron mecanismos de protección en otros países”, señaló Prera.

Israel detalló ayer que ya repatrió a diez familias de la secta Lev Tahor, incluidas 20 niñas y niños trasladados desde Guatemala, con el objetivo de rehabilitarlos e integrarlos a la sociedad.

Los menores, calificados por autoridades israelíes como “supervivientes de la secta”, quedaron bajo custodia de uno de sus progenitores, según un comunicado de la Knéset.

Las autoridades educativas y de salud israelíes advirtieron que algunas familias rechazan apoyo psicológico para los menores, mientras intentan ubicarlos en el sistema escolar, en algunos casos en colegios ultraortodoxos sin plena supervisión estatal.

Otros 30 menores fueron reunificados en el país. 22 fueron restituidos a sus familias por orden judicial, mientras que 8 eran hijos de familias guatemaltecas que se habían integrado a Lev Tahor. En estos últimos casos, se recomendó que parientes cercanos no vinculados al grupo asumieran su cuidado.

“Identificamos ocho casos de familias guatemaltecas dentro del grupo. En esos casos no es posible hablar de retorno internacional, pero se propuso que sus propios familiares fungieran como recurso familiar”, explicó Prera.

La PGN insistió en que su trabajo se ha centrado exclusivamente en proteger a los menores:

“Nuestro enfoque ha sido garantizar la integridad y bienestar de la niñez. No juzgamos motivos religiosos o políticos, sino las condiciones objetivas de riesgo y vulneración de derechos.”

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PGN reitera que no hubo motivaciones religiosas

Ante señalamientos de que se trató de una persecución religiosa, la PGN reiteró que la intervención respondió a graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

“Se documentaron casos de castigos extremos, entrega forzada de menores a otras familias como sanción, y restricción alimentaria —en algunos casos, solo pan y agua— como forma de control”, reveló Prera.

Desde marzo de 2024 se intentó un abordaje preventivo, pero se negó el ingreso al personal de la PGN incluso con orden judicial. La intervención se dio tras la huida de varios adolescentes y nuevas denuncias en julio, lo que permitió el rescate de los 160 menores.

Lea también: Excavaciones y menores rescatados: los hallazgos que hizo el MP dentro de una comunidad de Lev Tahor

Expertas señalan estructuras de control dentro del grupo

Elena Ruiz, directora de Ciprodeni, alertó que el caso de Lev Tahor reproduce esquemas de violencia y control:

“La condicionante es doblegar a las personas que ingresan, en este caso a las ocho familias guatemaltecas, para que puedan replicar el modelo dentro de las familias que ellos también conocen o pueden influenciar.”

Además, advirtió que las prácticas del grupo contradicen abiertamente la legislación nacional: “Tienen prácticas fuera del marco social y legal. En Guatemala las uniones tempranas y los matrimonios forzados están prohibidos, y ellos han seguido reproduciendo esas prácticas entre adultos y adolescentes”.

Presentan 22 denuncias

La Procuraduría General de la Nación (PGN) remitió 22 denuncias al Ministerio Público (MP) por posibles violaciones a los derechos de la niñez cometidas dentro del grupo Lev Tahor, incluyendo vulneraciones al derecho a la salud, la integridad física y psicológica, y amenazas a menores de edad.

La Fiscalía contra la Trata de Personas investiga al grupo por abuso sexual, matrimonios y embarazos forzados, maltrato físico y psicológico, negligencia y trata de personas. Las denuncias se sustentan en testimonios de víctimas —como el de un adolescente obligado a casarse a los 13 años— y en evidencias recogidas en la finca de Oratorio, Santa Rosa, donde se documentaron condiciones insalubres y coercitivas.

Según explicó la jefa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, Lucrecia Prera, el caso fue abordado con evaluaciones técnicas y especializadas:

“Se coordinaron audiencias de verificación de medidas y se realizaron peritajes especializados, que incluyeron evaluaciones culturales por parte de antropólogos. Las conclusiones indicaron que cualquier miembro del grupo Lev Tahor representa un riesgo para la niñez y adolescencia.”

Debido a la resistencia de los adultos del grupo, el MP tuvo que gestionar más de 20 exhibiciones personales ante jueces de niñez. La investigación sigue en curso y busca establecer responsabilidades penales.

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Anahí Keller queda fuera del juicio por el Caso Hogar Seguro, tras amparo provisional otorgado por la CC

Anahí Keller es separada del juicio en el Caso Hogar Seguro luego de que la Corte de Constitucionalidad le otorgara un amparo provisional.   

Óscar García y Elmer Vargas

15 de mayo de 2025 | 10:53h

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Anahí Keller es separada del Caso Hogar Seguro. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Anahí Keller fue separada del juicio en el Caso Hogar Seguro luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgara un amparo provisional a su favor. Por tal motivo, la jueza Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia, en la audiencia de este jueves 15 de mayo, le ordenó abandonar la sala.

El abogado Francisco Gallardo, a cargo de la defensa de Keller, expuso lo resuelto por la CC. Indicó que, desde el inicio del debate, advirtió que había un sobreseimiento otorgado a su defendida en primera instancia y confirmado en segunda instancia.

Explicó que, posteriormente, en el desarrollo del debate en junio de 2024, también se advirtió del amparo, cuyos efectos son separar a Anahí Keller de este proceso, por el sobreseimiento dictado.

Dijo que le preocupa que, desde el inicio del debate, se advirtiera el beneficio a favor de Keller y se solicitara que se garantizara el debido proceso, también para las víctimas.

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Pidió que se ejecute lo notificado al juzgado por la CC y que Keller sea separada del debate oral y público.

La juzgadora indicó que, por lo resuelto por la CC, ese tribunal ya no puede conocer la situación jurídica de Keller en este proceso.

En declaraciones a la prensa, el abogado Gallardo explicó que el análisis en primera instancia estableció que no había ningún indicio que relacionara a Anahí Keller con la tragedia en el Hogar Seguro.

Para leer más: HRW califica el caso Hogar Seguro como “una vergüenza para Guatemala” y para la región

Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, había sido investigada por la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro ocurrido en marzo de 2017.

El caso de Keller estuvo entrampado por una serie de acciones legales hasta llegar a la CC.

Alertan sobre engaños en nombre de la PGN para obtener información sensible de menores

Estafadores se hacen pasar por personal de la PGN para obtener datos sensibles de familias y menores de edad. Suman cuatro los casos reportados.

Sandy Pineda

21 de mayo de 2024 | 18:03h

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La PGN advierte sobre falsos delegados que buscan obtener información confidencial bajo el pretexto de denuncias por vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. (Foto Prensa Libre: PGN)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha emitido una alerta sobre individuos que se están haciendo pasar por personal de esa institución, supuestamente encargados de casos relacionados con la niñez y adolescencia.

Estos sujetos están realizando visitas domiciliarias con el objetivo de obtener información confidencial y sensible de las personas, informó la PGN en un comunicado el 20 de mayo de 2024.

Estos impostores llegan a los domicilios identificándose falsamente como funcionarios de la PGN, y argumentan que existe una denuncia por vulneración de derechos de niñez y adolescencia.

Según los casos documentados, esta táctica ha provocado que los padres o encargados se sientan vulnerables y compartan información confidencial de ellos mismos y de sus hijos.

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Modus operandi y riesgos

El engaño ocurre cuando las personas, sintiéndose amenazadas, proporcionan datos personales.

Entre la información solicitada por estos estafadores se encuentra:

• Nombres de los niños o adolescentes.
• Números de teléfono.
• Número de documento de identificación.

La PGN explicó a Prensa Libre que al compartir cualquier dato, las víctimas ya están en riesgo, pues estos actos son perpetrados por “individuos inescrupulosos ajenos a la institución, con fines aún desconocidos”.

Denuncias y medidas de prevención

La institución informó que, hasta el momento, no se ha identificado un patrón común en cuanto a los lugares o situaciones específicas en las que se presentan estos fraudes.

Sin embargo, la “situación es preocupante” y la PGN ha recibido cuatro denuncias de este tipo en todo el país.

A pesar de que no se han registrado consecuencias graves en los casos conocidos, las investigaciones continúan.

Para prevenir estos fraudes, la PGN está llevando a cabo una campaña informativa a nivel nacional y departamental, socializando comunicados para alertar a la población.

La PGN asegura que ha establecido protocolos para verificar la identidad de su personal multidisciplinario.

Además, el personal legítimo estará identificado con:

• Chaleco institucional.
• Gafete oficial.
• Vehículo con logotipo de la PGN o piloto debidamente identificado.

Recomendaciones a la población

La PGN recomienda a la población que, en caso de duda sobre la autenticidad del personal que los visite, contacten al número 3758-7024 o a los números de turno de las Delegaciones Regionales disponibles en www.pgn.gob.gt.

Además, reitera que es crucial no proporcionar información personal a menos que se verifique la identidad de los visitantes.

#ComunicadoPGN | Cuidado, no se deje engañar. pic.twitter.com/LcgaJvTB2R

— PGN Guatemala (@PGNguatemala) May 20, 2024

La Sala Cuarta declaró improcedentes los recursos que contra una resolución de agosto de 2017, cuando el entonces juez Cuarto, Carlos Guerra, dictó el sobreseimiento de todos los delitos contra Keller.

El Ministerio Público y los querellantes adhesivos se opusieron a la resolución, pero este nuevo fallo confirma que Keller sería separada del caso.

A partir de esta resolución, se tendrán 15 días hábiles para plantear una acción legal contra la resolución emitida, a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal.

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Diversas acciones judiciales

El caso de Keller estuvo entrampado por una serie de acciones legales hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que concluyó que debía ser ligada a proceso, pero la defensa de la acusada apeló.

Luego, meses previo a que iniciara el juicio, previsto para julio 2022, se ordenó a la Sala de Apelaciones que emitiera una nueva resolución. Misma que, ahora la aparta del proceso.

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El pasado 8 de marzo de 2023, decenas de personas exigieron justicia para los 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron con lesiones graves a causa del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba bajo la tutela del Estado.

El siniestro ocurrió un 8 de marzo de 2017, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, razón por la que en esa fecha se acostumbra ahora a recordar a las víctimas.

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Diversas organizaciones de Mujeres y los abogados de las madres de las niñas, reclaman que existe un retardo en los proceso judiciales habiéndose suspendido en once ocasiones el inicio del juicio contra los presuntos responsables.

Una de las audiencias se suspendió por un problema técnico, debido a que no funcionaba una bocina en la sala.

Además, se notificó la ausencia de dos abogados defensores de los acusados y la jueza a cargo del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, dispuso separarlos del caso.

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Ante esta última acción, el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, recusó a la jueza y señaló que le negaba su derecho de defensa.

Ante el señalamiento contra la jueza Cifuentes, se suspendió entonces la última audiencia el pasado 7 de febrero de 2023.

La audiencia programada para este 7 de febrero se suspendió debido a que el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), recusó a la jueza Ingrid Cifuentes a cargo del Tribunal Séptimo Penal.

En la audiencia anterior del 26 de enero pasado, los abogados de Pérez Borja se ausentaron y la jueza decidió separarlos del proceso. Los dos defensores optaron por excusarse porque debían atender una audiencia de otro caso a la misma hora.

De la misma manera, el abogado defensor de Lucinda Marroquín Carillo, exsubinspectora de la PNC, se excusó por padecimientos de salud.

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Tanto Marroquín Carrillo, señalada de haber tenido en su poder la llave del salón que se incendió y no actuar de inmediato, junto a Pérez Borja, pidieron una “última oportunidad” para sus abogados, pero la jueza no accedió.

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Ante la decisión de Cifuentes, Pérez Borja la recusó este 7 de febrero y la señaló de negarle su derecho de defensa.

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Al presentarse este recurso legal, se suspendió por onceava ocasión la audiencia para iniciar el juicio por el caso Hogar Seguro.

En una audiencia previa fue una falla técnica en el sistema de audio que llevó a que se aplazara.

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Las familias han esperado ya casi seis años por justicia desde que ocurrió el incendio el 8 de marzo de 2017, que cobró la vida de 41 niñas y dejó 15 sobrevivientes.

Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Al inicio del audiencia la jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, explicó que recibió la excusas de los dos abogados defensores de Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC).

La jueza explicó que los abogados Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, defensores de Pérez Borja, notificaron el pasado miércoles 25 de enero por la tarde que asistirían a otra audiencia que estaba programada a la misma hora que el debate del caso Hogar Seguro.

De la misma manera, el abogado Héctor Paul Pineda defensor de la acusada Lucinda Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC, presentó una excusa por un tratamiento médico.

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“Todos estamos claros que se actúa de buena fe y debe haber lealtad procesal, pero llama la atención que un día antes se excusan”, crítico Edgar Pérez, abogado que representa a familias de las niñas fallecidas en el Hogar Seguro.

Los abogados de las familias víctimas pidieron nombrar a sustitutos o sancionar a los asesores legales que no asistieron.

Separa a los abogados del caso

Luego de analizar los memoriales que presentaron los abogados, la jueza Cifuentes decidió declarar el abandono de la representación a Pérez Borja y Marroquín Carrillo.

“Es mi decisión porque los memoriales no están justificados y no dieron tiempo de analizar, tampoco de notificar. La decisión ya ha sido tomada y pueden asignar sustituto y para que no vuelva a pasar se asignara abogados de la defensa pública”, aseveró la jueza Cifuentes.

Caso Hogar Seguro | El comienzo del juicio por la muerte de 41 menores en el Hogar Seguro se suspendió por onceava ocasión. La excusa fue interpuesta por ausencia de los abogados de Lucinda Marroquín ex subinspectora de la PNC y Luis Armando Pérez Borja. pic.twitter.com/MkDB95DE3W

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 26, 2023

Pérez Borja pidió a la jueza reconsiderar su decisión, pero Cifuentes le contestó: “es mi decisión”.

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Casi seis años después del incendio en la casa hogar a cargo del Estado, las familias de las 41 niñas fallecidas y de otras 15 sobrevivientes aún esperan por un veredicto sobre quienes son señalados como responsables del hecho.

El caso se envió a juicio desde febrero de 2019 y desde entonces se ha suspendido en 10 ocasiones el comienzo de ese debate.

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En cada una de las audiencia, los familiares de las niñas han asistido. En cada ocasión acuden a un sala de audiencias ven abogados, fiscales y jueces, pero se repite la suspensión.

En la sesión anterior se trató de una falla en el sistema de audio, un defecto técnico que volvió a retrasar el inicio del debate.

Otto Rivera, secretario ejecutivo de Ciprodeni, calificó de preocupante la situación a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Guatemala, donde hasta septiembre del año pasado se habían reportado 453 asesinatos de menores.

“Lamentablemente no es con el cambio de calendario que la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cambie positivamente, comentó Rivera.

Además, detalló que “cerramos el 2022 con un nuevo boletín de análisis sobre los indicadores de sus derechos y nos atrevemos a decir que la deuda del Estado con las niñas, niños y adolescentes en relación con sus derechos sigue siendo total, cuales quiera de los derechos que se quiera abordar la deuda sigue siendo completa”.

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También dijo que “hasta septiembre del año pasado y principios de octubre eran 453 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”.

Destacó que “en este país cada dos días se asesina a una niña, un niño o un adolescente” y reiteró que “las principales vías por las cuales se les quita la vida son con arma de fuego, que afecta primordialmente a los adolescentes hombres, estrangulamiento, ahorcadura y arma blanca”.

Rivera señaló que también hay lesiones compatibles con el tema de maltrato como “violencia intrafamiliar y violencia comunitaria”.

También enfatizó que “el 60 por ciento de los casos del año pasado se ejercieron en contra de niñas y adolescentes”.

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El activista también dio que de acuerdo con el análisis del sistema de Alerta Alba Keneth, hasta principios de octubre se había registrado seis mil cinco activaciones, lo que “nos preocupa porque antes de la pandemia la alerta se activaba 15 veces al días, durante la pandemia 17 veces diarias, pero en 2022 fueron 20 veces diarias.

“De cada 10 casos de desapariciones siete eran adolescentes mujeres y niñas”, refirió Rivera.

Agregó que, en 2022, el 65 % de las activaciones de desaparición las niñas, niños y adolescentes aparecieron con vida, “pero hay un porcentaje importante que siguen sin aparecer y otros aparecieron sin vida”.

Embarazos

Otro aspecto que le causa preocupación a Rivera es la alta incidencia de embarazos en menores.

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“En 2022 hubo seis embarazados infantiles (de 10 a 14 años) al día y 12 embarazos adolescentes (de 15 a menos de 18 años) cada hora.

“La preocupación es que no es que de un año a otro vaya a cambiar la situación si no hay una acción políticamente intencionada para que esto mejore”, dijo Rivera, quien hace las siguientes propuestas para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.

• El país necesita urgente un verdadero sistema nacional de protección y garantía de derechos
• Necesitamos sistemas municipales de prevención de la violencia
• Verdaderos entornos protectores
• Abrir espacios de participación para niños con voz y voto

La unidad de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) contabilizó en esos 12 meses la detención de 60 mil 780 niños, niñas y adolescentes no acompañados que migraron desde Guatemala, dos mil más que en el año fiscal 2021, un promedio mensual de cinco mil 65 y de 168 al día.

La migración de menores guatemaltecos que viajan solos a EE. UU. se ha incrementado abruptamente desde hace 10 años. En 2012, según reportes históricos de la CBP, fueron interceptados tres mil 314.

Dos años más tarde la cifra había alcanzado ya las 16 mil 404 detenciones. En cinco años la migración creció paulatinamente y en 2019 se estableció un récord de 30 mil 996 menores interceptados. La pandemia y los encierros provocó una caída de estas cifras en 2020, pero se reactivó con más fuerza los siguientes dos años, con cifras que duplicaron a la del 2019.

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El incremento de la migración de menores guatemaltecos ha alcanzado tal magnitud que en 10 años el aumento fue de mil 734 por ciento. Mientras que el promedio mensual pasó en ese lapso de 276 a más de cinco mil.

El aumento se dio a pesar de que el número general de guatemaltecos detenidos por la CBP cayó 18% al final del año fiscal 2022.

¿Qué ha pasado?

Conocedores del tema migratorio coinciden en que son varias causas las que motivan la migración, pero la más importante es la económica. Detrás de esta se cuentan factores como la violencia, la falta de servicios básicos del Estado y la reunificación familiar.

Asimismo, consideran que gran parte de la responsabilidad la ha tenido el Estado que no ha sido capaz de propiciar condiciones de desarrollo para que los menores y sus familias no sientan la necesidad de migrar al verse tentados por las historias de éxito que familiares o conocidos cuentan una vez establecidos en EE. UU. y que ahora son más fáciles de difundir a través de las redes sociales.

La situación para la niñez guatemalteca no es la mejor. Algunos indicadores no han mejorado en una década.

La pobreza, por ejemplo, se ha mantenido cercana al 50%. Según estimaciones del Banco Mundial, luego del golpe que supuso la pandemia, esta pasó del 47.8% al 52.4%. Para 2022 habría aumentado dos o tres veces más, según un informe actualizado en octubre pasado.

Esta pobreza repercute en la desnutrición, mal del que la niñez guatemalteca padece y cuyos números no se reducen pese a grandes planes que han anunciado gobiernos recientes, desde Hambre Cero, del Partido Patriota, hasta la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de Alejandro Giammattei.

Estos programas han gastado millones de quetzales con escasos resultados mientras el número de cinco de cada 10 niños con desnutrición crónica persiste, cifra que sube a ocho y hasta nueve por cada 10 en varios municipios del altiplano occidental.

Un informe de la Coordinadora Institucional de Protección por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) detalla que solo este año, de enero a septiembre, se detectaron 125 mil 349 nuevos casos de desnutrición crónica y 19 mil 547 de desnutrición aguda, de los cuales 24 fallecieron de hambre.

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Educación y violencia

Los indicadores de educación también han retrocedido.

El informe Atlas nacional de la situación de la niñez y adolescencia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2021 detalla que hay varios municipios en donde uno de cada dos menores de 3 a 17 años no asiste a la escuela.

La pandemia agravó la situación.

Un reporte del Ministerio de Educación (Mineduc) precisa que el número de adolescentes que se inscribieron en básico disminuyó en cuatro años y pasó de 805 mil 77 estudiantes, en 2018, a 687 mil 61 en 2022. En diversificado la caída de la matriculación cayó, en el mismo periodo, de 422 mil 134 a 351 mil 985.

Además, según números dados a conocer por el Mineduc, cerca de 187 mil niños y adolescentes que se inscribieron en un centro educativo en el 2021 no concluyeron el ciclo escolar, un aumento del 71.6% con relación al 2020.

La situación es peor en la secundaria. El 82.2% de estudiantes de ese nivel que perdió el ciclo escolar en el 2020 se retiró definitivamente del sistema educativo, un total de 120 mil 486 que no alcanzaron el nivel de desempeño requerido para el grado.

Asimismo, la violencia no cesa. De enero a octubre pasado se registraban 895 casos en los cuales evaluaciones forenses evidenciaban signos de maltrato a menores de edad. De igual forma las alertas por desapariciones han pasado de 15 diarias, antes de la pandemia, a 20, en 2022.

En cuanto a la violencia homicida, de enero a septiembre de este año, se contabilizaban 453 asesinatos de menores, 78% hombres. Además, se estima que cada día 40 niños, niñas y adolescentes quedan huérfanos a causa de la criminalidad.

Niñez no es prioridad

El director ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera, afirma que las cifras generales demuestran que “la niñez no constituye una prioridad para el Estado”. Llamó a la clase política a incluir en sus planes de gobierno un eje estratégico que aborde las causas estructurales que originan la migración.

A propósito de la campaña electoral que está por comenzar, lamentó que “cada cuatro años —los políticos—abrazan y besan a los niños y niñas, pero quien resulta electo ya ni los voltea a ver”.

Asimismo, señaló que, según un análisis efectuado por Ciprodeni, el Estado solo invierte Q5 al día para proteger los derechos de la niñez. “Este es un Estado que no le apuesta a sus niños, niñas y adolescentes y si no se crea un verdadero sistema de protección van a seguir yéndose”, advirtió.

En ese sentido, un informe del 2020 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) calificó de “raquíticas” las inversiones que hace el Estado a favor de la niñez y adolescencia que del 2015 al 2019 apenas superó el 3.5% del producto interno bruto (PIB), cifra que “resulta a todas luces insuficiente”.

Asimismo, detalla Icefi, entre 2017 y 2019 la inversión para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con niñez y adolescencia rondó entre un 3% y 3.2% del PIB, es decir que, de cada quetzal producido en el país menos de cuatro centavos se destinaron a este fin.

Ochoa Solís era juez titular del Juzgado de la Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, de Huehuetenango.

De acuerdo con los reportes, el togado se encontraba celebrando una audiencia de un menor de edad en esa localidad cuando comenzó a sentirse mal.

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Alarmados, sus compañeros llamaron a personal médico para que le efectuaran una revisión, tras haberse desvanecido.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, falleció dentro de la sala. 

El Ministerio Público informó este miércoles a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que se certificó que la muerte del juez fue por un paro cardíaco. 

El Organismo Judicial publicó una esquela en la que le da el pésame a la familia del juez, originario de San Marcos y que llevaba más de una década de laborar en ese juzgado. 

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Ochoa Solís, con gran experiencia en el tema, brindó en enero de 2016 una entrevista a Prensa Libre en la que expresaba que los jóvenes y adolescentes delinquían por falta de atención.

“Es necesario que reciban orientación en el hogar, la  escuela y  en la iglesia”, expresó.

La Policía Nacional Civil confirmó el caso y detalló que buscaron al menor de edad en varias cantinas de Coatepeque, pero no fue posible localizarlo.

Sin embargo, posteriormente, Noé Gómez, vecino de la familia afectada y ayudó a localizar al menor.

Gómez contó cómo ocurrieron los hechos: “Eliseo Joel Rivera y su hijo Andy Joel, salieron del caserío – El Porvenir –, Colomba a Coatepeque. Él iba a comprarle ropa al niño, pero allá se encontró con otras personas y se puso a beber”.

Según el relato, en Coatepeque otro vecino de la comunidad observó a Rivera ebrio y junto él estaba el pequeño. El testigo llamó a la familia y les contó lo que vio.

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La madre de menor de edad entró en crisis al conocer la información y solicitó a una vecina denunciar el caso a la PNC.

Posteriormente Gómez contó que, en horas de la noche, el padre y su hijo fueron localizados en Quetzaltenango donde familiares fueron a recogerlos.

“Eliseo contó que se puso a beber con unas personas en Coatepeque, que le compró un carro a Andy y que no se acuerda de nada; cuando despertó, él y su hijo estaban en Xela. Llamó a la familia para avisarles”, dijo Gómez.

Durante la madrugada agentes de la Policía Nacional Civil llegaron hasta El Porvenir. “Se llevaron al padre y al niño a Coatepeque a un Juzgado”, explicó la fuente.

La mitad de la población menor de cinco años tiene retraso de crecimiento, hay más de 20 mil casos de malnutrición aguda, y, en el otro extremo, el 4.9 por ciento tiene sobrepeso. Los más afectados son quienes están en áreas rurales y son indígenas. En materia educativa la desventaja también es evidente, el 40 por ciento de los niños no tienen acceso a educación prescolar, la tasa neta de educación primaria es del 49 por ciento, y en la secundaria se reduce al 26 por ciento, pero una vez más, se excluye al alumnado y comunidades pobres.

Es una realidad que está allí, que debe ser atendida cuanto antes para aprovechar ese bono demográfico en bien del desarrollo del país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) invertirá US$56 millones en el país durante el período 2022-2025, en programas de salud y nutrición, Educación, protección de la infancia, agua, saneamiento e higiene. Carlos Carrera representante del organismo internacional para Guatemala da claridad del trabajo que realizarán.

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¿Por qué Unicef sigue invirtiendo en Guatemala en temas de niñez y adolescencia?

En septiembre fue aprobado nuestro plan de cooperación al país para el ciclo 2022-2025. Unicef tiene como mandato apoyar a los países en el cumplimiento progresivo de derechos de los niños.

Llevamos 70 años en Guatemala y hay avances, pero quedan retos grandes. Estamos comprometidos con la organización pública, con la sociedad en su conjunto, para avanzar en esos temas.

Los temas que se contemplan en el plan tienen un enfoque especial en la primera infancia y en la adolescencia ¿cuál es la razón?

Científicamente sabemos que el desarrollo cerebral es más intenso durante estas dos etapas de la vida: primera infancia y adolescencia.

Vimos que hay mayor necesidad de oportunidades en estos períodos, las brechas de apoyo son mayores. En la primera infancia hay poca oferta de estimulación temprana o de apoyo a los padres para que mejoren las prácticas de crianza. Se lanzó hace unos años el programa Acompáñame a crecer que todavía tiene cobertura limitada, es una oportunidad de expandir el programa en los próximos años.

Otro aspecto crítico en la primera infancia es la desnutrición crónica, que impacta todo el potencial -desarrollo físico, mental e intelectual- del niño o niña.

La adolescencia es un período especial de desarrollo del cuerpo, del cerebro, y, sin embargo, en el país es un período en el cual hay limitada oportunidades, como educación -baja cobertura en nivel secundario y diversificado-.

Allí es cuando vemos grandes diferencias entre las áreas rurales y urbanas, indígenas con no indígenas, niñas, niños y adolescentes, que mientras se tienen niveles similares de cobertura en la primaria, en la secundaria comienzan las brechas.

En formación para el trabajo también hay pocas oportunidades, como limitadas oportunidades de participación cívica, social y deportiva. También la exposición a la violencia, abuso, embarazo adolescente. Tenemos (en el programa) este transversal en la prevención de la violencia y los abusos en todas sus formas.

Es un cambio social que hay que hacer, ver a la infancia de otra manera, ver ese tesoro, esa oportunidad histórica, porque este es un momento único, el bono demográfico que solo se da una vez en la historia de cada país.

¿Los indicadores que rodean a la niñez y a la adolescencia en Guatemala, pasan por la poca inversión que se hace en este grupo poblacional?

Es ahora cuando hay que invertir, hacerlo de manera inteligente, eficiente, equitativa, priorizando a los grupos más desfavorecidos, y romper ese círculo vicioso del subdesarrollo, de la inequidad, de la pobreza. Si damos oportunidades de desarrollo, especialmente a niños y a niñas de zonas rurales, de zonas urbano- vulnerables, con toda seguridad van a alcanzar todo su potencial y tendrán una contribución más rica a la sociedad como trabajadores, como empresarios, como lideres sociales, padres de familia. Es una oportunidad histórica de trasformar a Guatemala en una sola generación.

Cómo país ¿hemos hecho lo suficiente en lo que se refiere a la inversión?

Para ser justos, no es solo una cuestión de inversión en la infancia y en la adolescencia, sino tiene que ver con el tamaño del Estado, con la capacidad de recaudación de recursos que es bastante baja, aproximadamente, el Estado recauda el 10 por ciento de PIB cada año para luego invertirlo en servicios público, es el porcentaje más bajo de toda América Latina.

El Estado en su conjunto necesita replantearse, revisar el modelo que tenemos de fiscalidad, de recaudación de impuestos, para obtener los suficientes recursos e invertir en la infancia, como una prioridad que creemos es crítica, histórica y estratégica, pero también invertir en la seguridad, en infraestructura, y otras áreas.

Si bien la inversión que el país hace en niñez y adolescencia es baja ¿ha llegado a dónde tiene que llegar?  

Hay inversiones que sí son equitativas, que favorecen a las etapas más desfavorecidas, por ejemplo, la inversión en educación primaria, el programa Acompáñame a crecer que prioriza a las poblaciones rurales, indígenas, los servicios de salud más básicos de atención primaria a nivel comunitario, que generalmente favorece un poco más a los grupos más desfavorecidos que a los ricos. Sin embargo, hay otro tipo de inversiones, educación secundaria y terciaria, salud hospitalaria, que favorecen más a grupos urbanos.

Nuestro llamado es focalizar más inversión en el primer nivel de atención en salud, eso significa mayor presencia del Estado, del Ministerio de Salud, con más puestos de salud, más personal. Que no sean las comunidades las que vengan al Sistema de Salud, sino que el Sistema de Salud esté presente en las comunidades.

En el sistema educativo hay que aumentar la presencia de la educación preescolar, y educación inicial.  El programa (Acompáñame a crecer) tiene una cobertura pequeña, 500 centros comunitarios. Hay que llegar a un número mayor, porque si hay 30 mil escuelas en el país, necesitaríamos un número similar de centros de desarrollo infantil. Igualmente es una inversión en modelos educativos para los adolescentes que sean adaptados a la realidad de la población rural, indígena, urbano vulnerable, que sean modalidades flexibles.

El programa de Unicef también apuesta por la protección social.

Hay evidencia científica regional y mundial de que los sistemas de protección, los programas de transferencia de efectivo a las familias más pobres y vulnerables tienen un impacto en el corto plazo de sacarlos de la pobreza extrema, pero en el medio plazo esas familias reinvierten muy bien esos recursos en nutrición, educación, en inversiones productivas que mejoren los ingresos.

Si se mantienen las transferencias de efectivo a una familia pobre durante un período suficiente, la evidencia científica no es que genere dependencia sino todo lo contrario, logra que esa familia salga de la pobreza por sus propios medios.

Es necesario que en Guatemala exista un sistema de protección social que apoye a las familias más pobres y vulnerables especialmente con menores de cinco años, un grupo crítico con altas tasas de desnutrición crónica, debido en parte a esa la falta de ingresos, inseguridad alimentaria, acceso a agua y saneamiento. La gran Cruzada Nacional por la Nutrición recoge estos elementos.

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En Guatemala el 44 por ciento de la niñez es indígena, ¿enfocarse en ellos es vital para poder avanzar en esta agenda de país?

Es imprescindible que se priorice a los niños, niñas y adolescentes indígenas por razones obvias, los indicadores sociales de malnutrición, de cobertura escolar, de pobreza, de embarazo adolescente, acceso al agua y a los servicios en general, son más altos en estos grupos que en el resto del país.

Por cuestión de equidad hay que dar prioridad a estos grupos, pero no es solamente cuestión de dónde, hacia quién y en qué servicios invertir, sino cómo lo hacemos, y hay que hacerlo de una manera respetuosa y adaptada a la realidad cultural, lingüística, histórica de cada pueblo, de cada comunidad. Es el Estado el que tienen que adaptarse a las comunidades y no las comunidades al Estado.

Tras casi dos años de pandemia, ¿cuáles serán los retos para poner en marcha el programa que plantea Unicef?

La pandemia ha traído muchos retos y dificultades, aprendizajes, que tenemos que aprovechar. Entre los retos en la niñez el principal es la interrupción de las clases presenciales. Sabemos que habrá un impacto en el atraso de los aprendizajes, además, hay otros potenciales impactos como la probabilidad de abandono escolar, sobre todo en la adolescencia.

Las escuelas además del rol pedagógico tienen un papel de protección de los niños y de socialización, que mejoran el estado emocional y la salud mental, sus habilidades sociales se están perdiendo, mayor riesgo de violencia, esto nos preocupa.

Hay impacto en la economía de los hogares, el año pasado el gobierno puso en marcha el programa de bono familia, que apoyamos.

El peor momento pasó y continúa una situación complicada para muchas familias, que se agravó con otros fenómenos como Eta e Iota. Consideramos que es importante que el Estado amplie y fortalezca los programas de protección social, transferencias de efectivo, para mitigar los impactos de la pandemia y de otros fenómenos que se dan, que estas familias puedan generar capital humano, tener resiliencia frente a futuros choques ambientales o de crisis de salud como esta, y que tengan capacidad de tener sus propios ingresos y mejor desarrollo.

¿Cómo garantizar que las propuestas que presentan lleguen a la población más necesitada?

Hemos llamado a poner a los niños de primero, no solamente porque seamos Unicef sino porque estamos seguros de que es esencial para mantener el bienestar y el futuro del país. Se necesita ese compromiso, voluntad política del Ejecutivo, pero también de poderes claves como el Legislativo, para apoyar con iniciativas legislativas, con el diseño del presupuesto que de financiamiento a programas de primera infancia, de adolescencia, protección social, salud, educación, nutrición.

Como Unicef estamos apoyando al Ministerio de Finanzas, a Segeplan, en diseñar la implementación de la Gran Cruzada por la Nutrición. Es una excelente estrategia, pero lo que necesita es cómo concretar las ideas, qué más hacer o diferente a lo que venimos haciendo. Apoyando en ese proceso técnico, definir esas actividades, cuánto recurso humanos y material requiere, cuánto es la inversión del Estado, y acompañarlos en buscar los recursos.

¿A cuánto asciende el apoyo que Unicef darán al país en estos cuatro años?

Nuestra proyección es de US$56 millones, una parte va en atención directa a la puesta en marcha de programas, de servicios. Buena parte va a fortalecer al propio Estado, fortalecer las capacidades a nivel central, poder legislativo, poder judicial, a los gobiernos locales, municipales, para que cumplan su rol y obligación de promover, respetar y hacer cumplir los derechos de la infancia.

¿Cómo visualizan a Guatemala para el 2025 tras este apoyo?

Hay que ser realista, no todos los problemas históricos del país se pueden solucionar de un plumazo, pero consideramos que se pueden hacer cambios sustanciales en cuatro años.

Por ejemplo, se puede aumentar de manera radical la cobertura de los servicios de educación de primera infancia, consolidar una estrategia de Estado en la lucha contra la desnutrición crónica, los pilares están den la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, vamos a apoyar a que haya claridad en qué responsabilidades tiene cada institución, cuánto recurso requieren.

Si logramos tener claridad en eso, y compromiso de todos los actores sociales, aunque haya cambio de gobierno, el siguiente apoyará la política de Estado, eso sería un gran paso adelante en la lucha contra la desnutrición crónica, y se pude ver una mejora sustantiva en cuatro o cinco años.

También es posible que haya una reforma fiscal, que como país se discuta sobre el modelo de Estado que se requiere y cuáles son esos servicios públicos que tienen que ser universales y de calidad.

El sistema de justicia y de protección puede mejorar y que todos los municipios del país pueden dotarse de sistemas de desarrollo de protección de la infancia.

Puede haber avances en el acceso de agua y saneamiento porque parte de la inversión pueden hacerla los municipios y las familias en las comunidades.  No hay que esperar que el Estado venga a solucionarlo, sino es más de sensibilizar y apoyar a las familias y las comunidades para que inviertan sus propios recursos.

Son cambios factibles. Guatemala tiene los recursos, la capacidad, la creatividad, es de decidir hacerlo y ponerlo en marcha.

En 18 meses de pandemia, Guatemala ha registrado, según los datos oficiales, la muerte de 13 mil 564 personas a causa del covid-19, muchos de ellos eran madres y padres de familia que dejaron en la orfandad a miles de niños.

Aunque aún no se tiene un número exacto de cuántos niños quedaron a la deriva, el Imperial College de London hizo una aproximación sobre esta cruda realidad. Según un estudio que hicieron a nivel global y donde incluyeron a Guatemala, estiman que alrededor de 11 mil 500 niños y niñas perdieron a uno de sus padres debido a la gravedad del covid-19.

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Otto Rivera, director del Observatorio de los Derechos de la Niñez, comentó que el número es preocupante y precisó que hay casos en que los niños perdieron a sus dos padres, quedando bajo el cuidado de sus abuelos o tíos. De esta forma, la pandemia ha vulnerado más a la niñez y es un tema, indica, que aún no ha llamado la atención de las autoridades competentes que deben velar por el cuidado de los menores de edad.

“Guatemala necesita un sistema nacional de protección integral y garantía de derechos de las niñas y niños. Si no había una institución responsable antes, ¿quién se va hacer cargo hoy de la protección de la niñez que ha perdido a sus referentes parentales por la pandemia?”, expresó.

Alejandra Astorga, magister en psicopedagogía y neuroaprendizaje, señaló que la pandemia está afectando la salud mental de todos, pero principalmente en los niños quienes se han tenido que enfrentar a una edad muy temprana a conceptos como la muerte y el duelo.

“No es que la pandemia haya inventado la muerte pero esta situación nos llevó a enfrentar perdidas de familiares, amigos, conocidos, el tema de la muerte pareciera que es parte de la cotidianidad en este momento, es algo que ocurre con frecuencia y esto genera muchas ansiedad y temores, sino se trabaja un proceso de acompañamiento vamos a detener a futuro a personas con vínculos afectivos y sociales lastimados”, explicó.

Ante esta situación, Astorga añadió que es importante escuchar a los niños, darles la importancia que se merecen, tomarlos en serio y dejar de lado cualquier tipo de prejuicio que limite la expresión de las emociones.

“A veces los adultos tienen poca comprensión con los niños, tienen que darles un espacio para que se puedan expresar y decir cómo se sienten, también hay algunos ejercicios emergentes como escribir una carta a la persona que ya no está, preguntarle qué es lo más extraña y que les gustaba compartir con ellos, pero algo muy importante es dejar llorar, quitar el estigma que los niños no lloran o porque no lo van a dejar descansar, es necesario llorar”, concluyó.

Más desafíos

Pero la pandemia no es el única barrera a la que se enfrentan los niños, ya que el país tiene problemas históricos de desigualdad y pobreza que ha dejado a esta población en precarias situaciones.

Aunque la inversión pública destinada a niñez y adolescencia ha aumentado del 2015 a la fecha, esto es insuficiente y hay programas esenciales que se han descuido y que muchos tienen que ver con salud en un año crítico donde muchos niños y adolescentes se han visto abandonados en la atención integral más allá de la pandemia.

Según el Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA) el 78% de esta inversión es ejecutada por el Ministerio de Educación, sin embargo, esto no se refiere a que los niños tengan solventadas sus necesidades educativas ya que dentro de los programas con mayor recorte en sus asignaciones hasta julio 2021 fueron el de la educación escolar primaria, con una reducción de Q160 millones.

Mientras el Ejecutivo se preocupaba por obtener más recursos para la atención de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recortó Q40.2 millones del programa de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la desnutrición crónica y también disminuyó Q11.1 millones para la prevención de la mortalidad materno y neonatal.

Según cálculos de este observatorio trabajados por Save the children y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el estado invierte por cada niño recibe diariamente Q9.59, algo insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

“El año pasado se quitaron recursos al Ministerio de Salud para aplicarnos al tema covid, principalmente para poder atender la ventana de los mil días, invertir en la desnutrición, micronutrientes y otros tipos de vacunas, este último tema se ha descuidado y estamos dejando brechas muy importantes que nos van a afectar a mediano y a largo plazo en enfermedades que ya estaban erradicadas o controladas”, dijo Miguel López, director de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi).

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Bajo los golpes

Una de las principales recomendaciones para combatir la pandemia sigue siendo no salir de casa, lo que se traduce a un confinamiento que ha sido aprovechado por los agresores de niñas y mujeres.

“Seguimos encontrando una gran cantidad de violencia física y sexual, hay muchos niños desaparecidos, nuestros datos contabilizan arriba de 5 mil las alertas Alba/Keneth, principalmente niñas; hasta agosto la violencia sexual iba arriba de 3 mil casos, datos de otras organizaciones señalan a la fecha hasta más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes, lo que menos se ve es un compromiso del Gobierno”, refirió López.

Cualquier tipo de violencia; física, psicológica y sexual, es la constante para los menores de edad en donde resalta la nula respuesta del Estado para la debida aplicación de políticas públicas.

“Los datos de violencia de niños desaparecidos se mantienen en un alza constante, esto quiere decir que tenemos que cambiar lo que llamamos como un sistema de protección para la niñez. Cualquier dimensión que queramos analizar alrededor de la niñez vamos a detectar serios problemas”, señaló por su parte Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez.

¿Educación a distancia?

Desde hace un año y medio la pandemia del covid-19 ha impactado Guatemala, en el sistema educativo frenó de tajo las actividades académicas haciendo que la nueva forma de acceder a la educación sea a través de una computadora o un teléfono con acceso a internet.

Esta nueva metodología de clases es un alto a los deseos de superación que tienen los niños de escasos recursos, y cuyos padres no tienen los medios para acceder a ese tipo de herramientas tecnológicas.

“El contexto de la pandemia vino a complejizar y a retroceder más en los derechos de la niñez. No tenemos datos viables para saber cuántos niños han desertado del sistema educativo, si el año pasado la deserción fue grande este año será mayor, aunque exista disponibilidad de los centros para dar clases virtuales no todas las familias tienen los recursos para acceder a esa tecnología”, dijo Dubón.

Una madre sostiene a su niña de 2 años en la Palmilla, Camotán, en el denominado “Corredor Seco” del territorio, donde se acumula el hambre para miles de familias guatemaltecas de escasos recursos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aunque el acuerdo que le da vida a la política fue publicado en el Diario de Centro América, aún no se han dado a conocer los lineamientos, los objetivos general y específicos, y tampoco las estrategias de cómo será implementada, lo cual genera en algunas organizaciones dudas en la manera en que se armó ese documento.

Prensa Libre tuvo acceso a un resumen ejecutivo de la política, en donde se explica el marco estratégico, que se enfoca en la protección a la vida y familia como problema público y la debilidad que existe en las instituciones para atender las necesidades inmediatas de los derechos individuales y sociales de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

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Además, enumera no menos de 10 lineamientos y su ejecución por medio de programas sociales que existen, y los cuales están a cargo de diversos ministerios, como el de Desarrollo, Salud y Educación. En la política también se establecen metas para el desarrollo social de las familias, que tienen que ser cumplidas en una década.

Participación sin voz

Durante la discusión de esta política, Gobernación tuvo acercamientos con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer ese instrumento, entre las cuales están Refugio de la Niñez, Asociación Somos y el Observatorio de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, explicó que participaron en una reunión a la que fueron invitados como organización, pero durante el evento no les dieron a conocer de forma total la política y sus lineamientos, por lo que solo discutieron información general de la situación de las familias en el país.

“Planteamos que nos enviaran los insumos para hacer nuestro análisis y planteamiento, pero a la fecha no hemos recibido los insumos ofrecidos en el Ministerio de Gobernación. Estamos a la espera de que nos los hagan llegar”, dijo.

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Otto Rivera, director de Ciprodeni, explicó que la organización también quedó a la espera de datos que Gobernación les compartiría para conocer cuestiones más específicas. “Hasta que no conozcamos el documento, nuestra postura será advertir nuestras preocupaciones”, dijo.

Rivera cuestionó por qué Gobernación fue el ente rector para afinar los detalles de la política, lo que podría sobreentenderse en que va direccionada a seguridad ciudadana y no tendrá un enfoque basado en derechos humanos.

“Tiene una visión reduccionista sobre la familia guatemalteca, y me da la sensación de que va dirigida con enfoque de seguridad ciudadana. Debería tener un enfoque más global sobre los derechos humanos, tomando en cuenta la diversidad de familias que existen en el país”, cuestionó.

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Sin información

Tanto Ciprodeni como Refugio de la Niñez concuerdan en que se debería hacer pública la política para saber las implicaciones del documento, lo cual genera muchos cuestionamientos. “Nuestra preocupación es que el Gobierno diga que consultaron a sociedad civil para la aprobación de la política, cuando esto no es cierto”, afirmó Rivera.

Mientras que para Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, explicó que la ciudadanía necesita conocer las políticas públicas que se formulan a su favor, y agregó que aunque fue desarrollada por el Estado, debe ser consensuada con los sectores y sociedad civil que están impulsando proyectos en los temas relacionados.

“Tenemos derecho a conocerla, a cuestionarla o aprobarla. Si está muy buena, ojalá que así sea, no habría ningún problema en esconderla. ¿Por qué la esconden? Es una pregunta que lo hace un objeto de cuestionamiento, porque lo que está bien hecho no se esconde”, advirtió Escobar.

Para Dubón, esta política, aunque no la conoce, debe tener un mecanismo de evaluación y de rendición de cuentas claro, porque estará involucrada con programas de ministerios, y bien se sabe que no hay ningún ente que los supervise, por lo que no generan el impacto que esperan.

Lineamientos

El resumen ejecutivo señala que la política tiene como objetivo general la garantía de protección social a la familia por medio de armonización y optimización de las intervenciones institucionales. Mientras que, como objetivos específicos, se propone institucionalizar un sistema de protección a la familia a través de los mecanismos que otorga el Estado desde la Constitución, las leyes ordinarias y reglamentos.

También indica que desarrollarán estrategias desde las instituciones de protección a la familia para fomentar su desarrollo, así como también gestionarán las capacidades del Estado para protegerlos por medio de programas.

Señala tres ejes estratégicos: ejercicio de libertades y realización de derechos para la calidad de vida de las familias, atención integral durante el ciclo de vida para el desarrollo y acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades.

El mencionado resumen señala al menos 10 lineamientos para desarrollar la estrategia, entre los cuales resaltan propiciar condiciones de equidad e inclusión para construir proyectos de vida individuales y colectivos para la familia; garantizar la planificación consciente, segura y voluntaria; asegurar que las familias tengan acceso a servicios durante la etapa prenatal y primera infancia a través de programas sociales.

Además, se proponen que para el 2022 el 25% de mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad estarán fuera del sistema de protección social a la familia, porque podrán acceder a servicios básicos como salud, educación, nutrición, empleo y prevención de la violencia.

Lo ocurrido obliga analizar cómo funcionan los modelos de protección de la niñez en el país y los cambios que se hace urgente realizar.

Octavio Enríquez fue director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y ahora es gerente de incidencia de la organización Save The Children.

¿Qué está funcionando mal en los hogares de protección?

El acogimiento residencial que es el que conocemos con los hogares es un modelo que no funciona para la mayoría de casos que están atendiendo, no es el adecuado y es una alternativa equivocada para el cuidado de los niños que tienen que ser separados de su grupo familiar. El problema es que tenemos una sobreoferta de servicios de acogimiento residencial que se vuelve la única opción ante situaciones de violencia que sufren niñas  y niños y no se están trabajando otras opciones que podrían ser las adecuadas donde el niño no debe estar encerrado.

¿A qué se debe esa sobreoferta de servicios de acogimiento que usted menciona?

Primero es un factor histórico. Por mucho tiempo en el mundo se consideró que el acogimiento residencial era una muy buena opción y se fomentó, pero eso cambió. En Europa fue abolido en el siglo pasado y en muchos lugares también. Pero en Guatemala estamos muy rezagados y aún no ha dado el cambio de paradigma. Ahora, aunque la evidencia es abundante de que tenemos que hacer el cambio nos quedamos en esa idea, nuestras leyes, las prácticas judiciales y la Procuraduría General de la Nación como encargada de la investigación lo refuerzan.

También hay un factor que podemos decirle de conveniencia y es que como el modelo ya tiene tanto tiempo de estarse utilizando en Guatemala puede proveer bienestar y conveniencia a quien lo aplica porque es atractivo para la captación de la caridad internacional, aquí estamos hablando de los hogares privados.

¿Cuál es el incentivo que tienen las casas hogares privadas para funcionar?

Las casas privadas en Guatemala no reciben fondos públicos, en otros países sí. Pero aquí viven, se gestionan y se mantienen exclusivamente de cooperación internacional generalmente ligadas a redes de iglesias que apoyan estos servicios. No podemos generalizar, pero muchas son fuente de empleo para los adultos y el dinero se invierte más en el funcionamiento que en el cuidado de los niños. Pero la debilidad más fuerte es que el Estado no está financiando estas casas ni controlando cómo son financiadas. El modelo requiere una transformación sistémica, por ejemplo, solo aquellas casas autorizadas pueden optar a fondos del Estado, pero deben cumplir con una función totalmente regulada en norma que eso es lo que no tenemos ahorita.

Según el informe de Disability Rights International que se hizo en Guatemala en 2018, se detectó un modelo de explotación económica basado en el cuidado de niños de acogimiento residencial porque utilizan a los niños como una forma de atracción para que los donantes hagan aportaciones económicas a través de algo que se conoce como turismo de caridad. Pero aquí hay que tener cuidado con el enfoque porque para tener bajo cuidado a los niños se necesita dinero, algunos tienen estos modelos de captación de recursos que son antiéticos, pero sirven para cubrir todos estos gastos, pero también hay otras casas que solo utilizan este modelo para enriquecerse.

Se habla que, al institucionalizar un niño, éste sufre de impactos irreversibles. ¿De qué daños estamos hablando?

En 1980 hicieron unos estudios psiquiátricos muy reveladores que demostraron el impacto negativo que tiene la institucionalización del niño frente a las posibles ventajas que pueda tener con otros modelos. Se demostró que como herramienta de cuidado es muy débil, con muchos efectos colaterales y muy agresiva en la vida de un niño. Cualquier niño que está en una residencia con un modelo de institucionalización total va a traer un retraso considerable de desarrollo cognitivo y físico a comparación de un niño que no esté ahí. Otro efecto negativo es que solo por el hecho de estar en una institución, las probabilidades de sufrir violencia física o sexual incrementan de inmediato, ya sea entre pares o violencia institucional.

También hay una pérdida del relacionamiento con las dinámicas comunitarias y sociales que no le permite al niño o adolescente crear vínculos que luego pueden servirle como redes de apoyo. Mientras más perdida de libertad tenga, más cortadas son sus redes de apoyo para reinsertarse en las dinámicas sociales que va a necesitar después y eso es un gran problema.

Entonces, ¿hacia dónde debemos cambiar el enfoque de protección de la niñez?

Primero se debe establecer por ley que un niño de 0 a 6 años no debe estar en acogimiento residencial. Lo que se debe crear son dos líneas de trabajo previas: cuando hay un niño que podría separarse de su familia por las condiciones de maltrato, descuido o violencia dentro de su entorno familiar tendrías que tener programas de acompañamiento, refuerzo y atención psicosocial para evitar que esta separación se dé. Está probado que las familias con una atención adecuada y con accesos a algunos medios de vida puede cambiar y modificar sus formas y modelos de cuidado sin separar al niño de su hogar. El segundo es cuando sí tienes que separar al niño aunque sea momentáneamente porque las condiciones son fuertes, tienes que crear con más fuerza el modelo de acogimiento familiar temporal donde no deberían de pasar ahí más de 10 meses porque si no se dan vínculos más fuertes y profundos que hará más dolorosa la separación con esta familia, paralelamente a ello se debe trabajar con la familia de origen. Ahora, solo en los casos donde es imposible el retorno de este niño a su familia, se debe tener dos alternativas más, la adopción que sería ideal en algunos casos y las familias de cuidado permanente que son familias que están dispuestas a cuidar a un niño hasta su mayoría de edad, pero sin adoptarlos. Si tuvieras estos 3 servicios básicos los niños que llegarían a una residencia serían mucho menos de los que hay ahora, el problema es que como no hemos creado otros modelos, el único que existe es residencia o nada ahí es cuando alimentas el modelo del acogimiento residencial que no va en beneficio del niño sino del beneficio del sistema.

La institucionalización actual de los niños te permite resolver los casos de forma rápida y alimenta el sistema, ese paradigma les funciona a todos menos a los niños.

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Mientras cada día muere un niño por un hecho violento, el carece de una política nacional para la protección de la niñez y adolescencia y, por ende, mantiene un débil sistema de protección que pueda actuar conforme a las necesidades de esta población.

El Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia está conformado por 21 instituciones que deben velar por la salud, educación, protección y desarrollo de los menores.

Es una red integrada por instituciones como los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, el Registro Nacional de las Personas, la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio Público, entre otras.

Sin embargo, ante la crisis actual que vive la niñez en Guatemala que no tiene que ver únicamente con la violencia e inseguridad, se percibe un débil sistema que carece de una política y plan de acción para proteger y garantizar la vida de los niños.

“El Estado no está respondiendo, está funcionando de forma atomizada y sin ninguna coordinación”, dijo Luis Fernando de León, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Esta falta de respuesta estatal ante los delitos contra la niñez y las mujeres se ha percibido de forma latente y fue uno de los motivos para la creación de la campaña #TengoMiedo, que se activó el pasado 15 de febrero y que fue criticada por el Ministerio Público.

Aunque los delitos contra la niñez han sido más evidentes en las últimas semanas con los asesinatos de las niñas Sharon y Hillary de 8 y 3 años respectivamente, los niños viven en constantes situaciones de vulnerabilidad.

A decir de De León, la tendencia de alertas Alba Keneth que se activan para la desaparición de niños se mantiene desde el 2019 a la fecha, esto no quiere decir que no se trate de un problema. Por el contrario, es un problema que no se ha atendido como debe ser.

Sin embargo, los atentados contra la vida no son las únicas amenazas. La falta de cobertura educativa, la explotación laboral, la violencia sexual y la desnutrición transgreden constantemente la dignidad de los NNA.

Sin sistema y sin política

Solo en el año 2020 el número de niños y niñas que cayeron en desnutrición aguda se duplicó y hasta noviembre del año pasado se reportaron 4 mil 105 embarazos producto de violación sexual a niñas menores de 14 años.

“Está pasando que no hemos hecho nada. Guatemala no tiene ningún sistema de protección, tenemos 27 instituciones de gobierno pero no están trabajando bajo ninguna coordinación”, dijo por su parte Otto Rivera, del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia.

Rivera explica que el débil sistema de protección que tiene el país es producto de la falta de una política nacional para la protección de la niñez.

En marzo de 2018 la asamblea de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA) presentó la Política Pública de Protección Integral para la Niñez y el Plan de Acción Nacional para la Niñez y Adolescencia de Guatemala que demandaba la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia al momento de su aprobación en el 2003.

Pese a que la niñez en Guatemala vive en una crisis constante de violencia, salud y nutrición, esta política no se aprobó con la urgencia que lo ameritaba.

Aunque Rivera explica que la propuesta no se creó con un enfoque de derechos, menciona que se logró actualizar y mejorar. Sin embargo, está detenida en el Congreso de la República y en la Presidencia que desde el año pasado la tienen en el despacho.

Carmen Gularte, secretaria ejecutiva de la CNNA, mencionó que necesitan el dictamen técnico de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República y la aprobación del Consejo de Ministros para que se pueda emitir el acuerdo gubernativo que le dé vida a esta política.

Aunque la Presidencia se ha mostrado anuente a aprobar la política, desde antes de la pandemia, en marzo de 2020, fue compartida para su aprobación, pero aún no han recibido respuesta.

“Estamos en un diálogo constante de si existe o no existe sistema de protección, pero la debilidad del país es desde la institucionalidad, podemos modificar el sistema, pero sino modificamos la cultura institucional ni armonizamos las necesidades de la población, no vamos a poder responder” dijo Gularte.

Según explicó, el sistema de protección de la niñez tiene una debilidad en la carrera administrativa, no cuentan con el personal de formación permanente y capacitado para que trabaje a favor de la niñez independientemente de los gobiernos que estén en curso.

A decir de Gularte, hasta el momento hay muchas instituciones que están dentro del sistema de protección que no tienen claro su mandato. “La política nos puede beneficiar en la tranquilidad de las instancias porque así tienen un respaldo más además de la ley PINA”, dijo.

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Esa variación significa una caída de 42%, o sea 404 rescates menos al realizar una comparación.

Las estadísticas detallan que por abuso físico este año se han realizado 194 rescates; por abuso emocional, 26; abuso sexual, 124, y descuido y trato negligente 220.

La coordinadora de esa unidad Lucrecia Prera, explicó que las familias están resguardando por el covid-19, que permite que menos niños estén en riesgos en la calle, a pesar de que se encuentran disponibles los medios para atender las denuncias.

El caso más reciente ocurrió el pasado jueves cuando se rescató a cuatro menores en San Juan Sacatepéquez, luego que se hizo viral un video, en la cual se observa como una menor era agredida por un adolescente después de haber caído y rescatada en un pozo.

El agresor familiar de la menor fue identificado como Walter Baten Cuyuch, quien en youtube se identifica como Ale Baten, detenido el viernes y según Prera, la PGN se constituirá como querellante adhesivo en el proceso.

La pandemia está haciendo que las familias eviten contagiarse, pero hay otros casos que se presentan directamente a los Juzgados de Niñez y Adolescencia del Organismo Judicial.

“Evidenciamos que hay menos rescates que el año pasado y hay una falta de cultura de denuncia para constatar si es verídico o no lo que se está presentando, y se están presentado a los niños a los órganos jurisdiccionales porque se está evidenciando que son victimas del entorno familiar de violencia física, emocional y de descuido y negligencia e inclusive en algunos casos de abuso sexual”, aseveró Prera.

Recordó que las denuncias son diferentes a los rescates en la cual tiene participación directa la PGN, en la cual se presenta a un juez competente y se inicia un proceso de medidas de protección.

La coordinadora explicó que en los 564 casos del 2020 se ha evidenciado que los niños no se encuentran bien, luego de haber sido rescatados.

El objetivo de las medidas es para brindar apoyo a las familias, que muchas veces derivan hacia un apoyo social, y se necesita una terapia psicológica o soporte socioeconómico y se cuentan con las unidades para analizar cada caso en particular.

Reiteró que de todas las denuncias que se han recibido y si amerita un rescate se gestiona al Juzgado y durante la pandemia se han fortalecido a las personas, porque un proceso puede ser muy engorroso a la niñez y adolescencia.

Citó como ejemplo que han encontrado casos con niños con un grado de desnutrición porque las familias son víctimas de violencia intrafamiliar, violencia económica para las madres, y los niños presentan cuadros de desnutrición y por otro lado cuentan con recursos económicos, pero no atiende, ni protegen a los menores, que viven en condiciones insalubres en los cuales se procede al rescate.

Ricardo Flores, consultor en temas de seguridad, dijo que este tipo de situaciones muchas veces responden a conductas de agresiones, son sociopatías que se van adaptando y dependen mucho del padre que se desarrolló en su niñez; por otro lado, a la conducta del propio individuo.

El efecto de la pandemia ha provocado cierto nivel de estrés que puede provocar casos violencia a los niños.

“Hay un incremento porque todos los niños están en casa y muchos padres no tienen opciones de dejarlos con alguien o al cuidado de ellos, y que optan con dejarlos con amigos o vecinos que genera sea un ambiente propicio para los niños”, subrayó.

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Estrategias para controlar los berrinches de los niños

Lo cierto es que esta habilidad no es positiva porque consiguen lo que quieren por medio de gritos, amenazas y, en algunos casos, agresión física hacia el adulto. Los expertos en psicología denominaron este Trastorno de Oposición Desafiante (TOD) como “Síndrome del Emperador”.

De acuerdo con Angélica Carrillo, psicóloga infantil, el nombre de este comportamiento surge debido a que los niños son como emperadores, quienes establecen las normas conductuales interpersonales para privilegiar sus caprichos y exigencias por encima de la autoridad de los padres de familia. Cuando no lo logran acuden a los berrinches y hasta agresiones para manipular a los adultos.

La violencia que ejercen los menores comienza tratando de manipular a los padres de forma psicológica. Luego tratan de conseguir que obedezcan y cumplan sus deseos. Por ello también el comportamiento suele llamarse “hijos dictadores” debido a que dominan el ambiente familiar. “Cuando los roles de padres e hijos se invierten comienza el problema y es muy fácil que el niño adopte el comportamiento de tirano, porque él se considera la autoridad y al no ser complacido acude fácilmente a la violencia física y psicológica”, dice la profesional.

¿Cómo identificarlos?

Este comportamiento suele presentarse en infantes entre los 5 y 10 años, puede durar hasta la adolescencia y llegar a la adultez si no se identifica a tiempo y se busca ayuda profesional. Los niños que presentan el síndrome del emperador son fáciles de distinguir porque suelen mostrar una personalidad de egocentrismo y tienen poca tolerancia a la frustración, por lo que lloran, gritan, patalean, empujan o agreden cuando sus exigencias no son cumplidas.

Los hijos dictadores no han aprendido a controlar sus emociones, por ello no saben cómo gestionarlas adecuadamente y se muestran enojados o nerviosos la mayoría del tiempo. Poseen pocos recursos para solucionar las dificultades que se les presentan y acostumbran a no reconocer sus errores, por lo que culpan a los demás.

Debido a que continuamente buscan atención de su entorno, no toleran el aburrimiento ni la incomodidad. La herramienta que más utilizan para llamar la atención de los adultos son los berrinches. Se muestran egocéntricos y con falta de empatía.

También imponen de manera sistemática su voluntad y suelen hacer berrinches en lugares públicos o delante de la familia. Se debe prestar atención en que el niño siempre se sale con la suya porque hacen que los demás familiares siempre los defiendan y consientan. De esta forma, poco a poco, se les permite el chantaje emocional.

Causas

Los adultos que son muy protectores y permisivos, que claudican ante los caprichos de los pequeños porque consideran que así les evitarán un sufrimiento, realmente podrían estar dañando la personalidad del niño.

Este comportamiento se origina cuando los padres dan privilegios desmesurados a los hijos sin ningún tipo de condición, por lo que ellos consideran que siempre se merecen los “premios” que estos les dan, incluyendo la atención. Aunque, también se atribuyen a causas de origen psicosocial, originadas por alguna razón de fuerza mayor, cuando los adultos ya no pueden compartir la misma calidad de tiempo que antes con los pequeños. Por ello, al tener pocos minutos para los hijos, los padres de familia se sienten culpables de estas acciones.

“La mayor parte de las causas radican en el trato que dan los padres. Si ellos aceptan agresiones verbales o físicas del niño cuando no se le consiente y le demuestran miedo, esto le dará una pauta importante al niño para que sienta que tiene el control. Por eso, es importante corregir en su debido momento, con paciencia y buena comunicación”, explica Julio Díaz, pedagogo y psicólogo infantil.

A los pequeños que les falta compartir hábitos familiares afectivos, como el tiempo en familia, juegos o participar en familia en los tiempos de comida y ser escuchados, suelen presentar el Síndrome del Emperador. La falta de atención los hace más proclives a desarrollar conductas autoritarias para que las personas de su alrededor los vean.

Cómo actuar ante la actitud de tiranía

Si considera que su hijo tiene el Síndrome del Emperador, puede comenzar corrigiéndolo mediante reglas claras y explicar las razones de ellas. No lo regañe, sino háblele hasta que entienda por que usted está poniendo límites. Al inicio necesitará mucha paciencia porque el niño tratará de chantajearlo y actuar como está acostumbrado.

Es importante que tanto el padre como la madre estén de acuerdo con las acciones a tomar. Deben mostrarse firmes respecto a las opiniones que den delante del pequeño.

Lo recomendable, según los expertos, es no imponer ningún castigo que después no se cumpla o que sea muy duro. “Siempre hay que apostarle a la comunicación. Si el niño no pone de su parte, entonces explíquele que ya no podrá jugar con su juguete favorito porque su actitud no es positiva y correcta. Así como se castiga, también hay que gratificarlo ante cualquier esfuerzo positivo que tenga. Esa gratificación no siempre debe ser material, unas palabras de felicitación bastan”, dice Díaz.

De acuerdo con la edad, se pueden otorgar responsabilidades y tareas del hogar, como poner la mesa, sacar la basura, hacer su cama, entre otros. En todo momento recuerde inculcar responsabilidad y respeto por los mayores y la casa en donde vive y enséñele a reconocer y manejar sus emociones. También es vital que aprendan a ser empáticos y se pongan en el lugar del otro, así fomentará la conciencia y el respeto hacia los demás.

Síndrome del emperador en adultos

Cuando las conductas de tiranía no son tratadas a tiempo, no solo varían con los años, sino que pueden acrecentar con el desarrollo del niño y con los cambios hormonales. Por esto, muchos niños acaban convirtiéndose en adultos controladores, manipuladores y egoístas.

Los niños que crecen con el Síndrome del Emperador tienen esquemas mentales basados en el hecho de que los demás deben respetar y cumplir sus exigencias solo porque ellos así lo desean. Se acostumbran a obtener lo que piden, con mínima tolerancia a no conseguir los privilegios deseados. Tienen conductas egoístas con su familia y entorno social.

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Beneficios de los videojuegos en los adultos

No tiene sentido evitar que los niños jueguen con dispositivos electrónicos ni tampoco impedir que cuando sean mayores tengan un celular, ya que estos aparatos son parte de la realidad que tienen que conocer y que día a día toma más fuerza en la sociedad, afirma Helen Castillo, psicóloga infantil. Por ello, el esfuerzo de los padres y educadores debe ser orientado al tipo de juego y horarios en los que se utiliza.

La Asociación Pediátrica Americana, APP, por sus siglas en inglés, recomienda que entre los 2 y 5 años los padres de familia den prioridad a los juegos que no involucren algún aparato tecnológico. Pero, de ser necesario, los pequeños podrían pasar no más de dos horas delante de la televisión al día. Entre los 6 y 18 años, considerada la edad escolar y adolescencia, es aconsejable buscar un equilibrio entre la vida digital y las actividades al margen de la tecnología. Es importante que desde pequeños se marquen límites y normas en el hogar para que la convivencia sea positiva.

El lado positivo

Para Castillo los videojuegos no son “el enemigo” y no hay que percibirlos como algo negativo para el desarrollo de la niñez. Todo depende del tipo de juego, ya que existen algunos que por su contenido fomentan la violencia, pero hay otros que fortalecen las habilidades mentales, porque a través de la ciencia, matemática o ejercicios de memoria divierten a los pequeños.

Los juegos de estrategia, en donde se tienen que crear planes o buscar diferentes formas para llegar al objetivo motivan el pensamiento lógico de los niños. Estimulan el cerebro para buscar soluciones rápidas que los lleven a alcanzar la recompensa y potencian la capacidad de concentración.

“Existen otros que fomentan el movimiento y evitan que los niños estén todo el tiempo sentados. Hay algunos de deportes o de baile que estimulan las habilidades motrices e incitan a practicar la memoria, porque además de la coordinación de manos y pies, hay que recordarse de los pasos de baile para ganar”, dice la profesional.

Los videojuegos también poder ser una buena herramienta para que los infantes aprendan jugando, pueden ser utilizados como refuerzo para alguna materia. Además, al jugar junto a un adulto puede crear un vínculo más cercano con el pequeño y mejor comunicación, según Andrea Gutiérrez, pedagoga.

Las consecuencias

Las profesionales explican que el problema con los videojuegos aparece cuando su uso resulta excesivo, pudiendo llegar a ser adictivo, sobre todo con los que se juegan en línea ya que no se interrumpen y tienen el potencial de convertirse en una actividad a tiempo completo.

Cuando esto sucede, se asocia a la aparición de problemas de atención, que se pueden extender hasta la adultez debido a una mayor exposición a hormonas del estrés. También se relaciona con el aumento de niños y jóvenes con Trastorno de Atención e Hiperactividad. El déficit de atención tiene repercusiones negativas en el rendimiento académico. Un estudio del 2017 llamado Cummings y Vandewater acerca de los efectos de los videojuegos explica que los usuarios leen 30% menos que los que no son jugadores constantes.

Además, estos juegos alejan a los niños de la interacción con otras personas porque lo único que les interesa es estar frente a la pantalla y que no los interrumpan. Cuando no se tiene un horario establecido también repercute en el tiempo que los pequeños deberían invertir en otras actividades, ya sea interactivas académicas o con niños de su edad y les genera un aislamiento social. Por ello, los padres de familia podrían notar bajo rendimiento en la escuela.

El Journal of Applied Social Psychology publicó un estudio en el que indica que la frecuencia cardiaca de los usuarios era mayor ante un videojuego violento. También señala que quienes tienen esta interacción a edades tempranas están más propensos a poseer una peor salud mental y un comportamiento agresivo, que pueden durar hasta la adultez temprana.

¿Cómo establecer límites?

Debido a que no es conveniente prohibir a los niños que se diviertan con los videojuegos, es importante establecer normas claras y consistentes para su uso para evitar el exceso. La pedagoga Andrea Gutiérrez comparte algunas recomendaciones:

• Permitir los videojuegos únicamente cuando el niño haya terminado sus responsabilidades, ya sea actividades académicas o tareas domésticas. Antes de jugar revise la calidad de estas tareas para que el juego sea tomado como un privilegio que se gana.
• Establecer horarios claros. La Asociación Pediátrica Americana recomienda que en horario escolar sean máximo 60 minutos al día y 2 horas en días no escolares. Lo ideal sería que el tiempo no exceda de una hora frente a la pantalla.
• Reevalúe sus reglas constantemente. Establezca un horario y reglas, y llévelo a cabo durante dos meses. Luego evalúe si funciona y su hijo se ha adecuado a él.
• Consecuencias por romper las reglas. Debe tener claro cuál será el resultado y las acciones que hará si el niño viola las reglas. Las consecuencias deben ser aplicables inmediatamente, como prohibir el uso de videojuegos durante varios días o no permitir una acción que sea del agrado del pequeño.
• Conozca el contenido de los juegos. Además de establecer reglas para los horarios, también puede hacerlo respecto al contenido y tipo de videojuego. Pregúntele directamente a su hijo el tipo de juego al que ingresa, vea cómo juega o revise los navegadores web. Evite los que tengan violencia extrema o contenido sexual.

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Veintidós de estos casos pertenecen a residencias de protección de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y quince se dieron en uno de los hogares del Refugio de la Niñez, incluso, su director Leonel Dubón, tuvo que permanecer en cuarentena durante dos semanas.

Aunque actualmente solo hay dos casos activos en uno de los hogares de la SBS en Quetzaltenango, el subdirector Carlos Gómez, dice que siguen en espera que el MSPAS les entregue los resultados de los hisopados hechos hace dos semanas para descartar más contagios.

Población en riesgo

La SBS tiene a su cargo 21 residencias de protección donde atienden a niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier tipo de maltrato y abandono, tienen alguna discapacidad intelectual o física o son población en riesgo por su cercanía a las pandillas.

Desde el 13 de marzo no reciben ningún tipo de visita debido a la alerta por la llegada del covid-19 al país. Sin embargo, el 15 de mayo reportaron su primer contagio en un hogar ubicado en la ciudad de Guatemala.

Según el subdirector de la SBS, Carlos Gómez, pese a que ya habían activado su protocolo de prevención, el primer contagio fue detectado en una trabajadora.

“El personal es vital, tenemos psicólogos, pedagogos, educadores, terapistas y ellos regresan a sus casas. Ese movimiento y traslado es un riesgo latente”, explica.

En esta residencia tuvieron que entrar en cuarentena en cuatro ocasiones y nueve adolescentes dieron positivo a covid-19, actualmente ya están recuperados.

Gómez agrega que una de las poblaciones en riesgo son los niños y adolescentes migrantes que son retornados. Al momento, han atendido a once de ellos que dieron positivo a la enfermedad al ser evaluados por las autoridades guatemaltecas.

El domingo 5 de julio, una residencia ubicada en Quetzaltenango tuvo que entrar a cuarentena luego de reportarse el contagio de otro trabajador y de dos adolescentes.

Pese a que este hogar está por terminar su período de cuarentena, Gómez agrega que siguen en esperar de los resultados de los hisopados hechos por el MSPAS para establecer si hay más contagios.

“Entendemos que Salud Pública tiene una carga enorme de trabajo, pero necesitamos que agilicen los resultados de los hisopados. Se tardan entre 9 y 13 días en entregarlos y quisiéramos que sea en 48 horas”, dijo.

Además de los contagios en los menores de edad, la SBS también reportó a siete trabajadores con síntomas de covid-19.

Denuncian abandono de Salud

Uno de los hogares del Refugio de la Niñez también reportó un brote de coronavirus. De 30 niñas y adolescentes, 15 dieron positivo a covid-19.

Esta residencia tampoco tenía permitidas las visitas, sin embargo, las niñas embarazadas salían cuando necesitaban acudir a sus controles médicos.

El primer contagio se dio el 26 de mayo. “Las primeras contagiadas fueron una enfermera y una niña que salieron para ser atendidas en el Hospital Roosevelt”, explicó Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez.

Dubón, que también tuvo que permanecer en cuarentena durante dos semanas, dijo que tuvieron que contratar sus propios médicos y enfermeros para atender a las niñas debido a la falta de atención del exministro de Salud, Hugo Monroy.

“Incluso hubo una disposición especial del vicepresidente Guillermo Castillo para que se atendieran los casos en el refugio, pero Salud no le dio seguimiento al tema”, denuncia.

El Refugio de la Niñez contrató a cuatro médicos y tres enfermeras, además de acondicionar un área de encamamiento para atender a las niñas y adolescentes, que lograron recuperarse de la enfermedad.

A decir de Dubón, el único seguimiento que hizo Monroy fue una llamada telefónica al mes. Aunque llegaron a realizar los hisopados para detectar cuántos casos tenían, los resultados los entregaron dos semanas después, cuando ya habían sido identificados la mayoría de contagios.

“Vivimos mucho estrés, fue algo muy duro para nosotros, estuvimos solos y tuvimos un abandono total por parte del exministro Monroy”, agregó.

Aunque los contagios fueron controlados y hasta el momento todas las niñas enfermas se recuperaron, agrega que siguen en un riesgo constante ya que la SBS y el Refugio de la Niñez son los únicos que siguen recibiendo a la niñez en riesgo después que los hogares de protección privados hayan decidido no permitir nuevos ingresos a raíz de la pandemia.

Esto ha provocado que las residencias de protección se encuentren en su máxima capacidad.

Hasta el momento, 1 mil 712 niños, niñas y adolescentes han dado positivo a covid-19 en el país, de los cuales ocho han fallecido.