Un juez prolonga la orden que impide a EE.UU. deportar a cientos de niños de Guatemala

En agosto las autoridades estadounidenses pretendían deportar a decenas de menores guatemaltecos no acompañados, pero una orden de juez lo impidió. La medida se extiende ahora hasta el 16 de septiembre.

Redacción EFE

13 de septiembre de 2025 | 19:27h

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La administración de Donald Trump busca la manera de deportar a decenas de menores no acompañados guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un juez federal estadounidense prolongó hasta el próximo martes 16 de septiembre la orden que impide a la Administración de Donald Trump deportar a Guatemala a un grupo de cientos de menores de edad no acompañados que están bajo custodia de las autoridades.

“Se ordena que la orden de restricción temporal ingresada el 31 de agosto a las 12:37 p.m. se extienda hasta el 16 de septiembre de 2025. Los demandados (las autoridades) permanecen bajo las mismas obligaciones hasta entonces”, estableció este sábado el juez Timothy James Kelly, de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia.

Las autoridades estadounidenses pretendían deportar en agosto a 76 menores de edad que ya estaban en un avión hacia Guatemala, además de existir un total de 327 niños guatemaltecos “elegibles para reunificación con sus padres o familia” en el país centroamericano, según los documentos judiciales.

Pero los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la Administración violó el debido proceso, pues tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

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“Para ser claro: se ordena que los acusados no transfieran, repatrien, remuevan o faciliten el transporte de ninguno de los demandantes o miembros de dicha clase putativa de Estados Unidos”, enfatizó ahora la orden del juez, quien pidió más tiempo para analizar el tema de fondo.

Ante esta situación, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el 1 de septiembre que su gobierno está dispuesto a recibir hasta 150 menores de edad no acompañados procedentes de Estados Unidos cada semana.

Estados Unidos tenía bajo custodia a dos mil 11 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), aunque no detalla sus nacionalidades.

La repatriación de niños ha representado un reto para la Administración Trump por el Acuerdo Flores, que se firmó en 1997 y establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.

EE. UU. prepara la repatriación de 600 niños guatemaltecos no acompañados

Estados Unidos prepara el retorno voluntario de más de 600 niños guatemaltecos no acompañados que se encuentran bajo su custodia, según CNN.

ACAN-EFE

29 de agosto de 2025 | 15:04h

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Agentes de la Patrulla Fronteriza custodian a niños guatemaltecos detenidos tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gobierno de Estados Unidos prepara la repatriación de cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a ese país y que están bajo custodia de las autoridades estadounidenses, informaron este viernes fuentes cercanas al proceso al medio CNN.

Según estas fuentes, la administración del presidente Donald Trump ha identificado a más de 600 niños de Guatemala bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) que podrían ser enviados de nuevo a su país de origen próximamente.

Aunque el Gobierno califica el proceso como repatriación, lo que implicaría que se trata de un acto voluntario y no de una deportación —que conlleva una expulsión forzosa—, varias personas han expresado escepticismo sobre si los niños, de diversas edades, comprenden plenamente lo que están aceptando con su salida del país.

Se desconoce, sin embargo, el procedimiento que planea usar la administración para expulsar a los menores, quienes no tienen padre en Estados Unidos, aunque podrían contar con un familiar que los reclame.

Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, Estados Unidos tenía bajo custodia a 2,198 menores no acompañados en julio; sin embargo, no desvela sus nacionalidades.

La mayoría de menores que cruzan solos la frontera terrestre entre Estados Unidos y México proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG Save the Children.

La repatriación representa también un reto para la administración Trump, a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto, que el Ejecutivo estadounidense ha intentado dejar sin efecto.

Este acuerdo, firmado en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener a menores de edad indocumentados en centros de detención por más de 20 días y que deben garantizar su seguridad y bienestar.

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El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a un guatemalteco por presentar declaraciones y evidencias falsas para patrocinar y obtener la custodia de niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos solos, entre las que se encuentran fotos retocadas, lo que supone un nuevo frente de imputaciones para contrarrestar la migración indocumentada de la Casa Blanca.

Luciano Tinuar Quino, también conocido como “Luciano Tinuar Guino“, de 57 años, está acusado de presentar múltiples solicitudes con información falsa a la Oficina de Reubicación de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que tiene bajo su protección a los niños inmigrantes que ingresan sin compañía de un adulto al país, según explicó este miércoles el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tinuar Quino presentó una petición para patrocinar a un adolescente guatemalteco de 15 años que cruzó solo la frontera en agosto de 2022, afirmando “falsamente” que era su padre.

Como pruebas el inmigrante, que se encuentra de forma indocumentada en EE.UU., sometió una cédula guatemalteca suplantando al padre del menor, con un nombre y fecha de nacimiento diferente a la suya.

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Además presentó una foto retocada que, según él, era una prueba de que tenía una relación con la madre del menor. La foto muestra a Tinuar Quino en una sala, probablemente en Estados Unidos, y al lado una imagen impuesta de una mujer con un traje típico de Guatemala, que tiene los pies cortados.

A pesar de las inconsistencias, la solicitud fue aprobada y el menor fue trasladado de Texas, donde estaba bajo custodia de las autoridades a Nueva Jersey, donde residía Tinuar Quino.

El guatemalteco también está acusado de presentar una documentación falsa para intentar obtener la custodia de un joven guatemalteco de 17 años que ingresó en junio de 2022. En este caso el hombre también intentó hacerse pasar por el padre del menor.

Tinuar Quino está acusado de dos cargos por realizar una declaración falsa, ficticia o fraudulenta. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión federal por cada cargo.

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Guatemalteco de 15 años es golpeado en Florida por dos estudiantes estadounidenses en un bus escolar

Dos estudiantes atacaron físicamente a Anthony, de 15 años, un guatemalteco de séptimo grado que estudia en la misma institución, mientras viajaban en un autobús escolar como parte de una excursión.

Emilio Dávila

14 de mayo de 2025 | 14:12h

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Un guatemalteco de 15 años fue golpeado por dos alumnos estadounidenses en el autobús escolar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Durante la tarde del lunes 12 de mayo, comenzó a viralizarse en redes sociales un video grabado con un celular, en el que dos estudiantes de secundaria de la ciudad de Hollywood, Florida, golpean a otro alumno dentro de un autobús escolar. La grabación permitió que la madre del agredido obtuviera detalles de la situación.

El incidente tuvo lugar en el condado de Broward, cuando dos estudiantes de la Escuela Driftwood atacaron físicamente a Anthony, de 15 años, un guatemalteco de séptimo grado que estudia en la misma institución, mientras viajaban en un autobús escolar como parte de una excursión, según las Escuelas Públicas de la ciudad de Davie.

Maribel Piza, la abogada que representa a la familia de Anthony, habló con la emisora televisiva WLPG y declaró que los dos estudiantes estadounidenses “trataron a Anthony como si fuera un saco de boxeo, ya que lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban sin parar”, mientras otros alumnos parecían aplaudir y grabar la escena.

Según Piza, la golpiza fue tan severa que el conductor del bus se detuvo en una autopista del condado y llamó a la Policía. Posteriormente, los paramédicos llegaron al lugar y evaluaron a la víctima antes de darle el alta. Fue en ese momento cuando las autoridades llamaron a la madre de Anthony, quien se mostró consternada por la noticia.

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Ataque a guatemalteco de 15 años en Florida

Durante la tarde del martes 13 de mayo, la madre de Anthony, la guatemalteca Deysi González, habló con los medios de comunicación en Florida y relató que, cuando llegó al lugar, su hijo estaba sangrando y tenía el rostro completamente hinchado: “La verdad me duele recordar eso, no puedo creer cómo le hicieron eso a mi hijo”, añadió.

González le mostró a los periodistas estadounidenses algunas imágenes de las heridas que sufrió su hijo. Esas fotografías evidencian su nariz desviada hacia un lado, así como varios hematomas e hinchazón en la cabeza: “Anthony estaba sangrando abundantemente. Fue horrible, muy gráfico y también muy emotivo para mí”, agregó Deysi.

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A pesar de las recomendaciones de los paramédicos, Anthony no fue trasladado al hospital ese lunes, ya que su madre decidió llevarlo a casa, donde lo atendió “de la mejor manera posible para poder curarlo” y le tomó varias fotografías y videos, con el objetivo de presentar pruebas y llevar a los agresores ante la justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con la abogada de la familia, Maribel Piza, Anthony y Deysi González son originarios de la Ciudad de Guatemala y han estado en el territorio de los Estados Unidos desde junio del 2024. Además, según el menor agredido, el ataque en el autobús fue “completamente inesperado”, ya que aún no logra comprender todo en inglés.

“Quiero que los padres sean conscientes de sus hijos, del daño que le están haciendo, del daño que le causaron a mi hijo, también emocionalmente“, argumentó Deysi, luego de enterarse de que los dos agresores fueron suspendidos durante nueve días, aunque ella y su familia no están convencidos de que eso sea realmente suficiente.

“Los jóvenes que agredieron a Anthony deberían ser expulsados de la escuela. Los muchachos que atacaron a mi hijo fueron simplemente crueles y estoy segura de que a ninguna madre le gustaría ver a un menor así, sufriendo. Ninguna madre quiere eso para su hijo”, afirmó la guatemalteca, quien pidió más y mejores medidas disciplinarias.

Grupos de derechos civiles informaron este viernes que han presentado una demanda por homicidio culposo en el caso de la niña de 8 años que murió bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), a pesar de que su madre pidió en reiteradas ocasiones atención médica de urgencia para la pequeña.

Haitian Bridge Alliance y The Texas Civil Rights Project presentaron la querella legal en nombre de la familia de Anadith Tanay Reyes Álvarez, quien falleció el 17 de mayo de 2023 cuando estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza junto con sus padres y sus 2 hermanos mayores en las instalaciones de Harlingen (Texas).

Una investigación del CBP determinó que entre la tarde del 14 de mayo, cuando la familia, de origen hondureño, arribó a Harlingen, y la mañana del 17 de mayo, la madre buscó atención para la niña al menos 9 veces por síntomas similares a los de la influenza.

El día en que murió, la niña (nacida en Panamá) fue atendida por una enfermera practicante en cuatro ocasiones después de quejarse de dolor de estómago, náuseas y dificultad para respirar. La enfermera se había negado a enviar a la niña a un hospital y para cuando lo hizo fue demasiado tarde.

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“Exigimos responsabilidad y transparencia a la CBP, una agencia que ha fallado a demasiadas personas”, dijeron las organizaciones en una declaración, en la que subrayaron que la muerte de la pequeña pudo evitarse.

The death of Anadith Tanay Reyes Alvarez, an 8-yr-old girl who died in custody of U.S. Border Patrol, is a stark reminder of systemic inadequacies of health care in detention that PHR & others have been highlighting for years.

More from @GovAcctProj https://t.co/Cv1BBrVTY9

— Physicians for Human Rights (@P4HR) November 30, 2023

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Trump ordena eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos. ¿Qué implica y cuántos se verán afectados?

Trump firmó una orden que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrá en el caso de padres migrantes?

Sandy Pineda

21 de enero de 2025 | 17:25h

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante las ceremonias de inauguración en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025 en Washington, DC. (Foto Prensa Libre: AFP)

Trump planea quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos, un principio que otorga la ciudadanía a quien nazca en ese territorio y, según una demanda en contra, hace que peligre el estatus de los hijos de padres indocumentados.

El decreto es parte de la serie de órdenes ejecutivas que el republicano firmó el mismo día en que regresó al poder en la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, con las busca redefinir la política migratoria del país.

Aunque los detalles hasta ahora no están del todo claros, un grupo de fiscales generales de 18 estados de línea demócrata demandaron inmediatamente al gobierno de Trump al estar en contra de la medida.

El grupo recrimina que Trump estaría violando un principio constitucional bien establecido y de larga data, y amplió detalles de lo que especifica la orden, la primera en ser impugnada.

¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos, y se encuentra consagrada en una clausula de la Enmienda número 14, la cual afirma que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos”.

Este principio significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos automáticamente recibe un estatus legal y es ciudadana, independientemente del estado migratorio de sus padres, si tiene visa o no.

La enmienda viene de mucho tiempo atrás, pues fue adoptada en la segunda mitad de los años 1800 como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos.

Esto significa que el presidente necesitaría una enmienda a la Constitución para eliminar este derecho, según los demandantes.

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¿Qué implica la orden de Trump?

Según la demanda que busca frenar la orden de Trump presentada por 18 estados, entre estos Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco, indica que esta busca quitar el derecho de ciudadanía a los niños que nacen en los Estados Unidos si sus padres no son residentes legalmente permanentes, o no sean ciudadanos, lo cual supone que también se enfoca en migrantes indocumentados.

La acción judicial indica que Trump “firmó una orden ejecutiva titulada ‘Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense’ que declara que la ciudadanía por derecho de nacimiento no se extiende a ningún niño nacido en los Estados Unidos de una madre que se encuentre ilegalmente presente o legalmente presente de manera temporal y un padre que no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal”.

Sobre esta declaración, se establece que se impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense.

La orden firmada por Trump, si se mantiene, estipula un período de 30 días para entrar en vigor.

Según la demanda, después del 19 de febrero de 2025 entonces el gobierno federal no emitirá, ni reconocerá, ningún documento que reconozca la ciudadanía para los niños nacidos bajo esa condición.

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“El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer”, señala la acción legal en contra.

Por su parte Trump, mientras firmaba la orden, anticipó que se enfrentaría desafíos legales. “Ya veremos (…). Creo que tenemos muy buenos fundamentos”, respondió a periodistas cuando fue cuestionado al respecto.

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¿Cuál sería su camino legal?

Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento no es posible mediante una sola orden ejecutiva, según dijo Saikrishna Prakash, un experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, citado por la cadena BBC Mundo en un artículo que aborda el tema.

“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, expuso.

La entrada en vigor de este bloqueo o de otro tipo de restricciones a la ciudadanía, abrirían una serie de impugnaciones legales por parte de cualquier a quien se le denegara ese derecho, advirtió.

Según el jurista, la orden será posible con una enmienda a la Constitución, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU., es decir 37 o 38 de los 50 existentes.

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¿Cuántos menores podrían resultar afectados?

El Centro de Investigaciones Pew describe que en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250 mil bebés de padres inmigrantes no documentados. Entonces la cifra era menor en un 36 por ciento respecto a la del 2007.

Pero según Pew, en 2022, el último año del que hay datos disponibles, la cifra había incrementado considerablemente con 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, lo que da una estimación.

Trump declaró a finales de 2024 que su objetivo sería deportar a los hijos de inmigrantes no documentados, pero que además los enviaría junto a sus padres a sus países de origen.

“La única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”, sentenció Trump en una entrevista que concedió a NBC News.

Cuando firmaba la orden el pasado 20 de enero de 2025, Trump afirmó erróneamente, que Estados Unidos es el único país que concede la ciudadanía automática a los niños que nacen en su territorio, pero en realidad más de 30 países lo hacen, incluyendo sus vecinos Canadá y México.

Save the Children niega vínculos con tráfico de niños migrantes en Guatemala

Luego de que el Ministerio Público allanara cinco sedes de la organización Save the Children, la oenegé negó estar involucrada en tráfico de niños migrantes en Guatemala.

AGENCIA AFP

8 de octubre de 2024 | 14:54h

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Varias sedes de Save the Children han sido allanadas por fiscales del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Archivo AFP)

La oenegé Save the Children negó este martes 8 de octubre estar involucrada en tráfico de niños migrantes en Guatemala, un día después de que la Fiscalía allanara cinco sedes de la organización en el país.

Los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien denunció “posibles vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca”, por supuesto tráfico de niños migrantes que viajan solos hacia Estados Unidos.

“Reafirmamos que nunca hemos facilitado ningún traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”, dijo la oenegé en un correo electrónico enviado a la AFP tras los allanamientos en sus oficinas en dos municipios fronterizos con Honduras y otros tres poblados.

“Tras las alegaciones previas contra nuestra organización este año, confirmamos que no se encontraron pruebas de irregularidades”, añadió la oenegé con sede central en Reino Unido, en alusión al allanamiento de su sede nacional en la capital de Guatemala, en abril pasado.

El primer allanamiento tuvo lugar 12 días después de divulgarse en la prensa local que la Fiscalía de Guatemala había pedido a su similar de Texas colaboración para investigar un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, y que involucraría a oenegés como Save the Children.

En una carta, el secretario general de la fiscalía de Guatemala, Ángel Pineda, solicitó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, su “atención” a una “situación grave” por una denuncia recibida de una supuesta “compleja red” de tráfico de menores no acompañados.

Según Pineda, la denuncia alertaba de un “patrón de desaparición” en Guatemala de niños que luego eran encontrados sin protección de sus padres en albergues de Texas, sitios con antecedentes de “denuncias” de “abuso sexual”.

“Estamos profundamente comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos colaborando con las autoridades y cuidando de nuestro personal”, afirmó Save the Children.

La oenegé comenzó a trabajar en Guatemala en 1976 tras el terremoto que devastó al país y se estableció formalmente en 1983. En la actualidad tiene proyectos de educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, entre otros.

Curruchiche, Pineda y su jefa, la fiscal general, Consuelo Porras, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, por considerarlos “corruptos” y antidemocráticos”.

Las autoridades de inmigración de EE.UU. no han podido realizar un seguimiento de más 32 mil menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos entre 2019 y 2023 y fueron entregados bajo la custodia de un familiar o un patrocinador.

Se trata de un “problema urgente” la forma como los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) rastrean a los niños no acompañados, detalló un informe de la Oficina del Inspector General, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La investigación, que fue enviada este martes al Congreso, encontró que desde 2019 a 2023 más de 32 mil niños migrantes no acompañados no se presentaron a sus audiencias en las cortes de inmigración y las autoridades de inmigración “no pudieron dar cuenta” de su ubicación.

En el período estudiado, que abarca tanto las administraciones del expresidente Donald Trump (2017-2021) y del presidente Joe Biden, los funcionarios de inmigración han tomado custodia de 448 mil niños que ingresaron al país.

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La preocupación de los investigadores radica en que los niños que no comparecen ante el tribunal de inmigración “se consideran en mayor riesgo de trata, explotación o trabajo forzado”.

La presentación de los menores ante el tribunal de inmigración es “a menudo la única oportunidad que tiene el ICE de observar y evaluar a los niños migrantes” si son víctimas de trata u otros problemas de seguridad, asegura el reporte.

El ICE no emitió una notificación de comparecencia a la corte de inmigración (NTA, en inglés) a los más de 291 mil de menores que no fueron colocados en procedimientos de deportación.

Al no hacerlo a todos los niños migrantes, el ICE limita sus posibilidades de tener contacto con ellos cuando son liberados de la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), lo que reduce las oportunidades de verificar su seguridad.

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“Sin la capacidad de monitorear la ubicación y el estado de los niños no acompañados, ICE no tiene garantía de que estén a salvo de la trata, la explotación o el trabajo forzado“, concluye el informe.

Los investigadores recomendaron al ICE implementar un sistema automatizado para documentar las comparecencias ante el tribunal y mantener la información de la dirección de los niños migrantes, entre otras sugerencias.

Por su parte el ICE respondió que ha tomado pasos para identificar a los menores que no se presentaron a las audiencias de inmigración, y notificar al HHS.

Los resultados del informe han sido usados este martes por el expresidente Trump que hoy acusó al Gobierno Biden de perder el rastro -según un comunicado de la campaña, de “más de 300 mil niños” inmigrantes, a pesar que el informe incluye datos de al menos dos años de su administración, que supuestamente había reforzado al ICE.

Además, el informe oficial no incluye los datos y el seguimiento realizado por el DHS, que entrega los niños bajo la custodia de los familiares o patrocinadores y realiza una verificación de antecedentes.

MP investiga a oenegés que operan en el país y estarían “implicadas en abusos contra niños”

El Ministerio Público (MP) confirma que investiga a una red de organizaciones no gubernamentales (oenegés) que podrían estar detrás de abusos contra niños y adolescentes guatemaltecos.

Raúl Barreno Castillo

15 de abril de 2024 | 16:13h

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Una niña camina frente a integrantes de la Guardia Nacional de Texas, mientras vigilan este viernes la entrada de migrantes que permanecen en las inmediaciones del la frontera con Estados Unidos,en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). . (Foto Prensa Libre: EFE).

El jefe del departamento de información y prensa del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, confirmó este 15 de abril a Prensa Libre que la institución investiga a un grupo de organizaciones no gubernamentales (oenegés) que estarían implicadas en una red que abusa de niños migrantes.

El 13 de abril la estadounidense Laura Loomer, que en su perfil de X se autodenomina periodista de investigación, publicó una carta firmada por el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila.

Medios como The New York Times, han calificado a Loomer como una activista de extrema derecha y antimusulmana, que en alguna oportunidad del 2023 Donald Trump pidió que la contrataran para apoyar su candidatura presidencial.

De hecho, en su cuenta de X, en este 2024, tiene muchas publicaciones relacionadas con el expresidente Trump. Loomer, en su cuenta de X, escribió como una exclusiva la carta que envió Pineda el 12 de abril pasado al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

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En ella, según explica Loomer, “el gobierno guatemalteco acusa a Texas de albergar ONG y organizaciones benéficas financiadas por los contribuyentes que secuestran y trafican con niños de Guatemala a través de la frontera sur de Estados Unidos y México”.

Según la periodista y activista, “el 72 por ciento de todos los menores no acompañados que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos son de Guatemala”.

El jefe de información y prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, confirma la denuncia y asevera que en ella “se hace referencia y señalan los hechos que se mencionan en el oficio – que publicó la activista estadounidense -, relacionados con niños y adolescentes guatemaltecos que están siendo objeto de vulneraciones en albergues de Texas y guarda relación con una red en la cual estarían involucradas oenegés que operan en Estados Unidos y Guatemala”.

“En virtud de una denuncia presentada ante el Ministerio Público se solicitó la colaboración de la Fiscalía de Texas por tratarse de una investigación transnacional”, expuso Pantaleón.

La carta firmada por Pineda

El escrito que envió el secretario general del MP al fiscal general de Texas lo hizo por instrucciones superiores “para solicitar su inmediata atención a una situación grave que está afectando a la República de Guatemala. Como Ministerio Público hemos recibido una denuncia como noticia criminal acerca de un asunto muy importante y sensible: Nuestros amados niños”.

Pineda, en la misiva, evidencia “falencias en la seguridad y la diplomacia relacionadas a la frontera entre los Estados Unidos y México. Esto ha dado como resultado un incremento significativo de tráfico de drogas, pero también un devastador surgimiento de tráfico humano”.

“En relación a la denuncia nueva, que ha sido presentada ante esta institución, se hace de conocimiento un horripilante patrón de desaparición de niños provenientes de Guatemala, y ha sido informado al Ministerio Público, que una compleja red que involucra a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan a lo interno de Guatemala, quienes lo hacen en colaboración con entidades específicas del Estado de Texas, están implicados en el abuso de niños guatemaltecos cuando están lejos de sus padres y no tienen a alguien que les proteja”.

Estos niños guatemaltecos, según Pineda, ha sido reportado que fueron ubicados en albergues y organizaciones a lo largo de Texas bajo la apariencia de que se les proveerá de un entorno familiar.

“Perturbadoramente, ha habido denuncias y situaciones documentadas de abuso sexual en esos albergues, lo cual es una enorme violación de los derechos y la dignidad de esos niños”, expuso en la carta el secretario general de la fiscalía general de Guatemala.

Según el MP, entre las oenegés que operan en Guatemala y en el Estado de Texas, y que podrían participar en las operaciones de tráfico de niños, “preocupa el involucramiento de “Save the Children“, “Changing the Way We Care“, Fondo Mundial para la Infancia, Arise y La Unión del Pueblo Entero (Lupe)”.

Lo alarmante, según Pineda, es que algunas de estas “organizaciones reciben fondos federales de los contribuyentes estadounidenses”.

“Se me ha indicado que otras Organizaciones No Gubernamentales que operan en Guatemala y Texas podrían ser cómplices de tráfico de niños, quienes posiblemente están apoyando este tráfico de niños y otros problemas con niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados, pero que han demostrado que no han tenido éxito protegiendo a los niños en Guatemala (sic)”, expone

En la parte conclusiva de la misiva Pineda hace énfasis en que “no escatimaremos y agotaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para localizar y procesar penalmente a los responsables de esta enorme tragedia”.

EXCLUSIVE: I have obtained a letter that was just sent by the @MPGuatemala_EN Public Ministry of Guatemala to Texas Attorney General Ken Paxton @KenPaxtonTX.

The Guatemalan government is accusing Texas of harboring tax payer funded NGOs and charities that are kidnapping and… pic.twitter.com/wF9J4QKSiT

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 13, 2024

“Tengan la seguridad que la fiscal general y jefa del Ministerio Público de la República de Guatemala, ejecutará, su mandato legal, celosamente para erradicar esta epidemia de tráfico de niños y para responsabilizar a quienes cometen estos crímenes contra la humanidad”, argumenta.

Pineda le solicita al fiscal general de Texas “que pueda contactarnos a la brevedad posible para acordar un trabajo conjunto encaminado a resolver esta crisis humanitaria de la cual, su país es directamente responsable en parte”.

Están enterados

Prensa Libre solicitó a Save The Children Guatemala una respuesta a las acusaciones que hace el MP en su contra.

“Estamos al tanto de las alegaciones sobre el bienestar de niños y niñas migrantes de Guatemala. Tomamos seriamente cualquier alegación relacionada a salvaguarda y estamos comprometidos a mantener el más alto nivel de integridad y conducta”, respondió Save the Children, Oficina de País a este diario.

Patrulla fronteriza de Texas localiza a 11 niños migrantes que buscaban el “sueño americano”

Todos son de nacionalidad hondureña y llevaban consigo direcciones y números de teléfono de familiares que ya viven en los Estados Unidos.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

30 de marzo de 2024 | 14:49h

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Los agentes fronterizos localizaron a los menores de edad tras pasar el río Bravo. Fotografía: Herika Martinez / AFP.

El pasado jueves, agentes fronterizos de Texas localizaron a un grupo de 11 niños migrantes. Todos ellos viajaban sin un adulto y tenían como destino reunirse con familiares en los Estados Unidos.

Se trata de nueve niños y dos niñas, y comprenden las edades de 15 y 16 años, según los reportes. Todos son originarios de Honduras.

Las autoridades informaron que se estarán contactando a los familiares de los menores. Pero por motivos de protocolos serán enviados a un refugio de menores indocumentados, ya que ingresaron al país de manera irregular.

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Los menores de edad fueron interrogados por los agentes fronterizos, e indicaron que su destino era reunirse con familiares. Todos ellos fueron localizados cuando estaban cruzando el río Bravo.

No es el primer grupo de menores de edad que han sido localizados solos, sin la presencia de adultos, durante la travesía migratoria. Los informes dan cuenta que este fenómeno comenzó en el 2022.

Una nota de prensa, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este 7 de septiembre, señala que los menores migrantes representan una proporción mayor de la población migrante que en otras regiones del mundo, según el informe La infancia en Peligro, de esa entidad, que fue publicado por esa entidad.

Explica que los menores se desplazan a través de tres rutas migratorias principales en América Latina y el Caribe los cuales son:

• A través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá
• La migración hacia el exterior desde América del Sur
• Puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México.

La nota de prensa señala que “la naturaleza de la migración en América Latina y el Caribe ha cambiado dramáticamente en la última década”.

Las causas

“La violencia de las pandillas, la inestabilidad, la pobreza y los acontecimientos relacionados con el clima se están apoderando de la región, de una manera alarmante, y empujando a más niños y niñas a abandonar sus hogares”, expresó el director de Unicef  para América Latina y el Caribe, Garry Conille, según la información.

“Cada vez hay más niños y niñas en movimiento, de edades cada vez más tempranas, a menudo solos y de diversos países de origen, incluso de lugares tan lejanos como África y Asia. Cuando cruzan varios países y, a veces, toda la región, las enfermedades y las lesiones, la separación familiar y los abusos pueden plagar sus viajes e, incluso si logran llegar a su destino, su futuro puede seguir en riesgo”, señaló Conille.

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Cifras

Según la información, al menos 29 mil niños, niñas y adolescentes cruzaron la peligrosa zona de Darién en 2021 y las estimaciones señalan que 40 mil menores cruzaron ese mismo sitio en 2022, pero en los primeros ocho meses del 2023, la cifra se elevó a 60 mil.

Se señala que la mitad de los niños que han cruzado la selva del Darién en los primeros ocho meses de 2023, son menores de 5 años, y esto convierte este año en el que más cruces de niños y niñas se ha registrado.

La información también señala que el número de menores refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento.

Se detalla que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) registró más de 149 mil niños que cruzaron su frontera en el año fiscal  2021 y más de 155 mil en el año fiscal 2022.

“En los primeros siete meses del año fiscal 2023, más de 83 mil niños ingresaron al país según la CBP. Estas tendencias se reflejan en otros flujos migratorios más pequeños en toda la región, a medida que el aumento de la violencia, la inestabilidad y los desastres relacionados con el clima provocan más desplazamientos y migraciones forzadas”, se lee en el comunicado.

La proporción de niños que se desplazan a lo largo de las principales rutas migratorias en América Latina y el Caribe también ha aumentado a un nivel récord en los últimos tres años.

Explican que en todo el mundo, los niños representan el 13% de la población migrante, pero en esta región de Latinoamérica y el Caribe, aproximadamente una de cada cuatro personas en movimiento, es decir el 25%, es un niño. En el 2019, la cifra de niños migrantes representaba el 19%.

“Esto solo puede rivalizar con África subsahariana, donde los niños y niñas también representan el 25% de la población migrante”, señala la nota de prensa.

Más pequeños

“Cada vez más, son los niños y niñas más pequeños los que realizan estos peligrosos viajes; los niños menores de 11 años representan ahora hasta el 91% de todos los niños, niñas y adolescentes que se desplazan en algunos puntos de tránsito clave. Esta nueva realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino”, se lee en la información.

Se señala que a lo largo de las rutas migratorias irregulares son innumerables los riesgos físicos a los que los menores se enfrentan, pues además del peligroso terreno que atraviesan (selvas y ríos hasta vías férreas y carreteras), los niños y niñas también pueden sufrir violencia, explotación y abuso.

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Testimonio

“Mi parte favorita fue dejar la selva porque ahí dentro es una pesadilla”, dijo Ángela -nombre ficticio- una niña de 8 años que caminó por la selva del Darién en 2022, menciona la información.

El testimonio revela que durante el viaje, Ángela y su hermana de 10 años se separaron de sus padres y estuvieron perdidas durante dos días antes de reunirse nuevamente. La familia viajó durante más de 40 días para llegar a Guatemala antes de continuar hacia su destino, se menciona en la información.

“Los flujos migratorios mixtos en América Latina y el Caribe son dinámicos y a menudo se interconectan; la mayoría de los países son simultáneamente puntos de origen, tránsito, destino y retorno. Esto implica desafíos y requiere un enfoque integrado dentro de la región para garantizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados y sus familias estén protegidos y se aborden las causas profundas de la migración forzada”, se lee en la nota de Unicef.

La Unicef también señala que trabaja con aliados y gobiernos a lo largo de las rutas migratorias para dar información precisa para promover una migración segura, ofrecer asistencia vital y apoyar el acceso de los niños y niñas a servicios esenciales.

Este trabajo incluye ayudar a los países a “prevenir, detectar y proteger a los niños y niñas de la violencia y ayudar a los niños, niñas, adolescentes y familias que enfrentan dificultades y explotación en su viaje migratorio”.

Señala que están solicitando US$ 160.5 millones para satisfacer las necesidades humanitarias de los menores de edad refugiados y migrantes en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

También se informa que en agosto de 2023, Unicef había recibido menos del 20% (unos US$32.5 millones) de sus necesidades de financiación.

La entidad dice que también está solicitando US$142.31 millones para niños y familias en la ruta migratoria a través de Centroamérica y México en 2023 y refiere que hasta agosto ha recibido el 26% de los fondos que necesita.

“La escala sin precedentes de la crisis migratoria de la niñez en América Latina y el Caribe requiere urgentemente una respuesta humanitaria más fuerte, así como la expansión de vías migratorias seguras y regulares para niños y familias para ayudar a proteger sus derechos y su futuro, sin importar dónde se encuentren”, dijo Conille.

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Petición a los países

Se señala que la Unicef sigue instando a los países de la región, miembros de Naciones Unidas, a que garanticen los derechos, la seguridad y el bienestar de los niños, niñas, y adolescentes migrantes y refugiados, esto incluye:

• Movilizar un enfoque regional para la protección internacional y abordar las causas fundamentales de la migración específicas de los niños y niñas, para aprovechar la naturaleza interconectada de los movimientos migratorios y las respuestas políticas en la región.
• Invertir en los países de origen para mejorar el acceso a los servicios, prevenir y responder a la violencia, y crear oportunidades de educación y medios de vida para niños, niñas, jóvenes y familias vulnerables, y apoyar a los niños, niñas y adolescentes que siguen residiendo en el país de origen mientras sus padres tienen emigrado.
• Ampliar vías migratorias seguras y regulares para niños, niñas y adolescentes y familias, incluidos mecanismos de reunificación familiar, al tiempo que se defiende el derecho al asilo territorial. Se debe permitir que los niños y niñas y las familias ingresen al territorio de un Estado para solicitar asilo y poder permanecer allí mientras dure el procedimiento de asilo.
• Fortalecer los procesos fronterizos y de recepción que tengan en cuenta a los niños y niñas y que sean dirigidos por las autoridades de protección infantil en la etapa más temprana posible, implementar salvaguardias específicas para los niños, preservar la unidad familiar, incluso para los niños que viajan con sus cuidadores no parentales, y garantizar el acceso a servicios legales.
• Invertir en sistemas nacionales sólidos de protección de la infancia para salvaguardar a todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos los migrantes y refugiados, de la explotación y la violencia, garantizando el cumplimiento de procedimientos adecuados para determinar su interés superior y promoviendo el cruce fronterizo seguro.

Un equipo investigador de la Escuela Grossman de Medicina en la Universidad de Nueva York, encabezado por Natan Vega, examinó los casos de 176 migrantes menores de edad, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que viajaron solos a Estados Unidos.

Los investigadores observaron a los migrantes menores de edad entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 como parte del seguimiento médico para detectar angustia emocional.

Los varones eran el 71.6% de estos migrantes, que hicieron la travesía sin la compañía de padre, madre u otro adulto responsable, y la edad media de todo el contingente era de 16.9 años, indicó el estudio.

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Los investigadores encontraron que el 57.4% de los menores migrantes mostraban señales de angustia emocional, con un índice de 70% para las niñas frente a un 52.4% de los varones.

“Los niños sin compañía (de adultos) a menudo son vulnerables a secuelas psiquiátricas debidas a los acontecimientos traumáticos experimentados en cada etapa de su migración”, señalaron los autores del estudio, publicado en la revista JAMA Network Open.

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Destacaron que “la migración de estos niños y adolescentes a menudo resulta de la privación económica, los desastres climáticos y la violencia física o sexual, incluido el reclutamiento en pandillas”.

Asimismo, indicaron que “durante la migración estos menores son vulnerables a robos, extorsiones, secuestros y violencia física y sexual”.

Una vez que llegan a Estados Unidos, muchos de estos migrantes menores de edad pasan tiempo en centros de detención y luego son transferidos al cuidado de patrocinadores, incluidos familiares o adultos con quienes no han tenido una relación previa.

“Las conclusiones indican que los migrantes menores de edad no acompañados, y en particular las niñas, experimentan síntomas psiquiátricos persistentes después de su reasentamiento, y se beneficiarían de un apoyo interdisciplinario y monitoreo“, señaló el artículo.

Los autores indicaron que esta situación no es exclusiva de los menores que emigran hacia Estados Unidos ya que “la población global de menores migrantes sin compañía está aumentando”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado para los Refugiados calculan que más de 300 mil menores de edad migraron sin compañía en todo el mundo entre 2015 y 2016.

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En Estados Unidos más de 171 mil menores no acompañados fueron detenidos en la frontera con México en 2021, y más de 324 mil han sido transferidos a patrocinadores en EU. UU. en los últimos cuatro periodos fiscales.

La propuesta de Rick Scott, Tom Cotton y Marco Rubio se produce en respuesta a recientes investigaciones de los medios sobre la situación allí.

The New York Times publicó en marzo pasado que la cifra de menores no acompañados que entraron a Estados Unidos en 2022 alcanzó los 130 mil, el triple que 5 años antes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es el organismo encargado de garantizar que sus tutores, aquellas personas que asumen su cuidado, los mantengan y protejan de la trata o la explotación.

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Pero según el rotativo estadounidense, aunque el HHS comprueba el estado de todos los menores con una llamada un mes después de que estos hayan encontrado un nuevo hogar, a lo largo de 2021 y 2022 la agencia no logró contactar con más de 85 mil niños.

El proyecto de ley republicano aspira a garantizar una “investigación exhaustiva” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del HHS antes de que los menores sean dirigidos a su nueva casa.

En concreto, exige examinar tanto a los posibles tutores antes de que estos reciban al menor como a todos los mayores de 18 años que residan en ese hogar.

La iniciativa también prohíbe que el niño quede en manos de un tutor que se encuentre en Estados Unidos de forma ilegal, a menos que esa persona sea su padre o su madre u otro pariente biológico.

Los tres senadores quieren igualmente que durante el primer año las autoridades efectúen al menos 5 visitas domiciliarias no anunciadas, y requiere al DHS y al HHS que entreguen al Congreso un informe mensual.

“Todo niño merece protección. Cientos de miles de niños migrantes han entrado en el sistema de acogida del Gobierno federal y la Administración de Joe Biden no está haciendo lo suficiente para mantenerlos a salvo”, apuntó Scott en un comunicado.

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Para Cotton, “la negativa del presidente a asegurar la frontera ha convertido la zona en un semillero de trata de personas, incluida la trata de menores”, y su proyecto de ley “garantizará” que los niños no acompañados acaben con “adultos responsables y legales”.

Los republicanos están en minoría en el Senado, y desde el pasado enero, tras las elecciones de medio mandato de noviembre, tienen el control de la Cámara de Representantes.

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El anuncio de su propuesta se produce a una semana de que el 11 de mayo expire el Título 42, una normativa por la que se han efectuado expulsiones en caliente con el pretexto de la pandemia de la covid-19, y con cuyo fin se espera un aumento significativo del flujo de inmigrantes en la frontera.

En la primavera de 2021, Linda Brandmiller trabajaba en un estadio de San Antonio convertido en albergue de emergencia para niños migrantes. Miles de niños dormían en catres mientras el gobierno de Biden lidiaba con una cifra sin precedentes de menores que cruzaban a Estados Unidos sin sus padres.

El trabajo de Brandmiller consistía en ayudar a verificar a los patrocinadores y la habían capacitado para identificar posibles casos de trata. Durante su primera semana, le llamaron la atención dos casos: un hombre le dijo que iba a patrocinar a tres niños para emplearlos en una constructora. Otro, que vivía en Florida, estaba tratando de patrocinar a dos niños que tendrían que trabajar para llegar al norte.

De inmediato se puso en contacto con los supervisores que trabajaban con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia federal responsable de estos niños. “Esto es urgente”, escribió en un correo electrónico analizado por The New York Times.

Pero en unos días, se dio cuenta de que al hombre de Florida le iban a entregar a uno de los niños. Escribió otro correo electrónico, esta vez solicitando la “atención inmediata” de un supervisor y agregó que el gobierno ya había enviado a un niño de 14 años con el mismo patrocinador.

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Brandmiller también le envió un correo electrónico al director del albergue. Unos días después, se le retiró el acceso al edificio durante su hora de almuerzo. Nunca le dijeron por qué la habían despedido.

En los últimos dos años, más de 250 mil niños migrantes han llegado solos a Estados Unidos. Miles de niños han acabado en trabajos penosos en todo el país (en el turno de noche en los rastros, cambiando tejados, operando maquinaria en fábricas) que, como demostró una investigación reciente del Times, infringen las leyes de trabajo infantil. Después de la publicación del artículo en febrero, la Casa Blanca anunció cambios en las políticas públicas y sanciones estrictas contra las empresas que contrataran menores de edad.

Pero en todo momento hubo indicios del crecimiento explosivo de esta mano de obra, así como advertencias que el gobierno de Biden ignoró o pasó por alto, según ha descubierto el Times.

Una y otra vez, funcionarios veteranos y contratistas externos informaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Xavier Becerra, de que los niños parecían estar en peligro. El Departamento del Trabajo publicó comunicados de prensa en los que señalaba un aumento del trabajo infantil. A altos funcionarios de la Casa Blanca se les mostraron pruebas de explotación, como grupos de niños inmigrantes que habían sido encontrados trabajando con equipo industrial o productos químicos cáusticos.

Mientras el gobierno se apresuraba a desalojar los albergues que estaban saturados, los niños eran liberados con poco apoyo en manos de patrocinadores que esperaban que aceptaran trabajos agotadores y peligrosos.

En entrevistas con el Times, los funcionarios expresaron su preocupación por los niños migrantes, pero evadieron la responsabilidad de no protegerlos.

Las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmaron que esta agencia investigaba lo suficiente a los patrocinadores, pero que no podía controlar lo que les ocurría a los niños después de ser entregados a sus patrocinadores. Señalaron que la supervisión de los lugares de trabajo correspondía al Departamento del Trabajo.

Fuentes del Departamento del Trabajo afirmaron que los inspectores se habían centrado más en el trabajo infantil y que compartían detalles sobre los trabajadores con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero afirmaron que este no era un organismo de asistencia social.

Por su parte, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que, si bien los dos departamentos habían ofrecido información sobre el trabajo infantil migrante, los informes no se marcaban como urgentes y no dejaban clara la magnitud del problema. Robyn M. Patterson, vocera de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el gobierno estaba aumentando el escrutinio de los empleadores y revisando su proceso de investigación de patrocinadores.

“Es inaceptable que las empresas estén empleando menores y este gobierno continuará trabajando para fortalecer el sistema a fin de investigar estas violaciones y hacer que los responsables rindan cuentas”, decía el comunicado.

Pero la Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre por qué no reaccionó antes a las señales reiteradas de que los niños migrantes estaban siendo explotados de manera generalizada.

“Si yo lo vi, ellos también podrían haberlo hecho”, dijo Brandmiller, quien también es abogada de inmigración. “Hubo tantas oportunidades de atar esos cabos y nadie lo hizo”. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia no tenía registro de las inquietudes de Brandmiller. La empresa que gestionaba el albergue de emergencia declinó hacer comentarios.

Brandmiller comentó que seguía preocupada por Antonio Díaz Méndez, el niño de 14 años.

Antonio vive en Florida City, Florida, lejos de su familia en Guatemala. En una entrevista el verano pasado, estaba sentado en el porche enmohecido de una casa abarrotada de otros niños inmigrantes. Dijo que trabajaba largas jornadas en un almacén de refrigeración, empacando verduras para distribución nacional y que hacía meses que no veía a su patrocinador.

Extrañaba a su abuela y a veces pasaba días sin hablar con nadie. Quería ir a la escuela, pero se sentía atrapado porque necesitaba ganar dinero para pagar sus deudas, mantenerse y ayudar a sus hermanos.

Dijo que nadie había ido a ver cómo estaba.

‘Esto es mentira’

Poco después de que el presidente Joe Biden llegó a la presidencia, el creciente número de niños inmigrantes provocó tensiones entre el nuevo gobierno y los funcionarios veteranos.

El presidente había prometido atenerse a una ley de 2008 contra el tráfico de personas que obliga al gobierno federal a aceptar a los niños que viajan solos desde la mayoría de los países y les permite permanecer en Estados Unidos durante el proceso de solicitud de estatus legal, que dura varios años.

Pero la ley no preveía que una pandemia causara estragos en las economías de los países centroamericanos. Los padres, sumidos en una pobreza cada vez mayor, empezaron a enviar a sus hijos a Estados Unidos para que ganaran dinero, como parte de un fenómeno que algunos defensores de los inmigrantes denominan “separación familiar voluntaria”.

En 2021, mientras las imágenes de niños que dormían bajo mantas de aluminio en centros abarrotados acaparaban los titulares, Susan E. Rice, directora de políticas internas de la Casa Blanca, dijo a su personal que la situación era frustrante, según cinco personas que trabajaban con ella. Rice se desahogó en una nota que garabateó sobre un memorando en el que se detallaba la postura de los defensores, que creían que el cierre de la frontera durante la pandemia estaba obligando a los padres a enviar a menores no acompañados, a los cuales a veces se denomina por sus siglas en inglés UC (“Unaccompanied Children”).

“Esto es mentira”, escribió Rice, según una copia del memorando revisado por el Times. “¡Lo que está ocasionando la separación ‘voluntaria’ es nuestra generosidad con los UCs!”.

En un comunicado, Patterson, la vocera de la Casa Blanca, declaró que cualquier sugerencia de que Rice se sentía limitada por las exigencias de la ley era falsa y que estaba “orgullosa de hacer lo correcto y de tratar a los niños con dignidad y respeto”.

Según la ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable de investigar a los patrocinadores para asegurarse de que velarán por el bienestar de los niños y los protegerán de la trata o la explotación. Pero a medida que los albergues se iban llenando de niños, el departamento empezó a relajar algunas restricciones en la investigación y a instar a los gestores de casos a acelerar el proceso.

Funcionarios que ya llevaban varios años en el departamento se quejaron de que los cambios ponían en peligro a los niños. Los asistentes de la Casa Blanca y los funcionarios del gobierno se exasperaron, pues creían que estos servidores públicos se aferraban a protocolos que mantenían a los niños en refugios cuando lo mejor para ellos era estar en un hogar con un adulto.

“Era una locura”, afirmó Vivian Graubard, asesora de la Casa Blanca que trabajó con Rice en asuntos relacionados con niños migrantes.

Al menos cinco servidores públicos del departamento presentaron quejas y dijeron que fueron despedidos por decir que les preocupaba la seguridad de los niños.

Jallyn Sualog era la funcionaria de carrera más veterana de la división del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de los niños migrantes no acompañados cuando Biden asumió el cargo. Había ayudado a crear el programa tras la aprobación de la ley de 2008 y, como demócrata de toda la vida, había celebrado la victoria de Biden.

Pero poco después, comenzó a enterarse de que los niños eran entregados a adultos que habían mentido sobre sus identidades o que planeaban explotarlos.

Advirtió a sus jefes en un correo electrónico de 2021: “Si no se sigue haciendo nada, se producirá una catástrofe”. Siguió enviando correos electrónicos sobre situaciones que describió como “críticas” y que “ponían en peligro a los niños”.

Preocupada porque nadie la escuchaba, Sualog presentó una denuncia en otoño de 2021 ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el organismo de control interno de la agencia, y solicitó la protección de los denunciantes. También dio el inusual paso de hablar con miembros del Congreso sobre sus preocupaciones.

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“Solo me faltó salir a protestar a las calles, hice todo lo que pude para advertirles”, afirmó Sualog. “Sencillamente, no quisieron escuchar”, concluyó.

A fines de 2021, fue retirada de su cargo. Presentó una queja ante la oficina federal responsable de hacer cumplir las reglas de protección de los denunciantes, con el argumento de que había sido víctima de represalias ilegales.

En otoño pasado, la Oficina del Inspector General dio a conocer un informe sobre el caso de Sualog y varios descensos de categoría y despidos en la agencia que “podrían equivaler a intimidación de denunciantes”.

Sualog llegó a un acuerdo con la agencia, que acordó pagar sus costas legales, y renunció el mes pasado.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos declinó hacer comentarios sobre la denuncia de Sualog, pero afirmó que la agencia no toma represalias contra los denunciantes. Aunque algunos empleados no estaban de acuerdo con la estrategia del gobierno, dijo el portavoz, se necesitaban cambios significativos para hacer frente al aumento de niños migrantes no acompañados.

Mientras los empleados veteranos se marchaban, otros seguían activando las alarmas. En enero, poco antes de que se publicara la investigación del Times, un grupo de trabajadores envió otro memorando a sus jefes del Departamento de Salud y Servicios Humanos en el que afirmaban que el sistema había permitido entregas poco seguras de niños. “Estamos quitándole lo humano a ‘Salud y Servicios Humanos’”, escribieron.

Tendencias preocupantes

Algunas de las advertencias más insistentes de que los niños estaban siendo canalizados hacia trabajos peligrosos provenían de fuera del gobierno. El Departamento de Salud y Servicios Humanos entrega a la mayoría de los niños a sus patrocinadores sin ningún tipo de seguimiento, pero contrata a organizaciones para que proporcionen a miles de los niños de mayor riesgo servicios de apoyo durante varios meses.

La primavera pasada, Matt Haygood, director sénior de servicios infantiles del Comité Estadounidense para los Refugiados y los Inmigrantes, una de las organizaciones más grandes de este tipo, envió un correo electrónico con el asunto: “Preocupaciones de trata” a varios funcionarios del departamento.

“Hemos identificado algunas tendencias preocupantes en el área metropolitana de Chicago”, escribió, como camionetas que recogen a los niños a horas inusuales, lo cual sugiere que se les lleva a trabajar a fábricas. Haygood le pedía al departamento que considerara incluir a este barrio a una lista de vigilancia, de modo que los posibles patrocinadores fueran investigados con mayor detalle.

Un empleado del departamento contestó que más de 200 niños, la mayoría originarios de Guatemala, habían sido entregados recientemente en el barrio y confirmó que muchos de esos casos habían sido marcados como sospechosos: los adultos patrocinaban a varios niños y los menores trabajaban en lugar de asistir a la escuela.

“Ciertamente, hay muchas otras señales de alerta relativas al tráfico de personas”, escribió el empleado del departamento. Haygood esperaba que la agencia añadiera más salvaguardias para los niños liberados en la zona, Little Village, pero el departamento consideró que no eran necesarias.

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En respuesta al Times, un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que este ya había instaurado protecciones para los niños que eran entregados en algunas calles de la ciudad y que en ese momento consideró que ampliar esas medidas era una extralimitación.

Otras organizaciones de servicios sociales afirmaron que también habían detectado una serie de casos sospechosos, por ejemplo, en Nashville, Tennessee, y Dallas.

“Estamos esperando la comparecencia ante el Congreso que plantee la pregunta: ‘¿Cómo fue que les pasó esto a todos estos niños?’”, comentó Haygood. En los últimos dos meses, líderes en el Congreso de ambos partidos han cuestionado por qué tantos niños migrantes terminaron en trabajos de explotación y hay dos audiencias de supervisión programadas para el martes en la Cámara de Representantes.

Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia era consciente de que algunos niños migrantes trabajaban muchas horas porque enfrentaban una intensa presión para ganar dinero, pero que la responsabilidad legal de la agencia sobre los niños termina una vez que son puestos en libertad. Aun así, aseguró que el departamento está trabajando para proporcionar unos meses de seguimiento de casos a todos los niños migrantes no acompañados.

Por ahora, la mayoría de los niños entregados a patrocinadores cuentan con poca asistencia, fuera de una línea de atención telefónica del departamento. Según documentos internos obtenidos por el Times, las denuncias de trata a esa línea de atención telefónica aumentaron alrededor de un 1300 por ciento en los últimos cinco años.

En una llamada del año pasado, un niño que vivía en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que su patrocinador le había encontrado un trabajo en un restaurante y le dijo que “necesitaba trabajar para comer”. En otra, un menor contó que su patrocinador nunca lo inscribió en una escuela después de que un albergue en El Paso, Texas, se lo entregó, y lo obligaba a pagar la renta y la comida.

Un vocero del departamento dijo que la agencia pide a las autoridades locales que vayan a ver a los niños que pudieran estar en peligro.

Señales de alarma

En la Casa Blanca, Rice estaba en el centro de la crisis de los niños migrantes. Mientras presionaba para sacar a los niños de los refugios con mayor rapidez, empezaron a surgir pistas sobre lo que les ocurría al salir.

En el verano de 2021, antes de llegar al momento más álgido de la crisis en la frontera, los responsables del Departamento de Salud y Servicios Humanos redactaron un memorando en el que detallaban su preocupación por el aumento de informes que indicaban que los niños trabajaban con sus patrocinadores, un indicio de posible tráfico ilegal de mano de obra. El equipo de Rice recibió el memorando, y también se informó a Rice de lo que decía, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Andrew J. Bates, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, rebatió esa afirmación, con el argumento de que Rice “no vio el memorando y no se le hizo partícipe de su contenido”.

Más o menos al mismo tiempo, el equipo de Rice fue informado de la preocupación por un gran grupo de niños que habían sido liberados en una ciudad de Alabama, según seis empleados actuales y anteriores. La situación fue objeto de frecuentes actualizaciones, ya que el departamento envió a gestores de casos a la ciudad para comprobar el estado de los niños y se coordinó con el Departamento del Trabajo y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para averiguar si trabajaban en plantas avícolas.

Un exasesor de alto nivel de la Casa Blanca recordó haber pensado en aquel momento que lo que estaba sucediendo era preocupante y que sugería que otros casos podrían estarse pasando por alto.

Un vocero de la Casa Blanca negó que altos funcionarios hubieran sido informados de la situación.

Unos meses después, el personal de Rice se enteró de que el departamento no podía establecer contacto con un número cada vez mayor de niños apenas un mes después de su salida de los albergues, según un ex alto funcionario de la Casa Blanca.

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Pero la Casa Blanca trató en gran medida estos sucesos como hechos aislados, no como indicios de un problema creciente.

Tyler Moran, quien era asesora sénior de Biden en materia de migración en aquel momento, comentó que dependía de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijera cómo sopesar la información, como el memorando de los directivos preocupados del departamento y las llamadas sin respuesta a los niños. Los empleados de la agencia, afirmó, no habían señalado que hubiera una crisis de trabajo infantil más grande. “La Casa Blanca dejaba en manos de las agencias la tarea de hacernos saber cuándo de verdad estábamos ante un problema”, comentó Moran.

El Departamento del Trabajo estaba enviando sus propias señales. En 2022, los investigadores comenzaron a dar a conocer indicios de trabajo infantil migrante en lugares de trabajo industriales, incluidas varias fábricas de autopartes del sur. El departamento emitió comunicados de prensa que advertían de un aumento de las violaciones relacionadas con el trabajo infantil.

El verano pasado, los investigadores laborales realizaron un operativo importante en una empresa de limpieza con el que descubrieron que más de cien niños, en su mayoría hispanos, estaban trabajando en el turno de la noche limpiando plantas empacadoras de carne de todo el país. Muchos de los niños habían pasado por el sistema de albergues para migrantes y habían sido entregados a patrocinadores.

A medida que los investigadores descubrían que cada vez había más niños migrantes trabajando para la empresa de limpieza en todo el país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó al equipo de Rice sobre la situación con cierta regularidad a lo largo de varios meses, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

El Departamento del Trabajo también incluyó detalles sobre la empresa de limpieza y las fábricas de autopartes en informes semanales a nivel de gabinete. “La situación era: ‘Tenemos problemas aquí’”, dijo Martin J. Walsh, secretario de Trabajo hasta el mes pasado. “Enviábamos informes a la Casa Blanca, para que supieran que estábamos trabajando en ello”, agregó.

Cuando el Departamento del Trabajo actualizó su tablero público en diciembre, mostró un aumento del 69 por ciento en las violaciones de las leyes de trabajo infantil desde el año 2018.

Un vocero del Departamento del Trabajo afirmó que la Casa Blanca sabía del aumento del trabajo infantil porque fue de conocimiento público. Pero Bates, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que los funcionarios de ese organismo no supieron del aumento del trabajo infantil sino hasta el informe de febrero del Times.

Según el documento, los cambios “se basan en los esfuerzos continuos de la Administración Biden-Harris por ofrecer alternativas a la migración peligrosa e irregular hacia la frontera”.

Se explica que el CAM permite a determinadas personas, que se encuentren en Estados Unidos, “solicitar el acceso al Programa Estadounidense de Admisión de Refugiados (U.S. Refugee Admissions Program, USRAP) para un posible reasentamiento en Estados Unidos en representación de hijos suyos que cumplan los requisitos y se encuentren en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

El documento hace referencia a que las modificaciones anunciadas en la Notificaciones del Boletín Federal (Federal Register Notice, FRN) “amplían el acceso al programa y agilizan ciertos procesos, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14010 del presidente Biden, que tuvo por objeto reinstaurar y mejorar el programa CAM”.

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“El programa de Menores Centroamericanos ofrece a menores de edad en situación vulnerable una forma segura y ordenada de acceder a la protección humanitaria en Estados Unidos”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Ampliación

“Mediante la ampliación de este importante programa que se dispuso en el día de hoy, estamos reforzando las vías legales de migración para que las personas no pongan sus vidas en peligro en manos de contrabandistas despiadados”, explicó.

“Estados Unidos asumió el compromiso de promover una migración segura y ordenada en nuestro hemisferio, como dejamos en claro nosotros y nuestros socios de la región en la Declaración de Los Ángeles. Más allá de los miles de casos que hemos procesado desde el relanzamiento en 2021, seguimos decididos a buscar nuevas formas de mejorar las vías legales como el programa de Menores Centroamericanos”, comentó el secretario de Estado Antony J. Blinken.

Según el documento, entre las mejoras anunciadas incluyen las siguientes destinadas a solicitantes del programa CAM que no sean considerados elegibles para el reasentamiento como refugiados y para quienes se recomiende la permanencia temporal (parole) en Estados Unidos por otras razones humanitarias:

*Solicitantes del programa CAM que fueron entrevistados entre el 16 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018 que no calificaron para acceder al estatus de refugiado y no fueron elegibles para la permanencia temporal (parole) después de que se haya dado por concluida en 2017 esa posibilidad en el marco del programa CAM ahora serán elegibles para solicitar la permanencia temporal.

*Se permitirá que las personas que brindan patrocinio económico a los solicitantes presenten una declaración jurada para aquellos casos del programa CAM que requieran dicha prueba, en lugar de exigir a los solicitantes que completen el Formulario I-134, Declaración de Patrocinio Económico, como prueba de dicho patrocinio económico.

El comunicado señala que el 15 de junio de 2021, el Departamento de Estado y el DHS relanzaron el programa CAM y ampliaron la elegibilidad para presentar una Declaración Jurada de Parentesco (Affidavit of Relationship) por parte de padres radicados en Estados Unidos que soliciten el acceso al USRAP, que ahora incluye a los tutores legales, así como a los padres y tutores legales que tengan solicitudes de asilo pendientes, o pedidos pendientes de estatus de no inmigrante U presentados antes del 15 de mayo de 2021.

Agrega que la fecha límite se ampliará a quienes hayan presentado la solicitud al 11 de abril de 2023. Asimismo, la elegibilidad ahora también se extiende a los padres o tutores legales que tengan solicitudes pendientes de estatus de no inmigrante T (visado T) presentadas el 11 de abril de 2023 o previamente a esa fecha.

El comunicado también detalla que el programa CAM se implementó en 2014 para permitir a ciertos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, que tuvieran familiares con presencia legal en Estados Unidos que reunieran los requisitos, su admisión en Estados Unidos con carácter de refugiados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) estudió caso por caso la posibilidad de conceder la permanencia temporal por motivos humanitarios (parole) a quienes no reunían los requisitos para obtener el estatus de refugiado. En agosto de 2017, el DHS puso fin al componente de permiso temporal (parole) del programa CAM, y el Departamento de Estado dejó de aceptar nuevas solicitudes en noviembre de 2017.

Se añade que hasta la fecha en que cesaron las entrevistas del programa CAM el 31 de enero de 2018, casi 1 mil 800 solicitantes de dicho programa habían llegado a Estados Unidos como refugiados, y otros 1 mil 450 como personas con permiso temporal (parole).

El Minex detalló que el niño migrante tiene 1 año y 9 meses de edad y fue rescatado por agentes de la localidad de San Luis, entre los estados de Arizona y California.

De acuerdo al informe oficial, el menor no acompañado se encontraba en buen estado de salud y permanece bajo protección consular.

También se dio a conocer que el niño es originario de Escuintla y el objetivo de viajar hasta los Estados Unidos era para reunificarse con su padre, quien reside en el estado de California.

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De acuerdo con el Minex, la misión consular de Guatemala en Tucson, Arizona, se comunicó con el progenitor, con quien se reunificará en los próximos días.

Mientras se desarrolla este proceso, se indicó que el menor  permanecerá bajo el resguardo de una familia sustituta y, posteriormente, será el Consulado de Guatemala en San Bernardino, California, el que dará continuidad al caso.

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La Patrulla Fronteriza compartió el video, registrado el lunes 20 de marzo, por la tarde, cuando el traficante cruza la valla que separa México y Estados Unidos, con un pequeño niño en brazos.

Una vez en tierra, el coyote corre y deja en el suelo al menor entre las vallas que separan las fronteras de ambos países, a poca distancia del río Colorado.

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En las imágenes se observa cuando el pequeño se pone de pie y un segundo después camina, al parecer, desconcertado.

Un agente que patrullaba la zona se percató del hecho y aceleró su vehículo para llegar hasta el menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente.

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El agente logró llegar a tiempo hasta donde se encontraba el menor y lo puso a salvo, dentro de su vehículo, para luego llevarlo ante las autoridades migratorias.

Las autoridades, posteriormente, también compartieron la imagen de un agente sosteniendo al bebé, tras el rescate.

Picture of child safe with an Agent. pic.twitter.com/DZr0VMUNTG

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023

Aumentan cruces

De acuerdo a las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante febrero de 2023 hubo 11 mil encuentros con niños migrantes no acompañados, aumentando en un 16 por ciento la cantidad en comparación al mes anterior.

Las estadísticas muestran una tendencia a mantenerse o incluso aumentar. Casi en el primer semestre de 2022, se registró una cifra récord de 152 mil 057 menores localizados en la frontera.

Los niños que cruzan la frontera con Estados Unidos son en su mayoría de origen guatemalteco, según los registros.

Uno de los casos más recientes y relevantes que demuestran la continúa salida de los niños, fue el hallazgo de más de 100 menores no acompañados localizados dentro de un tráiler que quedó abandonado en el este de México.

Los niños regresaron días después de ser interceptados junto a un grupo de mayores e incluso nueve familias que se disponían a viajar en duras condiciones. Uno de los migrantes mayor de edad, expuso cómo fue la dura travesía y cómo observó a niños y adultos que padecían por el calor sofocante dentro de la cabina.

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La Patrulla Fronteriza compartió un video de lo ocurrido, registrado el lunes último por la tarde, cuando un traficante cruza la valla que separa México y Estados Unidos, con un pequeño niño en brazos.

El coyote deja al menor sentado entre las vallas que separan las fronteras de ambos países y a pocos metros del río Colorado.

El pequeño se pone de pie luego de unos segundos y camina sin rumbo, completamente desconcertado y abandonado.

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Un agente que patrullaba la zona se percató de lo ocurrido y aceleró su vehículo para rescatar al menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente.

El agente logró llegar a tiempo a donde se encontraba el menor y lo puso a salvo, dentro de su vehículo, para luego llevarlo ante las autoridades migratorias que llevarán su proceso.

Según las autoridades, se trata de un niño de un año y de origen guatemalteco.

Picture of child safe with an Agent. pic.twitter.com/DZr0VMUNTG

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023

La unidad de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) contabilizó en esos 12 meses la detención de 60 mil 780 niños, niñas y adolescentes no acompañados que migraron desde Guatemala, dos mil más que en el año fiscal 2021, un promedio mensual de cinco mil 65 y de 168 al día.

La migración de menores guatemaltecos que viajan solos a EE. UU. se ha incrementado abruptamente desde hace 10 años. En 2012, según reportes históricos de la CBP, fueron interceptados tres mil 314.

Dos años más tarde la cifra había alcanzado ya las 16 mil 404 detenciones. En cinco años la migración creció paulatinamente y en 2019 se estableció un récord de 30 mil 996 menores interceptados. La pandemia y los encierros provocó una caída de estas cifras en 2020, pero se reactivó con más fuerza los siguientes dos años, con cifras que duplicaron a la del 2019.

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El incremento de la migración de menores guatemaltecos ha alcanzado tal magnitud que en 10 años el aumento fue de mil 734 por ciento. Mientras que el promedio mensual pasó en ese lapso de 276 a más de cinco mil.

El aumento se dio a pesar de que el número general de guatemaltecos detenidos por la CBP cayó 18% al final del año fiscal 2022.

¿Qué ha pasado?

Conocedores del tema migratorio coinciden en que son varias causas las que motivan la migración, pero la más importante es la económica. Detrás de esta se cuentan factores como la violencia, la falta de servicios básicos del Estado y la reunificación familiar.

Asimismo, consideran que gran parte de la responsabilidad la ha tenido el Estado que no ha sido capaz de propiciar condiciones de desarrollo para que los menores y sus familias no sientan la necesidad de migrar al verse tentados por las historias de éxito que familiares o conocidos cuentan una vez establecidos en EE. UU. y que ahora son más fáciles de difundir a través de las redes sociales.

La situación para la niñez guatemalteca no es la mejor. Algunos indicadores no han mejorado en una década.

La pobreza, por ejemplo, se ha mantenido cercana al 50%. Según estimaciones del Banco Mundial, luego del golpe que supuso la pandemia, esta pasó del 47.8% al 52.4%. Para 2022 habría aumentado dos o tres veces más, según un informe actualizado en octubre pasado.

Esta pobreza repercute en la desnutrición, mal del que la niñez guatemalteca padece y cuyos números no se reducen pese a grandes planes que han anunciado gobiernos recientes, desde Hambre Cero, del Partido Patriota, hasta la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de Alejandro Giammattei.

Estos programas han gastado millones de quetzales con escasos resultados mientras el número de cinco de cada 10 niños con desnutrición crónica persiste, cifra que sube a ocho y hasta nueve por cada 10 en varios municipios del altiplano occidental.

Un informe de la Coordinadora Institucional de Protección por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) detalla que solo este año, de enero a septiembre, se detectaron 125 mil 349 nuevos casos de desnutrición crónica y 19 mil 547 de desnutrición aguda, de los cuales 24 fallecieron de hambre.

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Educación y violencia

Los indicadores de educación también han retrocedido.

El informe Atlas nacional de la situación de la niñez y adolescencia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2021 detalla que hay varios municipios en donde uno de cada dos menores de 3 a 17 años no asiste a la escuela.

La pandemia agravó la situación.

Un reporte del Ministerio de Educación (Mineduc) precisa que el número de adolescentes que se inscribieron en básico disminuyó en cuatro años y pasó de 805 mil 77 estudiantes, en 2018, a 687 mil 61 en 2022. En diversificado la caída de la matriculación cayó, en el mismo periodo, de 422 mil 134 a 351 mil 985.

Además, según números dados a conocer por el Mineduc, cerca de 187 mil niños y adolescentes que se inscribieron en un centro educativo en el 2021 no concluyeron el ciclo escolar, un aumento del 71.6% con relación al 2020.

La situación es peor en la secundaria. El 82.2% de estudiantes de ese nivel que perdió el ciclo escolar en el 2020 se retiró definitivamente del sistema educativo, un total de 120 mil 486 que no alcanzaron el nivel de desempeño requerido para el grado.

Asimismo, la violencia no cesa. De enero a octubre pasado se registraban 895 casos en los cuales evaluaciones forenses evidenciaban signos de maltrato a menores de edad. De igual forma las alertas por desapariciones han pasado de 15 diarias, antes de la pandemia, a 20, en 2022.

En cuanto a la violencia homicida, de enero a septiembre de este año, se contabilizaban 453 asesinatos de menores, 78% hombres. Además, se estima que cada día 40 niños, niñas y adolescentes quedan huérfanos a causa de la criminalidad.

Niñez no es prioridad

El director ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera, afirma que las cifras generales demuestran que “la niñez no constituye una prioridad para el Estado”. Llamó a la clase política a incluir en sus planes de gobierno un eje estratégico que aborde las causas estructurales que originan la migración.

A propósito de la campaña electoral que está por comenzar, lamentó que “cada cuatro años —los políticos—abrazan y besan a los niños y niñas, pero quien resulta electo ya ni los voltea a ver”.

Asimismo, señaló que, según un análisis efectuado por Ciprodeni, el Estado solo invierte Q5 al día para proteger los derechos de la niñez. “Este es un Estado que no le apuesta a sus niños, niñas y adolescentes y si no se crea un verdadero sistema de protección van a seguir yéndose”, advirtió.

En ese sentido, un informe del 2020 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) calificó de “raquíticas” las inversiones que hace el Estado a favor de la niñez y adolescencia que del 2015 al 2019 apenas superó el 3.5% del producto interno bruto (PIB), cifra que “resulta a todas luces insuficiente”.

Asimismo, detalla Icefi, entre 2017 y 2019 la inversión para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con niñez y adolescencia rondó entre un 3% y 3.2% del PIB, es decir que, de cada quetzal producido en el país menos de cuatro centavos se destinaron a este fin.

Medios de ese país reportan que los dos menores guatemaltecos tenían escrito en sus playeras sus nombres y los números de contacto de sus parientes en los Estados Unidos.

La ciudad de La Grulla, Texas, está ubicada a unos 50 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, y allí las autoridades de EE. UU, ubicaron a los 20 migrantes, entre ellos los niños guatemaltecos, que aparentemente fueron abandonados por traficantes de personas.

Las autoridades de la Patrulla Fronteriza de Río Grande City, ubicaron a los migrantes a las 6.30 horas de ese 20 de septiembre y comprobaron que eran originaros de Guatemala, Honduras y Cuba.

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El reporte oficial menciona que los migrantes fueron evaluados médicamente y que se comprobó que todos estaban bien de salud.

Los reportes noticiosos detallan que los dos menores guatemaltecos, son hermanos y que al momento de la revisión se encontró que en la playera tenían escritos sus nombres y los números de contacto de parientes en Estados Unidos.

#BORDERNEWS Two brothers, ages 2&6, were abandoned at the border with phone numbers of their family written with sharpie on their shirt.
They were found in a group near La Grulla, TX.
440,000 migrants have been found this fiscal year in the #RGv, 71,000 are unaccompanied kids. pic.twitter.com/5qCWgtG8yJ

— Sydney Hernández (@SydneyHdzTV) September 20, 2022

Consulado brinda atención

En un comunicado de prensa que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), se menciona que funcionarios del Consulado de Guatemala en la ciudad de McAllen, Texas, Estados Unidos, asistieron a los dos niños guatemaltecos quienes fueron rescatados luego de haber ingresado de manera irregular a ese país.

Explica que los hermanos son originarios de San Raymundo y que formaban parte de un grupo de niñas, niños y adolescentes no acompañados de varias nacionalidades que fueron localizados por la Patrulla Fronteriza.

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Añade que los menores fueron trasladados al centro de procesamiento en la ciudad texana de Donna, en donde funcionarios consulares de Guatemala constataron que se encontraban tranquilos y en buen estado de salud. Posteriormente fueron llevados a un albergue en Nueva York, donde esperan que los reunifiquen con una tía.

Viajaban con su mamá

Según el comunicado del Minex, durante las entrevistas consulares, los niños guatemaltecos comentaron que viajaban junto a su progenitora, quien, en la frontera, del lado de México, se separó de ellos.

Se menciona que la mamá se despidió de los niños antes de que los subieran en una lancha para atravesar el Río Bravo e ingresar a EE. UU, y ella les indicó que pronto se volverían a ver.

Las autoridades guatemaltecas añaden que los funcionarios consulares entablaron comunicación con el padre de los niños, quien está atento al caso, y confirmaron que la madre continúa en México, desde donde busca ingresar irregularmente a EE. UU. para reencontrarse con sus hijos.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), por medio de la Red Consular, continuará brindando asistencia durante todo el proceso migratorio de los menores no acompañados, hasta su reunificación”, se lee en el comunicado.

El Minex menciona que las dos menores no acompañadas son originarias de Santa Eulalia, Huehuetenango, fueron halladas solas el pasado 26 de agosto en la comunidad de Ajo, en el Estado de Arizona y se presume que fueron abandonadas luego de haber ingresado desde México de manera irregular.

Agrega que tras ser rescatadas ese día, las bebés fueron llevadas a un albergue y posteriormente trasladadas al estado de Iowa, donde radica una tía de las menores.

“Durante todo su proceso migratorio, la Misión Consular de Guatemala en Tucson, Arizona, ha brindado asistencia y protección a las menores no acompañadas, y en días recientes también a los padres de las bebés”, se lee en un comunicado que publicó el Minex este 6 de septiembre.

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Explica que los progenitores de las niñas ingresaron de manera irregular a Arizona y fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza el pasado 3 de septiembre.

El documento añade que los funcionarios consulares entrevistaron a los padres de las menores, quienes contaron que partieron de Guatemala hacia EE. UU. hacía más de un mes, y que junto a las menores había intentado cruzar irregularmente la frontera México-Estados Unidos, en dos ocasiones.

Retenidos por traficantes

Según el reporte del Minex, los padres de las niñas contaron que ellos y sus hijas fueron retenidos por traficantes de personas en un rancho y allí los separaron de las menores.

“Las autoridades de la Patrulla Fronteriza indicaron que los padres de las menores no acompañadas serán puestos en libertad y continuarán su proceso migratorio para reunificarse en Iowa con sus hijas, para lo cual la Misión Consular seguirá brindándoles asistencia y protección hasta su destino final”, se lee en el comunicado.