Kamala Harris, Norma Torres y otros políticos critican redadas contra migrantes y despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenados por Trump

Varios políticos estadounidenses critican las decisiones de Donald Trump en su guerra contra los migrantes y el despliegue militar para frenar las protestas.

Ana Lucía Ola

8 de junio de 2025 | 19:45h

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Oficiales de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) desalojan a los manifestantes que bloqueaban la autopista 101 en Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en otras ciudades estadounidenses han desencadenado protestas en los últimos meses, pero los disturbios en Los Ángeles son los más grandes y prolongados contra las políticas de la administración Trump hasta la fecha.

Para controlar las protestas contra las redadas de inmigrantes, el presidente Donald Trump firmó una orden para enviar 2 mil efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, quienes comenzaron a llegar a la ciudad angelina este domingo.

La decisión de Trump ha sido criticada por políticos. La expresidenta Kamala Harris escribió en la red social X un mensaje en el que desaprueba estas medidas.

“Desplegar la Guardia Nacional es una escalada peligrosa destinada a provocar caos. Además de las recientes redadas de ICE en el sur de California y en todo nuestro país, es parte de la cruel y calculada agenda de la administración Trump para sembrar pánico y división”, publicó Harris.

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Agregó: “Las acciones de esta administración no se tratan de seguridad pública, sino de alimentar el miedo. Miedo de una comunidad que exige dignidad y debido proceso”.

My statement on what's unfolding in Los Angeles. pic.twitter.com/rujs8mrVPK

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 8, 2025

La guatemalteca y congresista demócrata por California, Norma Torres, también condenó los operativos contra los migrantes.

“No pueden entrar a la comunidad y aterrorizar a los ciudadanos como lo hicieron. No pueden seguir entrando y hacer un perfilado racial a la gente sin saber si están deteniendo a ciudadanos estadounidenses, no tenemos ni idea de a quién han secuestrado. Es hora de rendir cuentas”, dijo Torres a la prensa local, y también se pronunció en las redes sociales.

They yell “invasion” at the border—but this is the real one: Trump is seizing control of California’s National Guard and forcing 2,000 troops into our streets.

Every official swears an oath to protect and uphold the Constitution. @PeteHegseth, we follow the law, not Trump’s… https://t.co/UvBaChWQ2X

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 8, 2025

Mientras tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó de “pose” el despliegue de la Guardia Nacional.

“Esto es una pose (…) Esto es completamente perturbador para una ciudad que ya ha sufrido tanto en los primeros seis meses del año (asolada por graves incendios)”, sostuvo la regidora en declaraciones al periódico Los Angeles Times.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en su cuenta de X que solicitó formalmente a la administración Trump rescindir el “despliegue ilegal” de tropas en el condado de Los Ángeles y devolverlas a su mando.

“No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindir la orden. Devolver el control a California”, dijo.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.

We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/tOtA5dcfxc

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

La congresista demócrata californiana Nanette Barragán declaró a CNN: “Estamos de acuerdo en que, si alguien es violento, debería ser arrestado. (…) Pero no es esto lo que está sucediendo. Tenemos una administración que ataca las protestas pacíficas”.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, escribió en X: “El autoritarismo de Trump en tiempo real: dirige redadas ilegales masivas, provoca una contrarespuesta, declara un estado de emergencia, llama a las tropas. Inaceptable”.

Trump’s authoritarianism in real time:

Conduct massive illegal raids.
Provoke a counter-response.
Declare a state of emergency.
Call in the troops.

Unacceptable.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 8, 2025

¿Qué resultados obtuvieron las guatemaltecas Norma Torres y Delia Ramírez en las elecciones de EE. UU.?

Dos guatemaltecas destacaron en la búsqueda de un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU., mientras un tercer connacional no alcanzó los votos necesarios para integrar la Cámara Baja.

César Pérez Marroquín

6 de noviembre de 2024 | 04:07h

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Norma Torres y Delia Ramírez, ambas de origen guatemalteco, participaron en las elecciones de EE. UU. en busca de conservar un escaño en la Cámara de Representantes. (Foto Prensa Libre: Tomadas de las páginas de Facebook de la campaña de los candidatas)

Dos de los tres guatemaltecos que participaron en las elecciones de Estados Unidos 2024 destacaron en la búsqueda de un escaño en la Cámara de Representantes o Cámara Baja, según datos oficiales proyectados por medios estadounidenses la madrugada de este miércoles 6 de noviembre.

Las demócrata de origen guatemalteco Delia Ramírez logró la reelección en la Cámara de Representantes en las elecciones de Estados Unidos 2024, en las que los estadounidenses también eligieron a su presidente a miles de cargos de elección popular.

En tanto, Norma Torres, también demócrata, puenteaba en los resultados en busca de su permanencia en la Cámara de Representantes, pues con el 37 por ciento de los votos escrutados, alcanzaba el 59 % sobre su rival, el demócrata Mike Cargile.

Sin embargo, el candidato de origen guatemalteco, M.V. “Vinny” Mendoza, del Partido Republicano, no logró el escaño que buscaba en la Cámara de Representantes, revelan datos oficiales.

Perfiles

Delia Ramírez representa al tercer distrito del Congreso de Illinois. Es de origen guatemalteco, pero nació y vive en Chicago, Illinois, donde obtuvo una licenciatura en estudios de justicia de la Universidad Northeastern Illinois.

Su experiencia profesional incluye trabajar como administradora de servicios sociales, organizadora comunitaria y defensora de políticas.

Norma Torres

Norma Torres representa al Distrito Congresional 35 de California. Torres emigró a los Estados Unidos desde Guatemala y trabajó como despachador del 911 con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante 17 años.

Torres fue miembro del Local #3090 de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, y fue voluntario de la Organización Estadounidense de Futbol Juvenil, el Programa Big Sisters, los Boy Scouts y el Centro de Prevención del Suicidio.

El Republicano M.V. “Vinny” Mendoza se postuló para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al quinto distrito del Congreso de Luisiana, pero no logró los votos necesarios para hacer de un escaño.

M. V. “Vinny” Mendoza nació en Guatemala y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1978 a 1998.

Republicanos avanzan

Los demócratas perdieron el martes el control del Senado, que cayó en manos de los republicanos tras alcanzar los 51 votos necesarios para la mayoría, y se desinflan en su intento por ganar el poder de la Cámara Baja, donde cosechan 186 de los 218 que precisan para su control.

Con los dos escaños de Virginia Occidental y Ohio, hasta ahora en manos demócratas, los republicanos han logrado darle la vuelta al control del Senado tras cuatro años de oposición, según las proyecciones de Associated Press (AP) y Fox News.

La batalla se centra cada vez más en el control de la Cámara Baja, una carrera que lideran los republicanos, que aspiran a retener su poder en este organismo.

Con 181 escaños hasta el momento, el partido del expresidente Donald Trump le ha dado la vuelta a tres escaños demócratas, mientras que los demócratas han ganado dos.

El avance del escrutinio pone a los republicanos solo ligeramente más cerca de los 218 representantes necesarios para atesorar la mayoría frente a los 152 en manos del Partido Demócrata, según las proyecciones de Fox y CNN.

El Congreso estadounidense se divide en la Cámara de Representantes, donde están en juego los 435 escaños, y un Senado de 100 miembros, con 34 bancas en disputa este año.

El monitor no partidista de financiación política OpenSecrets informa que durante este ciclo se han gastado US$10 mil millones en las campañas de los aspirantes al Congreso, un poco menos que en 2020 pero casi el doble que los US$5 mil 500 millones de la carrera por la Casa Blanca de 2024.

Con información de EFE y AFP

¿Qué guatemaltecos compiten en las otras elecciones en Estados Unidos 2024 este 5 de noviembre?

El martes 5 de noviembre los estadounidenses deben elegir, además de su presidente, a los representantes del Congreso, en donde tres guatemaltecos buscan unos de esos cargos.

César Pérez Marroquín

4 de noviembre de 2024 | 22:39h

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Delia Ramírez, Norma Torres y M. V. "Vinny" Mendoza son los guatemaltecos que buscan un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU. (Foto Prensa Libre: Tomadas de las páginas de Facebook de la campaña de los candidatos)

Los votantes estadounidenses decidirán el martes 5 de noviembre quién tomará el control de la Casa Blanca, pero también están en juego un nuevo Congreso, donde compiten tres guatemaltecos por un espacio en la Cámara de Representantes con el partido Demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris y el Republicano del expresidente Donal Trump.

Además de elegir al presidente, millones de electores estadounidenses decidirán la suerte de una parte de los legisladores de las dos cámaras del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.

Cámara de Representantes: los 435 escaños se renovarán, por un mandato de dos años, por distrito electoral. Los republicanos dominan la Cámara Baja por un estrecho margen, pero tras la retirada de Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca en favor de Harris, los demócratas esperan una reactivación del entusiasmo sinónimo de reconquista.

Es allí donde dos guatemaltecas buscan reelegirse en el cargo y un guatemalteco participa para optar a un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Se trata de las demócratas Delia Ramírez, representante al tercer distrito del Congreso de Illinois, y Norma Torres, quien representa al Distrito Congresional 35 de California, así mismo, participa el republicano MV Mendoza como representante de quinto distrito del Congreso de Luisiana, según publica el sitio ballotpedia.

Perfiles

Delia Ramírez

Delia Ramírez, integrante del Partido Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y representa al tercer distrito del Congreso de Illinois.

Asumió el cargo el 3 de enero de 2023 y su mandato finaliza el 3 de enero de 2025.

Ramírez se postula para la reelección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y está en la boleta electoral de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

Avanzó desde las primarias demócratas del 19 de marzo de 2024.

Delia Ramírez, de origen guatemalteco, nació y vive en Chicago, Illinois. Obtuvo una licenciatura en estudios de justicia de la Universidad Northeastern Illinois.

Su experiencia profesional incluye trabajar como administradora de servicios sociales, organizadora comunitaria y defensora de políticas.

Ramírez cofundó Justice for Our Neighbors (JFON) y se desempeñó como directora ejecutiva del Center for Changing Lives y presidenta de la junta directiva de la Latin United Community Housing Association (LUCHA) y la Logan Square Neighborhood Association (LSNA).

Norma Torres

Norma Torres, integrante del Partido Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando al Distrito Congresional 35 de California.

Asumió el cargo el 3 de enero de 2015. Su mandato actual finaliza el 3 de enero de 2025.

Torres se postula para la reelección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al Distrito Congresional 35 de California. Está en la boleta electoral en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024. Avanzó desde las primarias del 5 de marzo de 2024.

Torres emigró a los Estados Unidos desde Guatemala y trabajó como despachador del 911 con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante 17 años.

Torres fue miembro del Local #3090 de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, y fue voluntario de la Organización Estadounidense de Futbol Juvenil, el Programa Big Sisters, los Boy Scouts y el Centro de Prevención del Suicidio.

• 2015-Presente: Representante de los Estados Unidos por el Distrito 35 del Congreso de California
• 2013-2014: Senado del estado de California
• 2008-2013: Asamblea del Estado de California
• 2012: Se graduó del Colegio Nacional del Trabajo con una licenciatura.
• 2006-2008: Alcaldesa de Pomona, California
• 2000-2006: Concejo Municipal de Pomona, California

M.V. “Vinny” Mendoza

M.V. “Vinny” Mendoza, integrante del Partido Republicano, también es conocido como Vinny, se postula para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al quinto distrito del Congreso de Luisiana . Está en la boleta electoral para las primarias del 5 de noviembre de 2024.

M. V. “Vinny” Mendoza nació en Guatemala y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1978 a 1998.

Obtuvo un diploma de escuela secundaria de Bladensburg Senior High School, un título asociado del Community College of the Air Force en 1996, una licenciatura de la Saint Leo University en 1989 y una maestría y doctorado de la La Salle University en 1998.

Mendoza comenzó a trabajar como agricultor orgánico certificado por el USDA en 2008. Su experiencia profesional incluye trabajar con el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Estatal de Luisiana en relación con plantas comestibles antivirales.

También fue profesor adjunto en el Campus del Lejano Oriente de la Central Texas University en Tokio, Japón, donde implementó el programa de gestión de hoteles y restaurantes.

Con información de AFP

Durante la conferencia de prensa en la que el MP dio a conocer nuevas acciones judiciales contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, e integrantes del partido Movimiento Semilla y pidió que las elecciones generales sean anuladas por supuestas irregularidades, Curruchiche mencionó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a funcionarios de otros países, a quienes señaló de querer interferir en el trabajo de la Fiscalía.

“Me hubiera gustado que estuviera acá el día de hoy el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, no sé si todavía está en Guatemala, pero lo invito a que venga -al MP- y personalmente lo puedo atender y le puedo explicar lo que ustedes van a ver más adelante -en la conferencia de prensa-. También a todos aquellos diplomáticos, embajadores, senadores de países extranjeros, que tengo entendido están en este momento en Guatemala, que de forma abusiva quieren interferir en que el Ministerio Público no investigue”, dijo Curruchiche.

En la conferencia, el MP habló de la anulación de la elección del binomio presidencial, las 160 diputaciones, diputados al Parlacén y las 340 corporaciones municipales

Ante esas declaraciones, la delegación bicameral fue consultada durante una conferencia de prensa y señalaron que su objetivo es contribuir con los guatemaltecos para que se respete la voluntad popular y cumpla con el cambio de gobierno.

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El senador Tim Kaine, quien preside el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y quien encabeza la delegación, señaló que harán “cualquier cosa para apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco” y agregó que espera que el presidente Alejandro Giammattei apoye el proceso democrático.

Detalló que “no queremos tener ninguna consecuencia negativa porque estamos a favor de la democracia, nuestro deseo es el desarrollo de la economía y el bienestar de todos”.

Respecto a lo que dijo Curruchiche sobre la visita de la comitiva refirió que llegaron a Guatemala a apoyar la voluntad del pueblo y no a interrumpir.

Por su parte, la congresista de origen guatemalteco, Delia Ramírez, dijo que el objetivo de su visita es garantizar el respeto a la democracia y que es “abusivo” no honrar el voto de los guatemaltecos.

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“Para nosotros en EE. UU. el bienestar de Guatemala es importante porque está conectado el bienestar de nosotros, y por eso estamos aquí, pidiendo al Gobierno y al Ministerio Público que demuestren el respeto a la democracia. El pueblo habló directo en las elecciones y las cosas que están pasando aquí tienen un impacto muy grande y el pueblo guatemalteco quiere ver estabilidad, quiere ver un país seguro y un país que pueda tener la economía necesaria para que nuestra gente no sea forzada, como mis papás, a tener que cruzar la frontera”, comentó Ramírez.

Respecto a lo dicho por Curruchiche señaló: “Cuando escucho que el Ministerio Público dice que es abusivo que representantes de otro país vengan aquí a tratar de meterse en los asuntos de las elecciones, creo que lo abusivo es negarle al pueblo guatemalteco la democracia y no honrar el voto (…) para nosotros el bienestar de Guatemala es nuestra prioridad y proteger la democracia es lo más urgente”.

En tanto, la congresista Norma Torres, también de origen guatemalteco, dijo que la relación de EE. UU. y Guatemala es relevante porque son países con países con problemas en común, como la migración, por lo que asegura que se debe trabajar en ese aspecto, algo que ve complicado sin el país no supera la crisis política por la que atraviesa.

Torres dijo que lo más valioso que tiene Guatemala son los jóvenes, quienes son una economía que puede sostener la nación y las autoridades deben enfocarse en ese sector, al cual se le ha robado la posibilidad de tener un futuro en Guatemala, así como el de ella fue robado durante el conflicto armado interno.

Añadió que no conoce personalmente al presidente Giammattei y que este día no se pudo concretar un encuentro con él.

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“Este choque a la democracia tan fuerte que han dado, que realmente estoy sorprendida, porque hemos hablado de corrupción y del grupo de corruptos, pero estar aquí y observar lo que está pasando para mí es una pesadilla”, dijo Torres.

“Los votos de todos los guatemaltecos son los votos que el presidente y estos corruptos quieren cancelar hoy, eso es lo que están haciendo, cancelado sus votos, cancelando su democracia, cancelando su Estado de derecho y cancelando el futuro de ustedes y sus hijos y nietos”. El recado para el presidente -Giammattei- es que todavía hay tiempo, no es muy tarde, puede retroceder estas acciones y esperamos que lo pueda hacer, que este desastre que se ha hecho con este pacto de corruptos tiene que finalizar”, dijo la congresista Torres.

Fuel 7 de noviembre que Arévalo en otro mensaje dijo que desde ese día y hasta el 10 de noviembre viajaría al país norteamericano para sostener una serie de reuniones con distintos actores para “continuar y desarrollar las relaciones de Guatemala con los Estados Unidos”.

Durante esta gira de cuatro días, el presidente electo informó que se reunió con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, y con otros funcionarios de Estado, así como del consejo Nacional de Seguridad. Además, participó en entrevistas con miembros del Senado y en rondas de prensa.

Calificó de “importante” la reunión que tuvo con líderes de la comunidad migrante guatemalteca que se encuentran en el noreste de los Estados Unidos.

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En Washington D.C. también conversó con los congresistas demócratas Norma Torres, Joaquín Castro y Alexandria Ocasio-Cortez y republicanos como Marco Rubio, sobre los retos que el país debe afrontar en temas de migración, seguridad, transparencia y desarrollo.

Arévalo mencionó en el video colgado este domingo en su cuenta oficial de la red social X, que con esta gira avanza en el fortalecimiento de las relaciones de Guatemala con Estados Unidos.

La gira que tuve en Washington D.C. fue sumamente fructífera.

Compartí con migrantes guatemaltecos, funcionarios del ejecutivo, congresistas, senadores, periodistas y actores importantes de la región.

Todo con miras a tender puentes para la #NuevaPrimavera.… pic.twitter.com/0MMei5mfG7

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 12, 2023

Esta semana estaré de gira en Washington D.C., Estados Unidos, donde me invitaron a ser el orador principal en la Gala del Diálogo Interamericano.

También sostendré una serie de reuniones para discutir sobre los retos para el desarrollo del país con actores importantes.

Pronto… pic.twitter.com/4sbmXnPE7Y

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 7, 2023

La resolución está encabezada por Norma Torres y Albio Sires, integrantes demócratas de la Cámara de Representantes y de origen guatemalteco y cubano, respectivamente.

“Guatemala está en una encrucijada peligrosa. Mientras su gobierno continúa atacando la libertad de prensa, un poder judicial independiente, a las comunidades marginadas y otros derechos humanos básicos, Estados Unidos debe ofrecer su apoyo inequívoco a quienes trabajan para reforzar su frágil democracia y defender el estado de derecho”, dijo Torres en un comunicado.

Su resolución solicita al Departamento de Estado y al del Tesoro que se aseguren de que no se utilizan recursos estadounidenses para apoyar a actores corruptos mediante una investigación a oficiales guatemaltecos, legisladores o empresarios, entre otros, que hayan participado en “actos destacados de corrupción o abusos de los derechos humanos”.

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En caso necesario, reclama que se congelen sus activos en Estados Unidos.

El texto también insta a garantizar que no se concedan préstamos o ayudas a personas o entidades responsables de corrupción, financiación ilícita de campañas políticas o violaciones de los derechos humanos, y promueve revisar lo ya concedido para tener claro que no pone en riesgo a defensores de los derechos humanos.

Ese reclamo conjunto urge igualmente al Departamento de Estado y al de Defensa a que revise y de ser necesario postergue la asistencia y el entrenamiento a las fuerzas del orden guatemaltecas hasta tener claro que el Ejecutivo de ese país da pasos efectivos para investigar y llevar ante la Justicia a agentes implicados en corrupción y abusos.

Su revisión de las relaciones bilaterales reclama además que se compruebe hasta qué punto Guatemala cumple el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU., que entre sus cláusulas incluye la de no contar con suministradores implicados en actividades ilegales o fraudulentas.

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“El deterioro de la situación en Guatemala tiene un impacto directo en Estados Unidos, con miles de solicitantes de asilo huyendo del miedo constante a la violencia y embarcándose en el peligroso viaje por nuestra frontera sur”, sostuvo Torres.

Con esta resolución, según añadió Sires en esa nota, se llama la atención sobre la situación en el país apoyando “a quienes lo han arriesgado todo para mejorar las condiciones para la siguiente generación”.

Su texto recuerda a modo de ejemplo que “al menos” seis fiscales anticorrupción han sido detenidos por las autoridades guatemaltecas con cargos “frívolos” o que en 2021 se registraron “al menos” 179 ataques contra líderes indígenas y agrícolas que defendían su territorio.

Celebraron la resolución

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló en su página web y redes sociales que organizaciones de la sociedad civil celebraron la resolución de la Cámara de Representantes de EE. UU. “para restaurar el Estado de derecho en Guatemala”.

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“Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos celebran la resolución sobre Guatemala presentada el 16 de noviembre por los congresistas Norma Torres, Albio Sires, Chuy García, Jim McGovern y Joaquín Castro en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, refiere la publicación de WOLA.

Añade que “Nos preocupa profundamente la captura del sistema judicial de Guatemala por parte de actores corruptos y que ha obligado a numerosos jueces y fiscales honestos a huir del país. Nos preocupa igualmente el grave cierre del espacio cívico que afecta a las personas líderes indígenas, defensoras de los derechos humanos y a periodistas en Guatemala que se enfrentan a amenazas, ataques y acusaciones falsas que a menudo les obligan a exiliarse”.

Se solicitó una postura al Gobierno de Guatemala, pero al cierre de esta edición la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no había respondida la consulta.

Con la Resolución sobre #Guatemala, el gobierno de EEUU tomó medidas para defender el estado de derecho

@WOLA_org y nuestros socios apoyamos la resolución y a las personas que trabajan por la justicia y el futuro de su país

Declaración: https://t.co/yjjNRZRQVa https://t.co/VDHZrGerth

— WOLA (@WOLA_org) November 16, 2022

La carta de la congresista también sigue a un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés) que encontró que el gobierno de Guatemala usó Jeeps militares provenientes de los EE. UU. “para intimidar a los funcionarios de la embajada estadounidense en 2018”.

La misiva señala: “En ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”.

Desde 2021, Torres ha presionado  para que se restrinjan las transferencias de equipos militares a países con un historial de abusos contra su propio pueblo, incluida Guatemala.

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La congresista también ha pedido al gobierno guatemalteco que retorne los Jeeps en respuesta al incidente de 2018. Para su petición ha usado la etiqueta #ReturntheJeeps.

Señaló que si bien la transferencia actual utiliza fondos anteriores a estas restricciones, los Departamentos de Defensa y de Estado aún no se han comprometido a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala y, como lo indica el informe reciente de la GAO, no han implementado ninguna política para registrar y responder al mal uso del equipo militar provisto por los EE. UU.

Como integrante del Comité de Asignaciones, la Congresista Torres aseguró la inclusión de $61.5 millones para esfuerzos anticorrupción y estado de derecho en América Central en un proyecto de ley de financiación del gobierno a principios de este año.

La misiva de la congresista dice la siguiente manera. Estimado secretario Blinken y secretario Austin:
Escribo para expresar mi profunda decepción y oposición a la transferencia de equipo militar adicional al gobierno de Guatemala por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sin tener en cuenta el impacto en el pueblo de Guatemala, y sin que los Departamentos de Defensa y de Estado realicen los cambios necesarios en sus sistemas de monitoreo de uso final para equipo militar. Sin reforma, los planes y esfuerzos actuales están socavando la democracia y el estado de derecho en Centroamérica.

Indicó que el 13 de octubre, el Departamento de Estado anunció la transferencia de 95 vehículos, entre camiones y motocicletas, al Ejército de Guatemala por parte del Departamento de Defensa.

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El valor total de estos artículos fue de unos 4.4 millones de dólares. “Me preocupa que, sin salvaguardas adicionales, este equipo esté listo para un uso indebido adicional por parte de los militares”, señala.

Recordó que en 2018, “el ejército guatemalteco hizo mal uso de los jeeps militares provistos bajo este programa para hostigar e intimidar a los manifestantes, activistas de derechos humanos e incluso al personal del Departamento de Estado de los EE. UU. Estos problemas no se investigaron a fondo hasta que recibieron la atención tanto de la prensa como de mi oficina”.

Agregó: “El resultado fue que ninguno de estos jeeps ha sido confiscado, aunque los jeeps que se dirigían a Guatemala han sido retenidos en una instalación estadounidense en lugar de ser transferidos al gobierno guatemalteco. Según tengo entendido, todos estos jeeps permanecen en Guatemala. Y lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, sigue habiendo informes sobre el uso indebido de estos vehículos contra manifestantes y comunidades indígenas para aplastar la disidencia y robar tierras de comunidades vulnerables”.

Torres afirmó que estos eventos revelaron una preocupante falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión del equipo militar transferido a otros países.

“Es por eso que incluí lenguaje en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2022 que exige un estudio de la GAO sobre el monitoreo del uso final de equipos militares por parte del Departamento de Defensa y Estado en el Triángulo Norte. El informe, titulado “El DOD y el estado necesitan políticas mejoradas para abordar el uso indebido de equipos”, se publicó el 2 de noviembre de 2022”.

Se mostró consternada al ver lo que el informe descubrió. La GAO concluyó que los Departamentos de Defensa y de Estado no tienen políticas establecidas para registrar las denuncias de uso indebido, ni el Departamento de Defensa tiene políticas establecidas para investigar el uso indebido en absoluto para ciertos tipos de equipos.

Además, en el caso de Guatemala, aunque los Departamentos estaban al tanto del uso indebido por parte del gobierno guatemalteco de los jeeps militares que se les proporcionaron, ninguno de los Departamentos registró con precisión esa información y no tenía políticas para guiar futuras investigaciones.

El informe indicó que el Departamento de Defensa no implementó un monitoreo de uso final mejorado en equipos sensibles porque no mantiene una fecha precisa en la que los equipos entran en esa categoría.

“Estos son problemas serios. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por los Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”, enfatizó Torres.

Añadió la carta: Se han impuesto restricciones adicionales a la transferencia de equipo militar desde 2021. “Si bien entiendo que los fondos utilizados para la transferencia actual son anteriores a estas políticas, dadas las noticias que han surgido en los años posteriores, creo firmemente que una supervisión y la regulación debe ocurrir en todos los fondos apropiados para las transferencias militares a Guatemala y otras naciones con un historial de abuso contra su propio pueblo”.

Para leer más: Homicidios, corrupción y uso de jeeps J8 figuran en informe de EE. UU. sobre Guatemala

“Insto a los Departamentos de Defensa y de Estado a que se comprometan a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala, así como a otros gobiernos centroamericanos que hagan mal uso de equipo militar contra sus pueblos, hasta que se establezcan mecanismos de supervisión adicionales para todos los fondos asignados, independientemente de la año en que fueron apropiados”, reiteró Torres.

La congresista cree que el Departamento de Defensa debería implementar inmediatamente todas las recomendaciones hechas por la GAO en su informe.

“No entiendo las objeciones del Departamento a estas recomendaciones y creo que el Departamento de Defensa debería estar sujeto a un estándar de conducta más alto que el que está ocurriendo actualmente con respecto al monitoreo del uso final”, sugirió.

Se consultó a Presidencia respecto de lo indicado por la congresista Norma Torres, pero indicaron que trasladarían la consulta y aún se espera respuesta.

Además, criticaron la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre en señal de rechazo ante la postura de Washington de ni invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, dijo este miércoles 8 de junio que los mandatarios que no asistieron a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, se niegan a combatir la corrupción y que lejos de haber despreciado a EE. UU. están abandonando a su propio pueblo”.

En el caso de Guatemala, la participación del presidente Alejandro Giammattei era incierta desde un principio, cuando el mandatario advirtió que “no me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”; sin embargo, Washington sí lo convocó, pero en representación del país asistió el canciller Mario Búcaro.

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“El Gobierno de Guatemala, en seguimiento a la invitación recibida por el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, directamente dirigida al presidente Giammattei para dicha reunión de carácter diplomático y multilateral ha delegado, conforme la ley, su participación como representante diplomático del Estado al señor canciller Mario Búcaro”, dijo  Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Sin embargo, Torres en un comunicado que publicó en sus redes sociales señaló que “la Novena Cumbre de las Américas es una importante ocasión para planificar y abordar juntos los desafíos que enfrenta nuestra región. Desde la migración hasta el desarrollo económico y el cambio climático, las naciones de nuestra región están interconectadas entre sí, en la mayoría de los casos de manera bastante literal, y nuestras respuestas deben desarrollarse en cooperación”.

Agregó que “por eso estoy profundamente preocupada y decepcionada por aquellos líderes que han optado -no- venir a la Cumbre de las Américas. Esta reunión es una oportunidad real para establecer un plan en acción y hacer un cambio real para mejorar las condiciones en la región, en particular los problemas que impulsan la crisis migratoria”.

La congresista agregó que “debemos unirnos para combatir la corrupción y promover la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero aquellos que se negaron a asistir optaron por renunciar a estos objetivos”.

Refirió que juntos se tiene la oportunidad de promover la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas, y “los Estados Unidos, junto con los que están en Los Ángeles esta semana, seguirán trabajando para lograr estos fines”.

Torres destacó que es importante que la Cumbre se celebre en Los Ángeles, donde viven grandes cantidades de inmigrantes; además, dijo que “las remesas constituyen una parte sustancial de algunas de las economías de estas naciones, pero se niegan a tomar en consideración las necesidades y los problemas de estas comunidades que continúan contribuyendo tanto, incluso después de que abandonan el país”.

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“Los valores democráticos son un componente crítico para abordar nuestros desafíos regionales, y uno que está cada vez más bajo ataque. Aquellos países que no llegaron a la mesa deben tener en cuenta el hecho de que han decidido poner los puntos políticos a corto plazo por encima del bienestar de sus ciudadanos. Han elegido un argumento sobre invitaciones sobre el valor de la discusión y el debate. Los países que no participaron en la cumbre no están despreciando a Estados Unidos, están abandonando a su propio pueblo”, reiteró la congresista.

Agregó que “para avanzar y permitir el progreso, debemos trabajar todos juntos para defender el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Imploro a las naciones que no participaron que analicen detenidamente sus prioridades y tomen medidas concretas para demostrar su compromiso de trabajar juntos hacia una región más segura y próspera”.

Países que “exportan gente” están ausentes

La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, criticó la agenda de la Cumbre de las Américas y señaló de preocupante la ausencia de presidentes de países que “exportan gente”, al hacer referencia de la importancia de tratar el tema de la migración irregular.

Salazar calificó de “posición insultante” la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre como muestra de rechazo porque Washington no invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De acuerdo con Salazar, en la Cumbre no se incluye temas para frenar la migración; sin embargo, el martes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris anunció US$1.9 mil millones de inversiones del sector privado en Centroamérica para crear oportunidades que aportarían a la reducción de la migración ilegal.

Salazar también subrayó que la ausencia de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que describió como “países que exportan gente”, imposibilita un diálogo sobre el flujo de migrantes de esas naciones hacia EE. UU.

El representante republicano por Florida, Byron Donalds, también fue crítico de la actitud de López Obrador y dijo que no tiene respeto por EE. UU. y la administración de Joe Biden que, según dijo, ni siquiera respeta su propia frontera a través de sus políticas.

Además, el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, acusó a la administración Biden de “hacer todo lo posible por legitimizar” a los enemigos de la libertad y dio como ejemplo los recientes cambios anunciados por Washington en su política hacia Cuba.

“La Casa Blanca está optando por suavizar sus políticas hacia estos regímenes comunistas”, dijo por su parte el representante republicano por Tenesí, Tim Burchette.

Por su parte el senador demócrata, Bob Menéndez, dijo en un comunicado que le complace ver que el presidente Joe Biden esté preservando el estándar de que “la Cumbre de las Américas siga siendo una reunión para las democracias”, y que no haya invitado a países como Cuba.

Menéndez añadió que se une a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de apoyar a dictadores en vez de los intereses del pueblo.

Marco Rubio critica a López Obrador

El cruce de declaraciones entre el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y López Obrador continúa con un nuevo episodio, y es que el senador ha asegurado que la postura de no ir a la Cumbre de las Américas es un claro apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua; además, Rubio señaló que AMLO cedió territorio al crimen organizado.

La polémica se dio luego de que Rubio celebró la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas, y tras la acusación de un supuesto pacto entre gobierno -mexicano- y grupos delictivos, a los que les ha “entregado secciones de su país a los carteles de droga”.

A las críticas también se ha sumado el senador por Texas, Ted Cruz. Ambos actores políticos con ascendencia cubana.

Con exclusiones, bajas y un grito pro democracia

La IX Cumbre de las Américas arrancó el lunes último en Los Ángeles dando voz a la sociedad civil, que denunció los retrocesos democráticos y medioambientales que vive la región, en una primera jornada en la que se confirmó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos.

La apertura del IX Foro de la Sociedad Civil marcó el pistoletazo de salida de esta cita continental, que se celebrará hasta el próximo viernes y que ha iniciado enfrascada aún sobre el debate de la lista de invitados, mientras se acumulan las bajas de cara a la reunión de líderes.

La Administración de Joe Biden confirmaba a primera hora las sospechas de los últimos días: los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua están fuera.

El principal encargado del Departamento de Estado de EE. UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, explicaba en declaraciones a los periodistas esa decisión, que ha disgustado a varios gobiernos de países latinoamericanos.

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En Venezuela “hay falta de libertad” y “presos políticos”, situación que es contraria a los “documentos fundamentales de la Cumbre de las Américas”, destacó Nichols sobre la nación caribeña, instantes antes de inaugurarse el Foro de la Sociedad Civil.

“Entendemos que hay otras opiniones y pasamos mucho tiempo hablando con los demás, pensando en avanzar en esos temas, pero al final eso es lo que más pesó en nuestra decisión”, completó para afirmar después que están preparando una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega.

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Casi en paralelo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya había avisado de que no iría a la cumbre en caso de que hubiera exclusiones, se bajaba del barco, como ya había hecho antes su homólogo boliviano, Luis Arce.

También el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmaba su baja este lunes por problemas de agenda, mientras que su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, tampoco estará, pero por un positivo por covid-19.

Con información de EFE

Torres, quien integra el Comité de Asignaciones del Congreso de EE. UU., incluyó esas disposiciones para garantizar que la política de EE. UU. logre que “Centroamérica se centre en proteger los derechos humanos y defender las instituciones democráticas y el estado de derecho en la región”, según se lee en una publicación en el sitio web de la congresista.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el Triángulo Norte, y esto ha sido una prioridad para mí durante mucho tiempo”, dijo Torres.

Agregó que “me complace haber obtenido estas disposiciones para garantizar que nuestra política en Centroamérica se centre en ayudar a la gente de Centroamérica y que no estemos financiando gobiernos corruptos responsables de abusos contra los derechos humanos. Continuaré trabajando para garantizar que los dólares de los contribuyentes no se envíen al extranjero a líderes que se llenan los bolsillos a expensas de su gente”.

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Las disposiciones que Torres incluyó en el paquete de financiamiento del Gobierno de EE. UU. incluyen: US$61.5 millones para esfuerzos anticorrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, incluido apoyo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala y la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) de Honduras.

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Además, incluyó la eliminación de todo financiamiento militar extranjero para Guatemala, El Salvador y Honduras, también US$70 millones para programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos US$15 millones “que pueden usarse para pactos bilaterales para proteger a las mujeres y los niños” en dichos países.

Además, Torres incluyó condicionar el 50% de la asistencia extranjera a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y al cumplimiento del estado de derecho y estándares anticorrupción.

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También agregó ordenar al Departamento de Estado que consulte con el Congreso sobre el uso planificado del entrenamiento militar y educativo internacional para Guatemala, El Salvador y Honduras.

Por último, se incluyó una supervisión adicional de la asistencia militar del Departamento de Defensa a Guatemala.

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El mensaje de Torres fue difundido en un video que publicó en Twitter Acción Ciudadana, en el que resalta el retroceso democrático que hubo en Guatemala con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Lo mismo dijo de Honduras y El Salvador, donde los entes que luchan contra la corrupción perdieron continuidad.

“Quiero felicitar a la Fundación Internacional de Seattle y a sus importantes aliados por lanzar el Centro Contra la Corrupción y la Impunidad esta semana. Todos vimos el retroceso democrático cuando vimos a los gobiernos de Guatemala y Honduras dejar que la Cicig y la MACCIH fallaran, y la semana pasada lamentablemente vimos al CICIES en El Salvador correr con la misma suerte, pero la sociedad civil se mantiene firme donde estos tres gobiernos están fallando”, dijo Torres.

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Torres, de origen guatemalteco, dijo que el Ccinoc es un esfuerzo del pueblo para recuperar sus países. “Están cansados de que lo más valioso, sus hijos, se vayan cuando sus gobiernos les niegan la oportunidad de una buena vida”, agregó.

Además, dijo que no se puede confiar solo en las acciones de esos tres gobiernos para luchar contra la corrupción, y que lo que se debe hacer es fortalecer las instituciones anticorrupción y las organizaciones civiles locales.

Una decena de organizaciones de la sociedad civil lanzó el jueves 3 de junio el primer centro para luchar mediante un esfuerzo conjunto contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala.

El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (Ccinoc) fue presentado en un evento virtual en el que participaron representantes de las organizaciones civiles y el enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, entre otros.

La iniciativa busca fortalecer la lucha desde la ciudadanía contra la corrupción y la impunidad, dos de los “grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región”, según las organizaciones civiles.

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Zúñiga aplaudió la creación del Ccinoc y destacó que las organizaciones fundadoras tienen “capacidades y compromisos esenciales para nuestro esfuerzo común: para promover la transparencia y mejores condiciones en Centroamérica”.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que la corrupción le cuesta a Centroamérica US$13 mil millones, según Zúñiga.

Ese dinero podría utilizarse “para mejorar la educación, la salud y la seguridad de los centroamericanos”, subrayó el enviado especial de EE. UU., quien indicó que cuando los ciudadanos no tienen “buenas condiciones” en sus países, las buscan en el exterior.

“Estamos al lado de las víctimas de la corrupción en Centroamérica, sentimos los efectos de esa corrupción aquí en Estados Unidos. Por eso hemos trabajado de cerca con socios valientes que están trabajando contra el flagelo”, subrayó Zúñiga.

Iniciativa regional, esfuerzo de ciudadanía

El centro es “un esfuerzo” de organizaciones centroamericanas vinculadas a la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo el director del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo (Fosdeh, privado), Mauricio Díaz.

El centro es “el resultado de una actualización que de lado de sociedad civil estamos realizando después de que fueron obstruidas y desarraigadas todas las acciones de combate a la corrupción en el Norte de Centroamérica”, explicó.

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Díaz indicó que este flagelo tiene “un peso económico y social muy poderoso” en la región y afirmó que en los tres países centroamericanos hay “una absoluta falta de credibilidad en la institucionalidad pública”.

Ante ello, la sociedad civil “no nos podemos quedar de brazos cruzados, por lo que tenemos una oportunidad de actualizar nuestra estrategia y ponerla en vigencia de manera conjunta”, agregó.

El centro regional trabajará en la investigación de “casos emblemáticos de corrupción” en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde además realizará prevención del flagelo y trabajos de veeduría, subrayó el director del Fosdeh.

Las organizaciones civiles buscarán el apoyo de la comunidad internacional e incluir a otros sectores a la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Norte de Centroamérica, añadió Díaz, quien lamentó la no continuidad de la Maccih y la Cicig en Honduras y Guatemala, respectivamente.

El responsable de la organización no gubernamental Acción Ciudadana en Guatemala, Manfredo Marroquín, Manfredo Marroquín, dijo que la iniciativa regional surgió frente al contraataque que sufren jueces y fiscales independientes que “dieron la cara, procesaron y juzgaron casos de corrupción que involucraron peces grandes, políticos de primera línea y empresarios”.

La contraofensiva en los tres países se traduce en “el desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción, incluso en leyes que están favoreciendo la impunidad”, subrayó Marroquín, quien afirmó que el Ccinoc buscará hacer frente “a quienes son aliados de la impunidad y la corrupción”.

@NormaJTorres brinda un mensaje de apoyo a #CCINOC y a las organizaciones de sociedad civil que combaten la corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica, ante los cierres de #CICIG, MACCIH y #CICIES y los retrocesos democráticos en la región.#JuntosContralaCorrupción pic.twitter.com/Ds2tNcg56W

— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) June 11, 2021

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“Las amenazas en mi contra para acabar con la corrupción en el triángulo norte son muy reales”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

“Pero eso no significa que dejaré de luchar para apoyar a la gente de estos países. Se merecen gobiernos a favor de la democracia”, agregó Torres.

En una entrevista concedida a la cadena MSNBC, la congresista dijo que las amenazas e intimidaciones provenían principalmente del gobierno de El Salvador, miembros del Congreso de ese país, “incluso del embajador salvadoreño en Whashington DC”.

Explicó que una cosa eran las amenazas contra ella y su equipo vía telefónica, pero otra muy diferente poderse encontrar físicamente con personas por la calle que podrían obedecer al llamado de actuar con violencia.

En ese sentido, la congresista dijo que creía que la estaban espiando por medio de vehículos y que estarían averiguando sobre la ubicación de su vivienda, por lo que temía por su vida y por la de su familia.

Torres ha afirmado que la intimidación se debe a que ha denunciado a políticos implicados en casos de corrupción en los países de la región, como las listas que ha proporcionado sobre personas que deben ser sancionadas por Estados Unidos.

A principios de abril último, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por la congresista Norma Torres tras un intercambio de mensajes en la red social Twitter después de que la congresista publicó un mensaje relacionado con el caso de dos niñas arrojadas en la frontera entre Estados Unidos y México por un traficante de personas.

“Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de #Guatemala #Honduras #ElSalvador, sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco!”, escribió Torres.

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Torres es una las voces más críticas con los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y una de las promotoras de la denominada “lista Engel”.

Los Angeles Times, incluso, escribió un amplio artículo en el que asegura que la congresista “duerme con un arma cerca” y enumera las veces que Torres ha confrontado directamente a políticos de la región.

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Este martes 18 de mayo en su cuenta de Twitter hizo publico el listado en indicó: “En el informe que solicité, que ahora es público, el gobierno de Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus aliados niegan y tratan de ocultar”.

Añadió que el Triángulo Norte no puede prosperar mientras sus funcionarios estén más centrados en el enriquecimiento personal que en el servicio al público.

En abril recién pasado, la congresista de origen guatemalteco informó en un comunicado que solicitó datos de actores políticos de la región central de América que son relacionados a prácticas de impunidad.

En su página web la congresista estadounidense resalta que el informe proporciona nombres de funcionarios de los que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción, incluido el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al tráfico de estupefacientes.

Este es el segundo informe al Congreso sobre funcionarios corruptos de Centroamérica que llega a solicitud del Representante Torres.

En un comunicado la funcionaria indicó: “En el informe que solicité, que ahora es público, el gobierno de Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus secuaces niegan y tratan de ocultar”.  

Añadió_ “La verdad es que ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de corrupción: funcionarios corruptos de la región cerraron mecanismos anticorrupción exitosos como la CICIG y MACCIH y debilitaron el papel de la CICIES; continúan interfiriendo con las investigaciones independientes y bloqueando los órganos de supervisión; Las élites guatemaltecas llenaron los tribunales de compinches para cubrir sus intereses; y el presidente de El Salvador hizo campaña contra la corrupción mientras se rodeaba de actores corruptos”.

Importancia de la lista

“Esa es exactamente la razón por la que esta lista es tan importante: después de cuatro años de negligencia bajo la administración anterior, públicamente avisa a estos actores y promueve la perspectiva de la rendición de cuentas”, continuó Torres. 

“El apoyo de Estados Unidos solo debe ir a instituciones y funcionarios que estén verdaderamente comprometidos con el estado de derecho; cualquiera que intente enriquecerse debería pensarlo dos veces si espera asociarse con nosotros. Seré implacable en exigir la rendición de cuentas de nuestro gobierno: si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, las restricciones de visa, la retención de apoyo para disuadir futuros actos de corrupción y el desmantelamiento de los sistemas que permitir que ocurra la corrupción”, enfatizó.

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“No podemos esperar que la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras prospere en casa mientras sus funcionarios electos están más enfocados en el enriquecimiento personal que en el servicio al público”, agregó Torres. 

“Es solo el primer paso”

“Esta lista es un paso importante, pero es solo el primer paso para hacer que esos funcionarios rindan cuentas. He tenido amplias conversaciones con la Administración de Biden sobre cómo centrar nuestra política y apoyo a la región en torno a la importancia de la lucha contra la corrupción y el estado de derecho. Espero trabajar con el Estado y el Tesoro para asegurar que aprovechemos estas herramientas para acciones sólidas. Seguiré luchando por la gente de la región hasta que podamos decir con orgullo que el estado de derecho se mantiene en el Triángulo del Norte y la corrupción no”.

Espera lista ampliada

“Seguiré trabajando con la Administración para lidiar con otros actores corruptos evidentes, como el presidente de Honduras. Espero una lista ampliada en junio “.

Listado

• Acisclo Valladares, exministro de Economía guatemalteco, lavó alrededor de 10 millones de dólares en ganancias de cocaína para traficantes mientras pagaba sobornos a políticos corruptos y se embolsaba algo de dinero que pasó por las cuentas bancarias estadounidenses de empresas de Miami. Fue acusado en los Estados Unidos en 2020 de conspirar para cometer lavado de dinero, pero sigue prófugo.
• Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, San Marcos, fue detenido en 2021 y está acusado de narcotráfico y su posible relación con cárteles en México y Colombia. Su captura fue en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, por autoridades panameñas a solicitud de Estados Unidos.
• Boris Roberto España Cáceres, miembro del Congreso de Guatemala desde 2012, se desempeñó como primer secretario del Congreso de Guatemala para el período 2017-2018 y se desempeñó como gobernador de Chiquimula de 2005 a 2017.Informes de noticias creíbles indican que España fue un intermediario clave en una red de tráfico de influencias y corrupción activa de sobornos.
• Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, fue designado bajo la Sección 7031 (c) en 2020 debido a su participación en una corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente las actividades económicas internacionales de las empresas estadounidenses.
• Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala, fue designado bajo la Sección 7031 (e) en 2020 debido a su participación en una corrupción significativa.
• Mario Amílcar Estrada Orellana, un candidato presidencial y excongresista de 2019, fue acusado en los tribunales de Estados Unidos de solicitar entre 10 y 12 millones de dólares al Cartel de Sinaloa de México para financiar un plan corrupto para elegir a Estrada como presidente de Guatemala a cambio de transportar cocaína a los Estados Unidos.

In the report I requested, which is now public, the US govt acknowledges the corruption that Central American authoritarians and their allies deny & try to hide.

The #NorthernTriangle cannot thrive while its officials are more focused on self-enrichment than serving the public. pic.twitter.com/OFr2ZJxYle

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 18, 2021

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El legislador señaló que en las últimas semanas “los funcionarios del Gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales”.

Indicó que “esta campaña para manipular la percepción pública ha sido respaldada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses” y que miembros del Congreso “están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado”, sin precisar la forma en que han sido amenazados.

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“Recientemente, se intensificó hasta el punto de que el jefe de estado de El Salvador instó a los electores de un miembro del Congreso a votar para sacarla de su cargo y difundió teorías de conspiración apoyadas por sus oponentes políticos”, indicó Sires.

El pasado 1 de abril, tras intercambiar mensajes públicos en Twitter con la congresistas Norma Torres, Bukele pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por ella.

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“Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)”, publicó el mandatario salvadoreño.

Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres.

No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 2, 2021

El actual período de Torres concluirá en enero de 2023 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se vota cada 2 años y cuyos miembros serán renovados en noviembre de 2022.

Esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño tiene una confrontación en las redes sociales con congresistas de Estados Unidos.

“Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos”, advirtió Sires.

En noviembre de 2020, el mandatario acusó a 12 congresistas estadounidenses, sin aportar pruebas, de seguir órdenes del filántropo George Soros, después de que uno de ellos respaldara los allanamientos realizados por la Fiscalía en diferentes oficinas gubernamentales.

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De acuerdo con analistas consultados por Efe, El Salvador y Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste de sus relaciones tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

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“En los próximos días, espero con ansias una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica”, refirió en la comunicación.

Al mismo tiempo criticó el actuar de los gobiernos del Triángulo Norte, asegurando que los niños centroamericanos merecen una vida digna y gobiernos que trabajen para hacerlo realidad.

“Soy responsable ante mis electores de asegurarme de que el dinero de los contribuyentes que trabajan duro y que envían en ayuda exterior llegue realmente a las personas que están sufriendo, no a los gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos. Y nunca dudaré en arrojar luz sobre la corrupción que es la base de tanto sufrimiento”, agregó el comunicado.

Los comentarios de la congresista Norma Torres generaron una disputa virtual con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien pidió, el jueves pasado, a los latinoamericanos a no votar por la congresista Torres. 

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“Nuestra asistencia extranjera debe ir a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones multilaterales y otras instituciones creíbles que tengan un historial probado de ayudar a personas y comunidades vulnerables”, apuntó.

No es la primera vez que Torres, integrante del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes, busca que la ayuda estadounidense beneficie a quienes lo necesitan en Guatemala, El Salvador y Honduras, origen de la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan crecientemente a la frontera sur de Estados Unidos.

En el proyecto de ley de financiación omnibus del 2020, Torres aseguró financiamiento para la lucha anticorrupción en esos tres países, así como la identificación de funcionarios corruptos y la eliminación de la financiación militar.

Torres, del Partido Demócrata, cuestionó la gestión del expresidente republicano Donald Trump, por permitir una corrupción “desenfrenada” en el llamado llamado Triángulo Norte centroamericano.

En su misiva, señaló que en Guatemala, los militares utilizaron la asistencia de seguridad estadounidense para intimidar a la propia embajada de Estados Unidos.

Además, citó procedimientos judiciales en tribunales federales en Nueva York, según los cuales presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “protegió a narcotraficantes mientras se jactaba de traer drogas a Estados Unidos”.

También dijo que en El Salvador, “el presidente Nayib Bukele usa su influencia para desacreditar procesos e instituciones democráticas legítimas”.

El gobierno de Biden, que asumió el 20 de enero con la promesa de una política migratoria “justa y humana”, dijo que está decidido a atacar las “causas fundamentales de la migración”.

Recientemente Torres viajó a la frontera Sur de Estados Unidos en donde habló con migrantes que huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador, según ella “para tener la oportunidad de vivir otro día.

Afirmó que los migrantes escapan de los “narcogobiernos” de Alejandro Giammattei, en Guatemala; Juan Orlando Hernández, Honduras y Nayib Bukele en El Salvador.

Visité la #FronteraSur para hablar con migrantes que huían de sus países para tener la oportunidad de vivir otro día. Muchos están escapando de #narcogobiernos liderados por @nayibbukele, @JuanOrlandoH y @DrGiammattei. Estas familias merecen un verdadero liderazgo y compasión. pic.twitter.com/OClxaNW9my

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 24, 2021

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Tras las explosivas acusaciones del fiscal Jacob Gutwilling a un jurado en Manhattan surgieron otras voces de Washington contra el gobernante que lleva su segundo mandato y que dice ser un combatiente del narcotráfico y las maras en ese territorio.

Norma Torres, congresista de origen guatemalteco y que ha mantenido especial observación sobre el Triángulo Norte Centroamericano en torno a la corrupción e impunidad como causantes de la pobreza y la migración indocumentada, hizo una feroz publicación en Twitter contra Hernández.

“Hernández, mantenga su cocaína y mentiras sobre su lucha contra la corrupción en la que usted entra para alguien tonto que lo crea. Por esta razón he recortado la asistencia y equipo militar para el narco estado hondureño y su jefe de carteles durante dos años”, escribió.

.@JuanOrlandoH: Keep your cocaine & lies about fighting the corruption you wallow in for someone dumb enough to believe them.

THIS is why I’ve cut assistance & military eqpt. for the Honduran narco state and its cartel-boss-in-chief for 2 years in a row.https://t.co/u9V5sxkoyA

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 9, 2021

Y desde el Ejecutivo, Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, sostuvo que “cualquier líder (…) que no esté preparado para combatir la corrupción no estará en posición de tener una alianza estrecha con Estados Unidos”.

En consonancia con la investigación de la fiscalía, Price dijo sobre las acusaciones contra Hernández: “Apoyamos fuertemente el estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Eso es verdad en Honduras, en todos los niveles en Honduras”.

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Acusación sin precedentes

“Toneladas de cocaína, armas, violencia, asesinatos brutales, sobornos y corrupción”: así comenzó el 9 de marzo el alegato inicial de los fiscales estadounidenses que acusan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de ayudar a traficar droga a Estados Unidos.

Las explosivas declaraciones fueron realizadas en el marco del juicio a Geovanny Fuentes en la corte federal de Manhattan, en Nueva York, un presunto narcotraficante hondureño que según los fiscales fue socio de Hernández en el millonario negocio de la droga.

El mandatario aseguró el lunes en Twitter que exnarcos prestarán “falsos testimonios” en el juicio para vengarse por su lucha contra el narcotráfico y reducir sus penas de cárcel, y amenazó con dejar de cooperar con Washington si la justicia estadounidense les otorga beneficios a cambio.

El fiscal Jacob Gutwillig dijo al jurado que el presidente hondureño y Fuentes “planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran”.

El negocio “floreció” debido a los sobornos pagados por Fuentes a políticos, militares y policías, e “incluso al presidente de Honduras” a cambio de protección y de ayuda en el transporte de la cocaína, indicó.

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La asociación de Fuentes con Hernández le tornó “intocable”, aseguró la acusación en el segundo día de un juicio que durará unas dos semanas. “El acusado era parte del narco Estado hondureño”.

Hernández, un abogado que asumió el cargo en 2014 y está en su segundo mandato, niega todas las acusaciones y se presenta como un adalid del combate contra el narcotráfico y las pandillas que aterrorizan la empobrecida Honduras.

Los fiscales a cargo del caso le consideran un “co-conspirador” de Fuentes, pero no ha sido inculpado ante la justicia.

En 2013 y 2014, Fuentes pagó sobornos por “US$25 mil en efectivo del dinero de la droga” al actual presidente, a cambio de protección, “y algo más valioso: acceso al laboratorio de droga del acusado” en las montañas de Honduras, dijo Gutwillig al jurado.

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A cambio, y pese a sus numerosos crímenes, incluidos asesinatos, Hernández lo protegió de la justicia hondureña y le ayudó a transportar la droga, aseveró.

“El presidente lo blindó a prueba de balas”, indicó el fiscal tras contar que Fuentes secuestró, torturó y apuñaló hasta la muerte a un policía que se puso en su camino.

Según Gutwillig, un contador identificado como José Sánchez que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual Fuentes lavaba dinero y que presenció reuniones suyas con Hernández, contará al jurado “el shock, el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Y relatará que el presidente dijo a Fuentes “que transportaría tanta cocaína a Estados Unidos que ‘meterían las drogas por las narices de los gringos'”.

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Defensa

El abogado de la defensa, Eylan Schulman, intentó desacreditar el eventual testimonio del contador en sus alegatos iniciales.

“Supuestamente US$25 mil es todo lo que lleva sobornar a un presidente”, afirmó. El contador “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio porque espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio, señaló.

Un contador de nombre José Sánchez relatará que el presidente Hernández dijo a Fuentes que transportaría tanta cocaína a Estados Unidos que ‘meterían las drogas por las narices de los gringos’.

La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará próximamente “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel hondureño Los Cachiros, que mató a 78 personas, intentó matar a otras 15 y está preso en Estados Unidos.

“El gobierno (estadounidense) acordó hacer un trato con este diablo (…) Nunca se le debe creer”, dijo Schulman.

El hermano del presidente, Tony Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico “a gran escala” en Nueva York en octubre de 2019, y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Los fiscales aseguran que Tony era el intermediario entre Fuentes y el presidente.

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Armas automáticas

El primer testigo del juicio fue el agente de la agencia antidroga estadounidense (DEA), Brian Fairbanks, que confirmó al jurado que en el teléfono celular del acusado halló el email de Hernández y su número de móvil.

La acusación mostró al jurado fotos del hermano y de hijos de Fuentes con el presidente encontradas en el teléfono del acusado, así como fotos de varias armas de grueso calibre y contactos con policías y militares.

Fuentes fue arrestado por el agente Fairbanks en Miami, Florida, el 1 de marzo de 2020 y está acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

El mandatario aseguró el lunes en Twitter que exnarcos prestarán “falsos testimonios” en el juicio para vengarse por su lucha contra el narcotráfico y reducir sus penas de cárcel, y amenazó con dejar de cooperar con Washington si la justicia estadounidense les otorga beneficios a cambio.

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A través de Twitter, Torres, representante de California, dijo que hoy “fue un día terrible para el Capitolio”, en referencia a los miles de seguidores del presidente saliente Donald Trump que entraron por la fuerza a ese recinto.

“Ninguna turba sediciosa va a detener esta democracia”, sostuvo Torres, que compareció esta noche para la acreditación de la victoria electoral de Joe Biden, un acto meramente protocolario a las puertas de la toma de posesión el 20 de enero.

Today was a terrible day on Capitol Hill, but we will fulfill our Constitutional duty to certify the American people's choice for our next president.

I'm back in the House Chamber now. No seditious mob is going to stop this democracy. pic.twitter.com/VRIRiU4hCG

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 7, 2021

“Cumpliremos con nuestro deber constitucional de certificar la elección del pueblo estadounidense para nuestro próximo presidente”, agregó.

Horas antes, en otro tuit, Torres sostuvo que Trump “está muy por debajo de la dignidad de la Oficina Oval” y calificó de “despreciable”, la actitud del gobernante saliente de “poner en peligro innumerables vidas para hacer un berrinche por unas elecciones libres y justas”.

Aparte, Torres narró un aspecto particular durante la sesión de esta noche en la Cámara de Representantes. Los congresistas fueron alertados de no tocar los asientos porque aún podría haber gas lacrimógeno allí. “Puedes olerlo en el aire. Casi puedes saborearlo. Esto no nos detendrá de certificar la elección esta noche”.

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Torres, de origen guatemalteco y quien migró a EE. UU. cuando apenas tenían 5 años, compite por el distrito 35 de California, su rival es el republicano Mike Cargile.

Hasta cerca de a la media noche, la congresista contabilizaba poco más de 20 mil 300 votos contra seis mil 700 de su contrincante. Aunque apenas se habían contado el 7% de los sufragios, la diferencia es de más del 50% y al competir en un estado predominantemente demócrata se estima que será reelecta.

Los estados del oeste de EE. UU., como California, fueron los que más tarde cerraron sus centros de votación, por lo tanto, sus resultados se conocen de último.

Torres es candidata por el distrito 35 que representa a las ciudades de Bloomington, Chino, Fontana, Montclair, Ontario, Pomona y Rialto.

Dentro de su experiencia política, antes de ser congresista, Torres fue senadora estatal y alcaldesa de Pomona.

Más latinos

En varios estados comienza a destacar la elección o reelección de congresistas de apellidos hispanos, quienes han competido principalmente por el Partido Demócrata. Según proyecciones de algunos medios de comunicación cerca de la media noche se contaba medio centenar de ellos, lo que aumentaría en 14 el número de la actual legislatura.

Entre algunos nombres, por ejemplo, destaca el de la congresista demócrata de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez, quien obtuvo más de 17 millones de votos en Nueva York.

Mientras que en Florida el alcalde de Miami-Dade, el republicano Carlos Giménez, ganó este martes un escaño en el Congreso de EE. UU. así como la periodista de origen cubano y también republicana María Elvira Salazar.

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Esta fue una de las principales conclusiones de la conferencia “Ley Global Magnitsky: Riesgos, consecuencias y el alcance extraterritorial de la Justicia Americana”, que organizó la Cámara de Comercio Guatemalteco-americano (AmCham) el pasado miércoles 9 de septiembre.

“Hay evaluación”

Durante el foro, se explicó que el nuevo embajador de Estados Unidos, William W. Popp, expuso su intención de aplicar esa sanción. El diplomático asumirá en octubre.

El abogado estadounidense Emil Infante, uno de los expositores en la conferencia, dijo que la ley de sanción ya se aplicó a ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Viendo hacia adelante, sabemos que hay personas en Guatemala que el gobierno americano está en estos momentos evaluando bajo un proceso de designación”, declaró el especialista.

Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, recalcó que hay “suficientes razones” del porqué se piensa que va a haber más casos hacia personajes de Guatemala.

La primera razón es que algunos congresistas de los Estados Unidos ya enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que se incluyan y designen personas de Guatemala dentro de la Ley Magnitsky

Por aparte, dijo Carrasco, el nuevo embajador Popp ya anunció en su audiencia de confirmación como embajador que piensa dar seguimiento a la política de la lucha contra la corrupción de EE. UU. y de aplicar esa norma en el país.

“Anticipamos que con la llegada del nuevo embajador y los anuncios que han realizado algunos senadores vengan más casos de personas guatemaltecas que se incluyan en esta lista. Tenemos señales claras de por qué lo está anunciando el embajador Popp y lo están manifestando congresistas de los Estados Unidos”, remarcó el presidente de AmCham.

Carrasco reiteró que con estas señales que se están dando se piensa ampliar este listado “e implementarlo severamente”.

Lista de guatemaltecos

De momento, los únicos guatemaltecos sancionados en la Ley Magnitsky –y que ya se ha aplicado por varias autoridades de EE. UU.– son el exdiputado Julio Artemio Juárez Ramírez y Gustavo Adolfo Alejos Cambara.

Lo que implica ser incluido en la ley es la muerte financiera, en el sentido de que no pueden hacer ningún tipo de operación o intercambio con empresas estadounidenses, ni sus familiares ni personas que tenga relación, así como el decomiso de bienes –si cuentan con estos– en Estados Unidos.

“En palabras simples: si una persona designada bajo la Ley Magnitsky en EE. UU. tiene un interés del 50% o más dentro de una empresa, negocio, un individuo o entidad que esté realizando negocios con esta persona designada también cae, y todos están sujetos”, dijo el abogado Infante, al reiterar que la aplicabilidad es muy política.

Citó como ejemplo que en el caso de Alejos Cambara, el gobierno de EE. UU., también designó a sus hijos, su esposa y “sabemos que también está mirando de cerca a personas que tenían negocios con él para también designarlos en la ley”, describió el experto en la actividad.

Infante recordó que en la lista latinoamericana hay personas de Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, con un historial de corrupción en el sistema político y financiero global relacionadas al narcotráfico. “Son países con un escrutinio elevado dentro del programa de Estados Unidos” dijo.

En el caso de Brasil, el especialista mencionó el caso de la constructora Odebrecht y de la empresa Petrobras. En México, de la compañía Pemex, en Bolivia, del expresidente Evo Morales, y precisó que Guatemala es uno de los países que ha tenido personas incluidas.

Las personas sancionadas pueden estar sujetas a encarcelamientos o pago de multas significativas.

Muerte financiera

Tanto Infante como Carrasco expusieron que la aplicación de la Ley Magnitsky implica también el retiro de la visa.

“Ninguna entidad en Estados Unidos puede hacer negocios con estas personas, todas las tarjetas de crédito y bancos guatemaltecos hacen negocios con bancos estadounidenses, no podrán tener ningún producto financiero porque serían sancionados”, recordó Carrasco.

Infante recomendó a las empresas, compañías y personas que deben prevenir y ejercer control con programas estrictos de cumplimiento, basados en riesgos y basados en cada operación comercial.

Precisó que hay ciertos sectores productivos que podrían verse perjudicados, –si hay una designación contra una persona– por lo que deben preparase y “ya no es como antes que había una lista y que se aplicaba a todo el mundo”. Ahora todo es individualizado a las empresas con las que se esté tratando.

El abogado mencionó que hay empresas que verifican antecedentes y auditorías de terceros para prevenir a las empresas un problema relacionado con esta legislación.

“Los empresarios deben estar seguros de la contratación de su personal en los puestos altos de que no tenga problemas con la ley con corrupción, violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero o narcotráfico”, señaló Infante.

El abogado indicó que para que una persona sea designada a esta sanción implica que es parte de un caso “bien fundamentado”.

Registros por la IVE

El reporte de análisis de transacciones financieras de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) indica que del 1 de enero hasta el 4 de septiembre el monto denunciado por lavado de dinero en Guatemala es de Q1 mil 163 millones, y es menor a los Q3 mil 299 millones del año pasado, lo que equivale a una caída del 64%.

Mientras que los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) son de 2 mil 923 y menor a los 4 mil 510, es decir, un 35% menos.

Las denuncias y ampliaciones de denuncias se mantienen en 214, y el número de personas involucradas es de 2 mil 28, según las estadísticas.

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“Le instamos a rechazar esta legislación. Es esencial garantizar que no se tomen medidas para interrumpir a las ONG que trabajan para fortalecer las instituciones democráticas”, señala la misiva.

Los congresistas añaden que “las democracias florecen cuando permiten espacios abiertos para que la sociedad civil opere sin temor a represalias. Guatemala tiene una sociedad civil vibrante que contribuye a su democracia”.

“Nos preocupa especialmente que la ley se parezca a una medida rusa que regula a las ONG que fue aprobada por Vladimir Putin en 2012 y leyes similares implementadas en Venezuela y Nicaragua”, manifiestan los congresistas en la carta.

Los funcionarios estadounidenses reiteraron su compromiso en trabajar de la mano con Giammattei para abordar las principales causas de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Mejorar la gobernabilidad democrática y aumentar la confianza pública en el gobierno ayudará a reducir la migración. Creemos que la aprobación de esta ley podría tener el efecto contrario”, enfatizaron.

Los firmantes de la carta enviada a Giammattei son:

• Eliot Engel, representante demócrata y presidente del Comité de Asuntos Exteriores
• Michael McCaul, representante republicano y miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
• Albio Sires, representante demócrata y presidente del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
• Francis Rooney, representante republicano y miembro de alto rango del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
• Norma Torres, representante demócrata y copresidenta del Caucus de América Central del Congreso
• Ann Wagner, representante republicana y copresidenta del Caucus de América Central del Congreso

Otras posturas en contra

El 15 de febrero de 2020, Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, también manifestó su rechazo a la reforma a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

El funcionario estadounidense señaló que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.

Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.

Bill 5257 puts onerous requirements on NGOs in #Guatemala, which play a key role in functioning democracies and help to strengthen democratic institutions. We urge Guatemala to revise this legislation consistent with international best practices. -MK

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 15, 2020

Un día después de que el Congreso aprobó a ley, los representantes de las ONG que trabajan en Huehuetenango dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que no están en contra de la fiscalización sino porque la reforma legal “viola nuestros derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho de petición”.

Las ONG esperan que el decreto sea vetado por el presidente Alejandro Giammattei.