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Esta se encuentra registrada en la Comisión Guatemalteca de Normas (Coguanor) que es el organismo nacional de normalización, adscrito al Ministerio de Economía (Mineco).

Sin embargo, las fuentes consultadas refieren que esta norma no es de aplicación obligatoria, sino se aplica de forma opcional para las empresas que prestan esos servicios.

Guillermo Cuellar, secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Canopy Guatemala (ACG) explicó que esa organización fue creada con el con el propósito de hacer una promoción en conjunto para el resguardo y protección de las personas y se trabajó en esa norma.

¿Qué acciones implementar?

Expuso que se encuentran en pláticas con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) para impulsar que una normativa como esa se pueda volver obligatoria y que por medio de Asociación y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se pueda hacer una verificación en conjunto.

La evaluación la tendría que hacer un tercero, como Conred u otros entes ya que somo Asociación no pueden ser juez y parte, comentó. La organización ha trabajado en impulsar acciones para avalar las diferentes atracciones de canopy que existen en diversos parques asociados y otros que se han ido sumando con el tiempo y están en el proceso de adecuación a la norma, mencionó el directivo.

Es decir cuando se integran a la asociación ésta respalda la verificación el terreno y avala la propuesta de construcción por medio de algunos de sus asociados expertos en este tema, explica el directivo.

En la actualidad hay unos 40 parques con canopy en el país, y 30 de estos forman parte de la asociación.

En el caso del incidente mencionado el parque no se ha adherido a la organización y tampoco ha implementado la norma existente, dijo Cuellar.

A su criterio, aunque una norma no sea obligatoria una empresa puede tener implicaciones legales al no cumplir con hacer los procesos que establece la normativa.

Agrega que no basta con poner un rótulo que refiera que la persona sube por su cuenta y riesgo. Eso no los exime de una responsabilidad ya que para eso existen las hojas de desistimiento que es un documento legal que el participante llena, anota su Documento Personal de Identificación (DPI) y firma, además de hacer los procesos de mantenimiento del equipo explicó Cuellar.

Estos procesos incluyen el grosor y calidad del cable además del mantenimiento y revisión continua no solo de este sino del equipo a usarse, se agregó. Se deben tener procesos y documentos que evidencien que tienen una buena práctica.

Sin embargo, hay otros parques que se han unido a la asociación y han adoptado las buenas prácticas, agregó Cuellar.

Trabajan en manuales de buenas prácticas

El directivo explicó que ya cuentan con manuales de buenas prácticas los cuales se han trabajado con la Mesa Nacional de Turismo de Aventura junto con el Inguat.

Además, con este ente y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) se está trabajando en la creación de cursos para guía especializado en aventura. También se busca que se cree la capacitación para operadores de canopy.

Se prevé que estos se implementen en el segundo semestre del año.

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Recomienda a las personas que quieran usas las atracciones de canopy que puedan consultar a la asociación mencionada para saber qué parques cumplen con los requisitos básicos mínimos que establece la norma.

Las consultas pueden hacerla por medio de la dirección de correo electrónico canopyguatemala@gmail.com o el número de teléfono 5307 4836.

Entre julio y agosto se prevé relanzar la página electrónica donde también se podrá hacer ese tipo de consultas y ver la lista de parques afiliados.

Cuellar considera que se puede hacer canopy en Guatemala de manera segura y divertida pero las empresas deben seguir trabajando en las buenas prácticas y el usuario debe consultar y enterarse de cada parque.

Qué hacer, según el Inguat

El subdirector del Inguat, Juan Pablo Nieto reconoce la labor que se ha hecho al impulsar las norma de Coguanor, (en la cual participaron delegados del Inguat) y recomienda que se puedan cumplir con los diferentes puntos de seguridad.

Sin embargo refiere que la ley no faculta ni obliga al Inguat a llevar un control, registro y verificación de esas atracciones, a diferencia del registro que lleva de establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y operadores de turismo.

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Lo que lleva en forma general esa entidad es un inventario de atractivos turísticos y segmentos turísticos, pero no puede verificar cada atracción existente, porque además necesitaría un equipo grande de personal, explicó Nieto.

A este lugar (Parque Pino Dulce) la asociación lo ha invitado a unirse a esa organización y hacer su proceso según la normativa pero no han accedido según expuso el subdirector.

Lamentablemente no hay una institución estatal que este facultado u obligado a verificar estas atracciones, es un tema relativamente y en los países han tenido que ir implementado acciones, añadió.

“Es uno de temas que hay que ponerle atención, para definir qué entidad se pueda hacer cargo de verificación de que todo esté seguro” aunque dijo que es difícil que el ente de turismo lo certifique.

Recomiendan certificarse

Edwin Arriaza, auditor regional de Control Unión Guatemala, explicó que existen diversas normas Coguanor que tienen contemplado lo que se refiere a la seguridad ocupacional para infracciones físicas mientras que el alcance para operar le compete al acuerdo del Ministerio de Trabajo 229-2014 donde está relacionado tanto con ese ministerio, Conred y el IGSS.  Si embargo esto se refiere a normas de seguridad para el trabajador.

• En el caso de normas que se refieran a actividades poco convencionales para el canopy no se pueden aplicar en caso de incidente con algún usuario (que no sea trabajador). Entonces, refirió es responsabilidad de cada empresa planificar su operatividad en base a los riesgos específicos que pudiera conllevar sus actividades.
• Incluso el acuerdo ministerial se queda un poco corto en ese tipo de actividades, añadió.
• Coincidió que el Inguat en las diferentes mesas de actividades turísticas de buenas prácticas, pero aún no se están aplicando.
• En la legislación nacional que hay un vacío, ya que con el acuerdo en mención, si no es un accidente laboral el Ministerio de Trabajo no puede entrar a verificarlo, añadió.
• Las empresas pueden apoyarse en organismos de certificación que pueden llegar a verificar que todo el equipo se encuentre en condiciones, y verifique el estado de cumplimiento, aspecto que le ayudaría al usuario la tranquilidad de hacer uso de este tipo de actividades recreativas.

“Coguanor lo que hace es determinar cada una de las normas internacionales a la realidad guatemalteca, su función no es verificar, solo redactar reglamentos técnicos”, por eso recomienda la certificación y verificación por un tercer ente privado.

Los parques que integran la Asociación de Canopy Guatemala

(Datos proporcionados por dicha organización)

1. Amatique Bay, Izabal
2. Antigua Canopy Tours, San Felipe, Antigua Guatemala
3. Aquaventura, Carretera Puerto Quetzal, Escuintla
4. Canopy Concepción Chuiquirichapa,  Baja Verapaz
5. Canopy Tikal Tours, Flores, Petén
6. Cascadas de Tatasirire, Jalapa
7. Chajil Siwan, Totonicapán
8. Chuiraxamoló, Santa Clara La Laguna, Sololá
9. Circo del Aire, Santa Inés, Antigua Guatemala
10. Eco La Castalia, San Marcos
11. Finca El Patrocinio, Quetzaltenango
12. Green Rush, Guatemala
13. La ruta del Yalu, San Jose El Yalu, Sacatepéquez
14. La Taltuza Loca, Chimaltenango
15. Parque Cerro Alto, Jalapa
16. Parque Chatún, Esquipulas, Chiquimula
17. Parque ecológico Hun Nal Ye, San Pedro Carchá, Alta Verapaz
18. Parque Ixpanpajul, Petén
19. Parque Vuelo Extrem, Quetzaltenango
20. Parque Xulik, Retalhuleu
21. Parques del Irtra, Retalhuleu
22. Paseo Cayalá, Ciudad Guatemala
23. Paseo Xejasmín, Chimaltenango
24. Remansos de Tecpán, Chimaltenango
25. Reserva Natural Atitlán, Panajachel, Sololá
26. Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez
27. Senderos del Abuelo, Quiché
28. Tenamit Maya, Río Dulce, Izabal
29. Valle Dorado, Zacapa
30. Villa Amanda, Suchitepéquez
31. Xpark, Guatemala

¿Qué es Coguanor?

La Comisión Guatemalteca de Normas (Coguanor) es el organismo nacional de normalización, adscrito al Ministerio de Economía, según Ley del Sistema Nacional de la Calidad decreto 78-2005 del Congreso de la República, se explica en la página electrónica del Ministerio de Economía.

La principal función de Coguanor es desarrollar actividades de normalización que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y elevar la calidad de los productos y servicios que dichas empresas ofertan en el mercado nacional e internacional.  Su ámbito de actuación abarca todos los sectores económicos.  Las normas técnicas que elabora, publica y difunda, son de observancia, uso y aplicación voluntarios.

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La publicación de este lunes 14 de marzo en el Diario de Centro América, refiere a la aprobación de los siguientes reglamentos: Contrato de extrafinanciamiento en tarjetas de crédito; premios o bonificaciones de tarjetas de crédito; para autorizar el inicio de operaciones de emisores de tarjetas de crédito y el reglamento para la divulgación de información por parte de las entidades fuera de plazo o entidades Off Shore.

El objetivo del reglamento del contrato de extrafinanciamiento en tarjetas de crédito es regular e indicar los aspectos mínimos respecto a los derechos y obligaciones entre el emisor de tarjetas de crédito y el tarjetahabiente, así como la forma de remitir información en relación a la cuota mensual, fecha de pago y saldo pendiente de pago.

El reglamento norma lo referente a premios o bonificaciones, en el sentido de establecer las condiciones generales que deben observar los emisores de tarjetas de crédito relacionadas con dichos programas ya que el artículo 22 de la ley indica que el emisor debe establecer la forma de calcular o asignar, si procede, los premios o bonificaciones por el uso de la tarjeta de crédito, así como su temporalidad y la forma de uso, canje o reclamo por parte de los tarjetahabiente.

En la publicación también se hace mención al reglamento para autorizar el inicio de operaciones de emisores de Tarjetas de crédito, por parte de la Superintendencia de Bancos. También se indica las modificaciones de los nombres de los  reglamentos vigentes al reglamento para la divulgación de información por parte de las entidades fuera de plazo o entidades Off Shore.

El Congreso de la República aprobó la Ley de Tarjeta de Crédito por medio del Decreto No. 7-2015, publicado en el Diario de Centro América el 8 de diciembre del 2015 y que entró en vigor el pasado  8 de marzo de 2016 en medio de controversias, así como de múltiples rechazos de parte de emisores y usuarios.

María Mercedes Sánchez, gerente de Denominación de Origen de la Anfal, explicó que son cambios leves de redacción que debían efectuarse, primero en el país de origen —Guatemala—, y luego se presenta a la UE, para que esa región también la acepte.

La UE es la región que más valor le da a este concepto en productos como vinos, quesos y otros, añadió.

La cadena productiva completa está inscrita con fincas de caña de azúcar, ingenios, destiladoras, centros de añejamiento y plantas embotelladoras.

A la fecha, hay inscritas cinco fincas y dos rones, Botrán y Zacapa, como usuarios de la denominación de origen.

Ron Botrán tiene presencia en 32 países y Ron Zacapa en 122, agregó la ejecutiva de la Anfal.

La norma, de 54 artículos, establece la pena de muerte o cadena perpetua para aquellos que funden, organicen o dirijan un grupo terrorista o tengan un alto cargo en el mismo, y un castigo mínimo de 10 años de prisión para los que se unan a estas formaciones.

Por grupo terrorista, la ley define a “toda entidad o banda formada por al menos tres personas, en el interior o en el exterior del país y de cualquier nacionalidad, que tenga el objetivo de cometer crímenes terroristas o use el terrorismo como medio para lograr sus fines” .

Para el consejero legal de la onegé Red rabe para la Información de Derechos Humanos, Ahmed Qimawi, la nueva ley es anticonstitucional y “su objetivo básico no es solo combatir el terrorismo sino cualquier acto pacífico que pueda ser contrario al régimen u opuesto a alguna cuestión concreta” .

En declaraciones a Efe, Qimawi expuso que las definiciones incluidas en la ley son “generales” , por lo que se puede aplicar a cualquier grupo o persona, incluidos los partidos políticos o las organizaciones civiles.

“De manera global supone la imposición de un régimen personalista y la inauguración de un régimen tiránico” , concluyó el activista, que instó a buscar una solución política al terrorismo y no insistir en estrategias centradas en la seguridad.

La recién aprobada legislación también estipula que la irrupción o el intento de entrar en cualquier sede gubernamental, de seguridad o judicial, o en oficinas de misiones diplomáticas u organizaciones internacionales con el fin de cometer actos terroristas serán sancionados con un mínimo de diez años de cárcel y hasta cadena perpetua.

El mismo rango de penas recibirán aquellos que traten de cambiar el régimen por la fuerza o por medios terroristas, o que efectúen un secuestro o retengan a una persona con el objetivo de lograr algo a cambio de las autoridades.

Además de endurecer los castigos contra los extremistas, la ley protege a las fuerzas de seguridad, ya que en su artículo 8 estipula que “los encargados de aplicar esta ley”  no van a ser presentados ante la justicia por usar la fuerza durante sus funciones o para protegerse de un peligro.

En cuanto a los puntos relacionados con la libertad de expresión, la ley indica que toda persona que incite a la violencia o cometa un crimen terrorista por palabra, escritura o cualquier otro medio, de manera directa o indirecta, se enfrentará a un mínimo de cinco años de cárcel.

La prensa también se ve afectada de forma directa por el artículo 35, que condena la publicación de noticias que no sean “verídicas”  sobre “cualquier operación terrorista”  y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa” .

Las personas implicadas deberán pagar una multa de entre 200 mil y 500 mil libras egipcias  (25.500 y 63.700 dólares, respectivamente) , un castigo que reduce el previsto inicialmente en el proyecto de hasta dos años de cárcel, que generó mucha controversia.

La ley contempla, asimismo, cambios en el proceso judicial al permitir a la fiscalía y las autoridades encargadas de las investigaciones interceptar cualquier información emitida a través de cualquier medio y en cualquier lugar, durante los treinta días posteriores a la comisión de un crimen terrorista.

Además, obliga a los tribunales penales y de primera instancia a que dediquen salas especializadas para juzgar los crímenes terroristas, y les pide que agilicen los procesos.

Desde que comenzó a elaborarse la ley, arreciaron las críticas de las organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que representaba un “asalto flagrante”  a la Constitución y pidieron enfrentarse al terrorismo “ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas” .

Coincidiendo con la redacción del proyecto de ley, el primer ministro, Ibrahim Mehleb, alegó que Egipto libra una “verdadera guerra que hizo necesario preparar rápidamente un proyecto de ley antiterrorista” .

En la misma línea, el portavoz del Gobierno egipcio, Hosam al Qauisi, aseguró hoy a Efe que la ley es “necesaria e importante”  y opinó que las críticas han quedado atrás.

Egipto lucha contra yihadistas que tienen sus bases en la península del Sinaí y considera a los Hermanos Musulmanes, principal grupo opositor, como una organización terrorista, a pesar de que la cofradía se ha desvinculado de todas las acciones de violencia.