Las leyes de Guatemala establecen que toda persona civilmente capaz tiene libertad para testar; es decir, para disponer de sus bienes después de su muerte.

En ese sentido, la capacidad mental del testador es uno de los requisitos esenciales para la validez del testamento, de la cual da fe el notario que auxilia al testador. Este respalda la decisión tomada en vida por su cliente.

Además, el testamento tiene trascendencia económica, explica el abogado Pedro Monterroso, del bufete Valenzuela-Herrera Asociados, porque al dejar clara nuestra voluntad evitamos problemas a los herederos.

Toda la información del legado debe hacerse dentro del testamento; por lo tanto, no tienen validez las herencias “de palabra”.

El número de testamentos que se otorguen a favor de herederos —o legatarios— puede ser ilimitado, porque no hay restricción legal al respecto, pero podría ser que en el último se incluyera algún párrafo de cualquiera de los anteriores o bien, puede dejarlos sin efecto y redactarse uno nuevo totalmente diferente, indica el abogado Aly Fuentes Toc.

Ha habido casos en que en el Registro de la Propiedad y el Archivo de Protocolo del Organismo Judicial aparecen 10 o más testamentos, los cuales deben ser declarados inválidos.

Antes de que muera un testador solo hay una copia de su testamento; pero al morir, los interesados pueden tener las que sean necesarias.

Impugnaciones

Como el testamento es un documento que regularmente incluye a más de un heredero o legatario, puede ser objetado —impugnado— a partir del momento en que el testador ha fallecido, por medio de un juicio ordinario.

Hay varios motivos para no estar de acuerdo, sea por falta de requisitos, como la hora de inicio o final en la que el testador —o quien hereda o lega bienes— se reunió con el notario. Además, que no haya testigos o que las firmas no correspondan.

Si el testamento no es impugnado, el juez, dentro de los tres días que sigan a la junta de herederos, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados en el documento.

Nulidad

Un testamento es nulo por la incapacidad del testador —ya sea por no estar en su sano juicio o por ser menor de edad—, en el caso de que el testador hubiera sido engañado o coaccionado, o si es revelado, alterado o modificado sin su consentimiento.

Herederos

Son quienes reciben derechos y obligaciones sobre la totalidad del patrimonio del difunto o una parte del mismo, que deberá repartirse.

Cuando “se abre” o se da a conocer el testamento, se debe citar solo a las personas que se considere están en línea de sucesión o herencia. Ninguna otra persona que no sea incluida en el testamento tiene derecho a participar.

Proceso sucesorio

Tiene por objetivo determinar quiénes son los sucesores de los bienes —incluidos los impuestos y deudas— de una persona muerta.

Al preguntarle a Fuentes por qué es tan engorro y lento un proceso sucesorio, indica: “Las leyes de Guatemala tratan de evitar que personas inescrupulosas se hagan de los bienes de un fallecido; de ahí, que sean muchos los requisitos exigidos”.

El pasado 8 de mayo, la CC publicó un listado con los nombres de tres mil 194 profesionales del Derecho, quienes en conjunto adeudan en multas Q9 millones 69 mil 606.

La normativa señala que los abogados que planteen acciones como amparos, entre otras, que sean rechazadas por no contener hechos reales o concretos, o ser frívolas, serán sancionados con multas que van de Q50 hasta Q1 mil.

El listado se hizo público por primera ocasión en agosto del 2015, y mes a mes se ha actualizado.

En esa fecha habían dos mil 548 sancionados y el monto ascendía a Q8 millones 442 mil 457.

Santiago Palomo, de la CC, explicó que no existe la posibilidad de inhabilitar a los sancionados por deudas, pues la ley no lo señala, y tampoco existe un procedimiento específico para obligarlos a pagar.

“Se podría entablar un proceso en un juzgado Económico Coactivo, pero se trata de casos que tardan mucho tiempo en resolver y que son muy costosos”, afirmó Palomo.

La normativa indica que no se podrá imponer multas al Ministerio Público o a la Procuraduría de los Derechos Humanos aunque las acciones que presenten no sean aceptadas.

La ética

El hecho de que abogados no cumplan con el pago de multas impuestas por la CC refleja la falta de ética con la cual algunos profesionales ejercen, señaló Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

“Ellos hicieron un juramento de fidelidad y cumplimiento de la Constitución y las leyes del país. Es lamentable que se deban comenzar procesos judiciales para cobrar las multas, o que se hiciera una reforma a la ley para obligarlos a pagar, porque deberían actuar conforme a su juramento”, recalcó.

Para el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), se trata de una actitud incongruente por parte de los profesionales morosos, porque adquirieron el compromiso de respetar las leyes y a las instituciones.

Agregó que muchas veces, en el caso de amparos, los abogados cobran por adelantado a sus clientes el monto de las acciones y las eventuales multas, las cuales no son pagadas a la CC.

“Es una práctica muy común cobrar al cliente la multa con las que se pueda sancionar, aunque estas son impuestas directamente a los abogados”, afirmó.

Notarios y sus sanciones

Por varios hechos puede sancionarse a un profesional del Derecho.

• Los notarios  pueden ser inhabilitados para ejercer, por la falta de pago trimestral de impuestos.
• La falta del pago de cuotas al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala también es causa de inhabilitar a un profesional en su ejercicio.
• Puede decretarse  la suspensión por juicios de tipo económico coactivo que se sigan en su contra.

El abogado César Milián, presidente de la Asociación, señaló que varios afiliados han solicitado que se refuerce la seguridad, pues en lo que va del año se han reportado seis saqueos a oficinas y otras que no presentaron denuncia.

“Estamos preocupados, porque si el papel protocolo es robado en blanco existe el riesgo de que se le dé mal uso; además, roban sellos y timbres”, explicó.

Temor

De acuerdo con Milián, hay mil 700 abogados y notarios en el departamento y la mayoría teme ser víctimas de los delincuentes.

“Lo que queremos es que nos digan qué investigaciones o medidas preventivas tiene Gobernación departamental y la Policía Nacional Civil (PNC) para unirnos y evitar más actos delictivos”, manifestó.

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Claudia Ávila, gobernadora, dijo que se han implementado planes de vigilancia por las noches y madrugadas, con el fin de dar con los responsables de los robos y saqueos.

“Hay un equipo de investigadores —de la PNC— que han determinado el modus operandi de los malhechores. Esperamos tener resultados en un corto plazo. No podemos dar más detalles por la investigación”, agregó Ávila.

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El papel tipo ledger que se usa en la actualidad para las hojas de papel protocolo será cambiado por papel bond de 120 gramos y se prevé que esta medida se efectúe en enero del próximo año, indicó el intendente de recaudación, Abel Cruz.

Ese papel ya no tendrá líneas, sino que busca adaptarse a la impresión por computadora, pero sí tendrá controles de seguridad, como un código y el número de colegiado del notario, entre otros, dijo.

Es decir, que cada notario podrá imprimirlo y con un código especial se podrán establecer los controles y adquirirlo en línea.

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Explicó que a pesar de las denuncias que persisten por falta de papel protocolo, la SAT está abasteciendo a las oficinas de atención al público con 50 mil hojas semanales.

Para efectuar el cambio van a agotar la existencia actual de unas 400 mil hojas, añadió Cruz.

El superintendente, Juan Solórzano Foppa, expuso que cambiarán los trámites para el traspaso de vehículos, que se harán en forma electrónica.

Los notarios podrán ingresar los datos del traspaso en el sistema de la SAT, con lo cual se evitará que se tenga acudir a las oficinas de la institución.

• Falta de papel

Este año ha sido marcado por la escasez y largas colas por parte de los notarios para poder adquirir papel protocolo.

La escasez impactó a 21 mil 515 notarios colegiados activos que pagan Q10 por cada pliego de protocolo.

El papel protocolo es utilizado por los notorios para realizar diversos trámites legales y se adquiere en la SAT.

El principal problema es que los notarios de la provincia tienen que ir a las oficinas de la SAT en la capital para abastecerse.

Ese ente agregó que el Taller Nacional de Grabados prevé entregar 50 mil hojas semanales durante septiembre, y que espera que la entrega se regularice durante ese mes.

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Luego de que el Colegio de Abogados amenazó, a mediados de agosto, con presentar una solicitud de antejuicio contra el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, por falta de ese papel dicho ministerio indicó que se dotaría de 50 mil hojas para finalizar agosto y 200 mil para septiembre, pero las quejas continúan. 

El Colegio de Abogados de Guatemala presentó una acción de amparo en contra de la SAT por este tema, y el viernes 26 de agosto la Corte de Constitucionalidad fijó un plazo de cinco días a este organismo para abastecer el insumo.

La escasez de papel protocolo comenzó el año pasado, pero en los últimos meses el problema se ha agudizado.

La demanda actual de ese papel es de tres mil hojas diarias, aspecto que la SAT menciona como una demanda atípica.