Las nueve destituciones y cuatro renuncias de funcionarios del Gobierno de Bernardo Arévalo

Casi una decena de funcionarios han sido removidos o han presentado su renuncia en el primer cuatrimestre en la administración de Bernardo Arévalo.

Raúl Barreno Castillo

11 de mayo de 2024 | 05:00h

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Fachada del Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)

Entre el 15 de enero y el 10 de mayo de 2024 al menos nueve funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo han sido destituidos por diversas circunstancias. Entre estas por casos de mal uso de los recursos públicos, por no gozar la confianza del mandatario y porque fueron señalados por hechos de corrupción

La última destitución se dio ayer, el Ejecutivo removió a Luis Ayala Vargas como viceministro de Energía y Minas quien estaba a cargo del área de minería e hidrocarburos.

Aunque las autoridades del MEM no confirman que exista alguna denuncia en contra de Ayala, fuentes de la cartera indican que el cambio podría haber obedecido a pesquisas en curso acerca de subsidios al propano y las gasolinas durante la pandemia, así como el cobro de regalías a petroleras que operan en el país.

En la misma cartera se removió del cargo a Edvin Danilo Mazariegos el pasado 29 de abril como viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM. La demisión derivó tras la confirmación de que Mazariegos hacía pasar a su pareja Heidy Alicia Méndez Vásquez como trabajadora del ministerio.

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En el Ministerio de la Defensa, Hermelindo Choz Soc asumió la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) en sustitución de Carlos Antonio Medina Juárez. El cambio en el Ejército ocurre posterior a la participación del titular de ese Ministerio, Henry Sáenz, en una caminata junto con el presidente Arévalo para entregar una propuesta de ley relacionada con cambios a la Ley Orgánica del Ministerio Público el pasado 6 de mayo.

El 9 de abril, luego que Arévalo nombrara gobernador departamental de Quiché a Estuardo Solorzano Rivera, este fue destituido del cargo, ya que se argumentó que este no era “depositario de la confianza pública”. 

Otra las remociones que se hizo fue el pasado 7 de abril fue el de María José Iturbide quien dejó el cargo como titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En un comunicado el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerreo Garnica, detalló que la decisión se tomó por el mal uso de recursos del Estado y a la corrupción.

La destitución de la entonces ministra se dio luego de que el pasado 4 de abril el medio nativo digital Vox Populi publicó el reportaje “carros del Estado al servicio de la hija de la ministra de Ambiente” en el que se evidenció que la hija de Iturbide, María Fernanda, utilizaba vehículos y elementos de seguridad del Estado para sus actividades personales.

Otro de los cambios realizados por el mandatario y que incluso llegó a la Corte de Constitucionalidad del país fue la de Alejandra Carrillo, quien estaba al frente del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima. El cambio se realizó el pasado 2 de febrero y en el puesto fue colocada la exdiputada del Movimiento Semilla, Ligia Hernández.

El 4 de abril, Hernández, denunció penalmente a Carrillo por los delitos de abuso de autoridad, desobediencias, incumplimiento de deberes y abandono del cargo.

Al listado se une el extitular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Francis Argueta, removido del cargo en pasado 5 de febrero. El piloto aviador fungió en el cargo durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, luego de ser juramentado en abril de 2018.

Argueta dejó un Aeropuerto Internacional La Aurora con capacidad insuficiente, Fallas en suministro de energía y agua, inactividad de mobiliario. Los elevadores, gradas eléctricas, bandas de equipaje y escáner para detectar ilícitos están inactivos constantemente.

El 21 de marzo, el gobierno hizo oficial el nombramiento de Mauricio Boanerje Saza Vásquez, como gobernador suplente de Izabal, Ocho horas después, en un comunicado el gobierno se retractó y devolvió la terna de gobernadores.

Otro de los funcionarios separados por el Ejecutivo fue Melvin Ernesto Quijivix Vega. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia comunicó la decisión el 18 de enero pasado sobre la destitución de Qujivix como director titular del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

El exfuncionario fue incluido en julio de 2023 por el Departamento de Estado en la Lista Engel, como un actor corrupto en Guatemala. El exdirector según las autoridades estadounidenses incurrió “en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada”.

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Los que renunciaron

Ayer el director general de minería, Álvaro Morales Carrillo, presentó su renuncia al puesto. Argumentó en su carta que ocupaba el puesto desde 2018 y que se hacía a un lado para darle la oportunidad a nuevas personas en el Ministerio de Energía y Minas.

Marilyn Renata Morales Paz, nombrada el 23 de abril como presidenta de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, renunció este 8 de mayo.

Morales Paz adujo asuntos personales para renunciar, pero extraoficialmente se ha sabido que recibió amenazas en los pocos días que estuvo al frente de esa junta directiva.

Stuard Rodríguez emitió un comunicado el 26 de marzo en el que presenta su renuncia “irrevocable” al presidente Bernardo Arévalo como director del Instituto Guatemalteco de Migración.

Rodríguez, que no mencionó los motivos de su renuncia, enumeró en aquel comunicado, los avances que durante su gestión se logró en materia migratoria.

Anayté Guardado, fue la primera funcionaria en declinar sin haber asumido el puesto de ministra de Energía y Minas. El 10 de enero puso a disposición su nombramiento porque adujo ser víctima de “una campaña de desprestigio” en redes sociales, donde se publicaron videos sobre entrevistas brindadas a medios de comunicación como representante de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, las cuales habían sucedido hace más de 6 años.

Quién es Patricia Orantes Thomas, la nueva ministra de Ambiente y Recursos Naturales

Ana Patricia Orantes Thomas nació en la Ciudad de Guatemala el 20 de enero de 1969. Es hija de Carlos Orantes Troccoli y Megan Thomas.

Raúl Barreno Castillo

11 de abril de 2024 | 12:14h

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La diputada nacional, Patricia Orantes Thomas confirmó que pidió permiso para asumir como titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República).

El 20 de enero pasado la política guatemalteca Ana Patricia Orantes Thomas cumplió 55 años, cinco días después de haber asumido como diputada en segunda casilla de la Lista Nacional por el partido Movimiento Semilla.

Llegó al Congreso este 2024 y es parte de la Décima Legislatura. Durante su paso por el Congreso integró las comisiones de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; de Finanzas Públicas y Moneda; de Energía y Minas y de Economía y Comercio Exterior.

Es fundadora de Movimiento Semilla, y junto con su esposo, financista de la agrupación que llevó al poder a Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera.

Fue secretaria de organización durante el primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento Semilla y en la actualidad se desempeña como miembro suplente del CEN del partido. Además, coordinó a la agrupación política en la ciudad de Guatemala.

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Congreso: diputados electos por Semilla aún sin ser declarados como bancada

Este jueves 11 de abril reveló en los pasillos del Organismo Legislativo que será la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), por instrucciones del mandatario. Para ocupar el puesto debe antes que solicitar al Congreso permiso para dejar la curul por la cual fue electa.

Su lugar en el Congreso lo ocuparía Luis Enrique Ventura Urbina, un afiliado al partido Movimiento Semilla, originario de Quetzaltenango, que el 2 de septiembre cumplirá 30 años.

Actualmente Ventura Urbina fue contratado en el renglón 022 como asesor del diputado por Lista Nacional Manfredo Duvalier Castañón González, con un sueldo de Q18 mil.

Otro permiso

El primer diputado de esta bancada en solicitar permiso fue Jonathan Menkos, que fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo como ministro de Finanzas Públicas (Minfin).

Orantes Thomas aseguró a que solicitará permiso en el Organismo Legislativo para hacerse cargo de la cartera medioambiental que dejó vacante María José Iturbide, que se vio envuelta en un escándalo por el uso de vehículos oficiales para su hija.

Orantes Thomas no es nueva en la administración Pública. Según su biografía, dirigió la Secretaría General de Planificación (Segeplan) del 2006 al 2008 durante el gobierno de Óscar Berger.

Los dos años anteriores en este puesto estuvo Hugo Beteta (2004-2006), quien ahora fue designado por el presidente Arévalo de León como embajador en Washington, Estados Unidos.

En estas dos gestiones se llevaron a cabo planes estratégicos territoriales en el contexto de mancomunidades.

La nueva titular del Marn es bióloga de profesión por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con estudios de posgrado en políticas de desarrollo y administración pública en Estados Unidos y Alemania.

En el tiempo que estuvo al frente de la Segeplán fue condecorada por el Rey Juan Carlos de España con la Medalla al Mérito Civil.

Para la organización Rainforest Alliance coordinó el programa Clima, Comunidades y Naturaleza.

Fue consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid).

Andreas Cord Lehnhoff, su esposo, fue el titular del Marn durante el gobierno transitorio de Alejandro Maldonado Aguirre, que fue nombrado en sustitución de Otto Pérez Molina, quien fue obligado a renunciar en el 2015 por acusaciones de corrupción que lo llevaron a prisión.  

Incertidumbre en algunos departamentos por el nombramiento de gobernadores

En estos días asumirán las gobernaciones de 17 departamentos candidatos que integraron ternas suplentes y en otros casos trabajadores administrativos mientras se nombran a los nuevos funcionarios.

Raúl Barreno Castillo

26 de marzo de 2024 | 12:50h

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Los nombramientos de gobernadores departamentales todavía están incompletos debido a decisiones presidenciales y acciones legales. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

El presidente Bernardo Arévalo nombró a cinco de los 22 gobernadores departamentales titulares y suplente el pasado 20 de marzo. Ese día también dio los nombres de otras cuatro personas, solo como suplentes.

Además, devolvió 11 ternas para que los integrantes del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), vuelvan a hacer la integración de estas, debido a que las que presentaron no reunían las cualidades y calidades que amerita el puesto.

Cinco días después, el 25 de marzo, el Gobierno de Guatemala, por medio de un comunicado, reveló la destitución de 17 gobernadores que habían nombrados durante el gobierno anterior.

Por ahora, el presidente, ordenó que asuman funciones los gobernadores titulares y suplentes que fueron seleccionados por él, y su equipo de trabajo.

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De acuerdo con la información oficial en el caso de los departamentos donde solo se nombró a gobernador suplente será quien se haga cargo de la dependencia presidencial mientras se completa el proceso para elegir al titular.

En el caso de los territorios donde todavía no hay titular o suplente, porque se devolvieron las ternas completas, se seguirá el proceso basados en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

En cuanto a Petén y Chiquimula, el proceso está entrampado por amparos que todavía no se resuelven.

Por ahora los gobernadores que ya están en funciones son el del departamento de Guatemala, Diego Eduardo de León Barrios; y el suplente es Cristian Joselito Tzorín García. En El Progreso fue nombrada Karoll Elyana Paredes Zacarías como titular y se está a la esperan que designen al suplente.

Delfina Celestina García Reyes fue nombrada gobernadora titular de Totonicapán y quedó pendiente el suplente. Ella es la primera mujer en la historia en ocupar este puesto en el departamento occidental.

En Quiché el gobernador titular es Melinton Estuardo Solórzano Rivera y Héctor Morán Vin, el suplente. Gladis Judith Vásquez López, es la titular en Jalapa; y Brenda del Carmen Raymundo Guzmán, la suplente.

Francisco Arturo Echeverría Jordán ya recibió el mando de la gobernación de Zacapa de manos de César Paz.

En Izabal, había nombrado a Mauricio Boanerjes Sazo Vásquez gobernador suplente, pero el mandatario dio marcha atrás porque no era idóneo para el puesto. Devolvió la terna y ahora seleccionan a nuevos integrantes. Mientras tanto asumirá el secretario Héctor Aníbal Chávez González.  

En San Marcos se nombró gobernador a Rolando López Crisóstomo, quien estaba en la terna de suplentes a este puesto.

En Santa Rosa será el candidato suplente, Allan Javier Melgar Solares, quien asumirá como gobernador. Este 26 de marzo el abogado Érick Castillo presentó un amparo contra el presidente Arévalo “por no elegir entre los candidatos propuestos al gobernador de este departamento”.

En Suchitepéquez podría asumir Marco Tulio Cifuentes, secretario de la gobernación y quien siempre ha ocupado el puesto en forma administrativa cuando todavía no designan al gobernador titular.  

La tarde del lunes, el gobernador departamental de Sololá fue notificado sobre su destitución, tal como ocurrió con otros gobernadores a nivel nacional.

Sololá es uno de los departamento en donde se devolvió la terna. Se desconoce hasta ahora el nombre de quién ocuparía el puesto que deja Rodolfo Salazar, quien fungió como gobernador desde el 18 de octubre de 2018, durante los últimos dos años de administración de Jimmy Morales y toda la administración de Giammattei.

En Huehuetenango, no han nombrado al jefe de la Gobernación, y por ahora, se sabe, asumiría Anabella Rivera, quien es jefe administrativo de esa dependencia.

En el resto de departamentos donde no hay terna seleccionada la responsabilidad de las gobernaciones recaerá sobre trabajadores administrativos de cada de una de las instituciones.

Los destituidos

Este es el listado de los gobernadores departamentales removidos el pasado 25 de marzo

• Alta Verapaz: Ángela Yelitza Alvarado Teni de Euler
• Baja Verapaz: Nehemías Jared Matheu García
• Chimaltenango: Óscar Elías Marroquín Toj
• Escuintla: Luis Arturo Hernández Chen
• Huehuetenango: Jorge Juan Gualberto De León Herrera
• Jutiapa: Henry Orlando Aguirre González
• Quetzaltenango: Jesús Amílcar Cifuentes Arango
• Retalhuleu: Martha Julissa Bolaños Barrios de Escobar
• Sacatepéquez: César Oswaldo Díaz Castillo
• Sololá: Rodolfo Alejandro Salazar de León
• Suchitepéquez: Luis Antonio Herrera Rabanales
• Izabal: Byron Amílcar Solares Ogaldez
• Santa Rosa: Obdulio Herrarte Cabrera
• Zacapa: César Augusto Paz García
• San Marcos: José Luis Vásquez López
• Petén: Luis Rodolfo Burgos Segura
• Chiquimula: Ferlandy Mario Roberto Cáceres Palma

Gobierno se retracta de nombramiento de gobernador de Izabal ocho horas después

En Izabal el gobierno de Guatemala había oficializado el nombramiento del gobernador de Izabal, pero horas después dijo que devolvería la terna.

Raúl Barreno Castillo

21 de marzo de 2024 | 13:10h

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El gobierno se retractó, ocho horas después del anuncio, de nombrar como gobernador suplente de Izabal a Mauricio Boanerjes Sazo Vásquez, quien es afin al partido Vamos. (Foto Prensa Libre: Google Maps).

A las 11.33 horas del 20 de marzo de 2024 el presidente de la República, Bernardo Arévalo, publicó un mensaje en sus redes sociales en donde le deseó “el mejor de los éxitos a los gobernadores electos”.

Agregó: “Asumen, junto a nosotros, un compromiso de trabajo por el bienestar de sus comunidades”.

Cerró el mensaje así: “Tienen una responsabilidad qué cumplir con el pueblo. Serán evaluados y, en caso se desvíen de su propósito, serán removidos como cualquier otro servidor público”.

Un minuto antes la cuenta oficial de Gobierno de Guatemala había publicado los nombres de los gobernadores electos. Entre estos estaba el de Izabal, quien, casi ocho horas después, fue eliminado de la lista y anunciaron la devolución de la terna al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

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En Izabal, Arévalo, por la mañana, había nombrado a Mauricio Boanerjes Sazo Vásquez como gobernador suplente. No obstante, hubo objeciones de sociedad civil porque éste tenía denuncias penales ante la fiscalía distrital de aquel departamento.

Según el Gobierno tuvieron “acceso a documentación que previamente no había sido consignada”. Fue entonces que el Ejecutivo, a las 19.04 horas, en sus cuentas oficiales, publicó que el mandatario devolvió la terna de Izabal.

“El presidente Bernardo Arévalo decidió devolver la terna a gobernador titular y gobernador suplente al Codede de Izabal, porque las propuestas no reúnen las condiciones para ser depositarios de la confianza pública”, redactó.

El presidente explicó antes de tomar esta decisión sobre Izabal, en la conferencia de prensa, que “en varios departamentos no hemos encontrado a personas que, de acuerdo a estos parámetros, nos dejen satisfechos en términos de las condiciones para recibir la confianza pública para ejercer las funciones de gobernador”.

Aseguró que todos los gobernadores nombrados por Alejandro Giammattei serán relevados. Descartó la posibilidad que se designen gobernadores interinos mientras se finaliza el proceso definitivo en las áreas donde se devolvieron las ternas o hay amparos.

¿Quién es Sazo Vásquez?

Sazo Vásquez nació en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, el 31 de mayo de 1975. Es abogado de profesión. En el portal Guatecompras aparece como representante del bufete profesional lic Mauricio Boanerges Sazo Vásquez y Multinegocios MS.

En este portal le aparecen dos contratos por servicios profesionales en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).

El primero por Q32 mil del periodo del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2022. El segundo, por Q192 mil (Q16 mil mensuales), del 14 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En el 2021 fungió como director ejecutivo del Codede de Izabal. En sus redes sociales, Sazo Vásquez muestra su apoyó al partido Vamos y también denunció que en las pasadas elecciones había ocurrido un fraude.

Mientras Arévalo regresó la terna, al menos cinco candidatos a gobernador plantearon un amparo ante la Sala Mixta de Apelaciones de Izabal en contra del Codede de este departamento. Sería el tercero con impugnación legal, además de Petén y Chiquimula.  

El gobernador actual es Byron Amílcar Solares Ogaldez, nombrado por Alejandro Giammattei en octubre de 2022.

Por ahora seguirá en el puesto hasta que el Ejecutivo decida, en cinco días, sobre una nueva terna que deberá enviar el Codede.

VAMOS PORQUE VAMOS pic.twitter.com/uU21PwGfSy

— Mauricio Boanerjes Sazo Vasquez (@mau_sazo) May 31, 2023

Si es que todo esta bien… PORQUE ALGUNOS GRUPOS ESTAN EN CONTRA DE UN RE CONTEO….Porque el temor? pic.twitter.com/RzXjLTVIi4

— Mauricio Boanerjes Sazo Vasquez (@mau_sazo) July 4, 2023

Vamos a Votar… pic.twitter.com/17iMf5DVWb

— Mauricio Boanerjes Sazo Vasquez (@mau_sazo) August 19, 2023

Los designados

En el departamento de Guatemala, el gobernador titular es Diego Eduardo de León Barrios; y el suplente, Cristian Joselito Tzorín García.

En El Progreso solo se nombró a Karoll Elyana Paredes Zacarías gobernadora titular.

Delfina Celestina García Reyes fue nombrada gobernadora titular de Totonicapán y quedó pendiente el suplente.

En Quiché, Mélinton Estuardo Solórzano Rivera es nombrado como titular y Hector Morán Vin como suplente.

Gladis Judith Vásquez López, es nombrada gobernadora titular de Jalapa; y Brenda del Carmen Raymundo Guzmán, como suplente.

Francisco Arturo Echeverría Jordán es nombrado suplente en Zacapa.

En San Marcos, se nombró a Rolando López Crisóstomo como suplente.

En Santa Rosa, se nombró a Allan Javier Melgar Solares como gobernador suplente.

El resto de los departamentos continuarán con los gobernadores actuales, mientras los Codedes reenvían los expedientes de las ternas.

Departamentos con ternas en devolución

Sacatepéquez

Chimaltenango

Escuintla

Sololá

Quetzaltenango

 Suchitepéquez

Retalhuleu

Huehuetenango

Baja Verapaz

Alta Verapaz

Jutiapa

Izabal

Departamentos con amparo en trámite

Petén

Chiquimula

Izabal

Cuatro magistrados del TSE con orden de captura se presentarán ante juez

Cuatro magistrados titulares del TSE que perdieron la inmunidad y tienen orden de aprehensión se pondrán a disposición de un juez, según abogado defensor.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

7 de marzo de 2024 | 19:40h

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Cuatro magistrados titulares del TSE tienen orden de captura por supuestas irregularidades en la compra de un sistema informático que se utilizó en las elecciones generales del 2023. (Foto: Hemeroteca PL)

Cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tienen orden de captura tras haber sido implicados en un caso relacionado con supuestas anomalías en la compra de un sistema informático se pondrá a disposición de un juez, según informó la defensa de los togados.

Se trata de los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes, a solicitud del Ministerio Público (MP) perdieron la inmunidad para ser investigados por supuestas irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales de 2023.

El abogado César Calderón, defensor de los magistrados, confirmó que estos se presentarán ante un juzgado a la audiencia de primera declaración; sin embargo, no especificó la fecha y señaló que será después del 20 de abril próximo.

De acuerdo con Calderón, los magistrados se presentarán ante el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, el cual accedió a una solicitud de presentación voluntaria, pero las órdenes de aprehensión siguen vigentes.

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Las órdenes de captura fueron giradas luego de que el pasado 30 de noviembre, diputados del Congreso de la República votaran a favor de retirar el derecho de antejuicio a los magistrados, quienes se encuentran fuera del país.

Detalles del proceso

Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, que fue la que recibió la denuncia, refiere que hay indicios de posibles ilegalidades en la compra del TREP, por lo que amerita que los cuatro magistrados comparezcan ante un juez para aclarar los hechos.

El monto por la compra del sistema que fue utilizado en las votaciones de primera y segunda vuelta del año pasado tuvo un costo de Q148 millones.

El proceso contra los magistrados del TSE se entrampó por una recusación que planteó el MP contra el primer juez, lo que hizo que el expediente se elevara a una sala por varias semanas.

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Lo anterior impidió que se conociera un memorial de los funcionarios electorales, quienes piden que en vez de mantener activa una orden de captura se les cite para audiencia de primera declaración.

La recusación fue aceptada, pero fuentes cercanas a los funcionarios han indicado que se ha solicitado en reiteradas ocasiones que los magistrados sean citados, lo que se logró por parte de la defensa hasta este jueves 7 de marzo.

Concluye plazo para plantear reformas a LEPP y hay varias propuestas

Luego de haber concluido el plazo para la entrega de propuestas de reformas a la Ley Electoral, las autoridades del TSE afinan detalles para la primera reunión de la CAME.

Leslie Sánchez

29 de febrero de 2024 | 18:28h

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Magistrados del TSE se reúnen con representantes de partidos políticos y organizaciones sociales previo a las primeras reuniones de la CAME. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

Este jueves 29 de febrero finalizó el plazo para que las organizaciones políticas, sociales o académicas presentaran ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propuestas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y así formar parte de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) que comenzará sus reuniones de discusión el próximo 11 de marzo.

El objetivo de la CAME es evaluar el proceso electoral que recién finalizó, y de ser necesario, integrar todas las propuestas para que el pleno de magistrados del TSE presente al Congreso un proyecto de ley que permita modificaciones a la ley electoral.

Hasta el mediodía de este 29 de febrero, el TSE registraba a 99 organizaciones inscritas, pero solo 67 habían presentado propuestas.

Uno de los lineamientos para que las organizaciones puedan participar en las discusiones de la CAME es que entreguen una propuesta de reforma o de lo contrario no serán tomados en cuenta.

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Según la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, la mayoría de esas propuestas eran provenientes de la sociedad civil, pese a que al menos 16 partidos políticos se encuentran inscritos.

Las áreas en las que las organizaciones pueden aportar reformas son:

• Financiamiento político y acceso a medios de comunicación
• Sistema de partidos políticos: organización y democratización interna de las organizaciones políticas
• Modernización e Innovación de la organización electoral
• Administración y logística del proceso electoral
• Justicia electoral, régimen de sanciones y proceso de ejecución

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Del 11 al 22 de marzo se desarrollarán las mesas de consulta participativa, en las que las organizaciones que presentaron propuestas podrán contrastar y aportar para la creación de un solo proyecto de ley. Posteriormente se efectuará la redacción final que será aprobada por el pleno de magistrados del TSE y presentada al Congreso de la República.

Piden reformar requisitos de la propaganda electoral

La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala presentó una propuesta para reformar la Ley Electoral.

En el documento se presentan modificaciones a los artículos 219, 220, 221 y 222.

Entre las modificaciones se establece que “todos los medios de comunicación, conforme al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, podrán realizar entrevistas, solicitudes de opinión o comentarios a cualquier persona de interés del país, independientemente que puedan o no llegar a ser candidatos de algún puesto de elección popular”.

Detalles de la propuesta

En ocho de los 22 departamentos todavía no eligen ternas para gobernadores

Solo en 14 departamentos de la República han enviado la lista de personas que podrían ser seleccionadas para ocupar el puesto de gobernador., según monitoreo de Prensa Libre.

Raúl Barreno Castillo

23 de febrero de 2024 | 12:28h

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Reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo de Santa Rosa. En este departamento hasta el 23 de febrero aún no habían definido la terna de aspirantes a gobernador. (Foto Prensa Libre: Gobernación Santa Rosa).

El proceso de selección de ternas para gobernador departamental no ha concluido en los 22 departamentos de la República. Hasta ahora son 14 los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que definieron la lista de tres candidatos titulares y tres suplentes.

Estas ya fueron enviadas al presidente de la República, Bernardo Arévalo, por medio de la Secretaria General de la Presidencia, para que tome una decisión a partir del 1 de marzo. En ocho departamentos, los representantes de la sociedad civil que integran los Codedes, todavía no han tomado una decisión.

Departamentos como Santa Rosa, Jalapa, Zacapa, Petén, Izabal, Escuintla, Quetzaltenango y El Progreso, todavía no definen las ternas que enviarán al mandatario. En cada uno de estos lugares surgieron problemas como amenazas de muerte o críticas a los integrantes de sus Codedes.

De acuerdo con la programación de esta elección de gobernador, los Codedes tienen del 23 de febrero al 1 de marzo para presentar las ternas a la Secretaría General de la Presidencia.

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El 12 de febrero fueron publicadas las listas de aspirantes a gobernador departamental. En todo el país mil 546 personas presentaron su papelería para participar. En los tres días siguientes la ciudadanía presentó las objeciones contra los postulantes en las sedes del Codede de cada departamento.

Algunos aspirantes fueron citados para presentar sus descargos. El expresidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco quedó al margen de la elección. De igual manera Rigoberto Juárez, líder indígena de Huehuetenango. Ambos fueron señalados de tener procesos judiciales abiertos.

En Petén, por ejemplo, medios locales reportaron que los 14 alcaldes del departamento abandonaron la sesión del pleno del Codede cuando conocían las objeciones de los candidatos a gobernador.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Petén, Juan José Paredes, aseguró a los periodistas locales que se retiraban porque la sociedad civil les vedó la posibilidad de participar en la sesion. Exigieron transparencia, seriedad y publicidad en la selección de la terna.

Paredes, que es alcalde de San Francisco Petén, aseveró que la idea no es entorpecer el proceso, sino que se haga en forma más transparente.

Propuesta de ternas

Guatemala

Jeaqueline Katia Morataya Martínez

Diego Eduardo de León Barrios

José Domingo Rodríguez Marroquín

Totonicapán

Delfina Celestina García Reyes de González

Rolando Vásquez Cuá

Pablo Pedro Yax Toyom

Sololá

Juan Ofelia Charar Chávez

Biviano Francisco Cosiguá Cojtín

Angela Filomena Rodas Alvarado

Alta Verapaz

Hemblu Mayte Juárez del Cid

Andrea Anayté Garcia Mayen de Gatica

Santiago Acté Cucul

Huehuetenango

Oswaldo Joel Alvarado Reyes

Eva María Escobar Miguel

María Magdalena Ordóñez Mendoza

Jutiapa

Leonel Salas Juárez

Patricia Marisol López

Oscar Moisés Sarceño Monzón

San Marcos

Samuel Elí de León Fuentes

Yansuly Lin-Valy López Lam

Days Ivonne Orozco Navarro

Chimaltenango

Carlos Jacinto Pérez Rodas

Roberto Tucab Chonay

Edwin Nathanael Chipix Notz

Chiquimula

Servio Tulio Argueta Ramos

Alicia del Carmen Franco Flores

Ferlandy Mario Roberto Cáceres Palma

Retalhuleu

Marta Luz López Palencia de Merida

Susana Anabelli López Galicia de Rivera

Rita Gloriosa Moreno Barrios

Suchitepéquez

María Andrea Pacheco Chávez

Wilfrido Miguel Alcántara Pérez

Rosalía Francisca Solval García

Sacatepéquez

David Andrés Martínez

Otto Efraín Gamboa Regil

Juan Carlos Barrios

Quiché

Gilberto Fernando Mejía Ixcotoyac

Martina Pérez Velásquez

Melinton Estuardo Solórzano Rivera

Baja Verapaz

Nehemías Jared Matheu García

Hubo Celestino Torres Gálvez

Mario Rolando Rentería Bechini

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) en un monitoreo que practicó en diciembre de 2023, calculó que la deuda del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) es de al menos Q650 millones a proveedores.

El concepto de ésta sería por la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y contratistas de servicios, aunque la cartera asegura que “no se cuenta con datos precisos debido a que siguen practicando una auditoría”, según autoridades de esa cartera.    

De acuerdo con el “monitoreo de ejecución financiera de los hospitales públicos” que lleva a cabo Fundesa con datos que brinda Salud, existe una deuda de Q150 millones de material médico quirúrgico, Q250 millones en medicamentos; y el resto con otros proveedores de servicios subcontratados de equipos y mantenimiento.

Todo esto alcanzaba los Q650 millones hasta diciembre del año pasado. En los primeros dos meses de 2024 las nuevas autoridades han asegurado que atraviesan problema para abastecerse porque hay proveedores que no quieren dotarles de más por la deuda que arrastran.

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La red hospitalaria la componen 48 centros asistenciales. La deuda se basa en este esquema, y los principales, y más grandes hospitales, como el Roosevelt, San Juan de Dios y el Regional de Occidente, son los que más consumen del presupuesto.

La auditoría que practican en la gestión de Bernardo Arévalo es para determinar si la deuda real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay deudas que tienen más de 10 años de arrastre.  

Carmen Salguero, coordinadora de la comisión de salud de Fundesa, explica que el “sistema hospitalario empezó con un déficit financiero desde finales del 2023.

Enfatiza que los Q650 millones “es una estimación, debido a que no se tiene acceso a los datos públicos sobre la deuda no pagada”.

Asimismo, aclara que el monto de Q650 millones fueron datos que se recibieron del MSPAS en diciembre de 2023 en una reunión con el equipo de transición.

“Esta fue información que las autoridades salientes le dieron a las entrantes”, señala.

En esas reuniones de transición, las anteriores autoridades publicaron que durante el gobierno de Alejandro Giammattei, entre 2020 y 2023, se habían recibido más fondos.

El primer año, por ejemplo, el presupuesto fue de Q8 mil 197 millones; en 2021, Q9 mil 823 millones; en 2022, Q12 mil 744 millones y en 2023, 12 mil 53 millones. De hecho, valoraron que el presupuesto de salud no dejó de crecer en esos años.  

De 2020 a octubre de 2023, la cartera de Salud había ejecutado Q38 mil 894.50 millones. La mayor cantidad de ese rubro lo usó en el personal permanente, que significa Q14 mil millones 100 mil (36.1%) del total; en el personal temporal, Q6 mil 714 millones 300 mil (17.3%); en covid-19, Q6 mil 57 millones 300 mil (15.6 %); en insumos críticos, Q5 mil 497 millones 500 mil (14.1 %); otros renglones (sin precisar cuáles) Q3 mil 374 millones 300 mil (8.7 %) y entidades asistenciales, Q2 mil 477 millones 100 mil (6.4 %).

A un mes, sin datos

Durante los primeros 40 días de gobierno de Bernardo Arévalo, el equipo que dirige Oscar Cordón Cruz, desconoce el monto real de la deuda que heredó de la administración de Alejandro Giammattei. Tampoco se sabe si hay deuda de Jimmy Morales, u otro gobierno más atrás.

El equipo de comunicación de Salud asegura que “todavía no se tienen datos exactos”, ya que “se está trabajando una auditoria”.

Salguero resaltó que, en este caso, “no se trata solo de pagar esa deuda, sino que mejorar cómo gastan el dinero. Se debe trabajar en la calidad del gasto”.

Al ser designado al frente de la cartera de Salud Cordón Cruz solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizar una auditoría a los hospitales San Juan De Dios, Roosevelt y a la dirección del Ministerio.

La crisis hospitalaria, por lo menos hasta ahora, la ha hecho pública el San Juan de Dios. Las autoridades del centro asistencial denunciaron que la epidemia de violencia homicida y de accidentes viales, les saturan la atención en la emergencia cada fin de semana mucho más. De una capacidad de 90 pacientes pasa a más de 120 que deben ser atendidos.

La subdirectora de ese hospital, Lissette Aguilar, reveló que la deuda de Q250 millones a proveedores compromete la atención a los pacientes porque los productos con los que cuentan alcanzarían para atender solo a finales de marzo de 2024.

Se debe investigar

El director ejecutivo de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, reveló que pueden existir múltiples razones del por qué no se ha realizado el pago a los proveedores.

“La subdirectora – Lisseth Aguilar – tiene razón. En Icefi lo repetimos hasta el cansancio. En el gobierno anterior se le quitó presupuesto al Ministerio de Salud, Educación y Gobernación, para darle al de Comunicaciones para proyectos cuestionables y serias sospechas de casos de corrupción”, aseguró.

Barrientos destaca que la CGC debe practicar la auditoría para tener una claridad sobre las razones de la deuda e imponer sanciones como indica la ley.

“No podemos anticipar criterios, porque hay como 20 posibilidades, aquí lo que se debería hacer es que la Contraloría General haga su trabajo, se establezcan las razones y se deduzcan responsabilidades”, puntualizó.

Guatemala

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Malos manejos y corrupción: El largo camino de la modernización del Aeropuerto La Aurora

La terminal aérea fue construida en 1968. En 2005 se le practicó una remodelación de más de Q700 millones. La corrupción ha acompañado el camino de este aeropuerto nacional.

Raúl Barreno Castillo

17 de febrero de 2024 | 06:01h

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El actual gobierno plantea hacer mejoras al Aeropuerto La Aurora, del cual dijeron que lo han encontrado en pésimas condiciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro dieron inicio los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea La Aurora cuyas tareas terminaron en 1968.

La obra fue catalogada en aquel entonces como la más moderna de Centroamérica. Sus instalaciones permitían recibir catorce aviones de gran tamaño, además de albergar a 20 mil pasajeros y un estacionamiento con capacidad para 600 vehículos.

En el 2005 durante la presidencia de Óscar Berger se llevó a cabo una remodelación completa que tuvo un costo de más de Q700 millones.

Casi 20 años después el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) sigue en el ojo del huracán. En los debates de instituciones y organizaciones públicas y privadas.

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El AILA ha estado en medio de remodelaciones que no han sido. Que siguen pendientes. En compras innecesarias. En denuncias de plazas fantasma y abandono. Algunas voces hablan de privatizaciones, y los gobiernos de turno lo han negado siempre.

20 años después, el AILA sirve para hablar de contrataciones anómalas, de empresas de cartón para hacer reformas sobrevaloradas, de consultorías que cuestan cifras estratosféricas, de compra de equipo obsoleto para monitorear la aeronavegación, de coimas y de concesiones comerciales lesivas para el Estado de Guatemala.

Todo esto lo ha documentado Prensa Libre y otros medios nacionales e internacionales. 20 años después se revelan casos de corrupción. El último, la compra innecesaria, de acuerdo a fuentes consultadas, de unas gradas y elevadores

Martes 13

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, durante un recorrido en la terminal aérea, junto con la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, aseguró: “No hay infraestructura adecuada, no existen controles”.

“Este aeropuerto es hoy la cara corrupta del país”, denunció después de terminar la inspección por donde observaron baños en mal estado, bandas transportadoras fuera de servicio por falta de mantenimiento, cámaras apagadas, anomalías en el control e inspección de equipaje y abandono de otras instalaciones.

Jiménez destacó que se debe trabajar junto con las nuevas autoridades de Aeronáutica Civil para garantizar nuevos controles de seguridad e infraestructura adecuada.

La titular del CIV resaltó que el presidente Bernardo Arévalo ordenó “sanear, fortalecer y devolver dignidad al aeropuerto internacional La Aurora”, que a su criterio sufrió por años una “incompetencia intencional”.

El presidente Arévalo como primer paso destituyó al jefe de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), Francis Argueta, quien estuvo al frente de la institución por más de 5 años y durante su gestión recibió críticas de sectores por las carencias en el servicio prestado por el aeropuerto, así como mal manejo del personal.

Desde ese martes 13 de febrero opera una nueva mesa interinstitucional conformada por Gobernación, Defensa y Comunicaciones cuyo objetivo promover acciones para mejorar el estado del AILA y evitar una descertificación internacional.

Primera tarea de muchas

Una primera acción será revisar la compra que hizo la DGAC de ocho elevadores y seis escaleras eléctricas por más de Q8 millones, no obstante, el tamaño de estas no se ajustó para lo que habían ofrecido y por lo que han denunciado que ahora “hacen chapuces para ajustarlas”.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) analiza esta compra, que para fuentes especializadas era innecesaria y bastaba con darles el mantenimiento correctivo que ameritaban, y se les hizo hasta el 2016.

En 2017, la DGAC había contratado a la empresa Ascensores, Sociedad Anónima, que representa en Guatemala a la firma japonesa Mitsubishi, para dar un mantenimiento correctivo a elevadores y gradas eléctricas del AILA.

El contrato firmado es de Q2 millones 844 mil 813.27. Este fue prorrogado en enero de 2018 por solicitud de Aeronáutica Civil. Al final la empresa llevó a cabo los trabajos, pero a la fecha no les han pagado por los trabajos.

De hecho, el caso llegó a Tribunales para obligar a la DGAC a erogar el pago por los servicios prestados. En medio de las investigaciones que se han hecho desde entonces es que la compra de las gradas eléctricas y los elevadores eran innecesarios y requerían únicamente de un mantenimiento correctivo.

Sin embargo, el 4 de julio de 2023 el titular de la DGAC, Francis Argueta, firmó el contrato administrativo DS-31-2023 con Hernán Alfonso Ríos Balleza, representante de Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima, acerca de la licitación (DGAC-LIT-05-2023), sobre la “adquisición de elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, escaleras mecánicas (escaleras eléctricas) y servicio de instalación en el Aeropuerto Internacional La Aurora”.

La DGAC adquirió cinco elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, con capacidad de carga de 1150 kilogramos; tres elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, capacidad 1350 kilogramos.

Además, seis escaleras mecánicas (escaleras eléctricas), más el servicio de instalaciones de los ocho elevadores y las seis escaleras mecánicas. El 13 de abril de 2023 la DGAC publicó en el Diario de Centro América la licitación.

El problema de esta compra es que este equipo no corresponde con las medidas que tienen las actuales y querían ser sustituidas. Las primeras averiguaciones señalan que el negocio lo motivó usar “equipo que ya estaba en el país y había sido adquirido para otro tipo de infraestructura y se quiso obligar a su compra a pesar de no reunir las características”, citan fuentes.

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No reciben obra

La Unidad de Compras de la DGAC consignó en el libro de actas de cotizaciones y/o licitaciones que “al momento de revisar un escalón – de las gradas – físicamente se obtiene una medida de 80 centímetros, cuando se había dicho que era de un metro”.

“Tener una medida inferior en 20% de lo solicitado va en menoscabo de los intereses del Estado”, aseveraron.

“Ningún ascensor se encuentra instalado en el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Las piezas que se nos pusieron a la vista como piso de cabina interior de ascensor de pasajeros y parales de cabina, dieron como medidas de ancho 1250mm, largo 2000mm y el alto de 2300 mm”.

Además, indican que “no se tuvo a la vista las demás partes de cada ascensor ya que los mismos se encontraban embalados todavía en cajas de fabricación”.

Todo esto se lo informaron a la autoridad superior de la DGAC por medio del oficio 003-2024 el 19 de enero 2024. En esa comunicación la comisión receptora y liquidadora dejó claro que “no recibiría la adquisición de elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, escaleras mecánicas (escaleras eléctricas) y el servicio de instalación en el Aeropuerto”.

El 22 de enero de 2024 el titular de la DGAC le solicitó al jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) Frank Bode Fuentes, designar un equipo de auditoria especial para que analice y estudie el evento de licitación DGAC-LIT-05-2023. Hay una denuncia interpuesta también en el Ministerio Público (MP). A la fecha la CGC no ha informado respecto de la auditoría solicitada.

El aeropuerto debe ser una prioridad (prensalibre.com)

No son problemas nuevos, pero sí desbordados en los últimos años que ha alcanzado a los 22 territorios del país. En Izabal, por ejemplo, el narcotráfico y la explotación ilegal de jade se convierten en brazas.

Los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, ahondar la crisis para que los grupos del crimen organizado penetraran en los consejos departamentales de desarrollo. Mientras que en Petén, Quiché, San Marcos y Huehuetenango, la frontera común con México, la hace vulnerable por el avance de los cárteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

En el caso de Alta Verapaz y Baja Verapaz, aunque el narcotráfico también es latente, se suman otras disputas por la autorización de proyectos mineros e hidroeléctricos. En Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, también el litigio por tierra, ha cobrado otros matices y se vuelve en un desafío para las nuevas autoridades de Gobernación.

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Los nuevos funcionarios, que hasta ahora hay más de mil 500 aspirantes a la terna final de cada departamento, se enfrentarán a estos y otros problemas.

Además, lucharán por disponer del control de los más de Q4 mil millones de que disponen los consejos departamentales de desarrollo.

La tarea, aseguran los especialistas, son muchas, y el primer paso para cambiar las cosas, está en la selección correcta y legal de cada perfil que debe responder a tres condiciones fundamentales: la honestidad, la capacidad y la idoneidad.

El estudio “las huellas de la narcopolítica” del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), recoge comentarios de políticos y analistas quienes ven en el narcotráfico un problema que ha permeado la mayoría de los territorios.

“Existe una multiplicidad de actores relacionados con crimen organizado, incluyendo grandes, medianos y pequeños empresarios ilegales, que entre otras cosas pueden ejercer control territorial o proveer servicios públicos en aquellos lugares donde el Estado o las instituciones son débiles”, revela el estudio.

El narcotráfico (y por ende la narcopolítica), según las opiniones que recoge Ipnusac, han permeado a los territorios de tal forma que se convierte en un desafío para devolver la gobernabilidad en los territorios.

Para Luis Velásquez, exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, instancia que coordina a los Consejos de Desarrollo en el país, los desafíos para el gobierno de Bernardo Arévalo son muchos, y la elección de gobernadores es uno.

“Definitivamente hay presiones de distintos grupos, de distintas organizaciones, incluso de estructuras al margen de la ley, que no buscan el bien de la mayoría, sino los suyos”, explica Velásquez.

El exfuncionario considera que el gobierno actual deberá enfrentarse a esos grupos de poder para tratar de devolver la gobernabilidad en los territorios.

Velásquez considera que hoy los 22 departamentos sufren de problemas muy parecidos en materia de seguridad y de inestabilidad social. “Las tareas a que se enfrentarán los gobernadores son muchas, e indudablemente, serias”, explica.

“Me parece que ha llegado el momento de que el gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. Que se vea una verdadera selección de gobernadores, que estén a la altura de las circunstancias, que retomen la gobernabilidad”, dice Velásquez.

Añade que también los gobernadores deben cumplir con la ley, garantizar el Estado de Derecho, la libertad, la propiedad privada, la vida, la libre locomoción, el derecho a llevar a cabo las actividades económicas, según la Constitución”, expone.

Para el profesor universitario y analista, Luis Fernando Mack, el desafío del gobierno será desmantelar esas redes de corrupción que están dentro de los consejos de desarrollo y que durante años han sido utilizadas por administraciones pasadas para construir feudos.

“No solo es el crimen organizado y las redes de corrupción, sino los clanes territoriales, como existen en Sololá y Totonicapán, por ejemplo, que están enquistados y han dominado por años”, explica Mack.

El especialista argumenta que, si no es la narcopolítica, son esos clanes los que hacen difícil la gobernabilidad en los departamentos.

“En el sistema de los consejos de desarrollo hay mucho dinero, manejan muchos recursos y los gobernadores han sido los garantes de esas redes de corrupción”, expone.

Mientras que para Velásquez, el Gobierno debe de dar una muestra de verdadera voluntad política para que haya un cambio en este sentido. “Lo prometieron en la campaña”, puntualiza.

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“Yo sé que hay personas y grupos que han objetado algunas normas que han publicado actualmente. Es más, se escucha que podrían interponer amparos contra los nombramientos de los gobernadores, pero deben hacer lo que la ley manda”, argumenta.

Añade: “Entonces con pleno conocimiento de causa, una sugerencia constructiva a las nuevas autoridades es que no se compliquen, que cumplan lo estipulado en la ley y que se garanticen que las personas seleccionadas sean honestas, idóneas y capaces para el cargo”, manifiesta Velásquez.

En este sentido Mack coindice y acota que ha escuchado que en los territorios ya hay presiones sobre la sociedad civil para elegir a los candidatos que tienen el beneplácito de las redes de poder.

“Valoro que se busque la idoneidad para los nombramientos, pero las presiones de los grupos son fuertes. Eso se debe tomar en cuenta”, advierte.

“Sé que están coaccionando a la sociedad civil. Hay un peligro de que se compren las voluntades en el ámbito territorial de nuevo y que finalmente los gobernadores sean los que esas redes quieren”, explica Mack.

Agrega: “Hay una pelea muy fuerte. Algunos piensan, incluso, que en algunos lugares se va a entrampar la elección. El asunto es que aun cuando se nombrara a personas probas y honestas, estos poderes fácticos, podrían intimidad o atentar contra la vida de muchos personajes”.

“Se les debe dar acompañamiento”, alerta.

Para Mack la “verdadera sociedad civil, la comprometida con un cambio real, debe acompañar al Gobierno en esta tarea”.

El analista considera que se requiere de voluntad para lograr contrarrestar a esas redes de poder y narcopolítica. Velásquez, por su parte, añade que el gobierno, en consecuencia, no puede caer en la tentación de dar los puestos a los grupos que les apoyaron en la transición.

“Que el presidente de los 48 Cantones sea gobernador no es sano, porque ese es un vicio que se ha tenido desde siempre. De dar las gobernaciones como premio de consolación a candidatos a alcalde, diputados o amigos”, expresa Velásquez.

Blanquean recursos

Para el excanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez, la selección de gobernadores es otro de “los grandes desafíos del gobierno del presidente Arévalo”.

“En los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se consolidaron estas estructuras de crimen y corrupción que juegan un rol estratégico para, por un lado, los grupos de narcotraficantes que a través de los contratos de los consejos de desarrollo departamental blanquean buena parte de sus utilidades ilícitas y por el otro forman parte del botín de los diputados distritales junto con los contratos del ministerio de Comunicaciones para obtener dinero corrupto a través de contratación de obra gris para sus oenegés”, explica.

Gutiérrez añade que no sabe si se alcanzará a limpiar el ciento por ciento de esas estructuras, “pero si veo factible que pueda comenzar a darse pasos esenciales en los primeros meses de la gestión y para lo cual el gobierno necesitará el balance de la sociedad civil y de líderes sanos en cada departamento”.

“Quizá los departamentos más críticos sean San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén, además de algunos del oriente, que es donde más consolidadas están las redes del crimen organizado”, apunta Gutiérrez.

La CAME es un espacio regulado en la LEPP y que se instala luego de haber concluido el proceso electoral y se integra por los magistrados del TSE, un representante y suplente de cada partido político vigente, representantes de organizaciones sociales e instituciones académicas acreditadas ante el órgano electoral.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, destacó que a pesar los incidentes que se dieron durante el proceso electoral 2023 se puede decir “misión cumplida”, porque todos los funcionarios electos tomaron posesión en las fechas establecidas.

También agregó que, con base en lo acontecido en el proceso electoral 2023 es necesario que en la CAME se discuta sobre inclusión, voto en el extranjero y su fortalecimiento, distritos electorales, financiamiento a los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones políticas y su fortalecimiento.

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“Debemos evitar a toda costa que a una organización política se le trate como una organización criminal. Una organización política debemos cuidarla porque es de bien común y debemos volverla a elevarla a esos estándares constitucionales”, añadió Alfaro.

Afirmó que han recibido ocho propuestas de reformas a la LEEP y 42 organizaciones y 12 partidos políticos están inscritos. Además, dijo que luego todo queda en manos del Congreso de la República.

“No podríamos ir como país a un evento electoral con la judicialización que tuvimos en el 2023, y también necesitamos la modernización de elevar un Tribunal Supremo Electoral con una justicia especializada”, detalló Alfaro al hacer mención sobre el “mal uso” que se le da al amparo.

También señaló que “la democracia hoy en día está pasando por un momento muy difícil (…) la democracia evita dictadores y caudillos, las democracias están perdiendo su espíritu, están perdiendo la lucha. Estamos en un declive de descomposición de la democracia”.

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“El proceso de la democracia es todos los días, no podemos quedarnos estáticos y por eso es en cumplimiento del artículo 256 bis de la LEPP” se lanza la CAME, dijo Alfaro.

Arévalo se pronuncia

Al lanzamiento de la CAME asistió el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó tres puntos que, a su criterio, deben ser analizados en la CAME.

“Debemos llamar la atención sobre tres problemas que hemos identificado y a los que hay que empezar a darle solución en el marco de este mecanismo: la exclusión cuestionada de candidatos a cargos de elección popular, la judicialización innecesaria y mal intencionada de los asuntos electorales y partidarios y el cuestionamiento sin fundamento de los resultados electorales”, dijo Arévalo.

El mandatario detalló que hay posibilidades limitadas dentro del marco legal para “ajustarlo y prevenir que estas situaciones se repitan”.

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“De nuestra responsabilidad, de nuestra disciplina, de nuestra tolerancia mutua y de nuestra intención real y consecuente de convivir en igualdad y libertad depende la viabilidad de la democracia”, refirió Arévalo.

Respecto al lanzamiento de la CAME, Arévalo comentó: “Estamos llevándolo a cabo a solo meses del intento mezquino de una minoría autoritaria de socavar las bases de nuestra constitución y a pocas semanas del triunfo popular de una gran mayoría que, para sorpresa de muchos, mostró un ferviente compromiso con la democracia, un pueblo valiente que le ha dicho al mundo con claridad que no vivirá bajo el autoritarismo”.

Experiencia

Se informó que en el 2019 se llevó a cabo el primer ejercicio en el que se presentaron 78 propuestas de reformas a la LEPP y se sistematizaron mil 41 planteamientos; sin embargo, por diferentes factores, entre ellos la pandemia, las reformas a la LEPP no se concretaron.

El TSE informó que en el 2019 la mayoría de las propuestas se enfocaron al fortalecimiento de la autoridad electoral, financiamiento político y régimen de medios, proceso electoral, sistema de organizaciones políticas y justicia electoral.

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En esta segunda ocasión, desde finales de septiembre de 2023 se presentó el cronograma de trabajo a las organizaciones políticas, posteriormente se realizaron reuniones con representantes de diferentes sectores para explicar la metodología de trabajo y de cómo presentar propuestas, así como el cronograma en el que se tiene previsto desarrollar las mesas de consulta participativa del 5 al 21 de marzo.

Sugerencia

De acuerdo con el TSE, del 18 de enero al 29 de febrero, sectores de la sociedad guatemalteca podrán ingresar al portal came2024.org.gt para hacer sugerencias en busca del “fortalecimiento y modernización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el contexto del trabajo de la CAME”.

Anteriormente, Alfaro hizo un llamado a sectores académicos, organizaciones de sociedad civil y partidos políticos para que se sumen a ese proceso y presenten sus propuestas.

Además, dijo que quienes que no pertenezcan a una organización política, social o académica y quieran aportar en la CAME pueden ingresar a la página web y en la sección “comentarios” pueden dejar sus aportes.

El TREP fue adquirido por el TSE por Q148 millones 850 mil 250, pero la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre, y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

Los cuatro funcionarios salieron del país luego de haber perdido su inmunidad, pero el pasado miércoles su abogado defensor, César Calderón, presentó un escrito en la judicatura mediante el cual los togados se ponían a disposición de la justicia; sin embargo, el MP recusó a la jueza Wendy Coloma.

Pese a la resolución de la Sala, el caso contra los magistrados seguirá en el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, pero será la jueza Karen Jeanette Chinchilla quien se haga cargo del proceso.

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Por lo anterior, Calderón señaló que reingresará el memorial mediante el cual los togados se pone a disposición del juzgado.

Calderón indicó que evacuaron la audiencia y que se opusieron a los argumentos presentados por la Fiscalía.

“El Ministerio Público dice, en primer lugar, qué hay un interés de la jueza en resolver este caso y en segundo, que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas”, indicó Calderón.

Calderón tildó de falsos los argumentos planteados por el MP. “La jueza ni siquiera ha entrado a conocer cuestiones de fondo. Simplemente es el pretexto del Ministerio Público para atrasar este asunto, hacerla cansada y hacerla difícil”.

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La denuncia

Cuatro días después de la primera vuelta de elecciones se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.

El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio del TREP, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.

Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas, provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.

Además, indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado 10 actas, aunque el TREP daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con 10 actas.

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Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en las juntas electorales.

Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos.

En el Congreso

Además, por falta de quorum este jueves se levantó  la sesión en el Congreso de la República y no se logró elegir a los magistrados suplentes del TSE.

Aún no hay consensos en todas las bancadas sobre los perfiles de los próximos magistrados.

El viaje incluirá distintos destinos en Europa y comenzará con su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. Este evento, según el mandatario, es de gran relevancia a nivel mundial siendo una plataforma para discutir temas críticos sobre seguridad, incluida la corrupción.

Arévalo, en declaraciones a la prensa, explicó que la travesía incluirá reuniones con diversas instituciones europeas clave, como la Comisión Europea en Bruselas.

Además, el mandatario se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la agenda incluye una visita a Ginebra, Suiza, donde se concentran importantes organismos de diplomacia, promoción de la paz y cooperación internacional.

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Reunión con fiscal general

Arévalo respondió a preguntas sobre el tema de las citas con la fiscal Consuelo Porras, y el hecho de que la funcionaria si se hubiese reunido con otros mandatarios en el pasado.

Inicialmente Arévalo se refirió al encuentro de ayer, miércoles 7 de febrero, en el que, en su representación, finalmente acudió el ministro de Gobernación Francisco Jiménez.

“El día de ayer —7 de febrero—, lo que sucedió fue una reunión de trabajo interinstitucional, porque independientemente de los temas que haya alrededor de la conducta inapropiada, inaceptable de la fiscal, como Estado estamos obligados a responder a las necesidades de la población. No se trata aquí de victorias o de derrotas, lo que se trata es de asegurar que le respondamos a la población”, declaró el mandatario.

“Nuestra posición sobre la situación de la fiscal ya es pública y seguimos estudiando cuáles son las acciones que tenemos enfrente, a partir del hecho de que no aceptamos y consideramos como infundadas y mal intencionadas las razones que cita para no asistir”, agregó Arévalo.

Respecto a futuras invitaciones y la situación con la fiscal Porras, Arévalo mencionó que “están evaluando los pasos a seguir y tomarán medidas oportunamente.

“Nosotros hemos dicho ya, que rechazamos las explicaciones que ella ha dado como injustificadas y malintencionadas. No la aceptamos. Estamos examinando cuáles son los pasos para seguir, y los tomaremos oportunamente”, reafirmó Arévalo.

En cuanto a las reuniones de la fiscal con expresidentes anteriores como Alejandro Giammattei y Jimmi Morales, Arévalo expresó su desacuerdo con la conducta de Porras.

“Eso es un ejemplo de lo que ella manifestó como injustificado y malintencionado”, respondió.

Comisión especial contra la extorsión

Por su parte, durante la conferencia de prensa, el ministro Jiménez compartió información sobre el apoyo recibido del gobierno de Estados Unidos para abordar la extorsión y otros problemas de seguridad en Guatemala.

Jiménez destacó que se ha “iniciado de nuevo” la cooperación con todas las agencias de los Estados Unidos que trabajan en materia de seguridad.

“Es importante señalar que hemos iniciado algunas acciones que ustedes verán, concretamente de apoyo, también sobre el tema del combate al narcotráfico, así que la agenda es bastante amplia. Todas las agencias tienen en consideración apoyarnos”, dijo Jiménez.

El ministro explicó que este apoyo incluye la implementación de una nueva unidad especializada, que recibirá más de 400 motocicletas para fortalecer las acciones de contención contra la extorsión.

En cuanto a la conformación de la Comisión Especial contra la Extorsión, el ministro explicó que esta involucra a varias unidades policiales y agencias gubernamentales, cada una desempeñando un papel específico en la investigación, contención y prevención del delito.

Jiménez explicó que esta unidad operará inicialmente en las zonas 6, 12 y Villa Nueva, enfatizando la importancia de una estrategia integral para combatir este flagelo.

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Dicho sistema fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 y cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre salieron del país y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

De esa cuanta que este miércoles, el abogado César Calderón, quien auxilia a los togados, confirmó que presentó el oficio donde ellos se ponen a disposición de la jueza Wendy Coloma, una acciona que fue aceptada por la judicatura, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos recusó a la juzgadora.

Ante la recusación, la Sala Primera de Apelaciones deberá resolver si la jueza podrá continuar o no conociendo el caso contra los magistrados.

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Se tiene previsto que el jueves próximo los magistrados de la Sala tengan audiencia para conocer la recusación, audiencia en la que participará el abogado Calderón como representante de los cuatro togados.

Blanca Alfaro, magistrada presidente del TSE, indicó que Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco siguen fuera del país.

La magistrada Irma Palencia es señalada de supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas de fraude.

Embargo

El pasado 1 de febrero, una Sala ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido al TSE el sistema TREP.

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La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30 por ciento del costo total.

Por su parte, representantes de Datasys S.A., dicen que no hubo sobrevaloración en los costos por los servicios que otorgó al TSE en las elecciones de 2023, y sus abogados trabajan en las acciones legales que presentarán en contra de los señalamientos.

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Modificaciones

Además, Alfaro informó este miércoles que ya se concretó el primer acercamiento con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República luego de la crisis electoral que se vivió en el país.

Agregó que se hacen los primeros análisis para las modificaciones que sean necesarias para que las elecciones de 2027 se lleven a cabo sin complicaciones.

Señaló que se debe hacer modernización del artículo 256 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “para hacer los cambios a nuestro sistema político electoral para que en las elecciones 2027 contemos con un documento robusto que pueda hacer de nuestra democracia lo que todos deseamos, el sustento para una paz duradera y sostenible“.

El pasado 30 de enero, trascendió que Porras, quien en dos oportunidades ha eludido reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, acudió en 11 oportunidades a Casa Presidencial para reunirse con Giammattei, según registros de la Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos (SAAS).

La última reunión, según esos registros, fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas, lo que comprueba que las visitas al exmandatario eran constantes, contrario a lo que actualmente ocurre con Arévalo, pues el último intento de acercamiento con Porras duró 15 minutos, pues la jefa del Ministerio Público (MP) se retiró sin que se tocaran los temas previstos.

Porras reconoció este miércoles esos acercamientos, pero enfatizó que todos fueron fueron de trabajo y que incluso algunos fueron convocados por el exvicepresidente Guillermo Castillo.

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Respecto a las reuniones, Porras dijo que con el actual mandatario “no va a ser la excepción, porque con el señor presidente -Bernardo Arévalo-, las reuniones que sean necesarias de coordinación las va a seguir haciendo el Ministerio Público”.

Agregó que como lo informó la SAAS, dichas reuniones tenían un objetivo puntual. “En primer lugar quiero manifestarles que no todas fueron con el señor expresidente. Tres de ellas están registradas por reuniones convocadas por el exvicepresidente de la República, porque él era el que coordinaba Conabed -Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio-, y yo soy miembro como Ministerio Público del Conabed”.

Además, comentó que fue convocada para conversar sobre un convenio anticorrupción para analizar un proyecto de obras inconclusas, en las que además participaron representantes de varias instituciones del Estado.

También confirmó que tuvo dos reuniones con el exmandatario cuando eran las entrevistas a candidatos a fiscal general. El señor presidente nos convocó y en dos oportunidades yo también me apersoné”.

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“Igualmente tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, que no me dejara mentir el señor ministro de gobernación, que cuando se hace necesario, pues obviamente me invitan para poder participar. Entonces, esa otra reunión de trabajo. Y otra reunión de trabajo se relacionó al tema contra la trata de personas. Como ustedes pueden advertir son reuniones de trabajo eminentemente”, concluyó la Fiscal.

Acuerdos

El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el MP, dirigido por Porras, señalada de supuestamente haber intentado impedir la investidura del presidente, Bernardo Arévalo.

“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de la reunión con la fiscal Porras.

En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público supuestamente intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.

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De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.

La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.

“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.

En días pasados, Arévalo expresó en una entrevista con EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.

Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos, respondió, hace dos semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.

Seguridad y narcotráfico

De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.

Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8.000 órdenes de captura pendientes.

En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.

La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, explicó que en la Vicepresidencia se inició una evaluación de todo el personal para determinar si existen o no contrataciones irregulares bajo la figura que ahora ella administra, pero hasta ahora no se han encontrado contratos nuevos.

“Toda aquella persona que cumpla con sus funciones y se hace presente al sitio de labores no tiene por qué ser removida”, indicó Herrera.

Otra dependencia que hizo auditorías es el Ministerio de Desarrollo, donde, según el ministro Abelardo Pinto, ya se encontraron alrededor de 50 contratos de personal con menos de 5 meses de haber sido emitidos pese a que en transición se pidió a la administración del presidente Alejandro Giammattei, que no se hicieran compromisos laborales de este tipo.

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“Los emitieron en agosto, por ejemplo, o septiembre del año pasado y los volvieron a renovar este año verdad, entonces esos contratos con menos de 6 meses de vigencia sí hemos estado revisándolos y algunos los hemos estado rescindiendo”, explicó Pinto.

Al recién asumir, la cartera emitió una nota para ordenar que todos los vehículos que son propiedad del Ministerio sean de uso laboral y parte de las evaluaciones incluye hacer una revisión detallada de la flota que se estima en unos 300 automotores.

El ministro enfatizó que las auditorías aún continúan y esperaría que estén finalizadas a mediados de febrero.

En el Ministerio de Agricultura también existieron anomalías en contratos. El 31 de enero se rescindieron 256 compromisos laborales aprobados a principios del año, la mayoría era de personal nuevo, es decir que nunca había trabajado en la entidad.

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Según el Departamento de Comunicación Social de la cartera, aún continúa el proceso de auditoría interna y se detectó que había otros 90 contratos que las autoridades anteriores no alcanzaron a firmar.

La cartera aclaró que el proceso de transición no fue efectivo, pue solo hubo una reunión de trabajo.

En el Ministerio de Trabajo se detectaron “51 vehículos tipo picop 4×4 al servicio de la Inspectoría General de Trabajo, que se encontraban en uso a tiempo completo, incluidos fines de semana y días festivos por parte del personal, sin ningún control de kilometraje, gasolina o ubicación” explicó el Departamento de Comunicación de esa cartera.

Ante ello, desde el vicedespacho Administrativo Financiero se ordenó restringir el uso de los carros en horas no laborales a menos que las circunstancias lo demanden.

Al consultar a la Vicepresidencia si se tenía un informe global sobre este tipo de contrataciones y anomalías en otras dependencias, se informó a los periodistas que deben consultar después de la sesión de gabinete del próximo lunes.

Este jueves se dieron a conocer las presidencias de 25 comisiones de trabajo, pues las bancadas de Vamos (8) y Unionista (1) aún no han enviado el oficio con los nombres de los presidentes de las salas legislativas que les asignaron.

Vamos tiene ocho y Unionista una; sin embargo, aún no se han adjudicado cuatro comisiones que le correspondían a los diputados de Semilla, ya que ante la suspensión por orden judicial de dicho partido sus diputados no pueden integrar las comisiones de trabajo en el Legislativo.

Las presidencias de las comisiones legislativas se dieron a conocer en momento en que la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó la decisión del juez Séptimo Penal de suspender al Movimiento Semilla, partido del presidente, Bernardo Arévalo de León.

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De acuerdo con una resolución emitida este jueves por la CC, el juez penal Fredy Orellana sí tenía facultades para suspender al partido de Arévalo de León en agosto de 2023.

La CC decidió rechazar un recurso legal presentado por un grupo de abogados en favor del Movimiento Semilla, que buscaba anular su suspensión y evitar que sus diputados en el Congreso continúen como independientes.

En agosto de 2023, el juez Orellana, sancionado por Estados Unidos, ordenó la suspensión del Movimiento Semilla a petición del Ministerio Público (MP) por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en 2018.

Presidentes de comisiones de trabajo 2024-2025

1. Comisión de Relaciones Exteriores, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Bien
2. Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rolando Guzmán Figueroa, Cabal
3. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Velásquez Pérez, Cabal
4. Comisión de Seguridad Alimentaria, Jairo Danilo Orellana Sandoval, Cabal
5. Comisión de Turismo, Kevin Luis Carlo Escobar Castillo, Cabal
6. Comisión de Transparencia y Probidad, Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, Elefante
7. Comisión de Asuntos Municipales, Esduín Jerson Javier Javier, Cambio
8. Comisión de Previsión y Seguridad Social, Cristian Rodolfo Álvarez Álvarez, Creo
9. Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Partido Azul
10. Comisión de Vivienda, Rudy Berner Pereira Delgado, Nosotros
11. Comisión de Deportes, Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Todos
12. Comisión de Gobernación, Julio Daniel Marroquín Ordóñez, UNE
13. Comisión de Asuntos Electorales, Juan Ignacio Quijada Heredia, UNE
14. Comisión de Derechos Humanos, José Adolfo Quezada Valdez, UNE
15. Comisión de Desarrollo Social, Karla Betzaida Cardona Arreaga, UNE
16. Comisión de Defensa Nacional, Francisco Vitelio Lam Ruano, UNE
17. Comisión de Apoyo Técnico, León Felipe Barrera Villanueva, UNE
18. Comisión de Migrantes, Julio Pedro Gómez Gómez, UNE
19. Comisión de Trabajo, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, Winaq/URNG/Maíz
20. Comisión de Cultura, Sherol Ivanisse Arévalo Ávila, Valor
21. Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, Ernesto Bran Colindres, Valor
22. Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, Randy Arely Coc Figueroa
23. Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Jeovanni Omar Domínguez Orozco
24. Comisión de Salud y Asistencia Social, Evelin Oddeth Morataya Marroquín
25. Comisión de Energía y Minas, Orlando Joaquín Blanco Lapola, VOS

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Con la resolución de la Sala, también se ordena al Tribunal Supremo Electoral detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30 por ciento del costo total. El pago pendiente fue anunciado en septiembre de 2023 por Irma Palencia, en ese entonces presidenta del TSE, bajo el argumento de tener “algunas dificultades presupuestarias”.

La contratación de la empresa Datasys S.A., se dio luego de que cuatro de los cinco magistrados titulares del TSE avalaran a la empresa ser la responsable de enviar los datos preliminares de las elecciones de 2023. La magistrada Blanca Alfaro votó en contra de dicha contratación.

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Órdenes de captura

Como parte de la investigación, el MP solicitó el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre pasado y posteriormente se giró orden de captura en su contra.

La Fiscalía confirmó el 11 de enero pasado órdenes de captura contra la magistrada Irma Palencia por supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

Informe de la CGC

Además, el 24 de noviembre del 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró posibles inconsistencias en la forma en que el TSE, utilizó los Q500 millones destinados para la preparación del evento electoral del 2023.

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La CGC comenzó a indagar alrededor del TREP, herramienta usada en las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto del 2023.

Este sistema fue adquirido a un costo de Q148 millones 850 mil 250, cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, las acciones de fiscalización detectaron que desde noviembre del 2022 el TSE comenzó con la compra de equipo de computación que se acoplaría con los requerimientos que haría la empresa a cargo del contrato del TREP meses después.

Entre ese equipo se detallan 5 mil 965 escáneres y 8 mil 676 computadoras portátiles, según los hallazgos preliminares, que se adquirieron para uso del sistema.

La idea principal del TSE, según detallan los hallazgos preliminares de la CGC, sería desarrollar su propio sistema informático, del que hasta finales de 2022 no se tuvo un avance significativo.

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Datasys, la empresa que ofreció el servicio y a la que finalmente se adjudicó, informó a la CGC que el total del costo del Trep se dividió en 26 puntos.

Las posibles inconsistencias en la compra del TREP, según los hallazgos de la CGC, revelan una mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que “exceden las necesidades reales del país”, que habría repercutido en un “detrimento de los intereses del Estado”.

La propuesta consiste en realizar procesos escalonados de licitaciones de largo plazo, de manera que estas se lleven a cabo de manera más frecuente y creando bloques específicos con tecnologías renovables para avanzar en la construcción de dicha matriz, según lo expuesto por la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).

Se estima que del potencial total de recursos renovables del país solo se ha aprovechado el 12% por lo que consideran que hay un amplio margen de crecimiento.

El estudio mencionado trabajó tres escenarios: el primero es si no existe adición de nueva generación, el déficit podría iniciar en el 2028. El segundo es agregar nueva generación por 2 mil 75 megavatios, pero solo con recursos no renovables como búnker y gas natural, para sustituir la generación térmica actual por otra más eficientes.

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Y el tercer escenario es el que propone Ager y consiste en instalar 3 mil 700 megavatios (MW) de generación renovable con énfasis en fuente solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y geotérmica con complemento de gas natural.

En número concretos, entre el 2024 y el 2040 se deberían generar 890 MW con hidroeléctricas, 400 MW con geotermia, 1,500 MW con solar fotovoltaica, 210 MW con eólica y 700 MW con gas natural.

En este escenario, la adición de generación de tecnología renovable lograría la reducción del costo operativo total (costo de generación más reservas operativas), en 39.3% y 29.8% respecto a los otros escenarios evaluados, detalla Ager en su propuesta la cual dio a conocer durante la primera edición de Summit de Energía Renovable.

Retos y actividad complementaria

Para alcanzar esas metas se requieren diversas medidas. Por ejemplo, una nueva Política Energética (la actual se emitió hace 15 años) que reitere el objetivo de alcanzar y mantener no menos del 80% de generación renovable.

Otro punto propuesto es que priorice de forma sistemática la adición gradual de generación renovable en la planificación de generación del país, con contrataciones y licitaciones de largo plazo y que se ofrezcan las señales de inversión adecuadas.

A la par de ello debe ser ampliada la capacidad de transmisión e implementarse de forma positiva la normativa del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, que se refiere a las consultas comunitarias.

“El objetivo es que se logre aprovechar al máximo el potencial de generación renovable en beneficio de los guatemaltecos, y poder alcanzar la electrificación completa del país con tarifas estables y eficientes”, se indica en el documento.

Entre otros aspectos se mencionan las licitaciones de distribución; y que la demanda no regulada y las municipalidades inicien procesos regulares de contratación de mediano y largo plazo para suplir sus necesidades de abastecimiento para aprovechar y dar continuidad a la generación existente que ya es eficiente.

Rudolf Jacobs, presidente de dicha asociación refiere que lograr esos niveles de generación con renovables también debe ir de la mano con más proyectos de transmisión de electricidad para conectar tanto las plantas de generación con más comunidades.

La @Ager_GT entregó al presidente @BArevalodeLeon la propuesta de Estrategia para la transición energética en Guatemala. Se basa en 3 escenarios para lograr la meta de generar 80% de la energía eléctrica del país con recursos renovables, combinada con gas natural @prensa_libre pic.twitter.com/0zjhV6yora

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 1, 2024

Explicó que la generación de electricidad el país se había vuelto dependiente de los combustibles fósiles importados, pero se logró recuperar la participación renovable y llevarla hasta el 65% actual, pero con esta propuesta se espera alcanzar el 80%.

“Esta propuesta pretende ser un aporte para la planificación y el desarrollo del sector”, que incluye una visión de largo plazo de la generación que se podría agregar al sistema, tanto para alcanzar ese porcentaje como contar con una mezcla de generación que permita cubrir la demanda.

Más licitaciones

“Tenemos una buena ley, procesos de planificación y ya sabemos hacer licitaciones, así que debemos seguir haciendo lo que hicimos bien en el pasado, pero también darle mucho impulso a la transmisión en el país. Eso avanza lento, los proyectos son difíciles de ejecutar y necesitan acompañamiento del Estado, aparte de que también tenemos que licitar energía”, dijo el directivo.

“Podemos también desagregar la licitación PEG 5 y aprovechar los proyectos que participaron y compitieron en la PEG 4 y no lograron ser adjudicados, para hacer una licitación solar de 400 o 500 MW”, mencionó como ejemplo.

Las distribuidoras adjudicaron en el 2023 alrededor de 400 MW en la licitación de largo plazo del Plan de Expansión de Generación (conocida como PEG 4) y deben empezar a suministrar esos contratos en el 2028. Además, se debe preparar la PEG 5 que podría conllevar demanda de unos 1,200 a 1,400 MW para sustitución de contratos que vencerán entre el 2028 y el 2030.

Por último, indicó que se habla de transición energética porque se propone utilizar la mayoría de recursos renovables con un complemento de gas natural y eso tiene una serie de ventajas. “Con ello, nos alineamos con la visión que tienen las nuevas autoridades de llevar energía eléctrica al millón de guatemaltecos que todavía no la tiene y de racionalizar la tasa de alumbrado público”.

Habla el presidente

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien recibió la propuesta de Ager y se refirió a la importancia del desarrollo de la electricidad, expresó la importancia de la energía renovable, y ofreció que durante este gobierno se llegará a la cobertura universal del servicio de energía eléctrica a hogares.

“Tengo la impresión de que en el ámbito de la generación y distribución de energía estamos habitando en nuestro país en dos siglos distintos. Nos enorgullecemos de contar con un marco regulatorio de primer mundo y de última generación, por lo que en las últimas décadas se han realizado inversiones importantísimas en la generación de energía renovable, aprovechando la riqueza natural de nuestro territorio, pero por el otro lado, en esta sociedad uno de cada 10 hogares no cuenta con energía eléctrica”.

Añadió que muchas de las inversiones necesarias tienen consecuencias sociales y ambientales “que serían más tolerables para las comunidades afectadas, si sus casas tuvieran luz y si fueran participes de los beneficios de esta industria”.

“Por eso nuestra propuesta es ambiciosa: Nos hemos propuesto al final del período de gobierno que todos los hogares guatemaltecos tengan acceso a energía eléctrica regular, estable y accesible sin excepción. Electricidad en todos los hogares es dar el primer paso hacia una modernidad sostenible que a muchas familias guatemaltecas les ha sido negada por décadas”, proponiendo llegar al 100% de cobertura de electricidad en el país. Actualmente está en alrededor del 90%.

A su criterio, el acceso universal a la energía eléctrica es un paso fundamental para dignificar la vida de las familias en Guatemala, “logro que tiene un carácter desencadenante y liberador además de contribuir sustancialmente a neutralizar uno de los principales motivos de la conflictividad social”.

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También dijo que la electrificación abre posibilidades trascendentales para la productividad en el campo y se cuenta con el ingenio, la energía y el dinamismo demostrado por el sector eléctrico, “sin embargo, no debemos perder de vista que la situación actual es producto de política pública, de decisiones individuales y de formas particulares de abordar la relación entre las personas y su entorno”.

“En etapas anteriores se ha priorizado una visión utilitarista del medio ambiente y de la sociedad, una forma de hacer las cosas en la cual extraemos todos los recursos que podemos de la tierra y lo utilizamos para cubrir las necesidades e intereses de quienes tienen suficiente fuerza para agenciarse de ellos. La transformación energética que necesitamos es también una conversión ecológica, es una transición de esa cultura extractiva a una visión en donde tomamos de la tierra lo que necesitamos para asegurar la sostenibilidad del progreso en un proceso equitativo para todas las personas”, expresó el mandatario

Concluyó indicando que  las empresas del sector energético, públicas, privadas y mixtas que puedan tener un lugar van a desempeñar un papel fundamental en liderar el desarrollo energético del país porque el potencial de la energía renovable es el camino hacia el futuro. “Estamos comprometidos con respaldar activamente a aquellas empresas que se dediquen a esta causa y las invitamos a aprovechar la iniciativa de nuestro gobierno, que está estableciendo un fondo de innovación tecnológica con el propósito de facilitar investigaciones e impulsar el desarrollo tecnológico en diversas industrias a nivel nacional. Este respaldo financiero busca catalizar avances significativos y fomentar la adopción de soluciones innovadoras que contribuyan al crecimiento sostenible y transformación positiva de nuestro sector energético”.

Acciones institucionales

Ager incluye un llamado urgente a impulsar acciones institucionales para concretar la propuesta:

• Al Organismo Ejecutivo pide garantizar la estabilidad jurídica y apoyo político en el sector eléctrico de Guatemala para fomentar inversiones de largo plazo y respaldar la estructura institucional del sector.
• Al Ministerio de Energía y Minas, priorizar estratégicamente la inversión en energía renovable, dando continuidad y fortaleciendo la Política Energética y Planes de Expansión Indicativos del Sistema de Generación para lograr una matriz con un mínimo del 80% de participación de fuentes renovables.
• Al Administrador del Mercado Mayorista, analizar y ajustar continuamente la normativa del sector eléctrico para la creación de marcos regulatorios modernos, equitativos y sin restricciones, sin importar su tecnología.
• En el caso de las municipalidades, analizar y readecuar la Tasa de Alumbrado Público con las distribuidoras eléctricas.
• Y añade acciones que deben efectuarse desde diferentes entes como el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), el Ministerio de Ambiente, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las distribuidoras y los grandes usuarios, entre otros.

La recepción de los documentos iniciará el próximo 5 de febrero, esto mientras se integran esta semana las comisiones receptoras de expedientes. El último día que se recibirá papelería para participar en la convocatoria será el 9 de febrero.

La nueva modalidad fue adoptada por el Ejecutivo, quién el pasado 30 de enero publicó las reformas a la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permitirá ahora a la ciudadanía presentar objeciones o tachas contra los candidatos al puesto público.

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Los requisitos mínimos

• Los postulados deberán de cumplir con al menos seis requisitos para ser tomados en cuenta en un primer filtro:
• Ser guatemalteco
• Hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos
• Ser mayor de 30 años
• Ser domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que desea optar al cargo
• No estar incluido dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 197 de la Constitución Política de Guatemala

Además, deberán de entregar una serie de papelería como parte de la documentación obligatoria:

• Currículum Vitae
• Certificación de nacimiento extendida por el Renap
• Fotocopia del Documento Personal de Identificación
• Constancia de carencia de antecedentes penales
• Constancia de carencia de antecedentes policiales
• Certificación de encontrarse en el goce de los derechos ciudadanos, extendida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral
• Certificación o documento que acredite haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el cual son propuestos. Este lo pueden obtener en la municipalidad de residencia, la gobernación correspondiente, certificación extendida por el Renap o excepcionalmente, un acta notarial de declaración jurada)
• Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos actualizada (finiquito) emitida por la Contraloría General de Cuentas
• Acta notarial de declaración jurada en la que declare que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 197 de la Constitución Política de Guatemala

¡Postulaciones abiertas para Gobernadores Departamentales!

Buscamos líderes transparentes, comprometidos y dispuestos a servir a sus departamentos. Aquí les comparto los requisitos para postularse en este proceso histórico para que Guatemala avance. pic.twitter.com/Ubvi2gvmXg

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 31, 2024

Prohibiciones

Pero no todos los ciudadanos puede ser candidatos a gobernador departamental. No pueden postularse los parientes del presidente, vicepresidente y ministros de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad.

Los que fueron condenados en juicio de cuentas y no han solventado sus responsabilidades, los contratistas de obras o empresas que reciban fondos del Estado, quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas, quienes tengan relación directa con ministros de religión o culto y de las ternas que escogerán a los aspirantes al cargo.