Las cifras oficiales dan cuenta que en enero se deportaron 3,012 compatriotas, y la cifra se ubicó en 2,420 en febrero y 2,407 en marzo, para un total de 7,839 personas. En 2014, el total en el trimestre sumó 13,724 connacionales (4,076 en enero, 4,525 en febrero y 5,123 en marzo).

Del total de retornados este año, 6,877 son hombres y 922 mujeres, todos mayores de edad, en tanto los menores de edad devueltos al país por los norteamericanos suman 21 niños y 19 niñas. En total, el año anterior se deportó desde Estados Unidos a 51,157 guatemaltecos, mientras en 2013 esa cifra se ubicó en 50,221.

Por la vía terrestre

La situación para los deportados por la vía terrestre desde México no es similar. En el primer trimestre de este año suman 16,018 guatemaltecos, pero en 2014 la cifra era de 8,325, lo que representa un aumento del 92%.

Si se toman en cuenta a otros centroamericanos deportados también por vía terrestre desde México, el aumento no es tan dramático como ocurre con los guatemaltecos. En total, considerando a connacionales, nicaragüenses, salvadoreños y hondureños, el total de deportados este trimestre sumó 34,059, contra los 21,336 del 2014, lo que representa un incremento del 60%.

En un recurso de emergencia, el Ejecutivo solicitó la suspensión del fallo del juez federal de Texas Andrew Hanen, que hace un mes suspendió temporalmente las medidas migratorias a petición de 26 estados, liderados por Texas.

“Como mínimo, las medidas cautelares deberían ser suspendidas, bien con respecto a los estados que no son parte de esta demanda, bien en los estados demandantes que no sean Texas”, el único que argumentó en el recurso colectivo que sufriría daños por las medidas, según pide el Gobierno en su recurso.

De esta forma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha interpuesto la denuncia en representación del Gobierno, da dos opciones al tribunal de Nueva Orleans, considerado uno de los más conservadoras del país.

El DHS pide, en primer lugar, que permita aplicar el alivio migratorio en todos los estados, menos Texas, el único que argumentó en la demanda colectiva que sufriría daños económicos al tener que expedir licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.

“Las quejas de Texas sobre daños financieros ignoran que la acción diferida y las autorizaciones de trabajo permitirán aumentar los ingresos fiscales del estado, donde ya trabajan extranjeros de manera ilegal”, argumenta el Gobierno. De hecho, en su recurso, el Ejecutivo estima que, gracias al alivio migratorio, Texas podría recaudar US$338 millones a través de impuestos en cinco años.

La otra alternativa que el Gobierno ofrece al tribunal para que se posicione en su favor, también se dirige a la aplicación parcial de las medidas migratorias. Pide a la corte que le deje aplicar las medidas migratorias en los otros 24 estados que no han pedido por la vía legal la suspensión de las medidas migratorias.

“Ningún estado ha sufrido un prejuicio irreparable e incluso si el demandante tenía una lesión irreparable, un requerimiento judicial a nivel nacional es manifiestamente excesivo, cuando otros estados podrían beneficiarse de las medidas cuestionadas”, argumenta el Gobierno.

Con este recurso de urgencia, el Gobierno quiere tumbar el fallo que el juez federal de Texas dictó el pasado 16 de febrero, lo que impidió la entrada en vigor de la primera fase del alivio migratorio destinado a los jóvenes indocumentados.

El lunes, el magistrado decidió posponer la decisión sobre el recurso de urgencia presentado por el Gobierno, que busca suspender el fallo del juez y así aplicar el alivio migratorio para cinco millones de indocumentados que contemplan las medidas de Obama.

El juez apeló a la “gravedad” de las acusaciones hechas por los 26 estados demandantes para citar a una audiencia el próximo 19 de marzo a funcionarios federales que presuntamente habrían comenzado a implementar las medidas de forma ilegal, según sostienen los demandantes.

Los funcionarios federales tendrían que responder en esa audiencia a preguntas sobre los 100 mil permisos de trabajo otorgados a beneficiarios de la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa del 2012 que, desde entonces, ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes y que Hanen suspendió.

Ahora, según la citada fuente de Justicia, el Gobierno se debate entre acudir a esta audiencia o directamente recurrir la suspensión de las medidas migratorias a una instancia superior, en este caso el Tribunal de Nueva Orleans, con jurisdicción sobre Texas, considerada una de las más cortes más conservadoras del país.

El juez de Texas Andrew Hansen suspendió las medidas migratorias un mes atrás.

El pasado 16 de febrero, Hanen suspendió temporalmente las medidas ejecutivas sobre migración tras la demanda interpuesta por Texas y otros 25 estados, en su mayoría republicanos, que alegan que Obama se extralimitó en sus poderes al aprobar el paquete de medidas migratorias.

El Gobierno interpuso entonces un recurso de urgencia para levantar la suspensión decretada por Hanen, pero este juez, que fue propuesto para su puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, aún no ha respondido.

El fallo del magistrado afecta a la ampliación del programa DACA para jóvenes indocumentados, cuyo comienzo estaba previsto para el 18 de febrero pasado.

La decisión de Hanen también repercute en el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), para padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para el próximo mayo.