Después de tres suspensiones, el paso a desnivel en Quetzaltenango alcanza 77% de avance

Después de tres suspensiones, la Dirección General de Caminos ya tiene fecha para concluir el viaducto ubicado en el periférico de Xela.

Sandy Pineda

15 de octubre de 2025 | 07:00h

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El paso a desnivel en Quetzaltenango es una obra clave para mejorar la movilidad de más de 200 mil personas en el occidente del país. (Foto Prensa Libre: CIV)

Durante el fin de semana, entre el 11 y 12 de octubre, la Dirección General de Caminos completó una de las etapas clave en la construcción del viaducto sobre la RN-1, en el periférico, zona 7 de la cabecera de Quetzaltenango.

La jornada incluyó la fundición de la losa del puente 1, una estructura que requerirá varias fases antes de habilitarse al tránsito.

Si el ritmo actual se mantiene, la obra, que lleva un avance del 77%, podría reencaminarse hacia su fecha de entrega para finales de diciembre del 2025.

Esto se retoma luego que la infraestructura ha enfrentado tres suspensiones desde su inicio, hace tres años, y que busca mejorar la circulación hacia Chuvá, Colomba, Costa Cuca y los municipios del suroccidente.

Trabajos más recientes

La fundición se realizó durante la madrugada del domingo 12 de octubre, cuando se vertieron 52 metros cúbicos de concreto de alta resistencia, capaces de soportar hasta 5 mil libras por pulgada cuadrada.

Antes del vertido, los equipos técnicos controlaron las proporciones de cemento, agua y aditivos, y colocaron las armaduras de acero necesarias para garantizar la resistencia estructural.

El trabajo continuó hasta las primeras horas de la mañana, en una operación que —según Caminos— permitirá avanzar hacia la fase final del proyecto.

Qué sigue

Con la losa ya fundida, el siguiente paso será:

• Esperar el proceso de curado del concreto, que permitirá estabilizar la estructura.
• Colocar la carpeta asfáltica sobre el viaducto.
• Ejecutar las obras de terminación para habilitar el tránsito de vehículos pesados y particulares.

El objetivo es entregar una infraestructura que agilice la movilidad en un punto donde confluyen más de 204 mil personas de ocho municipios: Salcajá, Cantel, Almolonga, Zunil, San Juan Ostuncalco, La Esperanza, San Mateo y Concepción Chiquirichapa.

¡Seguimos construyendo el progreso de Quetzaltenango!
En la Ruta Nacional 1, frente al Organismo Judicial, culminó con éxito la fundición de la losa del puente – Fase 1 del paso a desnivel que forma parte del #PlanConecta2025.
Durante la jornada se vertieron 52 m³ de concreto pic.twitter.com/U08rgFflnx

— caminos_civ (@CAMINOS_CIV) October 12, 2025

¿Por qué ha tardado?

El proyecto fue adjudicado a Edifica, S. A. e inició en enero del 2023, con una inversión de Q78.3 millones.

Sin embargo, distintas suspensiones han retrasado su avance, entre ellas una solicitada por la empresa en junio pasado, lo que ha extendido los plazos y elevado el costo estimado a Q82.9 millones.

La obra forma parte del Plan Conecta, que busca mejorar la transitabilidad en rutas nacionales clave para el comercio y el transporte hacia la costa sur.

Hasta entonces, los trabajos continuarán enfocados en completar las losas restantes y los accesos viales que conectarán con la carretera a Chuvá.

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El transporte es una de las prioridades de la inversión social proyectada para este año, con 198 proyectos en todo el país, el 37 por ciento del total, y un presupuesto asignado de Q10 mil 642 millones.

Entre esos proyectos, para este año se asignaron Q37 millones 623 mil 41 a la construcción del libramiento de Chimaltenango, un tramo de 15.323 kilómetros que atraviesa la cabecera de Chimaltenango y El Tejar para hacer más ágil el tránsito por ese sector.

Esta cantidad se suma a los Q657 millones 147 mil 968.37 que se asignaron a ese proyecto del 2014 al 2019.

Sobre el Libramiento, la Contraloría General de Cuentas informó el 30 de enero de este año que hay 10 hallazgos de anomalías en su construcción y aún se evalúan denuncias penales al respecto, pero también habría sanciones administrativas.

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La auditoría que hizo la Contraloría tardó 70 días y comenzó luego de varias denuncias públicas por posibles deficiencias en la construcción de ese tramo.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público también hace una investigación sobre la obra.

El segundo mayor presupuesto para obra social está destinado al sector agropecuario, con Q766.2 millones para 15 proyectos, aunque hasta este jueves 6 de febrero no se había asignado nada de ese monto.

Aquí se incluyen subsidios y créditos para la compra de tierras y capital semilla para el arrendamiento de propiedades.

Proyectos con más inversión:

Transporte

• Q400 millones para la ampliación de la infraestructura portuaria y profundización del muelle sur y enlace del muelle principal en Puerto San José, Escuintla.
• Q390 millones para la construcción del tamo 5 de la carretera Anillo Regional, que conecta San Juan Sacatepéquez, Guatemala, San Raymundo, Chuarrancho, ruta al Atlántico, Sanarate y El Progreso.
• Q16 millones para la construcción de un distribuidor vial a desnivel en la entrada a la colonia Satélite, Mixco, Guatemala, en el kilómetro 19.2 de la ruta a occidente.
• Q16 millones para la construcción de un paso a desnivel en la ruta Interamericana, en el retorno a San Lucas Sacatepéquez.
• Q2 millones 550 mil para la construcción del libramiento  entre San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, Suchitepéquez, incluido el puente Castillo Armas y con una longitud de 34 kilómetros.

Sector agropecuario

• Q2 mil 400 millones para un proyecto de manejo de bosques naturales.
• Q142 millones 783 mil 30 para la construcción de un sistema de riego en Jacaltenango, Huehuetenango.
• Q88 millones 800 mil para subsidio y crédito para la compra de tierras en las regiones norte y centro.
• Q65 millones 35 mil para un capital semilla y créditos para arrendamiento de tierras.
• Q18 millones 805 mil 524 para un subsidio para dar asistencia técnica a familias campesinas, compra de alimentos y capital de trabajo.

Además, hay proyectos para educación, agua y saneamiento, seguridad interna, cultura y deportes, medioambiente y comunicaciones.

En este último caso se trata de la construcción de un edificio para el Ministerio de Comunicaciones en la zona 13 capitalina, por un monto de Q895 mil.

Mientras que los proyectos que aún no reciben asignación presupuestaria son trabajo y previsión social, energía, ciencia y tecnología y judicial.

En total son 18 rubros para los que se tiene un presupuesto de Q13 mil 82 millones 294 mil 171, de los cuales ya se asignaron Q3 mil 656 millones 463 mil 982, pero de esto no se ha ejecutado nada.

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Priorización necesaria

Tomando en cuenta la baja ejecución del año pasado y la necesidad de una readecuación presupuestaria para el 2020, es difícil pensar que concluirán todos los proyectos, según la exsecretaria de Segeplán, Karin Solowing.

La exfuncionaria considera que es necesario hacer una priorización de los proyectos y que tanto Segeplán como el Ministerio de Finanzas deben acompañar la ejecución de los Consejos de Desarrollo y las municipalidades.

Para Slowing hay un “exceso de optimismo” al programar todas esas obras, debido a que no hay motivos para creer que se mejora la capacidad de ejecución y, además; habrá retrasos para comenzar la inversión debido a la aprobación en el Congreso de la readecuación del presupuesto.

Gabriela Ayerdi, especialista en temas de transparencia, considera que se refleja de nuevo un problema grave del sistema de gobierno, debido a la falta de conocimiento sobre cómo presupuestar la obra pública.

La especialista dice que hay mucha obra de arrastre por mala planificación y considera que la Contraloría debería emitir sanciones administrativas e incluso penales ante ese tipo de faltas.

Ayerdi afirma que también es necesaria la fiscalización ciudadana, pero aún hay dificultad debido a que los portales de información la proporcionan de forma “muy técnica y confusa”.

“Se debe informar con un lenguaje adecuado para que los ciudadanos y, principalmente vecinos que serán afectados por las obras, conozcan de los proyectos”, explicó.

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Este será uno de los impactos directos que deberán sortear las nuevas autoridades que asuman en enero y deberán de trabajar lo antes posible para evitar cualquier paralización en la inversión estatal en el proceso de transición.

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“Lo vemos complicado y al quedar vigente el mismo presupuesto para 2020 hay que reprogramar el 100% de las obras y por muy eficientes que sean las unidades de planificación de cada unidad ejecutora en marzo estaría el gasto programado y abril estaría la ejecución”, resaltó Benito Ruiz.

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Esa situación, explicó el funcionario, implicaría que desde enero habría que hacer las readecuaciones de obras y la otra es que las fuentes de financiamiento no están aseguradas en el presupuesto por lo que deberán hacer las sustituciones y actualizarlas.

Desfinanciamiento

El ministro citó que en el proyecto del presupuesto para 2020 había un préstamo de US$150 millones (unos Q1 mil 155 millones) para el Programada de Desarrollo Vial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como fuente de financiamiento y que se esperaba que fuera aprobado por el Congreso, antes que conociera el plan de gasto, pero al no legalizarse, “prácticamente” esta desfinanciado esa cartera.

Explicó que existen por lo menos unos Q3 mil 500 millones que tienen fuente de financiamiento, pero en la reprogramación se debe buscar las nuevas fuentes.

El CIV para 2019, tenía una asignación de Q6 mil 53 millones (que será el inicial), y recibió una transferencia por Q16.4 millones por lo que el presupuesto vigente es de Q6 mil 69.8 millones, según el Ministerio de Finanzas.

Hasta ayer la ejecución era de 74.6% por un monto de Q4 mil 526.5 millones.

El ministró recalcó que se perderán unos cuatro meses (120 días) de ejecución, en la cual se hubiera avanzado en la recuperación de por lo menos del 15% al 20% en la red vial.

“El llamado es al Congreso, por el bien del país para que las próximas autoridades puedan ejecutar el presupuesto; porque son los mismos diputados quienes se quejan por el estado de las carreteras y si ellos no aprueban el presupuesto, que le estamos diciendo a la población”, remarcó Benito Ruiz durante la presentación del informe de ejecución presupuestaria 2019.

Al consultarle sobre el monto de pagos u obras de arrastre que podría quedar pendiente para 2020, dijo que aún están realizando los análisis, ya que también cuentan con retrasos en las cuotas presupuestarias por el Minfin, que estaría explicado por el financiamiento al nuevo Gobierno y problemas en la recaudación tributaria.

“Esperamos contar con un cronograma de pagos con base al flujo de caja de aquí al cierre del ejercicio”, reiteró.

Proceso muy complejo

Julio Héctor Estrada Domínguez, ex ministro de Finanzas, dijo que la situación del CIV es complicada, ya que se paralizará la obra pública en verano, surgirá un posible enfrentamiento para la redistribución de pagos con los contratistas, donde hasta intervienen los diputados sobre la fijación de techos a determinados proyectos, y es algo que debe de resolverse lo más pronto posible.

Recordó que este panorama se presentó en el 2018, cuando en ese entonces, el Congreso no aprobó el presupuesto y la institución más afectada fue el CIV y surgieron precisamente esos inconvenientes.

Al igual como lo declaró el ministro, Estrada Domínguez, detalló que la principal preocupación es la incertidumbre que hay en las fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión en infraestructura.

El también ex viceministro de Finanzas, Érick Coyoy, aseguró que el proceso es voluminoso y se tendrán que revisar renglón por renglón, determinar que cuente con fuente de financiamiento y hacer la readecuación para poder asignar los recursos.

Para ello, es necesario que las nuevas autoridades de Gobierno deben de empezar a decir cuales serán sus prioridades de gasto.

Las asignaciones que deben contar con reservas están en salarios, pago del servicio de la deuda, clases pasivas y el cumplimiento de los pactos colectivos.

Salida urgente

Tanto Estrada Domínguez, como Coyoy, aseguraron que “técnicamente” hay una salida y todo dependerá de como se trabaje en el proceso de transición en diciembre entre la Dirección Técnica del Presupuesto, con las nuevas autoridades de Finanzas.

“Tienen que ser claros de lo que van a reducir y sacrificar; de lo que van a hacer y que no van a hacer y fijar los techos específicos antes de la apertura del presupuesto que empieza el 1 de enero”, afirmó Estrada Domínguez.

Esto incluye, que rubros van a priorizar, la emisión de los acuerdos gubernativos de las transferencias y las acciones operativas, así como los mensajes de apoyo político del presidente electo Alejandro Giammattei Falla, mientras preparan las solicitudes de ampliación presupuestaria y aprobación de la cartera de préstamos al Congreso.

Coyoy, añadió que, de entrada, las nuevas autoridades podrán ser uso del espacio presupuestario de Q750 millones y otro de Q525 millones que se le asignó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones generales.

Eso significa que podrán contar con espacio disponible de al menos Q1 mil 275 millones para hacer las modificaciones o transferencias, sin acudir al Legislativo para hacer las solicitudes.

Los consultados contaros sus experiencias y con una nueva legislatura, las modificaciones presupuestarias podrían ser conocidas hasta abril o bien llevarse todo el primer semestre del 2020, ya que podría entrar en negociación la configuración de la nueva Junta Directiva y la repartición de las respectivas comisiones de trabajo.

Sello propio

Verónica Spross, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que las modificaciones que se presenten en el 2020 al plan de gasto tendrán la dirección propia de las nuevas autoridades de Gobierno, al preguntarle si hay ganadores o perdedores en la no aprobación del presupuesto.

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“Hay que ver cuáles son los programas que se van a perder recursos que no se van a ejecutar debido a la carencia de fondos y se estaría poniendo en cierta dificultad financiera al Gobierno entrante.  Pero a la vez hay que verlo como una oportunidad porque es un sello de plasma sus propios proyectos al tener que hacer los ajustes”, comentó Spross.

Estructura

Al quedar el mismo presupuesto para 2020 de Q87 mil 715 millones, las asignaciones en la apertura quedarán en Q57 mil 273 millones para funcionamiento, Q17 mil 30 millones para inversión y Q13 mil 411 millones para el pago del servicio de la deuda.

Mientras que los ingresos tributarios en Q64 mil 27 millones, según el acuerdo.

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El Estado así creado tuvo por razón primordial garantizar el bienestar de los habitantes de la nación, organizándose según los principios de la democracia representada por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al Ejecutivo corresponde la obra pública. En aquel período hubo importantes desarrollos urbanos y edificios emblemáticos, particularmente en las ciudades de Quetzaltenango, Totonicapán, Cobán y Guatemala. Se construyeron obras en las que París dejó sentir su influjo con la arquitectura neoclásica, su novedoso urbanismo con la introducción del concepto de la Ciudad Jardín y el Art Noveau. Aquella obra pública trascendió a pesar de los diferentes materiales y sistemas constructivos, aunque toda tiene en común una amplia visión de conjunto, calidad de diseño y excelencia de la mano de obra empleada.

En época contemporánea, la educación derivada de La Ilustración regresó al submundo de la superstición y la ignorancia, produciendo individuos que vieron en la política la manera fácil de salir del anonimato económico, despreciando el bienestar de los habitantes de la nación y burlándose de sus necesidades. Llevaron al Estado a un nivel de ineficiencia tal que crearon en el imaginario popular la idea de que la obra pública debía ser subcontratada con el empresariado, que por definición es “ejemplarmente eficiente”.

Del periodo del presidente Álvaro Arzú (1996-2000) recuerdo la inversión en escuelas, centros de salud, infraestructura y carreteras en el departamento Petén, el más distante y relegado desde siempre al desarrollo y comunicación. Durante la campaña política de 1999 fue notoria la manipulación mediática utilizada por el candidato a la presidencia Alfonso Portillo cuando vociferaba: ¡El asfalto no se come! El mercenario de la política ganó las elecciones y durante su gestión (2000-2004) no se hizo obra pública, pero se saquearon las arcas nacionales y la corrupción se instaló en la administración pública; el narcotráfico y la delincuencia organizada se enseñorearon en las instituciones del Gobierno.

La administración de los ahora enjuiciados por ladrones que gobernaron entre 2012-2015 convirtió el Presupuesto General de Gastos de la Nación en su caja chica y la administración pública, en la fuente de corrupción personal más grande de la que tengamos registro. No solo se dejó de hacer obra directa, sino que los contratos suscritos fueron fuente de descomposición burocrática e ineficiencia operativo-constructiva.

Hoy, las carreteras de todo el país están destruidas. Los transeúntes claman con desesperación en las redes sociales por el daño generalizado a los automotores, pues no hay metro de carretera que no esté arruinado. Los pilotos del transporte pesado organizados anunciaron un paro nacional para el jueves 6 de julio, para exigir al Estado iniciar, como mínimo, un plan de bacheo.

Mientras tanto, el Ejecutivo quedó paralizado ante esta crisis y otras tantas que le aquejan. ¿Hasta cuándo?

jmmaganajuarez@gmail.com

Luego, se filtró un mensaje de texto en el que Manuel Giordano, diputado de FCN-Nación, indicó al jefe de ese bloque, Javier Hernández, que pondría de rodillas al gobernador de San Marcos. Ocho más habrían corrido la misma suerte.

Prensa Libre consultó al diputado Alsider Arias y al subjefe de bloque de FCN-Nación, Édgar Ovalle, sobre los nombres de los gobernadores, pero ambos simularon amnesia. “No recuerdo”, dijo el primero, mientras que el militar retirado indicó que “solo” recordaba a Ventura y que “tal vez” se citó al de Chimaltenango.

Allegados a la gobernación departamental de Quiché indicaron que los diputados oficialistas citaron a Clemente de León, para condicionar sus funciones. La cita habría sido liderada por Hernández, quien ayer no llegó al Congreso pues, según Ovalle, estaba en una “acción importantísima”.

Peticiones

Los legisladores oficialistas se han empeñado en desacreditar la denuncia de Ventura y aseguran que los gobernadores no manejan plazas. Sin embargo, se conoció que una de las mayores exigencias de los congresistas es influir en los nombramientos del director ejecutivo y el director financiero del Consejo de Desarrollo, quienes establecen la prioridad de las obras en los departamentos.

Los diputados también quieren influir en las obras y en las empresas que serán contratadas para ejecutarlas.

Boris España, jefe del Movimiento Reformador y diputado por Chiquimula, aseguró que parte de los compromisos por los que FCN-Nación logró ganar legisladores trásfugas para su bancada fue porque ofreció tener el control de los departamentos, que implica decidir el destino de los recursos asignados en el Listado Geográfico de Obras.

Wálter Félix, congresista por Huehuetenango, explicó que a ese departamento llegó una diputada al Parlamento Centroamericano del partido oficialista para reunirse con el gobernador. “Desconocemos qué se abordó, porque fue privado; pero se sabe que no hubo mucha cortesía”, manifestó.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que gobernadores de Quiché, Chimaltenango y Sololá han sido presionados por congresistas de FCN-Nación.

“Tenemos entendido que hay un combo de diputados que están estimulando estas prácticas”, detalló.

También alcaldes

Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), denunció que las presiones no afectan solo a los gobernadores: “Los alcaldes nos vemos en una situación complicada, porque tememos que se trate de influir en las decisiones de los gobiernos locales de diferentes maneras”.

Según Escobar, ha recibido “quejas y molestia” de los alcaldes de Petén, Chiquimula, Jutiapa, Huehuetenango y San Marcos. “Son presionados por los gobernadores, quienes a su vez lo son por los diputados”, subrayó.

Agregó: “Esta no es la primera vez que ocurre, y los peores son los diputados de gobierno, porque tienen la estructura funcionando a su favor”.

Escobar explicó que cada año se les asignan cerca de Q2 mil millones provenientes del IVA-Paz, que son repartidos entre todos los departamentos para la ejecución de obra gris; pero si no son allegados a los diputados o a los gobernadores, “se ponen millones de trabas que impiden que los recursos lleguen a las alcaldías”.

El presidente de la Anam explicó que “el juego” comienza desde el Congreso, donde se asigna el Listado Geográfico de Obras, llega a los gobernadores y luego se presiona a los ministros para que retrasen las licencias de construcción o la asignación de fondos.

“Hay que modificar la discrecionalidad de los fondos, o esto va a continuar”, aseguró.

Diferencias

Las presiones a los gobernadores han revelado una lucha dentro de FCN-Nación, que incluso podría terminar con la renuncia de Hernández a la jefatura de bancada.

En algunos distritos, el partido de gobierno sumó a más de un diputado, lo que generó una lucha por el control. Otros solo quieren quitarle la jefatura de bancada a Hernández.

Investigación

Fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron a Cobán, Alta Verapaz, para reunirse con la gobernadora, y se repetirá el mismo proceso con el de San Marcos, con el fin de evaluar acciones legales, explicó la fiscal general, Thelma Aldana.

“Si los gobernadores no quieren denunciar, el MP analizará si procede iniciar las diligencias de antejuicio contra los involucrados”, detalló.

Laura Franco, presidenta de la Comisión de la Mujer, quien es acusada de haber llamado a la gobernadora “india estúpida” durante la extraña citación que se efectuó el martes pasado, anunció que presentará una denuncia por difamación y calumnia contra la gobernadora.

Fiscalizar

Alsider Arias, diputado de FCN-Nación, aseguró: “Digamos, se ha estado citando a varios funcionarios en ese tema. Lo que estamos viendo es que recuérdese que la elección de gobernadores fue pública, se tomaron en cuenta todas las sugerencias y se evaluaron las mejores personas; pero no quiere decir que no tengamos que fiscalizar”.

Pruebas

Gabriel Duarte, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, afirmó que las presiones a gobernadores y alcaldes ha sido una práctica que siempre se ha señalado por diversos actores de la sociedad; sin embargo, nunca se había tenido pruebas de las acusaciones, por lo que solicitó una investigación penal al respecto.

Negocio

Cristhians Castillo, politólogo del Instituto Problemas  Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indicó que el  negocio son los proyectos de arrastre y  reprogramaciones de los Consejos, porque con ello pagarán a tránsfugas que incidirán en  asignación de obras; por ello presionan por nombrar a los directores financieros y ejecutivos.

El director de Obras de la comuna, Álvaro Hugo Rodas, explicó que en ese sector se registran más atascos por los automotores provenientes del mencionado bulevar y que deben pasar por la Avenida de las Américas para conectarse a la zona 10, por la 20 calle.

“Esta vía conectará la ruta Liberación con la 20 calle. Ya no deben —los automovilistas— dar la vuelta a Las Américas”, anunció Rodas.

Duración de obra

Se tiene previsto que el proyecto termine en abril del 2016 y que la construcción no causará más atascos vehiculares en el sector.

Rodas indicó que la 20 calle de la zona 10 se ha convertido en una vía importante para los automovilistas que se dirigen a Santa Catarina Pinula y a las zonas 10 y 14.

El vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, informó que las últimas mediciones de circulación en las arterias cercanas a la Plaza El Obelisco establecieron que en esa área transitan unos 40 mil automotores al día.

Entre los consorcios que fueron precalificados para continuar en el proceso son Ortiz Construcciones y Proyectos Guatemala, grupo de capital español; Odebrecht de Brasil; Instalaciones Inabensa de España; Consorcio CAE Guatemala (capital guatemalteco y mexicano) según los documentos divulgados en el sistema Guatecompras.

También fueron habilitados  Gia Constructora y Edificadora, S. A., de México y SBI International Holdings, de Suiza.
El único que quedó fuera PLIF Corporation y Hansol Eme Co., con capital suizo y coreano.

Los interesados presentaron su papelería ante la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie)  el 26 de mayo recién pasado, y ahora los interesados que quedaron habilitados pueden presentar sus ofertas en tres meses.

Según información de Anadie el proyecto, que sería una alianza público-privada, se construiría en terrenos de Ferrocarriles de Guatemala, en la zona 1, y busca albergar unos 11 mil trabajadores públicos en 280 mil metros cuadrados.

El Gobierno pagaría US$18 millones al año por 22 años a la empresa que los construya y opere y luego lo ejecutaría el Estado.