Caso Odebrecht: Testigo reconoce ante tribunal que viajó a Panamá para firmar documentos

Este martes 16 de julio se celebró la continuación del juicio en contra de implicados en el caso Odebrecht. Una testigo declaró ante el Tribunal.

Hedy Quino y Elmer Vargas

16 de julio de 2024 | 16:21h

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María Eugenia Pivaral declara en el caso Odebrecht . (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Durante el juicio en contra de implicados en el caso Odebrecht, María Eugenia Pivaral, a quien se ordenó que también sea investigada, declaró en calidad de testigo que viajó a Panamá para firmar unos documentos.

Según Pivaral, ella había firmado el contrato de una venta de una finca.

En el interrogatorio del Ministerio Público (MP), Pivaral dijo al Tribunal que las firmas que aparecen en la documentación corresponden a la de ella; sin embargo, aseguró que desconocía el contenido y el destino que esta tendría.

Pivaral narró que viajó a Panamá para firmar el contrato de la venta de una finca de su propiedad, desconociendo que lo que realmente estaba firmando era un préstamo entre dos entidades. El contrato fue redactado en inglés.

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La declaración

Durante el interrogatorio Pivaral respondió los cuestionamientos del MP.

Fiscal – ¿Puede identificar su firma?
Testigo – Sí, es mi firma.
Fiscal – Señora María Eugenia, ¿sabía que estaba firmando un contrato de un préstamo?
Testigo – No.
Fiscal – ¿Lo que le dijeron a usted es que ya en Panamá iba a firmar un contrato, el pago de la venta que usted hizo de su finca?
Testigo – Sí, exactamente.
Fiscal – ¿Puede indicar al Tribunal si usted dio lectura a los documentos, teniendo en cuenta que usted maneja y domina el idioma inglés?
Testigo – No.

La Fiscalía informó que concluyó con la incorporación de pruebas documentales dentro del caso.

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Antecedente del Caso Odebrecht

El 24 de enero del 2018, la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó la forma en que la constructora brasileña Odebrecht entregó sobornos al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, al excandidato presidencial, Manuel Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil para obtener el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente.

El entramado de corrupción, según el MP, comenzó en el 2012, cuando Sinibaldi aprovechó su cargo en la cartera para reunirse con personeros de la Empresa Norberto Odebrecht.

Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el propio Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.

El contrato con Guatemala se firmó el 13 de diciembre del 2012 y era para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli fueron elegidos diputados suplentes al Parlacen en los comicios generales panameños de mayo de 2019, y la ley en Panamá estipula que los legisladores solo pueden ser procesados judicialmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados, asimismo, solo pueden ser enjuiciados por el Parlamento.

El presidente del Parlacen, el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Amado Cerrud, dijo este jueves a EFE que la petición de los hermanos Martinelli fue “remitida a la Comisión Jurídica” del órgano legislativo regional que tiene su sede en Guatemala.

Esta comisión “tiene que dictaminar una opinión” sobre la solicitud, que los Martinelli habrían presentado esta misma semana, para lo que no existe un tiempo estipulado, explicó el presidente del Parlacen.

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El diputado guatemalteco al Parlacen, Amilcar Pop, dijo a EFE que, según confirmaron en el organismo regional, se “han acreditado todos los requisitos legales”, por lo que los hermanos Martinelli “tomarán posesión” del cargo de diputados suplentes, aunque aún no se ha determinado “si será en la próxima plenaria que será en Nicaragua”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que los Martinelli sean juramentados en la subsede del Parlacen en Panamá, Pop dijo que eso es posible ya que, en algún momento que no precisó, “se reformó el reglamento” para permitir este tipo de eventos.

“Pero ya avanzado el período, no entiendo por qué lo harían“, comentó Pop respecto al pedido de los Martinelli de asumir como diputados suplentes.

Imputados por el caso Odebrecht

Los hermanos Martinelli están, junto a su padre, entre la treintena de imputados por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht en Panamá, cuyo juicio tenía que comenzar este agosto pero fue postergado para septiembre.

Ambos cumplieron cárcel en EE.UU. tras declararse culpables de participar “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht” por un total de US$28 millones, lo que hicieron “por órdenes del padre”, según su defensa.

El 6 de julio de 2020, los Martinelli, que arribaron a Guatemala en vuelo privado cuando intentaban regresar a Panamá, fueron detenidos por las autoridades guatemaltecas a requerimiento de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York por el caso Odebrecht.

Los hermanos Martinelli también están acusados de blanqueo en el caso conocido como “Blue Apple”, la versión criolla de Odebrecht y cuyo juicio comenzará este mes.

El experto constitucionalista Ernesto Cedeño dijo este jueves a EFE que “tan pronto como se juramenten” como diputados se produciría una “ruptura procesal” para que los hermanos Martinelli sean enjuiciados por el pleno de magistrados del Supremo panameño.

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“El proceso seguirá (en la justicia ordinaria para los otros imputados) pero los señores Martinelli pasarán a órdenes del pleno de la Corte Suprema de Justicia tan pronto les llegue el expediente”, que deberán remitir el Ministerio Público, añadió.

El 24 de enero del 2018, la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó la forma en que la constructora brasileña Odebrecht entregó sobornos a Sinibaldi, Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil para obtener el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente.

El entramado de corrupción, según el Ministerio Público (MP), comenzó en el 2012, cuando Sinibaldi aprovechó su cargo en la cartera para reunirse con personeros de la Empresa Norberto Odebrechet.

Cinco años después del caso que generó un escándalo en 12 países latinoamericanos, en Guatemala da un giro y se mejoran las condiciones para los señalados.

Los últimos fallos judiciales parecen dar la razón a quienes consideraron que con el cierre de la Cicig y posteriores remociones en el MP de fiscales que investigaban casos de corrupción, los procesos podrían registrar variantes.

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Sobreseimiento

Las imputaciones por lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Odebrecht quedaron sin efecto para Sinibaldi, después de que el juez Juan José Jiménez Texaj ordenara el cierre del caso. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sostiene que cuenta con medios de prueba suficientes y presentó una apelación ante el dictamen que absolvió al exministro del caso.

Transcurrieron siete años desde el 11 de julio del 2016, cuando Sinibaldi, señalado en varios casos de corrupción, fue declarado prófugo de la justicia. No fue sino hasta el 20 de agosto del 2020 —con el país cerrado por las restricciones por la pandemia— que se entregó a la justicia.

Si bien se libró en el caso Odebrecht, Sinibaldi, quien en el 2015 era precandidato presidencial con el Partido Patriota, continúa en prisión preventiva por el caso Transurbano, en los casos Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción goza de medida sustitutiva. 

Libertad pagada

El fallo judicial que favoreció a Sinibaldi se dio solo 15 días después de que el Juzgado de Mayor Riesgo D decidiera mantener el arresto domiciliario a Baldizón, un político que según la investigación de la Cicig se ganó la confianza de los ejecutivos de Odebrecht al afirmar que ganaría las elecciones presidenciales del 2015, que daría la victoria a Jimmy Morales.

Para los comicios generales del 25 de junio Baldizón quiso participar como candidato al Congreso, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral negarle la inscripción.

El 11 de enero, el político pagó Q800 mil de caución en el caso Odebrecht y Q1 millón por el denominado Transurbano, por lo que mantiene arresto domiciliario después de permanecer en prisión en la cárcel de Mariscal Zabala.

Por la causa de Odebrecht también enfrenta proceso el empresario Batres Gil, quien el 31 de enero fue enviado a juicio por la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

El empresario fue imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho activo. No obstante, con la renuncia de Aifán, que salió del país al aducir persecución judicial, el proceso se estancó y se desconoce el motivo por el cual no ha llegado a juicio, pues fue declarado bajo reserva.

De igual forma, Diego Chacón Yurrita y Pablo Mauricio Yanes Guerra fueron enviados a debate oral por este caso. A este último se le acusa de ayudar a Sinibaldi a cobrar las comisiones ilícitas. Es hermano del exdiputado Mario Gerardo Yanes Guerra.

Por su parte, Chacón Yurrita habría ocultado el origen del dinero ilícito entregado por la constructora brasileña para financiar la campaña electoral de Baldizón en el 2015.

Estaba previsto que el juicio iniciara en abril último. En su momento, la entonces fiscal general Thelma Aldana dijo que Sinibaldi obtuvo US$19.7 millones —unos Q146 millones—, de los cuales Batres Gil y Baldizón habrían recibido US$4.9 millones y US$3 millones, respectivamente.

Anulan sentencia

No obstante, el caso Odebrecht logró sentencias condenatorias, aunque no quedaron en firme.

En abril de este año la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la condena dictada a tres allegados a Sinibaldi, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A, en julio del 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.

Juan Molina Coronado y Jorge Antillón Klüssmann habían sido condenados a 14 años de prisión y Juan Ignacio Florido a seis. El MP los acusó de lavado de dinero.

El origen

Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el propio Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.

El contrato con Guatemala se firmó el 13 de diciembre del 2012 y era para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, a Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

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Los testigos

El 8 de septiembre del 2017 los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, rindieron declaración en anticipo de prueba, en la que dieron detalles, montos y nombres de exfuncionarios vinculados. Los testimonios se rindieron en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Aifán.

El decreto 29-2012 del Congreso, que fue creado para rehabilitar rutas principales del país y la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente permitió el ingreso de los fondos de la constructora brasileña.

El mismo fue rubricao por el entonces presidente del Organismo Legislativo, Gudy Rivera, condenado en el 2016, después de haber sido hallado culpable de intentar sobornar a la exmagistrada Claudia Escobar para que favoreciera con una resolución a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

También lo firmó el entonces diputado Estuardo Ernesto Gáldamez, sindicado de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada por anomalías en la construcción del hospital de Ixcán, Quiché.

Asimismo, el entonces parlamentario Christian Jacques Boussinot Nuila, señalado de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso, por el caso denominado Plazas fantasma. El decreto fue avalado por el entonces presidente Otto Pérez Molina.

Posible demanda

En marzo del 2022 Odebrecht buscó una conciliación con el Estado de Guatemala para el pago de obras inconclusas de la CA-2 Occidente. La empresa presentó un memorial al respecto, pero la Procuraduría General de la Nación (PGN) se rehusó a negociar.

La intención de la firma internacional es que Guatemala procediera a una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales–Tecún Umán, de 140 km, y que se le pagaran los trabajos efectuados en el tramo carretero.

Guatemala evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, aunque la posición de la PGN fue una “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht.

Al no haber conciliación, la empresa CNO. S.A. antes Odebrecht, puede presentar la solicitud formal de arbitraje que después da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que se estima que en un año más podría haber un laudo arbitral.

Casos varados

A criterio de Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, desde el 2018, cuando asumió la fiscal general Consuelo Porras, se “debilitaron” todos los casos de alto impacto que fueron presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Esos casos, que marcaron un nuevo inicio en la administración de justicia, se quedaron varados y el sistema de Mayor Riesgo que los conocía entró en un declive”, dijo.

Agregó que el caso denominado Odebrecht es la muestra de que se restauraron los patrones de impunidad.

“Los jueces que sustituyeron a los de Mayor Riesgo son los que van sepultar los casos emblemáticos de corrupción”, opinó.

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“He presentado todos mis papeles para correr como candidato presidencial independiente porque pienso ser el candidato de todos los panameños independientes y partidarios. He roto el retrovisor del odio y pase de facturas para ser el candidato y presidente de todos los panameños”, escribió Martinelli en su cuenta de Twitter.

Camacho explicó a Efe que Martinelli también valora presentar su candidatura presidencial por su partido Realizando Metas (RM), que fundó tras perder el control del partido Cambio Democrático (CD), con el que fue mandatario entre 2009 y 2014.

De acuerdo con la norma vigente, la Dirección de Organización Electoral tiene plazo de cinco días hábiles para revisar la documentación de los aspirantes por libre postulación, a fin de decidir si la solicitud cumple o no los requisitos.

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Los precandidatos avalados por la autoridad electoral tendrán un plazo entre el 31 de julio próximo y el 15 de agosto de 2023 para recoger las firmas que exige la ley.

La ley electoral establece que “cuando se trate de candidatos por libre postulación para presidente de la República, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, serán postulados como candidatos los integrantes de las tres nóminas que más firmas de respaldo hayan obtenido, siempre que superen el 2 % de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo y circunscripción de que se trate”.

Al menos 14 personas han presentado documentación solicitando ser precandidatos por la libre postulación, de acuerdo con los datos disponibles.

Martinelli es uno de los más de medio centenar de imputados por blanqueo en el caso Odebrecht, cuya audiencia se instaló el pasado 18 de julio, pero fue suspendida y pospuesta para septiembre debido a la ausencia de abogados defensores, incluido el del expresidente.

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Sus hijos y otras investigaciones

Dos hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, confesaron a la Justicia de Estados Unidos haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht y fueron condenados el pasado 20 de mayo por una corte de Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada.

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Los hermanos Martinelli se declararon culpables de participar “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”, por un total de 28 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial estadounidense.

El expresidente Martinelli, que se dice un perseguido político, enfrenta en Panamá otro caso por presunto blanqueo, conocido como New Business.

En España, Martinelli es investigado en un caso de supuesta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y otro por espionaje a una mujer en Mallorca.

En 2017, Martinelli fue capturado en su residencia en Miami investigado en su país por espionaje y corrupción llamado “Pinchazos”.  Fue absuelto del caso en noviembre de 2021.

Al igual que ya lo hizo el pasado 2 de diciembre su hermano, Luis Enrique, admitió haber participado en una conspiración para pagar en Panamá más de 28 millones de dólares en sobornos.

Según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, esta pedirá una pena de entre 108 y 135 meses de cárcel para Ricardo Alberto; la defensa, por su parte, renunciará a apelar la sentencia si esta es igual o menor a los 151 meses de cárcel (12 años y medio)

El juez Raymond Dearie -el mismo que lleva el caso de Luis Enrique- leerá la sentencia de Ricardo Alberto el próximo 13 de mayo, aunque el abogado de la defensa de los Martinelli ya anunció hoy que pedirá adelantar ese veredicto.

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Además, adelantó que solicitará que el juez le aplique como pena máxima el tiempo que él ya ha pasado en prisión a contar desde el 12 de julio de 2020, cuando los dos hermanos fueron arrestados en Guatemala al tratar de huir de ese país en un avión privado.

Ricardo Alberto, que llegó el viernes pasado a Nueva York tras ser extraditado desde Guatemala, está acusado, al igual que su hermano, de participar “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del tribunal. EFE

El 2 de diciembre, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

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Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto en el aeropuerto internacional de La Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020a petición del Gobierno estadounidense cuando intentaban abandonar territorio guatemalteco en un avión privado con destino a Panamá.

El 4 de febrero de 2021 fueron acusados oficialmente por la Fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.

Martinelli Linares llegó el viernes a Nueva York tras ser extraditado desde Guatemala, y de inmediato el fiscal del Distrito Este de Nueva York ordenó su detención.

Durante la audiencia de hoy, de unos 45 minutos, y que se requiere por ley se haga en un periodo de 72 horas, se le informo al juez Robert Levy del acuerdo y la fiscalía pidió que se le mantuviera detenido.

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El juez dijo que había “estado pensando mucho” en este caso y luego de escuchar argumentos de la fiscalía federal y la defensa ordenó que el panameño continué detenido “por el riesgo de fuga” dado los recursos económicos e influencias políticas con que cuenta.

La defensa de Martinelli propuso a la corte que su cliente pagara US$4.5 millones en fianza para que permaneciera en arresto domiciliario y aseguró al magistrado que no tenía intenciones de fugarse, lo que el juez rechazó.

Recordó también al juez que pese a haberse declarado inocente hoy, Martinelli Linares tiene un acuerdo con la fiscalía que mantendrá para declararse culpable en la audiencia del martes, en esta misma corte.

Ricardo Alberto fue arrestado el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaba abandonar el país en un avión privado junto a su hermano, quien tras declararse culpable el pasado 2 de diciembre ante la misma corte de Nueva York espera ahora una sentencia de hasta 20 años de cárcel, que será dictada en mayo próximo.

El Gobierno de Estados Unidos los acusa del blanqueo de US$28 millones.

Al momento de declarase culpable, Luis Enrique reconoció de viva voz en la corte que junto a su hermano Ricardo Alberto y otras personas, cuyos nombres no especificó, conspiró para establecer cuentas bancarias fuera del país.

La trama de blanqueo de dinero en la que están implicados los hermanos Martinelli Linares está relacionada con pagos de la constructora brasileña Odebrecht a políticos y cargos gubernamentales panameños, similares a los realizados en una decena de países latinoamericanos para ver favorecidos sus negocios.

Los dos hermanos fueron detenidos a solicitud de Estados Unidos y por más de 17 meses los hermanos fueron encarcelados en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en el noreste de Ciudad de Guatemala, hasta sus respectivas extradiciones a Estados Unidos.

La fiscalía recordó que en junio del 2020, cuando los hermanos vivían en Estados Unidos, escaparon a Bahamas y que de allí viajaron a Guatemala con sus credenciales diplomáticas, argumento que la defensa rechazó asegurando que no había ninguna orden que les obligara a permanecer en este país.

El 4 de febrero de 2021 fueron acusados oficialmente por la fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.

La defensa también pidió hoy que el tiempo que su cliente permaneció en prisión en Guatemala sean tomados en cuenta al momento de dictarle sentencia, luego de que se declare culpable.

El hijo mayor del expresidente panameño partió a EE. UU. este 10 de diciembre con rumbo a Nueva York para unirse a su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, extraditado el pasado 15 de noviembre, según confirmaron fuentes oficiales.

Ricardo Alberto fue arrestado el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaba abandonar el país junto a su hermano, quien ya se declaró culpable el pasado 2 de diciembre de las acusaciones en su contra ante una corte de Nueva York.

Junto a Martinelli Linares también fueron extraditados este viernes a Estados Unidos Iram Adonis Mérida y los hermanos Haroldo Lorenzana Cordón y Marta Julia Lorenzana Cordón, los tres bajo cargos de narcotráfico.

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Tanto Martinelli Linares como las otras tres personas extraditadas fueron trasladados a la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca bajo fuertes medidas de seguridad a primera hora de la mañana, para ser entregados a las autoridades estadounidenses y posteriormente enviados vía aérea a EE. UU.

Rumbo a Nueva York

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, se unirá en Nueva York con su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39, quien el pasado 2 de diciembre se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York por blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

La sentencia en contra de Luis Enrique será el 20 de mayo del próximo año cuando el juez Raymond Dearie dicte la sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.

Para Ricardo Alberto podría ser el mismo camino, después de que los hermanos fueran detenidos en Guatemala el 6 de julio de 2020 cuando intentaban abandonar el país centroamericano en un avión privado, tras casi un año de paradero desconocido.

La aprehensión de ambos se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y por más de 17 meses los hermanos fueron encarcelados en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en el noreste de Ciudad de Guatemala, hasta su respectiva extradición a Estados Unidos.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por casi 28 millones de dólares.

Los hermanos intentaron inicialmente a toda costa evitar su extradición a Estados Unidos en 2020, pero en los últimos meses cambiaron su estrategia. Precisamente el expresidente panameño Ricardo Martinelli dijo el pasado 15 de octubre que quería que sus dos hijos detenidos en Guatemala fueran pronto a EE.UU. para “demostrar” su inocencia.

“Yo quisiera que mis hijos fueran lo más rápido posible a los Estados Unidos porque ellos tienen que demostrar su inocencia allá”, declaró el expresidente a periodistas en Panamá.

La estancia de los hijos del expresidente Martinelli en Guatemala incluyó un presunto plan para fugarse de la prisión del cuartel militar, según denunció a principios de julio el ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, supuestamente alertado por agencias de seguridad de países amigos.

Sin embargo, el 23 de agosto pasado el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, aseveró en una entrevista con un medio panameño que nunca se pudo comprobar el supuesto intento de escape de los hermanos.

La trama Odebrecht

La constructora brasileña Odebrecht empleó unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, políticos y partidos políticos en Panamá y otros once países del mundo para obtener y mantener negocios para la empresa.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el distrito Federal de Brooklyn (Nueva York) y fue condenada en 2017 al pago de esa misma cantidad.

Los sobornos se hicieron en relación con “más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del tribunal.

Pero todavía tendrá que esperar al 20 de mayo del próximo año para que el juez Raymond Dearie dicte la sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.

Martinelli Linares tomó esta decisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, según el cual renuncia a un juicio y a apelar la sentencia, excepto si esta supera los 152 meses de prisión (doce años y medio), tal y como apuntó Dearie.

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Sentado junto a sus abogados, Martinelli Linares reconoció de viva voz que junto a su hermano Ricardo Alberto -detenido en Guatemala a la espera de ser extraditado a EE. UU.- y otras personas cuyos nombres no especificó conspiró para establecer cuentas bancarias fuera del país.

Lo hizo en nombre de empresas pantalla “con el fin de recibir y camuflar más de US$28 millones de sobornos realizados por Odebrecht en beneficio de un pariente cercano, un alto funcionario público en Panamá”.

Asimismo, enumeró ante el juez varias transferencias de dinero realizado desde cuentas en bancos suizos a bancos en Nueva York y otros estados de EE. UU., con el que entre otras cosas, se compró un yate o una casa en Florida.

Martinelli tenía previsto declararse culpable el pasado 16 de noviembre, un día después de haber sido extraditado desde Guatemala, donde se encontraba detenido junto a su hermano Ricardo Alberto, de 42 años.

Sin embargo, tras fracasar los intentos de su defensa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se declaró “no culpable”.

Según el entendimiento alcanzado con los fiscales, que se recoge en un documento de 13 páginas firmado por el acusado y que todavía no se ha hecho público, Martinelli también se compromete al pago de US$18.9 millones.

Un mínimo de 9 años en prisión

En dicho documento, la Fiscalía recomienda al juez que la pena no sea inferior a 108 meses (9 años) ni superior a 188 (15 años y medio).

Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto en el aeropuerto internacional de La Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición del Gobierno estadounidense cuando intentaban abandonar territorio guatemalteco en un avión privado con destino a Panamá.

El 4 de febrero de 2021 fueron acusados oficialmente por la Fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.

La trama Odebrecht

Odebrech empleó unos US$788 millones en sobornos a funcionarios públicos, políticos y partidos políticos en Panamá y otros once países del mundo para obtener y mantener negocios para la empresa.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el distrito Federal de Brooklyn (Nueva York) y fue condenada en 2017 al pago de esa misma cantidad.

Los pagos se hicieron en relación con “más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del tribunal.

Larga negociación e intento de huida

Después de que la compañía Odebrecht admitiera su delito en diciembre de 2016, Luis Enrique, que en aquel entonces vivía en Estados Unidos, mantuvo varias reuniones con representantes de gobierno y, junto a su hermano, comenzó unas conversaciones para declararse culpables.

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No obstante, cuando en torno a junio de 2020 la Fiscalía y los abogados de los Martinelli Linares discutían los borradores del acuerdo, los hermanos huyeron del país a las Bahamas y desde allí tomaron un avión a Panamá, que debido a las restricciones impuestas por la covid-19 fue desviado a Costa Rica.

Desde Costa Rica, los acusados lograron volar a El Salvador, desde donde se desplazaron por tierra hasta Guatemala, donde entraron con pasaporte diplomático fingiendo ser funcionarios del Parlamento Centroamericano.

Durante el proceso, el abogado de ambos, James G. McGovern, explicó al juez que en 2018 los dos hermanos “comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos”, pero que a mediados de 2020 “cometieron un error grave e irreflexivo” al salir de ese país e intentar llegar a Panamá “buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes”.

Los hermanos Martinelli, “en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, dieron su consentimiento por separado para la liberación y transferencia de casi 1,7 millones de dólares en fondos para el gobierno de EE.UU. hace más de tres meses”, indicó la misiva, suscrita por el abogado defensor James G. McGovern, del despacho Hogan Lovells US LLP.

El pasado 1 de noviembre, el fiscal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York, ordenó la incautación de un total de 1.697.478 dólares de las cuentas de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli.

La carta de McGovern está dirigida a la jueza de primera instancia del Distrito Este de Nueva York, Marcia M. Henry. Tiene fecha de ayer 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado por Guatemala, donde junto a su hermano estuvo detenido 16 meses luchando contra la entrega a EE.UU. alegando su estatus diplomático por ser diputados al Parlamento Centroamericano.

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Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU., ya que renunció a la batalla legal para impedirlo.

En la carta dirigida a la magistrada Henry, el abogado McGovern plantea que Luis Enrique sea beneficiado con una fianza, y propone para ello, entre otros, “un bono de reconocimiento personal de 3 millones de dólares, garantizado por 1 millón en efectivo del Sr. Martinelli”.

Negociaciones con las autoridades de EE. UU.

El abogado McGovern explicó que en 2018 los hermanos Martinelli “comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos”, pero que a mediados de 2020 “cometieron un error grave e irreflexivo” al salir de ese país e intentar llegar a Panamá “buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes”.

En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “Blue Apple”, y la Fiscalía también pidió llamarlos a juicio por el caso Odebrecht, una causa por la que su padre está imputado por lavado de dinero y tiene prohibición de salida del país.

Desde la prisión en Guatemala, los hermanos Martinelli “reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad que resolvería la investigación pendiente de Estados Unidos”.

Los hermanos Martinelli “acordaron viajar a los Estados Unidos desde Guatemala (…) para aceptar la responsabilidad por sus delitos (…) y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso (…) el gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado”, dijo McGovern.

La acusación

En una nota difundida por la Embajada de EE.UU. en Panamá se explicó que los hermanos Martinelli “se presume en la acusación y otras presentaciones judiciales que conspiraron con otros para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.

Los sindicados fueron inicialmente acusados el 27 de junio de 2020 por medio de una denuncia penal”, fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en Guatemala a pedido de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado, y el 4 de febrero de 2021 fueron acusados formalmente con cinco cargos.

La denuncia acusó a ambos sindicados “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero; Luis Martinelli Linares también fue acusado de dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente”, precisó la información estadounidense.

“La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso significativo para que rinda cuentas por supuestamente haber lavado millones de dólares en pagos de sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otros lugares. Combatir el soborno y el lavado de dinero extraditando y enjuiciando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad del Departamento de Justicia”, dijo el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace.

“Recibimos la notificación de la jueza solicitando la detención preventiva con miras a una extradición (de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares) y nosotros vamos a proceder a darle curso a esa solicitud”, dijo este martes 10 de agosto al canal Telemetro la canciller panameña, Erika Mouynes.

La solicitud de extradición fue planteada por la jueza Baloisa Marquínez, dentro de un proceso judicial en Panamá por un megaescándalo de corrupción conocido como “Blue Apple”. Ahora, la magistrada deberá entregar en un plazo de dos meses a la Cancillería el sustento legal para hacer el pedido.

Los hijos de Martinelli están presos desde el 6 de julio de 2020 en Guatemala. Ambos son requeridos por la justicia estadounidense, que los acusa de blanqueo de capitales relacionado al caso de pagos de sobornos a cambio de obras públicas hechos por la constructora brasileña Odebrecht.

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Primero a EE. UU.

Sin embargo, la solicitud panameña tendría pocas probabilidades de prosperar, debido a que Washington solicitó primero a los hijos de Martinelli y a que no existe un tratado bilateral de extradición entre Guatemala y Panamá, según revelaron varias fuentes.

“De acuerdo a la Ley Reguladora de Extradición se da preeminencia a los procedimientos establecidos en los tratados. En este caso, de acuerdo al Tratado entre Guatemala y Estados Unidos, se entregará al primero que lo requirió”, manifestó a la AFP Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público de Guatemala.

Además, “con Panamá no tenemos tratado bilateral de extradición”, indicó Pantaleón.

Argumento similar esgrimió horas antes Stewart Tuttle, jefe de Misión Interino de la embajada estadounidense en Panamá, durante una entrevista en la emisora de radio La Típika.

“Realmente esos casos se manejan simplemente por orden de prioridad, el primero (que pide la extradición) tiene el derecho de llevar al sujeto si se le aprueba, así que no estamos preocupados por eso”, señaló Tuttle.

Un juzgado penal guatemalteco autorizó el 26 de mayo la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique y está pendiente la decisión judicial sobre su hermano, Ricardo Alberto.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, ambos “participaron presuntamente” en el plan de corrupción de Odebrecht, que pagó “más de 700 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno” en América Latina.

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En Panamá los pagos habrían sido de al menos 59 millones de dólares, de acuerdo a las acusaciones.

Acusaciones de corrupción

En el caso “Blue Apple”, proceso que data de 2017, se investiga un presunto blanqueo de capitales, corrupción y asociación ilícita para delinquir, a cargo de una red que solicitaba sobornos a contratistas a cambio de licitaciones durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).

Según la fiscalía, los acusados, entre los que están los hermanos Martinelli, crearon empresas de fachada para recibir dinero proveniente de los sobornos en 2011 y 2012. Las coimas, de hasta 10% del valor del proyecto, se depositaban en una sociedad anónima denominada Blue Apple Service.

La fiscalía acusa a los involucrados de blanquear 82 millones de dólares, de los cuales las autoridades han recuperado 32 millones mediante acuerdos de colaboración.

Si Panamá “quisiera tener la oportunidad de llevarlos a juicio” podrá hacerlo “después de que esos hombres pasen el tiempo necesario en una cárcel norteamericana por los delitos que han cometido”, dijo Tuttle.

Hasta el momento las autoridades guatelmatecas no han sido aún notificadas de la solicitud panameña. “Estamos pendientes para saber el fundamento de su solicitud”, afirmó Pantaleón.

Los hermanos Martinelli también están acusados por la fiscalía de cobrar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

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El expresidente Martinelli, mencionado en múltiples casos de corrupción durante su administración, está siendo juzgado actualmente por presunto espionaje de opositores durante su gobierno.

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Este día, Sinibaldi empezó a declarar luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad terminara hace una semana con la imputación por hechos de corrupción, que incluyen las irregularidades del caso Odebrecht.

El 16 de septiembre pasado, cuando el proceso aún no estaba en reserva, Sinibaldi dijo que el caso de construcción de la carretera CA-2 Oriente es muy similar al de Odebrecht y que en total se compararon 252 voluntades para otorgar proyectos a las constructoras Sigma y Conasa.

Sobre esa compra de voluntades se supone que empezó a declarar el exfuncionario.

Hace tres semanas Sinibaldi indicó que, en su experiencia, las constructoras Sigma y Conasa “son las Odebrecht de Guatemala”, en referencia a la constructora brasileña señalada de pagos y sobornos a políticos de Latinoamérica, incluida Guatemala, para obtener proyectos de construcción.

El exministro de Comunicaciones ha señalado al exministro de Cultura y Deportes, Luis Chea Urruela, como parte de quienes se reunieron con directivos de Odebrecht.

“En el hotel Presidente, de México, en una reunión en donde se abordó el tema del financiamiento electoral de esa campaña y donde hubo varios testigos, dentro de los cuales están; por ejemplo el exembajador -José Luis- Chea Urruela, el exembajador -Julio- Ligorría, y los candidatos” -en relación a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que buscaban la Presidencia de Guatemala, expresó Sinibaldi el 16 de septiembre pasado.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia el 24 de agosto, luego de haber permanecido prófugo desde el 2016.

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Por unanimidad, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó condenas a tres acusados en el caso Odebrecht.

A decir de la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, “es necesario respetar los bienes del Estado y evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo”.

Asimismo, ordenó que los sentenciados paguen más de US$4 millones al Estado como reparación digna. Pago que será dividido de la siguiente forma:

• Juan Ignacio Florido, US$3 millones
• Juan Manuel Molina Coronado, US$1 millón (abogado de AlejandroSinibaldi)
• Jorge Eduardo Antillon Klussmann, Q500 mil.

El pasado 22 de julio, el Tribunal sentenció a Florido a 6 años de prisión por lavado de dinero, y a Molina y Antillón a 14 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita.

Según el Tribunal, se demostró que los acusados pertenecían a una estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de hacer los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se documentó en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 y 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht, S.A.

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La fuente oficial señaló que la información fue recibida a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que indicó, sin ofrecer hasta el momento otros detalles, que el exgobernante “fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos”.

La detención de Toledo está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaron haber pagado 20 millones de dólares al exmandatario para obtener licitaciones en obras públicas.

En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.

Este lunes se conoció que el fiscal José Domingo Pérez ya entregó al Poder Judicial peruano el acuerdo de colaboración firmado con Maiman, quien el pasado 27 de junio señaló ante los fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas, en realidad, casi 35 millones de dólares en sobornos para el expresidente Toledo.

#Urgente | El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos. pic.twitter.com/ewJ1nJEGp7

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 16, 2019

Toledo siempre ha negado vínculos con la corrupción y afirmó en diversas ocasiones que todo es un ataque de sus enemigos y es víctima de una persecución política.

Tras conocer su detención, uno de sus abogados, Heriberto Benítez, declaró al Canal N de televisión que este lunes conversó por última vez con el exgobernante sobre “aspectos legales” del proceso de extradición y detalles de las declaraciones de Maiman.

Benítez reiteró que Toledo es víctima de una “persecución política” y dijo que Maiman ha cambiado sus declaraciones tras haber “negociado con la Fiscalía”.

“Toda la carpeta que se formó para solicitar la extradición está hecha con documentos que demuestran que ha habido una persecución política”, reiteró antes de señalar que las autoridades peruanas han interferido en este proceso.

“Esa persecución contra Toledo está comprobada y será valorada en su momento por las autoridades judiciales de Estados Unidos”, concluyó.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó en marzo pasado que el estudio de abogados que logró la extradición de Estados Unidos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli había sido contratado para tramitar un pedido similar contra Toledo.

De acuerdo con una resolución suprema publicada en febrero pasado, el estudio de abogados contratado por el Ministerio de Justicia de Perú es Foley Hoag LLP con sede en Estados Unidos.

Toledo es investigado desde que el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró que se le entregó sobornos para obtener la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.

Según dijo Barata a fiscales peruanos, el dinero fue entregado por partes, entre 2004 y 2010, en cuentas de Maiman, quien en sus declaraciones a la Fiscalía peruana también señaló que los fondos procedentes de Odebrecht eran derivados a Ecoteva, una firma creada junto a la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

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Dicha Comisión está compuesta por 15 miembros y es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubiere causas constitucionales al presidente de la república, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, entre otros aforados.

Según Ferro, del gubernamental partido Centro Democrático, la decisión de abrir la indagación preliminar a Santos se dio con base en declaraciones del detenido exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como “Ñoño Elías”, a la periodista Vicky Dávila, que las publicó en su columna de la revista Semana, bajo el título “Dejen hablar al Ñoño”.

“Se ordenó abrir una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por una denuncia que llegó a la Comisión por una nota periodística en donde la periodista Vicky Dávila entrevistó a Bernando ‘Ñoño’ Elías”, explicó Ferro.

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El parlamentario añadió que es obligación de la Comisión darle trámite a esas denuncias “primero con una investigación preliminar y si hay lugar, a una investigación formal”.

En esa dirección Ferro aseguró que la Comisión citó para el 17 de este mes al detenido exsenador, fecha en la que también asistirá el represente legal del expresidente Santos.

El parlamentario añadió que no sólo se evaluará investigar al expresidente Santos por el caso Odebrecht, sino también por otros temas que mencionó Elías en la entrevista con Dávila.

La Corte Suprema de Justicia condenó en febrero del año pasado a seis años y ocho meses de prisión “Noño Elías” por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por el pago de coimas que hizo Odebrecht.

El político, que está preso en la cárcel bogotana de La Picota, fue capturado en agosto de 2017 y aceptó ante la Corte Suprema los delitos de cohecho y tráfico de influencias por haber favorecido un otrosí al contrato de la multinacional brasileña en la Ruta del Sol II para hacer una extensión de la carretera Ocaña-Gamarra.

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Ese contrato le fue otorgado a Odebrecht por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) en 2012 luego de pagar US$6.5 millones en sobornos a varios funcionarios del Gobierno.

En mayo pasado, el exgerente de la campaña presidencial de Santos en 2014, Roberto Prieto, fue condenado a una pena de cinco años de prisión por recibir dineros de Odebrecht.

Según documentos publicados en diciembre de 2017 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó US$788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84 mil millones de pesos (unos US$25.4 millones).

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Según información de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yanes Guerra estaba prófugo desde febrero del 2018, luego de haber sido citado dos veces a los juzgados para aclarar su situación legal.

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De acuerdo con la investigación del MP, Pablo Mauricio Yanes Guerra habría coordinado con un funcionario de la constructora Odebrecht las transferencias de los sobornos para el expresidenciable Manuel Baldizón.

Yanes Guerra es hermano del exdiputado del extinto partido Líder, Mario Yanes, señalado en el 2017 de tráfico de influencias por haber solicitado plazas en el Ministerio de Desarrollo Social, según el MP.

El parte policial señala que al momento de estar en subestación 53-11, el detenido dijo tener quebrantos de salud, pues padece diabetes, por lo que los agentes coordinaron con los Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron a un hospital privado local, ubicado en el barrio El Golfo.

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El reporte de la PNC detalla que Yanes Guerra fue atendido por el médico Joaquín Pivaral, quien estableció que presenta crisis hipertensiva y recomendó que quedará bajo observación médica.

En la sala 4 de ese hospital es donde se encuentra recluido Yanes Guerra, quien tienen dos agentes de la PNC como custodios. De momento se desconoce cuándo comparecerá ante un juez.

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Según la información brindada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yanes Guerra estaba prófugo desde febrero del 2018, luego de haber sido citado dos veces a los juzgados para aclarar su situación legal.

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Pablo Mauricio Yanes Guerra es hermano del exdiputado del extinto partido Líder, Mario Yanes, señalado en el 2017 de tráfico de influencias por haber solicitado plazas en el Ministerio de Desarrollo Social, según el Ministerio Público.

#CasoOdebrecht Pablo Mauricio Yanes Guerra fue detenido anoche por la #PNC en el Km. 70 ruta al Atlántico. Tenía una orden de aprehensión pendiente de ejercutar requerida por el #MinisterioPúblico y @CICIGgt por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos pic.twitter.com/NrLQl39VMc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 25, 2019

Según la investigación del Ministerio Público, Pablo Mauricio Yanes Guerra habría coordinado con un funcionario de la constructora Odebrecht las transferencias de los sobornos para el expresidenciable Manuel Baldizón.

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“Las instituciones mencionadas deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas, ya que fueron inhabilitadas por un plazo de tres años”, agregó.

Odebrecht se encuentra en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción que ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina y que ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Perú, Colombia y Brasil.

En México, sin embargo, solo un alto funcionario, el exdirector de la compañía estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ha sido interrogado por la fiscalía tras ser acusado de recibir más de 10 millones de dólares de la constructora, cuando se desempeñaba como uno de los jefes de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En febrero, el fiscal Alejandro Gertz, designado por la actual administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo que se reiniciaría la investigación sobre Odebrecht tras más de un año de estancamiento, pero hasta el momento se desconoce de avances.

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La SFP detalló que la inhabilitación sobre la subsidiaria mexicana Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México se debe a que presentó información falsa en la modificación de un contrato.

En tanto, la Constructora Norberto Odebrecht fue sancionada por haber realizado cobros en exceso, en detrimento del patrimonio de Pemex Refinación, una de las unidades de negocios de Pemex.

México ya había prohibido el año pasado que entidades gubernamentales hagan negocios con Odebrecht por un plazo de dos años y medio, tras aplicar multas por más de US$50 millones por supuestos actos de corrupción. El cobro indebido demostrado fue de 119 millones de pesos (unos US$6.2 millones) en el proyecto de una refinería. Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal.

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En octubre, Odebrecht ofreció pagar US$18 millones a cambio de poder volver a hacer contratos con el gobierno mexicano y sus entidades, pero la propuesta fue rechazada.

López Obrador, aseguró el sábado 27 de abril que no se darán contratos a empresas involucradas en casos de corrupción al reiterar la prohibición de hacer contratos con la brasileña Odebrecht.

“La instrucción es no dar contratos a empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción, sean nacionales o extranjeras”, dijo el presidente mexicano en una rueda de prensa tras de visitar la refinería de Minatitlán, en el oriental estado mexicano de Veracruz.

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“He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos, por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse”, señaló la misiva leída por su hija Luciana García Nores.

En su carta, que se conoció poco antes de que el féretro con los restos de García sea conducido al cementerio privado de Lima donde serán cremados, el exgobernante también afirmó que cumplió con la misión de llevar dos veces al poder al histórico Partido Aprista Peruano (PAP), fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre.

Tras el responso que cerró el velorio, que se realizó desde el atardecer del miércoles en la “Casa del Pueblo”, la sede central del PAP, Luciana García afirmó que su padre “no dejó dicho cómo quería” que lo despidieran, pero consideró que sería en ese lugar “con todos sus compañeros”.

Agregó que él fue “con todos y cada uno de sus hijos el hombre más cariñoso, engreidor, dulce y alegre” y que, al leer su carta de despedida, lo hacía con la “esperanza de que sus sinceras palabras ayuden a sanar nuestros corazones”.

Habló de una “misión” de su existencia

En su carta, García, quien gobernó Perú en los períodos 1985-1990 y 2006-2011, señaló que creía que “conducir al aprismo al gobierno en dos ocasiones” fue “la misión” de su existencia y que por ese motivo sus adversarios “optaron por la estrategia” de denunciarlo durante más de 30 años, pero “jamás encontraron nada”.

“En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades”, enfatizó.

“Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias”, agregó.

Aseguró, en ese sentido, que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza, la historia tiene más valor que cualquier riqueza material”.

“Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano, por eso repetí otros se venden, yo no”, señaló.

García también escribió que cumplió su deber “en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado”.

“No aceptaré vejámenes”

“No tengo porqué aceptar vejámenes”, remarcó antes de pedir “que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes”.

Miles de personas, entre ellos políticos y autoridades, velaron los restos de García, que tenía 69 años al momento de suicidarse, en el local del partido en el que su familia prefirió tener una ceremonia sin honras oficiales y se escucharon lemas contra el Gobierno de Martín Vizcarra y la prensa de investigación.

Después de la lectura de la carta, el hijo menor de García, Federico Danton, de 14 años, firmó sobre el féretro de su padre el documento que lo inscribió como militante del Partido Aprista.

Tras eso, el ataúd con el cuerpo del exmandatario inició un paseo fúnebre por calles del centro histórico de Lima, acompañado por una multitud, antes de ser conducido al cementerio donde será cremado en la intimidad familiar.

Alan García, nacido en Lima el 23 de mayo de 1949, murió el miércoles después de dispararse un tiro en la cabeza cuando un fiscal y la policía llegaron a su casa a detenerlo a raíz de las investigaciones por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

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En esa ocasión, la portada de Prensa Libre destacó en su portada una fotografía de García en la Fuerza Aérea mientras era recibido por el presidente Cerezo, mientras que en el interior se publicaron otras en las cuales ambos mandatarios pasaban revista al Ejército y los altos mandos militares los saludaban.

Esa misma noche, el expresidente de Perú fue condecorado con la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, en un acto protocolario en el Palacio Nacional al cual asistieron funcionarios del gobierno guatemalteco y el cuerpo diplomático acredito en el país. García agradeció la distinción y se congratuló de estar en suelo guatemalteco.

En su publicación del 2 de diciembre de 1987, Prensa Libre destacó que, un día antes, García se había despedido de Guatemala “con un mensaje de solidaridad al pueblo”, y en una conferencia de prensa que ofreció antes de abordar el avión, habló de la necesidad de incorporar al desarrollo de los países a las clases más pobres y necesitadas, como una de las fórmulas para conseguir la paz.

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Enfatizó en que “no puede soslayarse la miseria en que viven grandes sectores de estos países, y que por ello se hace necesaria una mayor inversión para sacarlos adelante”.

En una reunión privada que sostuvo con Cerezo, ambos mandatarios hablaron de temas que ocupaban a ambos países, como la deuda externa, el proceso de paz de Centroamérica, economía y políticas sociales.

García mostró su respaldo al Tratado Esquipulas II y auguró éxitos a los países centroamericanos en “en el camino que han empezado a recorrer hacia la meta final de paz y bienestar para los millones de seres humanos que pueblan esta área”.

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Se suicida

Este miércoles Perú se conmocionó al enterarse que, tras un operativo para capturarlo, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se disparó en la cabeza y posteriormente murió en un hospital de Lima.

García es investigado por la Fiscalía por su presunta vinculación en un caso de corrupción que involucra a la empresa de capital brasileño Odebrecht.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que esta empresa, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que uno de sus funcionarios de gobierno, y su hijo José Antonio Nava, recibieron US$4 millones de Odebrecht para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

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En Perú incluso cayó por este caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski y está siendo investigado el expresidente Alan García.

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En cambio, en Colombia, pese a la aparición de videos, grabaciones y diferentes evidencias, los procesos judiciales avanzan con lentitud y entre cuestionamientos.

De hecho, el mayor escándalo de corrupción de este siglo en América Latina no ha impedido que varios de los presuntos involucrados más poderosos continúen ejerciendo su vida pública desde diferentes cargos.

Todos estos elementos señalan que, por ejemplo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con sede en Bogotá, considere que el sentido de imparcialidad en la justicia se encuentre en entredicho en Colombia.

Odebrecht en Colombia

La controversial constructora brasileña perteneciente a Marcelo Odebrecht logró importantes adjudicaciones de contratos con el Estado colombiano en sociedad con otros consorcios nacionales muy poderosos.

Es por ello que, a finales del año pasado, la justicia de este país la condenó junto a sus socios a pagar una multa de alrededor de US$250 millones por el pago de sobornos.

También se determinó que quedará inhabilitada para asumir cualquier contrato con el país durante los próximos 10 años.

Los sobornos fueron realizados entre 2009 y 2014, según una investigación hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Después, en 2017, la Fiscalía General enumeró las irregularidades que serían investigadas en diferentes contratos y estableció que al menos 28 personas serían procesadas.

Se cree que alrededor de US$33 millones se movieron en los sobornos.

Después fueron varios los actos judiciales que se realizaron, algunos involucrados llegaron a estar detenidos, otros ya recuperaron su libertad y hay quienes abandonaron el país.

El escándalo llegó a alcanzar a los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos debido a que algunos de sus excolaboradores se vieron involucrados.

Ambos rechazaron con vehemencia las acusaciones que les hicieron en su momento y señalaron desconocer del movimiento irregular de dinero, aunque todavía son cuestionados.

Las muertes que sacudieron el caso

Dos muertes en noviembre del año pasado sacudieron el caso.

Primero la de Jorge Enrique Pizano, un testigo clave de lo sucedido, por un paro cardiorrespiratorio, según el informe médico.

Luego la de su hijo Alejandro, cuatro días después, envenenado tras ingerir cianuro sin saberlo en una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre.

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Los fallecimientos, de los que no existe vínculo probado con todo el entramado de corrupción, desataron un sinfín de cuestionamientos sobre la investigación.

Muchos han criticado la investigación de las muertes y el director del Instituto Forense de Colombia (encargado de las autopsias) debió renunciar por irregularidades en el manejo de pruebas por la muerte de Jorge Enrique Pizano.

En diciembre de 2018, también falleció envenenado por cianuro otro testigo, Rafael Merchán, aunque las indagaciones de la Fiscalía tampoco han establecido nexo alguno con el caso y se apunta a que se trató de un suicidio.

El fiscal general
Tras la muerte de Jorge Pizano, quien fue auditor de algunos de los contratos relacionados con Odebrecht, se hicieron públicas unas grabaciones de 2015 en las que esta persona le comenta algunas irregularidades al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

En ese entonces, la autoridad era asesor jurídico de uno de los grupos financieros que se habían beneficiado de las adjudicaciones, el grupo Aval, del cual es accionista mayoritario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia.

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Jorge Pizano era auditor en la misma empresa.

A partir de aquello, los cuestionamientos contra Martínez se multiplicaron y se nombró al jurista Leonardo Espinosa como fiscal encargado específicamente de seguir con la investigación del caso Odebrecht.

Pero incluso ese nombramiento ha sido cuestionado, porque el fiscal ad hoc es visto como una persona cercana a Martínez y los críticos dudan de su imparcialidad.

Incluso antes de asumir su cargo, Leonardo Espinosa publicó a finales del año pasado un comunicado en el que negaba cualquier relación de amistad o negocios con el fiscal general, que a su vez niega cualquier conocimiento del pago de sobornos.

El centro de estudios Dejusticia presentó una demanda para pedir la nulidad del nombramiento del fiscal general.

Primero, “el señor Néstor Humberto Martínez no cumplió con su obligación de informar en su momento que contaba con información de los hechos de Odebrecht y segundo, su involucramiento con los grupos que administraron una concesión (involucrada con el caso), por lo que existía conflicto de intereses”, indicó a BBC Mundo Vivian Neuman, directora de Dejusticia.

Este martes, el Consejo de Estado rechazó la demanda argumentando que las fechas para presentar la nulidad se habían vencido 30 días después del nombramiento, hecho en julio de 2016.

Mientras tanto, grupos universitarios y partidos políticos realizaron la semana pasada una marcha pidiendo la salida de Martínez, buscando seguir el ejemplo de Perú.

Los organizadores han dicho que continuarán todos los viernes con las protestas frente a las sedes de la Fiscalía en las principales ciudades colombianas hasta que renuncie el fiscal.

Por su parte, la autoridad judicial ha rechazado cualquier involucramiento con las irregularidades en el caso Odebrecht.

En su momento, Martínez dijo que, desde su nombramiento, a finales de 2017, se han realizado numerosas detenciones de exfuncionarios públicos y políticos involucrados en casos de corrupción pública como uno de los principales argumentos para defenderse de las críticas en su contra.

Aunque también se cuestiona que muy pocas de estas capturas y juicios afectan seriamente a las poderosas e influyentes cúpulas políticas y económicas de Colombia.