Delegado de la misión tripartita de la OIT expuso que consideran oportuno construir un sistema de negociación de los pactos colectivos en Guatemala

La misión tripartita de la OIT concluyó su visita a Guatemala, y uno de los delegados del sector sindical expone la necesidad de establecer un sistema de negociación de pactos colectivos, especialmente en el sector público. La misión vino para revisar la hoja de ruta acerca de la libertad sindical..

Lot Álvarez y Rosa María Bolaños

24 de agosto de 2025 | 07:00h

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Entre los temas que se abordaron durante las reuniones con la misión tripartita de la OIT fue el seguimiento a la hoja de ruta de libertad sindical y negociación colectiva, informó el gobierno. Uno de los delegados brindó declaraciones al finalizar la visita. (Foto, Prensa Libre: Mintrab).

Luego de escuchar a los actores durante la visita a Guatemala y de conjugar las posturas con informes de la Comisión de Expertos, se diagnosticó —y las partes coincidieron— que se debe construir un sistema de negociación colectiva, particularmente en el sector público, afirmó el delegado de la Confederación Sindical Internacional, quien formó parte de la misión de la OIT que visitó el país esta semana.

Entre el 19 y el 22 de agosto del 2025, Guatemala recibió la visita de una misión tripartita conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de fortalecer los esfuerzos en la implementación de la hoja de ruta sobre libertad sindical, informó el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Al finalizar la visita, José Olivera, integrante de la delegación de la CSI, brindó una conferencia de prensa en la que expresó que los diferentes actores coindicen en que es necesario construir un sistema de negociación de los pactos colectivos en Guatemala principalmente en el ámbito del sector público.

Olivera explicó que representó a la delegación en nombre de la Internacional de la Educación —sector que forma parte de la CSI—, y que desde su rol como miembro del Comité Político Regional de dicha organización en América Latina, llevan cerca de cinco años trabajando de manera sistemática temas vinculados con la OIT.

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Indicó que la misión tenía un objetivo claro, explícito y documentado: acompañar el cumplimiento de la hoja de ruta, analizar los avances y los pendientes, así como evaluar las asistencias técnicas que deben continuar en los próximos meses.

Se mostró optimista tras la visita, al percibir disposición del Gobierno para impulsar transformaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Esta postura —afirmó— coincide con la visión de diálogo social promovida por las organizaciones sindicales, tanto autónomas como globales, y también por las cámaras empresariales representadas por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

“Pocas veces tenemos esta coincidencia política que ahora tenemos que transformar en realizaciones concretas”, expresó, en referencia a que en noviembre el Consejo de Administración de la OIT evaluará el grado de cumplimiento de la hoja de ruta, que incluye desafíos estructurales.

Olivera señaló que, aunque se han registrado avances, también se identificaron problemas estructurales que requieren atención urgente y que deben ser asumidos como una responsabilidad del Estado guatemalteco en su conjunto, no solo del poder Ejecutivo, sino también del Congreso de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, entre otros organismos que deben ser proactivos en la búsqueda de soluciones para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva como derechos humanos fundamentales.

En cuanto a los retos estructurales, destacó dos aspectos clave: la negociación colectiva en el sector público y, particularmente, la situación de los municipios.

Señaló que, al abordar la hoja de ruta, se identificaron múltiples dificultades en los procesos de homologación de pactos colectivos. Luego de escuchar a los actores y de contrastar sus posturas con los informes de la Comisión de Expertos, se concluyó —con coincidencia entre las partes— que es necesario construir un sistema específico para la negociación colectiva en el ámbito público.

Afirmó que el sector municipal genera especial preocupación por lo que implica para la convivencia democrática y el fortalecimiento del rol del Estado.

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Olivera sostuvo que en los municipios se evidencian problemas estructurales profundos, y que este punto fue incorporado en la hoja de ruta, así como en el informe final que el director de la misión presentará al Consejo de Administración en los próximos días.

Consultado sobre lo que debe mejorarse en el ámbito municipal, refirió que la misión se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), y que se observó una práctica clientelar en la función pública municipal, sin estabilidad laboral, con abusos institucionales que posteriormente derivan en procesos de reparación y reclamación, con alto costo para el Estado.

El delegado alertó sobre la problemática de los gobiernos con autonomía —como los municipales o departamentales—, donde cada cambio de administración conlleva la modificación de políticas y la destitución de trabajadores, a menudo con fines partidistas.

Citó como ejemplo a su país, Uruguay, que —según la OIT— posee uno de los sistemas laborales más avanzados, pero que actualmente enfrenta problemas similares tras elecciones locales.

Recordó que el funcionario público debe estar al servicio de la nación, no de una facción política.

A su juicio, esto obliga a discutir no solo sobre la negociación colectiva, sino también sobre el respeto a la libertad sindical, la carrera del funcionario público y la estabilidad laboral como pilares para el fortalecimiento institucional del Estado guatemalteco.

Olivera mencionó que la participación de las delegaciones tripartitas durante junio en la conferencia de la OIT en Ginebra permitió concretar esta visita, solicitada por el Gobierno en marzo.

Olivera concluyó que la misión no vino a supervisar ni a evaluar oros temas, sino a apoyar el cumplimiento de la hoja de ruta, compuesta por unos siete puntos con un eje transversal: la libertad sindical y la negociación colectiva. Esa fue la agenda prioritaria durante las 72 horas de visita.

La misión abordó el problema de forma global, incluyendo a todos los sindicatos. Uno de los temas que se discutió fue el de los pactos colectivos. Reiteró que, por mandato de la OIT, es esencial promover el diálogo social como vía para resolver los conflictos entre el Estado empleador y sus trabajadores, o entre empleadores y trabajadores en el sector privado.

El mensaje final del delegado fue un llamado a que todos los sectores sociales —tanto los responsables de gobernar como aquellos que influyen en la opinión pública— generen condiciones para que el diálogo social, con las partes sentadas en una mesa, sea el mecanismo primordial para resolver los conflictos.

Del 19 al 22 de agosto, Guatemala recibe la visita de la Misión Tripartita OIT-OIE-CSI, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical.

Conoce más aquí https://t.co/7L9dLNrvP7#MintrabAvanza #UtzSamaj pic.twitter.com/1KuBNHu31t

— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) August 20, 2025

Misión de la OIT vendrá a Guatemala: ¿Quiénes la integran y cuál es el objetivo?

Una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitará Guatemala la próxima semana para evaluar el cumplimiento del convenio sobre libertad sindical.

Urias Gamarro

15 de agosto de 2025 | 05:00h

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El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y el Ministerio de Educación mantienen un conflicto debido a la discusión del nuevo pacto colectivo sobre condiciones laborales. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La delegación, enmarcada en el proceso de cumplimiento de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical en Guatemala, sostendrá reuniones con diversos sectores.

Desde Ginebra, Suiza, participarán también representantes de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Central Sindical Internacional (CSI), quienes acompañan esta auditoría solicitada en mayo pasado por el sector sindical, tras la presentación de una denuncia.

La misión estará en el país del 19 al 21 de agosto y se aclaró que su único objetivo es conocer el cumplimiento de dicha hoja de ruta.

En el sistema de la OIT, una Comisión de Encuesta representa el mecanismo sancionador ante violaciones de derechos laborales. Las implicaciones de esa medida pueden repercutir en el comercio internacional y la inversión. Actualmente, Guatemala no está en ese escenario.

Durante el primer semestre surgió un conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (Mineduc), debido a la discusión del nuevo pacto colectivo sobre condiciones laborales, un tema que probablemente será abordado por la misión.

Reuniones clave

Durante la auditoría, la misión sostendrá encuentros con diferentes actores. Uno de los temas centrales será el análisis de los avances y desafíos en la implementación de la hoja de ruta, así como el intercambio de prioridades de acción y apoyo con el Ministerio de Trabajo (Mintrab), la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

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También se prevén reuniones con representantes del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, los sindicatos globales y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, se abordará la posible aprobación de reformas legislativas acordadas por los actores tripartitos. A esta reunión se sumará el presidente del Legislativo, Nery Ramos.

Asimismo, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se tratará la protección de los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, así como la efectividad de los procesos de reinstalación laboral.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) brindará un balance sobre la homologación de pactos colectivos, mientras que el Ministerio de Gobernación (Mingob) detallará los avances contra la violencia antisindical, la impunidad y las medidas de protección a sindicalistas en riesgo.

El presidente Bernardo Arévalo sostendrá una reunión final con la misión, en la cual se presentará un balance y se definirán prioridades de acción y apoyo técnico, con cronograma.

Interpretación técnica

El abogado José Guillermo Gándara, experto en derecho del trabajo y normas internacionales, explicó que la misión es un mecanismo extraconvencional de la OIT. Está integrada de forma tripartita por representantes de reconocida trayectoria internacional en la promoción de los derechos fundamentales del trabajo.

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Indicó que, durante los últimos 15 años, estas misiones han facilitado acuerdos importantes para Guatemala, especialmente en la formulación de la hoja de ruta sobre libertad sindical y negociación colectiva.

“Estas visitas periódicas buscan recabar información in situ de los actores sociales y gubernamentales respecto del cumplimiento de la hoja de ruta, así como de los avances en las investigaciones y judicialización de delitos cometidos contra sindicalistas”, afirmó Gándara.

Añadió que la información recabada y las recomendaciones de la misión se presentan al Consejo de Administración de la OIT para su análisis durante las sesiones anuales.

Gándara concluyó en que esta misión es importante ya que del 17 al 27 de noviembre se realizará la 355 reunión del consejo de administración de OIT donde está agendado el caso de Guatemala acerca de la queja por incumplimiento de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. “La información que se proporcione a los integrantes de la misión será analizada y expuesta al Consejo”, resaltó el especialista.

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Verificamos por Usted: ¿Vendrá una comisión de la OIT a Guatemala para evaluar la negociación del pacto colectivo del magisterio?

No hay evidencia de que una comisión de encuesta de la OIT vaya a venir a Guatemala en agosto para evaluar la negociación del pacto colectivo del magisterio.

Ana Lucía Ola

24 de julio de 2025 | 00:05h

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Joviel Acevedo ha llegado al Congreso de la República convocado por la fracción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) liderada por Sandra Torres. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), ha dicho en reiteradas ocasiones que una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vendrá a Guatemala para evaluar las acciones del Gobierno en torno a la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio, que se discute con el Ministerio de Educación (Mineduc).

El dirigente sindical ha señalado que la visita de la misión internacional será del 19 al 23 de agosto próximo, y que también se abordarán otras problemáticas laborales en el país, aunque no ofreció detalles.

Este miércoles 23 de julio, durante una citación en el Congreso de la República, Acevedo agregó que también vendrán representantes del Consejo Sindical de las Américas, la Internacional de la Educación a nivel mundial y la Internacional de la Educación para América Latina.

La reunión en el Legislativo fue convocada por el diputado Julio Marroquín, de la fracción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) liderada por Sandra Torres, con el propósito de mediar en el conflicto entre el STEG y el Mineduc, que mantiene suspendidas las clases en más de cinco mil escuelas del sector público, debido a una huelga que los maestros afiliados al sindicato de Acevedo sostienen desde el pasado 19 de mayo.

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El origen del problema es la negociación del pacto colectivo del magisterio, que lleva 17 meses sobre la mesa, y cuya discusión podría prolongarse aún más.

¿De dónde salió la información?

Joviel Acevedo afirmó la semana pasada, bajo juramento y durante una citación en el Congreso, que tras la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada del 2 al 13 de junio en Ginebra, Suiza, la OIT nombró una misión para visitar el país en agosto próximo. “Es difícil que se haga una comisión para que vaya a un país, por la burocracia, pero la OIT nombró una misión internacional que estará en Guatemala del 19 al 23 de agosto, y viene por este problema nuestro, y por otros problemitas que hay”, declaró el sindicalista. Acevedo reiteró la visita de la comisión este miércoles, durante una segunda citación en el Congreso, y señaló que el STEG se encargará de recibirla para que evalúe las acciones del Gobierno de Bernardo Arévalo. Agregó que Guatemala está en la lista roja de la OIT, y que dicha evaluación podría tener repercusiones para el país. “Si viene una comisión de encuesta, salen dañados los empresarios, el Estado, el Gobierno y los trabajadores”, ha expresado Acevedo.

¿Cuál es el contexto?

Desde que comenzó la discusión del nuevo pacto colectivo del magisterio en el 2024, el STEG ha presionado con manifestaciones, bloqueos de carreteras y la suspensión del ciclo escolar para que el documento sea firmado y homologado por el Mineduc. El ministerio se rehúsa a mantener los privilegios que los sindicalistas conservan desde administraciones anteriores. En ese contexto, el pasado 30 de abril, el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunciaron un aumento salarial del 5% para los maestros, el cual se hizo efectivo a partir del 1 de junio. Los sindicalistas interpretaron esa decisión como un acto de confrontación, por lo que las medidas de presión para que el Gobierno firme el pacto colectivo han ido en escalada, y mantienen a más de 300 mil niños sin clases. Con el argumento de que las acciones del Mineduc violan los derechos laborales, Acevedo afirma que elevaron el conflicto a la OIT para que medie en la situación, y asegura que la organización internacional enviará al país una comisión para evaluar lo que ocurre en la negociación entre el STEG y el Mineduc.

Por qué sabemos que es falso:

José Guillermo Gándara, abogado experto en derechos del trabajo y normas internacionales del trabajo, señala que la OIT no constituye “un órgano de policía administrativa internacional”. Añade que las normas que establece son universales y flexibles, y que cada Estado decide si las acepta o no. Agrega que el discurso de las sanciones suele utilizarse para generar presión en la contraparte durante una negociación, ya que el papel del organismo es el de “un armonizador de las relaciones laborales”. Según Acevedo, una comisión de encuesta de la OIT vendrá en agosto al país para atender el conflicto relacionado con el pacto colectivo del magisterio. Sin embargo, en el sitio oficial de la organización no aparece programada ninguna visita para este año. Lo que está previsto para noviembre próximo es la discusión de una queja presentada en el 2023 sobre el incumplimiento, por parte de Guatemala, del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (n.º 87), y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (n.º 98). No obstante, el debate no se centra en el STEG, sino en la situación general que enfrenta el movimiento sindical en el país. Gándara indica que, de venir una comisión, podría tratarse de una del Departamento de Normas de la OIT, como ha sucedido en los últimos 20 años, cuya función es dar seguimiento a las recomendaciones hechas por la organización en materia laboral, sin carácter sancionatorio. “La OIT no emite multas. Lo que hace, a través de sus órganos de control, es señalar deficiencias al país para que las corrija”, afirma el entrevistado.

Así lo explicó Gerson Martínez, especialista de políticas de empleo para América Central, Haití, Panamá, República Dominicana, México y Cuba, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las proyecciones de la OIT para el 2022 apuntan todavía a un déficit de horas de trabajo equivalente a 52 millones de plazas laborales a tiempo completo, debido a la perturbación provocada por la crisis, lo que hoy se complica con los nuevos efectos inflacionarios, la disrupción de las cadenas globales de suministro y el conflicto que se vive en Europa del este (Rusia y Ucrania), expuso el experto durante el Octavo Congreso Laboral denominado “Empleos sostenibles para el crecimiento económico”.

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Según Martínez, en ese contexto se ha implementado una labor de análisis para tratar de comprender la relación existente entre la productividad y el trabajo decente, y estas acciones adquieren un mayor relieve debido a la “devastación económica y social que ha causado la crisis sanitaria”, por lo que el aumento de la productividad es también una de las prioridades estratégicas de la agenda 2030 como parte del objetivo 8 de desarrollo sostenible.

Este se centra en el crecimiento económico y la promoción del empleo productivo, por lo que es necesario promover políticas que busquen mejorar la productividad lo que a su vez mejorará la competitividad de los países y dará como resultado la creación de más y mejores empleos.

Datos concretos

Luis Fernando Leal, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), agregó que se ha demostrado a lo largo de los años que la generación de empleo es una prioridad, pero debe ser un tema que no sólo ocupe a los empresarios, sino también al sector público, legisladores, autoridades y sociedad en general porque se requiere de una visión integral.

“Generar empleos es uno de los resultados tangibles de atraer inversión, pero es también la consecuencia de tener reglas claras, un sistema de justicia eficiente y crear conciencia sobre cuál es el valor de una plaza de trabajo”, agregó el directivo.

Luego mencionó que en las encuestas efectuadas por la organización durante y después del confinamiento, se reflejó que hasta el 61% de las empresas había logrado la continuación de sus operaciones sin recorte alguno.

Respecto a la generación de empleo en Guatemala, la viceministra de Administración del Trabajo, del Ministerio de Trabajo (Mintrab), María Isabel Salazar, dijo que se sigue trabajando en el diálogo social como un pilar sustancial para el desarrollo de las relaciones laborales tripartitas (gobierno, empresas y sector laboral).

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Según la funcionaria, en Guatemala hay datos alentadores ya que las cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportan que la cantidad de afiliados llegó a 1 millón 472 mil 520, la cual catalogó de cifra histórica en generación de empleos formales que provienen del sector privado.“

La recuperación de empleo después de la pandemia alcanza los 241 mil 626 puestos de trabajo”, añadió la viceministra, y calificó la cifra como una recuperación sustancial. Ese dato corresponde al período de junio 2020 a marzo de 2022, según se refleja en estadísticas del Ministerio de Economía (Mineco) y del seguro social respecto a las afiliaciones, e incluye tanto al sector público, como al privado.

Este dato corresponde al período de junio 2020 a marzo de 2022, según la información de afiliaciones al seguro social divulgada por el Ministerio de Economía (Mineco), e incluye tanto al sector público, como al privado.

Junio del 2020 es el mes que reflejó la más drástica caída de afiliaciones al IGSS durante el plazo que lleva la pandemia del covid-19.

Recientemente, el economista Edgar Balsells comentó que es importante el crecimiento de afiliados al IGSS pero que se debe recordar que hubo una merma muy fuerte en el primer año de la pandemia y por eso, la recuperación se percibe alta.

Además, a su criterio, muchos de los afiliados se refieren a posible recuperación de puestos que se habían perdido y a trabajadores contratados a tiempo parcial, con menos ingresos que los de tiempo completo. Al cierre del 2021, el Ministerio de Trabajo tenía registrados más de 13 mil empleos de este tipo.

La creación anual de empleos formales no es suficiente para lograr la inclusión de los graduandos que buscan integrarse al mercado laboral, agregó.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2021, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ubicó el desempleo abierto en 2.2% de la población económicamente activa (PEA), mientras la economía informal se situó en 70.8%.

Hay que adaptarse

El experto de la OIT agregó que en este período de crisis se están reconfigurando muchas ocupaciones, por lo que es necesario conocer el nuevo plan y estrategia para impulsar el desarrollo en esta etapa de recuperación, ya que la demanda de nuevas habilidades crecerá y se deberá trabajar en programas para reconvertir, recalificar y reinsertar trabajadores en las nuevas actividades.

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En ese contexto la formación profesional enfrenta un nuevo desafío y se tendrán que impulsar nuevos marcos de políticas de desarrollo productivo y transformación económica, así como la generación de oportunidades que se presentan.

Más inclusión

En el evento participaron diversos expertos en el tema de sostenibilidad, ejecutivos y empresarios.

Jéssica Jiménez, directora de asesoría en sostenibilidad de la firma KPMG México, indicó que la sostenibilidad es un tema estratégico que debe ser promovido desde los altos órganos de cada organización, considerando la relevancia para los diferentes grupos de interés como inversionistas, empleados, clientes, proveedores, y para que sea más sencilla la asignación de presupuestos.

Se debe conocer la estrategia Ambiente, Social y de Gobierno Corporativo (ASG), ya que incluso hay condiciones comerciales vinculadas a su cumplimiento. Para ello se debe incorporar a colaboradores con conocimientos en estas áreas y capacitar a los trabajadores actuales, ya que si bien se tratarán temas del día a día, hay otros que presentan situaciones muy técnicas y puntuales que requieren especialistas para ayudar a identificar y gestionar.

#CongresoLaboral2022
Jessica Jiménez, KPMG México: “Gestionar la RSE, desde una perspectiva integral, permite a las organizaciones estar preparadas ante cualquier riesgo y garantizar su permanencia sostenible a largo plazo”. pic.twitter.com/1Jq0GawUcp

— CACIF (@CACIFGuatemala) May 11, 2022

Temas de la agenda global como cambio climático, objetivos del desarrollo sostenible, crisis sanitaria, entre otros, tienen que incluirse en la estrategia y presupuestos anuales de las compañías, para gestionar la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad desde una perspectiva integral que permita a las organizaciones estar preparadas ante cualquier riesgo y garantizar su permanencia sostenible en el largo plazo.

Para esto, se debe identificar qué está haciendo cada empresa en torno a ASG ya que está muy vinculado con los riesgos y oportunidades. Mientras mayor riesgo tenga una organización y no los atienda o no los tenga identificados, hay un mayor peligro también para los accionistas o inversionistas y para los puestos de trabajo.

Otro punto importante, es que cada vez más hay oportunidades comerciales vinculadas al cumplimiento y desempeño de ASG y ya hay grandes corporativos y empresas alrededor del mundo que piden a su cadena de valor que demuestren lo que están haciendo en gestión ambiental y social, lo que influye en su decisión.

Se debe tomar en cuenta que hay grupos de interés con una mayor participación y toma de decisiones ligadas al desempeño porque cada vez se observa más, sobre todo en las nuevas generaciones, que están interesadas en empresas responsables al momento de aceptar un empleo.

Considerar la inclusión

Jiménez citó diversos estudios relacionados con decisiones que tienen impacto en las empresas:

• Se ha detectado que una fuerza laboral inclusiva mejora en un 60% la toma de decisiones.
• Las empresas con una alta representación de mujeres en sus comités directivos superan en un 53% el desempeño financiero a las empresas con poca o nula representación femenina en sus comités directivos.
• El 64% de los candidatos reporta que la diversidad e inclusión son factores importantes para evaluar ofertas de trabajo.
• Las empresas con culturas inclusivas tienen un 22% de menos rotación, aspecto que también se traduce en menores costos de operación.
• Las compañías con diversidad de género en equipos directivos tienen mayores ingresos hasta de un 19% comparadas con la competencia y superan su rentabilidad en un 33%.

El poder del consumidor

Según el segundo estudio “Panorama de la Responsabilidad Social” realizado en México en el 2019, se debe prestar atención a lo siguiente:

• El 84% de los consumidores dijo que dejaría de comprar productos o servicios a una empresa que actuó de forma irresponsable.
• El 77% opina que las empresas con responsabilidad social deberían enfocarse en evitar y reducir los impactos ambientales.
• El 17% comentó que cambia de marca para favorecer a una empresa con prácticas responsables.
• Y el 3% pone en marcha iniciativas como recabar firmas o impulsar protestas contra la marca cuestionada.

También se debe tener en cuenta que hay un mayor escrutinio por parte de inversionistas, bancos, clientes y consumidores que pueden generar impactos monetarios en la organización. Ahora hay más instituciones financieras que piden a las empresas identificar estos riesgos sociales y ambientales, antes de otorgarles créditos o beneficios en tasas de interés.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

“Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

“La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

“Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

“Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.

Las otras cuatro son la globalización, la tecnología, el cambio demográfico y el cambio climático.

La pandemia también ha modificado parcialmente la dirección de actividades como los cambios de las cadenas mundiales de suministro y la búsqueda de la localización de la producción, más próxima al mercado consumidor.

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Centroamérica está experimentando estas fuerzas, retos y oportunidades, por lo que se requieren políticas para mejorar la gobernanza y realizar estos cambios.  Para ello puede servir el marco de la Declaración del Centenario de la OIT denominada Dimensiones de las políticas relativas al mundo del trabajo, que contiene 3 ejes de políticas como invertir en la capacidad de las personas, en las instituciones laborales y en el trabajo decente.

Respecto a la tecnología, la revolución digital también conocida como la cuarta revolución industrial, tiene impactos distintos, como la automatización y la de intermediación. En la primera podría considerarse un nivel de riesgo de pérdida de empleo, y en la segunda se refiere a las que ayudan a mejorar la capacidad de aumentar la oferta y la demanda. Por ejemplo, las plataformas de transporte compartido o las que permiten el trabajo y comunicación digital.

“El futuro del trabajo no se va a lograr, si no hay transformaciones económicas, sociales y ambientales que favorezcan el empleo pleno productivo y el trabajo decente”, afirmó.

Necesario atender brecha

La pandemia está dejando una importante brecha de habilidades, sobre todo enmarcadas en tecnología, comentó el ministro Trabajo, Rafael Rodríguez.

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“Esta condición requerirá por parte de las instituciones públicas y el sector privado, la renovación en las estrategias de capacitación y formación profesional, ya que se prevé que para el 2025, en Latinoamérica el 50% de los empleados necesitarán reconvertir sus competencias”, citó el funcionario.

Para atender estas nuevas demandas en el mercado laboral, las estrategias deberán enfocarse en la inversión de capacidades de las personas, tomando en cuenta la evolución constante de la tecnología, que ha cobrado más realce ante las nuevas dinámicas derivadas por la pandemia y en el caso de Guatemala, entran en uno de los ejes transversales de la Política Nacional de Empleo Digno, que es el desarrollo de capital humano, acciones que deberán adecuarse a las nuevas necesidades, agregó.

En un estudio sobre la transformación del talento y el futuro del trabajo, elaborado por la firma ManpowerGroup, se detectó que alrededor del 48% de los empleados, probablemente trabajará a distancia por lo menos un tiempo después de la pandemia, mientras que en la prepandemia era alrededor del 30%.

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En Guatemala, a más de un año de haberse iniciado las restricciones de movilidad, el 45% de los empleadores mantienen algún modelo de teletrabajo, según otro reporte emitido en mayo de este año por esa oficina.

Mientras que en la Encuesta de Expectativas de Empleo para el tercer trimestre (de julio a septiembre) del 2021, el 78% de las empresas menciona que sus empleados trabajarán en oficinas por tiempo completo en los siguientes 6 a 12 meses, por lo que se estima que se llegue a ese nivel entre finales del 2021 y mediados del 2022.

Maestros, puestos administrativos, call center y otras actividades laborales que permiten practicar el teletrabajo, aún se desempeñan en esa modalidad, pero también ha cambiado la forma del comercio con más demanda a domicilio, que requiere estrategias de logística,  control de inventarios, distribución y otros detalles, para lo que también se requieren otras habilidades.

Los representantes de los sectores empleador y laboral presentaron a mediados de septiembre sus propuestas en las tres comisiones, pero no se llegó a un acuerdo, ya que mientras el sector de los trabajadores pidió fijar el salario mínimo en Q150 diarios (con lo que la remuneración mensual llegaría a Q4 mil 562.5 más bonificación de Q250), la postura del sector patronal fue mantener el mismo que está vigente.

La CNS tenía previsto empezar a conocer los documentos en la sesión del viernes, pero tras la participación de dos expositores sobre temas como las condiciones de pobreza y los parámetros para establecer el salario mínimo, se desintegró el quorum por lo que se finalizó la sesión y se programó una nueva para el 15 de octubre.

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Los integrantes de la CNS recibieron de forma oficial los informes de las comisiones agrícola y no agrícola, los cuales se programaron para comenzar a conocerse en la próxima reunión, pero se les informó que aún faltaba el del sector exportador y maquila, porque lo ha trasladado.

El presidente de la CNS expuso que esa instancia tiene a su cargo la recepción de los informes de las tres paritarias, pero que no podrían seguir esperando para iniciar la discusión, ya que la falta de una de los tres de las comisiones no puede interrumpir el trabajo de todas las demás.

No obstante, el delegado titular del sector empleador, Jorge Lewis, explicó que se puede avanzar con los dos primeros sectores, pero es obligatorio conocer los tres informes y emitir un dictamen completo.

Cronograma

Por el momento, hay un cronograma para la discusión, a efecto de finalizar el proceso a tiempo, pero ante la falta del documento en mención, los retrasos podrían ser inevitables.

Se tiene previsto que, si transcurre la agenda normalmente, se traslade el expediente de CNS a la Junta Monetaria a mediados de noviembre próximo para que esta emita su dictamen y así poder enviar su informe final al presidente de la República, Alejandro Giammattei, a principios de diciembre y evitar las prisas en la última quincena del año, agregó.

Franky Pozuelos, delegado del sector laboral, dijo que de retrasarse más el documento de la paritaria de actividad exportadora y maquila, se debe readecuar el cronograma, pero por el momento, considera que aún puede continuar en tiempo para cumplir el cronograma. Aún hay dos meses para el proceso.

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Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) que forma parte de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), dijo que le informaron que faltan dos firmas: la de una persona del sector laboral que se encuentra en la provincia y la de un representante de empleador, que se está en cuarentena por covid-19. Agregó que el presidente de esa paritaria prevé que la próxima semana se firme y que espera que no se atrase la discusión.

El llamado del Mintrab

La viceministra de Administración del Trabajo, María Isabel Salazar, hizo un llamado a los tres sectores que conforman la CNS para que, aparte de conocer el salario mínimo anual, esa instancia entre a discutir los parámetros para establecer un nuevo procedimiento de fijación del salario mínimo para años posteriores, aunque debe ser un proceso aparte del que ya se discute para el 2022.

“Se le da importancia solo a establecer un salario, pero no al tema de los parámetros para hacer sostenible la fijación del salario mínimo”, expresó la funcionaria luego de escuchar la exposición acerca del tema y las modalidades de otros países, efectuada por Gerson Martínez, especialista de políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la región.

Pozuelos comentó que cada cuatro años se debiera revisar, pero las políticas públicas no han permitido hacer ese ejercicio por lo que secunda la propuesta de la viceministra de ir evaluando otras alternativas para que los trabajadores tengan los ingresos que necesitan para satisfacer sus necesidades, pero que mientras tanto no se deje de lado las fórmulas que se han utilizado.

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Lewis agregó que el tema de los parámetros no es nuevo, ya que se hablado de ellos desde alrededor de 10 años, pero no se ha avanzado. De retomar las discusiones, se debería empezar a discutir desde enero próximo, con una agenda de trabajo, añadió.

Los parámetros que visualiza la OIT

Martínez explicó que la OIT no está proponiendo usar o no una fórmula o establecer un modelo específico, pero sí da a conocer parámetros que son necesarios analizar, como un enfoque equilibrado del salario mínimo con el fin de que no sea muy bajo, para proteger a los trabajadores, ni muy alto, para evitar el incumplimiento.

Se puede evaluar el comportamiento de salarios generales y los mínimos, la productividad, el crecimiento económico, la competitividad, el índice de precios al consumidor y definir si se usaría la inflación pasada o la estimación para el año en que estaría vigente el salario. También las tasas de desempleo abierto, pero como en el caso de Guatemala, estas son muy bajas, también se deben incluir los porcentajes de informalidad y las necesidades de estos trabajadores.

Martínez explicó que el salario mínimo será aún más eficaz, si va acompañado de otras medidas de política que fomenten la formalización de la economía informal, la creación de empleo asalariado y el aumento de la productividad de las empresas sostenibles.

“Y no se debe olvidar que dicho salario surge de un proceso político que incluye consultas con los interlocutores sociales y se deben reposar los datos”.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Gremial de Salud y Seguridad Ocupacional (GSSO) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), presentaron este 2 de febrero la Guía de Trabajo Seguro durante la crisis del Covid-19, como una herramienta para apoyar a la industria a evitar riesgos y contagios y seguir siendo una fuente de trabajo seguro para los guatemaltecos, informaron las entidades.

Según informó la CIG la guía es de libre acceso en el sitio electrónico de dicha organización, y está a disposición de todos los empleadores del país, para que puedan reforzar medidas en sus lugares de trabajo.

Los 7 pilares

¿Cómo pueden los empleadores proteger a los trabajadores y el lugar de trabajo?

Deben basarse en el Acuerdo Gubernativo 79-2020: Los empleadores deben cumplir con un mínimo de garantías en salud y seguridad ocupacional de observancia general en toda la República y sus normas tienen carácter de orden público, susceptibles de ser superadas por voluntad del empleador o mediante la negociación colectiva con las organizaciones de trabajadores.

Comprende cuáles son las obligaciones como empleador y cuáles son las prohibiciones.

El empleador debe conocer y dar a conocer a los trabajadores acerca de cómo se propaga el covid-19, cuáles son los síntomas, verificar qué información general y en materia de salud deben los empleadores proporcionar información a sus trabajadores.

Además, qué deben hacer los empleadores para preservar la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo, conocer en qué consiste el distanciamiento social, cómo pueden los empleadores gestionar y controlar el riesgo de la covid-19 en lugar de trabajo, cuáles son las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud.

¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores?

El patrono podrá encontrar material y recomendaciones acerca de cómo mantener un lugar y ambiente de trabajo seguro y saludable. Además, cómo proceder cuando hay trabajadores enfermos o que han podido exponerse al virus y facilitar instrucciones a los trabajadores.

Si los trabajadores presentan estos síntomas, se les debe indicar que sigan los consejos de la autoridad sanitaria nacional o local y que busquen atención médica urgente si sospechan que han contraído el virus del covid-19.

El empleador debe de desarrollar una política de ausentismo por enfermedad que contenga, registro de fechas en que se ausento, las causas y el período de ausencia de un trabajador, tal y como lo establece la Guía para la elaboración del apartado que contiene la estrategia de prevención de control de brotes de SARS CoV-2 en centros de trabajo para el sector industria. Los trabajadores pueden acogerse a una licencia por enfermedad si tienen que dejar de trabajar durante un tiempo por haber contraído el covid-19.

¿Es viable trabajar desde casa?

También es importante recordar que, sea cual sea el lugar desde donde se trabaje, los empleadores siguen siendo responsables de la salud y seguridad en el trabajo, así como del bienestar mental del trabajador durante la ejecución de su actividad laboral.

Los empleadores deben elaborar una directriz u orientación sobre el trabajo a domicilio de forma que los trabajadores estén claramente informados.

Para ellos deben atender medidas como: qué deberían tener en cuenta los empleadores antes de aplicar una política sobre el trabajo desde el hogar, qué equipamiento debe suministrarse a los trabajadores, qué precauciones deben tomarse si los trabajadores utilizan computadoras y tecnología digital para trabajar desde casa, qué otros apoyos generales y medios de comunicación deberían facilitarse a los 25 trabajadores que trabajan desde casa.

Además, se debe velar por la protección y el bienestar mental de los trabajadores, y se información si cubre el seguro de indemnización a los trabajadores cuando trabajan desde su casa y si tienen los trabajadores la obligación de cumplir las directrices de la empresa en cuanto al trabajo desde el hogar.

¿Pueden los empleadores cambiar o reducir el nivel de su actividad comercial?

Si la situación lo requiere, los empleadores deben estar preparados para aplicar un plan de contingencia empresarial.

En este pilar se abordan las peores hipótesis y se sugieren algunas medidas de contingencia que las empresas podrían adoptar para mitigar el impacto del covid-19 por ejemplo: Cuáles son las alternativas si el teletrabajo no es viable debido a la naturaleza de la ocupación y de las funciones que se ejercen, pueden los empleadores cambiar los horarios o los calendarios de trabajo, pueden los empleadores reducir su actividad comercial en vista de la caída de la demanda y el tema de los despidos.

¿Y si las empresas tienen que cerrar?

La evolución de la crisis de covid-19 sigue siendo incierta, refiere la CIG en la guía y que tiene diversos impactos, por lo que en la guía se explica en qué circunstancias se verán obligadas las empresas a cerrar o pueden los empleadores despedir temporalmente a los trabajadores sin remunerarlos.

Algunas leyes, como las de emergencia, las de seguridad, o las de prevención y control de las enfermedades infecciosas, pueden otorgar al gobierno una serie de facultades que podrían incidir en la actividad comercial, en particular, una directriz que imponga el cierre de los lugares de trabajo o restrinja el movimiento de las personas y como resultado de la crisis del covid-19  algunas empresas se han visto obligadas a cerrar por una directriz del gobierno.

Una empresa también puede verse obligada a cerrar como resultado de la falta de inventarios o de clientes, la falta de disponibilidad de suministros o la imposibilidad de acceder a sus socios comerciales.

Aparte de la suspensión de contratos de trabajo de forma parcial o total, hay otras opciones respecto a los trabajadores como: trasladar a los trabajadores a otros departamentos de la empresa donde haya puestos disponibles, reducir el número de horas o de días laborables; alentar a los empleados a tomar vacaciones remuneradas acumuladas (como las vacaciones anuales o la licencia por antigüedad en el servicio).

Además estudiar otras modalidades de licencia, como la prolongación de las vacaciones anuales por la mitad del sueldo o sin él; aplicar disposiciones especiales para los trabajadores que no hayan acumulado suficientes días de vacaciones para cubrir el periodo de interrupción de la actividad (como, por ejemplo, la que autoriza al personal a tomar sus vacaciones anuales por adelantado, entre otras.).

Los empleadores deben comunicar de manera clara y transparente el impacto del  y de las medidas de salud pública y seguridad en la actividad comercial, servicios y situación financiera de la empresa. Así contribuyen a que el personal comprenda la inevitabilidad de la suspensión y la interrupción del trabajo.

¿Cómo evitar las reclamaciones por discriminación y proteger la privacidad de los trabajadores?

Explica sobre las obligaciones de los empleadores en relación con la discriminación, el acoso o la intimidación debido a la covid-19, cómo pueden los empleadores reducir al mínimo el riesgo de reclamaciones por discriminación ilegal, y si tienen o no los empleadores el derecho de recopilar información personal de los trabajadores o visitantes.

Recursos con reglamentos, normativas y leyes que pueden ser de apoyo

Aparte del Código de Trabajo de Guatemala (decreto 1441) y las Normas Complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para la Prevención y Control de Brotes De Sars Cov-2 en los Centros de Trabajo (Acuerdo Gubernativo 79-2020), se presenta una lista de otros recursos legales para actuar en cada caso.

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En el conjunto de 2020 “se perdió el 8.8% de las horas de trabajo en todo el mundo [en comparación con el cuarto trimestre de 2019], lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo”, es decir, cuatro veces más que durante la crisis financiera de 2009, subraya la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si no se toman en cuenta los recientes planes de apoyo económico, estas pérdidas masivas provocaron una caída del 8.3% de los ingresos laborales mundiales, es decir, 3.7 billones de dólares o el 4.4% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, precisa la OIT en su séptimo informe dedicado al impacto de la pandemia en el mundo laboral.

Para este organismo, sin embargo, el impacto de la pandemia en el desempleo está subestimado.

El 71% de estas pérdidas de empleo (81 millones de personas) fue debido a “una salida de la fuerza de trabajo, más que del desempleo propiamente dicho; es decir, se produjo una salida del mercado de trabajo por no poder trabajar, probablemente debido a las restricciones de la pandemia, o porque las personas afectadas dejaron de buscar trabajo”, indica la OIT.

Desde que se detectó el covid-19 en China a finales de 2019, la pandemia ha sumido al mundo en una grave crisis económica, además de haber causado más de 2.1 millones de muertos y cerca de 100 millones de contagios.

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“Recuperación relativamente sólida”

Para 2021, la OIT pronostica que en la mayoría de los países “se producirá una recuperación relativamente sólida en el segundo semestre del año, una vez que los programas de vacunación comiencen a surtir efecto”.

El Observatorio de la OIT ha previsto tres posibles escenarios de recuperación. El caso de referencia vaticina una pérdida del 3% de las horas de trabajo en todo el mundo en 2021, siempre y cuando la pandemia esté bajo control y aumente la confianza de los consumidores y de las empresas.

Las regiones más afectadas serán América, Europa y Asia central.

“Nos enfrentamos a una disyuntiva: una opción conduce a una recuperación dispar y no sostenible, con una desigualdad e inestabilidad cada vez mayores, que pueden agravar la crisis”, advierte Guy Ryder, director general de la OIT.

La otra vía se basa en “una recuperación centrada en las personas, con el fin de reconstruir mejor y promover el empleo, los ingresos y la protección social, así como los derechos de los trabajadores y el diálogo social”, añade.

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“Generación perdida”

A la espera de ver qué medidas se tomarán para impulsar la recuperación económica, la OIT señala que las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia que los hombres.

“En particular, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de salir del mercado de trabajo y dejar de formar parte de la fuerza laboral”, indica el organismo.

Los trabajadores más jóvenes también han sufrido las consecuencias, ya sea por la pérdida de empleo, la salida del sector activo, o la incorporación tardía al mismo, según el informe, que habla del “riesgo muy elevado de una generación perdida”.

La tasa de ocupación de los jóvenes (de 15 a 24 años) disminuyó en 8.7%, frente al 3.7% en el caso de los adultos.

El sector más afectado ha sido el de la hotelería y la restauración, que perdió una quinta parte de sus empleos.

Por otro lado, la OIT señala un aumento en la tasa de ocupación en el segundo y tercer trimestre de 2020 en el ámbito de la información y la comunicación, así como en el de las finanzas y los seguros.

El daño es muy pronunciado y se ha registrado en muy poco tiempo, dicen los expertos.

Es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945.

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De hecho, la agencia de la ONU advierte que 4 de cada 5 trabajadores a nivel mundial ya está sufriendo las consecuencias de los confinamientos totales parciales de ciudades enteras que muchos gobiernos se han visto forzados a imponer.

“Drástico impacto”

Es el caso de casi todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay que hasta la fecha solo han emitido recomendaciones nacionales, y de Nicaragua.

Los cierres de ciudades, el cierre de negocios, fábricas y de los colegios, las restricciones de viajes y otras medidas para contener la expansión de la enfermedad “han tenido un repentino y drástico impacto en trabajadores y empresas”.

Este tipo de medidas afectan actualmente a 2.700 millones de trabajadores, que representan el 81% de la fuerza de trabajo mundial.

“Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo“, declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder”.

El documento prevé que la región de Latinoamérica y el Caribe pierda 14 millones de puestos de trabajo, mientras que Centroamérica verá destruidos 3 millones de empleos.

Las cifras reflejan tanto despidos como la reducción temporal de las horas.

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“Esta contracción del empleo sin precedentes ya ha empezado a sentirse en muchos países”, dice el documento.

Cifras menores

Ambas regiones van a tener una pérdida de empleo por debajo del ratio global.

Mientras a nivel global las horas de trabajo perdidas en el segundo trimestre del año van a ser del 6,7% según las estimaciones, en Latinoamérica y el Caribe serán del 5,7% mientras que en Centroamérica se sitúan en el 4,5%.

Esto se debe al retraso en el momento en que la pandemia llegó al continente.

Si en Wuhan, China, donde se inició el brote, ya se están adoptando medidas para recuperar la normalidad en las calles, Europa aún está pendiente de alcanzar el pico de contagios y América Latina empieza a hacer frente a la crisis.

“Básicamente lo que reflejan estos datos es una menor progresión de la enfermedad por continentes”, explica a BBC Mundo, Roger Gomis, economista de la OIT y colaborador en la redacción del informe.

“Latinoamérica está experimentando por el momento una menor intensidad (de la pandemia) que en otras partes del mundo y después de implementarse medidas de contención puede que la situación se mantenga”.

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“Pero los datos reflejan una estimación de lo que se va a perder en términos de empleo en el segundo trimestre. Es el escenario más probable por ahora”, dice.

¿Qué país de la región se verá más afectado?

El mercado laboral de Latinoamérica tiene 3 vulnerabilidades propias -que comparten casi todos los países de la región- de las que va a depender cómo se verá afectada.

Por un lado, dice Gomis, está la tasa de empleo informal, por otro, los sectores en los que se concentran los trabajadores.

Y a todo esto hay que sumar el margen fiscal y monetario que tiene cada gobierno para ayudar a sus trabajadores.

Perfil sectorial

Las consecuencias van a depender de cuántas personas tenga cada país trabajando en los cuatro sectores que se van a haber más afectados, es decir, del perfil sectorial del empleo.

La OIT ha identificado sectores de la economía que concentran mayor riesgoy que serán las áreas de la economía que más empleos podrían perder según las estimaciones.

• el sector hotelero y de la alimentación
• el sector inmobiliario y las actividades administrativas
• las fábricas y los servicios de reparación, los comercios y tiendas
• el área de los negocios y el sector artístico

Estos sectores emplean unos 1.250 millones de trabajadores en todo el mundo.

“En términos de empleo en riesgo, en América Latina tenemos identificado que un 44% de los trabajadores lo hacen en sectores que consideramos que tienen un alto riesgo”, afirma el economista de la OIT.

Esta es una cifra sustancialmente más alta que la media global, situada en el 38% de la fuerza de trabajo global.

Por poner un ejemplo, “en México el porcentaje de trabajadores en sectores en riesgo es aún más alto y este ratio llegaría a un 51,5%”, dice.

“Esto supone casi 28 millones de empleos. No decimos que se van a perder, pero sí que estos puestos de trabajo están en áreas de mayor riesgo por los cierres derivados de la pandemia”.

En Argentina, el 41,8% de sus trabajadores están en sectores de mayor riesgo.

Colombia tiene un 46,8%, Chile casi un 40%, el mismo ratio que Ecuador y similar al de Honduras y Nicaragua.

Por su parte, Costa Rica registra un 42,3%, Perú cuenta con el 41% de su fuerza laboral y Bolivia el 38%.

Empleo informal

Otra de las vulnerabilidades de América Latina se refiere al empleo informal.

A nivel mundial, 2.000 millones de personas trabajan en sectores al margen.

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La mayoría lo hace en las economías emergentes y en desarrollo y según la OIT, corren un riesgo especial.

En América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 54% de los trabajadores.

Con un 57% México vuelve a superar el ratio de trabajadores en la economía sumergida, que no tienen ningún tipo de protección.

Y en Argentina casi la mitad de los trabajadores ocupados, el 47%, desempeñan su actividad en sectores informales con empleos de muy baja calidad.

La cifra es de aproximadamente el 60% en Colombia, del 59% en Ecuador y del 69% en Perú.

En el otro lado se encuentran por ejemplo Uruguay (24,5%), Chile (40,5%) o Costa Rica (39%).

Medidas para amortiguar

“En este caso lo importante y hacia dónde los gobiernos deberían encaminar sus medidas es a paliar la menor protección de estos trabajadores” que tienen un acceso limitado a los sistemas sanitarios y a programas de protección social, explica el experto.

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Gomis estima que los efectos pueden ser más graves para estos trabajadores en las regiones y países donde las tasas de informalidad son más altas.

“El informe hace énfasis en que es muy importante hacer programas específicos para esos trabajadores, en concreto realizando transferencias de efectivo para compensar los ingresos perdidos, pero también para asegurar la provisión de bienes de primera necesidad”.

Margen fiscal

Por último, la forma en que cada país pueda responder a la crisis va a depender de su margen fiscal.

Es el margen de maniobra que existe dentro del presupuesto público para proporcionar recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía.

“Muchos países ya tenían situaciones fiscales muy precarias antes de entrar en este problema y tienen acceso muy limitado al financiamiento de los mercados”, explicaba en una entrevista con BBC Mundo el economista venezolano Ricardo Hausmann.

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Otros, como Perú, llevan años de disciplina fiscal que le han permitido poner en marcha un paquete de medidas por un importe de más US$25.000 millones, equivalente al 12% de su PIB.

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Entre otras cosas, el país pondrá en marcha un esquema de préstamos a sus empresas por valor de US$8.500 millones.

Según la OIT, el mundo del trabajo después del coronavirus dependerá de dos factores: la evolución de la pandemia y las medidas políticas que se adopten para auxiliar a las empresas, preservar el empleo y los ingresos, y estimular la economía.

“Las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la manera en que esta crisis evolucionará, así como la vida de millones de personas. Con las medidas correctas podemos limitar su impacto”, aseguró declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder.

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La recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social es que los países deberían garantizar al menos un nivel mínimo de seguridad social para todos.

Moreno conversó con Prensa Libre y planteó que, al enfrentarnos a un escenario de recesión económica, no solo se disminuye la capacidad del país para generar empleos decentes, sino que se corre el riesgo de perder los ya existentes, y por tanto exacerbar las condiciones y los desafíos laborales que ha enfrentado Guatemala durante los últimos años.

¿Cuáles son las nuevas estimaciones mundiales de la OIT para el impacto del empleo a causa de la crisis sanitaria del coronavirus?

La OIT ha estimado reducciones del empleo a partir de estimaciones de reducción de las horas de trabajo, a falta de otros datos.

A nivel global se estima una reducción de las horas trabajadas del 6.7% equivalentes a 195 millones de empleos a tiempo completo (48 horas semanales).

En América se perderán 24 millones de empleos a tiempo completo, la mitad de esa cifra corresponde a la población en edad de trabajar en Guatemala, que es de 12 millones, y un poco menos a la población económicamente activa —7.1 millones—.

¿Cómo visualiza el tema del empleo en Guatemala debido a la crisis?

Al igual que lo observado a nivel global, se puede esperar que en Guatemala los sectores con riesgos más elevados de desplazamiento de trabajadores sean el comercio al por mayor y al por menor, servicios de hospedaje y de comidas, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales, y manufactura, estos representan una importante proporción de los empleos en el país.

Estos sectores son intensivos en mano de obra, a menudo con bajos salarios y poco calificados, en particular en el caso de los servicios de alojamiento y de servicio de comidas y del comercio al por menor.

¿Qué sucede con los trabajadores que se encuentran en la informalidad?

Otro reto muy importante son los trabajadores en la economía informal, que representan 7 de cada 10 ocupados en Guatemala. Los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social. Su situación es también desfavorable en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud; en caso de enfermedad, carecen de protección de los ingresos.

En las zonas urbanas, muchos trabajadores del sector informal trabajan en actividades muy expuestas a la infección por el virus, y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, los vendedores ambulantes y los camareros, los obreros de la construcción, los trabajadores del transporte y las trabajadoras y trabajadores domésticos.

En Guatemala se han presentado más de 700 denuncias sobre supuestos abusos de patronos a empleados. ¿Cuál sería su recomendación en ese caso?

Cualquier medida que se tome debe hacerse en el marco del pleno respeto del marco legal aplicable en cada país, de conformidad con los convenios de la OIT debidamente ratificados por Guatemala.

Los gobiernos deben impulsar medidas que busquen la protección de los empleos y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, de preferencia utilizando el diálogo social y la cooperación en el lugar de trabajo.

¿Será ahora más difícil sostener la premisa del empleo decente en  países como Guatemala?

El trabajo decente debe seguir siendo la premisa orientadora y un objetivo central en el quehacer de la política pública —como lo establece el Objetivo 8 de la Agenda 2030—, tanto en la respuesta inmediata a la crisis como en la fase de recuperación.

La crisis económica derivada de la pandemia del covid-19 requerirá multiplicar los esfuerzos del país para reducir los déficits de trabajo decente —informalidad, subempleo, desempleo, trabajo infantil, entre otros— que muy probablemente se ampliarán. Las normas internacionales del trabajo dan un marco idóneo para promover el trabajo decente aun en tiempo de crisis.

¿Cómo podría cambiar el panorama laboral si no se brindan soluciones puntuales al tema?

El mercado de trabajo de Guatemala ya presentaba grandes desafíos, —ya que— el problema no era la falta de empleo, sino las condiciones bajo las cuales se desempeñan las personas.

Por una parte, la cobertura del IGSS llega únicamente el 17% de la PEA, mientras que, según las formas de medición actual en el país, el 70% de las personas se encuentra ocupada en la informalidad, lo cual no solo implica menores remuneraciones por el trabajo, sino también falta de acceso a la seguridad social y precariedad en las condiciones laborales.

En ese sentido, al enfrentarnos a un escenario de recesión económica, no solo se disminuye la capacidad del país para generar empleos decentes, sino que se corre el riesgo de perder los ya existentes y, por tanto, exacerbar las condiciones y los desafíos laborales que ha enfrentado Guatemala durante los últimos años.

¿Por qué las desigualdades podrían agravarse por el covid-19?

Destacaría que los más vulnerables son los que más pueden sufrir los impactos actuales, por no contar con esquemas formales de protección social, tener empleos o empresas que no cuentan con recursos para afrontar el cierre de actividades debido a las medidas de distanciamiento social, etc., y que las respuestas que se den en la recuperación de la actividad económica deben ser inclusivas, para reducir o no ampliar las desigualdades.

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Posee una trayectoria de 24 años dentro de la entidad y antes de ingresar a la OIT trabajó en la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID).

La entrevista con Moreno se solicitó en el contexto de un documental publicado el pasado lunes 2 de marzo de un medio de comunicación del Reino Unido en el que denuncia la participación de niños y jóvenes en trabajos que calificó como “agotadores y preocupantes” en varias fincas cafetaleras de Guatemala, que supuestamente venden el grano a dos empresas internacionales.

La publicación provocó distintas reacciones, desde el sector empresarial hasta el pronunciamiento del mismo presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei quien se anticipó a la publicación y afirmó que la información revelada perjudica la imagen del país y provocaría un impacto económico.

Por lo anterior, conformó una comisión presidencial contra el trabajo infantil, dirigida por Ricardo Arenas como comisionado presidencial contra el trabajo infantil e integrada por los ministros de Economía, Antonio Malouf; de Trabajo, Rafael Lobos; y de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo; así como por un representante de Anacafé y uno de la Cámara del Agro.

También designó a José Santiago Molina, expresidente de la Cámara del Agro, como comisionado presidencial y embajador en misión especial para ser enlace entre la referida comisión y las marcas con el objetivo de establecer una comunicación directa.

Esto fue lo que comentó Moreno con relación al trabajo infantil en Guatemala.

¿Cuáles han sido los últimos hallazgos en el tema de trabajo infantil en el país?

• 790 mil 243 niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años trabajan.
• 5% de los y las adolescentes entre 14 a 17 años trabajan.
• La incidencia del trabajo infantil es mayor en población indígena, rural y en condición de pobreza.
• Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que laboran, lo hacen en trabajo familiar sin pago.
• Para los niños, niñas y adolescentes que reciben remuneración, esta representa hasta el 30% del ingreso familiar. Esto demuestra la necesidad de fortalecer las políticas para que los padres y madres puedan acceder a trabajos decentes.
• 26% de los niños y adolescentes hombres trabajan versus 10% de las mujeres.
• Esta cifra invisibiliza el trabajo doméstico, ya que el 57.7% de ellas dedica más de 14 horas semanales a tareas en el hogar (versus 27.2% de los hombres).
• 8% de los niños, niñas y adolescentes en trabajo peligroso asisten a la escuela versus 82% de los que no trabajan.

¿Cómo se encuentra Guatemala en los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil?

A nivel normativo, Guatemala ha ratificado los dos Convenios fundamentales de la OIT relacionados con el trabajo infantil, el C138 y C182 y la Convención sobre los Derechos del Niño.

• A nivel de políticas, el país cuenta con una Hoja de Ruta 2016-2020, la estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil:
• Es país miembro activo de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una plataforma tripartita con 30 Estados miembros, y ha desarrollado buenas prácticas en temas como el abordaje de trabajo infantil en pueblos indígenas que comparte con países de la región, y elaboraron una guía.

Además, el país está realizando un estudio para disponer de mapas de riesgo de trabajo infantil que le permitan mejorar la aplicación de la Hoja de Ruta a nivel territorial.

¿Cuál es la relación de los niveles de pobreza con el trabajo infantil? 

El trabajo infantil está estrechamente vinculado con la pobreza, es una expresión de la desigualdad persistente en los países. El trabajo infantil reproduce la desigualdad y la pobreza: amplifica la brecha entre quienes pueden beneficiarse, plenamente o no, de las oportunidades asociadas al acceso a los servicios educativos, al uso del tiempo libre y a otros bienes sociales.

¿Cuáles son los efectos o consecuencias del trabajo infantil?

Los efectos del trabajo infantil se plasman a lo largo del curso de vida de los niños, niñas y adolescentes afectando su asistencia, permanencia y rendimiento en la escuela, sus posibilidades de acceso y aprovechamiento de la educación superior o técnica, y la calidad de inserción en el mercado de trabajo.

¿En qué sectores se concentra más el trabajo infantil y qué se debe hacer para controlarlo?

De acuerdo con estudios de la OIT, a nivel global el trabajo infantil se concentra en el sector agricultura (52%) y esto es similar en América Latina y el Caribe (48%) y en el país (57%). Por ello, los esfuerzos de acompañamiento de la OIT a los Gobiernos y actores tripartitos en los países se concentra en la atención de la persistencia del trabajo infantil en el sector rural y en actividades peligrosas.

Más recientemente, la OIT ha estado haciendo investigaciones sobre el trabajo infantil en las cadenas de valor donde la agricultura está especialmente asociada en las fases iniciales de estas cadenas. Esto con la idea de involucrar a más actores nacionales e internacionales en el diseño, e implementación de respuestas que nos aseguren la protección de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y sus comunidades.

¿Cuánto tiempo le lleva a un país erradicar esta situación?

Dado que el trabajo infantil es un fenómeno asociado a otros fenómenos como la pobreza, características del mercado del trabajo y la matriz productiva, su disminución estará asociada a los progresos que el país puede tener en estos temas y, por otro lado, a la prioridad que políticas y los servicios específicos en el país le pueden dar a la temática porque los niños, niñas y adolescentes pertenecen a familias vulnerables que requieren una atención especial y diferenciada del país.

Si bien Guatemala no se ha fijado una meta especifica de reducción a nivel nacional, el país es subsidiario de la meta de la Agenda de Desarrollo Sostenible cuyo cumplimiento se establece para el año 2030, que plantea: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

¿Qué instrumentos existen para ayudar a los países en este tema y cuáles son las recomendaciones de la OIT para prevenir y erradicar el trabajo infantil?

La OIT acompaña a los países en varios niveles:

• A nivel normativo, para asegurar un piso jurídico que permite actuar frente al trabajo infantil.
• A nivel de políticas públicas, nacionales y locales, con el objetivo de que los programas y servicios públicos atiendan de manera diferenciada a niños, niñas y adolescentes, sus familias y comunidades en riesgo y/o en situación de trabajo infantil. Les prestamos especial atención a los programas de protección social, a la mejora de la oferta educativa, la ampliación y mejora de oferta de salud, a mejorar a la inspección del trabajo, y a la formalización del mercado de trabajo, entre otros.
• Un aspecto clave para la OIT es promover el diálogo tripartito para que la mejora de estas políticas y respuestas nacionales tengan en consideración las opiniones y contribuciones de todos los actores del mundo de trabajo.
• En la OIT hemos también validado modelos de intervención a nivel local con contribuciones de la sociedad civil con la idea de generar evidencias para mejorar las políticas públicas.

Para lograr la meta 8.7 de la Agenda 2030, la OIT está concentrada en un abordaje integral y basado en derechos a través de 4 áreas principales en las cuales estamos apoyando a los actores tripartitos en los países donde operamos: Educación, protección social, mercado de trabajo y legislación.

Creemos que estos son pilares esenciales para avanzar en una política pública efectiva que se traduce en una disminución sostenida del indicador de trabajo infantil en los países.

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Uno de los sectores más beneficiados con el reglamento 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las contrataciones a tiempo parcial, es el Contact Center & BPO, es decir, los call centers.

Es en estos lugares donde la mayoría de jóvenes recién graduados trabajan mientras empiezan a estudiar una carrera universitaria, esto con el objetivo de empezar a recibir una remuneración con la que puedan cubrir sus gastos.

Sin embargo, en algunos casos, trabajar en horario completo no los deja estudiar o dedicarle el tiempo deseado al estudio.

Sonia Florián, tiene 30 años y hace dos años comparte su tiempo entre su trabajo en un call center y sus estudios de psicología en la Universidad de San Carlos.

Sin embargo, desde que supo sobre la existencia del acuerdo gubernativo 89-2019 del trabajo a tiempo parcial, decidió cambiarse a ese régimen.

“Yo siento que uno de los beneficios grandes es, aparte del tiempo que tengo para poder seguir estudiando, es el compartir con mi familia porque regularmente los call centers abarcan demasiado tiempo, entonces el tiempo parcial para mi es el compartir con la familia tanto fines de semana, o bien, entre semana los días que no voy a la universidad” dijo Florián.

Desde que tomó la decisión de trabajar a tiempo parcial, lo comunicó a sus jefes y fácilmente inició el proceso, fue más rápido pues ella ya estaba dentro de la empresa.

Una de sus compañeras, Yasmín De La Cruz, también decidió cambiar su puesto de tiempo completo a parcial. Ella tiene 30 años y estudia en la universidad pedagogía.

“Me gustó la iniciativa porque puedo tomar tiempo para poder dedicarle a mis estudios, además de cuidar a mi nene que es mi mayor importancia horita y dedicarle tiempo a él porque el también ya empieza a estudiar entonces esta es mi prioridad y el por qué me cambié a esta iniciativa” mencionó De La Cruz.

Además de cuidar a su hijo de cinco años, desde que Yasmín pasó al trabajo de tiempo parcial, también tiene la oportunidad de cuidar a su papá, pues su mamá murió hace unos meses.

Contratos quedaron congelados

Yasmín y Sonia pasaron de trabajar 8 horas a laborar cuatro diarias, recibiendo prestaciones y un salario proporcional a las horas trabajadas.

“Prácticamente es como si te estuvieran pagando la mitad, pero a la vez, es una decisión propia. Yo decidí que quería ganar esto porque necesitaba trabajar este tiempo” agregó Florián.

El call center donde ellas laboran, desde que el reglamento tomó vigencia, contrató a aproximadamente 60 personas a tiempo parcial y tenían un número mayor en pruebas para trabajar solo fines de semana. Sin embargo, tuvieron que detener el proceso luego de la acción tomada por la Corte de Constitucionalidad de suspender el artículo 2 y 4 del acuerdo gubernativo 89-2019 del trabajo a tiempo parcial.

Según un estudio de Agexport, con el trabajo a tiempo parcial para el 2023 se habrían generado más de 150 mil empleos. Además, reduciría la informalidad de un 70% a un 64%.

En contra

El pasado 2 de octubre, el representante sindical Adolfo Lacs Palomo (opositor al reglamento de tiempo parcial) dijo a Prensa Libre que lo que se busca es proteger el salario de los guatemaltecos, porque “no pueden haber salarios menores al salario mínimo”.

“Lo que querían los señores con este reglamento es que la gente trabajara cuatro horas y pagarle Q1 mil, por ejemplo. Pero realmente el reglamento estaba tan técnicamente mal hecho que desprotege totalmente a los trabajadores”, afirmó Lacs.

A su criterio, esto contraviene al Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que está diseñado para proteger a los trabajadores del tiempo parcial.“Al bajar el salario como querían hacerlo destruían otros programas, por lo que demostró una gran falta de conocimiento técnico, agregó.

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Además, dijo que como el Convenio 175 del OIT aprobado por un decreto del Congreso también sigue vigente, a criterio de ese ministerio se mantiene vigente esa modalidad de contratación.

“Estamos en la obligación de aplicar la normativa vigente el convenio 175 y parte del reglamento se encuentra vigente, así que si llegan contratos (de tiempo parcial) los vamos a analizar y registrar como corresponde” dijo el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera.

Para ello, explicó, se seguirá aplicando la normativa vigente y si en el contrato se cumple con el Código de Trabajo y con lo establecido en el convenio 175 “no debería haber inconveniente en ese tipo de contratos”.

Refirió sin embargo que entienden la posibilidad que las empresas vayan a aplazar las decisiones de contratar bajo esa modalidad debido a la incertidumbre que la resolución de la CC genera.

En la resolución esa Corte decidió la suspensión provisional de los artículos 2 y 4, así párrafos de otros artículos.

“El fallo resta certeza”

Amador Carballido, Director General de Agexport dijo que el Ministerio ha informado que sigue vigente la posibilidad de ese tipo de contrataciones ya que se basan no solo en el artículo mencionado del reglamento sino en el Código de Trabajo y el convenio de la OIT.

El directivo de esa organización menciona que comparte la visión del ministro acerca de que se puede seguir creando contratos en tiempo parcial, pero que también se debe tomar en cuenta que al suspender los otros dos artículos le bloquean a los empleadores el respaldo para crear puestos de trabajo en esa modalidad y puede usarse en su contra en reclamos de alguna persona.

“La suspensión de los otros dos artículos le dejan de dar certeza a esa modalidad. Esperaría que las empresas no se detengan, pero el fallo le resta certeza”, agregó. También mencionó que esperan que la CC revierta su decisión.

Acciones legales

• El Mintrab solicitó a al CC aclaraciones sobre el alcance de la suspensión provisional de algunas partes del reglamento contenido en el acuerdo gubernativo 89-2019.
• En tanto la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) solicitó este 7 de octubre a la CC ser considerado como tercero interesado en la acción de Inconstitucionalidad.

Los directivos expusieron que la solicitud se debe a que el Reglamento del Convenio 175 de la OIT es de carácter general que afecta a todos los actores de las relaciones laborales, por lo que es importante tomar en consideración la posición de las pequeñas y medianas empresas exportadoras “que por más de 35 años se han dedicado a generar empleo formal” dijo Carballido.

En dos meses de vigencia del reglamento de trabajo por hora, se generaron 658 nuevos empleos formales en 113 empresas, como colegios, servicios financieros, de construcción, de ventas, de alimentos, contact centers detalla la organización.

Oportunidades

A consideración del Ministro y de Karla Toledo, Gerente de Programas Empresariales del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (Centrarse), coincidieron en que el trabajo de tiempo parcial puede ayudar a que se genere más empleo digno.

El Foro de @CentraRSE acerca del empleo digno se realiza en el marco del Día Mundial del Trabajo Decente que se celebra este 7 de octubre @Economia_pl pic.twitter.com/GbttWasuUc

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 7, 2019

El 97% de la Población Económica Activa (PEA) está ocupada, es decir trabaja, pero el 70% de lo que corresponde al área urbana y 80% en el área rural lo hacen en la informalidad con condiciones no dignas de empleo, sin pretensiones laborales, acceso a seguridad social o prestaciones mencionó Aguilera.

Toledo agregó que muchas empresas buscan crear condiciones dignas de trabajo que incluye horarios, prestaciones, derechos laborales, pero hay otras que no lo hacen.

En los programas de Centrarse con este fin participan alrededor de 600 empresas, comentó.

El funcionario participó en el Foro de Empleo Digno organizado por Centrarse enfocado a la necesidad de innovación en el capital humano para una empresa sostenible y generar condiciones de trabajo en el país, el evento se realiza en el marco del Día Mundial del Trabajo Decente que se celebra el 7 de octubre.

Artículo 3

• El artículo 3 del acuerdo gubernativo 89-2019 establece:

Todo patrono puede contratar a su personal a tiempo completo o parcial, respetando y cumpliendo con las disposiciones del Código de Trabajo y del Convenio relacionado, quienes gozarán de las protecciones, derechos y obligaciones que establecen las leyes ordinarias y convenios internacionales, según la modalidad de su contratación; para ello, deberán celebrar contrato de trabajo escrito cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo.

“Se requiere aclaración”

Para Luis Fernández, especialista laboral y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, “el auto tiene errores técnicos, es procedente una aclaración. Por ejemplo, suspende el 2 y 4, pero más adelante señala partes de esos artículos”.

Su visión es que “en una interpretación integral es claro que el contrato parcial, pagando el salario mínimo por hora, está suspendido”. De esta manera, hay más de una interpretación sobre cómo debe ser leído el fallo de la CC.

“Si en el contrato parcial se van a devengar más de Q2,900 al mes (salario mínimo), eso no se puede restringir. El tema no es que sea parcial, el tema es que al fin de mes devengue el trabajador más de Q2,900”, concluyó.

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El último requisito para poder aplicar en Guatemala la contratación a tiempo parcial se cumplió el jueves 27 de junio con la publicación en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la OIT, el cual entra en vigencia el próximo 5 de julio del 2019.

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La contratación de tiempo parcial promete ser una solución para la contratación de personas que se integran al mercado laboral, además que ayudaría a reducir la informalidad en el país, afirmó Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo y Previsión Social.

Uno de los desafíos para mejorar el mercado laboral en el país y permitir la contratación de las personas que se integran a la población económicamente activa (PEA) es la flexibilización de las leyes relacionadas con el campo laboral.

En ese sentido el funcionario enfatizó que no se debe tomar como una “precarización del empleo”, sino como la modernización que requiere el mercado laboral.

El ministro de Trabajo refirió que las personas que sean contratadas en tiempo parcial, también gozarán de todos los derechos, prestaciones y obligaciones establecidas en el Código de Trabajo, bajo el Convenio 175 de la OIT, que incluye todas las prestaciones laborales y seguridad social, calculadas de manera proporcional.

“Las normas que se establecen en el reglamento únicamente desarrollan los preceptos del convenio y aclaran el tema sobre el salario por hora, por lo tanto, se establece el salario mínimo por hora que esté vigente año con año“, explicó Aguilera.

Aguilera afirmó que si detectan un abuso de la normativa, aplicarán las sanciones correspondientes y estarán vigilantes para velar de que no se abuse de ese reglamento.

Generación de empleo por sector

Al menos seis sectores productivos del país podrían generar más de 100 mil nuevos empleos en el primer año de aplicación del trabajo a tiempo parcial en Guatemala, según distintos cálculos del sector privado y del Ministerio de Trabajo. 

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) compartió que el aspecto más importante que analizan es la reducción de la informalidad y del lado industrial proyectan que el aumento en empleabilidad será de un 10% en el primer año de vigencia, equivalente a 16 mil 62 empleos.

Según el Banco de Guatemala en su publicación Guatemala en Cifras 2019, el número promedio anual de trabajadores en la industria manufacturera afiliados al seguro social fue de 160 mil 618 durante el 2018.

El ejecutivo enfatizó que también se debe impulsar el crecimiento y reactivación económica en la provincia, por ejemplo, con la Zonas Económicas Especiales, como medidas complementarias que podrían incrementar, incluso, ese 10% de estimación inicial.

La industria de vestuario y textil proyecta 100 mil plazas de trabajo anuales, informó Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Si el reglamento se aplica como debe ser, y aprovechando las oportunidades por los problemas que está atravesando Honduras, Nicaragua y México, se pueden generar 400 mil empleos en cuatro años solo en este sector, aseguró el empresario.

“Cambia el mundo laboral de Guatemala, y por otro lado ya no hay excusas para la informalidad, sería una vergüenza. El reglamento otorga flexibilización laboral y el aumento de trabajadores a la seguridad social”, enfatizó Ceballos.

Amador Carballido, director general de Agexport explicó que varios sectores productivos del país podrán aplicar el trabajo a tiempo a parcial y no necesariamente deberán invertir grandes cantidades de dinero en ampliación de infraestructura, porque la generación de empleo se refleja en un mayor número de contratos.

“La industria y comercio que tomarán conciencia de ello, como los servicios financieros, por ejemplo, la banca maneja turnos en diferentes horarios, al igual que los contact center o el desarrollo de software (tecnología) que permite a las personas trabajar desde sus hogares, restaurantes e industrias también lo podrán aplicar”, dijo el directivo de Agexport.

Entre call center y software se podrían crear 65 mil puestos de trabajo, por esta razón, la vinculación es importante y los resultados se verán de manera inmediata, enfatizó Carballido.

Para la industria de centros de llamadas y servicios tercerizados la aplicación de la ley será inmediata porque impulsa la competitividad que necesitan para atraer más inversiones, dijo Ninoshka Linde, gerente del Sector de Contact Center & BPO de Agexport.

“El tiempo parcial también se podrá aplicar para planes de fin de semana. Al tener mayor recurso humano se puede promocionar más el país, y llenar el potencial de crecimiento, también se podrán llegar a nuevos mercados objetivos“, expresó la profesional.

Además, de los 50 mil empleos informales que pasarían a la formalidad, que proyectó el Ministerio de Trabajo a principios de este año.

Sindicatos rechazan reglamento y preparan acciones legales

Rigoberto Dueñas, representante sindical rechazó la publicación del reglamento de trabajo a tiempo parcial y aseguró que analizan plantear una acción de inconstitucionalidad general sobre el reglamento o bien pedirán a otras instituciones que se pronuncien al respecto, pero no detalló cuáles.

Además, señaló que el Convenio 175 de la OIT no puede ser reglamentado, porque entra en oposición y se contradice con el artículo 88 del Código de Trabajo en el artículo 120 del mismo y con el 102 literal G de la Constitución Política de la República.

En opinión de Dueñas, la legislación ya determina cuáles son las jornadas de trabajo que son: 8 horas diarias, para un total de 44 horas semanales, 6 horas diarias para la jornada nocturna para un total de 36 a la semana, y 7 horas para la jornada mixta para un total de 42 a la semana.

“Dice la ley que cualquier disposición legal que disponga una jornada menor o un horario menor a lo establecido en la ley puede el patrono otorgarlo siempre y cuando pague la semana completa. Los empresarios no deberían aplaudir este reglamento, les saldrá el tiro por la culata“, manifestó el sindicalista.

Tampoco consideró como una ventaja el derecho a la seguridad social, porque ya está contemplada en el acuerdo 1123 de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que establece que cuando existan más de tres o más trabajadores, el patrono está obligado a inscribirlos a la seguridad social y si son trabajadores de transporte de carga o pasajeros, con uno que tenga el patrono también deberá inscribirlos.

Dueñas recordó que existe un dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que no otorgó el visto bueno al Ministerio de Trabajo cuando intentó por primera vez reglamentar ese convenio y dijo que no lo otorgaba porque no se ajustaba a las normas legales y constitucionales de Guatemala.

El reglamento tuvo acuerdos

Aguilera dijo que están claros que Guatemala aprobó el Convenio 175 y están conscientes que existen varios análisis que sustentan que estos artículos son anteriores a la discusión del trabajo a tiempo parcial en el marco de la OIT.

“Por lo tanto, al aprobarlo es un convenio de derechos humanos, no hay violación de ley, pero si hay algún tipo de impugnación será la Corte de Constitucionalidad (CC) decidir sobre la materia”, opinó el funcionario.

Ceballos de Vestex analizó que si se dan acciones legales serían sobre el reglamento recién publicado, porque el Convenio 175 ya lo impugnaron y la CC no lo vio favorable, además que es un tratado de derechos humanos y tiene preeminencia sobre el artículo constitucional que obliga a las 44 horas semanales.

“El Convenio 175 de la OIT fue firmado por sindicatos, patronos y gobierno desde hace varios años”, afirmó el empresario.

Carballido director de Agexport espera que si se dan estas acciones “no prosperen” porque la aplicación de la ley tendrá un impacto positivo para el país, por ejemplo en países como Costa Rica que ya lo aplican desde hace años, el 16% de la Población Económicamente Activa (PEA) está bajo algún tipo de contrato a tiempo parcial con prestaciones.

“Estas cifras son importantes para la economía, porque brinda flexibilidad a las personas y a las empresas, tiene un alcance para diferentes grupos de la sociedad que necesitan un empleo por hora, brinda certeza y genera competitividad. El tiempo dará la razón porque se analizó de manera profunda con todos los sectores“, concluyó el exportador.

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Los planteamientos surgieron como alternativas para evitar la migración y las caravas de personas centroamericanas, dada la situación actual, así como las medidas que está anunciando el Gobierno de los Estados Unidos para evitar que las personas continúen buscando el “sueño americano” con redadas masivas.

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“Las personas migran por razones económicas y muchas veces no encuentran empleo”, explicó Ana María Méndez Chicas, coordinadora del proyecto Reframe durante la apertura de la Reunión Regional de Incidencia en Migración Laboral, donde participó Carmen Moreno González, directora de la OIT para Centroamérica y Tomás Pallás Aparisi, jefe de cooperación de la Unión Europea en Guatemala.

Alta migración

Pallás Aparisi dijo que preocupa la salida de personas y es considerado un fenómeno, por lo que se deben atender las acciones para evitar la migración.

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La OIT en conjunto con el Comité Intersindical Regional por la Defensa de los Derechos de las Personas Trabajadoras Migrantes en Centroamérica y la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, analizarán en la ciudad de Guatemala un documento para la protección de los migrantes que incluirá la protección laboral, equidad, cobertura social y Derechos Humanos, entre otros.

Durante la reunión, se confirmó que Centroamérica es un territorio natural para el flujo de migrantes tanto para el norte como para el sur.

Según el informe Sobre las Migraciones Internacionales del 2017 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, América del Norte es la región recibe el mayor número de migrantes de la región, que en 2015 fue de 51 millones, 25 millones eran originarias de Latinoamérica y el Caribe.

Acciones y atenuantes

Moreno González afirmó que los países de la región tienen el reto de generar las condiciones para crear más oportunidades de empleo, fortalecer los sistemas de educación y que las personas puedan acceder a trabajos mejor remunerados, ya que el empleo es la base para la eliminación de la pobreza y así evitar la migración como una necesidad.

“Los países tienen que ver cómo generan inversión y seguridad jurídica para la atracción de capitales, planes y programas para emplear jóvenes”, aseguró la representante de la OIT. Además de descentralizar los servicios y llegar a los territorios.

Isabel Guzmán, representante sindical de Panamá, afirmó que uno de los temas que está impactando a la clase trabajadora es la corrupción y ahora lo Gobiernos deben estar conscientes de que la falta de transparencia y los beneficios personales les están pasando la factura a los trabajadores.

“Se debe garantizar el empleo y el acceso a bienestar, pero existe una incidencia por este flagelo”, aseguró la delegada sindical.

Además del tema económico y empleo, otras causas que generan migración son la falta de los servicios de educación y salud, violencia, vulneración a los derechos humanos y laborales, desplazamientos forzados, cambio climático, entre otras factores sociales, políticos y económicos.

¿Qué camino seguir?

Méndez Chicas afirmó que otra de las alternativas es que los Gobiernos gestionen programas de migración laboral regulada con los países que están demandando mano de obra calificada y no calificada.

Explicó que estos programas son efectivos y que permiten atender las soluciones, pero se necesita una intensa coordinación entre los ministerios de Trabajo y las Cancillerías.

“Los programas regulares de trabajo temporal pueden quitar presión a los países de origen, con enfoque equitativo y, a los trabajadores que salen, hay que garantizar sus derechos laborales”, dijo la coordinadora del proyecto Reframe.

Méndez añadió que hay que comprender la lógica de la migración y los aportes que se tienen por el ingreso de remesas a la economía.

Recordó que este modelo puede ser una alternativa, dada la alta demanda de trabajo en países desarrollados, por lo que se debe trabajar un tipo de perfil específico de trabajadores y prospectiva laboral para determinar hacía dónde se debe de dirigir esta actividad regulada.

Demanda

La coordinadora del proyecto Reframe afirmó que hay oportunidades para la contratación de trabajadores, sin intermediarios, ni agencias, pero que las autoridades deben de apoyar.

Citó como ejemplo que áreas de interés en:

• ·         Servicios
• ·         Cadena de cuidados (a personas adultos mayores y niños)
• ·         Agricultura
• ·         Tecnología

Los mercados que tienen un interés son México, Estados Unidos, Canadá y Qatar (estado árabe).

“No es prioridad”

Pedro Pablo Solares, asesor de la iniciativa Puente Norte Migraciones, afirmó que los programas de trabajo temporal surgen como negociaciones entre los países a través de los servicios exteriores, siempre y cuando se busquen resolver las necesidades económicas de un país y las necesidades laborales de otro.

Sin embargo, en las condiciones actuales de la Cancillería guatemalteca, no tiene interés de afrontar la problemática migratoria, eso es imposible.

“Los programas que alivian la migración económica son funcionales y está demostrado que las personas hacen circulares, es decir, viajan, trabajan, retornan y viven con la familia”, afirmó.

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Méndez Chicas dijo que el Ministerio de Trabajo ejecutó un programa de trabajo temporal en Canadá con 13 personas en el sector agrícola, sin intermediarios y que la idea es replicarlo con otros países.

Explicó que en promedio unas 300 personas migraban diariamente hace algunos años de Guatemala, pero que la cifra pudo haberse incrementado.

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Un informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) remarcó que las competencias y habilidades de hoy no se ajustarán necesariamente a los trabajos del mañana, o bien que las ya adquiridas queden obsoletas rápidamente.

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También el camino de las economías hacia una senda más sostenible ambientalmente creará millones de puestos de trabajo a medida que se adopten prácticas sostenibles y tecnológicas, pero a la vez muchas posiciones desaparecerán al dejar atrás las industrias basadas en el carbón.

La evolución demográfica será otro factor importante. El aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo y el envejecimiento en otras generará presión sobre los mercados de trabajo y los sistemas de seguridad social, y esos cambios abrirán nuevas vías para contar con sociedades activas, basadas en los cuidados y la inclusión.

Por lo anterior, la OIT llama a los Gobiernos, las organizaciones de empleadores y los trabajadores se comprometan a acciones que permitan “revitalizar el contrato social” que asegura a los últimos una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen a cambio de su contribución laboral.

En ese sentido, Kelvin Aguilar, coordinador del Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social comentó que el mercado laboral guatemalteco no es ajeno a esas transformaciones, sumando a ello los retos que aún se deben enfrentar como sociedad para promover el empleo digno.

Para ello es necesario generar una discusión en torno a cómo enfrentar esos desafíos y se pueden abordar desde el surgimiento de nuevas ocupaciones, nuevas modalidades en las relaciones laborales, innovación tecnológica y su impacto en el empleo, nuevas tendencias ocupacionales y necesidades de formación, entre otros.

Según Aguilar, existen 5 aspectos importantes que se refieren a ese mercado laboral dinámico y que aún no se tienen definidos en el país:

1. Categorías ocupacionales: El surgimiento de nuevas categorías ocupacionales, como el empleo por plataforma, es decir, personas trabajando para empleadores en el extranjero que no permite la regulación actual de la legislación nacional.
2. Formación laboral ante la revolución 4.0: La existencia de analfabetismo informático no permite la preparación del recurso humano en el uso de nuevas tecnologías, la poca formación laboral ante esta nueva tendencia de un mercado laboral globalizado.
3. Certificación de competencias laborales: Esto se refiere a cómo respaldar aquella formación empírica, por ejemplo, los migrantes retornados que aprendieron un oficio en el extranjero, pero cuando vuelven al país no tienen un respaldo de los conocimientos adquiridos, y el país no posee un mecanismo que pueda certificar esas competencias.
4. Inadecuación de competencias laborales: Algunas personas están sobrecalificadas o que no están calificadas para desempeñar una ocupación y por consiguiente los ingresos no son congruentes. Existen profesionales que tienen que vender su mano de obra por debajo de lo que deberían ser remunerados por la falta de oportunidades.
5. Fortalecimiento a las unidades productivas: Esto se refiere al acompañamiento para que las unidades productivas puedan formalizarse, y puedan pasar el valle de la muerte, para que lleguen a consolidarse y puedan convertirse en generadoras de empleo. Más del 70% de las unidades productivas en Guatemala generan entre 1 y 10 puestos de trabajo, eso quiere decir, que son pequeños emprendimientos.

Foro en Guatemala planteó el tema

El 11 de abril se llevó a cabo el foro “Claves para el Empleo Digno en un Mercado Laboral Dinámico” que organizó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La cita generó un diálogo con representantes de diversos sectores de la sociedad, con el propósito de sumar aportes que contribuyan a fortalecer el accionar de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 y propiciar la integración de esfuerzos orientados a la generación de empleo y de condiciones propicias para la empresarialidad, el desarrollo de capital humano y la formalización de la economía, informó Aguilar.

El foro propició tres momentos en donde se abordaron los siguientes temas:

• Guatemala y el futuro del trabajo
• Panel: Factores determinantes para responder a las necesidades actuales del mercado del trabajo
• Conversatorio: ¿Cómo afrontar las transformaciones del mercado laboral?

Se contó con la presencia de 150 personas, que incluyó a representantes de la OIT, funcionarios de instituciones gubernamentales, cámaras empresariales, organizaciones de trabajadores, académicos, centros de pensamientos e investigación socioeconómica, organizaciones de cooperación internacional y medios de comunicación.

Un programa centrado en las personas

Para lograr ese fin, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT planteó 10 recomendaciones, como parte de un programa “centrado en las personas” y que de seguirse generaría crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras.

1. Garantizar el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente: Esto incluye el aprendizaje formal e informal desde la primera infancia y hasta la vida adulta. Los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores, así como las instituciones educativas, tienen responsabilidades que se complementan a la hora de generar un entorno de aprendizaje que sea efectivo y cuente con financiación.
2. Incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que apoyen a los trabajadores a lo largo de las transformaciones del futuro laboral: La OIT asegura que especialmente los jóvenes necesitarán ayuda para la cada vez más complicada transición de la escuela al trabajo. También se deben aumentar las posibilidades de los trabajadores mayores para que puedan permanecer en el mundo laboral mientras lo deseen.
3. Aplicar un programa transformador para lograr la igualdad de género: Las políticas deben promover que se comparta el trabajo de cuidados no remunerados en el hogar para crear una auténtica igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. Para esto se debe fortalecer la voz de las mujeres y su liderazgo, la eliminación de la violencia y el acoso, y la aplicación de transparencia salarial.
4. Proporcionar protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez: El futuro del trabajo necesita un sistema de protección social sólido y con capacidad de respuesta que asegure cobertura para todas las personas vulnerables.
5. Establecer una Garantía Laboral Universal: Significa que todos los trabajadores sin importar su acuerdo contractual o situación laboral deben disfrutar de los derechos fundamentales del trabajo, tales como un salario adecuado, límites máximos respecto a las horas de trabajo, seguridad social y cobertura de salud.
6. Ampliar la soberanía sobre el tiempo: La Comisión asegura que los trabajadores necesitan una mayor autonomía sobre su tiempo de trabajo, sin dejar de satisfacer las necesidades de la empresa, e invita a aprovechar la tecnología para ampliar las oportunidades y conciliar la vida profesional con la personal. Esto se traduce en opciones reales de flexibilidad y control sobre los horarios de trabajo.
7. Garantizar la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores: “Todos los trabajadores deberán disfrutar del reconocimiento de su libertad sindical y del derecho de negociación colectiva, con el Estado como garante de esos derechos”, asegura el informe.
8. Administrar la tecnología a favor del trabajo decente: Los avances tecnológicos deben incluir una reglamentación del uso de datos y de la responsabilidad sobre el control de los algoritmos en el mundo del trabajo. También debe establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales que exijan el respeto a determinados derechos y protecciones de los usuarios y clientes. La OIT resalta además que, en el caso de la inteligencia artificial, se debe garantizar que las decisiones definitivas que afectan el trabajo “sean tomadas por personas”
9. Dar incentivos para promover inversiones en áreas claves en favor del trabajo decente y sostenible: Este tipo de inversiones impulsará la igualdad de género y podrían crear millones de puestos de trabajo y nuevas oportunidades para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. También el desarrollo de la economía rural, del cual depende el futuro de muchos de los trabajadores del mundo, debería convertirse en una prioridad.
10. Remodelar las estructuras de incentivos empresariales en pro de sus estrategias de inversión a largo plazo: Esto incluye políticas fiscales justas, la revisión de las normativas contables empresariales y nuevos modos para medir el desarrollo de los países para que den cuenta de las dimensiones de su crecimiento, el valor del trabajo no remunerado que se realiza en el servicio doméstico en las comunidades.

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Este año podría implementarse la contratación de personas a tiempo parcial una vez se publique el reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que aún se mantiene en discusión.

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Tanto el sector empleador y trabajador mantienen posturas diferentes sobre la implementación y el documento final esta en consultas.

Uno de los desafíos para mejorar el mercado laboral en el país y permitir la contratación de las personas que se integran a la población económicamente activa (PEA) es la flexibilización de las leyes relacionadas con el campo laboral.

Durante el foro Perspectivas laborales en el entorno sociopolítico actual, que organizó la Asociación de Gestión Humana (AGH) de Guatemala y el Banco de los Trabajadores (Bantrab), los expositores coincidieron en que, en este período de campaña electoral, el tema de empleo cobrará una mayor relevancia, por lo que es necesario apoyar esas iniciativas.

Urgen reglamento

Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que un efecto inmediato para la economía nacional y sobre todo para el mercado laboral es que el Ministerio de Trabajo (Mintrab) agilice la aprobación del Reglamento 175 de la OIT. Afirmó que uno de los temas para este año es que se publique la reglamentación, que permitirá que las empresas contraten personal por el tiempo que sea requerido, tenga acceso a la cobertura de un salario mínimo y seguridad social.

“Para que las personas que necesitan un trabajo a tiempo parcial puedan tener ingresos, para apoyar —en la economía— en los hogares, y en el caso de los jóvenes, poder pagar sus estudios”, aseguró.

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Añadió que había dudas sobre el alcance que pueda tener la normativa y que en los próximos días se podrá contar con el instrumento reglamentario del convenio 175, que será beneficioso para el país.

Anticipó que el reglamento formalizará el trabajo a tiempo parcial que están prestando las personas en la economía informal, y a la vez podrán acceder a la cobertura de Seguridad Social y a un salario mínimo, que en la actualidad es algo invisible.

La oficina de comunicación social del Mintrab, informó que la propuesta del Reglamento 175 de la OTI ya se concluyó y que actualmente se está en la fase de pedir opiniones al sector empleador y trabajador.

Modernización

Ardón afirmó que como sector empleador se deben actualizar las leyes relacionadas con el marco laboral.

Explicó que la legislación viene desde 1960, y aunque se han presentado reformas, hay cambios importantes y relevantes en la economía. Agregó que cada vez hay sectores productivos diferentes y modalidades de trabajo que requieren una diferenciación por su actividad, pero que no tienen un adecuado reconocimiento sobre su legislación.

“El desafío que se ha planteado en la reunión de la AGH, es precisamente cómo se hace para abordar una discusión en Guatemala que permita tener un mejor marco legal a través por el cual se pueda tener mejores relaciones laborales”, precisó Ardón.

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (Cien), subrayó que un componente esencial del mercado laboral moderno es hacer cambios a la legislación y que proporcionen la flexibilidad a favor de los empleadores y trabajadores, sobre todo para integrar a las nuevas personas que se integran a la masa laboral (personas mayores de 18 años o que han finalizado sus estudios de nivel medio).

El consultor independiente Ezzra I. Orozco citó como ejemplo que varias economías han logrado sobresalir de las condiciones de pobreza otorgando en parte las condiciones de flexibilidad laboral.

No es viable

Rigoberto Dueñas, representante del sector trabajador ante la Comisión Tripartita de la OIT, dijo que el Convenio 175 y el reglamento no proceden porque “en la Constitución se establece que la jornada laboral es de ocho horas diarias”.

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El sindicalista explicó que ya hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que señala que no aplica, sin embargo, hubo otro dictamen que es sesgado.

“Implementar el Convenio 175 en Guatemala es nefasto, porque traerá consecuencias negativas a los trabajadores”, puntualizó el líder sindical.

Mercado laboral

La población en edad de trabajar en Guatemala es de 4.2 millones de personas y la población económicamente activa es de 2.7 millones, mientras que la población ocupada es de 2.5 millones, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) 1-2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Enei determinó que 142 mil 592 personas es la población desocupada y 2.1 millones es la población económicamente inactiva.

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Distintos estudios predicen que hasta dos tercios de los puestos de trabajo en el mundo actual podrían quedar parcial o totalmente automatizados en pocas décadas a medida que progresa el desarrollo de los robots y las máquinas ya sean capaces de aprender por sí solas con el avance de la inteligencia artificial.

Las propuestas

Frente a esta realidad, la OIT publicó las siguientes predicciones:

• La ecologización de las economías gracias a retos como la lucha contra el cambio climático puede generar hasta 24 millones de puestos de trabajo globales, capaces de compensar en parte los 6 millones que podrían perderse al adoptarse economías libres de emisiones de carbono.
• El cambio demográfico en las sociedades desarrolladas, donde el envejecimiento poblacional hará que en regiones como Europa aumente hasta 24 puntos porcentuales la tasa de dependencia (personas por debajo de 15 años o por encima de 65), podría generar 475 millones de empleos para 2030. “Hay muchas fuerzas transformando el trabajo que pueden generar grandes desafíos, pero también destacadas oportunidades que tenemos que aprovechar”, declaró hoy Ramaphosa en la sede de OIT en la ciudad suiza.
• Con un mercado laboral precario -un 60 por cien de los trabajadores del mundo ejercen empleo informal- la OIT exhorta en su estudio a “aprovechar las posibilidades que brindan estas transformaciones profundas para crear un futuro más prometedor”.
• Un llamado a “revitalizar el contrato social” para que se asegure a los trabajadores “una participación justa en el progreso económico”.
• En un momento en el que muchos empleos quedan rápidamente desfasados, la OIT reclama “el derecho a un aprendizaje a lo largo de toda la vida”, una formación permanente que cuente con financiación adecuada. “La gente tendrá que ser formada una y otra vez durante toda su vida, con un sistema que sea financiado por fondos sociales”, afirmó el presidente sudafricano.
• Siempre controlado por humanos. Con la llegada de la inteligencia artificial, empleos que hasta ahora se creían sólo posibles para un ser humano podrían ser adoptados por máquinas, ante lo que la OIT reclama adoptar medidas para que esa tecnología esté siempre “bajo control humano”.
• Establecer una Garantía Laboral Universal, con la que todos los trabajadores del mundo disfruten de mismos derechos fundamentales, un sueldo adecuado y límites máximos de horas de trabajo, aunque evita referirse a un salario mínimo global.

El problema con los algoritmos

“Las decisiones definitivas que afecten el trabajo deben ser tomadas por seres humanos y no por algoritmos”, proclama la OIT, aunque hoy su director general matizó que “no es un asunto de ‘o nosotros o los robots’, también depende de aplicación de políticas para crear soluciones socialmente positivas”.

Esos algoritmos, advierte el informe de la organización internacional, pueden reproducir “sesgos y perjuicios históricos”, e incluso discriminar por género, cuando la OIT sitúa también la lucha por la igualdad de sexos en el trabajo como uno de los grandes objetivos a conseguir en el mercado laboral futuro.

“Exhortamos a todas las partes interesadas a que asuman su responsabilidad en la construcción de un futuro del trabajo justo y equitativo”, resume la OIT en su informe, donde señala que si no se toman con urgencia medidas “se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes”.

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Ejecutivos de Agexport consideran que sería posible, pero opinan que también se debe generar una política de atracción de inversiones y otras condiciones.

Aguilera explicó que las 50 mil plazas a las que se refiere incluyen empleos nuevos y otros que actualmente se registran en la informalidad.

El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los estándares para el empleo a tiempo parcial y que se basa en los principios de proporcionalidad y no discriminación, fue aprobado por el Congreso con el decreto 2-2017, hace 23 meses. Sin embargo, aún no se puede aplicar esa figura, porque necesita regulación.

Aguilera dijo que el convenio sugiere que puede normarse por una ley o por un reglamento. En la actualidad existe una propuesta de reglamento efectuada por el Ministerio de Trabajo que se encuentra en revisión en la Secretaría General de la Presidencia, y en el Congreso hay una iniciativa de ley para la cual algunos diputados buscan votos, añadió.

Los dos están en proceso de discusión y esperaríamos finalizar este proceso pronto para poder implementar esta figura, mencionó el funcionario.

“Esa regulación es necesaria para generar empleo, y lejos de menoscabar los derechos laborales vendría a fortalecer a los guatemaltecos que actualmente trabajan a tiempo parcial pero en la informalidad, sin derechos laborales, prestaciones o seguridad social”, comentó.

Agregó que se necesita generar oportunidades laborales, ya que 190 mil jóvenes se gradúan cada año y solo el 20% tiene la posibilidad de acceder a un empleo formal.

Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que, según su naturaleza, hay diferentes sectores de industrias y empresas que podrían generar empleos de tiempo parcial.

Cree que el número mencionado por el ministro podría lograrse, pero acompañado de una política de atracción de inversiones que generen incentivos y certeza jurídica.

Por ejemplo, explicó que el sector de servicios tercerizados y de atención telefónica les ha mencionado que tiene 35 mil empleos en la actualidad, pero que podrían llegar a 50 mil, para lo cual el trabajo a tiempo parcial es uno de los aspectos.

Se generarían 15 mil empleos. Esa figura de contratación es solo un aspecto en ese sector, ya que también deben tener en el país el recurso humano que hable inglés, aspecto en el que han afrontado dificultad y también ha afectado el tipo de cambio.

La industria de servicio de atención telefónica, servicios médicos y desarrolladores de software requieren de jóvenes que están cerrando su carrera en universidades. Tanto en ese sector, como en otros, también puede haber oportunidades para amas de casa que necesiten trabajar media jornada, ya que puede ser en turismo, hotelería, restaurantes, enfermería o en clínicas médicas, añadió la ejecutiva.

Según D. Estrada, el convenio 175 acerca del trabajo parcial es una herramienta que genera certeza jurídica en ese tipo de contratación ya que las empresas extranjeras son delicadas para el cumplimientos de la leyes en cada país y son muy formales.

“Es un aspecto que suma para abrir la atracción de inversiones, pero falta una política y una ley de promoción de inversiones, recuperar las y recuperar la ley de zonas francas”, mencionó.

El ministro Aguilera coincidió con eso, y mencionó que “para la atracción de inversiones Guatemala debería empezar por la ley de zonas francas, incentivos fiscales y no fiscales y atraer empresas que generen tanto mano de obra masiva y mano de obra calificada que sea mejor pagada”.

El trabajo de tiempo parcial puede ser de cuatro a seis horas y la persona debe tener derecho a todas sus prestaciones de ley, como el aguinaldo, bono 14, indemnización, vacaciones y seguro social.

El país debe establecer medidas legislativas para asegurar que los trabajadores de tiempo parcial no perciban un salario que calculado proporcionalmente sea inferior al salario base de los trabajadores de tiempo completo que estén en una situación comparable, se añadió.

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