Asistencia psicológica y legal se dejaría de brindar a víctimas de la violencia, luego de que la Fundación Sobrevivientes no recibiría fondos del Estado el próximo año.

Según hizo público este viernes 25 de noviembre la misma fundación, “se niegan los fondos de Estado” para la atención de víctimas de violencia.

En un comunicado, la entidad precisa que en 16 años los fondos que se han recibido han servicio para proporcionar asistencia a más de 35 mil personas, además de brindar resguardo en casa refugio a más de mil 800.

Después de que a la Fundación se le excluyó del presupuesto, la fundación “tiene que cerrar las puertas del centro de atención y se dejará de brindar atención psicológica, asistencia legal y resguardo en casa refugio, afectando directamente a mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia”, indicó.

Le puede interesar: Incendio en un hogar de la SBS pone en debate la necesidad de revisar sistema de protección estatal

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

“Actualmente el Estado guatemalteco no está en capacidad de dar cobertura a todos estos requerimientos de las víctimas, entonces, al negar que otras instituciones puedan mitigar esta problemática, pareciera que se carece de un sentido de humanidad”, agregó.

Fundación Sobrevivientes demanda ahora que se les incluya de nuevo en el presupuesto nacional, y menciona que los fondos han sido siempre manejados con transparencia.

Aunque no reciban recursos del Estado, la entidad indicó que “continuará trabajando el empoderamiento económico en mujeres, el programa de Sistemas Municipales de Protección de la Niñez y Adolescencia, fortaleciendo a instancias del Estado. Nuestro compromiso es trabajar en la prevención y atención a favor de la mujer y la niñez”.

Lea también: 139 denuncias de violencia contra la mujer recibe a diario el MP; preocupa a organizaciones impunidad en casos

Entre los casos más emblemáticos en los que ha brindado la fundación asistencia, se encuentran el de Hogar Seguro y Cristina Siekavizza.

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG, incluida la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, informó este lunes el Poder Legislativo.

El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020).

Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer régimen sandinista (1979-1990), que también encabezó el actual mandatario, de quien se distanció en 1995 cuando fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Lea también

Oposición de Nicaragua pide a la OEA aplicar la Carta Democrática

En tanto, Cardenal, que fue ministro de Cultura, pasó de símbolo de la revolución sandinista a ser un “perseguido político”, como él mismo se declaró, de Ortega y de la esposa de este, la vicepresidenta Rosario Murillo, con quienes se enfrentó en los últimos años de su vida.

Tanto el escritor como el poeta participaron en la lucha contra la dictadura de la familia Somoza y fueron militantes hasta 1995 del FSLN, en el poder con Ortega desde enero de 2007.

Cardenal, una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana y gran promotor de la Teología de la Liberación, sostenía que el Gobierno de Ortega “no es de izquierda, ni sandinista, ni revolucionario, sino simplemente es una dictadura familiar”, como la que derrocaron.

También defensoras de DDHH

La cartera de Gobernación también propuso a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991.

Otras ONG propuestas a ser ilegalizadas son la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera.

También la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba, y la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

Además, la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil.

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.

Las últimas 25 ONG, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisas, fueron anuladas el 17 de marzo pasado.

Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.

El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.

No se registraron como “agentes extranjeros”

Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 25 ONG que serán afectadas han incumplido con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como “agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior”.

Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.

La Asamblea Nacional (Parlamento), incluyó la nueva iniciativa en la orden del día de este miércoles, por lo que está previsto que sea presentado ante el plenario.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

El presidente Alejandro Giammattei considera que las reformas a la Ley de Oenegés, sancionadas por él, entran en vigor el próximo viernes, al señalar que el momento impugnado en la Corte de Constitucionalidad (CC) prescribió cuando sancionó el cuerpo legal y fue publicado en el Diario de Centro América.

Giammattei dio las declaraciones al finalizar el quinto encuentro ciudadanos organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo. Comentó que sobre el momento de la sanción no hay ningún amparo, por lo que la norma debe entrar en vigor este 6 de marzo.

LE PUEDE INTERESAR

Ley de ONG: CC ampara a organizaciones y suspende decreto 4-2020

“Creemos que no aplica porque el momento que está siendo impugnado es un momento que ya prescribió, justo cuando sancioné la ley. Son los abogados los que están haciendo un dictamen y la ley debería entrar en vigor a partir del próximo viernes”, dijo el mandatario.

El gobernante insistió: “Yo sancioné la ley, y sobre el momento de la sanción de la ley no hay ningún amparo, la ley entra en vigor a partir del viernes”.

Mientras que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que ellos se enteraron del amparo por los medios de comunicación y que fueron notificados el martes último a las 10 de la mañana.

“No he podido entrar a conocer a profundidad -la resolución de la CC-. Nuestros abogados están estudiando el amparo, lo que ellos -la Corte- enviaron y notificaron más tarde. Tengo reunión con los abogados y vamos a entrar a conocerlo, no quisiera adelantar criterio, si vamos a pedir o no ampliación y aclaración, ya que son los abogados los que están estudiando el recurso”, dijo Rodríguez.

El abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, dijo que él creyó que lo resuelto por la CC era una inconstitucionalidad general de la ley y no un amparo, por lo que se mostró sorprendido.

“El amparo es en función de cuestiones irregulares durante la gestación de la Ley, y por lo mismo lo que suspendió la Corte es el acto mismo de la creación de la ley por determinadas irregularidades y amenazas que los amparistas señalaron. Es un poco estirado pero la Corte tiene razón porque deja sin efecto el acto de creación final de la ley y por lo tanto queda sin efecto la sanción y la publicación en el diario oficial”, explicó Fernández Molina.

El jurista manifestó que el mayor problema es que la Corte de Constitucionalidad “marca los propios territorios” y resuelve en donde haya vacío legal, y Guatemala está colmada de vacíos legales y es la CC la que “crea jurisprudencia y crea derecho”.

“El amparo hacía un acto legislativo después que se haya sancionado, sí suena raro pero en el fondo de esta confusión jurídica es la CC la que debe resolver, y si el acto donde se creó la ley es lo que deja sin efecto, todo lo que surge después se cae por su peso”, concluyó el exmagistrado.

El amparo deja la ley en el estado en el que se encontraba antes de aprobación, es decir, aprobada en segunda lectura, por lo que el decreto 4-2020 no entraría en vigencia.

Juristas y diputados han dicho esta semana que luego de que la CC confirme el fallo, el proyecto de ley se tendrá que volver a conocer y discutir para que después pase a su aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final para su sanción por parte del Ejecutivo.

Aunque también creen que se debería suspender el procedimiento, pues la ley ya había sido sancionada por el presidente y estaba a punto de entrar en vigor, por lo que debería atacarse por medio de la inconstitucionalidad.

Los interponentes del amparo señalaron que en la aprobación de la ley se enmarcan violaciones a los derechos de libertad de asociación, a la libertad de acción, a la seguridad jurídica. al debido proceso, libertad de emisión del pensamiento y a la participación ciudadana.

LEA TAMBIÉN

Condenan a Pedro Muadi, expresidente del Congreso, a 30 años de cárcel por Plazas Fantasma

El amparo deja la ley en el estado en el que se encontraba antes de aprobación, es decir, aprobada en segunda lectura.

Juristas y diputados consultados consideran que luego de que la CC confirme el fallo el proyecto de ley se tendrá que volver a conocer y discutir para que luego pase a su aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final para su sanción por parte del presidente del Ejecutivo.

Aunque también creen que se debería suspender el procedimiento, pues la ley ya había sido sancionada por el presidente y estaba a punto de entrar en vigor, por lo que debería atacarse por medio de la inconstitucionalidad.

El expresidente de la CC Roberto Molina Barreto calificó el amparo otorgado como “híbrido”, ya que está suspendiendo una ley que ya fue sancionada y que esta debió atacarse por una inconstitucionalidad, por lo que la Corte debió suspender el trámite del amparo.

“No le encuentro ni pies ni cabeza a este proceso, creo que debería ser suspendido de forma definitiva y se debería suspender por una inconstitucionalidad, que es la vía constitucional adecuada para corregir, si la Corte considera que hay alguna situación que pueda suspender la norma”, detalló Molina Barreto.

El exmagistrado señaló: “Evidentemente es lo que persigue, mi respuesta va más encaminada al procedimiento constitucional del amparo o a la vía de la inconstitucionalidad que es lo que corresponde, pero si suspendieron el acto de aprobación en tercera lectura (…) en todo caso podrán dar las luces para que ocurra eso de volver a discutir y corregir algunas situaciones que se puedan considerar que afectan la convencionalidad que dice la sentencia, por economía procesal y por respetar la institucionalidad del país, debería de tramitarse la inconstitucionalidad.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, respecto del amparo provisional, considera que la sentencia definitiva podría ser para que el Congreso vuelva e inicie el procedimiento de formación de ley.

“Puede regresarse a la segunda lectura, tercer debate, dependiendo de lo que la Corte resuelva de dónde se violó el derecho, pues podría seguirse la formación y promulgación de la ley y que en la modificación de artículos habría una dinámica de discusión y se introduzcan cambios, que estarían sujetos a la formación de la ley y que esta tenga un buen contenido”, explicó la experta.

Escobar señaló que por ahora no ha escuchado que nadie se oponga a la transparencia a una mejor cuentadancia de quienes son los beneficiarios de las cuentas.

La jurista dijo que hay una inconstitucionalidad que está pendiente de conocerse en la CC y en esta se deberá establecer si hay alguna norma que viole la Constitución, mientras que por la vía del amparo se busca determinar si se cumplieron todos los procedimientos establecidos en la carta magna y no violó un derecho.

La magistrada de la CC, Dina Ochoa, en su voto razonado indica que a su consideración no era el amparo la forma en la que se debía atacar el asunto, ya que la ley ya había sido sancionada por el presidente Alejandro Giammattei y que estaba a punto de entrar en vigor, por lo que se debió atacar por una inconstitucionalidad.

“Una vez aprobado el cuerpo normativo en referencia, los ahora postulantes, tienen a su alcance las garantías constitucionales pertinentes y regulados en la ley de la materia para la defensa de la supremacía constitucional -acción de inconstitucionalidad de una ley- la que, incluso, en algunas ocasiones, se ha estimado por vicios procesales”, explicó Ochoa en su voto razonado.

Criterios divididos

El jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, dijo que ven positiva la resolución de la CC, ya que este tipo de legislación antidemocrática se ha aprobado en países como Venezuela, Rusia y Nicaragua y estas están encaminadas en acallar las críticas a los gobiernos restringiendo libertades democráticas y civiles.

“Si bien es cierto que hay una ley que fiscaliza las oenegés y que es necesaria, esta norma tiene tres aspectos que podría caracterizarla como antidemocrática. La primera es que no se tiene un debido proceso para que las personas se puedan defender ante una inminente cancelación o supresión. Segundo, limita la libertad de asociación y tercera se dieron atribuciones a la Administración Tributaria que deben ser resueltas con 107 votos y estos no fueron aprobados de esa forma”, expuso el parlamentario.

Walter Félix, jefe de bloque de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) manifestó que no está en contra de que se fiscalicen las oenegés, pero esta ley sí tiene varias inconstitucionalidades y que era lógico que la suspendiera la Corte.

“Hay otros temas que no buscan la fiscalización y que entonces colisionan con derechos constitucionales de la población. Es muy probable que la Corte la regrese a como estaba antes de su aprobación”, dijo Félix.

El diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), manifestó que el Congreso no tiene que hacer nada, el presidente cumplió con sancionar la ley, sancionar y publicar la ley.

“Yo lo que digo es que el amparo no cumple su naturaleza, el inminente riesgo de aprobar no cabe, porque ya fue aprobada, los actos subsiguientes, ya fue sancionada, promulgada y publicada, y lo que corresponde ahora es plantear una acción, la cual no debe ser por vía del amparo”, refutó.

El jefe de bloque de Visión don Valores, Rudy González considera que la CC cometió un error al haber suspendido esta ley tomando en cuenta que esta ya había sido sancionada y publicada en el diario oficial.

“Lo que se debió haber planteado es una inconstitucionalidad; sin embargo, la CC otorgó un amparo, lo cual creemos que es un error porque constitucionalmente no puede ser, creemos que las cosas se deben hacer en el orden, suponiendo que ellos son el ente más alto de la Constitución, deberían saber el orden de los fallos emitidos y no solo viendo que solo un sector de la población sea beneficiado”, expuso el diputado.

La sanción del Decreto 4-2020 que reforma la Ley de ONG es, por igual, aplaudido y rechazado por distintos sectores de Guatemala. La discrecionalidad en su aplicación puede ser la constante en las críticas.

Lea también:

Congresistas estadounidenses instan a Alejandro Giammattei a vetar Ley de ONG

Hay argumentos que se sostienen en la necesidad de fiscalizar las ONG y hacer más robustas las sanciones, mientras que en el otro extremo se señala que podría convertirse en una herramienta de control gubernamental.

Un punto que sí provoca acuerdos y une opiniones es que la ley es perfectible y debe alejarse de discrecionalidades.

“No veo una justificación constitucional para suspender la norma”

El expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) Roberto Molina Barreto, considera que las reformas a la ley de oenegés son necesarias para que se transparenten los ingresos y egresos de estas organizaciones y en la vigencia de esta normativa no existe ninguna inconstitucionalidad.

“El problema es que hay muchas oenegés, que, no obstante, sus estatutos que definen su finalidad efectúan otro tipo de actividades y, entonces, el fruto de las donaciones es para el bolsillo de quienes las dirigen”, explica el abogado constitucionalista.

Molina Barreto sí señala que hay libertades que garantiza la Constitución y que se deben respetar siempre “pero no hay ninguna libertad absoluta, todas deben ser reguladas, incluso el derecho a la propiedad privada tiene una reglamentación y tiene un límite”.

El constitucionalista no ve ningún problema en la ley recién sancionada por el Ejecutivo y, según su criterio, no se atenta con estas reformas ningún derecho, sino su espíritu es tener más control y fiscalización de los recursos que estas instituciones captan, así como su ejecución.

“El hecho de que se esté fiscalizando y se pueda supervisar a una institución de estas no necesariamente atenta contra la libertad de asociación, prensa, o cualquier otro tipo de libertad, es simplemente reglamentarlas jurídicamente”, agregó.

Son términos muy generales, posiblemente pudo haber sido más clara la normativa, pero ahí viene la. cuando una norma legisla con mucha especificidad viene la crítica de que va dirigida a ciertos grupos sociales.

En cuánto a las sanciones más drásticas que podría enfrentar una organización por alterar el orden público, Molina Barreto tampoco ve un peligro inminente, aunque “como todas las leyes son perfectibles” se debe tener una “interpretación extensiva” sobre lo normado.

“Si una oenegé se siente agraviada por esta norma debe estar tranquila, porque lo que tendrá que hacer a la hora de que se pudiera suspender en forma arbitraria pues es simplemente defenderse y acreditar que cumple con sus propias normativas, no tiene pena de que se le supervise o fiscalice sus finanzas, pues hay métodos de defensa como en cualquier otra ley, como la de contencioso administrativo y la vía de amparo”, dijo el constitucionalista.

Agregó: “Las dudas están fundadas, más que todo, en cuanto a la restricción de los derechos de libertad de expresión, asociación y manifestación y sinceramente yo no veo que se estén limitando esas libertades, pues todas las libertades constitucionales de derechos humanos tienen que ser reglamentados para evitar arbitrariedades y el desorden”.

“Lo peligroso de esta ley es esta ambigüedad”

Adeline Nuan, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, ve en la reforma a la ley de oenegés un peligro, por ciertas ambigüedades que podrían significar una aplicación discrecional de las sanciones.

Amnistía Internacional, desde hace un año, a través de sus canales de comunicación se manifestó en contra de reformar la ley de oenegés, tomando como referencia otras experiencias en el mundo, donde los “gobiernos pueden instrumentalizar leyes para cancelar organizaciones incómodas”.

“El poder que le da al gobierno de interpretar esto -orden público- y el poder que le da al gobierno de interpretar esto y poder cancelar una organización por considerar que sus actividades son contrarias al orden público, sobre todo en un contexto como Guatemala, donde hay mucha criminalización de personas defensoras de derechos humanos”, opina la activista radicada en México.

De acuerdo con Nuan, las organizaciones civiles sirven en los países de la región como contrapeso, “en muchas ocasiones defienden derechos humanos, levantan la voz de los que no están siendo escuchados” y se vuelven incómodos para grupos que administran el poder, “de ahí la preocupación que esta ley pueda ser utilizada para silenciar a las organizaciones más incómodas”.

Con las actuales reformas “gana un gobierno que no quiere que lo incomoden”, dice Nuan, además de que Amnistía Internacional ve con preocupación que la aprobación de la reforma se haga al inicio de un nuevo mandato presidencial.

“Es un mensaje muy preocupante, nefasto, hay miles de voces que se han levantado contra esa ley, incluyendo expertos de la ONU que han explicado cuáles son los peligros para la libertad de expresión y asociación”, señaló Nuan, durante una entrevista telefónica con Prensa Libre.

En la carta enviada al mandatario guatemalteco los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos expresan su preocupación por dicha ley aprobada recientemente por el Congreso de Guatemala, la cual “podría amenazar la libertad de reunión e impactar negativamente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) legítimas”.

Lea también

UNE expulsa a seis diputados por “traición” al haber recibido “dádivas económicas”

“Le instamos a rechazar esta legislación. Es esencial garantizar que no se tomen medidas para interrumpir a las ONG que trabajan para fortalecer las instituciones democráticas”, señala la misiva.

Los congresistas añaden que “las democracias florecen cuando permiten espacios abiertos para que la sociedad civil opere sin temor a represalias. Guatemala tiene una sociedad civil vibrante que contribuye a su democracia”.

“Nos preocupa especialmente que la ley se parezca a una medida rusa que regula a las ONG que fue aprobada por Vladimir Putin en 2012 y leyes similares implementadas en Venezuela y Nicaragua”, manifiestan los congresistas en la carta.

Los funcionarios estadounidenses reiteraron su compromiso en trabajar de la mano con Giammattei para abordar las principales causas de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Mejorar la gobernabilidad democrática y aumentar la confianza pública en el gobierno ayudará a reducir la migración. Creemos que la aprobación de esta ley podría tener el efecto contrario”, enfatizaron.

Los firmantes de la carta enviada a Giammattei son:

• Eliot Engel, representante demócrata y presidente del Comité de Asuntos Exteriores
• Michael McCaul, representante republicano y miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
• Albio Sires, representante demócrata y presidente del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
• Francis Rooney, representante republicano y miembro de alto rango del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
• Norma Torres, representante demócrata y copresidenta del Caucus de América Central del Congreso
• Ann Wagner, representante republicana y copresidenta del Caucus de América Central del Congreso

Otras posturas en contra

El 15 de febrero de 2020, Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, también manifestó su rechazo a la reforma a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

El funcionario estadounidense señaló que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.

Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.

Bill 5257 puts onerous requirements on NGOs in #Guatemala, which play a key role in functioning democracies and help to strengthen democratic institutions. We urge Guatemala to revise this legislation consistent with international best practices. -MK

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 15, 2020

Un día después de que el Congreso aprobó a ley, los representantes de las ONG que trabajan en Huehuetenango dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que no están en contra de la fiscalización sino porque la reforma legal “viola nuestros derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho de petición”.

Las ONG esperan que el decreto sea vetado por el presidente Alejandro Giammattei.

Lea además

El poder de la UCN en el Congreso y las municipalidades evidencia los brazos de la narcopolítica

Los representantes de las ONG que trabajan en este departamento dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que no están en contra de la fiscalización sino porque la reforma legal “viola nuestros derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho de petición”.

Las ONG esperan que el decreto sea vetado por el presidente Alejandro Giammattei.

“Las organizaciones nos oponemos porque la ley ya establece una fiscalización a las organizaciones… generalmente son organismos internacionales los que aportan recursos para poder hacer desarrollo y los controles que se tienen son bastante exhaustivos”, manifestó Álvaro Gómez, representante de las ONG.

Las organizaciones anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte de Constitucionalidad (CC) deje sin efecto la nueva ley.

Gómez dijo que la cooperación internacional podría verse disminuida al no querer que los fondos que otorgan tengan que pasar por el Estado para llegar a los programas de desarrollo.

“Esta ley establece que si en algún momento se está exigiendo, fiscalizando o demandando que el Estado cumpla -con garantizar los derechos humanos- el mismo Estado puede fácilmente decir que se cierre la organización, a su discrecionalidad”, indicó.

La ley

Según el Congreso guatemalteco, la reforma de la ley permitirá “transparentar y fiscalizar” a las organizaciones no gubernamentales radicadas en el país.

La nueva normativa establece en su artículo 13, uno de los más polémicos, que las organizaciones no gubernamentales no podrán usar donaciones o “financiamiento externo” para “realizar actividades que alteren el orden público” en territorio nacional.

“Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada” y “sus directivos responsables serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”, señala la normativa.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala manifestó sus reservas con respecto a la acontecido en el Congreso.

“La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”, detalló la oficina de la ONU en Guatemala mediante sus canales de comunicación.

“ONU Guatemala recuerda la importancia de adoptar leyes y políticas que garanticen espacios de participación democrática”, añadió la entidad internacional.

Contenido relacionado

> Esto se sabe de los gusanos que aparecieron en los estanques que surten a Santa Ana Huista

> Denuncian a exalcalde de Huehuetenango por supuestamente haber firmado 130 contratos irregulares

> Coronavirus: Congreso pide a Alejandro Giammattei “asumir el control” para prevenir el contagio en el país

El Ejecutivo había propuesto que para el 2019 se distribuyeran Q471 millones 804 mil entre las organizaciones, pero el dictamen elaborado por la sala de trabajo fijó el monto en Q529 millones 900 mil.
 

Le podría interesar

Usac analiza el cierre de centros regionales por déficit presupuestario

Aumentos y recortes

Un cuadro comparativo de los aportes a las oenegés revela que los aumentos que recibieron 16 instituciones van de los Q200 mil a los Q20 millones.
 
Entre las que más recursos recibieron está la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, a la cual el Ejecutivo propuso un aporte de Q12.5 millones, pero la comisión aumentó el presupuesto Q32.5 millones, es decir Q20 millones más.

Lea más: Día Nacional de la Oración recibe dictamen favorable

De la misma forma la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, le fue asignado por Finanzas Públicas Q40 millones, pero la sala de trabajo acordó que el aporte debía ser de Q60 millones, es decir un aumento de Q20 millones.
 
La Comisión de Finanzas también acordó subir en Q8.1 millones el aporte a la Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle, pues el Ejecutivo propuso darle Q1.9 millones, pero se le asignaron Q10 millones.
 
Mientras que la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala también recibió un aporte de Q8 millones más en relación con lo que Finanzas pidió -Q55 millones-.
 
En el proyecto también destacan la Asociación Instituto Panamericano Contra la Ceguera, que la comisión le asignó Q2 millones y Asociación Civil de personas con discapacidad Zajil Qinal Luz y la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, que recibieron Q1 millón cada uno, pues estas no estaban incluidas en el dictamen del Ministerio de Finanzas.

Lea también: Diputados exponen arma de juguete en discusión del presupuesto

De la misma forma entres las 16 oenegés que sufrieron recortes en sus aportes hay montos que van de los Q200 mil a los Q4.5 millones y a 14 de ellas se les retiró todo el apoyo gubernamental.
 
Entre las más afectadas está la Liga Guatemalteca Contra las Enfermedades del Corazón, que el Ministerio de Finanzas había propuesto darle Q4.5 millones, pero la Comisión decidió no darle aporte.
 
Mientras que la Fundación Guatemalteca de Transplante Hepático, el Ejecutivo sugirió que se le entregaran Q5 millones, pero la Comisión decidió dejar el aporte en Q2 millones, es decir un recorte de Q3 millones.
 
La sala de trabajo consideró que no debían recibir fondos la Fundación Pediátrica Guatemalteca, que proyectaba recibir Q1.7 millones, la Sociedad Protectora del Niño, que tendría Q1.5 millones y los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, que recibirían Q1.5 millones.

Lea además: Congreso ofrece apoyo y recursos para el proyecto del metro subterráneo en la metrópoli

También en Educación

En este caso las instituciones beneficiadas con más presupuesto fue la Asociación Centro Don Bosco, que de la propuesta de Q25 millones, se propuso reciba Q35 millones y la asociación Asociación Ax Tenamit, que se propuso recibiría Q2.5 millones, se aumentó a Q5.5 millones.
 
Mientras que la Fundación de Padres de Familia dentro de Rehabilitación Integral de Alta Verapaz se le asignó Q1.5 millones y la Fundación Conguate Q1 millón, pero ambas no aparecían en un principio en las sugerencias del Ministerio de Finanzas.

Lea más: Oficialismo no encuentra votos para tercer debate del presupuesto de 2019

En lo que refiere a las reducción la más afectada es Fundación Fe y Alegría, pues Finanzas pidió que se le asignara Q66.2 millones, pero la comisión decidió que fueran Q55 millones, una rebaja de Q11.2 millones.
 
Le sigue la Asociación de Centros Educativos Mayas, a quien se sugirió recibirá Q 13,8 millones, pero la comisión decidió que reciba Q11 millones, una reducción de Q2.8 y la Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena, que en principio tendría Q6.5 millones, pero la sala acordó dar Q4.5 millones, es decir Q2 millones menos.

Descargos

Javier Hernández Franco, jefe de la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fue consultado sobre la razón por la que se hicieron estos movimientos y el hecho que algunos diputados de oposición señalaban que estos eran usados para fines políticos.
 
El congresista indicó que se harán cambios porque al parecer fue un “error involuntario” el que se cometió y se va a enmendar.

Lea además: 26 Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado en Antigua

El jefe del oficialismo indicó que se harán análisis con algunas de instituciones, pero no descartó que otras bancadas pidan hacer cambios con otras.
 
La Comisión de Finanzas se reuniría este viernes por la tarde para analizar esta situación, pero la sesión no se realizó debido a que no había quórum para realizarla.
 
Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas, explicó que en la actualidad se ha satanizado los aportes que se hacen a las comisiones, pero la población debería investigar cuál es la función que realizan.
 
El legislador confirmó que los integrantes de la  sala de trabajo harán un análisis profundo de la distribución para enmendar algún error que se haya cometido.
 
Castañeda indicó que para tratar este tema se acordó que la Comisión de Finanzas tenga una reunión el próximo lunes durante la mañana de donde saldrá la propuesta final.

Contenido relacionado

> Movimiento Reformador se distancia del pacto oficialista

> Oficialismo reelige a Álvaro Arzú Escobar en la presidencia del Congreso

> Diputados buscarían forma de desaparecer la Corte de Constitucionalidad

Mientras aparecen imágenes de la labor de estos socorristas, Guardiola los define como “el equipo más valiente del mundo”, “un equipo que cada día juega una final, que no deja a ningún jugador sin jugar y para el que los descansos son minutos perdidos”.

En verano, Proactiva Open Arms extendió su actividad al Mediterráneo central para cubrir la ruta de migración entre Libia y el sur de Italia. En cuatro meses consiguieron rescatar a 15 mil personas en esa zona, según sus recuentos.

La oenegé recibió en agosto el apoyo del exfutbolista y compañero de Guardiola en el FC Barcelona Xavi Hernández, que donó una embarcación para subastarla y recaudar fondos para sus misiones.

El club catalán anunció también este lunes que una veintena de exjugadores, como el rumano Gica Popescu o el finlandés Jari Litmanen, visitarán el viernes un campo de refugiados en Grecia y disputarán un partido benéfico para recaudar fondos para la agencia para los refugiados de la ONU

Pep Guardiola nos presenta al equipo más valiente. Él ya se ha unido, ¿te unes tú también? pic.twitter.com/KyXmWVNlp9

— PROACTIVA OPEN ARMS (@PROACTIVA_SERV) 14 de noviembre de 2016

Perry, conocida por éxitos como I kiss a girl  y Hot N Cold y tener unos 80 millones de seguidores en Twitter, realizó las declaraciones tras visitar la semana pasada Ninh Thuan, una de las provincias más rurales y pobres de Vietnam, según un comunicado de Unicef.

“Fue descorazonador conocer a una anciana que tuvo que hacerse cargo de cuatro nietos después de que su hija muriera. La familia vive en un camino con baches en una remota aldea en la sierra”, indicó la cantante y compositora de 31 años.

Perry lamentó que, si no fuera por la ayuda que la familia recibe de Unicef, quizá uno de los hijos, de cinco años, no habría sobrevivido debido a la maltnutrición.

Unicef aseveró que, aunque Vietnam y otros países asiáticos han sacado de la pobreza a millones de personas con un crecimiento económico sostenido, aún una parte importante de su población continúa con carencias básicas que afectan a los menores.

En las regiones más empobrecidas de Vietnam, hasta el 50 por ciento de los niños no reciben una atención sanitaria adecuada, mientras que los hijos de las minorías étnicas -que suponen el 15 por ciento de la población- sufren exclusión en derechos y en educación, de acuerdo con la ONG.