La farsa electoral del 20 de mayo, convocada atropelladamente fuera de los tiempos constitucionales, por una Asamblea “Constituyente” ilegítima , electa a la manera soviético-fascista, con la mayoría de los partidos de oposición ilegalizados y con casi todos los dirigentes políticos relevantes, presos, exiliados, asilados o inhabilitados, ha producido unos resultados fraudulentos, “cocinados” por un “árbitro” electoral, títere del régimen. Pero esos mismos resultados no pudieron esconder completamente la estrepitosa abstención que se transformó en una verdadera e inocultable protesta contra un régimen caracterizado por la incapacidad, la corrupción y las “ideas muertas” de un modelo fracasado, que ha provocado en Venezuela un trágico desastre socioeconómico. La comunidad internacional democrática no reconoció ni los comicios, ni sus resultados y ha anunciado un aumento de las sanciones diplomáticas, políticas y económico-financieras, que afectan no sólo a personajes del régimen y sus familias, sino también a la operatividad financiera del gobierno. Ahora bien, las sanciones y en general las presiones internacionales son absolutamente necesarias, pero no suficientes, para enfrentar un régimen con clara vocación totalitaria, cuya base de apoyo se sustenta, casi exclusivamente, en el control que todavía mantiene sobre las fuerzas armadas legales e ilegales. La lección que nos dan casos relativamente parecidos, mutatis mutandis, es que las presiones internacionales deben ser acompañadas por acciones y presiones internas diversas, simultáneas y no excluyentes. Los casos de la lucha contra el régimen racista de África del Sur y la Nicaragua de los años 80-90 del siglo pasado, deben ser analizados.

Para la comunidad internacional democrática, cuyo apoyo es indispensable para la oposición, es fundamental tener un interlocutor válido en la oposición, por lo cual es necesario hacer un intenso esfuerzo para recuperar la más amplia unidad posible en el universo opositor. Creo que, después del 20 de mayo, surge una nueva oportunidad para reestructurar esa unidad. La comunidad internacional democrática, como es obvio, en todos sus comunicados públicos, afirma que la salida preferida a la crisis debería ser pacífica, democrática, constitucional y electoral. Sin embargo, esa salida sólo sería posible si el régimen estuviese dispuesto a dar todas, repito todas, las garantías necesarias para unas elecciones libres y transparentes. Y el régimen ha sido sumamente claro, en las negociaciones y sobre todo en su conducta, que no está absolutamente dispuesto a darlas. Por tanto, la oposición puede y debe, de acuerdo con la comunidad internacional democrática, afirmar que obviamente preferiría una salida pacífica y electoral, pero que el régimen la impide y por tanto seguir apoyando las diversas formas de protesta social y política, pedir la “dimisión” de Maduro y también solicitar la “intervención humanitaria”. El mismo Falcón, único candidato serio que se presentó en los comicios, desconoció, por fraudulentos, sus resultados. Por consiguiente, también los que apoyaron, en buena fe, su candidatura podrían reintegrarse al consenso unitario. La Unidad es necesaria, entre otras cosas, para tener credibilidad frente a la comunidad internacional. Los diversos sectores que la integran deberían entender que no pueden estar de acuerdo en todo, particularmente no es el momento para involucrarse en debates públicos inoportunos sobre la política económica de un futuro gobierno. Hay que dejar de insultar y atacar a los “lados”. El único enemigo es el régimen y el único objetivo unitario actual y urgente es el cambio de gobierno.

Tintori explicó que fue citada anoche a una reunión con expertos del Servicio Bolivariano de Inteligencia  (Sebin) para coordinar la forma de protección policial, pero se negó a acudir.

“Decidí no asistir porque quien me acosa, me persigue y me intimida es el Sebin, la policía del Estado”, escribió en la red social Twitter, donde recordó que su esposo se entregó en febrero del año pasado luego de que el Gobierno denunciara, asimismo, que había evidencias de que planes para matarlo.

“Ahora el régimen dice que me quieren matar, así como querían matar a Leopoldo. Ya nadie les cree”, expresó.

Leopoldo López está condenado a casi 14 años de prisión tras haberlo considerado responsable de los hechos de violencia ocurridos el año pasado durante protestas opositoras, tras lo cual su esposa ha mantenido una activa presencia política.

En riesgo de mercenarios

El rechazo a la protección por parte de Tintori se produjo luego de que el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, advirtió de que “ella pudiera ser objetivo de esos mercenarios de la derecha, de la ultraderecha”, según “información certera”  recabada por el Sebin.

“La vida es el primer derecho fundamental y es obligación del Estado garantizarlo a Todos. No es un favor”, respondió Tintori, quien insistió en que “el terror es política de Estado”  en su país y que si algo le sucede “el directo responsable es Nicolás Maduro”.

El diario español El Mundo publicó el sábado una carta en la que esta mujer reiteraba que el Gobierno de Maduro está ejerciendo “terrorismo de Estado”  contra la oposición, y que ella y sus colaboradores han sido “blanco de agresiones muy graves”.

Hace poco más de una semana fue capturado el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de haber urdido un plan golpista contra Maduro. El opositor Leopoldo López lleva un año preso y el exalcalde Daniel Ceballos también está en prisión, ambos señalados de haber apoyado conspiraciones y protestas.

Los detenidos tienen el apoyo de miles de seguidores, niegan las acusaciones y han hecho un llamado local y mundial para pedir la renuncia de Maduro, señalado por la oposición de violar los derechos humanos.

En ese contexto, hace cinco días murió un adolescente por un balazo de un policía cuando protestaba en San Cristóbal, provincia donde hace un año comenzaron las manifestaciones contra Maduro por la escasez de productos y la crisis económica que asfixia a los venezolanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “profunda preocupación” por la situación del estado de Derecho en Venezuela y exigió la liberación de los líderes de la oposición encarcelados de manera preventiva en la prisión de Ramo Verde, situada en Los Teques.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que “es incompatible con los estándares internacionales que civiles sean recluidos en una cárcel militar”.

Viola garantías

Así, la CIDH recordó a Venezuela su “obligación” de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad.

Además, en su comunicado, la CIDH destacó que “las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática” y, por ello, solicitó al Estado que asegure la existencia de normas para garantizar el “acceso real y efectivo” de todas las voces a diferentes espacios deliberativos.

Los arrestos de opositores en Venezuela suscitan preocupación y cautela en América Latina, que sin embargo evita hablar abiertamente de la crisis de un aliado y socio, señalan expertos.

Para el analista David Smilde, del Washington Office on Latin America, la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) “es el único ente al que Venezuela escucha”, y tiene un “papel clave” para resolver el conflicto en ese país.

“Pero los países de Unasur en realidad no quieren hacer algo sobre Venezuela”, subrayó. “Venezuela es un aliado al que no tratan de contener”, dijo.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa una acuciante crisis económica marcada por la mayor inflación de América Latina, un déficit fiscal fuera de control y una pertinaz penuria de alimentos y medicinas.

Maduro ha visto su popularidad desplomarse a 20% y enfrenta tímidas protestas antigubernamentales y pequeños disturbios, mientras ese país tendrá unas cruciales elecciones legislativas a finales de año.

Gobiernos y organismos latinoamericanos se manifestaron preocupados por el creciente clima de conflictividad, un año después de las protestas que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo del 2014.

Polarización social

La cancillería brasileña expresó que sigue con “gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, y Chile alertó de que el “cuadro de polarización podría ser un obstáculo significativo para el diálogo entre Gobierno y oposición”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, llamó a las partes a comenzar un “diálogo inclusivo”.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue más allá, y pidió “garantías para un debido proceso” en el caso de Ledezma. Reiteró, además, el pedido de su gobierno de liberar a otro opositor, Leopoldo López, detenido desde hace un año.

“Hasta cierto punto, Brasil está perdiendo la paciencia con la situación”, señaló Michael McCarthy, experto de la American University, en Washington D.C.

Pero otras voces en la región, como Bolivia y Cuba, marcaron la nota discordante y se solidarizaron directamente con Maduro, denunciando intentos de la oposición para derrocarlo.

Al respecto, la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció que la Unasur y la mayoría de los países latinoamericanos “han guardado silencio respecto de la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Dirección equivocada

Venezuela marcha “en la dirección equivocada”, por los recientes arrestos a dirigentes opositores y la represión policial contra manifestaciones, dijo el secretario de Estado estadounidense, John Kerry.

“Venezuela sigue marchando en la dirección equivocada y tomando las opciones equivocadas”, dijo Kerry ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

En un segundo llamado de atención a ese país sudamericano en dos días, Kerry condenó el arresto de dirigentes opositores y la represión policial contra manifestantes antigubernamentales.

Además, criticó las “falsas acusaciones” de Caracas sobre un supuesto apoyo de Washington D.C. a un intento de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Invitamos frecuentemente al presidente Maduro a que se dé cuenta de que hay un conjunto completamente diferente de opciones disponibles, y esperamos que las tome”, expresó.

Kerry reiteró que el gobierno estadounidense avanza “lo más rápido posible” para implementar sanciones aprobadas por el Congreso, que negaría visados y congelarían bienes de altos funcionarios venezolanos señalados por Washington D.C. de violaciones a los derechos humanos.

*Con información de las agencias AFP, AP y EFE