El pasado 4 de noviembre, el Ministerio Público (MP) informó mediante un comunicado que el jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, Óscar Schaad, renunció a su cargo después de prorrogar varias veces el permiso para ausentarse de sus labores, durante cinco meses.

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Durante su ausencia, el fiscal José Rafael Curruchiche Cucul asumió la jefatura de la unidad de forma interina, y hasta el pasado sábado, según información de la oficina de Comunicación del MP, no se sabía si él será nombrado en ese cargo.

Pero independientemente de quién se quede a cargo de forma definitiva, esa Fiscalía es una en las que más se centra la atención en estos días por el tipo de investigaciones que realiza, y de las cuales no se conocen los avances.

Casos en manos de Fiscalía

Las investigaciones que están a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales se concentran en financiamiento electoral no registrado de varias organizaciones políticas como Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Encuentro por Guatemala (EG), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz (URNG – Maíz), Winaq, Visión con Valores (VIVA) y Todos.

Asimismo, está pendiente el caso de los aportes que, según sospecha la Fiscalía, habría recibido el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por parte de cinco empresarios en la campaña de 2015. Por este caso el MP solicitó, sin éxito, el retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales, quien era el secretario general del partido en ese entonces.

Además, el partido Unidad Nacional de la Esperanza y EG denunciaron ante los fiscales la supuesta compra de votos por parte de FCN-Nación mediante la entrega de cupones para los afectados por el hambre estacional, durante la pasada contienda electoral.

Según las denuncias, los vales fueron entregados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) en la capital y la provincia, a pocos días de la primera vuelta.

La Fiscalía también investiga las irregularidades que se registraron en la digitalización de datos en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante los comicios pasados.

Por este caso, fueron detenidos y ligados a proceso el exdirector de Informática del TSE, Gustavo Castillo, y el ex subdirector, Beny Román.

Feci trasladó informe 

Otro de los casos de la Fiscalía estaría relacionado con la campaña electoral del excandidato presidencial del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos, quien enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) dio a conocer que, luego de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), envió un informe a la Fiscalía contra Delitos Electorales relacionado con una investigación vinculada a la campaña presidencial de Baldizón.

Prensa Libre intentó comunicarse con el fiscal Curruchiche Cucul para consultarle cuántas investigaciones están en curso y cómo avanzan, pero no contestó las llamadas telefónicas.

Fiscalía debe fortalecerse

Consultados legisladores, opinaron que la Fiscalía contra Delitos Electorales debe ser fortalecida y afirmaron que la renuncia de Schaad fue sorpresiva.

Para el jefe de la UNE, Orlando Blanco, la salida de Schaad es una “pérdida importante”, porque fue él quien diseñó y armó esa Fiscalía.

Añadió que la fiscal general Consuelo Porras debe equipar y fortalecer esa unidad con capacitaciones al personal; además, considera que Curruchiche Cucul es la persona idónea para hacerse cargo de esa fiscalía.

“Él también tiene experiencia y creo que, en la sucesión, es a él a quién le compete hacerse cargo, —pero— si no se le dan las herramientas veremos una fiscalía desbordada”, advirtió.

Blanco recordó que se abrieron investigaciones de las contiendas electorales del 2011 y 2015.

La diputada Nineth Montenegro, de EG, expuso que la salida de Schaad fue inesperada y que existen dudas sobre las razones de su dimisión.

Avanza investigación

Montenegro añadió que luego de la salida de Schaad espera imparcialidad por parte de las autoridades respecto a la denuncia de los vales entregados por el Maga. Aseguró que el partido entregó pruebas que avalan que existió clientelismo político en la entrega de los cupones.

Mientras que Blanco afirmó que la Fiscalía les ha informado que ya comenzaron a citar a las partes involucradas. Además, anunció que citarán al fiscal Curruchiche Cucul para que informe sobre cómo avanzan en el caso por la posible politización en la entrega de cupones a los afectados por el periodo de hambre estacional.

Amenazas

Schaad pidió permiso para ausentarse de la Fiscalía desde el pasado 8 de junio, a nueve días de que se llevara a cabo la primera vuelta electoral. Días después, la fiscal general confirmó que la ausencia de Schaad obedeció a motivos de seguridad puesto que estaba amenazado.

Aunque se desconoce quién amenazó a Schaad, la Fiscalía de Nueva York reveló el 31 de octubre una conversación que el excandidato presidencial Mario Estrada —declarado culpable de conspiración para el trasiego de cocaína a EE. UU.— sostuvo con supuestos agentes de la oficina de Administración y Control de Drogas (DEA, en inglés).

En esa conversación se dio a conocer que la candidata presidencial a quien Estrada pretendía mandar a matar era la exfiscal general Thelma Aldana y posible presidenciable del partido Movimiento Semilla. También se señala el interés de Estrada por “eliminar” a dos abogados que trabajaban con ella, uno de ellos podría haber sido Schaad.

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La jefa del Ministerio Público (MP) dijo que no pudo negarse a la solicitud porque es un derecho que tiene el fiscal.

“…Es necesario solicitar, por el momento, este permiso para procurar la seguridad de mi familia y la propia ante amenazas que han sido tangibles hacia mi persona”, dice el documento que el fiscal Schaad presentó a Porras.

La solicitud de Schaad agrega: “Mi estadía en el puesto más allá de la presente fecha pondría en un riesgo mayor a mi familia, lo cual motiva esta petición”.

El fiscal también agradeció a la fiscal Porras y demás autoridades del MP su apoyo ante las amenazas de las que ha sido víctima.

“Dejo en este momento una fiscalía con personal capaz de sacar adelante el proceso electoral”, garantizó Schaad a la fiscal general.

Schaad también le solicitó a Porras que la fiscalía de Delitos Electorales quedara a cargo del fiscal José Curruchiche “por el conocimiento y porque ha sido la persona que, conjuntamente con él (Schaad) y otros fiscales, ha coordinado toda esta actividad”.

Porras dijo que hay una investigación de oficio en curso por las amenazas contra el fiscal Schaad, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía contra la Narcoactividad.

Porras encabezó la actividad donde fue presentado el plan operativo del Ministerio Público para las elecciones generales del 16 de junio.

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Valga esta introducción ontológica para señalar que resulta llamativa y por demás sospechosa la salida del jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, que primero se anunció como unos días de permiso y luego como una licencia de dos meses solicitada por él mismo. Para mayor suspicacia, esto ocurre una semana antes de las elecciones generales, el evento cívico por excelencia, durante el cual se hace necesario verificar que no ocurran socorridas prácticas politiqueras como el acarreo de votantes, presiones o chantajes contra ciudadanos, mecanismos de condicionamiento o verificación de por quién se votó, pagos en efectivo, dádivas y cualquier tipo de propaganda; es decir, en un momento clave de su misión.

Lo más extraño es que Schaad no ha emitido declaración alguna a la fecha. Se desconoce si se trata de una prohibición de orden superior, pues al menos de viva voz bien podría aclarar los motivos por los cuales pidió permiso sin esperar a que transcurrieran los comicios. De hecho, casos de financiamiento ilícito que involucran al partido oficial ocurrieron precisamente el día de las votaciones en 2015, un antecedente que no se puede obviar ni menospreciar.

Si existe algún tipo de amenaza contra la integridad del fiscal, debería hacerse pública. La más reciente pesquisa de esta oficina era acerca de las advertencias de boicotear las elecciones proferidas por cabecillas del movimiento de supuestos exmilitares para exigir un pago de Q85 mil. Después atenuaron el amago y dijeron que se dedicarían supuestamente a vigilar los comicios, una acción igualmente ilegal si no está avalada por el Tribunal Supremo Electoral, que rechazó todo tipo de asedio sobre los electores. En todo caso resultaba necesario actuar con prontitud sobre la amenaza inicial, registrada en video por medios de comunicación, dado que constituye un nefasto precedente.

La fiscal general podría haber emitido ya una declaración sobre la salida de un fiscal tan estratégico y las razones por las cuales otorgó el permiso, pues ella misma lo ha descrito como un profesional íntegro y un dedicado estudioso del Derecho.

Ciertamente, las personas no son las instituciones y el fiscal José Curruchiche queda a cargo de verificar la comisión de cualquier delito electoral durante la jornada de votaciones, así como de emprender la persecución penal contra quien resulte responsable como ejecutor, instigador o patrocinador. No obstante, él mismo declaró su extrañeza por la repentina licencia de su jefe inmediato, lo cual trae a colación la sabiduría de aquel decir popular: “No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas”.

Las autoridades del MP informaron que Schaad dejó el cargo de manera temporal. Los permisos de vacaciones según su solicitud son el 8, 9 y 10 de junio.

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Para algunos, tomar tres días de vacaciones lo toman como “adecuado” previo al día de las votaciones, pero se confirmó que Sachaad solicitó una licencia con goce de salario de tres meses, que empezará el próximo 11 de junio, para regresear hasta septiembre.

Julia Barrera, vocera del MP, explicó que la licencia fue otorgada “en conformidad a lo establecido por el pacto colectivo de la institución”. Agregó que el agente fiscal Rafael Curruchiche estará a cargo del despacho de la fiscalía mientras Schaad esté fuera.

“La Fiscalía contra Delitos Electorales continúa su labor con normalidad y está todo listo para el plan de acción del MP el próximo domingo -en la jornada de voctaciones-”, aseguró Barrera.

Hay dudas

La salida de Schaad ha tomado por sorpresa a diversos sectores quienes han mostrado su preocupación por las repentinas vacaciones que tomó el fiscal, debido a que coinciden con las elecciones generales.

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El procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, escribió en redes sociales: “A pocos días de las #EleccionesGenerales2019 y en medio de denuncias de delitos electorales, llama poderosamente la atención que el fiscal Oscar Schaad del @MPguatemala solicite licencia. Me preocupa su seguridad, espero que esta situación no sea producto de amenazas”.

Integrantes del Mirador Electoral aseguraron que es “un riesgo para el proceso” que, a una semana de las elecciones, quien está a cargo de investigar y perseguir los delitos electorales se separe temporalmente de su cargo.

“Expresamos nuestra esperanza que esto sea solamente por el periodo de tiempo especificado y no sea consecuencia de ningún otro tipo de motivos subyacentes que amenacen la integridad física del fiscal Schaad ni limiten las funciones de la oficina a su cargo”, lamentó Mirador Electoral por medio de un comunicado.

Schaad en las últimas semanas ha acompañado a la fiscal general María Consuelo Porras en eventos públicos. El 30 de abril último se inauguró una agencia fiscal en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, y durante el evento se les vio conversar y el fiscal estuvo cercano a la jefa del MP.

En el MP, Schaad es uno de los fiscales más notorios debido a las investigaciones que ha realizado en contra de partidos políticos que han violentado las normas electorales. En 2015, cuando las averiguaciones dieron resultados concretos él encabezó varios de los casos que causaron capturas y eliminación de agrupaciones políticas.

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El próximo 16 de junio serán las elecciones y el Ministerio Público estará en apresto para brindar la atención ante las denuncias que realicen los ciudadanos que violenten el evento. El jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, indicó que están preparados para la elección.

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¿Cómo se está abordando el proceso electoral en la Fiscalía de Delitos Electorales?

Con respecto a la preparación lo estamos haciendo a través del plan operativo que la fiscal general María Consuelo Porras emitió, el cual es guiar al personal del Ministerio Público durante las elecciones generales 2019. Este plan operativo contempla la creación de una red fiscal que desde el 4 de febrero empezó a funcionar. Son 395 personas que están en el Ministerio Público atendiendo el turno especial de delitos electorales.

¿Quiénes encabezan la red fiscal?

Está capacitado el jefe de la fiscalía, el encargado de la Oficina de Atención Permanente, dos auxiliares fiscales y el encargado de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) en cada una de las fiscalías y oficinas a nivel nacional, en coordinación de la Fiscalía de Delitos Electorales, bajo la coordinación directa de la Secretaría Técnica de Política Criminal.

¿Cómo se abordará una denuncia?

Una vez se tiene conocimiento de una denuncia de delitos electorales se hace una comunicación inmediata con la fiscalía de Delitos Electorales. Se desarrolla un protocolo de 24 horas en donde se deben de realizar diligencias que se consideren urgentes, y 48 horas después otras diligencias como el plan de investigación e hipótesis y, obviamente, la supervisión del jefe y del agente fiscal encargado de la investigación en ese lugar. Posteriormente se hace una reunión para verificar los avances de la información, verificar que se haya cumplido con las diligencias urgentes y posteriormente otra reunión de 72 horas para poder tomar una decisión. Si nos encontramos ante un delito electoral o un delito de otra índole, correspondería llevar otro tipo de protocolo.

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Analizan mapa de conflictividad preelectoral

¿Se consideran otros delitos que no sean electorales?  

Obviamente tenemos una visión de género, una visión con otros delitos porque obviamente no podemos invisibilizar dentro de las actuaciones que recibe el MP otro tipo de delitos, como lo sería la violencia contra la mujer, discriminación o delitos contra la vida, el honor o delitos de discriminación. Se está verificando obviamente en base a las buenas prácticas que se han venido recabando.

¿Ya se abarcó todo el país?

El plan operativo contempla un antes, un durante y un después de las elecciones. Dentro del plan operativo del antes ya se tiene la totalidad de las metas cumplidas, como la instauración de las capacidades necesarias en cada una de las fiscalías, así como la Fiscalía de Delitos Electorales. Se contrataron a tres personas más para apoyar el trabajo de la fiscalía y ya se coordinó y la red fiscal, y se socializó tanto la guía como el plan operativo. Ya estamos en el durante, con la creación de los listados de las personas que van a participar en el centro de llamadas que estará atendiendo ese día, aparte estamos creando otro listado en base a los centros de votación y estamos tomando como un parámetro los de la consulta popular. Cuando ya tengamos los nuevos centros de votación se sustituirán para poder distribuir al personal a nivel nacional.

De uno a uno a cien, ¿cómo se podría decir que está ejecutado el plan?

El plan operativo ya se cumplió en un 75 por ciento porque ya está cumplida toda la parte del antes; el 25 por ciento que resta es para el día de las votaciones, el 16 de junio, y para lo que suceda después.

¿Los fiscales saldrán a la calle para verificar cómo se desarrollan las votaciones?

La fiscalía estará atendiendo durante 72 horas en la sede central, así como a nivel nacional. Cada sede tendrá un turno especial que estará atendiendo cualquier situación que se pudiera dar durante los días previos, el día de la elección y después. Estaremos trabajando en las coordinaciones con la mesa de seguridad con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el día de las elecciones, estaremos implementado el centro de llamadas y también la atención a través del correo electrónico y la aplicación de reportes. Todo el personal fiscal del Ministerio Público estará de turno ese día con el objetivo de acercarnos a la ciudadanía y estar presentes para cualquier eventualidad con respecto a una denuncia.

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¿Se va a descuidar el trabajo de otras fiscalías?

Es importante decir que no. Por el hecho de que existen turnos especiales en delitos electorales no se van a descuidar otros aspectos, ya que los turnos ordinarios en otro tipo de especialidad se están respetando.

¿Cómo avanza la mesa para evitar la conflictividad?

Básicamente se están elaborando mapas de prevención y análisis de la prevención para establecer cómo movilizar de manera estratégica al personal a los centros de votación donde se considere que existe algún riesgo.

¿Ya se tiene un dato preliminar de denuncias?

Hay información procesada y está sirviendo para tomar decisiones respecto a la conflictividad. Esos datos se compartirán con la mesa de seguridad y los fiscales a nivel nacional.

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Algunos delitos electorales

Artículo 327 A. Agravación electoral. Comete delito quien falsifica, altera, usa, destruye, oculta y suprime en parte o en su totalidad un documento verdadero para la elección.

Artículo 338 Uso ilegitimo de documentos de identidad. Comete delito quien utiliza documento personal de identificación como propio, siendo ajeno. Será sancionado con prisión de uno a tres años. La sanción se incrementará con la mitad, cuando el uno ilegitimo del documento de identidad sea para fines electorales.

Artículo 407 A. Turbación de acto eleccionario. Comete delito quien altere o interrumpa con violencia, intimidación o amenaza la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal. Será sancionado con prisión de dos a ocho años.

Artículo 407 B. Coacción contra elecciones. Comete delito quien, con violencia, intimidación o amenazas, obliga a que se vote de una manera que no desea l apersona. Será sancionado con prisión de uno a cinco años.

Artículo 407 C. Coacción del elector. Comete delito quien pague con dinero u otra manera para no votar, o hacerlo por determinado candidato, partido político o comité cívico electoral.

Quien acepte dinero u otra cosa, para no votar o hacerlo por determinado candidato, partido o comité cívico electoral. Serán sancionados con prisión de dos a ocho años y se aumentará en la mitad, cuando la conducta sea realizada por un funcionario o empleado del Estado.

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Manuel Barquín interpuso un recurso de exhibición personal a favor de Óscar Schaad, a quien identifica como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y Erick Estuardo Ramos, jefe de la Intendencia de Verificación Especial.

Este viernes Barquín acudió al Juzgado de Turno, en el Organismo Judicial, para interponer un recurso de exhibición personal en favor de Óscar Schaad, que identificó en la accción penal como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La acción también favorece a Erick Estuardo Ramos, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB).

El Congresista expresó que Schaad y Ramos están siendo presionados y hostigados en el desempeño de sus labores por la Cicig, aunque evito señalar directamente al comisionado Iván Velásquez.

Barquín también manifestó su preocupación por la ausencia de Schaad a sus labores, razón por la que solicitó una exhibición personal.

Según Julia Barrera, portavoz del MP, Schaad lleva aproximadamente dos meses de estar suspendido por padecimientos de salud, así que no ha laborado desde que el caso de Lavado y Política salió a luz, su condición médica también justifica la ausencia prolongada a sus labores.

“Juan Francisco Sandoval ha ejercido el cargo de Schaad al frente de FECI”, declaró Barrera. Una fuente del MP detalló que Schaad fue suspendido el pasado 25 de mayo.

Barquín además declaró que Líder respalda a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sin embargo, la bancada de ese partido intenta limitar el trabajo de la Comisión con un proyecto que busca reformar la ley del Ministerio Público (MP).

Lavado y Política

El pasado 15 de julio, Manuel Barquín junto a su hermano Edgar y el diputado Jaime Martínez Lohaiza, todos del partido Líder, fueron vinculados a un caso de lavado de dinero el cual fue denominado Lavado y Política.

Ese día el MP y la Cicig informaron que 11 personas fueron detenidas y se hizo la solicitud de antejuicio contra los tres políticos, quienes son señalados de asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Edgar Barquín es candidato a la vicepresidencia por el partido Líder. Su compañero de fórmula es Manuel Baldizón, quien recientemente en una entrevista a CNN dijo que si gana la presidencia la Cicig continuará en Guatemala, pero sin el comisionado Velásquez.