Siete pactos colectivos consumen Q2 mil 450 millones anuales, advierte el CIEN

Vehículos para sindicatos, bonos acumulativos y plazas heredadas figuran entre los privilegios que el Estado debe cubrir en siete instituciones.

Fátima Najarro

1 de octubre de 2025 | 00:10h

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Maestros afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) protestan en favor de un aumento salarial superior al autorizado por el Mineduc. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

El pago de los distintos beneficios para los sindicalizados en siete instituciones superó los Q2 mil 459 millones solo en 2024, según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacional (CIEN). En la presentación se advirtió que las negociaciones en el sector público no están basadas en criterios técnicos comprometiendo el recurso financiero del Estado.

El CIEN analizó que de los pactos colectivos revisados van en contradicción con la Ley del Servicio Civil y el Código de Trabajo por beneficios catalogados como excesivos, en algunos casos destinados solo para los líderes sindicales.

Los pagos van desde aumentos salariales bonos anuales, vehículos para el sindicato proporcionados por la institución, bono 14 y aguinaldo mayor al salario percibido, subsidios, indemnización universal, entre otros beneficios.

Los pactos colectivos en cuestión contemplan aumento porcentual año con año de las remuneraciones, por lo que el pago aumentó 7.6% del 2023 al 2024.

“Tenemos cargas fiscales permanentes que distorsionan salarios, reducen flexibilidad presupuestaria y afectan la sostenibilidad del gasto público”, advirtió Andrea Monterroso, investigadora del Cien.

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Se analizaron los pactos colectivos de la Empresa Portuaria Nacional (EPQ), Ministerio de Economía (Mineco), Organismo Judicial (OJ), Ministerio de Educación (Mineduc), Congreso, Universidad de San Carlos (Usac) y la Municipalidad de Villa Nueva.

“De las peores prácticas que hemos identificado son las de EPQ, el OJ, el Mineco y la Usac”, detalló Franciso Quezada, también investigador del CIEN.

Privilegios

Los beneficios más cuestionados en el estudio son compromisos financieros, mantenimiento de las sedes sindicales y heredar las plazas. En el pacto del Mineduc vigente hay un bono profesional de Q700 mensual más una bonificación anual de Q2 mil 500.

En el OJ se da un bono por Semana Santa de Q3 mil 500, bono escolar por Q3 mil y un bono mensual de Q3 mil 200. Además, de proporcionar las sedes sindicales en la capital, Quetzaltenango y otras seis cabeceras departamentales.

En el caso de EPQ se les da un bono vacacional del 125% del salario asegurado, más un aumento del 175% al aguinaldo anualmente, un bono por responsabilidad portuaria, subsidio familiar, ayuda de útiles escolares, pago post mortem de Q100 mil.

También se les da un porcentaje de las regalías, la sede, renovación del equipo cada dos años y comedor subsidiado. Y al finalizar la negociación del pacto, la institución debe pagar Q190 mil por gastos legales.

El Mineco paga bonos acumulativos y aumento de entre el 9 y el 21%, además debe dar presupuesto para actividades deportivas, culturales y el convivio anual.

La Usac debe de apoyar en las actividades deportivas, culturales y el aniversario. En esta institución las plazas se heredan después del fallecimiento o jubilación. A diferencia de las demás, los bonos de los trabajadores sí están sujetos a disponibilidad presupuestaria.

Otro tema abordado es que, en algunos casos, los secretarios de los sindicatos no pueden ser removidos de la institución hasta 12 o 24 meses después y el CIEN registró que en ese tiempo se vuelven a reelegir logrando pasar así hasta 10 años en una entidad.

Tanto Quezada como Monterroso aclaran que los pactos colectivos no son en sí negativos, sino más bien están siendo mal utilizados y comprometiendo el buen funcionamiento de las instituciones.

Peso político

Los expertos señalaron que la responsabilidad recae en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), también hay implicaciones en la Oficina Nacional del Servicio Civil y Ministerio de Finanzas, pero que en algunos casos no pueden objetar las negociaciones debido a intereses políticos. Y en muchos casos hay responsabilidad en el Congreso, quienes aprueban decretos para otorgar los fondos necesarios y que las instituciones cumplan con las obligaciones fijas.

Una observación hecha por los expertos es que entre los pactos analizados encontraron similitudes de forma y de fondo. Advierten que a futuro podría llegar a sacrificar la estabilidad financiera del Estado y del servicio público.

“Si es un gobierno que tiene mucha inestabilidad y quiere ganar tiempo pues va a negociar comprometiendo más”.

Aunque si añade que el titular del Mintrab quien debe de dejar de aceptar todas las peticiones de los pactos porque las consecuencias las sufren los ciudadanos.

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Sugirieron que se tendrá que revisar la Constitución porque se perdió la finalidad de los pactos colectivos, tema que se elevaría a la Corte de Constitucionalidad.

Además que se deben de declarar ilegales algunas cláusulas que son obligatorias, los pactos deberían reforzar la meritocracia técnica, homologar beneficios entre los trabajadores del Estado que realicen actividades similares manteniendo proporción con las que tiene el sector privado. Y por último, velar porque los pactos respeten la ley de presupuesto y la ley del servicio civil.

Delegado de la misión tripartita de la OIT expuso que consideran oportuno construir un sistema de negociación de los pactos colectivos en Guatemala

La misión tripartita de la OIT concluyó su visita a Guatemala, y uno de los delegados del sector sindical expone la necesidad de establecer un sistema de negociación de pactos colectivos, especialmente en el sector público. La misión vino para revisar la hoja de ruta acerca de la libertad sindical..

Lot Álvarez y Rosa María Bolaños

24 de agosto de 2025 | 07:00h

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Entre los temas que se abordaron durante las reuniones con la misión tripartita de la OIT fue el seguimiento a la hoja de ruta de libertad sindical y negociación colectiva, informó el gobierno. Uno de los delegados brindó declaraciones al finalizar la visita. (Foto, Prensa Libre: Mintrab).

Luego de escuchar a los actores durante la visita a Guatemala y de conjugar las posturas con informes de la Comisión de Expertos, se diagnosticó —y las partes coincidieron— que se debe construir un sistema de negociación colectiva, particularmente en el sector público, afirmó el delegado de la Confederación Sindical Internacional, quien formó parte de la misión de la OIT que visitó el país esta semana.

Entre el 19 y el 22 de agosto del 2025, Guatemala recibió la visita de una misión tripartita conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de fortalecer los esfuerzos en la implementación de la hoja de ruta sobre libertad sindical, informó el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Al finalizar la visita, José Olivera, integrante de la delegación de la CSI, brindó una conferencia de prensa en la que expresó que los diferentes actores coindicen en que es necesario construir un sistema de negociación de los pactos colectivos en Guatemala principalmente en el ámbito del sector público.

Olivera explicó que representó a la delegación en nombre de la Internacional de la Educación —sector que forma parte de la CSI—, y que desde su rol como miembro del Comité Político Regional de dicha organización en América Latina, llevan cerca de cinco años trabajando de manera sistemática temas vinculados con la OIT.

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Indicó que la misión tenía un objetivo claro, explícito y documentado: acompañar el cumplimiento de la hoja de ruta, analizar los avances y los pendientes, así como evaluar las asistencias técnicas que deben continuar en los próximos meses.

Se mostró optimista tras la visita, al percibir disposición del Gobierno para impulsar transformaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Esta postura —afirmó— coincide con la visión de diálogo social promovida por las organizaciones sindicales, tanto autónomas como globales, y también por las cámaras empresariales representadas por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

“Pocas veces tenemos esta coincidencia política que ahora tenemos que transformar en realizaciones concretas”, expresó, en referencia a que en noviembre el Consejo de Administración de la OIT evaluará el grado de cumplimiento de la hoja de ruta, que incluye desafíos estructurales.

Olivera señaló que, aunque se han registrado avances, también se identificaron problemas estructurales que requieren atención urgente y que deben ser asumidos como una responsabilidad del Estado guatemalteco en su conjunto, no solo del poder Ejecutivo, sino también del Congreso de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, entre otros organismos que deben ser proactivos en la búsqueda de soluciones para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva como derechos humanos fundamentales.

En cuanto a los retos estructurales, destacó dos aspectos clave: la negociación colectiva en el sector público y, particularmente, la situación de los municipios.

Señaló que, al abordar la hoja de ruta, se identificaron múltiples dificultades en los procesos de homologación de pactos colectivos. Luego de escuchar a los actores y de contrastar sus posturas con los informes de la Comisión de Expertos, se concluyó —con coincidencia entre las partes— que es necesario construir un sistema específico para la negociación colectiva en el ámbito público.

Afirmó que el sector municipal genera especial preocupación por lo que implica para la convivencia democrática y el fortalecimiento del rol del Estado.

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Olivera sostuvo que en los municipios se evidencian problemas estructurales profundos, y que este punto fue incorporado en la hoja de ruta, así como en el informe final que el director de la misión presentará al Consejo de Administración en los próximos días.

Consultado sobre lo que debe mejorarse en el ámbito municipal, refirió que la misión se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), y que se observó una práctica clientelar en la función pública municipal, sin estabilidad laboral, con abusos institucionales que posteriormente derivan en procesos de reparación y reclamación, con alto costo para el Estado.

El delegado alertó sobre la problemática de los gobiernos con autonomía —como los municipales o departamentales—, donde cada cambio de administración conlleva la modificación de políticas y la destitución de trabajadores, a menudo con fines partidistas.

Citó como ejemplo a su país, Uruguay, que —según la OIT— posee uno de los sistemas laborales más avanzados, pero que actualmente enfrenta problemas similares tras elecciones locales.

Recordó que el funcionario público debe estar al servicio de la nación, no de una facción política.

A su juicio, esto obliga a discutir no solo sobre la negociación colectiva, sino también sobre el respeto a la libertad sindical, la carrera del funcionario público y la estabilidad laboral como pilares para el fortalecimiento institucional del Estado guatemalteco.

Olivera mencionó que la participación de las delegaciones tripartitas durante junio en la conferencia de la OIT en Ginebra permitió concretar esta visita, solicitada por el Gobierno en marzo.

Olivera concluyó que la misión no vino a supervisar ni a evaluar oros temas, sino a apoyar el cumplimiento de la hoja de ruta, compuesta por unos siete puntos con un eje transversal: la libertad sindical y la negociación colectiva. Esa fue la agenda prioritaria durante las 72 horas de visita.

La misión abordó el problema de forma global, incluyendo a todos los sindicatos. Uno de los temas que se discutió fue el de los pactos colectivos. Reiteró que, por mandato de la OIT, es esencial promover el diálogo social como vía para resolver los conflictos entre el Estado empleador y sus trabajadores, o entre empleadores y trabajadores en el sector privado.

El mensaje final del delegado fue un llamado a que todos los sectores sociales —tanto los responsables de gobernar como aquellos que influyen en la opinión pública— generen condiciones para que el diálogo social, con las partes sentadas en una mesa, sea el mecanismo primordial para resolver los conflictos.

Del 19 al 22 de agosto, Guatemala recibe la visita de la Misión Tripartita OIT-OIE-CSI, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical.

Conoce más aquí https://t.co/7L9dLNrvP7#MintrabAvanza #UtzSamaj pic.twitter.com/1KuBNHu31t

— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) August 20, 2025

Presidente del OJ confirma pago de “Bono de pescado” para los trabajadores de esa institución

Teodulo Cifuentes, presidente del Organismo Judicial, confirma que cada trabajador de esa institución recibirá Q3 mil de “Bono de pescado”.

Óscar García y Elmer Vargas

21 de marzo de 2025 | 11:43h

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Teodulo Cifuentes, presidente del Organismo Judicial, confirma pago del "Bono de pescado" para todos los trabajadores de esa institución. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Teodulo Cifuentes, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia, confirmó este viernes 21 de marzo el pago del “Bono de pescado” para todos los trabajadores de esa institución del Estado.

Cifuentes añadió que actualmente está en discusión el nuevo pacto colectivo y se prevé que el monto de dicho bono podría aumentar.

El OJ cuenta con aproximadamente 12 mil empleados. El “Bono de pescado”, también conocido como bono de verano o incentivo, asciende a Q3 mil, aunque podría incrementarse si se acuerdan modificaciones en las negociaciones actuales.

Este bono es una prestación que algunos trabajadores del sector público reciben durante la Semana Santa, producto de negociaciones establecidas en los pactos colectivos entre las instituciones y los sindicatos. .

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El Ministerio de Finanzas Públicas únicamente realiza las erogaciones presupuestarias correspondientes a sueldos y salarios de los trabajadores que recibirán dicha prestación. No obstante, tiene conocimiento de otras solicitudes que son analizadas por la Dirección Técnica del Presupuesto, unidad encargada de estos estudios.

En el caso de los juguetes estos son para los hijos de los trabajadores, regalos en general, canastas navideñas, pavos y piernas, así como la adquisición de pirotecnia, adornos navideños, y servicios de alimentación, son algunos de los eventos que acostumbran a subir las unidades compradoras de distintas instituciones públicas, para hacer entregadas en diciembre a los beneficiados.

En los pactos colectivos de condiciones de trabajo, sobre todo en las instituciones públicas, establecen la entrega de regalos o canastas navideñas, así como la realización de actividades de convivencia, que están presupuestadas para llevarse a cabo el próximo mes.

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¿Qué se compra?

Uno de los eventos adjudicados, lo realizó el pasado 17 de noviembre la unidad de compras de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic)- que realizó la adquisición de un lote de pavos y piernas de cerdo para el personal y por la cual pagará Q142 mil 800.

El evento de Zolic se subió el pasado 26 de octubre y la fecha de cierre de recepción de ofertas fue el 10 de noviembre pasado, una por Q173 mil 280; otra por Q142 mil 800 y la última por Q288 mil 520. Las dos primeras empresas solo ofertaron dos de los tres productos que se mencionaban en la licitación, que permitía ofertas parciales.

La adjudicación de la compra ocurrió el 17 de noviembre de 2023 a la empresa Comercial de Cocinas Sociedad Anónima por los Q142 mil 800, cuyo nombre comercial es Chef Express, cuyo representante legal es Claudia Lisseth Coy Caal.

Las bases incluían 44 pavos de un peso de entre 15 y 17 libras cada uno y 196 piernas de cerdo de esos mismos pesos.

Además, se solicitaba 240 canastas navideñas con un precio unitario que no superara los Q600.

Las canastas debían incluir frijoles, azúcar, espagueti, chocolate, aceite de girasol, hojuelas de maíz tostadas, arroz precocido, panqueques, mayonesa, salsa dulce, dos doble litros de gaseosa, galletas, coctel de frutas, consomé de pollo, mermelada, café instantáneo, sardinas, nachos, queso derretido, chiles en escabeche, entre otras cosas.

Finalmente solo se adjudicó a esta empresa la compra de pavos y piernas de cerdo.

Empronac

En tanto que la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) hace una cotización para la adquisición de juguetes para niños de cero a 10 años para los hijos de los trabajadores.

En el caso de Empornac, el evento para la compra de juguetes para los hijos de los trabajadores se subió a Guatecompras el 9 de noviembre pasado, y la fecha de cierre de ofertas es el 22 de noviembre.

En las bases de la licitación se menciona que se busca comprar 77 andadores para bebé, con bandeja de juegos. De estos 36 serán para niñas y 41 para niños de 0 a 1 años.

También 48 peluches interactivos, que bailen o tengan sonido, que serán para niñas de 2 a 3 años.

48 Maletas musicales de juguete con karaoke y micrófono para niñas de 2 a 3 años.

Se solicitan 52 dinosaurios de juguete que caminen, tengan luces y hagan sonidos que serán para los niños de 2 a 3 años.

También se cotizan 76 muñecas que canten; 76 micrófonos de juguete con pedestal y cable; 103 set de herramientas de juguete  de 21 piezas y la misma cantidad de cajas para herramientas.

Se piden 100 muñecas de princesa con caballo y carruaje; 100 juegos de salón de belleza; 105 torres de estacionamientos de juguete con cuatro carros; 105 figuras de acción interactivas y 102 relojes digitales de pulsera resistentes al agua y otras funciones.

Según el Plan Anual de Compras de esa entidad, se tiene presupuestado un gasto de Q700 mil en ese evento de compra de juguetes.

También hay otro evento de regalos, que consiste en la compra de 1 mil 640 ventiladores con el logotipo de la portuaria que estará concluyéndose en las siguientes semanas.

Algunas municipalidades cotizan la compra de juguetes, adornos navideños, luces navideñas, y juegos de pirotecnia.

La decisión surge después de que el Directorio decidió dar por terminado en forma unilateral y anticipada el contrato para arrendar un bien inmueble en la zona 13 por US$5 millones 260 mil 387. En este lugar instalarían la sede central, no obstante la propiedad, hasta septiembre, todavía estaba en construcción.

La justificación del Renap en la resolución de Directorio 62-2023 es que no tienen fondos para pagar la renta del edificio. Sin embargo, el freno al arrendamiento ocurrió también tras una investigación que desarrollaron entes estatales luego de una publicación de Prensa Libre. 

Prensa Libre dio a conocer las irregularidades en el proceso administrativo debido a que el contrato se suscribió el 22 de junio, pero en septiembre pasado periodistas de este diario visitaron el lugar y constataron que estaba todavía en construcción, tal como lo también lo verificó el Ministerio Público (MP) a inicio de octubre.

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Irregularidades en arrendamiento

La Contraloría General de Cuentas (CGC) auditó al Renap y halló cinco posibles irregularidades en el contrato de arrendamiento del inmueble a la empresa Business Center Zabla, ubicado en la zona 13 que serviría como nueva sede de la institución.

Renap y Business Center Zabla suscribieron el contrato administrativo de arrendamiento número 307-2023 el 22 de junio de 2023.

El Directorio aprobó la gestión en la resolución 47-2023 del 13 de julio de 2023; e hizo una modificación contenida en el contrato administrativo 328-2023 el 25 de agosto de 2023, mismo que fue aprobado en la resolución de Directorio 57-2023 del 21 de septiembre de 2023.

Al final, el Directorio dio marcha atrás con el proceso. Justificó que todavía no había erogado ningún pago a la empresa y que las condiciones financieras del Renap no hacían viable alquilar el inmueble.

La dirección de presupuesto del Renap, en  el oficio DPR-0409-2023 del 12 de octubre de 2023, le advirtió a la dirección ejecutiva “sobre las limitaciones financieras que la institución atraviesa dada la baja recaudación de ingresos propios así como la asignación del aporte del Ministerio de Finanzas (Minfin)”.

De acuerdo con el oficio, a la fecha, el Minfin, de los Q160 millones asignados, únicamente les han trasladado Q128 millones y de conformidad con la cuota del último cuatrimestre aprobado, el Renap dejará de percibir Q12  millones.

Otras de las consideraciones es que “el Renap ya no cuenta con recursos financieros para el pago de proveedores de bienes y servicios, dado que los ingresos propios se han visto afectados derivado de la entrada en vigor del Decreto del Congreso 32-2022 que amplía la vigencia del Documento Personal de Identificación, así como de la baja demanda de los servicios que la Institución presta a la población guatemalteca”.

Esto, según ese oficio, ha provocado que “no se puedan adquirir compromisos para modernizar la institución, lo cual nos obliga a priorizar los escasos recursos financieros únicamente para el funcionamiento ordinario del Renap, como el pago de nóminas de sueldos y servicios básicos”.

La dirección de presupuesto agrega en ese documento “que la disminución de recursos financieros también se deriva a la alta cantidad de exoneraciones de productos y servicios otorgados a la población guatemalteca y distintas entidades gubernamentales que de manera constante y permanente solicitan tales beneficios de conformidad a la Ley del Renap”.

Y puntualiza que sumado a todo lo anterior, debido a la coyuntura que se vive a escala nacional, “las oficinas del Renap han permanecido cerradas por más de dos semanas, motivo por el cual se ha visto afectada la proyección de ingresos propios de la institución, desconociendo al momento exacto en que se normalizará el servicio ante la población guatemalteca”.

“Se comprometieron sin tener presupuesto”

El analista Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), opina que el tema de la indemnización que ha planteado el directorio del Renap habría que analizarse a profundidad porque se trata de fondos públicos y sientan un precedente sobre otras instituciones del Estado.

Se tendría que evaluar si no hay ilegalidad de parte de los funcionarios que aprobaron esta indemnización, ya que comprometieron los recursos de la entidad para el futuro.

“Un funcionario público puede disponer de los recursos que tiene en el propio año que le asignó el Congreso, pero no puede comprometer ejercicios posteriores”, argumenta. 

Además, considera, se crea una inequidad entre los trabajadores estatales, porque los demás servidores públicos no tienen esta prerrogativa y la Constitución establece que la administración pública todo es uniforme. “A igual trabajo, igual remuneración”, argumenta Quezada. 

Según el especialista lo que se genera con esta indemnización es un crecimiento financiero exponencial de hoy en adelante. “Una carga tributaria muy fuerte”, revela. 

Lo más complicado, explica Quezada, es que el Directorio admitió en una resolución que no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones. Entonces cuestiona cómo pretenden cumplir a partir de ahora con personas que opten a esa indemnización.

Hay una norma en la Ley Orgánica del Presupuesto, dice Quezada, que señala que es un delito “asumir obligaciones sin tener presupuesto. Entonces aquí están asumiendo su obligación sin presupuesto y si le surgen indemnizaciones este año, ¿de qué presupuesto lo van a sacar?. indicó. 

Y lo más complicado, añade, “las de los años subsiguientes que dependen de que el Congreso les dé presupuesto, lo que van a hacer es ir a presionar. Lo que hicieron fue comprometerse sin tener presupuesto”, asegura. 

Renap, sin respuesta

Se ha consultado con diversas fuentes del Renap, pero hasta ahora no se ha tenido una respuesta respecto de por qué se optó por otorgar esa indemnización si se habían alertado sobre problemas financieros dentro de la institución.

Se sigue a la espera de una respuesta de la unidad de Comunicación Social y funcionarios que firmaron el acuerdo de la indemnización y la resolución que revela la falta de recursos económicos.

La indemnización

El Renap le pagará con algunas excepciones indemnización a trabajadores aunque renuncien o sean despedidos.

Para obtener este beneficio deben tener un mínimo de cuatro años de labores ininterrumpidas y un máximo de diez.

La publicación del acuerdo de directorio 58-2023 en el Diario de Centroamérica consigna que se trata de una “compensación económica por tiempo de servicio e indemnización por despido para trabajadores del Renap”.

El Acuerdo establece que este beneficio lo discutieron y aprobaron en una “Mesa Técnica de Compensación Económica por Tiempo de Servicio” y en el informe final MTC-COMPENSACION-003-2023, del 17 de octubre de 2023. 

La indemnización la acordaron los delegados del mayoritario Sindicato de Trabajadores del Renap (STRENAP) y delegados de esa institución avalados por el directorio.

Excepciones

El Renap no pagará la compensación económica por tiempo de servicio o de indemnización por despido indicadas en este acuerdo, en los siguientes casos:

1. Que al trabajador previamente a presentar su renuncia o efectuado su despido, se le haya iniciado procedimiento disciplinario por la comisión de una falta muy grave de conformidad con el reglamento interior de trabajo, salvo que el mismo sea declarado sin lugar por parte del director ejecutivo, posteriormente.
2. Por haberse dictado auto de prisión preventiva o auto de procesamiento en contra del trabajador del Renap por la posible comisión de delito doloso, cometido por el trabajador dentro de la institución o en perjuicio de ella en el ejercicio de su cargo.
3. Por delito doloso cometido por el trabajador en perjuicio de particulares o de la administración pública y que sean de los delitos contemplados en el título VIII, capítulo II, de la falsificación de documentos, y en el título XIII de los delitos contra la administración pública, capítulo 11 de los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos del Código Penal.
4. Por abandono de labores

El pago coincide con el mes en el que se celebra el Día del Maestro y el Mineduc estima desembolsar Q333.8 millones para 133 mil 545 empleados, entre profesores y administrativos.

Este bono deberá ser pagado de forma anual y se suma al otro que se paga a fin de año, el cual fue negociado en el anterior pacto colectivo, pero que continúa vigente, y que también es de Q2 mil 500, por lo que representa una suma similar que el ministerio debe erogar a finales del 2022.

¿De dónde saldrán los fondos?

El viceministro de Finanzas, Edwin Martínez señaló que se hizo una readecuación interna “para atender el compromiso”.

Donaldo Carías, director de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación señaló a Prensa Libre y Guatevisión que los fondos se obtuvieron de las “economías” que se generan por los movimientos en la planilla, por lo cual hicieron readecuaciones que están reguladas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

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“Son readecuaciones presupuestarias dentro del mismo grupo de gasto. Debido a la dinámica que es la nómina, hay bajas de empleados y con las economías que van surgiendo en la nómina se van haciendo las readecuaciones”, expuso Carías.

¿Cuánto costará el ajuste salarial del 2023?

En el pacto colectivo que fue negociado bajo “confidencialidad” se acordó un reajuste salarial del 3%, y por el cual la cartera educativa estima que costará Q419.9 millones, y aplicaría para las 133 mil 545 empleados, aunque puede variar dependiendo de las contrataciones y bajas que se den en lo que resta del 2022.

Carías expuso que este monto será contemplado en el proyecto de presupuesto para el 2023.

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¿Qué obliga a negociar?

Exautoridades de la cartera educativa han reconocido que la legislación nacional (Código de Trabajo) y los convenios ratificados por Guatemala, como los de la OIT, los obliga a negociar, ya que si se niegan, los sindicatos pueden elevar el tema a un juzgado laboral, el cual puede emitir un laudo arbitral, que les ordena ceder a las peticiones de los sindicatos.

“Si un patrono se niega a negociar o a suscribir un pacto, automáticamente faculta al sindicato a presentar ante cualquier juzgado laboral un conflicto colectivo de carácter económico-social, entonces cuando se plantea ante el juzgado, básicamente el patrono queda desprotegido, y ya no puede negociar, porque nunca se dio la oportunidad, y emiten un laudo arbitral para establecer lo que el sindicato pide. Es mejor negociar y suscribir”, señaló el exviceministro Técnico de Educación, Héctor Canto, en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, concedida el pasado 28 de marzo, donde se refirió al tema.

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Bono PADEP/F

En el pacto también se acordó verificar el pago de Q700 por un “Bono de Profesionalización” para los profesores graduados del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente de Educación Física (PADEP/F), el cual se ha pagado desde hace tres años, según Carías, y que representa Q8.4 millones anuales para 860 profesores incluidos.

Negociación confidencial

El pacto colectivo actual fue negociado bajo “confidencialidad” solicitada por el propio Acevedo, a la cual cedió el Ministerio de Educación, y fue luego de concluidas las negociaciones que se liberó la información sobre los acuerdos alcanzados.

Lea además: Ministra de Educación afirma que confidencialidad de negociación del pacto colectivo está en ley

El pacto actual tiene vigencia de dos años y luego debe ser denunciado, para volver a negociarse.

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De los pactos colectivos firmados en los últimos meses, solo se conoce que el de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que otorgará tres bonos dos de Q2 mil y uno por Q1 mil 500, así como una nivelación salarial a los trabajadores en 2021, argumentando los efectos causados por la pandemia, sin embargo, se conoce que hay otros pactos que están o entrarán en negociación colectiva o bien en otras fases en el sector público.

Denegados

Al consultar a la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas (Minfin), sobre los análisis de la viabilidad presupuestaria de los pactos colectivos durante el periodo 2020-2021 se informó que se han entrado a conocer dos gestiones, las cuales fueron rechazadas.

Los pactos colectivos que entraron a conocer fueron el de la Secretaria de Bienestar Social y de la Defensoría de la Mujer Indígena, “casos en los que se ha indicado que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria ni financiera para atender los beneficios salariales que se derivan de los proyectos de Pactos presentados”, se dio a conocer por la DTP.

“En el período 2020-2021, se ha dictaminado que las entidades que han gestionado la suscripción de Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo no cuentan con la viabilidad presupuestaria y financiera para atender los beneficios salariales que se derivan del mismo, los proyectos de Pacto no han generado costos adicionales sobre las finanzas públicas”, se resaltó por la referida Dirección.

En el caso de los pactos que se derivan de sentencia judicial, la DTP informó que las entidades deben analizar la disponibilidad financiera de su presupuesto de egresos vigente para dar cumplimiento a los beneficios económicos del mismo, siendo las máximas autoridades institucionales los responsables de la ejecución.

Asíes: “No dieron el ejemplo”

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación Estudios y Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo, aseguró que se espera una gran lista de nuevos pactos colectivos, o bien, solicitudes de beneficios adicionales a los trabajadores del sector público ante los efectos causados por la pandemia.

Consideró que también sería un ejemplo y una reacción natural ante la actitud de las autoridades del Ejecutivo, que no adoptaron medidas de contención en cuanto a sus salarios, como sí ocurrió con líderes de otros países que decidieron reducir sus entradas.

“Las autoridades superiores no renunciaron a disminuir sus ingresos salariales, gastos de representación y otras prestaciones en medio de la pandemia; no hubo muestras de solidaridad, ni sacrificio y no se dio el ejemplo de contención”, señaló Linares López.

Advirtió que se esperan compromisos de negociación colectiva, emplazamientos por discusiones de pactos colectivos, y que deberán ser atendidos como lo estable la ley.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei-2 2019), señala que el promedio de ingresos a nivel nacional es mayor para personas asalariadas, que las independientes.

Las personas asalariadas en el urbano metropolitana obtienen ingresos por Q3 mil 657, y los independientes Q3 mil 382.

Según Linares López, se evidencia que, en promedio, los trabajadores del sector público tienen mejores ingresos que en el sector privado.

En 2021, el presidente Alejandro Giammattei congeló el salario mínimo, argumentando los efectos de la crisis, y la tabla salarial es la misma del 2020:

1. Actividades No Agrícolas: Q92.88 diarios, Q3 mil 075.10 mensual
2. Actividades Agrícolas: Q90.16 diarios, Q2 mil 992.37 mensual
3. Exportación y Maquila: Q84.88 diarios, Q2 mil 831.77 mensual

Vienen los grandes pactos

Para Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), en los próximos meses se entrarán a conocer los pactos colectivos en los Ministerios de Educación y Salud, que son los que pueden mover los grandes desembolsos financieros públicos.

“Lamentablemente las máximas autoridades del Organismo Ejecutivo se pasan los criterios técnicos del propio Ministerio de Finanzas, y lo que hacen históricamente es negociar a cambio de favores políticos ese tipo de autorizaciones sin basarse en los criterios de la DTP”, apuntó.

Aseveró que, con estos pactos, se dejan de lado los criterios técnicos, que ponen en problemas y crisis el financiamiento del presupuesto por la carga que representan.

“Con Joviel Acevedo -dirigente magisterial- siempre ha existido la negociación política a cambio de favores y apoyo, no es nuevo viene de otras administraciones y este Gobierno no es la excepción”, precisó el analista de AC.

Del 2008 al 2019 se han suscrito 88 pactos colectivos, según los registros que proporcionó el Ministerio de Trabajo (Mintrab), en los cuales destacan mayormente sindicatos municipales, pero existen de otras instituciones públicas como de los ministerios de Economía en 2011; Público e INDE en 2012; IGSS en 2013; Salud, Empornac y Registro de la Propiedad en 2014; Migración, Intecap y MAGA en 2015.

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Pero en 2019, se asumieron otros compromisos con el Ministerio de Educación, Universidad de San Carlos, Empresa Portuaria Quetzal, Organismo Judicial y Tribunal Supremo Electoral, que son instituciones grandes, según el reporte oficial.

Parte de estos acuerdos colectivos ha provocado que el rubro de remuneraciones creciera en 181%, y de Q9 mil 260 millones que era en 2008 alcanzará Q26 mil 035 millones en el 2019.

Guatemala se rige en normas internacionales como el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es relacionado a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de sindicalización.

Predomina sector público

El abogado laboralista César Gatica, expresó que la negociación colectiva en los últimos años ha girado en el sector público, sobre todo en las municipalidades, algunas instituciones de los organismos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, así como entidades descentralizadas.

En la iniciativa privada, son contados los pactos colectivos negociados, ya que existen muy pocos sindicatos en ese sector en comparación del público.

Los sindicatos privados que existen y que llegan a una negociación colectiva, según Gatica, están concentrados en actividades de industria y de vestuario y textil.

Carga presupuestaria

De los 88 pactos colectivos suscritos, no se detallan los montos de los acuerdos alcanzados entre las partes.

En promedio, el rubro de remuneraciones salariales del sector público que se plantea en el presupuesto de ingresos y egresos se incrementa 10% en promedio para honrar esos compromisos asumidos.

El sindicalista Rigoberto Dueñas, confirmó que no necesariamente el incremento en la masa salarial en los últimos años corresponda a los pactos colectivos con las municipalidades, y la mayor incidencia es en los ministerios de Educación y Salud que son los más grandes en el organigrama del Estado.

“Son ministerios grandes en términos de población laboral por la demanda, ya que tanto Educación como Salud deben estar en todos los rincones del país. Es muy notorio que estos dos ministerios generan más gastos en términos de salarios”, explicó Dueñas, al reiterar que se debe al tamaño de los servicios públicos que prestan a la población.

Al comparar la negociación colectiva, subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Cultura cuentan con poco personal, y por lo tanto, es más baja la remuneración.

De dos a tres sindicatos

Al igual que Gatica, Dueñas dice que el sindicalismo se ha desarrollado más en el sector público, que, en el privado, y que en promedio hay inscritos más de dos sindicatos por entidad pública. Incluso, dijo, hay algunos donde existen de cuatro a cinco organizaciones.

En las municipalidades es común observar los registros de más pactos colectivos, y por eso sobresalen.

De los sindicatos privados que existen, están aquellos que se constituyeron en las industrias de 1970 y que están en su mayoría en la industria alimenticia que aún sobreviven.

Negociaciones

Para la suscripción de un pacto colectivo hay un proceso de negociación entre los representantes de los empleadores y trabajadores.

Dueñas explicó que en promedio los incrementos salariales que se exigen son de Q120 a Q150 en lo que con corresponden a las municipalidades, aunque es muy difícil lograrlo y que los alcaldes accedan la petición.

Generalmente, precisó que, en los proyectos de pactos colectivos, se pide 100% de incremento sabiendo que no se dará el monto para iniciar un proceso de diálogo.

El verdadero porcentaje para discutir será una vez iniciado la negociación, mientras que en el sector privado los incrementos salariales van del 8 al 10%, acercándose a las posiciones de 6 a 7% de ajuste.

La negociación también depende del número de afiliados del sindicato, la empresa o institución y los servicios que presta o los productos que fábrica.

Gatica reiteró que el punto medular de un pacto colectivo es el incremento salarial, pero también se pueden negociar otros beneficios que no sean económicos.

En ese sentido se han planteado acuerdos relacionados a beneficios sociales de una negociación colectiva a favor de los trabajadores que integra un centro de trabajo, como seguridad y salud ocupacional y mejores condiciones.

En los beneficios sociales están los centros de cuidado infantil de los trabajadores, servicios de atención a los hijos, como educación, médicos o licencias para los trabajadores para continuar sus estudios superiores, que son compensables en beneficios de las partes.

Vicios y abusos

Para Luis Linares López ex ministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), en la negociación de los pactos colectivos sobre todo del sector público se han dado una serie de vicios y que muchas veces se abona a una serie de abusos.

Explicó que los pactos colectivos tienen una duración de tres años, y en este periodo del 2008 al 2019, más de alguno ha sido renegociado.

En el ámbito local, dijo que existe una marcada campaña en contra de la negociación colectiva que es dirigida por personas que están en contra de la libertad sindical, que la hacen presentar como un mal ejemplo sobre todo para la empresa privada, y esto es abonado por el abuso en la negociación, cuando se hacen concesiones que son lesivas y perjudiciales para las finanzas públicas.

Detalló, que también existe una corresponsabilidad de los funcionarios que suscriben los acuerdos, ya que los sindicatos piden, y la negociación colectiva se basa en acuerdos.

“La autoridad tiene la última palabra, y el problema es que los funcionarios que negocian los pactos no sean beneficiarios de esos acuerdos porque hay un conflicto de interés. Yo doy porque a mí también me conviene”, subrayó Linares López, al recordar que este fue uno de los resultados obtenidos en un estudio que realizó Asíes.

Aliados políticos

El otro aspecto detectado es el abuso, sobre todo en el sector magisterial en la dependencia política del Gobierno de turno.

Recordó que, en el periodo de Otto Pérez Molina, había una presión muy fuerte al Ministerio de Educación para concluir la negociación lo antes posible, porque era de interés para él como para la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.

“No se puede negociar cuando se dice que mañana se tiene que llegar a un acuerdo, se sabe que hay presión y se crean condiciones duras para ceder. Estos son los vicios que afecta la negociación colectiva que contribuyen a desprestigiar un derecho fundamental”, remarcó Linares López.

En este caso del magisterio, se percibió el papel que jugó el sindicato del magisterio apoyando casi hasta el final a Pérez Molina, y ahora se observa el trato preferencial que el presidente Alejandro Giammattei le está dando al dirigente Joviel Acevedo en una reunión reciente en Izabal, que tendrá su costo a la hora de negociación del pacto colectivo.

El analista precisó que el secreto en una negociación colectiva es un equilibrio de fuerza, pero en el sector público siempre surge “que lo arregle el que venga atrás”, las alianzas políticas, y sobre todo en las municipalidades “dejar asegurada a su gente” para dejar amarrado al próximo alcalde y no despedir a los allegados.

Negociación virtual

Dada la situación actual de emergencia sanitaria, los procesos de negociaciones de los pactos colectivos se han quedado suspendidos, ya que es prohibido el desarrollo de asambleas o reuniones masivas.

En una negociación participan por lo menos unas 20 personas por la presencia de los delegados de las personas y los representantes de las partes.

Dueñas contó que por primera vez se está realizando una negociación virtual de un pacto colectivo, pero es un proceso lento, ya que se tiene que salir de la plataforma para hacer las consultas internas, con un dinamismo lento, pero que es un ejercicio de primera negociación colectiva.

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Benefició al exministro con arresto domiciliario y le fijó la fianza de Q25 mil para dejar la cárcel en la base militar Mariscal Zavala. Villavicencio tiene prohibido visitar la sede de la cartera de Salud, así como sus sedes; arraigo y firmar cada 15 días el libro de control del Ministerio Público.

El Ministerio Público (MP) tendrá dos meses para ampliar la investigación contra Villavicencio.

La orden de aprehensión contra Villavicencio Álvarez fue firmada el 18 de enero y se hizo efectiva el 23 de abril en la zona 11 capitalina.

Según el fiscal Henry Recinos, una estructura criminal operó desde el 2 de mayo del 2012 hasta el 24 de septiembre del 2014 dentro del Ministerio de Salud.

Las irregularidades se originan en la firma del pacto colectivo y condiciones de trabajo de la cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) durante el período que Villavicencio Álvarez estuvo a cargo de la cartera salubrista (2 de mayo de 2012 al 23 de septiembre de 2014).

A raíz de la firma de ese pacto colectivo, criticado por la sociedad guatemalteca, el Ministerio de Salud pagó Q14 millones al abogado César Landelino Franco López. El dinero provenía de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, y era para medicamentos, alimentos, productos reactivos y químicos, así como y material quirúrgico.

El 20 febrero del 2014, Franco López recibió el primer pago de Q7 millones como honorarios profesionales del Ministerio de Salud. Con la deducción de los impuestos, recibió Q6 millones 375 mil 600. El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago por otros Q7 millones y con la deducción de impuestos cobró Q6 millones 375 mil 600.

Además, Recinos explicó que por el pago de cuotas y viáticos la cartera erogó Q34 millones 756 mil 849.24.

“Esto es administrativo”

Cuando la juzgadora le otorgó la palabra, el exfuncionario dijo que el caso es “algo administrativo, laboral”. Se refirió a que “lamentablemente están presentando ante usted la criminalización del pacto -colectivo-”.

“Se me ha acusado y denigrado -añadió-, pero se habla de que el pacto estuvo malo, que le faltó una coma, pero no se habla de lo bueno. No he cometido un delito. Soy médico y la homologación del pacto fue discutida y en ningún momento me dijeron que había una ilegalidad”.

Villavicencio recordó que había solicitado audiencia. “El día que agarraron a los demás -para referirse a autoridades y sindicalistas que ya está procesados- el Ministerio Público se equivocó de casa. Yo no tengo la culpa, por eso mi abogado vino a pedir audiencia que se suspendió dos veces hasta que me capturaron en mi clínica”, se refirió.

En el Juzgado Quito Penal, a cargo de Judith Secaida, se realiza la audiencia de primera declaración al exministro de Salud Pública y Asistencia Social, Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez.
Se trata de un supuesto fraude millonario en 2013. pic.twitter.com/orwPjhKiiD

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 6, 2019

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El dirigente Joviel Acevedo señaló que la justicia ha emprendido una “persecución selectiva” contra la firma de algunos pactos, por lo cual demandó respeto.

Dijo que buscará una reunión con María Consuelo Porras, fiscal General, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que le explique los motivos de esa persecución.

También planteó la posibilidad de pedir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que venga una comisión que verifique que esa persecución es una violación a los derechos adquiridos en dos convenios en esa materia que Guatemala ha suscrito.

Óscar Hugo López, ministro de Educación, recibió la solicitud de los manifestantes y les dijo que verá si está en sus competencias gestionar aquella reunión.

Consultado sobre protesta, el funcionario dijo que hay un compromiso por cumplir 206 días de clase -el mínimo debe ser 180-. Subrayó que manifestar es un derecho, pero que se verificará si cada quien hizo el aviso para ausentarse de su escuela, pues en caso contrario se le hará una sanción por escrito.

La columna terminó en la plaza central, sin que hubiera recibimiento de algún funcionario del Ejecutivo.

Acevedo expresó a los maestros que el pacto colectivo está a disposición de los medios de comunicación y las autoridades para que lo investiguen. “No le debemos nada a nadie”, dijo.

Advierte a políticos

Acevedo dijo en la Plaza de la Constitución que la marcha había llegado a exigir respeto a la negociación colectiva y está en contra de la persecución al movimiento sindical a nivel local, departamental y nacional.

Además, pidió a la jefa del MP que investigue por qué fiscales han dicho que “12 pactos colectivos están en la mira”, ante lo cual insistió qe el acuerdo con Educación está disponible.

Según el dirigente, el pacto no es leonino, ni es un “pacto de corruptos”, sino que cumple los convenios 87 y 98 de la OIT.

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También cargó contra los políticos. Dijo que el próximo gobierno, sea del partido que sea, deberá cumplir con el pacto colectivo.

“Vamos a defender con uñas y dientes ese pacto porque es de todos los niños y jóvenes de escuelas públicas, y de los padres de familia, porque ahí están los libros, la valija didáctica, la gratuidad, la refacción”, expresó.

Al recordar que el STEG reúne a 128 mil 175 maestros de los 134 mil que trabajan en el ministerio, Acevedo animó a las a no prestarse a chantajes de los candidatos durante la campaña electoral, y que una vez llegan al poder se olvidan del magisterio.

“Hay directores y directores departamentales -de Educación-, no todos, pero sí muchos anti-sindicalistas y anti-pactos colectivos. Se hacen supervisores con esas autoridaditas chiquitas, se creen la mamá de Tarzán, enemigos de las juntas mixtas, de los maestros sindicalizados, incluso directores de establecimientos, que les prohíben a ustedes estar saliendo del establecimiento para esto -manifestar-. Si eso está en el pacto colectivo, de movilizaciones, asambleas generales, nacionales departamentales y municipales, mensuales y extraordinarias Compañeros y compañeras, no se dejen babosear, no dejemos ya que nos estén queriendo ver la cara de tontos”, les indicó Acevedo.

También arremetió contras los medios de comunicación, a los que culpó de buscar polarizar a su gremio. “Decir que nosotros pagamos Q30 millones por pacto colectivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se les ha descontado a ustedes? ¿un p*** centavo por pacto colectivo?, ¿cuándo? ni siquiera cuotas mensuales”.

El pacto firmado

Acevedo y el presidente Jimmy Morales firmaron el 24 de enero último un pacto colectivo que costará Q956 millones, igual al 5% por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación.

Según López, el pacto establece compromisos para el Gobierno, pero también para los maestros, algo que no estaba contemplado en pactos anteriores.

Gracias a ese pacto, los 134 mil educadores que trabajan en el servicio público recibirán 5 por ciento de aumento y, los que tengan una profesionalización universitaria, recibirán otro aumento. Cada año recibirán un bono de Q2 mil 500. A cambio, los maestros deben cumplir con el mínimo de 180 días de clase, someterse a una evaluación de desempeño y regirse bajo un reglamento disciplinario. El convenio está vigente hasta 2020.

Salubristas

Otro movimiento que salió a la calle en defensa de los pactos colectivos fue el de los salubristas.

Caminaron de la Plaza Italia, frente a la municipalidad capitalina, hacia la Plaza de la Constitución.

Luis Alpirez, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), dijo que ningún pacto colectivo suscrito con el Estado es corrupción porque el beneficio es para la clase trabajadora.

Agregó que, en el caso de la salud pública, el pacto beneficia a 53 mil trabajadores y sus familias.

Señaló además que el país está retrocediendo a la persecución contra dirigentes sindicales, populares y estudiantiles.

Alpirez fue beneficiado con excarcelación, pero está ligado a proceso por un caso de defraudación al Estado por Q14 millones en la suscripción del pacto colectivo con el Ministerio de Salud en 2013. Otras nueve personas están implicadas.

Por concepto de honorarios por sus servicios legales, César Adelino Franco López, abogado, cobró Q14 millones en 2014, y luego hizo depósitos a tres personas que están procesadas. El jurista tiene orden de captura.

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Según, Edie Cux, investigador de Acción Ciudadana, muchas compras que se hacen a final del año se amparan en los pactos colectivos y en ocasiones son “abusos con beneficios exorbitantes” en gastos innecesarios.

“Esto pasa porque muchas veces por la negligencia o complicidad de los funcionarios negocian beneficios que no son adecuados en la priorización de gastos necesarios para que funcione el Estado. El uso de recursos al terminar el año puede servir para mejorar la imagen de alcaldías. La Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público deben investigar”, criticó Cux.

César Elías, subcontralor de Calidad del Gasto, expuso que la institución está en desacuerdo con las compras navideñas que hacen entidades.

Tropiezos

El subcontralor aseguró que hay limitaciones para fiscalizar dichos gastos. Una de ellas se encuentra en el artículo 253 de la Constitución, que establece la autonomía municipal; además, en el inciso C, que determina que son encargadas de obtener y disponer de sus recursos.

Otro desafío para que la Contraloría logre evitar gastos innecesarios son los pactos colectivos.

“Hay muchas instituciones que tienen compromisos en los pactos colectivos. Compran canastas navideñas y se les distribuyen a los colaboradores porque lo estipula el pacto colectivo, pero nosotros no podemos inducir al funcionario a que incumpla la norma”, argumentó Elías.

La Contraloría ha sugerido en los últimos tres años a las instituciones no hacer compras si están comprometidas en los pactos colectivos.

Gastos incontrolables

Los trabajadores de las instituciones, y en menor medida personas de escasos recursos, son los beneficiados de compras navideñas con fondos públicos. 

Trineo con regalos

Las adquisiciones más frecuentes son regalos para los trabajadores, juguetes para los  hijos de estos, canastas navideñas y convivios.

La comuna de Fraijanes compró 600 canastas de víveres para sus trabajadores, por 89 mil 028. La justificación fue que se trata de “un estímulo por su labor y servicio”.

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) gastó Q1 millón 325 mil 160 en compras de regalos navideños para sus colaboradores y sus hijos, como carros, muñecas, robots y monopatines. Para los mil 525 trabajadores se regalarán microondas para cada uno, valorado en Q563. El regente de la Empornac, César Meza, explicó que la compra de regalos se hace porque así está establecido en el pacto colectivo.

Las municipalidades de El Asintal, Retalhuleu, donde el 82.2 por ciento de la población es pobre, y de Ipala, Chiquimula, con un índice de pobreza de 42.8 por ciento, también decidieron gastar en juguetes, por Q89 mil 10 mil y Q89 mil 568, respectivamente, y ambas justificaron que son para niños de escasos recursos.

La comuna de El Progreso, en Jutiapa, donde el 45 por ciento de su población es pobre y el nueve por ciento es extremadamente pobre, promueve un concurso de servicios para siete convivios, en el cual los invitados son beneficiarios de fertilizantes, miembros de los consejos de Desarrollo, periodistas, inquilinos de mercados, empleados municipales y niños con enfermedades renales.

Educación

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En este sentido, explicó, que primero comenzarán el paro de labores en las cabeceras departamentales de algunas regiones e irán extendiéndose hasta llegar a escala nacional.  

Asimismo, el líder magisterial dijo que se efectuarán movilizaciones en la provincia  y no se descartan marchas en la capital para exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó con el Gobierno.  

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“Nos hemos declarado en asamblea permanente por tiempo indefinido, hasta que se cumpla con el Pacto Colectivo”, sentenció Acevedo.

En total, en el Ministerio de Educación laboran unos 132 mil profesores y el  STEG es el sindicato mayoritario.

Presión sin sentido

El ministro de Educación, Óscar Hugo López, dijo que su cartera solo ha podido confirmar que un “grupo reducido” de maestros del sindicato de Quiché, que pertenece al STEG, optó por suspender las clases a partir de ayer, en protesta por no cumplirse las condiciones del Pacto.  

En una improvisada conferencia de prensa a la salida de una citación en el Congreso, López reconoció que el proceso de homologación del Pacto ha sido lento. “Pasó un período de tiempo prolongado, que no debía, en Onsec, pero salió de ahí y está en manos de la Dirección de Presupuesto —del ministerio de Finanzas—”, comentó  López.  

No obstante, López dijo que “no tiene sentido” que el sindicato tome medidas, como suspender clases, cuando aún está en proceso la aprobación del acuerdo.

“Uno entendería que se tomen estas medidas si, por ejemplo, se recibiera un dictamen desfavorable”, señaló López.

El ministro dijo que se han iniciado acciones para identificar a los maestros que han incumplido con sus labores y se iniciará un proceso sancionatorio a nivel administrativo. “Vamos a levantar las actas correspondientes para cada caso”, aseguró López. 
 

Niños perjudicados

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, dijo que los docentes deben priorizar el bienestar de los niños. “Los maestros deben velar porque no cesen las clases, porque el  aprendizaje depende de utilizar bien el tiempo del ciclo escolar”, expuso.

Spross dijo que el cese de labores de los maestros contradice los acuerdos del Pacto, que los condicionan a cumplir con 180 días de clases.

Por otra parte, la declaratoria de parto hecha por Acevedo coincide con la fase final de designación de nuevo Fiscal General, por lo que analistas no lo descartan como distractor.

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En promedio, el Congreso paga horas extras a 192 personas cada mes.

El tiempo extraordinario de noviembre y diciembre no se han desembolsado, por lo que aún no hacen públicos los registros en el Congreso.  

¿Quiénes cobraron?

Las personas que pueden cobrar horas extras son asistentes y auxiliares de distintas áreas, camarógrafos, conserjes, enfermeras, maestras, niñeras, pilotos, secretarias, supervisores de recursos humanos, técnicos y ujieres.

Los cuadros indican que durante marzo un auxiliar de auditoría cobró  Q8 mil 395.78 en concepto de horas extras. En agosto, un técnico operativo, que no específica su asignación específica, recibió Q6 mil 538.33.

Destaca que durante mayo, junio, julio, agosto y octubre un conserje cobró más de Q5 mil en horas extras cada mes.

En el otro extremo, hubo pequeños cobros por horas adicionales de trabajo, entre ellos un técnico administrativo que cobró Q27.21 en febrero, mientras que algunos auxiliares administrativos, camarógrafos, asistentes y secretarias recibieron menos de Q48 en diferentes meses cada uno como tiempo extra.

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Análisis

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, consideró que un pago tan alto en tiempo extraordinario dice que el Congreso tiene “una pésima administración de su recurso humano”.

“Es inaudito que se paguen horas extras en una institución que tiene contratada gente por encima de sus necesidades. No tienen control ni monitoreo del desempeño de su personal, pero sí para pagar las horas extras. Genera duda si este no es un rubro que se volvió un bolsón de gasto”, manifestó Marroquín.

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Ese bono representa para la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, un primer pago de Q28 mil 375, y para los magistrados titulares, Q25 mil 75. Al finalizar el proceso de consulta recibirán la misma cantidad.

Edie Cux, de Acción Ciudadana, considera que ese tipo de acciones ocurre porque no existe claridad de cómo diferenciar a los empleados del Estado con  la naturaleza de los dignatarios, como los magistrados del TSE, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y diputados.

“Esta situación de falta de claridad da pauta para que se dé ese tipo de bonos que, a la larga, como la ley no tiene claridad,  las misma personas que están en altas jerarquías  aprovechan para poder tener ese beneficio al igual que los demás empleados”, refirió Cux.

El experto consideró que  la Contraloría debería definir con claridad si efectivamente es permitido ese tipo de bonos, puesto que ya en una ocasión se hizo con lo diputados y el presidente.

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que hay que revisar la razón por la cual se aprobó esa normativa.

“En este momento el país no está para estar asignando recursos a bonos adicionales de los funcionarios públicos que no respondan a los resultados alcanzados. Hay muchas necesidades que derivan de la cantidad de problemas y de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que habría que revisar es en función a qué resultados se otorgaron esos bonos”, indicó Flores.

La analista agregó: “Hay que analizar la capacidad o la decisión que toman los altos funcionarios de hacer esos incrementos salariales, de asignarse bonos adicionales, y vale la pena mencionar  para aprobar negociaciones de nuevos pactos colectivos.  

Si el bono no va amarrado a resultados, creo que está de más decir que se convierten en despilfarro del gasto público”.

Empresarios también se mostraron sorprendidos por el bono que se recetaron los magistrados, al considerar que en las actuales circunstancias del país  no procedería ese pago.

Se intentó tener la versión de las autoridades de la  Contraloría, pero no respondieron las llamadas a sus celulares.

Defienden bono

La presidenta del TSE envió por mensaje el acuerdo con el cual  el bono se crea, que  es de 1993.

El vocero del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez, dijo que el bono electoral se otorga como un incentivo por la responsabilidad, dedicación y entrega que conlleva la organización y realización de la consulta popular 2017-2018.

“Este bono no es nuevo, se ha venido otorgando en procesos electorales anteriores desde 1993 y forma parte del pacto colectivo, y que es equivalente a un mes de sueldo”, refirió.

Al consultarle a Ramírez si los magistrados reintegrarán el bono, dijo que al momento no tenía conocimiento sobre la posición de los magistrados.

La consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice se realizará el 15 de abril del 2018 y tendrá un costo de Q380 millones: Q300 para el proceso electoral y Q80 millones  por el pago de abogados internacionales que representen a Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia.

A pesar de que Ramírez asegura que el monto establecido para el bono es de Q7.3 millones, la partida presupuestaria de complementos específicos al personal permanente que se encuentra en el acuerdo 246-2017 asciende a Q10 millones 284 mil 575, que  beneficiará a 872 trabajadores.

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El bono de consulta popular será equivalente a un mes de sueldo, tomando como principio la asignación del salario base, más el complemento salarial y las bonificaciones de antigüedad y profesional, así como los gastos de representación que tengan los trabajadores del TSE en el mes de inicio del proceso consultivo.

Este bono representa para la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, un primer pago de Q28 mil 375, y para los magistrados titulares, Q25 mil 75. Al finalizar el proceso de consulta recibirán la misma cantidad.

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Dos magistrados confirmaron el pago, el primero fue Jorge Mario Valenzuela, quien dijo que no sabía nada del bono, debido a que está convaleciente por una operación que le practicaron, por lo que pensó que era la primera parte del aguinaldo.

Mientras que el magistrado Mario Aguilar Elizardi aseguró que era un bono que todos los magistrados han recibido, por ser parte del pacto colectivo.

En total, el TSE erogará por los cinco magistrados titulares Q257 mil 350. La partida presupuestaria para este pago es de Q10 millones 284 mil 575, que  beneficiará a 872 trabajadores del TSE.

“Yo cuando asumí de magistrada no sabía cuánto era el salario. Ni me interesó saberlo. Como presidenta, voy a estar trabajando todo el tiempo. No es algo que hayamos establecido para servirnos, sino que era algo que ya estaba establecido. Cuando se dio el incremento salarial de hace pocos meses, a iniciativa mía, nosotros no entramos en ese acuerdo, ni los funcionarios del Tribunal”, explicó Mijangos.

La magistrada dijo que no había revisado si le habían dado el pago.

Hace meses el TSE aprobó un incremento salarial de Q1 mil para todos los empleados del Tribunal.

El bono también lo gozarán quienes estén suspendidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, licencia con goce de salario por accidente, enfermedad o maternidad, cuya prestación la hubiere otorgado el Tribunal por no estar cubierto por los programas sociales.

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• 011: Personal permanente
• 021: Personal supernumerario
• 022: Personal por contrato
• 031: Jornales

Serán tres pagos de Q1 mil de octubre a diciembre, sin descuentos. Solo habrá un bono para las personas que tengan más de un puesto en la institución.

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Según el acuerdo ministerial, firmado por Soto el 3 de noviembre último, el pago se enmarca en el pacto colectivo y la Dirección Técnica dispone del dinero para cubrirlo.

Para los próximos años, Salud deberá contemplar el bono “con las economías que se deriven de su techo presupuestario que le sea asignado”.

En un boletín de prensa, la cartera menciona que el ministro Soto “agradece el esfuerzo efectuado por los trabajadores del Ministerio de Salud durante 2017, en beneficio de la salud de la población guatemalteca”.

#ImportanteSalud pic.twitter.com/Y4JkXmPfX2

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) November 6, 2017

En conferencia de prensa, la ministra Lucrecia Hernández Mack manifestó que por el momento no se sabe cuál es el impacto que se causa a la institución y que hacen análisis financieros para determinarlo.

Afirmó que el presupuesto de la cartera es de Q6 mil 895 millones y que se desconoce cuál es el porcentaje que se utiliza para cumplir con el pacto colectivo.

Hernández Mack explicó que hay casos de empleados a los que se debe hasta Q150 mil, producto de bonos contemplados en el pacto de condiciones de trabajo que no han sido cancelados.

Normas

La procuradora general de la Nación, Anabella Morfín, aseguró que normas como el bono navideño o de vacaciones, bono de antigüedad y viáticos, entre otros beneficios contemplados en el pacto colectivo que data del 2013, generan poca certeza de pago, pues se comprometió parte del presupuesto sin contar con los recursos financieros correspondientes.

Cálculo de gasto

La Procuraduría General de la Nación estima que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social utiliza Q2 mil 133 millones anuales para cumplir con el pacto colectivo.

Anabella Morfín, procuradora general de la Nación, afirmó que se deducirán las responsabilidades de quienes comprometieron recursos financieros del Ministerio de Salud sin contar con un análisis del gasto.

Julio Saavedra, abogado de la PGN, explicó que antes de la suscripción del pacto  debía tomarse en cuenta el presupuesto  del Estado, lo que no ocurrió y por ello la vigencia de los artículos podría causar daño.

Rechazo

El abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, César Landelino Franco López, quien también fue su asesor durante la firma del pacto, expuso en contra de la solicitud y dijo que el Estado participó en las negociaciones, por lo que no puede ahora argumentar en su contra.

 Durante su exposición, Franco López calificó de “aberrante” la intención de anular los cuatro artículos y solicitó que se declare falta de personalidad de la PGN para hacer esa solicitud.

Hizo referencia a que el proceso para la firma del Pacto  cumplió con los aspectos legales necesarios y que ningún funcionario, después de la firma, lo rechazó e incluso hubo compromisos para el pago.

Juicio sigue

En el 2015, el Sindicato de Salud denunció a la cartera debido al incumplimiento en el pago de bonos acordados  en el 2013, y ello llevó a que este lunes se efectuara la primera audiencia del juicio.

La PGN y Salud, además de haber contrademandado con la solicitud de nulidad, buscaban que la jueza  decretara medidas cautelares y dejara en suspenso los artículos, pero la rechazó.

Artículos considerados lesivos

Según la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud, estos son los artículos que deben ser anulados. pues pueden ser lesivos para el Estado.

Nohemí Pablo Ortiz, secretaria general del Sindicato, dijo que una vez más exigen que se cumpla lo firmado en el pacto colectivo. “No es posible que hay documentos firmados por ellos y no nos cumplan, al parecer el problema es que en el Concejo existen diferencias y por eso no se ponen de acuerdo. Esperamos que solucionen el problema lo antes posible para no afectar a las personas que vienen a la comuna”, expresó Pablo.

El trabajador Víctor Yol dijo que es lamentable que las autoridades ediles no cumplan con lo firmado.

Recordó que tiene nueve años de la laborar en la Municipalidad de El Tejar y nunca he recibido un incremento salarial.

Problemas en el Concejo

Juan José Cua, alcalde de El Tejar, indicó que reconoce que existen compromisos  firmados con los trabajadores respecto de lo que solicitan. 

“Lo que ha estado pasado es que desde hace algunos días han habido ciertas oposiciones dentro del Concejo, es por eso el inconveniente; esperamos que ahora si nos pongamos de acuerdo para que todo se solucione de buena manera”, afirmó Cua.

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Otra práctica recurrente fue el traslado, a última hora, de personal contratado de manera temporal bajo el renglón 029 al 022 y 011, que es el permanente y presupuestado.

Hasta el viernes pasado, se gestionaban 107 denuncias de varias municipalidades que detectaron irregularidades relacionadas con el campo laboral, en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). La cifra podría aumentar al concluir las auditorías, por lo que no se puede cuantificar el impacto financiero.

La semana pasada, cinco alcaldes interpusieron recursos de oposición por inconformidad con la suscripción de pactos colectivos.

Los abogados de las cabeceras de Jalapa y de Chimaltenango; Purulhá, Baja Verapaz; San Luis, Petén; y San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, presentaron expedientes en el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

El objetivo de esas acciones es declarar improcedente o anular los acuerdos que dejaron sus antecesores, por considerar que son lesivos.

Los pactos se habrían firmado en septiembre y octubre del 2015; es decir, días después de haberse conocido los resultados electorales.

En diciembre último, los procesos fueron finalizados de manera acelerada. También hubo emplazamientos en los juzgados de Trabajo, para evitar despidos masivos.

El Mintrab debe ahora analizar cada impugnación, para determinar si proceden las demandas.

Más sindicatos

Otro hecho que llama la atención es que de octubre a diciembre pasados se formaron 71 sindicatos y comités ad hoc municipales, de los cuales algunos ya quedaron inscritos en enero del 2016 en el Mintrab, según los registros de la Anam.

Otros se encuentran en proceso de ser autorizados, y que empezaron a agruparse luego de las elecciones generales.

Con los nuevos sindicatos formados llegó a 188 el número de organizaciones, lo que significa que cinco de cada 10 municipalidades cuenta con una.

Antes de las elecciones, la Anam dio cuenta del reconocimiento de 117 organizaciones.

La principal demanda de los nuevos sindicatos es la inamovilidad de los trabajadores.

Puestos seguros

Miles de empleados municipales tienen inamovilidad luego de las referidas acciones. Por ejemplo, en la Municipalidad de Jalapa, el exalcalde Élmer Guerra, quien se postuló por el partido Libertad Democrática Renovada, aseguró a unos 400 empleados por medio del pacto que firmó con la dirigencia sindical.

Aunque las nuevas autoridades no pueden llevar a cabo destituciones, el nuevo alcalde, Mario Estrada, contrata personal de confianza, lo que podría sobrecargar la planilla.

En Chimaltenango, el expediente da cuenta de unos 400 empleados que estarían protegidos; en San Martín Zapotitlán, 200; Purulhá, 127; y San Luis, 125.

El abogado Landelino Franco López es quien asesora al sindicato de Chimaltenango, y en el 2015 recibió Q24 millones como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud por el cobro de un arancel del 10% del pacto colectivo.

Una solución que podría resolver ese problema, según la Anam, es la aprobación de la ley de la carrera municipal, que regularía las negociaciones con los sindicatos y la promoción de la carrera.

Posible delito

Entre las gestiones promovidas por los alcaldes al Mintrab hay tres pactos colectivos en los cuales supuestamente se efectuaron asambleas de denuncia —proceso de renegociación con el patrono— y en otros se realizaron por la vía de convenios colectivos, que es un disfraz de pacto, ya que se incluyen ajustes salariales.

El convenio colectivo es más rápido de suscribir respecto de un pacto, y se puede celebrar con miembros de la organización.

“Es la primera vez que se presenta una situación de tal magnitud en las municipalidades, porque en las pasadas elecciones no hubo tanto movimiento como ahora”, afirma un funcionario del Mintrab.

Un grupo de alcaldes se reunió con la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, la semana recién pasada, para hablar acerca de la situación.

“Estos movimientos responden al revanchismo o venganza por los alcaldes perdedores”, manifestó Edwin Escobar, presidente de la Anam, y aseguró que habrá municipalidades que no podrán cumplir, por el aumento de la carga presupuestaria. En todo caso, recurrirían a endeudamiento, comentó.

Agregó que hay evidencia de que los exalcaldes promovieron la constitución de nuevos sindicatos como medida para ejercer presión indirecta a los alcaldes que se estrenan.

Escobar explicó que la mayoría de nuevos alcaldes solicitó a sus antecesores no realizar contrataciones de personal o asignar fondos a proyectos de inversión municipal, para no comprometer su gestión; pero al final hicieron lo contrario, con el fin de perjudicarlos.