Rony Mendoza, directivo de la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado, aseguró que el paro será acuerpado por organizaciones campesinas, de maestros e indígenas, por lo que esperan la participación de unas 35 mil personas. A pesar de ello, al menos dos de esos gremios negaron su apoyo.

Mendoza indicó que no bloquearán vías importantes, pues su intención no es perjudicar a la población.

“No tenemos ganas de pelear, solo queremos que escuchen que la población está cansada del alto costo de la vida,  corrupción y  proyectos como el de TCQ —Terminal de Contenedores Quetzal—”, aseguró.

El dirigente aseguró que como gremio están cansados del cobro irregular de multas. “Son exageradas y la mayoría injustificadas”, expresó.

Desmienten apoyo

El líder magisterial Jovel Acevedo y Pedro Esquina, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, negaron que hayan ofrecido apoyo a los transportistas.

“La gremial pertenece a la agrupación  Povres —Pueblo Pobre Organizado Vamos por la Reforma—, y habrán asumido que lo apoyaríamos”, explicó Acevedo.

Luis Alpírez, dirigente del Frente Nacional de Lucha, reconoció que se han reunido con los transportistas, pero “aún no se ha tomado una decisión de apoyarlos”.

Quejas por infracciones

Según directivos del transporte pesado, en una semana la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de Guatemala les impuso 95 multas de Q2 mil cada una; la de Villa Nueva, 135 de Q500; la de Amatitlán, 213 de Q250; y la de San Miguel Petapa, 35 de Q500.

Autoridades de la Municipalidad de Guatemala aseguran que no dejarán de imponer multas, porque los transportistas incumplen la Ley.

Según la PMT, la mayoría de multas se ha emitido por incumplimiento al horario de restricción, por ingresar en zona prohibidas, por no transitar en el carril izquierdo y por no portar licencia de conducir.

Lo hemos dicho tantas veces que ya es letanía de monaguillo. La economía funciona cuando ésta funciona libremente, sin limitaciones, ni cortapisas. Por ejemplo, que los puertos y aeropuertos funcionen normalmente para que las importaciones y exportaciones puedan entrar y salir al país de la forma más expedita y rápida posible. Que la infraestructura vial se mantenga abierta y fluida para que el transporte pesado y de pasajeros lleguen a su destino.

Cuando este sistema colapsa, las pérdidas son exorbitantes, no solo para las empresas sino para el consumidor final, porque como lo ha dicho el premio Nobel Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Lo que significa que las pérdidas, causadas durante estos paros — y que según cálculos de los empresas afectadas— ya van por Q3 mil 600 millones, al final del día saldrán de los bolsillos chapines.

El fondo de esta crisis es sobre las regulaciones al transporte pesado que impuso el Concejo capitalino con sanciones de hasta Q5 mil “para los que reincidan en el incumplimiento del acuerdo”. La medida limita la circulación de lunes a viernes de 5 a 9 horas y de 16.30 a 21 horas. Los sábados, de 12 a 16 horas, y los domingos, de 5 a 21, en el área central. Ese es el aparente fondo del asunto. No lo es…

Hay una concertada estrategia de desestabilización generada por grupos interesados en transitar sus proyectos políticos por estas brechas de ingobernabilidad. Como lo señala el comunicado de la Municipalidad de Guatemala, han sido muy pocos los que han generado impunemente la amenaza en contra de los transportistas que no están de acuerdo con el paro, especialmente por el hecho que este proyecto de horarios se viene discutiendo desde principios de años intersectorialmente, incluyendo a la Procuraduría de Derechos Humanos.

El cuadro grande para entender las restricciones de horarios al transporte pesado se centra en una simple ecuación entre el porcentaje de atascos que el transporte pesado genera en las horas de mayor circulación en la capital y los costos de horas/hombre pérdidas ocasionadas. La diferencia es sustancial. Hay más embotellamientos y por ende pérdidas para la economía.

El bien común debe prevalecer y de nada sirven las mesas de diálogos si no se centran en un análisis frío de la realidad. El país entero no se puede someter a la voluntad e intereses de unos pocos paralizando al país entero durante nueve días. Si los pocos no entienden esto, e insisten en tomar medidas de hecho que violan flagrantemente el derecho constitucional de la libre locomoción, entonces debe aplicarse el poder coercitivo de la ley.

La Corte de Constitucionalidad amparó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) apercibiendo a las autoridades a proteger los derechos de los ciudadanos ante los paros y bloqueos del transporte pesado. El amparo está fundamentado en el derecho de la libre locomoción y la protección del derecho de trabajo.

A pesar que el paro de pilotos deja pérdidas de Q40 millones diarios a la SAT e incontables efectos en la economía el Ejecutivo se tomó demasiado tiempo en pronunciarse, y cuando lo hizo, fue para distanciarse de la crisis, declarando que “el problema no era de su competencia ni tiene jurisdicción para intervenir.. “ (¿?) Como si su mandato no fuera claro en cuanto a su responsabilidad en el manejo de emergencias y acontecimientos graves.

Deja mucho que desear una posición tan evidentemente inadecuada y políticamente incorrecta. El Presidente de la República tiene media docena de atribuciones ligadas a su responsabilidades —por mandato constitucional— en el ámbito de mantener el orden público y velar por que se cumplan las leyes. Inaudito que nueve días y 1,300 millones en pérdidas después, la conclusión sea una mesa de diálogo.

Patético…

Los efectados indicaron que tomaron esta medida por temor a que pilotos pierdan la vida a causa de ataques armados.
Los pobladores tuvieron que utilizar picops o taxis para trasladarse a sus destinos. Sin embargo, muchos se quejaron del gasto que esta situación les representa.

De acuerdo con la Asociación de Transporte de los tres municipios que cubren el servicio en los tres ayuntamientos, tomó esta acción por agresión armada del domingo último, donde gracias a Dios no hubo muertos ni heridos.

“No vamos a trabajar porque hay mucha inseguridad. Nos están presionando para que paguemos esa extorsión, pero nuestras rutas son cortas y los ingresos no son como se piensa porque el pasaje es barato”, dijo un perjudicado.

Arturo Poz, usuario de Zunil, mencionó que esta situación lo coloca en aprietos económicos  porque el gasto es más, ya que en lugar de pagar Q1.50 en el bus, ahora desembolsó Q2.50 en picops.

Residentes en estos municipios solicitaron a las autoridades policiales tomar acciones, ya que son perjudicados por la medida de los dueños de los colectivos, quienes se mantienen reunidos en Almolonga.
Roberto Cermeño, de la Comisaría 41, expresó que han incrementado los patrullajes entre los lugares afectados para brindar seguridad a pilotos y pasajeros.

El gobierno salvadoreño estableció un plan de contingencia, que incluye más de 120 vehículos entre autobuses, microbuses y camionetas que ofrecen transporte del centro de San Salvador hacia distintos puntos del área metropolitana, custodiados por 260 agentes de la Policía Nacional Civil.
 
Numerosos vehículos particulares se improvisaron como taxis, estableciendo precios determinados por los propios conductores, que oscilan entre los 25 centavos y US$1.
 
Viajeros hacinados en los distintos medios de transporte o vehículos particulares lograron llegar a sus puestos de trabajo más tarde de lo habitual, pese a que la mayoría salieron de sus casas más temprano que de costumbre.
 
Si bien algunos centros educativos suspendieron las clases, la mayoría de instituciones continúan con sus jornadas habituales.
 
El dispositivo de transporte y seguridad del Gobierno se mantendrá mientras duren los paros de conductores, amenazados por las pandillas.
 
El Ejecutivo dijo este martes que las pandillas ejercen el “terrorismo”  en contra de los transportistas en un intento por presionar a las autoridades a concretar “algún tipo de pacto”  con ellas, pero que el Gobierno “no cederá”.
 

Amenaza

A través de una carta difundida semanas atrás y atribuida a líderes encarcelados de las pandillas, estos plantearon a las autoridades una especie de pacto para reducir la violencia, que se ha disparo en los últimos meses, pero el Gobierno rechazó cualquier iniciativa en ese sentido.
 
“Estos grupos criminales han encontrado en este gobierno, en el presidente Salvador Sánchez Cerén, un hombre firme, un hombre claro de su compromiso de impulsar una estrategia de persecución del delito, una estrategia de no darles ninguna tregua”, sostuvo el secretario de Comunicaciones de El Salvador, Eugenio Chicas.

Según los datos oficiales en el primer semestre del 2015 los asesinatos en El Salvador se dispararon en un 55.7 %, en comparación con el mismo período del año anterior, y  sumaron dos mil 865, lo que se traduce en casi 16 muertes diarias.
 
En el 2012 y durante 15 meses, una tregua entre las pandillas, de la que el Gobierno del entonces presidente Mauricio Funes se desligó, permitió que el promedio diario de homicidios en El Salvador bajara de 12 a 5.