Partido Patriota

Mauricio López Bonilla: El ministro que negociaba con el crimen organizado

Wed, 04 Sep 2024 11:00:00 +0000

Mauricio López Bonilla era un militar hábil, astuto y locuaz. Fue combatiente en el Conflicto Armado Interno y lideró una operación que acabó con una tropa de la guerrilla. Para entonces, era 1981 y empezaba a involucrarse en la política que, inicialmente, lo llevó a ser parte de la cúpula que asesoraba al régimen de Efraín Ríos Montt.

El país sufrió los años más crueles de la guerra civil en los ochenta, década en la que él y Otto Pérez Molina coincidieron en actividades para empezar a lograr la paz en el país. Esta llegaría hasta 1996 y López Bonilla fungió, en la recta final de las negociaciones, como enlace entre el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Después del fin del conflicto, el exministro se retiró de las fuerzas armadas y se convirtió en analista y consultor en temas políticos, investigador social, asesor en seguridad, catedrático universitario y experto en diseño y ejecución de planes de contingencia, manejo de crisis y continuidad de negocios.

Sus habilidades en comunicación, su facilidad para expresarse y la cercanía con Pérez Molina le permitieron ser el jefe de campaña del Partido Patriota en 2011, año en el que la agrupación naranja ganó las elecciones presidenciales bajo el lema de “mano dura”, que enmarcaba la promesa de enfrentar a la delincuencia en el país.

Mauricio López Bonilla llega a la Torre de Tribunales, durante una de las audiencias en el caso Blindados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La recompensa de la victoria llegó pronto y fue nombrado titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) en 2012. De esa manera, tuvo a su cargo la administración de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario, dos de las entidades en las que fue señalado de involucrarse con grupos criminales y de negociar con narcos y presidiarios.

Las investigaciones detallaron que, en la primera institución, el exfuncionario integró una estructura que defraudó al Estado por decenas de millones de quetzales, por medio del arrendamiento irregular de vehículos blindados y supuestas reparaciones para las autopatrullas y subestaciones policiales.

Los señalamientos de corrupción provocaron su ingreso a la prisión, en donde lo esperaba el convicto Byron Lima, que era conocido como el “Rey de las Prisiones”. Si bien los dos tenían antecedentes militares y tuvieron acercamientos durante la gestión patriota, la relación entró en conflicto y Lima llegó a considerarlo su enemigo.

Pese a ello, López Bonilla aceptó haber recibido recomendaciones de Lima y, bajo sus sugerencias, le dio a Édgar Camargo (suegro de Lima) un puesto directivo en el Sistema Penitenciario. Eso le permitió a Lima, junto con la colaboración de otros funcionarios, controlar una red dedicada a efectuar cobros ilegales por traslados en las prisiones.

Byron Lima señaló a Mauricio López Bonilla de “ladrón”, “tumbador” de drogas, “narcotraficante” y “lavador de dinero”.

En estas acusaciones apareció el exministro, a quien Lima terminó tildando de “ladrón”, “tumbador” de drogas, “narcotraficante” y “lavador de dinero”. Años después de esas declaraciones, EE. UU. solicitó la extradición de López Bonilla por presuntamente colaborar con el tráfico de narcóticos cuando se desempeñaba como jefe del Mingob.

El militar aseguró que esto era falso. Y aunque hubo serios señalamientos de malos manejos de los recursos públicos y de que recibió dinero del narcotráfico, los procesos de extinción de dominio en su contra son mínimos y apenas tiene embargados US$30,092 que obtuvo, aparentemente, de forma ilícita.

Eso sí, el exfuncionario ha dicho que no se arrepiente de sus acciones y afirmó, en medio de los señalamientos en su contra, que la “verdad verdadera debe prevalecer”. Lo cierto es que ocho años después de estar preso, lo que queda claro es que dos sentencias lo definen como un actor corrupto más en la historia del país.

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Cooptación del Estado

“Que existiera la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para siempre, sería bueno”, afirmaba López Bonilla en 2014, sin saber que años después esa instancia a la que respaldó haría caer poco a poco a varios de los líderes y funcionarios del Partido Patriota, incluyéndolo.
La justicia lo alcanzó el 11 de junio de 2016, cuando fue detenido por supuestamente desembolsar fuertes cantidades de dinero en efectivo de procedencia ilícita, para comprarle suntuosos obsequios al binomio presidencial. Esto ocurrió, según la investigación, entre 2012 y 2014.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG mencionaron que, con el dinero que él y otros exministros proporcionaron, se compraron lujosos bienes para agasajar en sus cumpleaños a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Entre los “regalos” entregados había inmuebles, una lancha y un helicóptero.

La pesquisa fue bautizada como “La Coperacha”, que después se convirtió en una de las fases del caso Cooptación del Estado. Si bien el extitular de la cartera del Interior fue acusado de cometer asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo, la jueza Eva Recinos decidió cerrar su caso.

Blindados

Este fue el primer expediente por el que el exjefe del Mingob fue condenado. La investigación fue revelada el 30 de enero de 2017 y surgió por el arrendamiento de 47 vehículos blindados. Por estos, el Ministerio de Gobernación se comprometió a pagar Q32.7 millones. Sin embargo, el negocio se hizo de forma fraudulenta.

La pesquisa detalló que estos autos los utilizaría la cartera del Interior, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, pero su alquiler se efectuó sin someter la contratación a un licitación pública. El exfuncionario tuvo pleno conocimiento de esta irregularidad, según el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.

De hecho, Multi Servicios Exclusivos, que fue la empresa a la que se le requirió este servicio, no tenía la capacidad económica ni la cantidad de camionetas que se le había requerido. Por todo eso, el entonces juez Carlos Ruano emitió una sentencia condenatoria en 2018.

De esa forma, al militar se le impuso una pena de prisión de ocho años y medio por incurrir en fraude por este caso denominado Blindados. El exviceministro de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, recibió la misma condena. Tras conocerse el fallo, López Bonilla dijo que la justicia estaba “politizada”.

Mauricio López Bonilla al salir de la Torre de Tribunales luego de ser condenado a 13 años y 9 meses de prisión y una multa de Q562 mil por peculado de uso y fraude, en el caso Patrullas. (foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Patrullas

El arrendamiento de vehículos blindados no fue la única manera en la que se extrajo dinero de la cartera del Interior. Es más, el exministro contribuyó en desfalcar Q44.5 millones para gastarlos en inexistentes reparaciones de patrullas y la simulación del mantenimiento de subestaciones policiales.

Para lograrlo, el militar se involucró con una extensa red criminal, la cual creó siete empresas de cartón, mismas que fueron utilizadas para captar los fondos que servirían para ejecutar los servicios. Estos fueron contratados bajo la modalidad de compras directas, con lo cual evitaron que lo requerido fuera sometido a una licitación pública.

Estas irregularidades en el caso Patrullas fueron reveladas por FECI y la CICIG el 5 de mayo de 2017. Para entonces, el exjefe del Mingob estaba por cumplir su primer año en prisión y, eventualmente, su estancia en la cárcel se extendería por más tiempo tras recibir su segunda condena por este caso.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Oly González, lo encontró culpable de los hechos y le impuso una pena de prisión de 13 años y nueve meses por incurrir en fraude y peculado por uso. Junto a él fueron condenadas otras 16 personas que estuvieron implicadas en la sustracción de recursos públicos.

Las autoridades aseguraron que el exjefe del Mingob le dio tanto poder a Lima, al punto que él podía nombrar personal en el Sistema Penitenciario y solo en 2012 logró ejecutar el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito

Caja de Pandora

El reinado de Byron Lima en las prisiones terminó en 18 julio de 2016, cuando fue asesinado en la prisión Pavón durante un motín, surgido por una supuesta disputa con el narcotraficante Marvin Montiel, alias el “Taquero”. Un mes antes del hecho, López Bonilla ingresaba a Mariscal Zavala.

Estando detenido, el exministro lamentó el deceso y aseguró que no “tuvo ningún altercado con él (Lima)”. “Él dijo muchas veces cosas mías; yo jamás respondí a lo que dijo”, mencionó. Pese a lo manifestado y a los desencuentros con Lima, el exministro atendía las solicitudes del convicto y, presuntamente, ambos colaboraron en el manejo irregular de las prisiones.

Eso fue lo que evidenció la FECI y CICIG en el caso Caja de Pandora, que fue presentado el 5 de octubre de 2017. Esta investigación expuso que el exministro le otorgó a Lima la facultad de decidir sobre el traslado de los presos a diferentes cárceles. Incluso, determinaron que los dos intercambiaron información sobre los reos.

Las autoridades aseguraron que el exjefe del Mingob le dio tanto poder a Lima, al punto que él podía nombrar personal en el Sistema Penitenciario y solo en 2012 logró ejecutar el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito, quienes presuntamente pagaron para hacer el cambio. Este caso sigue activo y, aunque fue enviado a juicio, el proceso regresó a la etapa intermedia por una decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo.

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Narcotráfico

López Bonilla aceptó que su seudónimo de guerra era “Don Damián”. Sin embargo, rechazó que se le conociera como el “Pato”, el “Arquitecto”, el “Ingeniero”, el “Patriarca” o el “Patrón”, como lo afirmaron los colaboradores de la justicia estadounidense y que lo acusaron de recibir dinero de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En total, el exministro habría obtenido US$1.5 millones por colaborar, entre otros, con el cartel de los Zetas y permitir el traslado de cocaína en Guatemala sin la intromisión de la fuerza pública. Debido a los sobornos presuntamente entregados all exfuncionario, se redujeron las actividades policiales y se protegieron a los narcotraficantes.

Es más, la acusación expuso que el exjefe del Mingob ordenaba a los oficiales de la PNC que escoltaran los cargamentos de cocaína y reasignaba al personal de la institución a solicitud de las organizaciones de narcotráfico. Por eso, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal autorizó su extradición hacia EE. UU. en 2017.

El control de las cárceles habría estado en manos de Mauricio López Bonilla y el reo Byron Lima, según el Caso Pandora. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Defensa

Luis Mérida, abogado del exministro, manifestó que hubo parcialidad en los procesos iniciados en contra del exfuncionario y señaló al exjuez Carlos Ruano de incurrir en esa situación. “Ahora vemos que él tenía una tendencia ideológica que influyó en la sentencia que dictó (en el caso Blindados)”, afirmó el profesional.

Por eso, el defensor dijo que este es un aspecto que se está analizando para plantear recursos extraordinarios, entre ellos revisiones, porque hay pruebas para revertir los fallos condenatorios impuestos a López Bonilla. Además, refirió que en el caso Cooptación del Estado se violó el procedimiento para elevarlo a una judicatura de Mayor Riesgo.

También mencionó que en el caso Caja de Pandora la decisión con la que fue enviado a juicio fue anulada, producto de un resolución que favoreció a Moisés Galindo. De esa manera, el expediente regresó a etapa intermedia. Incluso, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” tendrá que resolver si sigue conociendo el caso o bien lo manda a una judicatura ordinaria.

Para finalizar, Mérida expresó que la CICIG en sus inicios actuó bien y sus pesquisas eran objetivas. No obstante, agregó que el ente tuvo un momento de “quiebre” para beneficiar a la ex fiscal general Thelma Aldana. “Tenían en sus planes que ella fuera candidata presidencial y, viendo esa oportunidad, politizaron lo judicial”, acotó.

Roxana Baldetti: De la gloria en la política a su hundimiento en la cárcel

Mon, 02 Sep 2024 11:00:00 +0000

Roxana Baldetti fue una funcionaria polémica, por la forma de expresarse y su modo de actuar. Estuvo involucrada en la política desde inicios de este siglo y tuvo un ascenso apresurado. No obstante, su poder fue efímero y se esfumó por señalamientos de corrupción, los cuales la mantienen en prisión.

La ex vicepresidenta fue una de las fundadoras del Partido Patriota, una agrupación que formalmente surgió a partir de 2002 y rápidamente empezó a ocupar cuotas de poder en el Estado. Un año después de su aparición, la organización política ganó sus primeros escaños en el Congreso de la República y uno de ellos se le asignó a Baldetti.

Fue allí donde arrancó su trayectoria política, una que le permitió ser parte de la Junta Directiva del Congreso y jefa del bloque de la extinta agrupación naranja. Su período en el Legislativo terminó en 2011, cuando renunció a su cargo para postularse para conformar el binomio presidencial del Partido Patriota.

Fue el inicio del fin de su carrera. Si bien logró ser electa vicepresidenta, no consiguió completar el período para el que fue designada, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la acusaran de cometer múltiples delitos.

En ese engranaje estaban involucrados funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y agentes externos a esta estructura.

Estas dependencias, desde 2014, identificaron una red de contrabando en la que estaban involucrados importadores y tramitadores aduaneros, quienes realizaban operaciones ilegales para evadir el pago de impuestos. La estructura proporcionaba, según las pesquisas, un número telefónico denominado “la línea”.

En ese engranaje estaban involucrados funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y agentes externos a esta estructura, cuyos nexos llegaban a las altas esferas de la política nacional y en donde uno de los involucrados era Juan Carlos Monzón, el secretario privado de Baldetti.

Roxana Baldetti junto al presidente Otto Pérez Molina el 22 de abril del 2015, durante una reunión con el cuerpo diplomático. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Línea

La existencia de la red de defraudación aduanera fue revelada el 16 de abril de 2015. Ese día fueron detenidas 19 personas, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz, extitulares de la SAT. Se les aprehendió por señalamientos de pertenecer a una estructura que defraudaba al fisco en las aduanas y que percibía, por esa actividad, Q2.5 millones semanalmente.

Para hacerlo, el importador solo pagaba el 70% del total de los impuestos que debía cancelarle al erario. De esa cantidad, el 40% quedaba en las arcas del Estado y el 30% restante era un soborno para los miembros del grupo criminal. La presentación de la pesquisa generó polémica, por la implicación de Monzón.

Sin embargo, la audiencia de primera declaración de los 19 detenidos provocó mayor revuelo, porque en la diligencia se mencionó que en el grupo delictivo también participaban personajes a los que se les atribuía apelativos como “el número uno”, “el presidente”, “el mero mero”, “la r”, “la señora”, “la señorona” o “la dos”.

Todo apuntaba al binomio presidencial. En menos de 10 días de expuesta la pesquisa, comenzaron las manifestaciones multitudinarias exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina y de Baldetti. El gobierno se derrumbaba y la presión de la ciudadanía, de los empresarios y la comunidad internacional hizo que la entonces vicepresidenta renunciara.

El 24 de agosto del 2015, Roxana Baldetti declaraba ante el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Era el 8 de mayo y Pérez Molina anunció la dimisión. Él aseguró que la decisión de la exdiputada fue “personal, meditada, difícil y valiente”. Tres meses después fue detenida por ser parte de “La Línea”. Fue la primera vicepresidenta del país y la primera en ocupar ese cargo en ser condenada por actos de corrupción.

Agua Mágica

Mientras Baldetti estaba en prisión en el centro de detención Santa Teresa de la zona 18 capitalina, se le notificó el 23 de febrero de 2016 que estaba vinculada a otra investigación, en la que era la lideresa de una organización criminal que estafó al Estado por Q22.83 millones con el pretexto de sanear el lago de Amatitlán.

Este negocio se hizo con la empresa israelí M Tarcic Engineering LTDA y uno de los operadores de la transacción, según la FECI y la CICIG, fue el hermano de la ex vicepresidenta: Mario Alejandro Baldetti Elías, quien no tenía un cargo público, pero que controlaba la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.

Dicha dependencia compró el “líquido especial fabricado en Israel” que la exfuncionaria dijo que serviría para limpiar ese cuerpo de agua, una fórmula que tenía agua con sal, agua oxigenada, extractos de pino, ajo, algas marinas y etanol. Eso no logró descontaminarlo y la promesa de la exdiputada de comer mojarras del lago tampoco se cumplió.

Al contrario, la FECI y la CICIG identificaron una serie de irregularidades en la adquisición. Por ejemplo, el producto no tenía registro sanitario, no había un estudio de impacto ambiental del mismo ni documentación científica que respaldara su aplicación. Todo ello provocó que Baldetti fuera condenada.

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, es trasladada a la cárcel de la base militar de Matamoros, luego de escuchar los motivos de su detención por el caso La Línea, el 28 de agosto del 2015. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cooptación del Estado

La Línea fue la investigación que dio pie a este nuevo caso, presentado el 2 de junio de 2016. Se convirtió en el expediente más grande presentado por la CICIG y la FECI. Para entonces, el gobierno del Partido Patriota había acabado y sus principales líderes acumulaban múltiples señalamientos de corrupción.

En esta ocasión, la ex vicepresidenta fue acusada de ser parte de una extensa red que, desde 2008, se dedicó a captar fondos de forma irregular para financiar la campaña electoral de la agrupación naranja y después sirvió para cobrar comisiones ilícitas por la asignación de contratos, obras y servicios.

Las autoridades indicaron que esa maquinaria, en la que se involucraron varias empresas y contratistas, le permitió a Baldetti llegar al poder y obtener beneficios económicos de todo tipo. Incluso, la investigación detalló que solo por el cobro de coimas por el trámite de contratos nuevos o en curso, la estructura pudo haber percibido Q500 millones.

Esta pesquisa, debido a la dimensión de los hechos, se dividió en otras dos fases. La primera fue la de la Terminal de Contenedores Quetzal, en la que se detalló que inversionistas españoles, supuestamente con sobornos, consiguieron una porción del Puerto Quetzal. La segunda fue La Coperacha, que sostenía que diversos funcionarios agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos comprados con dinero ilícito.

La segunda fue La Coperacha, que sostenía que diversos funcionarios agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos comprados con dinero ilícito. Tales etapas se unieron en un solo expediente: el caso Cooptación del Estado, en el que aún está por decidirse si la excongresista debe enfrentar juicio.

RIC: Una caja de pagos

Baldetti cumplía casi tres años en la cárcel cuando se le involucró en un nuevo caso de corrupción, esta vez por la creación de una serie de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), una pequeña institución que, presuntamente, sirvió para pagar favores políticos.

Este caso fue develado el 15 de mayo de 2018. Este fue el último expediente por el que Baldetti fue puesta a disposición de la justicia y nuevamente fue desarrollado por la FECI y la CICIG, la cual ya tenía fricciones con el gobierno de Jimmy Morales y se acercaba al final de su mandato.

La carpeta judicial expuso que en la citada institución fueron contratadas una lista de personas por instrucción directa de la ex vicepresidenta y de su secretario privado, Juan Carlos Monzón. Para ello, necesitaron a un grupo de funcionarios que pudieran ejecutar tales acciones a lo interno de la dependencia estatal.

La investigación refirió que las plazas se ocuparon bajo tres modalidades: el contratado se quedaba con un porcentaje del sueldo y el resto se le entregaba a quien los refirió; el contratado se queda con el salario sin trabajar; y el contratado realiza actividades para la persona que los refirió, mientras el Registro paga su salario.

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Narcotráfico

Luego de que finalicen los largos procesos penales que Baldetti está enfrentando en el país, tendrá que ser trasladada hacia Estados Unidos y afrontar a la justicia de ese país, que la señala de asociación delictuosa y conspiración para el traslado de cocaína hacia la nación norteamericana.

La acusación sostiene que la ex vicepresidenta habría recibido dinero de Los Zetas, cuantiosos obsequios de ese cartel de narcotráfico y seguridad de este grupo criminal durante la campaña electoral de 2011. A cambio, la exfuncionaria se comprometió a darle libertad a los traficantes de droga para transportar sustancias ilícitas por cualquier vía en Guatemala.

Baldetti aceptó ser enviada a EE. UU., aunque negó los cargos de los que se le acusa. Es más, dijo que la extradición era una “venganza” por las “cosas buenas” que hizo estando en la política. No obstante, mientras resuelve sus asuntos legales en el país, la Corte del Distrito de Columbia espera pacientemente su arribo.

“Hubo dictámenes que se calificaron a la inversa de lo que decían. Por ejemplo, estos decían ‘blanco’, pero lo valoraron ‘negro’, cuando la literalidad del informe exponía otra cosa”.

César Calderón, abogado de Baldetti en algunos procesos

Hubo “vicios”

El abogado César Calderón, quien ha asistido a Baldetti en la presentación de apelaciones especiales en los casos La Línea y Agua Mágica, expresó que hubo vicios “terribles” en las sentencias impuestas en contra de la exfuncionaria.

“Hubo dictámenes que se calificaron a la inversa de lo que decían. Por ejemplo, estos decían ‘blanco’, pero lo valoraron ‘negro’, cuando la literalidad del informe exponía otra cosa”, manifestó el profesional.

El defensor no brindó muchos detalles sobre los errores presuntamente cometidos en el veredicto, pero aseguró que debido a estos hay motivos para anular las condenas. Incluso, aseguró que Baldetti no tuvo ninguna participación en el caso Agua Mágica.

Roxana Baldetti llega el 2 de noviembre del 2105 al Hospital San Juan de Dios por problemas de salud. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El lunes 5 de diciembre del 2022 en el Tribunal de Mayor Riesgo B llega la exmandataria y el expresidente Otto Pérez en el fin del juicio La Línea. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El 22 de junio del 2015 Roxana Baldetti resbala en la escalera de la Torre de Tribunales, luego de solicitar al Tribunal de Mayor Riesgo que se le retire el embargo en siete cuentas bancarias por Q6.6 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Bienes extinguidos

Conforme fueron avanzando sus procesos penales, la ex vicepresidenta fue perdiendo diversos bienes que obtuvo de forma ilícita. Por ejemplo, tres fincas ubicadas en Santa Catarina Pinula pasaron al poder del Estado. Estas propiedades estaban valuadas en más de Q15 millones.

La exdiputada perdió otra finca que está en ese mismo municipio, cuyo valor ascendió a Q18 millones. En esta localidad, la ex vicepresidenta ostentaba una mansión de Q19.15 millones en la colonia Los Eucaliptos, la cual es ahora propiedad del Estado, al igual que su lujosa vivienda de Q12.42 millones que está en La Cañada, zona 14 capitalina.

Baldetti también fue despojada de una casa en la colonia Lomas de Pamplona de la zona 13 de la ciudad y una bodega en esa misma área. Asimismo, un apartamento, tres parqueos, una bodega y una acción del edificio Casa Margarita, que está en la zona 10 de la capital. El valor estimado de estos bienes es de Q10 millones.

El desfile de propiedades que se le extinguieron lo completaron una mansión en Roatán, Honduras, por el que ella había pagado un adelanto de US$229 mil; además de once inmuebles valuados en US$895 mil, que consisten en oficinas, un apartamento, parqueos y bodegas, mismos que se ubican en las zonas 10 y 15 de la capital.

Juzgado admite totalidad de pruebas contra exgerente de comuna de Mixco por caso de corrupción durante campaña electoral

Thu, 10 Nov 2022 21:57:51 +0000

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 10 de noviembre que la Fiscalía contra Delitos Electorales logró durante audiencia de ofrecimiento de pruebas que se admita la totalidad de la prueba presentada contra Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler, exgerente municipal de Mixco.

La audiencia por el caso Corrupción Municipal Campaña Electoral PP se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

Las pruebas consisten en 22 testigos y 82 medios de prueba documental. El MP acusa a Gudiel Spiegler de cometer el delito de abuso de autoridad con propósito electoral.

Se fijó como fecha de inicio del debate oral y público el 9 de mayo de 2024, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mixco.

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De acuerdo con la investigación, el acusado integró una organización delictiva para sustraer dinero de la Municipalidad de Mixco y patrocinar la campaña electoral de Otto Fernando Pérez Leal y el Partido Patriota (PP).

El 14 de julio recién pasado, la Fiscalía de Delitos Electorales presentó una apelación a la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Mixco, el cual dictaminó el 11 de julio sobreseimiento a favor del exalcalde Otto Pérez Leal.

Según la fiscalía, dentro de la investigación hacia Leal y a la exdiputada Stella Alonzo, quienes estaban señalados de delitos electorales, existen suficientes pruebas y que el juez no hizo mérito de ninguno de estos elementos en su resolución.

Leal fue señalado en 2015 por el MP de crear una organización delictiva que se encargaba de substraer recursos económicos de la Comuna de Mixco para patrocinar su campaña electoral y a la del PP.

Lea también: Retiran orden de captura contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, luego de resolución de Sala Segunda de Mayor Riesgo

El MP comenzó con la investigación luego de que la Contraloría General de Cuentas denunciara la compra de varios bienes utilizados en la campaña electoral del 2015.

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Según la Contraloría, la organización creada por Leal habría obtenido de la Comuna Q624 mil 654.18, que fue erogado del erario municipal para la compra de anuncios publicitarios de obras que la Comuna no realizó, además de otros bienes como gorras, lapiceros, playeras, equipo de porristas y zanqueros con el logo del partido.

Retiran orden de captura contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, luego de resolución de Sala Segunda de Mayor Riesgo

Tue, 02 Aug 2022 15:29:50 +0000

La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

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El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

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Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

Fiscalía de Delitos Electorales presenta apelación a la resolución del juzgado de cerrar proceso contra Otto Pérez Leal y Stella Alonzo

Thu, 14 Jul 2022 23:01:28 +0000

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) presentó este jueves 14 de julio una apelación a la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Mixco, el cual dictaminó el 11 de julio sobreseimiento a favor del exalcalde Otto Pérez Leal.

Entre los materiales probatorios hay 24 declaraciones, 106 documentos y un video que muestra a exfuncionarios utilizando bienes que fueron adquiridos por fondos municipales de la Comuna de Mixco.

El fallo del juzgado también beneficia a la exdiputada Alonzo, pero a diferencia de Leal, su caso tendrá una resolución el 21 de septiembre.

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Delito electoral

Leal fue señalado en 2015 por el Ministerio Público de crear una organización delictiva que se encargaba de substraer recursos económicos de la Comuna de Mixco para patrocinar su campaña electoral y a la del Partido Patriota (PP).

El MP comenzó con la investigación luego de que la Contraloría General de Cuentas denunciara la compra de varios bienes utilizados en la campaña electoral del 2015.

Según la Contraloría, la organización creada por Leal obtuvo de la Comuna Q624 mil 654.18, que fue erogado del erario municipal para la compra de anuncios publicitarios de obras que la Comuna no realizó, además de otros bienes como gorras, lapiceros, playeras, equipo de porristas y zanqueros con el logo del partido.

Con respecto a Stella Alonzo, el MP indicó que la entonces candidata a diputada para el PP se encargaba de la logística y de ordenar los bienes que se compraban y de lo que se debía publicar.

Captura

El 6 de agosto de 2021, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Pérez Leal, junto a tres ex trabajadores de la Municipalidad de Mixco que fueron identificados como:

Jorge Rodolfo Maldonado Lobos
Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler
Jorge Manuel Jiménez Terrón

En esa fecha, las autoridades confirmaron la orden de captura de Alonzo, pero no fue ubicada en el operativo. El 25 de agosto, Alonzo fue ligada a proceso por los delitos de usurpación, conspiración y asociación ilícita.

El juez dictaminó para Alonzo medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Q50 mil, además de un periodo de 6 meses pera finiquitar con la investigación.

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Por su parte, Leal y los ex trabajadores municipales fueron acusados de conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

El 14 de septiembre de 2021, Leal obtuvo una medida sustitutiva para poder salir de prisión preventiva.

Juzgado cierra el proceso contra Otto Pérez Leal y la exdiputada Stella Alonzo, que eran señalados de delitos electorales

Mon, 11 Jul 2022 20:58:20 +0000

El Juzgado de Primera Instancia de Mixco, cerró el caso y favoreció a Otto Pérez Leal, quien fue alcalde de Mixco, y a la exdiputada Stella Alonzo, quienes estaban señalados de delitos electorales.

Según el juzgado, el Ministerio Público (MP) no pudo sustentar la acusación contra Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, y la exdiputada Stella Alonzo, y por eso se dictó sobreseimiento y cierre del proceso penal para ambos.

Según la información, el fallo beneficia también a Alonzo, pero la resolución en el caso de ella será el 21 de septiembre.

El exfuncionario era señalado por el MP de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna de Mixco y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota (PP) en el 2015.

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El caso estaba a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP que comenzó la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

La cantidad de dinero que la estructura criminal habría defraudado a la comuna era de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

Alonzo era señalada de haber participado en actos de corrupción durante la gestión de su expareja Otto Pérez Leal cuando fungió como jefe edil de Mixco.

El 6 de agosto de 2021, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo operativos por un caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del Partido Patriota y capturaron a Pérez Leal.

En esa oportunidad fueron capturados:

Otto Pérez Leal
Jorge Rodolfo Maldonado Lobos
Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler
Jorge Manuel Jiménez Terrón

En un comunicado, el MP señalaba que Pérez Leal fue alcalde de Mixco entre 2012 y 2016 y supuestamente era el director de la organización criminal que utilizó fondos públicos para beneficiarse y beneficiar al Partido Patriota.

María Stella Alonzo Bolaños, candidata a diputada por el PP, quien según el MP era la encargada de la logística, quien daba las órdenes de lo que se tenía que comprar y lo que se debía publicar.

En esa fecha se confirmó la orden de captura contra Alonzo, pero no fue ubicada en los operativos.

El 25 de agosto, Alonzo fue ligada a proceso por los delitos por los que se le señalaba era conspiración, asociación ilícita y usurpación, luego de presentarse a la justicia.

En su resolución el juez otorgó medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Q50 mil y dio un plazo de 6 meses para concluir con la investigación.

El 13 de agosto de 2021 Pérez Leal y los otros tres extrabajadores de la Municipalidad de Mixco fueron ligados a proceso por seis delitos: conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

El 14 de septiembre de 2021, Perez Leal fue beneficiado con una medida sustitutiva para salir de prisión preventiva.

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MP apelará

En redes sociales, el MP publicó este 11 de julio que la Fiscalía contra Delitos Electorales no comparte el criterio del juzgado que cerró el proceso contra Pérez Leal y Alonzo, pues considera que se cuenta con suficientes elementos en la investigación y por lo tanto presentará la apelación correspondiente.

El MP añade que, en el caso de Stella Alonzo, la audiencia está programada para el 21 de septiembre de este año.

La CC falla en favor del exdiputado Armando Escribá y ahora podrá discutirse si el expediente de su caso pasa a un juzgado ordinario

Tue, 10 May 2022 19:10:17 +0000

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron una apelación de amparo a favor del exdiputado Óscar Armando Escribá Morales, quién es señalado en el caso Construcción y Corrupción por los delitos de concusión y fraude por sus vínculos con empresas constructoras mientras era director de Covial en los gobiernos de la UNE y el PP.

La defensa del exdiputado había planteado el recurso legal y ahora la CC revocó la sentencia venida en grado y otorgó el amparo solicitado contra la juez Primero de Primera Instancia Penal para conocer procesos de Mayor Riesgo D, que era dirigido por Erika Aifán, quien renunció al cargo y se fue al exilio por la persecución penal que había en su contra.

La resolución también dice que restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto al postulante, la resolución que constituye el acto reclamado.

Añade que la autoridad denunciada, el Juzgado de Mayor Riesgo D, deberá inhibirse de conocer el recurso de reposición planteado y remitir las actuaciones al órgano competente, en un plazo de 5 días.

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Con esta resolución, ahora se podrá establecer si el expediente de Escribá debe o no resolverse en el Juzgado de Mayor Riesgo o en un juzgado ordinario.

El encargado de determinar la acción será el Juzgado Noveno Penal.

El caso del exdiputado

El señalamiento de la La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El 13 de enero de 2020 Escribá Morales se entregó a la justicia por el caso que se seguía en su contra y fue enviado a prisión provisional.

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El 12 de marzo de 2020, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, ligó al excongresista por los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018.

Beneficiado con arresto domiciliario

El 24 de septiembre de 2021, la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió beneficiar al exdiputado Armando Escribá, implicado en el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

La resolución fue emitida por los magistrados suplentes César Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité.

Las medidas concretas consisten en arresto domiciliar, prohibición de hablar con coimputados y una caución económica de Q100 mil.

El pasado 31 de diciembre de 2020 La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes, favoreció al exdiputado Escribá, electo por el partido Líder, con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó el jueves 7 de enero de 2021 que planteó ante la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo contra la decisión de los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, que benefició al exdiputado Escribá Morales.

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En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal.

La Feci solicita a la Interpol que desactive la alerta roja contra exembajador Julio Ligorría, vinculado al caso Construcción y Corrupción

Wed, 04 May 2022 01:50:25 +0000

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), solicitó a la Interpol desactivar la alerta roja internacional que se había girado para detener al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría.

Según se informó, Ligorría aún tiene orden de captura vigente por su implicación en el caso denominado Construcción y Corrupción.

El 13 de enero de 2022, la Feci había pedido que la orden de captura contra del exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, fuera anulada y se analizaba la posibilidad de pedir que el caso por el cual es investigado fuera desestimado.

La Feci solicitó anular la orden de captura en contra de Julio Ligorría, quien es señalado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, delitos que habría cometido para beneficiar al desaparecido Partido Patriota (PP) que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, preso por actos de corrupción.

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En esa oportunidad, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, confirmó que se hizo la petición a la jueza Aifán, cuando ella estaba al frente del Juzgado de Mayor Riesgo D, luego de haber sometido a un análisis la investigación y determinar que esta no debe continuar. También se solicitó que la persecución penal en contra de Ligorría fuera desestimada.

Curruchiche señaló que las investigaciones que se hacen en la Feci son objetivas e imparciales y que no deben estar sesgadas ni con fines ideológicos o mediáticos, por lo que luego del análisis “hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”.

Este martes, Curruchiche confirmó que “se hizo un análisis objetivo e imparcial de una investigación que ya estaba realizada por la Feci y se llegó a la conclusión de solicitarla y esta fue realizada el 12 de noviembre de 2021”.

Agregó que el caso está bajo reserva, la cual fue solicitada por la anterior Feci y avalada por la exjueza Erika Aifán. }

Aclaró que, en este caso, “la alerta ya fue desactivada y Ligorría puede moverse a cualquier país, excepto en Guatemala porque acá sigue vigente orden de detención”.

Dos denuncias más

Curruchiche también informó que luego de hacer un análisis, se tomó la decisión de presentar dos denuncias, una contra Carlos Antonio Videz navas, ex agente fiscal, y otra contra el personal de Interpol Guatemala, por la posible comisión de ilegalidades y arbitrariedades que se pudieron haber cometido.

“De ahí que las investigaciones deben efectuarse no con base a aspectos ideológicos, mediáticos, políticos, mal intencionados, sino actuar de forma correcta”, agregó.

El caso contra Ligorría

Ligorría tiene orden de captura por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

El caso comenzó en 2016 y en ese momento se presentó el caso por la posible vinculación de Ligorría en la entrega de dinero para la campaña electoral del entonces PP de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Ligorría fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la inhabilitada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber organizado reuniones para lograr el financiamiento electoral ilícito que llevó a la Presidencia al Partido Patriota en el 2011.

Según la investigación de la Feci, Ligorría implementó una estrategia que involucran a dos empresas de telecomunicaciones y una de ellas trasladó Q15 millones para financiar la campaña electoral del cancelado Partido Patriota en el proceso de elecciones de 2011.

La empresa que habría entregado el dinero al partido político lo hizo para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la otra compañía de telecomunicaciones.

Según la Feci, Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron quienes idearon la estrategia.

El exdiplomático es un consultor político internacional con más de 25 años de experiencia. Durante la administración del PP, fue nombrado como embajador de Guatemala ante Washington DC en septiembre de 2013 y en noviembre, 2015, dejó el cargo.

Julio Ligorría se encuentra prófugo desde 2017 y el Ministerio Público sospecha que se encuentra en España.

Actualización

El 18 de agosto de 2025 la jueza Abelina Cruz cerró el proceso penal contra el exembajador Ligorría por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

Caso La Línea: A siete años del proceso judicial que le costó la presidencia a Otto Pérez Molina

Sat, 16 Apr 2022 15:56:16 +0000

En la Guatemala del 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.

Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.

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Esas llamadas, además de exponer la forma en que se concretaban los acuerdos ilícitos para el paso de mercadería, también alertaba del rumbo que tomaría esta investigación semanas después.

“El uno” y “la erre”

Aunque los medios de investigación presentados por la fiscalía parecían ser sólidos, la jueza Stalling consideró prudente brindar medida sustitutiva a algunos de los señalados del caso La Línea.

Entre el grupo de personas que obtuvo arresto domiciliar destacó Salvador Estuardo González, alias Eco y Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el teniente Jerez.

Ambos eran señalados como mandos medios de la red y esa decisión judicial fue objeto de una segunda investigación conocida como caso Bufete de la Impunidad.

A consideración de los investigadores, había varios indicios que demostraban que las personas señaladas tenían poder y cercanía con personas poderosas de Guatemala, sin dar mayores detalles en esa etapa de la investigación.

Pero una serie de llamadas alertaba sobre la posible relación que tenía el binomio presidencial con la red criminal, ya que en una seria de interceptaciones se hacía alusión a “el uno”.

Ese sobrenombre que apuntaba sutilmente hacia el presidente Otto Pérez Molina fue acompañado de otros “apodos” que usaban los miembros de la red para supuestamente referirse a él, como “el dueño de la finca”.

Roxana Baldetti también era mencionada de manera sutil en las llamadas telefónicas, en más de una ocasión de mencionaba a “la erre”, según el ente investigador. Por la inmunidad que tenía Pérez Molina y Baldetti, la fiscalía no se atrevía a hacer públicas sus sospechas.

Pero a medida que las investigaciones siguieron su curso fue cuestión de tiempo para que se presentaran las solicitudes de antejuicio contra el binomio, que fueron acompañadas con protestas ciudadanas.

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Pedían justicia

El 2015 pasará a ser recordado como un capitulo histórico para Guatemala. El escándalo que despertó el caso La Línea motivó manifestaciones pacíficas a las que se sumaron incluso varias empresas del sector privado.

La primera baja del binomio fue Baldetti, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Guatemala, ya que se vio obligada a presentar su renuncia por los señalamientos de corrupción en su contra.

Su dimisión fue conocida por el Pleno del Congreso en una sesión de urgencia convocada el sábado 9 de mayo del 2015. La Plaza de la Constitución y los alrededores del Congreso estaban abarrotados de personas que exigían justicia.

A tan solo horas de perder el cargo, un juzgado emitió un arraigo contra Baldetti, para evitar que saliera del país. El 21 de agosto Roxana Baldetti fue detenida.

El segundo en caer fue Pérez Molina, y luego los señalamientos públicos contra su vicepresidenta, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente bajo señalamientos de corrupción.

Justamente el 2 de septiembre Pérez Molina presenta su renuncia a la Presidencia y decidió entregarse ante el juez Miguel Ángel Gálvez, el segundo juez en conocer el caso La Línea.

La dimisión de Pérez Molina trascendió en horas de la madrugada y centenares de ciudadanos salieron a las calles. Sus pedidos de justicia semana tras semana en la Plaza de la Constitución, parecían estar dando resultados.

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El juicio

El proceso judicial del caso La Línea se ha ido dilatando por apelaciones, amparos, recusaciones y otros recursos legales que han presentado los abogados de los acusados.

Fue hasta el 17 de enero del 2022 que comenzó el debate oral y público contra la red presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti. El MP ha respaldado sus acusaciones con medios de pruebas, entre los que destacan interceptaciones telefónicas y peritajes.

El juicio está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, en donde fiscales buscarán convencer a los jueces de una sentencia condenatoria, mientras que los abogados buscarán desvanecer esos cargos.

Dicho caso es apenas uno de los procesos contra el exbinomio presidencial, ya que el presunto abuso de poder les hace figurar en otros procesos penales.

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Pedro Muadi, expresidente del Congreso, recupera su libertad tras permanecer seis años en prisión

Mon, 06 Dec 2021 21:12:06 +0000

El expresidente del Congreso y exintegrante del extinto Partido Patriota (PP), Pedro Muadi, salió de prisión preventiva tras estar seis años en la cárcel al haber sido hallado culpable en marzo de 2020 de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero, informaron este lunes 6 de diciembre fuentes judiciales.

Muadi estaba preso en la cárcel de Mariscal Zavala y recuperó su libertad al obtener medidas sustitutivas, sin caución económica, luego de que su defensa cuestionara por medio de un amparo la última prórroga de la prisión preventiva. Según sus defensores, el juzgado no avisó sobre la prórroga de la prisión preventiva. La prisión por condena aún no está en firme.

Muadi se estaba preso desde octubre de 2015 luego de haber sido condenado a 30 años de prisión por el caso Plazas Fantasma el 2 de marzo de 2020 por los delitos de peculado por sustracción asociación ilícita y lavado de dinero; sin embargo, ese fallo fue apelado y la Sala Segunda de Mayor Riesgo le redujo la condenan a 8 años.

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Detalles de la condena y la reducción

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo redujo la pena a Pedro Muadi, expresidente del Congreso condenado por el caso Plazas Fantasma.

Muadi fue sentenciado a 30 años y ocho meses por tres delitos: lavado de dinero, 13 años y cuatro meses más multa de Q4 millones 376 mil; asociación ilícita, nueve años y cuatro meses, y peculado, ocho años y una multa de 40 mil. Esa sentencia le prohíbe ejercer cargos públicos durante 50 años.

Pero la Sala Segunda anuló dos delitos, lavado de dinero y asociación, por lo que solo quedó vigente la pena menor.

Así, la reducción de la pena es de 22 años y ocho meses.

El Tribunal Octavo, que emitió la condena en marzo de 2020, expuso que hubo “participación coordinada” de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., de cual él era el accionista mayoritario, para contratar personal que no laboró. Gracias a esa operación Muadi sustrajo Q4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo.

Favorece a procesados

Para enero de 2021m este era el tercer caso reciente en el que la Sala Segunda ha resuelto a favor de los procesados. En diciembre anuló el caso en primera instancia contra Armando Escribá, exdiputado vinculado con empresas constructoras que tuvieron contratos millonarios, y caso Fénix, por lavado de dinero luego del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

Tribunal beneficia con libertad condicional a hermano de Byron Lima y otros sindicados en caso Caja de Pandora

Thu, 02 Dec 2021 21:01:02 +0000

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza Jeannette Valdés, por unanimidad resolvió dictar medidas sustitutivas a favor de Luis Lima y Moisés Galindo junto a otros cuatro implicados en el caso Caja de Pandora, quienes obtuvieron la libertad condicional informaron este jueves 2 de diciembre fuentes judiciales.

Los procesados quedaron sin arresto domiciliario, pero tienen prohibido salir del país, así como acercarse a otros imputados, a la Municipalidad de Guatemala, al Sistema Penitenciario (AP) y al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y tienen obligación de firmar un acta cada mes en el Ministerio Público (MP).

El MP había solicitado una caución económica para cada uno de los sindicados, pero el tribunal no la aprobó, por lo que estos no pagaron ni un centavo. El juicio del caso Caja de Pandora está programado para el 10 de abril de 2023.

Las pesquisas de ese caso empezaron el 3 de septiembre de 2014 cuando el MP y la Cicig desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva.

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En la organización participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.

En el caso también fue implicado el entonces ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, designado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien llegó al poder con el extinto Partido Patriota (PP).

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP) se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en 2012, según la investigación.

Además, el nombramiento de Héctor Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro de la DGSP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

“No tengo los Q13 millones”: Otto Pérez Molina dice no tener recursos para pagar caución que le permitiría arresto domiciliar

Mon, 15 Nov 2021 22:44:46 +0000

Luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por Irma Jeannette Valdés, Marling Mayela González y Katty Mariflor Sarceño, emitiera un fallo a favor del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea, por el que podrá pagar más de Q13 millones para gozar arresto domiciliar, el exmandatario afirmó que no tiene esa cantidad para pagar.

En declaraciones a los medios, Pérez Molina dijo que hay aspectos que considera se deben tomar en cuenta, primero que “el Tribunal está diciendo que es un exceso de prisión preventiva”.

Dijo que otro aspecto es que la legislación interna y externa, como los acuerdos internacionales, “dicen que es un abuso de la prisión preventiva y eso sí lo dijo el Tribunal muy claramente y por eso es que otorga la medida sustitutiva, el problema es que por una cantidad que es impagable”.

Añadió que se modifica la cantidad de dinero de la acusación y “eso también es bueno, porque en la acusación están diciendo que son Q28 millones, después dicen otra cantidad de Q23 millones, pero hoy basados en las dudas dicen que son Q13 millones 700 mil”.

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Añadió que a otros implicados les han otorgado medidas sustitutivas sin caución económica y “al único que le vienen a poner ahorita una caución económica que es impagable, es a mí, ahí se queda uno con la duda, por un lado dicen que sí hay exceso y hay abuso de prisión preventiva, pero piden una caución económica que ya saben que es impagable, yo no tengo los Q13 millones para pagarlo”.

A decir de Perez Molina, esto es contradictorio, ya que le dan medidas porque hay abuso de prisión de preventiva, “pero por otro lado lo ponemos con una cantidad que sabemos que no se va a poder mover, y eso es lo que sucede”.

Añadió que se su abogado le dijo que se puede poner una fianza o se puede poner un bien mueble, “pero ahorita no lo tenemos”.

Indicó que en estos seis años y dos meses ha pagado abogados; además, las cuentas están embargadas y las propiedades en extinción de dominio, “de dónde se va a sacar el dinero para sacar esos Q13 millones, es imposible realmente”.

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Según él, aunque el Tribunal reconozca que hay abuso de prisión preventiva, pero al final hace que siga en prisión porque “me está poniendo Q13 millones y de dónde los voy a sacar”.

“Lo que sucede es que habrá que seguir en prisión preventiva mientras miramos si se va a apelar, se va a amparar o qué puede hacer”, manifestó el exmandatario.

A decir del Tribunal de Mayor Riesgo B, el exmandatario guarda prisión desde seis años y dos meses y es “razonable que pueda modificarse la medida de privación de libertad y otorgársele medidas sustitutiva en proporción a los montos establecidos en la acusación”. La caución es de Q13 millones 177 mil.

Dijo que se aplican los montos aproximados que resultan de la sumatoria de las declaraciones aduaneras que se incluyen en la acusación dirigida al ahora acusado.

Además, Pérez Molina no podrá salir de prisión todavía, pues enfrenta un proceso penal en el caso Cooptación del Estado.

Antecedente

El 16 de abril del 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron un caso de defraudación aduanera en el que fueron señalados funcionarios de varias instituciones gubernamentales.

Altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria, del Gobierno de Otto Pérez Molina, fueron señalados en la investigación, así como el exsecretario privado de la Vicepresidencia

Otto Pérez Molina es beneficiado con arresto domiciliar en caso La Línea: aún no saldrá de prisión por otro proceso pendiente

Mon, 15 Nov 2021 20:34:03 +0000

El Tribunal de Mayor Riesgo B emitió un fallo a favor del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea, por el que podrá pagar Q13 millones para gozar arresto domiciliar; sin embargo, no podrá salir de prisión todavía, pues enfrenta un proceso penal en el caso Cooptación del Estado.

Anteriormente, Pérez Molina fue enviado a juicio por el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, y el caso quedó a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, que este lunes 15 de noviembre falló a favor del exmandatario.

El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición, para evitar que Pérez Molina obtuviera libertad condicional en el caso; sin embargo, el Tribunal rechazó la acción y mantuvo en firme el beneficio para el expresidente.

Pérez Molina tendrá que pagar los Q13 millones de la caución económica y luego esperar a ser beneficiado también en el caso Cooptación del Estado, proceso que lleva el Juzgado de Mayor Riesgo B.

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“El Tribunal está diciendo que es un exceso de prisión preventiva, que tomando en cuenta la legislación interna y externa, se dice que es un abuso de la prisión preventiva. Por eso otorga la medida sustitutiva, pero el problema es que es una cantidad impagable”, indicó el expresidente Pérez Molina.

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“En la acusación dicen que son Q28 millones, después dicen que son Q23 millones y ahora dicen que son Q13 millones, que solo que los dividieran entre los 30 y pico que estamos aquí. A los demás les han dado medida sustitutiva sin caución económica, y ahora al único que se la ponen, y que es impagable, es a mí. Yo no tengo Q13 millones para pagarlo”, afirmó el exmandatario.

Exdiputado Gudy Rivera obtiene beneficio para salir de prisión antes de cumplir la condena

Sat, 18 Sep 2021 16:33:01 +0000

El exdiputado del Partido Patriota (PP) Gudy Rivera, quien fue condenado por intentar sobornar a una magistrada para obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, salió de prisión el 12 de agosto último.

Rivera fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal el 28 de julio de 2016. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo a ocho años y 11 meses la condena.

Actualmente le faltan dos años y medio de cárcel, pero un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada, por lo que podrá culminar la condena en libertad.

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La Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público (MP) no se opuso a esta disposición. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que a criterio de la fiscalía Rivera cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 80 del Código Penal, entre los cuales estaba el haber cumplido con más de la mitad de la pena de prisión impuesta, que el reo no había sido condenado por otro delito, mostrar buena conducta durante su reclusión y haber hecho el pago de la multa impuesta en la pena.

Entre las prohibiciones que siguen vigentes para el congresista está la de no salir del país, tiene la obligación de reportar su huella digital en el MP de Gerona, pero puede mantener un trabajo estable.

El caso

En el 2014, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió como secretaria general del PP a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por realizar campaña anticipada en un evento en que se proclamó a Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial de esa agrupación.

Con el fin de revertir la disposición del TSE, el exdiputado Rivera se reunió con la magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, y ofreció garantizarle su reelección en el cargo a cambio de que esta otorgara un amparo que permitiera a Baldetti continuar como secretaria general.

No obstante, la magistrada denunció estas presiones ante el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo que derivó en la condena del exdiputado por tráfico de influencia y cohecho activo.

El exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, señalado en caso de corrupción saldrá de prisión bajo arresto domiciliario

Tue, 14 Sep 2021 23:34:06 +0000

El exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, saldrá de prisión bajo arresto domiciliario.

Esto luego de que el Juzgado de Mixco le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El exfuncionario es señalado por el Ministerio Público (MP) de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota (PP).

El 13 d agosto recién pasado, el exalcalde y otros tres exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso dentro del Caso Muni de Mixco en una audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

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El viernes 6 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y Policía Nacional Civil efectuaron operativos por este caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del PP.

La fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

La cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

Traslado de fiscal

El 10 de septiembre, Carlos López Aquino quien laboraba en la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP, fue trasladado hacia la Fiscalía de Sipacate, Escuintla, según trascendió, por orden de la fiscal general María Consuelo Porras.

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López Aquino tuvo a su cargo la investigación del caso Muni Mixco, en la cual se reveló una estructura que operó desde la comuna de Mixco para beneficiar al extinto PP, en el 2015.

Comunicación Social del MP informó que el traslado del fiscal López Aquino fue por necesidades del servicio y según lo establecido en los artículos 11 numeral 5 y 71 de la Ley Orgánica del MP, un agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales fue trasladado a la Agencia Fiscal de Sipacate, Escuintla, el 3 de septiembre.

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Fri, 10 Sep 2021 22:45:59 +0000

Carlos López Aquino quien laboraba en la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), fue trasladado hacia la Fiscalía de Sipacate, Escuintla, según trascendió, por orden de la fiscal general María Consuelo Porras.

López Aquino tuvo a su cargo la investigación del caso Muni Mixco, en la cual se reveló una estructura que operó desde la comuna de Mixco para beneficiar al extinto Partido Patriota (PP), en el 2015.

En ese entonces, el jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP era Rafael Curruchiche, quien ahora dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en sustitución de Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido del cargo por la propia fiscal Porras el 23 de julio pasado.

Por necesidad de servicio

Comunicación Social del MP informó que el traslado del fiscal López Aquino fue por necesidades del servicio y según lo establecido en los artículos 11 numeral 5 y 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, un agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales fue trasladado a la Agencia Fiscal de Sipacate, Escuintla, el 3 de septiembre.

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Agrega que todo cambio se realiza de conformidad con las facultades que la Ley otorga, a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia en el servicio, “toda vez el Ministerio Público cuenta con más de 373 fiscalías y agencias, con más de 10 mil 900 colaboradores trabajando en beneficio de la población guatemalteca”.

Agrega que respecto al caso Corrupción Municipal en Campaña Electoral del Partido Patriota hay 5 personas ligadas a proceso penal y 4 de ellas en prisión preventiva.

“La investigación continúa su curso normal toda vez que las mismas son institucionales, a cargo de un equipo de trabajo pues el Ministerio Público es una institución que se organiza jerárquicamente, siendo única e indivisible”, concluye la información.

El caso Muni Mixco

Agrega que la cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del PP.

Carlos López Aquino, que en ese entonces estaba en la Fiscalía Contra Delitos Electorales, informó que en los spots publicitarios se publicitaban cinco grandes obras, entre estas el estadio municipal, la colocación de mil 113 cámaras, la construcción del Mirador de Mixco y de la Comisaría local, entre otros.

El 6 de agosto pasado, esa fiscalía llevó a cabo varios operativos vinculados al caso y capturó a cuatro personas, entre ellas Otto Pérez Leal quien fungió como alcalde de Mixco del 15 de enero del 2012 al 15 de enero del 2016.

Junto a él fueron detenidos Jorge Rodolfo Maldonado Lobos, exjefe del Departamento de Compras de la Municipalidad de Mixco; Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler, exgerente municipal; y Jorge Manuel Jiménez Terrón, exjefe de la Unidad de Comunicación Social.

Ese día quedaron como prófugos de la justicia:

María Stella Alonzo Bolaños, conviviente de Pérez Leal, candidata a diputada por el PP, quien según el MP era la encargada de la logística, quien daba las órdenes de lo que se tenía que comprar y lo que se debía publicar.
Mynor Arturo Aquino Girón, exdirector de la Administración Financiera Integrada Municipal, encargado de presentar el presupuesto de ingresos y egresos. Su función era la de controlar los ingresos y egresos, diseñar y establecer los sistemas y procedimientos idóneos para la capacitación y control eficiente del erario municipal.
Francisco José Velásquez Mejía, exdirector de compras y contrataciones, responsable del plan anual de compras, revisar que las solicitudes cumplieran con todos los requisitos de ley y de verificar en dónde se iban a utilizar.

El 13 de agosto pasado, Pérez Leal y las otras tres personas capturadas junto a él fueron ligados a proceso dentro del caso Muni Mixco. Fueron ligados por conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

Alonzo Bolaños se entregó a las autoridades el 25 de agosto pasado y el Juzgado de Mixco le dictó auto de procesamiento por conspiración, asociación ilícita y usurpación, pero se le otorgó arresto domiciliario y pagó una fianza de Q50 mil.

Exdiputada Stella Alonzo es ligada a proceso tras haberse entregado a la justicia

Wed, 25 Aug 2021 21:53:42 +0000

La exdiputada Stella Alonzo fue ligada a proceso este miércoles 25 de agosto por un juzgado en Mixco.

Los delitos por los que se le señala son conspiración, asociación ilícita y usurpación, luego de haberse entregado a la justicia, según informaron autoridades este mismo miércoles.

Alonzo es señalada de haber participado en actos de corrupción durante la gestión de su expareja Otto Pérez Leal cuando fungió como jefe edil de Mixco.

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En su resolución el juez otorgó medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Q50 mil y dio un plazo de 6 meses para concluir con la investigación.

El 6 de agosto último, el Ministerio Público (MP) confirmó la orden de captura en contra de Alonzo en el caso denominado Corrupción Municipal en la Campaña del Partido Patriota.

En ese caso, el 13 de agosto último, Pérez Leal y otros tres extrabajadores de la Municipalidad de Mixco fueron ligados a proceso por seis delitos: conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

La fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

Lea también: Fiscalía de Asuntos Internos del MP realiza diligencias de investigación en la sede de la Feci por un caso que está en reserva

Agrega que la cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del Partido Patriota.

La CC ordenan a la jueza Aifán que repita audiencia de reparación digna de dos colaboradores eficaces del caso Construcción y Corrupción

Wed, 18 Aug 2021 17:21:12 +0000

La audiencia de reparación digna para dos personas que eran colaboradores eficaces del Ministerio Público en caso Construcción y Corrupción deberá repetirse luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó una apelación a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN se opuso a esa parte del proceso ya que consideró que se había dejado al Estado en indefensión al no haber sido tomados en cuenta y por eso presentó una apelación a la CC, que finalmente le fue otorgada.

La CC le ordena a la jueza Érika Aifán que repita la audiencia de reparación digna y deberá llevar a cabo una nueva diligencia en la que se discutirá el resarcimiento que deben pagar Jesús María Ordóñez Jop y Julio Carlos Porras Zadik por el daño causado al estar vinculados al caso Construcción y Corrupción.

El 29 junio de 2017, Ordóñez Jo y Porras Zadik fueron condenados, mediante procedimiento abreviado, por lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito.

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Porras Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero goza de la suspensión de la ejecución de la condena.

Además, se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna debía pagar la construcción de dos salas de videoconferencia en el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

Porras, quien era colaborador eficaz del MP en el Caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP).

El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.

Esos pagos fueron parte del acuerdo en 2011 al que Porras, en nombre de la empresa, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del PP, que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con la compañía rival quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.

Actualización

Otto Pérez Leal y otros tres extrabajadores de la Municipalidad de Mixco son ligados a proceso por seis delitos

Fri, 13 Aug 2021 21:20:17 +0000

Otto Fernando Pérez Leal, exalcalde de Mixco, y otros tres exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso dentro del Caso Muni de Mixco en una audiencia que se llevó a cabo este viernes 13 de agosto en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), informó que la audiencia se llevó a cabo a las 10 horas y luego el titular del juzgado determinó ligar a proceso a las cuatro personas.

Los señalados son:

Otto Fernando Pérez Leal, exalcalde de Mixco 2012-2016
Jorge Manuel Jiménez Terrón, exjefe de la Unidad de Comunicación Social
Jorge Rodolfo Maldonado Lobos, exjefe del Departamento de Compras de la Municipalidad
Temístocles Ernesto Gudiel Spiegeler, exgerente municipal

Las cuatro personas fueron ligadas por:

Conspiración
Asociación ilícita
Peculado por sustracción
Malversación
Incumplimiento de deberes
Abuso de autoridad con propósitos electoral

La fiscalía mencionó que el juez otorgó un plazo de 3 meses paras que se realice la investigación del caso, y fijó para la entrega del acto conclusivo el 10 de noviembre de 2021, mientras que fijó la audiencia de etapa intermedia para el 29 de noviembre de 2021 a las 9 horas.

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La captura

El viernes 6 de agosto la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y Policía Nacional Civil llevaron a cabo operativos este caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del Partido Patriota.

la fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

Estas personas están señaladas de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

Carlos López Aquino, agente fiscal de la Fiscalía Contra Delitos Electorales, informó que en los spots publicitarios se publicitaban cinco grandes obras, entre estas el estadio municipal, la colocación de mil 113 cámaras, la construcción del Mirador de Mixco y de la Comisaría local, entre otros.

El día de los allanamientos el MP dijo que estaban están pendientes de captura:

María Stella Alonzo Bolaños, candidata a diputada por el PP, quien según el MP era la encargada de la logística, quien daba las órdenes de lo que se tenía que comprar y lo que se debía publicar.

Mynor Arturo Aquino Girón, exdirector de la Administración Financiera Integrada Municipal, encargado de presentar el presupuesto de ingresos y egresos. Su función era la de controlar los ingresos y egresos, diseñar y establecer los sistemas y procedimientos idóneos para la capacitación y control eficiente del erario municipal.

Francisco José Velásquez Mejía, exdirector de compras y contrataciones, responsable del plan anual de compras, revisar que las solicitudes cumplieran con todos los requisitos de ley y de verificar en dónde se iban a utilizar.

Esposa de Ángel González presenta acción legal para que no la juzguen por financiamiento electoral no registrado

Tue, 13 Jul 2021 14:54:39 +0000

Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016 por su vinculación al caso Cooptación del Estado, presentó una acción de inconstitucionalidad en caso concreto que busca no ser juzgada por financiamiento electoral no registrado del desaparecido Partido Patriota.

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes 13 de julio que esa acción legal debe ser analizada por el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien lleva el caso.

“Se ha conferido un plazo para pronunciarse y verificaremos todos los aspectos del planteamiento; entre estos, el hecho de que la persona no está en el país (…). Ella argumenta que al aplicarse la normativa podrían vulnerarse disposiciones de índole constitucional, como el principio de irretroactividad de la ley”, explicó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Lorenzana Cardona es esposa del mexicano Remigio Ángel González y González, conocido como el Fantasma, dueño de 107 empresas en el continente americano, entre las que destacan canales de televisión, estaciones de radio, cadenas de cines y restaurantes.

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Lorenzana figuraba como representante legal de las empresas Radio Televisión, S. A., y Televisiete, S. A. —canales 3 y 7, respectivamente—, de Guatemala.

El caso contra Lorenzana

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona es financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno de Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69% de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Lorenzana Cardona tiene vigente una orden de captura internacional desde el 2016 por el delito de financiamiento electoral ilícito. La Feci la vincula con el caso Cooptación del Estado que involucra a exfuncionarios del PP.

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