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Evite ajustes fiscales valorando de forma correcta su empresa y activos intangibles antes de vender o fusionar

Una valuación eficiente y oportuna de la empresa y de sus activos intangibles permiten hacer diferentes transacciones como fusiones, adquisiciones, ventas, emisión de acciones o decisiones estratégicas con menores riesgos o subvaluaciones.

Rosa María Bolaños

4 de octubre de 2024 | 05:00h

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Las valuaciones pueden analizar empresas o sus activos intangibles como marcas, patentes, derechos de autor y propiedad intelectual. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Si está interesado en adquirir o en vender una empresa, o un bien intangible como marca, patente, y otros, es necesario conocer la diferencia entre los tipos de valuaciones, y por qué son necesarias.

Para conocer más del tema, Prensa Libre consultó con expertos empresariales y tributarios, acerca de los diferentes tipos de valuación y cómo evitar riesgos.

Al respecto Jorge De la Rosa, socio director de Grupo Consultor EFE explicó la diferencia entre la valuación de una empresa y de un bien intangible.

La valuación de una empresa es el proceso de determinar su valor financiero, considerando factores como sus activos, ingresos, proyecciones de crecimiento y su posición en el mercado. Para esta se analiza su capacidad para generar ganancias, sus riesgos y oportunidades, así como el entorno económico en el que opera. Es clave para tomar decisiones sobre inversiones, fusiones o adquisiciones.

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En tanto la valuación de activos intangibles se enfoca en medir el valor de elementos no físicos de una empresa, como marcas, patentes, derechos de autor y propiedad intelectual.

En estos casos se analiza su capacidad para generar ingresos futuros, su vida útil, el reconocimiento en el mercado y la protección legal que tienen.

“Estos activos son clave para entender el verdadero valor de una empresa, ya que pueden representar una parte significativa de su ventaja competitiva” agrega De la Rosa.

También existen dos tipos de valuación: la fiscal y la empresarial, y la importancia de cada una radica en su uso ya que la primera garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la segunda facilita la toma de decisiones estratégicas en procesos de compra, venta o financiamiento.

En detalle

La fiscal se basa en que todas las premisas deben ser justificadas con comparables reales y se deben tomar en cuenta el impacto de los impuestos y las operaciones entre partes relacionadas, ya que esta valuación será revisada por las autoridades fiscales.

El objetivo de esta es cumplir con las normativas tributarias, asegurando que los valores reflejen de manera precisa la base imponible y eviten sanciones o ajustes fiscales.

En el caso de la valuación financiera, el experto explica que hay más flexibilidad para ajustar ciertos parámetros dependiendo de la perspectiva del comprador o vendedor.

Se pueden utilizar estrategias financieras para maximizar o minimizar el valor según convenga, ya sea para obtener un precio más favorable o para atraer inversores, priorizando aspectos como proyecciones de crecimiento y riesgos, añade.

Beneficios y riesgos

De la Rosa también explica los beneficios y riesgos de hacer una valuación adecuada o no.

El que esta sea adecuada permite tomar decisiones informadas en compras, ventas o fusiones, identificar oportunidades de mejora, atraer inversionistas y asegurar el cumplimiento fiscal, evitando problemas legales, además proporciona una visión clara del valor real de la empresa.

En el caso contrario de no ser adecuada se corren riesgos como tomar decisiones erróneas en compras o ventas, pagar de más o recibir menos por una empresa, atraer inversores con información incorrecta o enfrentar problemas legales y sanciones por incumplimiento fiscal. Además, se puede perder la oportunidad de mejorar áreas clave de la empresa.

Tres opciones de valor

Por aparte, Juan Carlos Paredes, socio director de la firma PARSA-IAPA Paredes, Saravia & Asociados, S.C. explicó que no es los mismo vender todos los activos de la empresa en forma integral que negociar únicamente un activo intangible.

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Para las empresas:

Por ello, recomienda que en la valuación de empresas se debe realizar una metodología de calificación de los activos en general y dar un valor en función de la capacidad de generar flujos de efectivo, en cuyo proceso se establece tres opciones de valor:

• El valor que se establece por sus activos y pasivos conforme su balance a determinada fecha, determinando un valor de mercado o de reposición.
• Otro método es el valor que representan sus activos más el valor en el mercado por su reputación y rentabilidad.
• Y la tercera forma es por el método de flujos descontados conforme sus ingresos y un análisis de combinación entre valor contable y la rentabilidad.

Para activos intangibles:

• En los activos intangibles, se debe considerar el tipo de activo, por ejemplo, si se trata de la valuación de una marca, una fórmula de producto, un crédito mercantil, entre otros, explica Paredes.
• Su valor actual puede tener una expectativa importante en función de la reputación, prestigio y posicionamiento en los productos que representa, de esto se deduce que el precio se debe ponderar con indicadores internacionales de marcas similares o a través de los flujos que produce para obtener un valor actual de la venta.

El aspecto fiscal o impuestos

Para el factor fiscal, Felipe Mora, director de precios de transferencia en México en Grupo Consultor EFE, explica que, al elaborar una valuación fiscal, es importante considerar impuestos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en algunos casos, impuestos locales.

También se deben tener en cuenta aspectos como la depreciación y amortización de activos, las reglas de valuación para bienes tangibles e intangibles, la aplicación de regalías y transferencias de activos entre partes relacionadas, y las normativas específicas de cada jurisdicción para evitar sanciones o ajustes fiscales.

Para evitar riesgos es importante asegurar el cumplimiento en una valuación fiscal y evitar omisos, por lo que Mora recomienda trabajar con especialistas en valuación y asesores fiscales que comprendan las normativas vigentes.

Y coindice con lo dicho por Paredes de revisar a detalle los activos, aplicar correctamente las reglas de depreciación y amortización, y asegurarse de que todos los aspectos tributarios locales y nacionales se consideren.

Autoridades fortalecen fiscalización

Eduardo Núñez, Socio de Precios de Transferencia en Núñez Dubón y Asociados dijo que es importante entender la diferencia entre una valuación fiscal y una financiera “debido al creciente interés por parte de las autoridades fiscales en Centroamérica de asegurar que las transacciones de acciones e intangibles reflejen condiciones de mercado”, según la información proporcionada por la organización del Value Summit 2024

Núñez explicó que se prevé un incremento en la reglamentación y cuestionamientos por parte de las Autoridades en la región, subrayando la creciente importancia de contar con una correcta documentación de soporte.

“La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala ha intensificado su fiscalización sobre el uso y la valuación de los activos intangibles; como marcas, patentes y propiedad intelectual, lo que representa una amenaza directa para aquellos empresarios que no tengan un control eficiente sobre ellos. La falta de una adecuada gestión de estos activos está exponiendo a las empresas a sanciones y multas que pueden comprometer seriamente su viabilidad financiera”, agregó la organización.

Recomendaciones

Acerca de cómo maximizar el valor de la empresa y evitar riesgos fiscales, Mora explica que “es clave mejorar su rentabilidad, optimizar la eficiencia operativa, y fortalecer sus activos intangibles como marcas o patentes”.

También mantener una contabilidad clara y cumplir con las normativas fiscales vigentes. Y, con los asesores financieros y fiscales se puede planificar estrategias de crecimiento mientras se minimizan riesgos tributarios, e insiste que se debe asegurar que todas las operaciones y valuaciones cumplan con las leyes para evitar sanciones o ajustes fiscales.

Respecto a los impuestos, detalla por ejemplo si se trata de la venta de los derechos de los activos intangibles se debe cumplir con el IVA, además que se es sujeto a ISR por la ganancia a capital por ser la venta de un activo que no es del giro habitual de la empresa que lo vende.

Los impuestos deben ser reconocidos en la fecha de la negociación con la factura correspondiente. El IVA se debe pagar en el mes siguiente y el ISR en los 10 días del mes siguiente a la operación.

De no cumplir con los impuestos se tiene una contingencia del 100%, más moras e intereses resarcitorios, añadió Paredes.

En cifras

Según datos del estudio National State of Owner Readiness Report, citado por la organización del Value Summit 2024, más del 75% de los dueños de negocios en Estados Unidos experimentan arrepentimiento después de vender sus empresas.

Entre las principales causas mencionan haber recibido menos de lo que realmente valía su negocio, además de eso en ocasiones hay ajustes fiscales y sanciones económicas por la incorrecta gestión de sus activos intangibles, se añade.

Otro dato que se cita es que el 69% de los dueños de negocio consideran la venta de su empresa como una de sus prioridades a futuro, pero solo 15% ha llevado a cabo una valuación formal.

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Los expertos de Grupo Consultor EFE, refieren que, aunque no existe mucha información o estudios en Guatemala, se puede mencionar que en Latinoamérica en general, el sentimiento de los dueños de negocios durante o después de una transacción de fusiones y adquisiciones, varía según varios factores:

Los vendedores buscan maximizar el valor de su salida y pueden sentirse optimistas si reciben múltiples ofertas o si su empresa está en un sector de alta demanda.  Sin embargo, si las condiciones del mercado son desfavorables o perciben que su negocio está subvaluado, pueden sentirse ansiosos o insatisfechos.

Por su parte, los compradores se enfocan en obtener un precio justo y en que la adquisición se alinee con sus objetivos estratégicos, lo que puede generar presión, especialmente en negociaciones competitivas.

Después de la venta, los vendedores pueden sentir alivio o arrepentimiento, dependiendo de si la transacción cumplió sus expectativas, mientras que los compradores pueden ser optimistas sobre las oportunidades de crecimiento, pero enfrentarse a retos en la integración de la empresa adquirida.

Fuentes: Jorge De la Rosa, socio director, y Felipe Mora, director de precios de transferencia en México ambos de Grupo Consultor EFE; Juan Carlos Paredes, socio director de la firma PARSA-IAPA Paredes, Saravia & Asociados, S.C.; y organización de Value Summit 2024.

El derecho de autor protege y reconoce a los creadores, las personas cuyo nombre o pseudónimo se haga constar en obras originales literarias, artísticas o intelectuales, y las prerrogativas de naturaleza moral o patrimonial sobre ellas y que puedan ser objeto de divulgación o reproducción por cualquier medio, explica el escritor, editor y ensayista Gustavo García Fong, del departamento de análisis jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Estos derechos están regulados por la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98, por la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000, y por el Convenio de Berna del que Guatemala es parte.

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El derecho de autor, prosigue García Fong, comprende los derechos morales y patrimoniales. Los primeros se refieren a reconocer la “paternidad” del autor sobre su obra y el respeto a la misma. Estos le otorgan al autor las facultades de exigir que su nombre y el título de la obra sean reconocidos cuando la misma se cite o publique.

También puede oponerse a las modificaciones o adaptaciones de la obra que no cuentan con su autorización, dejar la obra inédita o publicarla de manera anónima o con seudónimo, y modificarla en cualquier tiempo o retirarla de la circulación. Se debe tener en cuenta que estos derechos surgen desde el momento de la creación de la obra, sin necesidad de registro, y le corresponden al autor de manera personal e irrenunciable, lo cual impide enajenarlos y embargarlos, son imprescriptibles y de ilimitada duración, añade.

Los derechos patrimoniales, por su parte, se refieren a la facultad de aprovecharse y disponer económicamente del producto de la creación intelectual por cualquier medio. A diferencia de los anteriores, estos son renunciables, embargables y prescriptibles, dice García Fong.

“La ley resguarda no solo a los autores que escriben la letra o música de una pieza, sino también a los intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, lo cual se conoce como derechos conexos”, expone Karen Culajay, directora general de Musicartes.

Según el Departamento de Derechos de Autor, del Registro de Propiedad Intelectual (RPI) del Ministerio de Economía, en los últimos tres años se han ingresado 550 solicitudes para otorgar derechos de autor (185 en el 2019; 169 en el 2020, y 196 en el 2021) y se otorgaron 541 (156 en el 2019; 184 en el 2020, y 201 en el 2021).

La propiedad industrial protege signos distintivos —marcas, señales de publicidad, nombre comercial, entre otros—, secretos empresariales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, indica Díaz-Durán.

Una patente de invención es un derecho exclusivo que concede el Estado a una persona individual o jurídica para la protección de una invención y que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizarla y explotarla en Guatemala, lo que impide a terceros el uso indebido sin su consentimiento, detalla el Departamento de Patentes y Diseños Industriales del RPI.

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El objetivo principal de patentes, añade Lorena Escobar, directora de asesoría jurídica de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, es incentivar la creación e innovación, al permitir que el inventor, que ha gastado energía y recursos en crear algo nuevo, pueda obtener una retribución. Para considerar una creación como invento, esta debe ser novedosa, que no haya sido divulgada o conocida por el público antes de la presentación a su registro, y que no haya sido probada en la industria ni acogida y aceptada por fabricantes, representar un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, ser susceptible de aplicación industrial y que tenga un uso específico, sustancial y creíble en la actividad productiva, destaca Escobar.

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“Esta protección es territorial, por lo que se debe gestionar el registro en cada país en el que se desea que se aplique”, precisa Díaz-Durán.

De acuerdo con registros del Departamento de Patentes, en el 2019 se inscribieron 30 patentes de invención; en el 2020, 57; en el 2021, 61, y hasta el 9 de septiembre de este año, 40.

Datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del 2021 señalan que a nivel global la mayoría de patentes solicitadas y publicadas versan sobre ingeniería eléctrica, que incluye aparatos electrónicos, telecomunicaciones y tecnología para computadoras, y de biotecnología, refiere Díaz-Durán.

“La mayoría de patentes solicitadas en Guatemala son extranjeras, por lo que la tendencia es la misma para nuestro país”, agrega.

Problemas comunes

En relación con los derechos de autor, los problemas que surgen son la reproducción de una obra, por cualquier medio, ya sea impreso, fotográfico, audiovisual o electrónico, sin citar la fuente de donde se toma la información, o hacerlo sin la autorización del autor, señala García Fong. Además, comunicar públicamente la obra por cualquier medio, transformarla o distribuirla, sin permiso del autor.

En el caso de las patentes de invención, los principales inconvenientes ocurren cuando el titular no paga la tasa anual para mantener la vigencia de la misma, la cual tiene un plazo máximo de 20 años, siempre que haya cancelado sus tasas anuales, un aspecto que muchas veces se le olvida al titular y genera, como consecuencia, la extinción de pleno derecho de la vigencia de la patente, expone el Departamento de Patentes y Diseños Industriales. A ello se suma cuando al titular le copian su invento sin tener la autorización respectiva, al no poseer una licencia contractual de uso. Díaz-Durán hace énfasis en que los principales perjuicios a nivel mundial son la piratería y la falsificación.

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Pago de regalías

Para usar una canción para una película, grabarla para un disco, subirla a plataformas digitales o reproducirla en establecimientos para fines comerciales, por ejemplo, se necesita la autorización de los creadores —autores de la letra, música y productor—, para lo cual se otorga una licencia a cambio de un remuneración, indica Culajay, quien afirma que una tercera parte de los ingresos de los artistas proviene de los derechos de autor.

A causa del gran número de artistas y de canciones, se constituyen sociedades o entidades de gestión colectiva, como Musicartes, Asociación de Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala (AEI) y Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines, para que que se reconozcan los derechos de autor mediante la emisión de licencias, en especial el repertorio de los artistas asociados a los empresarios que usan las obras, quienes pagan derechos según un tarifario, y se retribuya con equidad. En Musicartes, dice Culajay, los asociados activos reciben un monto anual que varía cada año.

Margarita de Cáceres, directora de AEI, manifiesta que esta sociedad, además de proteger las obras a nivel mundial y el pago de regalías por el uso de estas, brinda a sus socios seguro de vida, servicio médico y funerario, entre otros beneficios. Sin embargo, el obstáculo más grande para los derechos de autor en el país es el desconocimiento de la ley y la negativa de algunos usuarios de la música de obtener la autorización para el uso de las obras.

En cuanto a las obras impresas, Raúl Figueroa Sarti, director de F&G Editores, dice que las editoriales suelen pagar al autor el 10 por ciento sobre el precio de venta del libro. “Lo ideal es que la editorial que desea publicar una obra establezca un acuerdo con el autor. Si este falleció, con los herederos de los derechos, que tienen una vigencia de 75 años después de la muerte del autor, durante los cuales cualquier editorial está obligada a pagar regalías por el uso comercial de la obra. Una vez transcurrido ese período, la obra pasa a ser de uso público, pero nadie puede alterarla. “

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En Guatemala, el pago por derecho de autor es mínimo; en lugar de que reciban algo por la publicación, la mayor parte de autores paga para que publiquen su obra, por limitaciones del mercado”, puntualiza. Las regalías también se pagan en especie, con libros, si así se acordó con el autor, añade, al hacer ver que no conoce de conflictos legales entre autores y editores. No obstante, hay casos en que algunas imprentas reproducen libros de manera ilegal y los venden a muy bajo precio, pues no pagan costos de distribución, ni impuestos ni derechos de autor.

“En Guatemala faltan recursos para investigar la piratería y no es fácil determinar los elementos que permitan probar que se cometió un delito al imprimir libros sin autorización, ni hay apoyo por parte del Estado para efectuar esta persecución”, dice.

El dramaturgo y escritor Ricardo Martínez argumenta: “Guatemala no es un país donde los teatristas puedan enriquecerse con su producción cultural. En ocasiones recuperamos los costos de las producciones teatrales, pero en qué situación estaremos si iniciamos un proceso judicial porque alguien se apropió de nuestras obras, si las utilidades son ínfimas. Sería una batalla jurídica estéril. En Guatemala creamos obras para uso doméstico y no tenemos perspectivas de que podamos obtener reconocimiento intelectual por los derechos de las mismas en otros países. Los artistas somos muy demandantes y el reconocimiento que el público nos da es fundamental para nosotros y que nos den los créditos correspondientes. No pretendemos enriquecernos con esto, pero sí contribuir en algo con la dramaturgia nacional”.

Violación al derecho de autor

• Según el artículo 274 del Código Penal (CP), la violación al derecho de autor es un delito —salvo los casos contemplados en leyes o tratados sobre la materia de los que Guatemala sea parte— que será sancionado con prisión de uno o seis años y una multa de Q50 mil a Q700 mil.
• Según el artículo 275 del Código Penal, se sancionará con prisión de cuatro a seis años y multa de Q50 a Q100 mil a quien viole los derechos de propiedad industrial, amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad.
• Además, la ley establece la reparación del daño, en el caso de de propiedad industrial, mediante el pago de hasta 10 veces el valor del producto por cada producto infractor.
• Según la Ley de Propiedad Intelectual, corresponde al Ministerio Público (MP), que tiene una Fiscalía de Sección de Propiedad Intelectual, ejercer la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas en materia de Propiedad Industrial en el CP.
• Asimismo, la ley contempla medidas para que cese la violación de derechos de autor, aunque en la práctica son poco efectivas, pues el MP recibe las denuncias y trata de darles seguimiento, pero es preciso fortalecerlas, puntualiza Karen Culajay.

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Según estadísticas del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), respecto a marcas y otros signos distintivos (logos, nombres comerciales), del 2011 al 2013 hubo alrededor de 11 mil solicitudes de registro por año y fueron resueltas alrededor de 7 mil anuales.

Las cifras subieron y del 2014 al 2018 las solicitudes pasaron de 12 mil anuales y los registros concretados, entre 9 mil 500 y 10 mil 500. En el 2019 hubo una baja hasta 8 mil 320 solicitudes y se concretaron 6 mil 249 registros.

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Luego de esa caída, en el 2020 hubo una recuperación, aunque no se llegó a niveles de años anteriores porque se recibieron 10 mil 409 y se realizaron 6 mil 097 inscripciones. La cifra más alta se observó en el 2021 con 13 mil 650 y 9 mil 331 respectivamente. En el 2022 van 3 mil 3 y 2 mil 837, según cifras a marzo.

Respecto a las patentes de invención, del 2011 al 2015 rondaron entre 300 y 400 solicitudes y las resueltas superaban los 100 anuales. Del 2016 al 2021 se refleja una baja, ya que se requirieron entre 200 y 300 anuales y las resoluciones han sido menos de 100 por año.

En este segmento hubo una baja en el 2020, primer año de la pandemia, con la cifra menor en los últimos 12 años, con 222 solicitudes, aunque hubo 93 resoluciones, cifra más alta que en otros períodos.

Y respecto a las de diseños industriales, en el 2021 hubo 95 solicitudes y 34 registros; a marzo del 2022 van en 9 y 2 respectivamente.

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En cuanto a los modelos de utilidad, las solicitudes rondaban entre 10 y 26 del 2011 al 2019, y los registros entre 4 y 20. También se notó una caída en el 2020, con solo 3 solicitudes; en el 2021 hubo 5 y a marzo de este año no se reportaba ninguno.

Los plazos actuales

Los tiempos para registrar varían, según el segmento: para las marcas la ley maneja plazos y para que salga un registro se requerirán 5 meses, si no hay alguna objeción o requerimientos adicionales, aparte del tiempo en que el usuario se tarde en responder. Además, hay un plazo para expresar oposición a una marca y en la práctica, el proceso puede durar entre 6 y 8 meses.

Para las patentes de invención o de diseño industrial, el trámite puede llevar de 5 a 7 años, mientras que las obras, como parte de los derechos de autor, implican unos dos meses de espera.

Mejoras pendientes

De acuerdo con la abogada Hania Krück, directora de Propiedad Intelectual de la firma de abogados Innova IP – A.D. Sosa & Soto, muchas personas no se asesoran correctamente, y un expediente les puede tomar mucho tiempo por desconocimiento de temas como los procedimientos, los requerimientos y los criterios de registro, aspectos llegan a representar retrasos considerables.

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Sin embargo, considera que el RPI también tiene carencias, ya que falta mejorar toda la parte del sitio web y servicios electrónicos. No obstante, se puede revisar si una marca o nombre está disponible, si funciona la página. Todo lo anterior, tiene varias incidencias:

• Implicación internacional: la abogada Krück y Ana Lucía Contreras, asesora legal de la gerencia de Competitividad de Agexport, añaden que hace falta emitir legislación de Propiedad Intelectual derivada de compromisos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, como la ley para registro y protección para variedades vegetales.
• Leyes desactualizadas: La Propiedad Intelectual se rige por varias leyes, como el decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, y el decreto 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. En términos generales, es una legislación bastante similar a la del resto de Centroamérica, pero hace falta actualizar algunos puntos.

Además, han ocurrido errores como el hecho de que hubo una reforma con otro decreto que posteriormente se derogó y por ejemplo, la parte de variedades vegetales quedó sin vigencia, por lo que es urgente legislar para que cualquier mejora en las variedades quede protegida y haya un responsable.

• Demoras: Aunque los tiempos de registro se han ido automatizando, algunos procesos aún requieren la asistencia presencial de las personas, pues para obtener el título de la marca se hace el pago de forma electrónica, pero el interesado se debe presentar en forma presencial o física para que se inicie el trámite para la marca. Por otro lado, la entidad trae una presa de expedientes, además de que no se informa adecuadamente sobre las facilidades y procedimientos para hacer registros.
• Comunicación: No se da a conocer la importancia de la Propiedad Intelectual cuando se cuenta con una marca, nombre comercial o imagen, las que pueden registrarse como un valor, así como los nuevos productos y servicios. Especialmente, para los sectores artesanal y emprendedor.

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La piratería se diversifica

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), Juan Pablo Carrasco, opina que han existido avances en la digitalización para buscar que se aceleren los trámites, pero a su criterio, el reto más grande sigue siendo la falsificación, el contrabando y las violaciones de propiedad intelectual no solo de marcas internacionales, sino también nacionales.

Y ha habido auge de falsificación de marcas en el mundo digital, ahora que existe una gran parte de las actividades comerciales y de servicios en modalidad electrónica. También se da el tema de piratería, dominios, perfiles y logos falsos o no autorizados, por lo que es importante modernizar la legislación, además se debe acoplar a acuerdos internacionales incluyendo la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

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A propósito, Guatemala no se ha suscrito a la convención internacional sobre la materia, de manera que los reclamos que hacen por la vía digital, demoran más. A su juicio, cada vez hay más conciencia sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y cada vez más hay marcas y derechos de autor nacionales, así como códigos fuente de software. Pero por desconocimiento, costos y burocracia, las personas no acuden a hacer los registros.

RPI: “Se trabaja en todos los temas”

Ingrid Rivera, Registradora de la Propiedad Intelectual, se refirió a todo lo anterior, indicando que unas leyes necesitan más actualizaciones que otras pero estas son más encaminadas a que Guatemala está pendiente de ratificar convenios internacionales como el Tratado de Colaboración de Marcas (TLT).

Respecto a la necesidad de actualizar servicios digitalizados, es un tema administrativo que el Registro debe solventar y ante la necesidad de impulsar la importancia de registrar las marcas, patentes y otros, refirió que en ocasiones, las personas desconocen que algo es protegible y puede generar ingresos.

En otros países han creado políticas públicas de propiedad intelectual, y en Guatemala se empezó a elaborar una estrategia en el 2015, pero se trabaja en la elaboración de una Política Nacional al respecto.

Respecto a las obras de arte, literarias, canciones y poemas, entre otros, en las que también entran aplicaciones y programas tecnológicos, afirma que no hay necesidad de registrarlas porque las protege el Decreto 33-98 y queda a criterio del creador, registrar sus obras o no.

En el caso de las tesis universitarias, entran en la parte de protección del decreto en mención como Derechos de Autor y también están protegidas.

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La indemnización parece poco para lo que esperaba Apple, que alegó en la Corte que esencialmente Samsung le copió el iPhone.

El caso volvió a ese tribunal luego de una decisión de la Suprema Corte de revisar una indemnización previa de US$400 millones.

El jurado en los hechos optó por el camino del medio pues Apple pedía US$1 mil millones y Samsung ofrecía US$29 millones.

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Para llegar a la cifra final, el jurado probablemente debió aceptar el razonamiento de Apple según el cual el diseño está tan integrado al iPhone que, esencialmente, es el “artículo de fabricación”.

La menor cantidad de dinero que quería pagar Samsung, hubiera significado considerar a las características del diseño como componentes del aparato.

Tres patentes de Apple estaban concernidas en el pleito, pero especialmente la forma rectangular con bordes redondeados del teléfono y los íconos coloreados en una pantalla negra.

Desde que comenzó el caso, la cuestión del valor de las patentes vinculadas al diseño generaron un bando pro-Samsung compuesto por gigantes como Google, Facebook, Dell y Hewlett-Packard. Apple tuvo en sus filas al mundo de los diseñadores, algunos de los cuales enseñaron precedentes como la forma de la botella de Coca Cola.

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El abogado de Samsung, John Quinn, dijo que creía que la sentencia no estaba apegada a la evidencia y que presentarían otros recursos posteriores al juicio, según el sitio especializado cnet.com.

También en un comunicado, la compañía mostro su inconformidad con la decisión del jurado y que esta podría obstaculizar la creatividad y la competencia leal de todas la compañías, afirma ese mismo sitio.

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Esta modernización permitirá ahorrar tiempo y reducir costos para los usuarios, además de que la patente electrónica es muy segura.

Está respaldada por la firma electrónica y posee un código QR que puede ser leído en los teléfonos móviles.

Inscripción de sociedades

La inscripción de sociedades se puede hacer de dos formas:

• En forma física

Consiste en la presentación de todos los documentos que se requieren y que son recibidos por un operador en el Departamento de Sociedades, quien revisa los textos, los escanea y los traslada al abogado calificador, que a su vez analiza la escritura y revisa si las mismas cumplen con los requisitos de Ley.

• En línea

Se efectúa a través de www.MiNegocio.gt  donde empieza su proceso cuando el usuario entra a ese portal y sigue un proceso similar al anteriormente descrito con la diferencia de que no lleva documentos físicos sino escaneados, explicó el Mineco.

Una de las ventajas es que el usuario puede hacer todas las consultas desde cualquier plataforma tecnológica, ya sea desde una computadora de escritorio, una laptop y hasta un teléfono inteligente.

Valladares informó que a mediano plazo, el siguiente proceso de inscripción electrónica será el de los Auxiliares de Comercio y se calcula que en mayo próximo podría ser una realidad.

Otros datos

*Durante el 2017 el RM inscribió ocho mil 108 sociedades,  20 mil 522 comerciantes individuales y 37 mil 117 empresas mercantiles.

*En promedio se inscriben aproximadamente 500 sociedades al mes en todo el país.

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*La plataforma en donde se lleva a cabo el proceso de la firma electrónica para la patente trabaja en un sistema Oracle, con tecnología Microsoft y el motor que almacena la patente electrónica utiliza un servidor tipo Open Source similar a los que emplea Netflix y otras compañías de entretenimiento, lo que le da al usuario mayor seguridad.

El objetivo a largo plazo es que el Registro se convierta en una institución que ofrezca sus servicios completamente en línea.

La dignataria explicó que el Mific identificó las rosquillas elaboradas en el municipio de Somoto  (norte) , el café del norte, las pitahayas  (fruta del dragón) cultivadas en el municipio de Ticuantepe  (sureste) y las artesanías fabricadas en San Juan de Oriente  (sureste) para ese fin.

De ser patentadas por la OMPI, serían las primeras “denominación de Origen Nicaragüense” , indicó Murillo.

Según el Gobierno, el titular del Mific sostendrá reuniones con los representantes de esos sectores productos con el fin de remitir la ficha técnica de cada producto a la OMPI, en fecha que no precisó.

Asimismo, gestionará el apoyo de un especialista regional para que colabore con Nicaragua en ese asunto.

En la demanda, la fundación alegó que Apple utilizó tecnología patentada en 1998 por la Universidad de Wisconsin, en procesadores insertados en varios de sus modelos de iPad y iPhone.

El jurado falló a favor de la fundación y está pendiente su decisión sobre la cantidad que debe pagar Apple por haber infringido esa patente, algo por lo que los demandantes solicitan hasta un máximo de 862,4 millones de dólares.

Sobre esa misma patente, la fundación también demandó a la compañía Intel en 2008 y el caso se resolvió al año siguiente por una suma no revelada.

Apple está inmersa desde hace años en una batalla judicial con la compañía surcoreana Samsung por cuestiones relacionadas con patentes.

Recientemente un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. sostuvo que Samsung violó varias patentes de Apple, pero no la imagen en conjunto del iPhone.

Para fomentar el interés por registrar las innovaciones y marcas de los guatemaltecos, el Ministerio de Economía, por medio del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala (RPI) y con apoyo de la OMPI, lanzaron ayer la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual.

“Falta avanzar en el tema. Existen 893 patentes registradas, pero es un número muy bajo”, señaló Claudia de Del Águila, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía.

La funcionaria agregó que la concienciación es un trabajo en conjunto con otras instituciones del Estado, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt), que tienen registrados estudios e investigaciones que deben ser patentadas, así como el Organismo Judicial, “para aplicar sanciones a aquellos que violen los derechos de propiedad intelectual”, resaltó la funcionaria.

La estrategia está dirigida a pequeñas y medianas empresas para que utilicen la herramienta y registren sus servicios. “El impacto será positivo, porque las empresas para exportar deben estar patentadas y contar con un derecho de autor, marca o patente”, resaltó Ernesto Morales, vicepresidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala (Fepyme).

“Nuestra tecnología es utilizada en muchos aparatos de comunicaciones. Tenemos la confianza de que los tribunales de Alemania, Reino Unido y Holanda ayuden a resolver este problema”, explicó el responsable de la propiedad intelectual de Ericsson, Kasim Alfalahi.

Lucha

El gigante estadounidense iba a renovar sus acuerdos de licencia con Ericsson en enero pero rechazó la oferta del sueco, considerando que pedía sumas excesivas.

Ericsson, que ya no fabrica teléfonos móviles, construye equipamientos para las redes móviles y es propietaria de más de 37 mil patentes tecnológicas y un centenar de acuerdos de licencia en el mundo.